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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00340-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00340-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. ADICIONAR la sentencia dictada el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido de indicar que el FOMAG deberá adelantar las acciones previstas en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, para garantizar la sostenibilidad del sistema. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia. CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2019-00340-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00340-01 (6154-2024)
Demandante: Catalina Isabel Rodríguez Méndez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento del
Cesar – Secretaría de Educación Departamental, Municipio
de Aguachica

Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente –
adiciona y confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte
demandada contra la sentencia dictada el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

2. La señora Catalina Isabel Rodríguez Méndez interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
objeto de que se declare la nulidad del oficio GC-EXT-10004-2017 del 21 de junio
de 2017, por medio del cual se negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer y pagar la
pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas en
el año anterior al 17 de mayo de 2014, fecha en la que adquirió el estatus
pensional; (ii) indexar las sumas objeto de condena; (iii) reconocer los intereses
moratorios sobre estas; y (iv) condenar en costas a la parte demandada.

Hechos relevantes

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00340-01 (6154-2024)
Demandante: Catalina Isabel Rodríguez Méndez

4. La señora Catalina Isabel Rodríguez Méndez nació el 17 de mayo de 1959;
prestó sus servicios como docente en el municipio de Aguachica mediante
contratos de prestación de servicios en los siguientes periodos: (i) 19 de febrero
a 30 de noviembre de 1993; (ii) 7 de febrero a 7 de diciembre de 1994; (iii) 1 de
febrero a 30 de noviembre de 1995; (iv) 16 de enero a 31 de diciembre de 1996.

5. El 26 de septiembre de 1997 se posesionó como docente oficial del
municipio de Aguachica, y a la fecha de la presentación de la demanda
continuaba ejerciendo como maestra.

6. Afirmó que al haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 33
de 1985 para acceder a la pensión de jubilación, esto es, tener 55 años de edad
y acreditar al menos 20 años de servicio, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación.

7. Sin embargo, la entidad negó la petición a través del oficio GC-EXT-10004-
2017 del 21 de junio de 2017, al considerar que los contratos de prestación de
servicios celebrados no generaban una relación laboral ni daban lugar al
reconocimiento de prestaciones sociales.

Normas violadas y concepto de la violación

8. La accionante señaló que con la negativa de la entidad se desconocieron
las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53, y 58 de la
Constitución Política; Ley 114 de 1913; Ley 116 de 1928; Ley 37 de 1933; Ley 4
de 1966; Ley 91 de 1989; Ley 33 de 1985; Ley 715 de 2001; y Decreto 2277 de
1979.

9. En el concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse teniendo en cuenta que la señora Rodríguez
Méndez se vinculó al servicio oficial docente con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez es el previsto en la Ley 33 de
1985.

Contestación de la demanda

10. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda
porque el régimen pensional aplicable a la demandante correspondía al
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, debido a que se vinculó al
servicio público oficial con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003. Además, precisó que no puede acceder a la pensión de jubilación por
aportes regulada por la Ley 71 de 1988 debido a que no es beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

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Demandante: Catalina Isabel Rodríguez Méndez

11. Como excepciones propuso: (i) ineptitud de la demanda por carencia de
fundamento jurídico; y (ii) cobro de lo no debido.

12. Por su parte, el departamento del Cesar argumentó que carecía de
legitimidad por pasiva, en tanto la entidad competente para el reconocimiento y
pago de la pensión solicitada bajo el amparo de la Ley 33 de 1985 es el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la Fiduprevisora.

13. Adicionalmente, señaló que las vinculaciones de la docente mediante
ordenes de prestación de servicios no generaba el «pago de las prestaciones
sociales», pues para ello se requería demostrar la configuración de la relación
laboral.

14. Como excepciones invocó: (i) legalidad del acto acusado; (ii) inexistencia
del derecho reclamado; y (iii) la genérica.

15. El municipio de Aguachica contestó la demanda de manera extemporánea.

La sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo del Cesar mediante la sentencia del 29 de
agosto de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda, y en consecuencia,
declaró la nulidad del oficio GC-EXT-10004-2017 del 21 de junio de 2017 y
condenó a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la pensión de jubilación bajo las
disposiciones de la Ley 33 de 1985.

17. Como fundamento principal, indicó que el régimen pensional aplicable a
los docentes oficiales se define con base en la fecha de su vinculación al servicio
público. Así, los docentes que ingresaron antes del 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se rigen por el régimen previsto en la
Ley 33 de 1985, mientras que aquellos que lo hicieron con posterioridad les
resultan aplicables las disposiciones del régimen de prima media con prestación
definida, previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

18. Al analizar el caso concreto, estableció que la señora Murillo Gálvez se
vinculó al servicio público docente el 26 de septiembre de 1997, cuando «tomó
posesión del cargo de educadora en el municipio de Aguachica», es decir, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, el
régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 33 de 1985, que exige como
requisitos para adquirir el derecho haber cumplido 55 años de edad y acreditar
20 años de servicio, continuos o discontinuos.

19. De acuerdo con el material probatorio, se acreditó que la señora Murillo
Gálvez nació el 17 de mayo de 1959, por lo que alcanzó la edad exigida para
acceder a la pensión de jubilación el 17 de mayo de 2014. Para esa misma fecha,
también acumulaba un tiempo de servicio superior a los 20 de servicio docente,

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Demandante: Catalina Isabel Rodríguez Méndez

razón por la cual cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley
33 de 1985.

20. En relación con el tiempo de servicio, el Tribunal determinó que debían
contabilizarse tanto los periodos en los que la actora prestó sus servicios como
docente mediante contratos de prestación suscritos con el municipio de
Aguachica, esto es, entre el 18 de febrero de 1993 y el 31 de diciembre de 1996,
como aquellos en los que ejerció como educadora en propiedad de esa misma
entidad territorial, entre el 26 de septiembre de 1997 y el 2 de marzo de 2017.

21. Adicionalmente, señaló que la base de liquidación de la pensión de
jubilación de los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 debe estar constituida por los factores establecidos en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y los Decretos 633 y 634 de 2007, el Decreto
1566 de 2014 y el Decreto 2354 de 2018.

22. En el presente asunto, evidenció que los factores salariales percibidos por
la accionante durante el 17 de mayo de 2013 y 16 de mayo de 2014, año anterior
a la consolidación de su estatus pensional, correspondían a la asignación básica
y la mensual docente, por lo que dichos conceptos eran los únicos que integrarían
el ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación.

23. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada.

El recurso de apelación

24. La apoderada de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia porque a su juicio no se tuvo en cuenta la señora
Rodríguez Méndez se vinculó como docente «al servicio del FOMAG» con
posterioridad al 2003, por tanto, el régimen pensional aplicable era el previsto en
las Leyes 100 de 1993, 812 y 797 de 2003.

25. Afirmó que durante el tiempo en que la demandante prestó sus servicios
mediante contratos de prestación no realizó aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, lo que imposibilita su acceso a la pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985, al tratarse de un requisito indispensable para su
reconocimiento.

26. Así mismo, sostuvo que no le resultaba aplicable el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 7
de la Ley 71 de 1988, dado que para el 1 de abril de 1994 la actora tenía «35
años», es decir, no cumplía la edad mínima exigida para ser beneficiaria.

27. En consecuencia, solicitó que sea revocada y que se nieguen las
pretensiones.

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Demandante: Catalina Isabel Rodríguez Méndez

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico:

28. Le corresponde a la Sala determinar si para efectos del reconocimiento
de la pensión de la señora Rodríguez Méndez se pueden tener en cuenta los
lapsos en que suscribió contratos de prestación de servicios con el municipio de
Aguachica, y si para el efecto es imperativo que hubiera realizado aportes al
sistema de seguridad en pensiones en ese período.

El caso concreto

29. En primer lugar, corresponde a la Sala establecer si el Tribunal incurrió en
error al no considerar que la señora Rodríguez Méndez «se vinculó como docente
al servicio del FOMAG» con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, lo que en criterio la recurrente, conllevaría la aplicación del régimen
pensional general de prima media previsto en la Ley 100 de 1993 y no del
régimen consagrado en la Ley 33 de 1985.

30. Sobre este particular, conviene reiterar que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por
el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, y la Sentencia de Unificación SUJ-
014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional aplicable a los
docentes vinculados al servicio oficial depende de la fecha de su vinculación
inicial.

31. Así, quienes ingresaron al servicio docente antes del 27 de junio de 2003,
fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se rigen por el régimen
contenido en la Ley 33 de 1985; en tanto que aquellos cuya vinculación ocurrió
con posterioridad se encuentran cobijados por el régimen general de prima media
consagrado en la Ley 100 de 1993.

32. A su vez, el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 señala que los docentes
oficiales tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75%
del salario promedio del último año de servicio, siempre que acrediten (i) haber
cumplido 55 años y (ii) 20 años de servicios, «continuos o discontinuos».

33. En el presente caso, se encuentra acreditado que la señora Catalina Isabel
Rodríguez Méndez ingresó al servicio público docente el 19 de febrero de 1993,
mediante contratos de prestación de servicios celebrados con el municipio de
Aguachica. Dicha vinculación se produjo con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, por lo que resulta aplicable el régimen pensional especial
contenido en la Ley 33 de 1985.

34. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido de
manera uniforme que los períodos en los cuales un docente prestó sus servicios
al sector público bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, antes
del 27 de junio de 2003, deben tenerse en cuenta tanto para acreditar el tiempo
de servicio exigido por la Ley 33 de 1985, como para establecer la fecha de

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Demandante: Catalina Isabel Rodríguez Méndez

vinculación al servicio docente oficial. Ello, en atención a que la labor
desempeñada en esos periodos es propia e inherente a la condición de docente
oficial1.

35. En consecuencia, no le asiste razón al a quo al fijar como fecha de ingreso
al servicio docente el 26 de septiembre de 1997, pues ello desconoce que desde
1993 la señora Rodríguez Méndez ya ejercía funciones propias de la docencia
oficial bajo condiciones materiales de subordinación.

36. Adicionalmente, en el expediente está demostrado que la demandante
nació el 17 de mayo de 19592, y según consta en los certificados de historia
laboral, prestó sus servicios docentes en el municipio de Aguachica durante los
siguientes periodos:

Vinculación Desde - Hasta Tiempo de servicios
Contrato núm. 1013 19/02/93 al 30/11/93 285 días
Contrato núm. 1014 7/02/94 al 7/12/94 304 días
Contrato núm. 0605 1/02/95 al 30/11/95 303 días
Contrato núm. 0606 16/01/96 al 31/12/96 351 días
Decreto núm. 1807 26/09/97 al 17/05/14 6.078 días
7.321 días

37. Lo anterior permite concluir que, acertó el Tribunal al determinar que la
señora Catalina Isabel Rodríguez Méndez tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión de vejez en los términos del artículo 1 de la Ley 33 de 1985,
pues (i) acreditó más de 20 años de servicio y (ii) cumplió los 55 años el 17 de
mayo de 2014.

38. Aunque en el recurso de apelación se mencionó que la actora no estaba
vinculada al FOMAG para el 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, ello no impide el reconocimiento de los lapsos anteriores,
puesto que los docentes vinculados con anterioridad y que cumplen con los
requisitos previstos en la Ley 91 de 1989 son beneficiarios del mismo en atención
a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el cual se distingue
porque: «(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de
transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el
destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, dado que
con la nueva ley se le desmejora».

1 Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-
33-000-2016-00082-01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-
33-000-2018-00183-01 (4650-2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-
33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
2 Folios 1 a 3, índice 55 del aplicativo Samai del Tribunal.
3 Folios 14 a 20, índice 55 del aplicativo Samai del Tribunal.
4 Folios 22 a 28, índice 55 del aplicativo Samai del Tribunal.
5 Folio 30, índice 55 del aplicativo Samai del Tribunal.
6 Folios 31 a 35, índice 55 del aplicativo Samai del Tribunal.
7 Folios 37 a 38, índice 55 del aplicativo Samai del Tribunal.

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39. Ahora bien, contrario a lo afirmado por la apelante, la exigencia de
acreditar aportes al sistema general de pensiones como condición para acceder
al reconocimiento de la pensión de jubilación no resulta aplicable al caso de la
actora, en la medida en que dicha obligación solo fue introducida en el
ordenamiento jurídico con la expedición de la Ley 797 de 2003.

40. Esta norma, en sus artículos 4 y 9 modificó los artículos 17 y 33 de la Ley
100 de 1993, dispuso la necesidad de acreditar cotizaciones al sistema como
presupuesto para acceder a la pensión de vejez bajo el régimen de prima media,
y la obligación de efectuar los aportes en los contratos de prestación de servicios.
Sin embargo, dicha exigencia no opera de manera retroactiva a los docentes que,
como la señora Rodríguez Méndez, se vincularon al servicio público con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

41. Así las cosas, no es exigible a la demandante la acreditación de aportes
al sistema general de pensiones como condición adicional para acceder a la
pensión de jubilación, pues su situación jurídica se encuentra plenamente
amparada por el régimen previsto en la Ley 33 de 1985.

42. Pese a lo anterior, la Sala advierte que, con fundamento en los artículos
22 y 24 de la Ley 100 de 1993, el FOMAG deberá adelantar las acciones de cobro
pertinentes para los lapsos en los que la docente se desempeñó a través de
contratos de prestación de servicios.

43. Por lo expuesto, se adicionará en lo pertinente la sentencia de primera
instancia y se confirmará en lo demás.

Costas

44. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».

45. Al revisar el caso concreto se considera que los razonamientos expuestos
por el demandada en el recurso de apelación no carecen de fundamento legal,
sino que comportan argumentaciones válidas y coherentes dirigidas a defender
sus intereses, lo que lleva a no imponer condena en costas de segunda instancia.

46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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RESUELVE

PRIMERO. ADICIONAR la sentencia dictada el 29 de agosto de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido de indicar que el FOMAG deberá
adelantar las acciones previstas en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, para
garantizar la sostenibilidad del sistema.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.

CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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