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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03776-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03776-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 21 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán 8 Radicado: 25000 23 42 000 2016 03776 01 (2246-2024) Demandante: Luis Alejandro Parra Rivera fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-03776-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 25000 23 42 000 2016 03776 01 (2246-2024)
Demandante: Luis Alejandro Parra Rivera
Demandadas: Nación (Ministerio de Defensa, Armada Nacional, Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares —CREMIL—)

Temas: Reliquidación de asignación de retiro. Reajuste de asignación salarial
básica. Principio de oscilación.

Decisión: Se confirma sentencia que niega pretensiones porque en el momento
en que se realizaron los reajustes a las asignaciones de retiro a los
miembros de la Fuerza Pública el demandante se hallaba en servicio
activo recibiendo salarios.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 21 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó que se
inapliquen, por vía de excepción de inconstitucionalidad, los aumentos porcentuales
salariales realizados con la metodología de oscilación, descrita en el artículo 1.° de los
Decretos 122 de 1997, 62 de 1999, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de
2004, mediante los cuales el Gobierno fijó los incrementos salariales del personal de
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares; y los porcentajes señalados para las
primas en los incisos 2 y 3 del artículo 3.° de los Decretos 2737 de 2000, 2737 de 2001,
745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.

2. Asimismo, pidió que se declare la nulidad de los actos administrativos fictos o
presuntos, mediante los cuales la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Armada
Nacional) y CREMIL le negaron la reliquidación de la hoja de servicios en cuanto al
reajuste y aumento de sus salarios y prestaciones del 28.71% por IPC, desde el 1.° de

1 Folios 41 al 63.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2016 03776 01 (2246-2024)
Demandante: Luis Alejandro Parra Rivera

enero de 1997 hasta el momento de su retiro del servicio ocurrido el 23 de agosto de
2009 y la posterior reliquidación de su asignación de retiro, respectivamente.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene la actualización de su
Hoja de Servicios incorporando progresivamente, año por año, el aumento del 28.71%
por IPC, en sus sueldos básicos y prestaciones sociales devengados desde 1997 en
adelante y hasta el 23 de agosto de 2009 y la posterior reliquidación de su asignación de
retiro a partir de 2009. Lo anterior, junto con el pago de las diferencias causadas tanto
para las cesantías y la indemnización por pérdida de capacidad laboral, así como el
reconocimiento de los daños morales y materiales originados por tal circunstancia.

4. Como hechos relevantes, expuso que ingresó como alumno oficial de la Armada
Nacional el 7 de julio de 1974 y fue retirado del servicio por llamamiento a calificar
servicios mediante el Decreto 1864 del 21 de mayo de 2009, con efectos desde el 23 de
agosto de esa anualidad cuando se vencieran los tres meses de alta.

5. Sostuvo que entre los años 1997 y 2004 el Gobierno fijó incrementos anuales de
la asignación básica que resultaron inferiores al IPC certificado por el DANE, lo cual
generó una pérdida progresiva del poder adquisitivo del salario. Dicha afectación tuvo
efectos acumulativos (del 28.71 %) en la liquidación de las prestaciones sociales y, de
manera especial, en la asignación de retiro, al haberse construido sobre una base salarial
deteriorada en términos reales. Para demostrar esta situación, allegó cuadros
comparativos entre los porcentajes de incremento decretados y el IPC correspondiente a
cada vigencia.

6. Indicó que el 24 de enero de 2013 solicitó a la Nación (Ministerio de Defensa,
Armada Nacional) el reconocimiento del IPC en sus salarios de los años 1997 a 2009,
cesantías en actividad, indemnización por pérdida de la capacidad laboral y asignación
de retiro. No obstante, la entidad negó la petición con el argumento de que sus aumentos
salariales se habían realizado por oscilación conforme a los Decretos expedidos por el
Gobierno Nacional.

7. Posteriormente, el 30 de octubre de 2015 elevó nuevamente peticiones a las
entidades accionadas con el fin de que se reconocieran los aumentos y reajustes
descritos en el numeral anterior; sin embargo, estas no fueron resueltas dentro de los 3
meses siguientes, lo cual dio lugar a los actos fictos o presuntos demandados.

Contestación de la demanda

8. La Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional)2 se opuso a la
prosperidad de las pretensiones al considerar que el acto administrativo demandado fue
expedido conforme al ordenamiento jurídico y no adolece de causal alguna de nulidad.
Señaló que el demandante pretende reabrir discusiones salariales correspondientes a
periodos en los que aún se encontraba en servicio activo, lo cual resultaría improcedente
y generaría efectos fiscales injustificados.

2
Folios 119 al 125.
2

Radicado: 25000 23 42 000 2016 03776 01 (2246-2024)
Demandante: Luis Alejandro Parra Rivera

9. Indicó que durante el tiempo de servicio activo el salario del actor fue objeto de los
reajustes legalmente previstos, mediante la aplicación de los decretos anuales que
regulan los incrementos para el personal militar y los empleados públicos del sector
defensa. En ese contexto, sostuvo que no es viable la reliquidación de los años
comprendidos entre 1997 y 2004 bajo los parámetros solicitados, pues ello implicaría el
reconocimiento de obligaciones sin causa jurídica, con posible detrimento al erario y
enriquecimiento sin causa del demandante.

10. Finalmente, propuso las excepciones de «caducidad», «falta de legitimación en la
causa por pasiva», «prescripción de mesadas salariales» y la innominada.

11. Por otra parte, CREMIL no contestó la demanda.

Solución de excepciones previas

12. Mediante auto del 13 de agosto de 20203, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró no probada la excepción de caducidad toda vez que las
pretensiones de la demanda están dirigidas a la reliquidación de una prestación periódica.
Por lo tanto, estimó que, de conformidad con el artículo 164 del CPACA, la demanda
podía ser presentada en cualquier tiempo.

Sentencia apelada4

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
profirió sentencia el 21 de julio de 2023, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda de la referencia.

14. Al respecto, el a quo tuvo como supuesto fáctico relevante que el demandante
estuvo vinculado a la Armada Nacional y que, para el periodo reclamado (1.º de enero de
1997 a 31 de diciembre de 2004), se encontraba en servicio activo, razón por la cual los
incrementos de su salario y prestaciones se regían por el régimen especial aplicable al
personal activo de la Fuerza Pública y los decretos anuales de incremento expedidos por
el Ejecutivo.

15. Con base en ello, concluyó que no procede aplicar el reajuste salarial conforme a
la variación del IPC para salarios del personal en servicio activo durante el lapso debatido,
pues el reajuste anual se realiza a través del sistema de oscilación propio del régimen de
la Fuerza Pública.

16. Entre tanto, precisó que la diferencia porcentual frente al IPC, en los términos en
que fue planteada, es un argumento que se predica de quienes se encontraban en goce
de asignación de retiro, no de quienes estaban vinculados en servicio activo, reiterando
que el demandante, para 1997–2004, no ostentaba la condición de retirado. Por ende,
señaló que desde la expedición y vigencia del Decreto 4433 de 2004 se retomó el sistema
de oscilación para las asignaciones, destacando que a partir de 2005 tampoco se

3
Folios 161 al 163.
4 Folios 206 al 210.

3

Radicado: 25000 23 42 000 2016 03776 01 (2246-2024)
Demandante: Luis Alejandro Parra Rivera

presentaría la variación alegada en materia de asignación de retiro.

17. En consecuencia, el Tribunal determinó que la asignación básica y las
prestaciones sociales devengadas por el demandante durante el servicio activo, así como
los componentes prestacionales reconocidos fueron pagados conforme al ordenamiento
aplicable.

Recurso de apelación5

18. El demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones reclamadas.

19. Al respecto, indicó que el Tribunal se contradijo al afirmar que durante los años
1997 a 2004 sus salarios y prestaciones sociales fueron aumentadas con base en el
sistema de oscilación, el cual fue superior al valor del IPC, pero en otros párrafos dijo lo
contrario, ya que aseveró que «se encuentra probado en el proceso, y no constituye
materia de la controversia, que el demandante para el período que reclama no se le
reajustó el salario y prestaciones sociales en porcentaje igual al IPC».

20. Por lo tanto, aclaró que él estuvo en actividad entre el 1.° de junio de 1977 y el 24
de agosto de 2009 y, el 24 de enero de 2013, dentro de los 4 años siguientes a su retiro,
solicitó la reliquidación de sus salarios y prestaciones. Por lo tanto, expuso que al verificar
el hecho 3 de la demanda era dable concluir que los aumentos realizados por la
metodología de oscilación entre 1997 y 2004, y desde 2005 en adelante, siempre fueron
inferiores al IPC.

21. Finalmente, expuso que el Tribunal incurrió en una indebida valoración de la
prueba, pues realizó una afirmación conclusiva sin sustento probatorio suficiente que
permitiera negar las pretensiones de la demanda, pese a la existencia de elementos
probatorios que acreditan la afectación salarial y prestacional reclamada.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Mediante auto del 7 de noviembre de 20246 se admitió el recurso de apelación y
se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta
antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.

23. El Ministerio Público7 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al
considerar que no le asiste razón al demandante para reclamar el reajuste de salarios y
prestaciones sociales con base en el IPC durante el período comprendido entre 1997 y
2004, por cuanto para dicha época se encontraba en servicio activo y sus emolumentos
fueron reajustados anualmente conforme al régimen especial de la Fuerza Pública,
mediante el sistema de oscilación y los decretos expedidos por el Gobierno.

5
Folio 224.
6 Folio 234.
7
Índice 16 de SAMAI del Consejo de Estado.
4

Radicado: 25000 23 42 000 2016 03776 01 (2246-2024)
Demandante: Luis Alejandro Parra Rivera

24. Señaló que la diferencia porcentual asociada al IPC se predicaba exclusivamente
de quienes se encontraban en goce de la asignación de retiro, circunstancia que no se
configuraba en el caso del actor. En consecuencia, concluyó que al no ser procedente el
reajuste salarial reclamado, tampoco resulta viable la reliquidación de la asignación de
retiro, la cual fue reconocida y pagada conforme al ordenamiento jurídico vigente.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

26. Conforme con los reparos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a
esta Sala determinar si el demandante —quien ingresó al disfrute de la asignación de
retiro en 2009 y se desempeñó como brigadier general de la Armada Nacional— tiene
derecho al reajuste salarial correspondiente al período 1997-2004 y, en consecuencia, a
la reliquidación de su asignación de retiro con base en dichos ajustes.

Análisis del problema jurídico

27. La Sala considera que la parte demandante no tiene derecho al reajuste de los
salarios percibidos entre 1997 y 2004, ni a la reliquidación de las asignaciones de retiro
causadas con posterioridad. Por ende, se confirmará la sentencia de primera instancia,
de conformidad con las consideraciones que se desarrollarán a continuación.

28. Para abordar este tema, es menester precisar que la asignación de retiro del
personal de las Fuerzas Militares y de Policía ha tenido un sistema de actualización
distinto al que se ha establecido de manera general para las pensiones de los servidores
públicos y trabajadores del sector privado. Este sistema es conocido como el principio de
oscilación, que establece una relación de dependencia entre las asignaciones que
perciben los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y aquellos que se
encuentran en retiro, quienes disfrutan de prestaciones como la asignación de retiro,
pensiones por invalidez o pensiones de sobrevivientes8.

29. En este sentido, es evidente que el reajuste de las asignaciones de retiro no
depende del porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el
artículo 14 de la Ley 100 de 19939, sino que está determinado por el porcentaje de

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2024, rad. 25000 23 42 000

2021 00692 01 (6519-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9 Ley 100 de 1993: «ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de

jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de
5

Radicado: 25000 23 42 000 2016 03776 01 (2246-2024)
Demandante: Luis Alejandro Parra Rivera

incremento en el salario de los miembros activos de la Fuerza Pública.

30. Se debe resaltar que esta Sala10 ha sostenido de manera pacífica que, conforme
al artículo 4.° de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional tiene la obligación de modificar
anualmente el sistema salarial de los servidores mencionados en los literales a, b y d del
artículo 1.° de dicha norma, que incluye a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
Nacional, sin distinción de sector, denominación o régimen jurídico; así como a los
empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía
General de la Nación, la Organización Electoral, la Contraloría General de la República y
la Fuerza Pública.

31. Además, el artículo 13 de la misma ley establece que el Gobierno deberá
implementar una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal
activo y retirado de la Fuerza Pública, de acuerdo con los principios establecidos en la
norma.

32. Por lo tanto, la Ley 4ª de 1992, en sus artículos 4 y 13, no establece condiciones
específicas sobre el porcentaje de incremento anual de los salarios, sino que impone esta
obligación al Gobierno Nacional, lo cual significa que no proporciona un fundamento
normativo para exigir que la asignación salarial se incremente anualmente en un
porcentaje igual o superior al IPC.

33. Bajo este contexto normativo, en el expediente obra la Hoja de Servicios n.º 4-
0073076516 del 13 de julio de 2009, expedida por la Armada Nacional11. En dicho
documento consta que el demandante ingresó a la entidad como oficial el 1° de junio de
1977 y se desvinculó del servicio activo el 24 de mayo de 2009, fecha para la cual
ostentaba el grado de brigadier general.

34. Asimismo, reposa copia del Decreto 811 del 24 de junio de 200912, mediante el
cual el director de prestaciones de la Armada Nacional le reconoció al actor el pago de
sus cesantías definitivas.

35. Igualmente, se aportó copia de la Resolución 0440 del 15 de abril de 201013, por
medio de la cual se le reconoció al oficial el pago de una indemnización por disminución
de la capacidad laboral.

36. También reposa la Resolución 2124 del 27 de julio de 200914, mediante la cual el
director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció al demandante
la asignación de retiro equivalente al 95 % del sueldo de actividad, incluyendo dentro de
la liquidación las partidas computables correspondientes, a partir del 24 de agosto de
2009. No obstante, dicha prestación fue aumentada del 39 al 43 % del subsidio familiar

cada año, según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. […]»
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, rad. 50001-23-33-000-

2016-00116-01 (0278-2023), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
11 Folio 3.

12
Folios 6 y 7.
13
Folios 8 y 9
14 Folios 10 y 12.

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 03776 01 (2246-2024)
Demandante: Luis Alejandro Parra Rivera

como partida computable, en virtud de la Resolución 2418 del 20 de agosto de 2009 15.

37. Pues bien, para el periodo comprendido entre 1997 y 2004, el presidente de la
República, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, estableció la escala
gradual porcentual para los miembros de la Fuerza Pública mediante los Decretos 122
de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de
2003 y 4158 de 2004.

38. En atención a que, durante ese lapso, el actor se encontraba en servicio activo en
la Armada Nacional, el incremento de su sueldo básico mensual debía ajustarse a las
disposiciones gubernamentales vigentes, sin que resultara procedente aplicar una norma
distinta.

39. Inclusive, cualquier desacuerdo respecto de los salarios fijados en dichos años
debió tramitarse en relación con el contenido de los decretos citados, que reflejan la
voluntad de la Administración sobre la materia. Dichas disposiciones gozan de
presunción de legalidad y no se advierte providencia ejecutoriada que las haya anulado
o suspendido provisionalmente.

40. Sobre este punto, conviene precisar que, si bien el apelante sostuvo que, dentro
de los cuatro años siguientes a su retiro del servicio, ocurrido en 2009, solicitó el reajuste
de los salarios devengados entre 1997 y 2009 con fundamento en el IPC acumulado, lo
cierto es que dicha circunstancia no conlleva, por sí sola, a acceder a las pretensiones
reclamadas.

41. Ello es así, por cuanto ni la Armada Nacional ni la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares se encontraban legalmente obligadas a efectuar incrementos salariales con
base en el IPC durante el aludido período, lapso en el cual el actor se encontraba en
servicio activo y, por ende, no percibía asignación de retiro susceptible de ser reajustada
en los términos alegados.

42. De otra parte, en cuanto a la falta de valoración de los cuadros comparativos
aportados por la parte demandante, mediante los cuales se confrontan los porcentajes
de incremento salarial decretados entre los años 1997 y 2004 con la variación del IPC
certificada por el DANE, la Sala advierte que tales elementos no resultan suficientes para
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados ni de los
decretos salariales expedidos por el Ejecutivo.

43. En efecto, dichos cuadros constituyen ejercicios aritméticos elaborados por la
parte, que si bien ilustran una diferencia porcentual frente al IPC, no acreditan la
existencia de una obligación jurídica exigible, en tanto que el ordenamiento no impone al
Gobierno el deber de equiparar los incrementos salariales del personal activo de la
Fuerza Pública a la inflación anual.

44. En consecuencia, la prueba aportada no tiene la virtualidad de demostrar la
ilegalidad de los reajustes practicados, ni de desvirtuar que los salarios y prestaciones

15
Folios 13 y 14.
7

Radicado: 25000 23 42 000 2016 03776 01 (2246-2024)
Demandante: Luis Alejandro Parra Rivera

del actor fueron reconocidos y pagados conforme al régimen especial aplicable, razón
por la cual no puede derivarse de ella el derecho a la reliquidación pretendida.

45. Por consiguiente, se impone confirmar la sentencia de primera instancia por cuanto
no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados,
debido a que los reajustes aplicados cuentan con pleno respaldo constitucional y legal.
En tales condiciones, no es procedente acceder a las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. Por consiguiente, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 21 de julio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
8

Radicado: 25000 23 42 000 2016 03776 01 (2246-2024)
Demandante: Luis Alejandro Parra Rivera

fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DLAR

9

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