Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00507-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00507-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00507-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
25 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM)
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación a docente
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 28 de enero de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Luisa Elena Veloza formuló demanda, en
orden a que se declare la nulidad de la Resolución 308 del 18 de enero de 2019,
emitida la secretaria de educación de Bogotá, en nombre y representación de la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a través de la cual negó el reconocimiento de una pensión de jubilación.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar al FNPSM efectuar los trámites pertinentes a fin de trasladar los aportes
que fueron realizados a COLPENSIONES; ii) condenar a la entidad demandada a
reconocer una pensión de jubilación a su favor, con la inclusión de los factores
salariales devengados durante el último año anterior al momento de adquirir el
estatus jurídico pensional, de conformidad con las Leyes 812 de 2003 y 71 de 1988;
iii) declarar que los tiempos laborados al servicio de la Secretaría de Educación de
Bogotá, en calidad de docente interina deben incluirse para efectos del
reconocimiento pensional; iv) ordenar a la entidad demandada pagar las mesadas
atrasadas, desde el momento de la consolidación del derecho hasta el pago
efectivo, con los reajustes anuales; v) condenar al FNPSM a pagar los intereses
moratorios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; vi)
ordenar a la entidad demandada a no hacer descuentos por concepto de aportes a
salud; y vii) condenar al FNPSM a indexar los valores reconocidos, de conformidad
con el IPC certificado por el DANE.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) El 14 de julio de 1959, nació la señora Luisa Elena Veloza. Laboró al servicio
Estado como docente y en ese período hizo aportes a pensión al ISS y al FNPSM, de
la siguiente manera:
Entidad Desde Hasta Total días Acumulado
04/01/82 01/04/94 4.471 4.471
02/04/94 31/12/94 274 4.745
01/01/95 28/02/95 60 4.805
01/03/95 17/03/95 17 4.822
01/02/98 31/10/98 270 5.092
01/11/98 03/11/98 3 5.095
01/02/99 14/02/99 14 5.109
Instituto de Seguro 01/03/99 31/12/99 300 5.409
Social 01/02/00 24/02/00 24 5.433
01/03/00 31/12/00 300 5.733
01/04/01 30/11/01 239 5.972
01/01/02 10/04/02 100 6.072
01/05/02 31/05/02 30 6.102
01/06/02 31/12/03 570 6.672
16/07/01 12/10/01 0 6.672
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
16/10/01 30/11/01 0 6.672
18/02/04 25/07/05 518 7.190
26/07/05 05/08/05 10 7.200
Secretaría de 06/08/05 19/01/07 524 7.724
Educación de Bogotá 21/02/07 17/12/07 297 8.021
21/01/08 11/07/10 891 8.912
02/08/10 13/12/10 132 9.044
03/02/11 18/02/11 16 9.060
23/02/11 30/03/11 38 9.098
01/04/11 28/02/18 2.488 11.586
Total cotizaciones 11.586 días 1.655,14 semanas
ii) El 16 de julio de 2001, la señora Veloza se vinculó como docente interina al
servicio del magisterio, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003.
iii) El 21 de noviembre de 2018, la demandante solicitó al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional Bogotá, el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación, de conformidad con lo establecido en las Leyes 91 de
1989 y 812 de 2003.
iv) El 18 de enero de 2019, la Nación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Secretaría de Educación de Bogotá emitió la Resolución 308 a través
de la cual negó la solicitud elevada, con fundamento en que la actora no cumplía
con los requisitos contemplados en la Ley 91 de 1989, comoquiera que fue
vinculada al FNPSM después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por
su parte, no se tuvieron en cuenta los tiempos de servicio laborados como docente
interina y cotizados a COLPENSIONES.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 29, 48 y 53 de la Constitución
Política; y las Leyes 71 de 1988, 91 de 1989, 4 de 1992, 100 de 1993 y 812 de 2003.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:
i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
están amparados por lo preceptuado en la Ley 91 de 1989, como lo ha sostenido el
Consejo de Estado.1
ii) El acto reprochado fue expedido con desconocimiento de las normas en que
debía fundarse, porque debió tener en cuenta el tiempo de servicios desempeñado
por la demandante como docente interina, antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003. Lo anterior, para efectos del reconocimiento de una pensión de
jubilación, en los términos de la Ley 71 de 1988 y del Decreto 2709 de 1994, esto
es, en el equivalente del 75 % del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio, con la inclusión de los factores salariales
devengados en ese lapso.
iii) Respecto a los factores salariales que deben incluirse en la liquidación de la
prestación, el Consejo de Estado ha señalado que «constituye salario no solo la
remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que recibe el trabajador en dinero
o en especie como contraprestación o retribución directa y onerosa del servicio, y
que ingresan real y efectivamente a su patrimonio, es decir, no a título gratuito o por
mera liberalidad del empleador.».2 En igual sentido, debe observarse la sentencia
de unificación de 4 de agosto de 20103 pese a que no hizo referencia de manera
expresa a los docentes.
iv) El Consejo de Estado a través de la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018,4 si bien es cierto estableció que el ingreso base de liquidación no es un
aspecto sometido a transición, también lo es que aquella regla no es aplicable a los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
1.2. Contestación de la demanda
1
La demandante cita al Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia de 10 de
septiembre de 2009, radicación N.° 1857.
2
La demandante cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de radicación N.° 2500023400020130154101.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, expediente
N.º 25000232500020060750901 (0112-2009).
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
4
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
1.2.1. La Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no
presentó contestación a la demanda.5
1.2.2. La Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, por intermedio
de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que
se expresan a continuación:6
i) Se encuentra acreditada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues en la expedición del acto administrativo cuestionado no intervino
COLPENSIONES, sino el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Regional Bogotá D.C, que conforme a las competencias atribuidas emitió aquel
acto.7
Por su parte, la actora no ha elevado reclamación administrativa ante COLPENSIONES,
con el fin de obtener un pronunciamiento de su parte e igualmente, de la demanda
no se advierte un sustento claro y preciso que demuestre la legitimación de
COLPENSIONES.
ii) Adicionalmente, están acreditadas las excepciones de inexistencia de la
obligación por parte de COLPENSIONES, prescripción y buena fe.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia proferida el 28 de enero de 2021, accedió parcialmente a las
5 Véase, constancia contenida en la sentencia de primera instancia el28 de enero de 2021, folio 135.
6 Folios 68 al 77. El 10 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, mediante auto admitió la demanda y vinculó al proceso a la Administradora
Colombiana de Pensiones, folios 53 y 54.
7 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de conformidad con
el artículo 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020, en concordancia con el artículo 101 del CGP,
expidió auto el 12 de noviembre de 2020, a través del cual se pronunció en los siguientes términos:
i) La excepción propuesta por Colpensiones denominada falta de legitimación en la causa por pasiva
no tiene vocación de prosperidad, ya que ese medio exceptivo solo se predica de quienes actúan
como parte en un proceso, mientras que aquella entidad fue vinculada al proceso como tercero con
interés directo y no como parte propiamente dicha.
ii) Respecto a las demás excepciones presentadas por Colpensiones por considerarse argumentos
de defensa, el pronunciamiento de fondo se hará en la sentencia que se emita.
Folios 102 al 106.
5
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:8
i) A los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, les es aplicable
el régimen pensional vigente para los empleados del sector público nacional previsto
en las Leyes 33 y 62 de 1985, por remisión de la Ley 91 de 1989. Por su parte, la
Ley 812 de 2003 solo rige la situación fáctica de los docentes vinculados con
posterioridad al 26 de junio de 2003, cuyo régimen es el de prima media con
prestación definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. En estos
términos se pronunció el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.9
ii) Analizado el acervo probatorio se observa que la demandante prestó los servicios
como docente oficial, así:
Tipo de vinculación Desde Hasta
Interina 16-07-2001 12-10-2001
Interina 16-10-2001 30-11-2001
Provisional 18-02-2004 18-01-2007
Provisional 21-02-2007 17-12-2007
Provisional 21-01-2008 11-07-2010
Provisional 02-08-2010 13-12-2010
Provisional 03-02-2011 18-02-2011
Provisional 23-02-2011 30-03-2011
Provisional 01-04-2011 ACTIVA
Así las cosas, fue vinculada desde el 16 de julio de 2001, como interina, de manera
que ese tiempo de servicio es válido para efectos pensionales, dado que el
legislador no distinguió la clase de vinculación del docente.
iii) Si bien el año lectivo comprende desde enero a noviembre de cada año, sin que
esto signifique una interrupción en el vínculo laboral de los docentes, se advierte
que la demandante se desvinculó del servicio por un lapso superior a 15 días o al
período de vacaciones escolares, a saber:
Desvinculación Reingreso Interrupción
8 Folios 132 al 148.
9 Consejo de Estado, Sala lo de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019, de 25 de abril de 2019, radicado 68001233300020150056901
(0935-2017).
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
30-11-2001 18-02-2004 2 años, 2 meses y 17 días
13-12-2010 03-02-2011 1 mes y 18 días
iv) Por lo anterior, se entiende que hubo solución de continuidad 10 en el servicio,
pues se superaron los 15 días hábiles de interrupción conforme lo dispone el artículo
10 del Decreto 1045 de 1978, razón por la cual se concluye que la demandante no
estaba prestando sus servicios al momento de entrar a regir la Ley 812 de 2003. En
ese sentido, perdió el beneficiario del régimen especial consagrado en las Leyes 91
de 1989 y 71 de 1988, porque hasta el 18 de febrero de 2004 se vinculó nuevamente
al servicio de la docencia.
v) La señora Veloza cumple los requisitos para acceder a una pensión de jubilación
en los términos de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pues adquirió el estatus
jurídico pensional el 14 de julio de 2016 cuando cumplió 57 años de edad, ya que el
requisito de 1.300 semanas de cotización, lo acreditó el 30 de marzo de 2011,
teniendo en cuenta los aportes a pensión que hizo en el sector privado y público.
vi) Por lo tanto, se declara la nulidad del acto administrativo reprochado y en
consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se condena a la entidad
demandada a reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la actora, a
partir del 14 de julio de 2016, conforme el artículo 34 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003; y con la inclusión de los factores
salariales cotizados en los últimos 10 años de servicios, de acuerdo con la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.11 Finalmente, se
niegan las demás pretensiones de la demanda
1.4. El recurso de apelación
La señora Luisa Elena Veloza, por conducto de apoderada, interpuso recurso de
10 El a quo cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsecciones A y B, sentencia de 8 de agosto de 2011, radicado N.° 05001-23-31-000-2002-04353-
01 (1710-10) y sentencia de 4 de mayo de 2017, radicado N.° 2007-00062-01 (1736-15),
respectivamente.
11 Consejo de Estado, Sala lo de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019, de 25 de abril de 2019, radicado 68001233300020150056901
(0935-2017).
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
apelación contra la sentencia de primera instancia12 y lo sustentó así:
i) Para fundamentar la solución de continuidad el tribunal invocó un precedente
emitido por el Consejo de Estado que no es aplicable al sub lite, porque en esa
oportunidad el objeto del litigio se circunscribió a la existencia o no de una relación
laboral producto de la suscripción de contratos de prestación de servicios y a
determinar si hubo continuidad en el servicio, basado en una subordinación; con el
fin de obtener el pago de las prestaciones sociales pretendidas.
ii) En materia pensional, la vinculación al sistema empieza a partir del momento en
que el trabajador ingresa al servicio, con independencia de que los períodos
laborados sean continuos o discontinuos. En esa medida, el artículo 81 de la Ley
812 de 2003 exige únicamente que se acredite una vinculación con anterioridad a
su entrada en vigencia, de manera que la interrupción en la prestación del servicio
no genera que el docente pierda su derecho a obtener una pensión de jubilación en
los términos de la Ley 71 de 1988.
En consecuencia, la situación fáctica de la señora Veloza se rige por la Ley 71 de
1988, que permite acumular tiempos públicos y privados para efectos del
reconocimiento pensional, con la inclusión de los factores salariales devengados en
el año anterior a la fecha de adquisición del estatus jurídico de pensionada.
1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación en segunda instancia
Las partes y el ministerio público no se pronunciaron en esta oportunidad procesal,
pese a que a través del auto admisorio del recurso de apelación emitido el 17 de
febrero de 2022,13 se les informó que contaban con la posibilidad de hacerlo hasta
la ejecutoria de aquella providencia y hasta antes de que el proceso ingresara al
despacho para sentencia, respectivamente.14
2. Consideraciones
12 Folios 159 al 161.
13 Folio 171.
14 Al revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala observa que las partes y el ministerio público
no allegaron pronunciamiento.
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Demandante: Luisa Elena Veloza
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer, de acuerdo a lo señalado en el recurso de apelación,
si la señora Luisa Elena Veloza tiene derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación en los términos de la Ley 71 de 1988, en concordancia con la
Ley 91 de 1989, esto es, por acumulación de tiempos tanto en el sector público
como en el privado, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en
el año anterior a la fecha de consolidación del estatus jurídico pensional.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2. 1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales
Mediante la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado15, se estableció la forma
de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91
de 1989, conforme a las siguientes reglas:
a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
15Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-014-CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel
Tolosa
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Las reglas fijadas por la Sección Segunda, que tienen carácter vinculante y
obligatorio, se sustentaron en los siguientes argumentos:
51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre
los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33
de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio.
53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o aportes
de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto al de los
empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que contiene los
recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los numerales 1 y 3, el 5%
del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8 % equivalente al aporte
de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del rubro de pago por
servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…]
62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la
base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce
de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de
esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y
que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de
los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores. Lo que
quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los que se
señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de
1985.
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece
un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de Liquidación al
disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas
en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor según certificación que expida el DANE”.
Por la misma razón, tampoco les aplica la regla sobre Ingreso Base de Liquidación
prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que fija en 10 años el periodo que se
debe tomar para la liquidación de la mesada pensional.
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
Sin embargo, la sentencia unificadora aludida solo desarrolló la determinación de
los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese
sido prestado únicamente en el sector público. No obstante, dicha providencia se
abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub lite,
los docentes tienen acumulados tiempos cotizados en el sector privado y público.
11
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
Al respecto, mediante sentencia de 18 de marzo de 2021, esta Subsección
precisó:16
[…] Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a
la Ley 71 de 1988 que regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada «pensión
por aportes» y no la Ley 33 de 1985.
Empero, sin perjuicio de lo anterior, la Subsección advierte que la falta de
pronunciamiento expreso en la sentencia de unificación bajo estudio, no implica que
aquella no pueda aplicarse o que deba resolverse el caso sin su observancia. Esta
situación lo que conlleva es el planteamiento de un ejercicio hermenéutico sistemático y
teleológico que concite tanto el marco normativo que rige lo propio como los lineamientos
jurisprudenciales existentes sobre la materia, a fin de articular de manera coherente,
posturas jurídicas que permitan resolver el problema jurídico planteado.
Este presupuesto interpretativo ya ha sido aplicado para resolver procesos de
reconocimiento y reliquidación pensional con base en la Ley 71 de 1988, pero con
sujeción de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que desarrollaba
fundamentos sobre la base de la Ley 33 de 1985.
[…] Bajo este contexto, encuentra la Sala que para los casos de docentes con
acumulación de aportes del sector público y del privado como es el de la
demandante, la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación relativa al
régimen pensional aplicable a tales servidores, vinculados antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, sería la Ley 33 de 1985 en armonía con la Ley 71
de 1988, esta última para permitir el cómputo de los tiempos cotizados en el sector
privado y público a fin de acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación.
La referida Ley 71 de 1988 previó para el referido efecto en su artículo 11 una
integración normativa en materia pensional para los empleados del sector público
y privado que se hicieran titulares de dicha prestación, a saber: […]
Por lo expuesto, la aplicación de la Ley 71 de 1988 en los asuntos de docentes
oficiales con acumulación de aportes en el sector privado, que solicitan el
reconocimiento o reliquidación de su pensión de jubilación, no modifica la
posición adoptada por esta Corporación mediante la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019. Para el caso de marras resulta necesario entonces remitirse a
la mentada norma que complementa el régimen de pensiones, en el sentido de que
esta permite el cómputo de las cotizaciones efectuadas por el trabajador cuando
aquel hubiese laborado en entidades de orden público y privado con el propósito
de acceder a dicho beneficio pensional. Lo anterior, en observancia de los
requisitos de edad, tiempo y monto pensional previstos en la Ley 33 de 1985, como
en efecto se consideró en la mentada providencia. (Resaltado fuera del texto).
16
Consejo de Estado, Sala lo de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 18 de
marzo de 2021, radicación 63001-23-33-000-2014-00249-01 (0249-2016).
12
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
En igual sentido, esta Subsección en sentencia del 18 de febrero de 2021, señaló:17
Por último, en cuanto a los factores salariales a incluir en el cálculo del ingreso base de
liquidación de la pensión por aportes a que tienen derecho los maestros oficiales con
acumulación de cotizaciones del sector público y privado, debe señalarse que éstos
efectivamente corresponden únicamente a aquellos sobre los cuales se hayan efectuado
los descuentos respectivos y que se encuentren enlistados específicamente en el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.
Por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a éstos, puesto que tal
presupuesto fue objeto de definición de regla jurisprudencial de manera general en la
sentencia de unificación objeto de estudio para este tipo de servidores, sin que por el
hecho de consolidarse este caso en una pensión por aportes o por la condición de
educadores ello pueda variar para contabilizar todos los emolumentos de tipo
remunerativo que se hubiesen percibido […].
Pues bien, la Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», concebida
como un respaldo para que las personas que hubieran efectuado cotizaciones
durante el tiempo laborado como empleados públicos y privados, pudieran obtener
la pensión de jubilación sumando tiempos del uno y otro, ya que las normas que se
habían expedido con antelación regulaban en forma separada el régimen pensional
de cada uno de estos sectores. El artículo 7 de la norma referida, dispone:
Artículo 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.
Posteriormente, la Ley 71 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de
1989 y posteriormente se expidió el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, el
cual señaló en su artículo 8.° en relación con el monto, lo siguiente:
Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75% del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 18 de febrero de 2021, radicado N.° 25000-23-42-000-2013-06853-01 (4391-2014).
13
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
Y en cuanto al ingreso base de liquidación, el artículo 6.° del citado Decreto 2709
de 1994, consagra:18
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
El 14 de julio de 1959, nació la señora Luisa Elena Veloza, según consta en su
cédula de ciudadanía.19
La señora Veloza prestó sus servicios como docente en instituciones de educación
pública y privada, de la siguiente manera:
Entidad Desde Hasta Folio
Politécnico San Juan Bosco20 04/01/1982 31/12/1994
Comunidad Hijas de María Auxiliadora21 01/01/1995 31/01/1995
Comunidad Hijas de María Auxiliadora22 01/02/1995 28/02/1995
Comunidad Hijas de María Auxiliadora23 01/03/1995 31/03/1995
18 El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia de 12 de noviembre de 2020, radicado 15001-23-33-000-2015-00693-01(3213-17),
sostuvo: «[…] Si bien el canon referido había sido derogado por el artículo 24 del Decreto 1474 de
1997, es pertinente aclarar que la Sección Segunda de esta Corporación, mediante sentencia del 15
de mayo de 2014 , consideró acerca de la exigibilidad de la norma, que: «[…] Sin embargo, advierte
la Sala que en el presente caso la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció
la finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio legislativo, el
artículo 1 de la Ley 100 de 1993 […] En suma concluye la Sala que se impone declarar la nulidad
parcial del artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, en cuanto derogó el artículo 6 del Decreto 2709 de
1994. […]».
19 Folio 50.
20
Conforme consta en el reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido el 28 de febrero de
2013 por Colpensiones, folio 25.
21 Conforme consta en el reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido el 28 de febrero de
2013 por Colpensiones, folio 25.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
14
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
Comunidad Hijas de María Auxiliadora24 01/02/1998 28/02/1998
Comunidad Hijas de María Auxiliadora25 01/03/1998 31/03/1998
Comunidad Hijas de María Auxiliadora26 01/04/1998 31/05/1998
Comunidad Hijas de María Auxiliadora27 01/06/1998 31/07/1998
Comunidad Hijas de María Auxiliadora28 01/08/1998 31/10/1998
Comunidad Hijas de María Auxiliadora29 01/11/1998 30/11/1998
Comunidad Hijas de María Auxiliadora30 01/12/1998 30/09/1999
Instituto Henao y Arrubla31 01/02/1999 28/02/1999
Instituto Henao y Arrubla32 01/03/1999 31/12/1999
IMC Colegio Jose Allamano33 01/02/2000 29/02/2000
IMC Colegio Jose Allamano34 01/03/2000 31/12/2000
Congregación hermanas Carmelitas35 01/04/2001 31/08/2001
Congregación hermanas Carmelitas36 01/09/2001 30/09/2001
Congregación hermanas Carmelitas37 01/10/2001 30/11/2001
Hermanas Carmelitas Teresas de San38 01/01/2002 30/04/2002
Hermanas Carmelitas Teresas de San39 01/05/2002 31/05/2002
Hermanas Carmelitas Teresas de San40 01/06/2002 31/12/2003
Secretaría de Educación de Bogotá41 16/07/2001 (docente 12/10/2001
interina)
Secretaría de Educación de Bogotá42 16/10/2001(docente 30/11/2001
interina)
Secretaría de Educación de Bogotá43 18/02/2004 18/01/2007
Secretaría de Educación de Bogotá44 21/02/2007 17/12/2007
Secretaría de Educación de Bogotá45 21/01/2008 11/07/2010
Secretaría de Educación de Bogotá46 02/08/2010 13/12/2010
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41
De acuerdo con la certificación emitida por el Grupo de certificaciones laborales de la Oficina de
Personal de la Alcaldía de Bogotá D.C., el 28 de septiembre de 2009, folio 28.
42
De acuerdo con la certificación emitida por el Grupo de certificaciones laborales de la Oficina de
Personal de la Alcaldía de Bogotá D.C., el 28 de septiembre de 2009, folio 28.
43
De acuerdo con el formato N.° 1 denominado Certificación de información laboral, emitido el 12 de
febrero de 2018, folio 38.
44 Ibidem.
45 Tal como consta en el formato único para expedición de certificado de salarios, expedido el 27 de
marzo de 2018 por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., folio 30 y en el formato N.° 1
denominado Certificación de información laboral, emitido el12 de febrero de 2018, folio 38.
46 De conformidad con el formato único para expedición de certificado de salarios, expedido el 27 de
marzo de 2018 por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., folio 31 y en el formato N.° 1
denominado Certificación de información laboral, emitido el12 de febrero de 2018, folio 38.
15
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
Secretaría de Educación de Bogotá47 03/02/2011 18/02/2011
Secretaría de Educación de Bogotá48 23/02/2011 30/03/2011
Secretaría de Educación de Bogotá49 01/04/2011 Activa
El 21 de noviembre de 2018, la señora Luisa Elena Veloza elevó derecho de petición
ante la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., con el fin de solicitar el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en los términos de las Leyes
71 de 1988 y 812 de 2003, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.50
El 18 de enero de 2019, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., expidió la
Resolución 30851 a través de la cual negó el reconocimiento de una pensión de
jubilación por aportes a la señora Luisa Elena Veloza. Para tal efecto, señaló que la
actora se vinculó en provisionalidad a la Secretaría de Educación de Bogotá el 18
de febrero de 2004, esto es, en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual
su situación fáctica se regía por el régimen de prima media y prestación definida, en
los términos de la Ley 100 de 1993, con excepción de la edad.
El 27 de marzo de 2018, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., emitió el
formato único para la expedición de certificado de salarios52 a través del cual enlista
los factores salariales devengados por la demandante en los años 2016, 2017 y
desde enero a febrero del 2018, a saber: asignación básica, bonificación decreto
(2016, 2017 y 2018) y primas de servicio, de navidad y de vacaciones (2016 y 2017).
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
En primer lugar, en el recurso de apelación la recurrente manifiesta que tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación de acuerdo con la
47
De acuerdo con el formato único para expedición de certificado de salarios, expedido el 27 de
marzo de 2018 por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C, folio 32 y en el formato 1 denominado
certificación de información laboral, emitido el12 de febrero de 2018, folio 38.
48
De acuerdo con el formato único para expedición de certificado de salarios, expedido el 27 de
marzo de 2018 por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C, folio 33 y en el formato 1 denominado
certificación de información laboral, emitido el12 de febrero de 2018, folio 38.
49 Tal como consta en el formato denominado certificación de información laboral, emitido el12 de
febrero de 2018, folio 38.
50 Folios 19 al 21.
51 Folio 23.
52 Folio 34.
16
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
Ley 71 de 1988, comoquiera que su vinculación como docente oficial data antes de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A su juicio, el artículo 81 de la Ley
812 de 2003 no exige la continuidad del servicio sino únicamente que se acredite
una vinculación con anterioridad a su entrada en vigencia, de manera que la
interrupción en la prestación del servicio no genera que el docente pierda su
derecho a obtener una pensión de jubilación con el régimen anterior a la referida
norma, es decir, en los términos de la Ley 71 de 1988.
Por su parte, el a quo determinó que la actora tenía derecho a una pensión de
jubilación de conformidad con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, porque aunque
acreditó haberse vinculado al servicio docente oficial el 16 de julio de 2001 hasta el
30 del noviembre de 2011, en calidad de interina, tuvo una interrupción en el servicio
superior a 15 días hábiles. En consecuencia, cuando entró a regir la Ley 812 de
2003, no estaba vinculada al servicio pues esto ocurrió nuevamente solo hasta el
18 de febrero de 2004.
Pues bien, para la Sala el a quo incurre en un yerro comoquiera que está acreditado
en el plenario que la señora Veloza ingresó al servicio de la docencia oficial el 16
de julio de 2001, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, por las siguientes razones:
Del material probatorio allegado al expediente se observa que la actora nació el 14
de julio de 1959,53 y que cumplió actividades como docente oficial desde el 16 de
julio de 2001 hasta el 12 de octubre de 2001, desde el 16 de octubre de 2001 hasta
el 30 de noviembre de 2001. Posteriormente, fue vinculada al servicio de la
Secretaría de Educación de Bogotá el 18 de febrero de 2004.
La Sala advierte que el tiempo comprendido entre el 16 de julio de 2001 hasta el 12
de octubre de 2001, desde el 16 de octubre de 2001 hasta el 30 de noviembre de
2001, sí debe tenerse como período efectivamente laborado en su calidad de
docente para efectos pensionales, con independencia de la intermitencia en la
53 Folio 50.
17
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
prestación del servicio de la actora como docente oficial, en los períodos de 2001 y
2004.
Sobre el asunto, si bien en el sub lite la actora no tuvo vinculación por contratos de
prestación de servicios, es preciso traer a colación que esta Subsección en asuntos
en los que se ha definido el régimen jurídico aplicable por causa de la discusión de
la fecha a partir de la cual docentes se vincularon al servicio oficial, en el marco de
contratos de prestación de servicios;54 ha considerado que la intermitencia no es un
factor que impida que la primera fecha de la prestación del servicio defina el régimen
jurídico aplicable, a saber:
En sentencia del 18 de noviembre de 2020,55 se demostró que la demandante de
aquella época laboró como docente a través de contratos u órdenes de prestación
de servicios celebrados desde el 23 de febrero de 1990 hasta el 30 de noviembre
de 1994, y con posterioridad de forma intermitente durante el período comprendido
entre 1999 y 2002. Bajo la misma modalidad de contratación referida, la
demandante fungió como educadora para el Municipio de Pereira desde el 27 de
febrero hasta el 12 de diciembre de 2003. Por otro lado, se acreditó que ejerció
labores como docente oficial al servicio del departamento de Risaralda, luego de
haber sido nombrada y haber tomado posesión del cargo desde el 4 de febrero de
2004 hasta el 27 de junio de 2014.
Al respecto, esta Subsección afirmó que «Lo expuesto implica que sin perjuicio de
la relación existente en tales períodos y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia una relación legal y
reglamentaria, sí debe entenderse que la señora Restrepo Morales ejerció funciones
propias e inherentes a la condición de docente estatal desde la primera ejecución
de la orden de prestación de servicios con fecha del 23 de febrero de 1990.».
54
Sin que se defina la existencia de una relación laboral, sino únicamente para efectos pensionales.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 18 de marzo de 2021, radicado N.° 66001-23-33-000-2016-00082-01(4676-17).
18
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
Por su parte, en sentencia del 18 de marzo de 2021,56 se demostró que la
demandante de aquella época laboró como docente del municipio de Armenia desde
el 15 de marzo de 2001 hasta el 14 de junio de 2002, a través de sendos contratos
laborales y prestación de servicios celebrados con la Cooperativa de Profesores y
Educadores del Quindío; posteriormente, bajo la misma modalidad de contratación,
pero esta vez con la propia entidad territorial referida desde el 4 de febrero de 2003
hasta finales de agosto del mismo año. Por último, ejerció labores como servidora
pública en calidad de docente oficial al servicio del municipio de Armenia, luego de
ser nombrada en provisionalidad y haber tomado posesión del cargo desde el 1.°
de septiembre de 2003 hasta el 2 de mayo de 2005.
En ese orden, se determinó que la demandante ejerció funciones como docente
estatal desde el 15 de marzo de 2001. En consecuencia, esta Subsección concluyó
que la actora ejerció su calidad de docente oficial afiliada al FNPSM, con acumulación
de aportes privados y públicos, antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.
Sentado lo anterior, y clarificado que la señora Veloza se vinculó al servicio de la
docencia oficial el 16 de julio de 2001, la Sala advierte que para los casos de
docentes con acumulación de aportes del sector público y del privado, la regla
jurisprudencial de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de abril
de 2019, relativa al régimen pensional aplicable a tales servidores, vinculados antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no podría ser la Ley 33 de 1985,
sino por analogía interpretativa y precisión normativa, el consagrado en la Ley 71
de 1988.
En ese sentido, conforme al material probatorio que obra en el expediente, la señora
Veloza adquirió el estatus jurídico pensional en los términos de la Ley 71 de 1988,
el 14 de julio de 2014, cuando cumplió 55 años de edad, pues los 20 años de servicio
los acreditó con anterioridad. Así las cosas, por cumplir con los requisitos exigidos
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 18 de marzo de 2021, radicado N.° 63001-23-33-000-2014-00249-01(0249-16).
19
Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
en la Ley 71 de 1988, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación conforme aquella norma.
En consecuencia, corresponde a la Sala dar aplicación a las reglas jurisprudenciales
establecidas en la aludida sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 -2019, en lo que
concierne a la liquidación del derecho pensional con los factores salariales previstos
en la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, comoquiera que al
margen de que la actora hubiese prestado sus servicios en instituciones educativas
oficiales y privadas, lo cierto es que desde el preciso momento en que aquella
detentó una vinculación legal y reglamentaria por más de 10 años, adquirió el
derecho a que se le diera el tratamiento normativo y jurisprudencial propio de los
educadores oficiales en lo que respecta a su pretensión de liquidación pensional.
Como expuso esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 -2019
del 25 de abril de 2019, su contenido constituye precedente vinculante y obligatorio
para los casos que guardan identidad fáctica y que se encuentran pendientes de
solución tanto en vía administrativa como judicial, siempre que no se haya
configurado el fenómeno de la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables,57 como sucede en el sub judice, dado que la
providencia apelada no ha quedado ejecutoriada.
Así las cosas, de acuerdo con la regla jurisprudencial establecida, el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación de la demandante comprende: a. el
período correspondiente al último año de servicio, anterior a la consolidación del
estatus pensional y b. los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes son los previstos en la Ley 62 de 1985, que, se repite, son: asignación
básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
57Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:
680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos
de la decisión».
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
Ahora, la Sala advierte que el último año inmediatamente anterior a la adquisición
del estatus jurídico pensional de la actora comprende desde el 14 de julio de 2013
hasta el 13 de julio de 2014, sin embargo, revisado el expediente se advierte que
no existe prueba sobre qué factores o emolumentos se realizaron los respectivos
aportes durante dicho tiempo, pues obran certificaciones de los años 2007 a 2011,
2016 a 2018. Por consiguiente, se ordenará la liquidación de la pensión con la
inclusión únicamente de los factores salariales consagrados en la Ley 62 de 1985 y
sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones.
Finalmente, en cuanto a la prescripción trienal de mesadas, es necesario tener en
cuenta que por un lado, la fecha de exigibilidad del derecho en el sub lite data el 14
de julio de 2014, cuando la demandante adquirió el estatus jurídico pensional y por
consiguiente consolidó la prerrogativa a percibir la prestación en litigio; y por el otro,
la petición mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación, fue radicada el 21 de noviembre de 2018.58 Es decir, la actora no ejerció
el derecho dentro del término de 3 años que establece el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968.
Por su parte, entre la fecha de presentación del derecho de petición referido y de la
demanda no se configuró la aludida prescripción porque esta última se radicó el 26
de marzo de 2019.59 En consecuencia, se declarará la prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 21 de noviembre de 2015.
Por lo expuesto, se concluye que el a quo no erró al declarar la nulidad del acto
reprochado, pero la Sala aclara que aquella nulidad se funda en las razones
expuestas en esta providencia.
Por su parte, se impone modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia emitida por el a quo, en el sentido de condenar a la entidad demandada
a reconocer y pagar a la demandante, en su calidad de docente con acumulación
de aportes privados y públicos y con el ejercicio de dicha actividad como educadora
58 Conforme consta en la parte motiva de la Resolución N.º 308 de 18 de enero de 2019, folio 23.
59 Folio 1.
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, una pensión de jubilación con base en
los preceptos de la Ley 71 de 1988, a partir del 21 de noviembre de 2015, por
prescripción trienal, la cual debe ser liquidada en un monto equivalente al 75 % del
IBL calculado con los factores salariales devengados y sobre los cuales se haya
realizado aportes a pensión, siempre y cuando sean aquellos enlistados en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, durante en el año anterior a la adquisición del
estatus jurídico pensional, es decir, desde el 14 de julio de 2013 hasta el 13 de julio
de 2014.
3. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201660, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del
artículo 365 del Código General del Proceso61, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, en cuanto no resultaron probadas, teniendo en consideración que la decisión
favorable a la actora es el resultado de un cambio jurisprudencial que se produjo
durante el transcurso del proceso.
4. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que el a quo no erró al declarar la nulidad del acto
reprochado, pero la Sala aclara que aquella nulidad se funda en las razones
expuestas en esta providencia.
Por consiguiente, se impone modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de
la sentencia recurrida, en el sentido de condenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar a la señora Luisa Elena Veloza, en su calidad de docente con
acumulación de aportes privados y públicos y con el ejercicio de dicha actividad
como educadora antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, una pensión de
jubilación con base en los preceptos de la Ley 71 de 1988, a partir del 21 de
noviembre de 2015, por prescripción trienal, la cual debe ser liquidada en un monto
equivalente al 75 % del IBL calculado con los factores salariales devengados y sobre
los cuales se haya realizado aportes a pensión, siempre y cuando sean aquellos
enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, durante en el año anterior a la
adquisición del estatus jurídico pensional, es decir, desde el 14 de julio de 2013
hasta el 13 de julio de 2014.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
61 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
F A L L A:
Primero. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 28 de enero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, en el proceso promovido por la señora Luisa Elena Veloza contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; en el sentido de condenar a la entidad demandada a
reconocer una pensión de jubilación a la actora a partir del 14 de julio de 2014, con
efectos fiscales desde el 21 de noviembre de 2015, por prescripción trienal, la cual
debe liquidarse en un monto equivalente al 75 % del IBL calculado con los factores
salariales devengados y sobre los cuales se hayan realizado aportes a pensión,
siempre y cuando sean aquellos enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985,
durante en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, es decir,
desde el 14 de julio de 2013 hasta el 13 de julio de 2014.
Segundo. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción alegada por
COLPENSIONES, respecto de las mesadas pensionales adeudadas a la demandante
con anterioridad al 21 de noviembre de 2015.
Tercero. Conminar a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a que repita contra COLPENSIONES por las
cuotas partes que a esta le corresponden en cuanto a la financiación de la
prestación reconocida a la actora, de conformidad con el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994 (regulatorio de la Ley 71 de 1988), por tratarse de una pensión por
aportes, salvo los períodos donde se evidencie una doble cotización.
Cuarto. Ordenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, cancelar las mesadas adeudadas a la señora
Luisa Elena Veloza, a partir del 21 de noviembre de 2015, por prescripción trienal,
de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo 187 del CPACA,
es decir, con base en la siguiente fórmula:
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Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)
Demandante: Luisa Elena Veloza
R= Rh x índice final
Índice inicial
La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia con base en los términos
y previsiones de los artículos 195 y siguientes del CPACA.
Quinto. Confirmar en lo demás la sentencia del 28 de enero de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
Sexto. Sin condena en costas en segunda instancia.
Séptimo. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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