República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00974-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-20261)
Demandante: Álvaro Hernán Arellano Niño
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Tema: reajuste de la asignación en actividad y de la asignación de retiro. Subtema:
índice de precios al consumidor.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Tercera de Decisión2, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante, quien es oficial retirado de la Policía Nacional, solicitó la nulidad de
los actos administrativos expedidos por esta entidad y por Casur, que le negaron el
reajuste de la asignación en actividad y el consecuente incremento de la asignación
de retiro. El Tribunal negó las súplicas de la demanda porque la competencia para
fijar los incrementos recae en el Gobierno nacional. Inconforme con esta decisión,
el demandante interpuso recurso de apelación. La Subsección confirmará el fallo
apelado.
1 Expediente digital.
2 Sala integrada por los magistrados Omar Édgar Borja Soto, Eduardo Antonio Lubo Barros y Juan Pablo
Dossman Cortez.
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-2026)
Demandante: Álvaro Hernán Arellano Niño
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur)
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Álvaro Hernán Arellano Niño, por conducto de apoderado, formuló
demanda3 el 28 de octubre de 20194, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), de acuerdo
con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
señalan.
2.1.1. Pretensiones
2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. S-
2019-017420/ANOPA-GRULI-1.10 del 2 de abril de 2019, mediante el cual la Policía
Nacional le negó al actor la reliquidación de la asignación mensual, cesantías,
indemnizaciones y demás prestaciones sociales de enero a diciembre de 2004; y el
reajuste de la asignación mensual a partir de enero de 2005 hasta su retiro.
3. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm. E-
00001-201910485-CASUR Id 429199 del 3 de mayo de 2019, emitido por Casur,
que le negó el reajuste de su asignación de retiro.
4. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó reliquidar, reajustar y pagar el incremento resultado de la diferencia entre la
asignación mensual pagada de enero a diciembre de 2004, según lo establecido en
el Decreto 4158 de 2004, y la que realmente corresponde por los ajustes de
actualización conforme a la inflación de 2003, que afectó el valor de la asignación
de un oficial de grado general o almirante, que le sirve de referente. Pidió que, para
ese efecto, se tuviera en cuenta el sueldo básico, los subsidios, las primas, las
compensaciones y bonificaciones, como factores computables en la base de
liquidación.
5. Asimismo, el accionante reclamó que se reliquidara, reajustara y pagara el
incremento resultado de la diferencia entre la asignación mensual pagada por la
entidad a partir de enero de 2005, y hasta la fecha de retiro conforme a los decretos
expedidos por el Gobierno nacional, y la que realmente correspondía por los ajustes
de actualización plena conforme a la inflación acumulada, causada entre los años
1992 y 2004, que afectaron el valor de la asignación de un oficial de grado general
o almirante, que le sirve de referente. Pidió que, para ese efecto, se tuviera en
3 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 1 a 67 del archivo digital.
4 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
2_2_EXPEDIENTEDIGITAL_2019974_Indice_14.pdf, página 126 del archivo digital.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-2026)
Demandante: Álvaro Hernán Arellano Niño
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur)
cuenta el sueldo básico, los subsidios, las primas, las compensaciones y
bonificaciones, como factores computables en la base de liquidación.
6. Solicitó que el reajuste de los salarios y prestaciones sociales se liquidara y
reflejara anualmente, desde el 2004; y que, a partir del 2005, se tuviera en cuenta
el más favorable, entre la inflación causada sobre la asignación básica de un oficial
en el grado de general o almirante, del año inmediatamente anterior, y lo decretado
por el Gobierno nacional. Pidió que se realizaran las correcciones, adiciones o
modificaciones en la hoja de servicios; que se reconocieran las diferencias entre lo
pagado y lo dejado de pagar en haberes mensuales, cesantías, indemnizaciones y
demás prestaciones sociales unitarias; y que se efectuara el trámite frente a las
implicaciones en materia de seguridad social y la hoja de servicios, para su inclusión
en la asignación de retiro.
7. El accionante reclamó la reliquidación, reajuste y pago del incremento
resultado de la diferencia entre la asignación mensual de retiro pagada por la
entidad, conforme a los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional, y la
que correspondía, por la actualización plena de la inflación acumulada y causada
entre 1992 y 2004 y que afectó el valor de la asignación básica de un oficial en el
grado de general o almirante, el cual le sirve de referente. Para ese propósito, pidió
tener en consideración los subsidios, las primas, las compensaciones y las
bonificaciones previstas en las normas que regulan la materia y demás prestaciones
sociales.
8. También solicitó la indexación de las sumas en los términos del artículo 187,
inciso cuarto, del CPACA; 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLMV) por daño moral; el pago de intereses legales y moratorios a título de lucro
cesante; la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995; y el daño emergente.
Finalmente, pidió el cumplimiento de la sentencia, realizar las declaraciones extra y
ultra petita; y condenar a la demandada al pago de costas y agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
9. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
10. El señor Álvaro Hernán Arellano Niño ingresó a la Policía Nacional como
oficial en el grado de subteniente el 1.° de noviembre de 1989.
11. La entidad expidió, el 30 de septiembre de 2009, la hoja de servicios en la
que constan los emolumentos salariales reconocidos a favor del accionante.
12. El actor, el 3 de diciembre de 2009, se retiró del servicio activo en el grado
de teniente coronel. En consecuencia, se le reconoció asignación de retiro.
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Demandante: Álvaro Hernán Arellano Niño
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13. El 20 de febrero de 2019 le solicitó a la Policía Nacional la reliquidación,
reconocimiento y diferencia entre la asignación mensual, salarios y prestaciones
sociales pagadas desde enero de 2004 hasta la fecha de retiro, y las que realmente
le correspondían según la actualización plena conforme a la inflación acumulada de
los años 1992 a 2004.
14. Ese mismo día, el accionante reclamó ante Casur la reliquidación,
reconocimiento y diferencia entre la asignación mensual de retiro reconocida y a la
que tenía derecho, según la actualización plena conforme la inflación acumulada de
los años 1992 a 2004.
15. La Policía Nacional expidió el Oficio núm. S-2019-017420/ANOPA-GRULI-
1.10 del 2 de abril de 2019 en el que negó lo pedido.
16. Por su parte, Casur emitió el Oficio núm. E-00001-201910485-CASUR Id
429199 del 3 de mayo de 2019, en el que igualmente negó lo reclamado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
17. El demandante citó como normas vulneradas: la Constitución Política,
artículos 4, 48, incisos 6, 8, 10, 13, 53, incisos 2, 3, 4 y 5, 218, inciso 3, 220, 230,
373; Ley 4ª de 1992, artículos 2 y 13; y Ley 1450 de 2011, artículo 271.
18. El accionante planteó como cargo de nulidad la violación directa de la
Constitución Política y la ley. Adujo que el valor de los salarios y prestaciones debía
conservar el poder adquisitivo. En su criterio, se desconoció un mandato
constitucional, al aumentarse las asignaciones en actividad y las asignaciones de
retiro por debajo de la inflación.
19. Asimismo, en criterio del actor, no se tuvo en cuenta la asignación básica de
un general de la República, tal como lo ordenan los decretos que previeron los
aumentos para el personal de la fuerza pública. Puntualmente, la entidad omitió
tener en cuenta que la Constitución Política y la ley prohíben que los salarios,
prestaciones sociales y asignaciones de retiro se reduzan y congelen; por ende,
este mandato se viola cuando el aumento se hace por debajo de la inflación
certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En
línea con esto, se desconoció el artículo 2 de la Ley 4ª de 1992, según el cual no se
pueden desmejorar los salarios y las prestaciones sociales y la sentencia C-931 de
2004.
20. Añadió que el hecho de que el Gobierno nacional, a partir del 1.° de enero de
2005, realice los incrementos con sustento en el principio de oscilación, los cuales
han sido iguales o superiores al IPC, no indica que según la fecha de retiro sea
improcedente reajustar la prestación que devenga con el IPC; lo cual implica que
sus prestaciones se han desmejorado. De ahí que, los incrementos de los años
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1992 a 2004, inferiores al IPC, reflejan que la entidad no ha reconocido la obligación
contractual que sustenta acceder a las pretensiones de la demanda. En razón a ello,
la decisión administrativa desconoció la Constitución Política, la Ley 4ª de 1992 y
los decretos salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional, por configurarse
la pérdida del poder adquisitivo al efectuarse el aumento por debajo de la inflación
causada y desconocer el valor percibido de asignación básica por un general de la
República.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Casur
21. Casur, mediante apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar que no está legitimada para modificar la hoja de servicios. Añadió que
resulta improcedente acceder a lo pedido, pues el Gobierno nacional, al expedir los
decretos salariales anuales, estableció los parámetros que regirían los reajustes de
los salarios para el personal activo y para las asignaciones de retiro, sin que se
pueda variar lo allí dispuesto. Así pues, los citados ajustes están sustentados en las
normas especiales que rigen a los miembros de la fuerza pública. Manifestó que si
el actor estaba en desacuerdo con esos decretos debió demandarlos.
22. Agregó que la asignación de retiro se ha incrementado con el principio de
oscilación y no con el IPC, en consideración a los aumentos hechos a quienes están
en servicio activo. En este caso, si el accionante no estaba conforme con la
movilidad de su asignación de retiro, debía acudir a la jurisdicción constitucional.
Planteó como excepciones la inexistencia del derecho, la falta de objeto de la acción
de nulidad, la inexistencia del presunto acto administrativo, la cosa juzgada
constitucional, la prescripción y el principio de inescindibilidad normativa5.
2.2.2. Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
23. Aunque la entidad allegó memorial de contestación de la demanda, este fue
extemporáneo, en tanto, se radicó por fuera del término de traslado de la demanda,
que venció el 10 de septiembre de 2020, según la constancia que obra en el
expediente6.
2.3. Sentencia de primera instancia
24. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, en
sentencia del 4 de diciembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas, con fundamento en los siguientes argumentos:
5 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
2_2_EXPEDIENTEDIGITAL_2019974_Indice_14.pdf, páginas 146 a 157 del archivo digital.
6 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
2_2_EXPEDIENTEDIGITAL_2019974_Indice_14.pdf, página 205 del archivo digital.
5
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25. Según la hoja de servicios número 12986583 del 30 de septiembre de 2009,
el actor prestó sus servicios en la Policía Nacional por 22 años, 4 meses y 28 días,
del 1.° de marzo de 1987 al 31 de octubre de 1989 como cadete y alférez. Luego,
del 1.° de noviembre de 1989 al 3 de diciembre de 2009, incluidos los tres meses
de alta, fue oficial, hasta su retiro en el grado de teniente coronel. Mediante la
Resolución 005316 del 17 de noviembre de 2009, Casur le reconoció asignación de
retiro, a partir del 3 de diciembre de ese año, en cuantía del 78% del sueldo básico
de actividad para el grado, más las partidas computables de acuerdo con la ley. El
accionante radició peticiones el 20 de febrero de 2019 ante la Policía Nacional y
Casur, que fueron negadas mediante los oficios S-2019-017420/ANOPA-GRULI-
1.10 del 2 de abril de 2019 y E-00001-201910485-CASUR id 429199 del 3 de mayo
de 2019.
26. Durante el período comprendido entre 1997 y 2004, en el cual el accionante
se encontraba en servicio activo, y, por ende, no devengaba asignación de retiro, el
reajuste con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) solo era procedente
en aplicación de la Ley 238 de 1995, esto es, únicamente para las asignaciones de
retiro mas no para los salarios devengados en actividad.
27. El reajuste de la asignación salarial y de retiro en aplicación de la sentencia
C-931 de 2004, tampoco resulta procedente, porque en ella no se hizo
pronunciamiento alguno sobre la forma en que debía realizarse el incremento
salarial de la fuerza pública ni se estableció que la asignación básica en servicio
activo debía, necesariamente, incrementarse conforme al IPC. A su vez, el Tribunal
acogió íntegramente lo dispuesto en la sentencia dictada el 4 de julio de 2024 por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado7, a partir de lo cual
concluyó que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados,
dado que tanto la asignación salarial como de retiro del actor se reajustaron de
conformidad con lo ordenado por el Gobierno nacional, en virtud del régimen
especial.
28. No condenó en costas por aplicación de un criterio subjetivo, puesto que no
evidenció temeridad o mala fe del demandante, en aplicación del artículo 188 del
CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 20218.
2.4. Recurso de apelación
29. El accionante, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia con el fin de que este se revocara, y, en su lugar,
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,sentencia de 4
de julio de 2024, exp. 250002342000202100041-01. M.P. Jorge Portocarrero Banguera.
8 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
036_36Sentenciaquen_23720190097400Senten.pdf.
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se declarara la nulidad de los oficios acusados y se accediera a las pretensiones de
la demanda, al sostener que:
30. La sentencia no tuvo en cuenta la Constitución Política ni los tratados y
convenios sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Colombia en materia
laboral, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Tampoco se
consideró la estructura salarial desarrollada por el Gobierno nacional según el
artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, a partir del contenido de los decretos 921 de 1993,
25 de 1993, 62 de 1994, 133 de 1995 y 107 de 1996, este último que consolidó la
escala gradual porcentual de que trata la ley ibidem.
31. Así pues, no se les puede despojar a los miembros de la fuerza pública de
su régimen especial y, en ese sentido, debe resolverse el alcance y efectos de los
artículos 1 a 4, 13 y 21 de la Ley 4ª de 1992, del régimen especial en materia laboral
y de las asignaciones de retiro, en relación con el sistema de oscilación y su garantía
constitucional a partir de la aplicación del preámbulo y de los artículos 1, 2 y 4, 13,
21, 25, 29, 48, 53, 93, 94, 150, 217, 218, 220, 228, 230, 345, 346 y 347 del texto
Superior.
32. En ese contexto, a juicio del accionante, para resolver las pretensiones y el
recurso se debe tener en cuenta, primero la sentencia C-931 de 2004; segundo, el
régimen especial de la fuerza pública – según el cual su salario corresponde a un
porcentaje de la asignación básica de un oficial en el grado de general o almirante–
; y tercero, que para fijar este sueldo se debe revisar lo establecido en los artículos
2 de los decretos salariales expedidos entre 1995 y 2025, en el equivalente al 45%
de la remuneración fijada a los ministros del despacho como asignación básica y
como gastos de representación, mientras que para los años 1992 a 1994 rigen los
porcentajes previstos en los artículos 14 y 2 de los decretos 335 y 921 de 1992, 25
de 1993 y 65 de 1994.
33. En cuarto lugar, se debía determinar lo fijado respecto del sueldo básico de
un oficial en el grado de general o almirante, para lo cual debía considerarse la
pérdida del poder adquisitivo del valor previsto como asignación básica y gastos de
representación fijados a los ministros de despacho en el año 1992, y la consecuente
pérdida acumulada frente a las anualidades de 1993 a 2004, con ocasión del
reajuste del Gobierno nacional y la que correspondía por inflación causada respecto
del año anterior.
34. De este modo, para el actor la Corte Constitucional fijó una línea clara y
concreta respecto al mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios en las
sentencias C-432 de 2004 y C-931 de 2004, en cuanto el régimen especial impide
someter a sus beneficiarios al sistema normativo general y exige adoptar medidas
de protección superiores, y esta última frente al reajuste de los salarios y la falta de
un parámetro normativo que permita su congelación. De ahí que esa alta corte
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acudió a criterios jurisprudenciales que a la fecha no han sido modificados y frente
a los cuales no ha habido cambios en la normativa.
35. Por ende, pidió la aplicación de lo dispuesto en las referidas decisiones,
frente a la fórmula de actualización de los salarios medios y altos, para resolver la
controversia y disponer que procedía a su favor el derecho a mantener el poder
adquisitivo del salario, por cuanto existió una limitación, la cual no se podía justificar
con la prevalencia de la Ley 4ª de 1992 y la legalidad de los decretos salariales
promulgados por el Gobierno nacional. Así las cosas, debía determinarse si lo
condicionado en la sentencia C-931 de 2004 es la exequibilidad de la Ley 848 de
2003 y/o los decretos que fijaron las remuneraciones; y, por otra, si lo ordenado
para reconocer la actualización plena del salario con el índice acumulado de
inflación, se cumplió y en qué forma.
36. Bajo este entendido, aunque la prestación no esté regulada, ello no implica
que no sea exigible o que pueda incumplirse de forma indefinida. Es decir que, ello
no le impide al operador judicial tomar las medidas que efectivicen los derechos; por
ende, ha de reconocerse el incremento del 2.49% para el año 2004, y, a partir del
2005, en un 52.2543%, resultado de la diferencia entre la asignación mensual
pagada por la entidad y la que correspondía según los criterios jurisprudenciales.
Precisó que el sueldo básico de su grado equivale al 52.3616% del asignado al
oficial en el grado de general o almirante, y, por relación directa, al 23.5627% de la
asignación básica y los gastos de representación de un ministro del despacho.
37. En razón a ello, de considerarlo pertinente, deben inaplicarse para el caso
concreto y con efectos inter partes los decretos expedidos por el Gobierno nacional
a partir del 2004 y no incurrir en defecto sustantivo. En este punto explicó que como
el juez administrativo no puede anular los decretos generales de contenido salarial,
solo queda habilitado para inaplicarlos, facultad que debe ejercerse para garantizar
lo decidido en las sentencias de constitucionalidad y otorgarse la protección ultra y
extra petita.
38. A juicio del actor, afirmar que los incrementos anuales se presumen legales
desconoce las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales que sobre la
materia ha emitido la Corte Constitucional. Adicionalmente, para acceder a lo pedido
y reconocer sus derechos, debía actualizarse la asignación básica y los gastos de
representación fijados para los ministros de despacho, de acuerdo con el índice
acumulado de inflación en el período comprendido de 1992 a 2004. Concluyó que
la limitación del derecho se volvió permanente y quebrantó el núcleo esencial del
derecho a mantener el poder adquisitivo, tanto del sueldo básico del grado de
general o almirante como, por vía de la escala gradual porcentual, del suyo y de su
asignación de retiro.
39. Finalmente, manifestó que la imposición de costas transgredía el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA. En ese
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entendido, como la demanda se presentó con fundamento legal y jurisprudencial,
solicitó revocar esa condena en caso de confirmarse la sentencia apelada9.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
40. Mediante auto del 8 de abril de 202610, el despacho admitió el recurso de
apelación en los términos del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 2021. Se dispuso que no había solicitud probatoria que debiera
ser resuelta en esta oportunidad y se ordenó notificar personalmente al procurador
delegado ante la corporación y a las partes en los términos del artículo 205 del
CPACA. El accionante allegó memorial de alegatos en el que pidió revocar la
sentencia de primera instancia, pues adujo que la decisión incurrió en defecto
sustantivo. Pidió aplicar la excepción de ilegalidad; allegó documentos e indicó que
remitía una experticia técnica11. El Ministerio Público guardó silencio.
41. Posteriormente, a través de auto del 24 de agosto de 2026 12, se negó la
solicitud probatoria presentada por el accionante en segunda instancia, al
considerar que no satisfizo la carga argumentativa necesaria. Dispuso que una vez
ejecutoriada la providencia, el expediente ingresaría al despacho para dictar
sentencia, lo que ocurrió el 4 de septiembre de 202613.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
42. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
43. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿procede el reajuste de la asignación
en actividad del actor y, en consecuencia, el incremento de su asignación de retiro
con los ajustes de inflación plena de acuerdo con la inflación causada y acumulada
entre 1992 y 2004?
44. Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos:
3.3. Reajuste de la asignación de retiro con el IPC; 3.4. Hechos probados; y 3.5.
9 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
039_39_MemorialWeb_Recurso-APELACIONSENTENCIA.pdf.
10 Samai, índice 4.
11 Samai, índice 8, 8_MemorialWeb_Alegatos-AlegatosdeConclusi(.pdf) NroActua 8.
12 Samai, índice 10.
13 Samai, índice 14.
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Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Caso concreto.
3.3. Reajuste de la asignación en actividad y de la asignación de retiro de
los integrantes de la fuerza pública, con el índice de precios al consumidor
45. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
mantenido una línea uniforme relativa a que los incrementos salariales anuales son
fijados de manera privativa por el Gobierno nacional. En ese orden, el reajuste con
el IPC solo procedía para asignaciones de retiro causadas en los años 1997 a 2004,
no para las asignaciones básicas. En consecuencia, al advertirse que no hay lugar
al incremento de las asignaciones en actividad, desde el año 2004, resulta
improcedente la reliquidación de la asignación de retiro14.
3.4. Hechos probados
46. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:
47. Según la hoja de servicios número 12986583 del 30 de septiembre de 2009,
contenida en el libro 005, en el folio 150, expedida por la Dirección de Talento
Humano de la Policía Nacional, el señor Álvaro Hernán Arellano Niño laboró en la
entidad: (i) como cadete y alférez del 1.° de marzo de 1987 al 31 de octubre de 1989
[por 2 años y 8 meses]; y (ii) como oficial del 1.° de noviembre de 1989 al 3 de
septiembre de 2009 [por 19 años, 10 meses y 2 días]. Fue dado de alta por tres
meses, comprendidos del 3 de septiembre de 2009 al 3 de diciembre de 2009.
Prestó sus servicios en total 22 años, 4 meses y 28 días y se retiró en el grado de
teniente coronel «TC» por llamamiento a calificar servicios. Se registró a su favor
un sueldo básico de $2.103.953,0015.
48. El director general de Casur expidió la Resolución 005316 del 17 de
noviembre de 2009, en la que le reconoció al señor Álvaro Hernán Arellano Niño
asignación mensual de retiro, en cuantía equivalente al 78% del sueldo básico en
actividad para el grado y partidas legalmente computables, efectiva a partir del 3 de
diciembre de 200916.
49. El Oficio núm. 20144000138271 del 1.° de octubre de 2014, emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, indicó los valores de asignación
básica y gastos de representación de los ministros de despacho para los años 1996
a 2004. Allí se relacionaron el sueldo básico y la prima de alto mando para generales
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de julio de 2026, exp. 76001-23-33-000-2021-00236-01 (0221-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25
de junio de 2026, exp. 05001-23-33-000-2016-02367-01 (1265-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
15 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
2_2_EXPEDIENTEDIGITAL_2019974_Indice_14.pdf, página 160 del archivo digital.
16 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 72 a 73 del archivo digital.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-2026)
Demandante: Álvaro Hernán Arellano Niño
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur)
y almirantes en los años 1996 a 2004. A su vez, se reflejaron los incrementos en el
sueldo básico para generales y almirantes. Se estableció que el Gobierno nacional
ha dado estricto cumplimiento a los mandatos previstos en las sentencias C-1017
de 2003 y C-931 de 2004, en las cuales se dispuso que el reajuste salarial debía
estar orientado a garantizar el poder adquisitivo17.
50. Del mismo modo, el Departamento Administrativo de la Función Pública
expidió el Oficio núm. 20154000090691 del 29 de mayo de 2015, en el que indicó
que el incremento salarial ordenado por el Gobierno nacional conserva el poder
adquisitivo del salario. De ahí que ha dado estricto cumplimiento a las sentencias
de la Corte Constitucional y se evidenció que los incrementos salariales aprobados
para los años 2001 a 2012 resultan sustancialmente superiores al IPC para esas
vigencias18.
51. Al proceso también se allegó un cuadro resumen de los incrementos
salariales del sector público desde 1978 hasta 201419.
52. El señor Álvaro Hernán Arellano Niño, el 20 de febrero de 2019, le pidió a la
Policía Nacional el reajuste de su asignación mensual de enero a diciembre de 2004
y el que realmente correspondía conforme a la inflación del 2003; pidió el pago de
la diferencia en la asignación mensual pagada a partir de enero de 2005 y hasta la
fecha de retiro de la entidad y la calculada con los ajustes de actualización plena
causada entre los años 1992 y 2004. Asimismo exigió la corrección de la hoja de
servicios y la reliquidación de los haberes mensuales, cesantías, indemnizaciones
y las demás prestaciones sociales unitarias. Finalmente, solicitó efectuar los
trámites ante Casur con el fin de que la corrección de la hoja de servicios incidiera
en la liquidación de su asignación de retiro20.
53. Ese mismo día, el actor solicitó ante Casur el reajuste de su asignación
mensual de retiro, desde la fecha en que esta fue reconocida, conforme a los
decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional, con los ajustes de
actualización plena conforme a la inflación causada entre 1992 y 2004, los cuales
afectaron la asignación básica de un oficial en el grado de general o almirante; que
se le pagaran las diferencias a partir del reconocimiento de esta y hasta que se
hiciera efectivo el pago21.
17 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 99 a 104 del archivo digital.
18 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 105 a 109 del archivo digital.
19 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 110 a 116 del archivo digital.
20 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 75 a 80 del archivo digital.
21 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 84 a 88 del archivo digital.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-2026)
Demandante: Álvaro Hernán Arellano Niño
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur)
54. El jefe del Grupo de Liquidación de Nómina de la Dirección de Talento
Humano de la Policía Nacional expidió el Oficio núm. S-2019-017420/ANOPA-
GRULI-1.10 del 2 de abril de 2019, que le negó lo pedido. Sostuvo que los sueldos
básicos del personal de las fuerzas militares los fija el Gobierno nacional y, por ende,
solo tiene competencia para liquidar estas erogaciones de conformidad con los
decretos anuales de sueldo. Indicó que la entidad no está facultada, en ese sentido,
para hacer reconocimientos fuera de la ley y hasta el momento el Gobierno no ha
dispuesto la modificación con la inflación causada22.
55. Por su parte, el director general de Casur emitió el Oficio núm. E-00001-
201910485-CASUR Id 429199 del 3 de mayo de 2019, que no atendió
favorablemente lo pedido. Indicó que al actor se le reconoció asignación de retiro a
partir del 3 de diciembre de 2009, en aplicación de la normativa vigente y que los
decretos anuales del Gobierno nacional han previsto los parámetros que rigen el
reajuste de los salarios, con una escala gradual porcentual, sin que esto se pueda
variar. En estos términos, Casur ha incrementado la prestación de conformidad con
los decretos expedidos por el Gobierno nacional que establecen la Escala Gradual
Porcentual, lo que hace que la entidad no adeude valor alguno23.
3.5. Caso concreto
56. En el presente asunto el demandante apeló, para insistir en que le asiste el
derecho al reajuste de los salarios y, por ende, de su asignación de retiro. Indicó
que debía tenerse en cuenta la sentencia C-931 de 2004, el régimen especial de la
fuerza pública, lo establecido en los decretos salariales anuales y lo fijado respecto
del sueldo básico de un oficial en el grado de general o almirante. Adujo que debía
reconocerse el incremento del 2.49% para el año 2004, y, a partir del 2005, en un
52.2543%, resultado de la diferencia entre la asignación mensual pagada por la
entidad y la que correspondía según los criterios jurisprudenciales. Añadió que
debían inaplicarse, con efectos inter partes, los decretos expedidos por el Gobierno
nacional y que la limitación sobre sus derechos fue permanente. También reparó en
las costas.
57. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se
acreditó que el señor Álvaro Hernán Arellano Niño fue integrante de la Policía
Nacional y prestó sus servicios, como cadete y alférez, del 1.° de marzo de 1987 al
31 de octubre de 1989; y como oficial del 1.° de noviembre de 1989 al 3 de
septiembre de 2009, para un total de 22 años, 4 meses y 28 días24. Casur le
reconoció una asignación de retiro25 y el actor solicitó el incremento de la asignación
22 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, página 91 del archivo digital.
23 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 92 y 93 del archivo digital.
24 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal,
2_2_EXPEDIENTEDIGITAL_2019974_Indice_14.pdf, página 160 del archivo digital.
25 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 72 a 73 del archivo digital.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-2026)
Demandante: Álvaro Hernán Arellano Niño
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur)
en actividad26 y el reajuste de la asignación de retiro27. Sin embargo, estas
reclamaciones fueron negadas por la Policía Nacional28 y por Casur29 en los actos
administrativos demandados.
58. Bajo esta perspectiva, se resalta que la Corte Constitucional, en la sentencia
C-931 de 200430, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2 de la Ley 848
de 200331, en los siguientes términos:
Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003 condicionado a que
el Gobierno y el Congreso, al momento de definir concretamente cuál será la limitación
del derecho a mantener el poder adquisitivo real de los salarios de los servidores
públicos que devengan más de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la
vigencia presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente Sentencia. Es
decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse como ajustada a la
Constitución si incorpora las partidas necesarias para mantener, en los términos de esta
providencia, actualizados los salarios de los servidores públicos de ingresos medio o
altos.
En consecuencia, ORDENA al Gobierno nacional y al Congreso de la República que con
carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito de sus competencias, tomen
las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de todos los
servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación, antes de
que expire la vigencia fiscal del año 2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse las
adiciones o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire dicha vigencia
fiscal.
59. En dicha providencia, se consideró que ante la falta de un estatuto del trabajo
que defina el alcance del derecho a una remuneración mínima vital y móvil (art. 53
de la Carta Política), la Corte debía reiterar los criterios jurisprudenciales para
garantizar la actualización del salario de los servidores públicos. Esos criterios,
establecidos en la sentencia C-1017 de 200332, debían ser considerados por el
Gobierno y el Congreso en el marco de la ley anual de presupuesto, con el objetivo
de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar políticas estatales que
redujeran el salario real.
60. En este sentido, se determinó que los servidores públicos tienen derecho a
los ajustes salariales anuales en proporción a la inflación del año anterior. Sin
26 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 75 a 80 del archivo digital.
27 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 84 a 88 del archivo digital.
28 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, página 91 del archivo digital.
29 Samai, primera instancia, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 001_Contrato 104
DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 92 y 93 del archivo digital.
30 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
31 «Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004».
32 Magistrados ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo Escobar Gil.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-2026)
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embargo, este derecho no es absoluto y puede ser limitado solo en casos de crisis
económica grave, cuando sea necesario para garantizar la estabilidad
macroeconómica y proteger el gasto público social.
61. De tal suerte que los servidores públicos que devengan hasta dos salarios
mínimos deben recibir el ajuste completo de su salario con base en la inflación, sin
excepciones. Para aquellos que ganan más de esta cantidad, pueden imponerse
restricciones, pero respetando la progresividad y proporcionalidad, de modo que las
mayores limitaciones afecten a los salarios más altos.
62. Por consiguiente, la Corte Constitucional estableció como criterio de decisión
que los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos SMLMV
tenían derecho a mantener el poder adquisitivo de conformidad con el nivel de
inflación registrada en el año 2003. Sin embargo, el derecho a una remuneración
mínima vital y móvil, sí se podía limitar para los servidores que tenían un salario
superior a dos SMLMV, sin que se entendiera que era posible congelarlos.
63. En consecuencia, esta Subsección ha considerado que el Gobierno nacional,
en el caso de los servidores con mayores salarios, puede mantener el poder
adquisitivo de la remuneración con incrementos diferentes al IPC, y que por ese
hecho no se vulneran los derechos del actor, en los siguientes términos:
Así las cosas, considera la Sala que, ciertamente, la Constitución Política y la ley prevén
el deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, pero no
únicamente conforme con la variación porcentual del IPC o la inflación, pues el Gobierno
nacional, a través de los decretos que expide anualmente, puede acudir a otros
parámetros.
Como en el sub examine no se ha debatido que en las anualidades solicitadas se hubiese
disminuido el salario, sino que debía ser reajustado en los términos de la sentencia antes
mencionada, debe comprenderse que no se vulneró ese derecho y, como se desempeñó
como oficial de la Policía Nacional, al tenor de la misma sentencia, aquel se podía limitar.
Ahora, el hecho de que esos ajustes se hubieran dispuesto en proporción inferior a la
inflación causada en el año inmediatamente anterior no conlleva por sí mismo a la
vulneración de los derechos del actor, en razón a que, en la sentencia mencionada, la
Corte Constitucional consideró que este no es «el único parámetro que pueda ser tenido
en cuenta» para esos efectos33.
64. En conclusión, a partir del análisis de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el Gobierno nacional no tiene una facultad discrecional absoluta para
determinar los incrementos salariales anuales de los empleados públicos, pero
tampoco existe un derecho absoluto al ajuste salarial en el mismo porcentaje del
IPC para cada año, pues, ello depende de la situación fiscal y de los ingresos del
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2019-00849-01 (7391-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-2026)
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servidor, de modo que a mayores ingresos sí es posible incrementar los salarios en
un porcentaje inferior al IPC, sin que, en todo caso, puedan ser congelados.
65. Así pues, a partir del análisis de la sentencia C-931 de 2004, se comparte lo
considerado por el Tribunal en cuanto a que la competencia para determinar los
incrementos salariales corresponde al Gobierno nacional. A ello debe agregarse
que el derecho al ajuste anual salarial no es absoluto, máxime cuando no se acredita
afectación a derechos fundamentales ni que los salarios del actor se hubieran
congelado, pues de la hoja de servicios se desprende que percibía un sueldo básico
de $2.103.953,00 para el año 2009, suma que supera los 2 salarios mínimos legales
mensuales vigentes en esa anualidad.
66. Es de anotar que en el caso concreto el actor se retiró como oficial en el grado
de teniente coronel de la Policía Nacional, de manera que como lo manifestaron las
entidades demandadas en los oficios núms. S-2019-017420/ANOPA-GRULI-1.10
del 2 de abril de 2019 y E-00001-201910485-CASUR Id 429199 del 3 de mayo de
2019, los sueldos básicos del personal de las fuerzas militares los fija el Gobierno
nacional, de ahí que se han liquidado conforme a los decretos salariales anuales en
los que se previó una escala gradual porcentual.
67. Por ello, es improcedente ordenar un incremento equivalente al IPC, en tanto
el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992 prevé que «todo régimen salarial o prestacional
que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley
o en los decretos que dicte el Gobierno nacional en desarrollo de la misma, carecerá
de todo efecto y no creará derechos adquiridos». Por ende, no se advierte que exista
un fundamento normativo que respalde la tesis del actor consistente en que su
salario en actividad debe incrementarse en el mismo porcentaje del IPC (índice
acumulado de inflación) para que a partir de ese aumento se reajuste la asignación
de retiro.
68. Esta Subsección también ha considerado que la sentencia C-931 de 2004 no
puede ser aplicada de forma retroactiva, puesto que «para los períodos de 1992 a
2003 el Gobierno nacional incrementó los salarios del personal uniformado de las
Fuerzas Militares, a través de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994,
133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000,
2737 de 2001, 745 de 2002 y 3552 de 2003, en ejercicio de las facultades conferidas
por el Congreso de la República, mediante la Ley 4ª de 1992»34.
69. En este orden de ideas, lo dispuesto por el Tribunal no inobservó la
Constitución Política, los tratados y convenios sobre derechos humanos ratificados
por Colombia ni la ley, en particular la Ley 4ª de 1992, en tanto consolidó una escala
gradual porcentual. Además, lo resuelto encuadra en los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-931 de 2004, según las particularidades del caso.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2019-01408-01 (6060-2024), M.P. Jorge Portocarrero Banguera.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-2026)
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70. Por consiguiente, no se desconoció el régimen especial de la fuerza pública,
que el accionante sustentó con la sentencia C-432 de 2004; por el contrario, se
estableció que los ajustes salariales respondieron a los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional, lo que impide considerar que persista un
incumplimiento por parte del legislador y del ejecutivo hasta la fecha. Así pues, a
partir del alcance de lo resuelto en la sentencia C-931 de 2004 es posible resolver
la controversia con sustento en la Ley 4ª de 1992 y en la legalidad de los decretos
salariales expedidos por el Gobierno nacional.
71. Por lo anterior, la sentencia de primera instancia no se apartó de las
providencias de constitucionalidad. A ello se debe agregar que, aunque a juicio del
apelante la actualización pretendida solo puede materializarse si se actualizan la
asignación básica y los gastos de representación de los ministros del despacho —
referente de la Escala Gradual Porcentual— según la inflación causada y
acumulada entre 1992 y 2004, esta Subsección ha establecido que aun en el evento
de que «la asignación básica y los gastos de representación de un ministro de
despacho durante los años 1992 a 2004 hubieran sido reajustados por debajo del
IPC, esto no genera el que se le pueda reajustar» la pensión, dado que «aquellos
eran servidores públicos activos y por tanto su reajuste anual estaba supeditado a
los decretos que sobre la materia el Gobierno nacional hubiera dictado cada año,
no existiendo norma que impusiera el derecho a que su reajuste fuera con base en
el IPC»35.
72. Seguidamente, el demandante adujo que se deben inaplicar con efectos inter
partes los decretos salariales dictados por el Gobierno nacional, porque no podía
anularlos. No obstante, el juicio de legalidad que plantea la parte actora, solamente
con efectos para el presente proceso, no logra acreditar que dichos decretos estén
viciados de nulidad, ya que la Corte Constitucional determinó que para quienes
devengaban más de 2 SMLMV, como en su caso, en calidad de oficial de la Policía
Nacional, sí era posible establecer un incremento salarial inferior al IPC. A su vez,
se destaca que la inaplicación de los decretos reglamentarios no fue una pretensión
de la demanda y tampoco resulta procedente una actualización sistemática y
estructural de todo el sistema salarial a partir del año 2004.
73. En consecuencia, la sentencia apelada no adoleció de un defecto sustantivo
y no existió la limitación salarial alegada por el actor. Por ende, el accionante no
tiene derecho a los incrementos en la asignación en actividad y el reflejo
consecuente en la asignación de retiro liquidada por Casur, como ya lo ha precisado
la línea uniforme de esta Subsección.
74. Tampoco prosperan los cargos complementarios del recurso relativos a la
afectación permanente y el quebrantamiento del núcleo esencial de sus derechos.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2019-01408-01 (6060-2024), M.P. Jorge Portocarrero Banguera.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-2026)
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Como en este caso no se acreditó el derecho al reajuste conforme al IPC, no surgió
obligación de pago. Por otra parte, las normas constitucionales invocadas no prevén
el reajuste de las asignaciones conforme al IPC, pues, según se explicó, el artículo
10 de la Ley 4ª de 1992 dispone que el régimen salarial o prestacional establecido
con desconocimiento de la ley no tiene la virtud de crear derechos adquiridos. En
razón a ello, se desestiman los reproches de la apelación. Así las cosas, la
Subsección confirmará el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
3.6. Conclusión
75. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no procede el reajuste de
la asignación en actividad y de retiro del señor Álvaro Hernán Arellano Niño con
base en el IPC, toda vez que los incrementos salariales del personal de la Policía
Nacional han sido determinados de manera privativa por el Gobierno nacional
conforme a la Ley 4ª de 1992.
4. Costas
76. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 36 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena,
en atención a que no se advierte que el demandante haya incurrido en las anteriores
conductas.
77. Al respecto, la Sala precisa que aunque el accionante solicitó en su recurso
la revocatoria de la condena en costas, la sentencia apelada no la impuso. Por ello,
y dado que tampoco no se cumplen los presupuestos conforme al criterio de la Sala,
no se condenará en esta instancia.
36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
17
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00974-01 (0774-2026)
Demandante: Álvaro Hernán Arellano Niño
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur)
78. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de la presente
providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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