Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01272-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01272-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01272-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01272-01 (1327-2025)
Demandante: Fabiola Martínez Rodríguez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988.
Decisión: Modificar y adicionar la sentencia de primera instancia
porque la solución de continuidad en los periodos laborados
como docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 no impide el reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, pero se debe
precisar la fecha en la que la demandante consolidó el
derecho, y ordenar el cobro de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones durante los lapsos en los que
fue vinculada a través de contratos de prestación de
servicios.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 19 de diciembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Fabiola Martínez Rodríguez interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad de la Resolución 1.210-68-00950 del 24 de abril de 2020,
mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión jubilación de la
Ley 71 de 1988.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la pensión de
jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas a
partir del 19 de noviembre de 2016, fecha en la que adquirió el estatus pensional;
(ii) pagar las mesadas causadas desde la adquisición del derecho; (iii) indexar
las sumas adeudadas y ordenar e incluir los intereses moratorios que se generen
después de la ejecutoria del fallo; (iv) dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y (v) condenar en costas a la
parte demandada.
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Demandante:Fabiola Martínez Rodríguez
3. Como hechos relevantes, la parte actora manifestó haber cumplido 55 años
de edad el 31 de octubre de 2013, haber laborado como docente oficial y también
en el sector privado, de forma tal que acumuló 8126 días de servicios.
4. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse 1, señaló que la entidad demandada desconoció
que la señora Martínez Rodríguez se vinculó mediante contrato de prestación de
servicios el 10 de mayo de 2001, esto es, con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. Por tal razón, consideró aplicables los artículos
7.º de la Ley 71 de 1988 y 8.º del Decreto 2708 de 1994.
Contestación de la demanda
5. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
al estimar que la demandante se vinculó como docente en propiedad con
posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003. Razón por la cual sostuvo
que el régimen pensional aplicable es el previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003.
6. Propuso como excepciones: (i) inexistencia de la obligación o cobro de lo
no debido, y (ii) genérica.
Decisión de las excepciones previas
7. Mediante auto de 5 de octubre de 20232, el Tribunal indicó que las
excepciones propuestas por la entidad demandada no tienen carácter de previas
por lo que serían objeto de análisis en la sentencia. Dicha decisión no fue
recurrida.
Sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, mediante la sentencia del 19 de diciembre de 2024.
9. En ese sentido, señaló que en el proceso se acreditó que la señora Fabiola
Martínez Rodríguez nació el 31 de octubre de 1958 y se vinculó mediante
contratos de prestación de servicios en el Departamento del Valle del Cauca
durante los siguientes periodos: 10 de mayo al 30 de junio de 2001; 3 de
septiembre al 5 de diciembre de 2001; 8 de enero al 5 de julio de 2002; 26 de
agosto al 22 de noviembre de 2002; 7 de enero al 4 de abril de 2003; 7 de abril
al 4 de julio de 2003; 25 de agosto al 30 de octubre de 2003; y 31 de octubre al
18 de diciembre de 2003.
1 Artículos 1,2,4,6,13,25,29,48,53,58, y 243 de la Constitución Política; 1, 2 , 36 literal f del Decreto 2277 de
1979; 17 de la Ley 6ª de 1945: 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989; 279 de la Ley 100 de 1993;
81 de la Ley 812 de 2003; y Acto Legislativo 01 de 2005.
2 Índice 25 SAMAI del Tribunal
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10. Asimismo, se vinculó como docente en provisionalidad en la Institución
Educativa Ginebra de la Salle desde el 24 de octubre de 2004 hasta el 20 de
agosto de 2005; desde el 24 de octubre de 2005 hasta el 20 de agosto de 2008;
y posteriormente, en propiedad en la Institución Educativa Manuela Beltrán desde
el 28 de agosto de 2008 hasta el 1 de enero de 20193.
11. De conformidad con el resumen de semanas cotizadas emitido por
Colpensiones, señaló que acreditó un total de 351,29 semanas correspondientes
al período ininterrumpido comprendido entre el 4 de octubre de 1994 y el 31 de
julio de 2001, que corresponde a 6 años, 8 meses y 27 días.
12. Dado que la demandante laboraba como docente antes del 27 de junio de
2003, consideró que le resulta aplicable lo establecido en la Ley 71 de 1988, en
razón de su vinculación mediante orden de prestación de servicios.
13. Por lo tanto, accedió a las pretensiones y determinó que la base de
liquidación de la pensión de jubilación de la accionante debe realizarse teniendo
en cuenta únicamente los factores salariales establecidos en la Ley 62 de 1985,
siempre que hayan sido devengados y descontados durante el último año de
labores, debido a que, para el 1 de enero de 2019, tenía más de 55 años y realizó
cotizaciones en el sector público y privado por más de 23 años, 9 meses y 7 días.
14. El Tribunal precisó que la demandante para el 23 de febrero de 2015
cumplió 20 años de servicio, y que para la fecha contaba con 56 años de edad.
15. Asimismo, indicó que, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994 y en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) está facultado para exigir la cuota
parte correspondiente a la caja de previsión en la cual se efectuaron los aportes,
que en el caso concreto corresponde a COLPENSIONES.
16. En cuanto a la prescripción, estableció que el derecho pensional se causó
el 23 de febrero de 2015, y que la reclamación administrativa fue presentada el
18 de junio de 2019. Por lo tanto, operó la prescripción respecto de las mesadas
anteriores al 18 de junio de 2016.
17. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la demandada.
Recurso de apelación
18. La apoderada de la entidad demandada, inconforme con la decisión de
primera instancia, interpuso recurso de apelación, argumentando que la
demandante fue vinculada el 14 de octubre de 2005, por lo cual resulta aplicable
el régimen pensional establecido en la Ley 100 de 1993.
3 Fecha de expedición del certificado.
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19. En relación con las vinculaciones celebradas mediante órdenes de
prestación de servicios, sostuvo que estas no deben ser tenidas en cuenta, en la
medida en que no se acreditó la existencia de una relación laboral subordinada.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. En auto del 12 de junio de 20254, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la accionante.
21. Las partes del proceso, pese a ser notificadas5, guardaron silencio.
22. El ministerio público rindió concepto6 en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, al considerar acreditado que la parte demandante
se vinculó como docente oficial, inicialmente mediante contratos de prestación de
servicios, entre el 10 de mayo de 2001 y el 19 de diciembre de 2003, lo que
demuestra su vinculación con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
24. De acuerdo con los reproches planteados en el recurso de apelación, la
Sala debe establecer si la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, teniendo en
cuenta su vinculación mediante contratos de prestación de servicios suscritos
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
Análisis del problema jurídico
25. La Sala modificará parcialmente la sentencia de primera instancia, porque
si bien es cierto que la accionante ingresó al servicio educativo antes de que
entrara en vigor la Ley 812 de 2003, y que su régimen pensional es el contenido
en la Ley 71 de 1988, consolidó su estatus en un momento posterior al
establecido a la sentencia de primera instancia. Asimismo, se adicionará el fallo
apelado a fin de ordenar que se lleven a cabo las acciones pertinentes para el
cobro de los aportes en seguridad social en pensiones durante los lapsos en los
4 Índice 4 SAMAI del Consejo de Estado
5 Índice 7 SAMAI del Consejo de Estado
6 Índice 9 SAMAI del Consejo de Estado
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que la demandante estuvo vinculada a través de contratos de prestación de
servicios.
26. La decisión se sustenta en el examen de legalidad de la prestación
reconocida en primera instancia, en el deber del juez de salvaguardar el orden
jurídico conforme a lo previsto en el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, así
como lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso que
establece que el superior debe pronunciarse sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, como lo
es la correcta estructuración de la prestación social.
27. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:
i) La señora Fabiola Martínez Rodríguez nació el 31 de octubre de 19587
y trabajó como docente oficial en los siguientes periodos:
Tipo de vinculación Entidad Desde - Hasta Tiempo de servicios
contratante o
empleadora
Contrato de prestación Municipio de 10 de mayo al 30 de 52 días
de servicio 1208 de Ginebra junio de 2001
20018
Contrato de prestación Municipio de 3 de septiembre al 5 94 días
de servicio 1208 de Ginebra de diciembre de 2001
20019
Contrato de prestación Municipio de 8 de enero al 5 de julio 179 días
de servicio 1208 de Ginebra de 2002
200210
Contrato de prestación Municipio de 26 de agosto al 22 de 89 días
de servicio 1208 de Ginebra noviembre de 2002
200211
Contrato de prestación Municipio de 7 de enero al 4 de abril 88 días
de servicio 1208 de Ginebra de 2003
200312
Contrato de prestación Municipio de 7 de abril al 4 de julio 89 días
de servicio1208 de Ginebra de 2003
200313
Contrato de prestación Municipio de 25 de agosto al 30 de 67 días
de servicio 1208 de Ginebra octubre de 2003
14
2003
Contrato de prestación Municipio de 31 de octubre al 19 de 50 días
de servicio 1208 de Ginebra diciembre de 2003
200315
7 Folios 73 a 74. Archivo demanda. índice 23 SAMAI del Tribunal.
8 Archivo demanda. índice 23 SAMAI del Tribunal
9 Ibidem
10 Ibidem
11 Ibidem
12 Ibidem
13 Ibidem
14 Ibidem
15 Ibidem
5
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Demandante:Fabiola Martínez Rodríguez
Decreto 1859 de 2004 Municipio de 20 de octubre de 2004 305 días
Docente en Ginebra al 20 de agosto de
provisionalidad16 2005
Decreto 1743 de 2005 Municipio de 24 de octubre de 2005
Docente en Ginebra al 20 de agosto de 1.032 días
provisionalidad17 2008
Decreto 0868 de 2008 Municipio de 28 de agosto de 2008 706 días
Periodo de prueba Ginebra al 3 de agosto de
nombramiento en 2010
propiedad18
Decreto 286 de 2010 Municipio de 4 de agosto de 2010 3.236 días
Nombramiento en Ginebra al 13 de junio de 2019
propiedad19 (fecha de expedición
de certificado)
5.987 días,
equivalentes 16 años,
7 meses y 7 días
ii) La actora también registra 351,29 semanas de cotización en
Colpensiones20, producto de labores realizadas en el sector privado
entre el 4 de octubre de 1994 al 31 de agosto de 2001, equivalentes a
6 años, 8 meses y 29 días.
28. En el caso concreto la entidad accionada manifestó que no es posible
contabilizar el tiempo de labores mediante contratos de prestación de servicios
porque la actora no habría realizado aportes a pensión durante la ejecución de
ellos.
29. Al respecto, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere trabajado en el sector público a través de contratos de prestación
de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 son válidos
para efectos de acceder al régimen pensional de que trata la Ley 33 de 1985 y
acreditar los 20 años de servicio que esta última exige para adquirir el derecho a
una pensión de jubilación, aun sin que haya sentencia judicial que declare la
configuración de una relación de trabajo encubierta, teniendo en cuenta que la
labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de
docente oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza
laboral, con independencia de la denominación contractual que se les designe21.
30. Adicionalmente, los tiempos durante los cuales la actora laboró como
docente contratista estuvieron comprendidos entre los años 2001 y 2003, es
decir, se trata de lapsos anteriores a la Ley 797 de 2003, norma que introdujo en
16 Folio 42. Ibidem
17 Folio 43 a 44. Ibidem
18 Folio 46 a 48. Ibidem
19Folio 46 a 48. Ibidem
20 Folios 28 al 31. Ibidem.
21 Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-
01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-
2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
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su artículo 4 el deber que tienen los contratistas por prestación de servicios de
efectuar aportes a pensión.
31. Así las cosas, la posibilidad de contabilizar los períodos en que la
demandante fungió como docente contratista entre 2001 y 2003 no puede estar
supeditada a demostrar la realización de aportes con destino al sistema de
pensiones, ya que para ese momento no existía norma jurídica que estableciera
la obligación de efectuar tales cotizaciones en el caso de los contratistas por
prestación de servicios, pues esta se introdujo en el ordenamiento jurídico
colombiano en el año 2003, con la Ley 79722.
32. Lo anterior no implica viabilizar el reconocimiento y pago de pensiones con
base en tiempos de servicio respecto de los cuales no se hayan realizado
aportes, debido a que esto contravendría el principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política y
la jurisprudencia unificada de esta corporación23. En este tipo de situaciones, lo
que corresponde es ordenar a la entidad de previsión que realice el cobro de los
aportes a quienes fungieron como contratante y contratista, en los porcentajes
que la ley señala para el empleador y el trabajador, respectivamente.
33. Precisado lo anterior, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005) establecen que el régimen pensional de los
docentes vinculados al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) es el previsto en la Ley 91 de 1989, que
habilita la remisión a la Ley 71 de 198824.
34. En ese contexto, está demostrado que la demandante ingresó a la
docencia oficial el 10 de mayo de 2001, razón por la cual su régimen pensional
no está previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, como se adujo en el
recurso de apelación, sino en la Ley 91 de 1989, que permitía analizar su
situación jurídica conforme a la Ley 71 de 1988.
35. La Sala advierte que de los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por
el Acto Legislativo 01 de 2005) no se desprende ninguna exigencia referida a la
continuidad en la vinculación docente para acceder a la pensión de jubilación
bajo la Ley 91 de 1989.
36. Sobre el particular, vale la pena precisar que las interrupciones en las
labores como docente oficial no impiden el reconocimiento de los lapsos previos
al 27 de junio de 2003, puesto que los maestros vinculados con anterioridad a
esa fecha y que cumplen los requisitos previstos en la Ley 91 de 1989 se rigen
por esta en atención a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa,
22 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 29 de mayo de 2025, expediente 20001-23-33-000-2019-00340-01 (6154-2024).
23 Ver sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado dentro del expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.
24 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 17 de julio de 2025, expediente 52001-23-33-000-2018-00464-01 (1334-2022).
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el cual se distingue porque «(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia
de un régimen de transición [como en este caso, pues el artículo 81 de la Ley 812
de 2003 no previó un régimen de transición]; (ii) se debe cotejar una norma
derogada con una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica
concreta, la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora»25.
37. Adicionalmente, esta Subsección ha señalado que «la intermitencia no es
un factor que impida que la primera fecha de la prestación del servicio defina el
régimen jurídico aplicable»26, por lo que la interrupción de la labor docente no es
motivo para descartar el primer vínculo en la docencia oficial antes del 27 de junio
de 2003, teniendo en cuenta que el interesado podía colmar las exigencias del
régimen pensional en virtud de un nuevo nombramiento en el sector oficial, en
tanto «ya tenía la expectativa legítima de que lo haría con base en la
regulación»27.
38. De acuerdo con el tiempo de servicio acreditado y relacionado
previamente, la Sala advierte que la demandante consolidó el estatus pensional
el 16 de enero de 201628, cuando cumplió 20 años de servicio en los sectores
público y privado, y no el 23 de febrero de 2015 como se estableció en la
sentencia de primera instancia.
39. Al respecto, se pone de presente que el artículo 103 de la Ley 1437 de
2011 consagra el principio de preservación del orden jurídico como rector del
proceso contencioso administrativo. Este principio implica el deber de sujeción a
la legalidad.
40. La interpretación de dicho principio debe hacerse junto con la regla
establecida en el artículo 187 de la misma normativa, que faculta al juez de
segunda instancia para estudiar y decidir todas las excepciones de fondo, hayan
sido propuestas o no, siempre que ello no implique desmejorar la situación del
apelante único.
41. Dicha previsión refleja una diferencia sustancial respecto del régimen
procesal contenido en el Código General del Proceso, pues flexibiliza las reglas
de congruencia de la sentencia establecidas en el artículo 281 de la Ley 1564 de
2012. Esta particularidad obedece a la naturaleza de los procesos contencioso-
administrativos y pone de manifiesto la intención del legislador de conferir al juez
un rol más activo en el control de legalidad de los actos administrativos y de las
decisiones que de ellos se derivan, puesto que le permite sustentar sus
decisiones en argumentos que no hayan sido planteados por las partes.
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de febrero de 2011, Radicación
40.662.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 25 de agosto de 2022, expediente 25000-23-42-000-2019-00507-01 (4275-2021).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 23 de mayo de 2024, expediente 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023).
28 La fecha del 16 de enero de 2016 se determinó al sumar los periodos de 16 años, 7 meses y 7 días
laborados como docente oficial y 6 años, 9 meses y 29 días trabajados en el sector privado, lo que equivale
en total a 23 años, 11 meses y 6 días de servicio en los sectores público y privado.
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42. Esa orientación acerca del papel del juez como garante del orden jurídico
adquiere especial relevancia en materia pensional, al punto de que el numeral 7
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 establece como causal de revisión los
casos en los que se advierta que la persona en cuyo favor se reconoció una
prestación periódica carecía del derecho para obtenerla.
43. Además, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece causales
específicas para la revisión de los actos de reconocimiento pensional, con el fin
de garantizar que las prestaciones se otorguen conforme a los requisitos y
condiciones previstos en las disposiciones legales que las regulan.
44. En ese contexto, la actuación del juez de segunda instancia debe
orientarse por el principio de preservación del orden jurídico. Dicho principio
impone el deber de asegurar que las decisiones judiciales sean coherentes con
el marco normativo vigente y que el reconocimiento de derechos prestacionales
se funde en situaciones que satisfagan plenamente los requisitos legales.
45. Así, si en el análisis del caso concreto se advierte que la prestación fue
reconocida en primera instancia sin tener en cuenta las previsiones de la ley, el
juez no puede confirmar la decisión con el único argumento de que no fue objeto
de apelación, pues ello implicaría perpetuar un acto contrario a la legalidad y
vulnerar los fines de la función jurisdiccional.
46. En tal sentido, el control judicial debe ejercerse con rigor y orientarse a
garantizar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, de manera que las
decisiones no comprometan injustificadamente el erario ni produzcan efectos
contrarios a la ley. Esta exigencia se armoniza con lo previsto en el artículo 328
del Código General del Proceso, según el cual el superior debe pronunciarse
sobre los argumentos del apelante, sin perjuicio de las determinaciones que deba
adoptar de oficio, como ocurre frente a una indebida fijación de la efectividad de
una pensión. En tales circunstancias, la sentencia podría ser infirmada mediante
los mecanismos extraordinarios de control judicial (recurso extraordinario de
revisión o acción especial de revisión), lo que representaría un desgaste
innecesario para la administración de justicia.
47. Dentro de ese marco normativo, la Sala modificará parcialmente la
sentencia de primera instancia a fin de precisar que el FOMAG debe reconocer y
pagar la pensión de jubilación de la demandante a partir del 16 de enero de 2016,
la cual se liquidará en cuantía equivalente al 75 % de los factores salariales sobre
los cuales se hicieron aportes entre el 16 de enero de 2015 y el 15 de enero de
2016, enlistados en la Ley 62 de 1985.
48. Sin embargo, se confirmará la decisión de declarar prescritas con
anterioridad al 18 de junio de 2016, toda vez que la reclamación administrativa
fue presentada el 18 de junio de 2019 y que la demanda se radicó el 19 de octubre
de 2020.
49. Por lo expuesto, la Sala modificará la sentencia de primera instancia en el
sentido en el que la pensión se debe calcular con base en el 75% de lo devengado
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Demandante:Fabiola Martínez Rodríguez
entre el 16 de enero de 2015 y el 15 de enero de 2016, exclusivamente con los
factores consagrados en la Ley 62 de 1985.
50. Asimismo, confirmará que se encuentran prescritas las mesadas
anteriores al 18 de junio de 2016.
51. Por último, adicionará la sentencia en el sentido de ordenar al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que adelante las actuaciones
administrativas que estime pertinentes para adelantar las acciones de cobro tanto
frente al municipio de Ginebra, Valle del Cauca y de la demandante durante los
períodos en que esta fue vinculada a través de contratos de prestación de
servicios.
Condena en costas
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
54. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida A;
la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
55. Así las cosas, se impondrán costas a la entidad demandada en segunda
instancia, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación
y la modificación no afecta el derecho reconocido. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
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Demandante:Fabiola Martínez Rodríguez
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFCAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida el 19 de
diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual
quedará en los siguientes términos:
«SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordena a la Nación – Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG, reconocer y pagar en favor de la señora Fabiola Martínez
Rodríguez, una pensión de jubilación por aportes, efectiva desde el 16 de
enero de 2016, con base en el 75% de lo devengado entre el 16 de enero
de 2015 y el 15 de enero de 2016, con los factores consagrados en la Ley
62 de 1985.
Adicionalmente, se declara la prescripción de las mesadas anteriores al 18
de junio de 2016, por prescripción.
Así mismo, se advierte la compatibilidad de la prestación social con el salario
devengado como docente, esto es, sin exigir el retiro del servicio, atendiendo
a las razones descritas en la parte motiva de esta decisión.
Las sumas que se reconozcan a la demandante, serán indexadas, en la
forma como se indicó en la parte motiva de esta providencia. Se aclara que,
por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse
mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada una de ellas.
La entidad demandada descontará los aportes legales a seguridad social
debidamente indexados, correspondientes a las mesadas pensionales que
se paguen a la accionante con ocasión al cumplimiento de la presente
providencia. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994 y el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, el FOMAG podrá de exigir
la cuota parte a las entidades, cajas de previsión, particulares o fondos de
pensiones por los aportes que correspondían durante el tiempo que el
trabajador prestó sus servicios».
SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de ORDENAR a la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio que adelante las siguientes actuaciones:
1) Que lleva a cabo las acciones de cobro contra Fabiola Martínez Rodríguez
y el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, en su calidad de trabajadora y
empleador, respectivamente, por los aportes pensionales dejados de
efectuar durante los siguientes periodos: (i) del 10 de mayo al 30 de junio
de 2001; (ii) del 3 de septiembre al 5 de diciembre de 2001; (iii) del 8 de
enero al 5 de julio de 2002; (iv) del 26 de agosto al 22 de noviembre de
2002; (v) del 7 de enero al 4 de abril de 2003; (vi) del 7 de abril al 4 de julio
de 2003; (vii) del 25 de agosto al 30 de octubre de 2003; (viii) del 31 de
octubre al 19 de diciembre de 2003.
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Demandante:Fabiola Martínez Rodríguez
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la presente
providencia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA : La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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