Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2021-00308-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2021-00308-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2021-00308-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00308-01 (0486-2025)
Demandante: Luz Marina Trespalacios Pedrozo
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 33 de 1985 – vinculación
al servicio educativo antes de la Ley 812 de 2003
Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia en
cuanto a la fecha en que la demandante consolidó el estatus
pensional con base en la Ley 33 de 1985, y adiciona dicha
providencia en el sentido de ordenar que se verifique la
realización de unos aportes a pensión
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
contra la sentencia de primera instancia del 28 de noviembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de la
Resolución CSED ex n.° 4435 del 20 de septiembre de 2019 expedida por la
Secretaría de Educación Departamental del Cesar y aprobada por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por medio de la cual
se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) reconocer a su favor la
citada prestación equivalente al 75 % del promedio de lo devengado durante el
año anterior a la consolidación del estatus pensional con base en las Leyes 91
de 1989 y 33 y 62 de 1985, compatible con el salario; ii) pagar las mesadas
adeudadas de manera indexada, más los intereses moratorios que se causen
sobre ellas; iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA); y iv) condenar en costas a la parte demandada.
3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado vulneró las
normas en que debía fundarse, teniendo en cuenta que ingresó a la docencia
oficial antes de que entrara en vigencia la Ley 812 de 2003, por lo cual le resultan
aplicables las Leyes 91 de 1989 y 33 y 62 de 1985.
Contestación de la demanda
1
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Demandante: Luz Marina Trespalacios Pedrozo
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que la
demandante se vinculó como docente afiliada al FOMAG en el año 2011, es decir,
después de que empezó a regir la Ley 812 de 2003, por lo cual su régimen
pensional está establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
5. Manifestó que la actora no es beneficiaria de la transición que consagra el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no demostró haber realizado cotizaciones
durante el tiempo en que laboró a través de contratos de prestación de servicios,
motivos por los cuales no le resulta aplicable la Ley 71 de 1988.
6. En ese contexto, propuso las excepciones de falta de integración del
litisconsorcio necesario, legalidad del acto acusado, ineptitud de la demanda por
carencia de fundamento jurídico, cobro de lo no debido, prescripción,
sostenibilidad financiera y la genérica.
7. También señaló que no es procedente imponer condena en costas en su
contra, ya que no se probó la causación de estas.
Sentencia apelada
8. Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024, el Tribunal declaró la
nulidad del acto enjuiciado y le ordenó al FOMAG reconocer y pagar una pensión
de jubilación a favor de la demandante con base en la Ley 33 de 1985,
equivalente al 75 % del promedio de la asignación básica, las horas extras y la
bonificación mensual docente devengadas durante el año anterior a la
consolidación del estatus pensional, efectiva a partir del 29 de enero de 2018 y
compatible con el salario de docente.
9. Adicionalmente, decidió no imponer condena en costas y ordenó dar
cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.
10. Indicó que la actora ingresó a la docencia oficial antes de que entrara en
vigencia la Ley 812 de 2003, toda vez que laboró en el municipio de Floridablanca
(Santander) a través de contratos de prestación de servicios, entre 1994 y 1999
(relación laboral encubierta declarada judicialmente); y luego fue nombrada en el
departamento del Cesar desde 2002 hasta la fecha de presentación de la
demanda, motivo por el cual le resulta aplicable la Ley 33 de 1985.
11. Consideró que la demandante acumulaba 23 años, 3 meses y 5 días de
servicio como docente hasta la fecha de expedición del acto acusado y consolidó
el estatus pensional el 29 de enero de 2018, cuando cumplió 55 años de edad.
12. Precisó que la mesada pensional se debe liquidar con inclusión de los
factores salariales a los que se hizo referencia previamente y que la prestación
resulta compatible con el salario devengado en ejercicio de la docencia oficial, de
acuerdo con la Ley 60 de 1993 y con el artículo 5 del Decreto 224 de 1972.
Recurso de apelación
2
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Demandante: Luz Marina Trespalacios Pedrozo
13. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación argumentando que la demandante se vinculó «como docente al
servicio del FOMAG» el 13 de septiembre de 2006, razón por la cual su régimen
pensional está previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
14. Sostuvo que a la actora no le resulta aplicable la Ley 71 de 1988 porque
no es beneficiaria del régimen de transición que consagra el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
15. Manifestó que la accionante no realizó aportes durante el tiempo en que
laboró a través de contratos de prestación de servicios, de tal manera que no
puede reclamar una pensión a la que no tiene derecho.
16. Indicó que la mesada pensional se debe liquidar con inclusión de los
factores salariales sobre los cuales se realizaron aportes, a fin de garantizar los
principios de solidaridad y sostenibilidad del sistema de seguridad social.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. Por auto del 12 de junio de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
18. La accionante se pronunció sobre la apelación expresando que los
maestros no tienen que cumplir los requisitos del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 para acceder a la pensión de jubilación ordinaria. Adicionalmente,
señaló que los tiempos laborados como docente por prestación de servicios
deben tenerse en cuenta en virtud del principio de favorabilidad y porque fueron
continuos.
19. El ministerio público guardó silencio en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
21. Consiste en establecer si la demandante ingresó a la docencia oficial antes
de que empezara a regir la Ley 812 de 2003 y, en caso afirmativo, si cumple los
requisitos que establece la Ley 33 de 1985 para acceder a una pensión de
jubilación. Para esos efectos, se determinará si las vinculaciones al servicio
educativo público a través de contratos de prestación de servicios son válidas
para definir el régimen pensional aplicable.
3
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Demandante: Luz Marina Trespalacios Pedrozo
Análisis del problema jurídico
22. La Sala modificará parcialmente la sentencia de primera instancia porque,
si bien la accionante ingresó al servicio educativo oficial antes de que entrara en
vigencia la Ley 812 de 2003 y su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de
1989, que habilita la remisión a la Ley 33 de 1985, consolidó el estatus jurídico
en un momento diferente al que dedujo el Tribunal. Asimismo, se adicionará el
fallo apelado a fin de ordenar que se verifique si se realizaron unos aportes a
pensión.
23. La decisión se sustenta en el examen de legalidad de la prestación
reconocida en primera instancia, en el deber del juez de salvaguardar el orden
jurídico conforme a lo previsto en el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, así
como lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso que
establece que el superior debe pronunciarse sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, como lo
es la correcta estructuración de la prestación social.
24. Con el propósito de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima
necesario relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los
documentos aportados al proceso:
i) La demandante nació el 29 de enero de 19631 y acredita los siguientes
tiempos de servicio en el sector público:
Entidad Aportes
Desde - Tipo de
Empleo empleadora a Tiempo
Hasta vinculación
o contratante pensión
Secretaria
Municipio de
26/7/1983 al de la No No se
Chimichagua 159 días
31/12/19832 Tesorería especificado registran
(Cesar)
Municipal
Municipio de
1/8/1990 al Directiva No No se
Chimichagua 153 días
31/12/19903 docente especificado registran
(Cesar)
Municipio de
8/1/1991 al Directiva No No se
Chimichagua 358 días
31/12/1991 docente especificado registran
(Cesar)
Municipio de
9/1/1992 al Directiva No No se
Chimichagua 358 días
31/12/1992 docente especificado registran
(Cesar)
Municipio de
15/1/1993 al Directiva No No se
Chimichagua 174 días
7/7/1993 docente especificado registran
(Cesar)
1
Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía de la actora (índices 17 y 42 de SAMAI del tribunal,
anexos de la demanda y expediente administrativo).
2
Certificación expedida el 8 de agosto de 2019 por la Secretaría de Gobierno y Asunto Administrativo
Municipal de Chimichagua (Cesar) (ibidem).
3
Certificación expedida el 4 de marzo de 2003 por la alcaldesa del municipio de Chimichagua (Cesar) (índice
42 de SAMAI del tribunal, expediente administrativo).
4
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Demandante: Luz Marina Trespalacios Pedrozo
Contrato de
prestación de
servicios
Municipio de
27/1/1994 al (relación No se
Docente Floridablanca 304 días
26/11/19944 laboral registran
(Santander)
encubierta
declarada
judicialmente)
Contrato de
prestación de
servicios
Municipio de
22/2/1995 (relación No se
Docente Floridablanca 313 días
31/12/19955 laboral registran
(Santander)
encubierta
declarada
judicialmente)
Contrato de
prestación de
servicios
Municipio de
2/1/1996 al (relación No se
Docente Floridablanca 335 días
1/12/19966 laboral registran
(Santander)
encubierta
declarada
judicialmente)
Contrato de
prestación de
servicios
Municipio de
6/12/1996 al (relación No se
Docente Floridablanca 24 días
29/12/19967 laboral registran
(Santander)
encubierta
declarada
judicialmente)
Contrato de
prestación de
servicios
Municipio de
7/1/1997 al (relación No se
Docente Floridablanca 358 días
30/12/19978 laboral registran
(Santander)
encubierta
declarada
judicialmente)
Contrato de
prestación de
servicios
Municipio de
2/2/1998 al (relación No se
Docente Floridablanca 334 días
1/1/19999 laboral registran
(Santander)
encubierta
declarada
judicialmente)
4
Certificaciones expedidas el 15 de mayo de 2018 y el 29 de julio de 2019 por la Secretaría de Educación
Municipal de Floridablanca (Santander); y sentencia del 5 de diciembre de 2007 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga (índices 17, 42 y 78 de SAMAI del tribunal).
5
Certificaciones expedidas el 15 de mayo de 2018 y el 29 de julio de 2019 por la Secretaría de Educación
Municipal de Floridablanca (Santander); y sentencia del 5 de diciembre de 2007 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga (índices 17, 42 y 78 de SAMAI del tribunal).
6
Certificaciones expedidas el 15 de mayo de 2018 y el 29 de julio de 2019 por la Secretaría de Educación
Municipal de Floridablanca (Santander); y sentencia del 5 de diciembre de 2007 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga (índices 17, 42 y 78 de SAMAI del tribunal).
7
Certificaciones expedidas el 15 de mayo de 2018 y el 29 de julio de 2019 por la Secretaría de Educación
Municipal de Floridablanca (Santander); y sentencia del 5 de diciembre de 2007 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga (índices 17, 42 y 78 de SAMAI del tribunal).
8
Certificaciones expedidas el 15 de mayo de 2018 y el 29 de julio de 2019 por la Secretaría de Educación
Municipal de Floridablanca (Santander); y sentencia del 5 de diciembre de 2007 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga (índices 17, 42 y 78 de SAMAI del tribunal).
9
Certificaciones expedidas el 15 de mayo de 2018 y el 29 de julio de 2019 por la Secretaría de Educación
Municipal de Floridablanca (Santander); y sentencia del 5 de diciembre de 2007 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga (índices 17, 42 y 78 de SAMAI del tribunal).
5
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Radicación: 20001-23-33-000-2021-00308-01 (0486-2025)
Demandante: Luz Marina Trespalacios Pedrozo
Contrato de
prestación de
servicios
Municipio de
3/2/1999 al (relación No se
Docente Floridablanca 334 días
2/1/200010 laboral registran
(Santander)
encubierta
declarada
judicialmente)
Nombramiento
20/5/2002 al Departamento
Docente en FOMAG 1577 días
12/9/200611 del Cesar
provisionalidad
Nombramiento
13/9/2006 al Departamento
Docente en período de FOMAG 812 días
2/12/200812 del Cesar
prueba
3/12/2008 al
25/8/202113
(fecha de Nombramiento Departamento
Docente FOMAG 4649 días
expedición de en propiedad del Cesar
la
certificación)
10242 días,
equivalentes
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO a 28 años, 5
meses y 12
días
ii) Asimismo, la actora registra 38,14 semanas de cotización en
Colpensiones, producto de labores realizadas en el sector privado y como
independiente, entre febrero de 1994 y enero de 1999, de manera
discontinua14.
iii) También se encuentra en el expediente la sentencia proferida el 5 de
diciembre de 2007 por el Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de
Bucaramanga15, dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-
2000-02757-00, a través de la cual se declaró la existencia de una relación
laboral encubierta entre la demandante y el municipio de Floridablanca
(Santander), con ocasión a los contratos de prestación de servicios que
suscribieron con el objeto de desempeñar labores de docente del 27 de
enero al 26 de noviembre de 1994; 22 de febrero al 31 de diciembre de
1995; 2 de enero al 1.° de diciembre de 1996; 6 al 29 de diciembre de
10
Certificaciones expedidas el 15 de mayo de 2018 y el 29 de julio de 2019 por la Secretaría de Educación
Municipal de Floridablanca (Santander); y sentencia del 5 de diciembre de 2007 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Bucaramanga (índices 17, 42 y 78 de SAMAI del tribunal).
11
Decreto 037 del 20 de mayo de 2002, expedido por la Alcaldía Municipal de Chimichagua (Cesar); acta
de posesión del 20 de mayo de 2002; y formato único para la expedición de certificado de historia laboral
5837 del 10 de abril de 2019, emitido por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar (índice 42 de
SAMAI del tribunal, expediente administrativo).
12
Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 5837 del 10 de abril de 2019 y 7000
del 15 de agosto de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar; y Decreto
000288 del 29 de agosto de 2006, expedido por el gobernador del departamento del Cesar (índice 42 de
SAMAI del tribunal, expediente administrativo).
13
Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 5837 del 10 de abril de 2019 y 7000
del 15 de agosto de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar (índice 42 de
SAMAI del tribunal, expediente administrativo); certificación del 25 de agosto de 2021, de la Secretaría de
Educación Departamental del Cesar; Decreto 000533 del 14 de noviembre de 2008, expedido por el
gobernador del departamento del Cesar; y acta de posesión 0546 del 3 de diciembre de 2008 (índices 17 y
42 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda y expediente administrativo).
14
Reporte de semanas cotizadas en pensiones del 12 de agosto de 2019, expedido por Colpensiones (índice
42 de SAMAI del tribunal, expediente administrativo).
15
Índice 78 de SAMAI del tribunal.
6
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Radicación: 20001-23-33-000-2021-00308-01 (0486-2025)
Demandante: Luz Marina Trespalacios Pedrozo
1996; 7 de enero al 30 de diciembre de 1997; 2 de febrero de 1998 al 1.°
de enero de 1999; y 3 de febrero de 1999 al 2 de enero de 2000.
iv) La demandante cuenta con 38 semanas de cotización en la Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., dentro
del régimen de ahorro individual con solidaridad.
25. En el caso concreto la entidad accionada manifestó que no es posible
contabilizar el tiempo de labores mediante contratos de prestación de servicios
porque la actora no habría realizado aportes a pensión durante la ejecución de
ellos.
26. Al respecto, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere trabajado en el sector público a través de contratos de prestación
de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 son válidos
para efectos de acceder al régimen pensional de que trata la Ley 33 de 1985 y
acreditar los 20 años de servicio que esta última exige para adquirir el derecho a
una pensión de jubilación, aun sin que haya sentencia judicial que declare la
configuración de una relación de trabajo encubierta, teniendo en cuenta que la
labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de
docente oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza
laboral, con independencia de la denominación contractual que se les designe16.
27. Adicionalmente, los tiempos durante los cuales la actora laboró como
docente contratista del municipio de Floridablanca estuvieron comprendidos
entre los años 1994 y 2000, es decir, se trata de lapsos anteriores a la Ley 797
de 2003, norma que introdujo en su artículo 4 el deber que tienen los contratistas
por prestación de servicios de efectuar aportes a pensión.
28. Así las cosas, la posibilidad de contabilizar los períodos en que la
demandante fungió como docente contratista entre 1994 y 2000 no puede estar
supeditada a demostrar la realización de aportes con destino al sistema de
pensiones durante dicho tiempo, ya que para ese momento no existía norma
jurídica que estableciera la obligación de efectuar tales cotizaciones en el caso
de los contratistas por prestación de servicios, pues esta se introdujo en el
ordenamiento jurídico colombiano en el año 2003, con la Ley 79717.
29. Lo anterior no implica viabilizar el reconocimiento y pago de pensiones con
base en tiempos de servicio respecto de los cuales no se hayan realizado
aportes, debido a que esto contravendría el principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política y
16
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-
01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-
2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
17
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 29 de mayo de 2025, expediente 20001-23-33-000-2019-00340-01 (6154-2024).
7
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Radicación: 20001-23-33-000-2021-00308-01 (0486-2025)
Demandante: Luz Marina Trespalacios Pedrozo
la jurisprudencia unificada de esta corporación18. En este tipo de situaciones, lo
que corresponde es ordenar a la entidad de previsión que realice el cobro de los
aportes a quienes fungieron como contratante y contratista, en los porcentajes
que la ley señala para el empleador y el trabajador, respectivamente.
30. Ahora bien, en la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2007, el Juzgado
Segundo (2.°) Administrativo de Bucaramanga negó expresamente la pretensión
que planteó la demandante en el sentido de que se le tuviera en cuenta el tiempo
de servicio como docente contratista para efectos pensionales19.
31. Luego de realizar una búsqueda en el aplicativo SAMAI, se logró verificar
que el Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia de segunda instancia
dentro del expediente con radicación 68001-23-31-000-2000-02757-01, la cual
no se aportó al proceso. En el índice 15 de SAMAI del tribunal aparece registrada
la siguiente anotación: «SENTENCIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2008 –
CONFIRMA PARCIALMENTE LA DECISIÓN APELADA».
32. En ese escenario, respecto del proceso judicial en el cual se declaró la
existencia de una relación laboral encubierta entre la demandante y el municipio
de Floridablanca, solo está acreditado el hecho de que en primera instancia se
negó la posibilidad de computar el tiempo de servicio como docene contratista
para efectos pensionales, pues no se aportó la sentencia de segunda instancia,
de tal manera que no se tiene conocimiento sobre la decisión adoptada en esta
última.
33. Por consiguiente, existiendo una decisión expresa del Juzgado Segundo
(2.°) Administrativo de Bucaramanga, la Sala no contabilizará para efectos
pensionales el tiempo de servicio que acumuló la demandante como docente
contratista del municipio de Floridablanca, ya que, si el Tribunal Administrativo de
Santander hubiera modificado tal decisión, le correspondía a la accionante
demostrarlo, tarea que no cumplió a pesar de que le asistía la carga conforme al
artículo 167 del CGP.
34. De igual manera, en el certificado expedido por Porvenir S.A., y aportado
al proceso con ocasión al decreto de pruebas para mejor proveer en primera
instancia no se indica a qué períodos corresponden las 38 semanas de aportes
18
Ver sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado dentro del expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.
19
Puntualmente, en la sentencia del 5 de diciembre de 2007 se indicó lo siguiente: «Por otro lado, en cuanto
a la pretensión tendiente a que el tiempo servido sea computable para pensión, para ascensor en el
Escalafón Docente y para ser considerado como mérito con puntaje en el concurso de ingreso a cargos
docentes de planta; este despacho la denegará en atención a la tesis acogida por el H. Consejo de Estado
– Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, en providencia calendada el 27 de enero de
2000, Consejero Ponente: Dr. ALBERTO ARANGO MANTILLA, Radicación número: 465-99 […].
Ahora bien, en relación con las solicitudes de reembolso de lo descontado por concepto de retención en la
fuente y la devolución de lo cancelado por concepto de cotización al Sistema General de Seguridad Social
en la cuota parte o porcentaje que le correspondía pagar al demandado en su condición de parte nominadora
o patronal; considera el Despacho que respecto a la primera no procede la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho puesto que en el acto administrativo acusado en ningún momento se negó la
referida devolución, contrario sensu se le informó que dichos dineros se estaban devolviendo en la
Secretaría del Tesoro Municipal, por lo que esta pretensión no está llamada a prosperar; y respecto a la
segunda en consideración a que, como ya se mencionó, en este proceso solo procede la indemnización y
no el reconocimiento de prestaciones sociales propiamente dichas, tampoco procede la referida pretensión».
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que allí se relacionan ni cuál empleador las realizó, o si las efectuó la actora como
independiente.
35. Sobre el particular, mediante el Oficio SAC FRB2019EE002736 del 16 de
septiembre de 2019, la Secretaría de Educación Municipal de Floridablanca
objetó la cuota parte que liquidó la Secretaría de Educación Departamental del
Cesar en el proyecto de reconocimiento de la pensión de jubilación que
inicialmente había elaborado esta última. En dicho acto, la primera entidad
mencionada indicó que «la docente demandó la prestación de servicios y
mediante fallo de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del proceso 2000-
2757, ordenó el reconocimiento de los tiempos y los aportes pensionales, por lo
cual la entidad territorial para dar cumplimiento realizó la gestión correspondiente
para realizar los aportes a la entidad PORVENIR […]».
36. Sin embargo, el número de semanas cotizadas en Porvenir S.A., no
corresponden al tiempo durante el cual la actora laboró como docente contratista
del municipio de Floridablanca (2002 días o 286 semanas)20. Además, aunque
no se aportó el acto administrativo de cumplimiento de las sentencias proferidas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 68001-23-31-000-
2000-02757-00 (01), la actora allegó algunas liquidaciones en las que no se hace
referencia a reconocimiento de aportes a pensión, y el cheque 009975 del 28 de
julio de 2011 expedido por la Alcaldía Municipal de Floridablanca, en el cual
aparecen relacionados $ 2.007.919 COP por concepto de «Aporte Pensión
Sentencias», pero con este documento no se puede identificar a qué períodos
corresponde dicho pago y si este valor se desembolsó a alguna entidad de
previsión, pues la actora aparece como beneficiaria del cheque21.
37. En consecuencia, la demandante no cumplió con la carga de demostrar a
qué períodos de servicio corresponden las semanas de cotización que registra
en Porvenir S.A., y si estas fueron realizadas por las labores de docente que
ejecutó en el municipio de Floridablanca o no.
38. Frente a esas incertidumbres, las semanas de cotización administradas
por Porvenir S.A., no pueden incluirse en el estudio de la situación pensional de
la demandante, ya que el régimen jurídico de la Ley 33 de 1985 exige que los 20
años de servicio se cumplan en el sector público22, lo cual no está claro con las
pruebas allegadas al expediente. Por igual razón, en este caso no pueden
computarse las semanas de cotización que se registran en Colpensiones, toda
vez que fueron realizadas desde el sector privado y como independiente.
39. En esas condiciones, del tiempo de servicio que acredita la actora solo se
puede contabilizar el siguiente para efectos de establecer si cumple los requisitos
20
De acuerdo con el parágrafo 2.° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se entiende por semana cotizada
el período de siete (7) días calendario.
21
Documentos allegados por la demandante en cumplimiento de la orden impartida en el auto que decretó
pruebas para mejor proveer en primera instancia (índices 65 y 67 de SAMAI del tribunal).
22
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 10 de julio de 2025, expediente 15001-23-33-000-2020-00009-01 (5730-2022).
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que establece el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, previas las exclusiones
anunciadas:
Entidad Aportes
Desde - Tipo de
Empleo empleadora a Tiempo
Hasta vinculación
o contratante pensión
Secretaria
Municipio de
26/7/1983 al de la No No se
Chimichagua 159 días
31/12/198323 Tesorería especificado registran
(Cesar)
Municipal
Municipio de
1/8/1990 al Directiva No No se
Chimichagua 153 días
31/12/199024 docente especificado registran
(Cesar)
Municipio de
8/1/1991 al Directiva No No se
Chimichagua 358 días
31/12/1991 docente especificado registran
(Cesar)
Municipio de
9/1/1992 al Directiva No No se
Chimichagua 358 días
31/12/1992 docente especificado registran
(Cesar)
Municipio de
15/1/1993 al Directiva No No se
Chimichagua 174 días
7/7/1993 docente especificado registran
(Cesar)
Nombramiento
20/5/2002 al Departamento
Docente en FOMAG 1577 días
12/9/200625 del Cesar
provisionalidad
Nombramiento
13/9/2006 al Departamento
Docente en período de FOMAG 812 días
2/12/200826 del Cesar
prueba
3/12/2008 al
20/9/2019
(fecha de Nombramiento Departamento
Docente FOMAG 3944 días
expedición en propiedad del Cesar
del acto
enjuiciado)27
7535 días,
equivalentes
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO a 20 años,
11 meses y
5 días
40. En los términos expuestos, la Sala observa que la demandante cumplió 55
años de edad el 29 de enero de 2018, pero para esa fecha solo acreditaba 6936
días de servicio en el sector público, equivalentes a 19 años, 3 meses y 6 días.
Fue hasta el 20 de octubre de 2018 que completó 20 años de servicio y
23
Certificación expedida el 8 de agosto de 2019 por la Secretaría de Gobierno y Asunto Administrativo
Municipal de Chimichagua (Cesar) (ibidem).
24
Certificación expedida el 4 de marzo de 2003 por la alcaldesa del municipio de Chimichagua (Cesar)
(índice 42 de SAMAI del tribunal, expediente administrativo).
25
Decreto 037 del 20 de mayo de 2002, expedido por la Alcaldía Municipal de Chimichagua (Cesar); acta
de posesión del 20 de mayo de 2002; y formato único para la expedición de certificado de historia laboral
5837 del 10 de abril de 2019, emitido por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar (índice 42 de
SAMAI del tribunal, expediente administrativo).
26
Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 5837 del 10 de abril de 2019 y 7000
del 15 de agosto de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar; y Decreto
000288 del 29 de agosto de 2006, expedido por el gobernador del departamento del Cesar (índice 42 de
SAMAI del tribunal, expediente administrativo).
27
Formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral 5837 del 10 de abril de 2019 y 7000
del 15 de agosto de 2019, emitidos por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar (índice 42 de
SAMAI del tribunal, expediente administrativo); certificación del 25 de agosto de 2021, de la Secretaría de
Educación Departamental del Cesar; Decreto 000533 del 14 de noviembre de 2008, expedido por el
gobernador del departamento del Cesar; y acta de posesión 0546 del 3 de diciembre de 2008 (índices 17 y
42 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda y expediente administrativo).
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consolidó el estatus pensional con base en la Ley 33 de 1985, fecha posterior a
la que determinó el Tribunal (29 de enero de 2018).
41. Ahora bien, la Sala pone de presente que el artículo 103 de la Ley 1437
de 2011 consagra el principio de preservación del orden jurídico como rector del
proceso contencioso administrativo. Este principio implica el deber de sujeción a
la legalidad.
42. La interpretación de dicho principio debe hacerse junto con la regla
establecida en el artículo 187 de la misma normativa, que faculta al juez de
segunda instancia para estudiar y decidir todas las excepciones de fondo, hayan
sido propuestas o no, siempre que ello no implique desmejorar la situación del
apelante único.
43. Dicha previsión refleja una diferencia sustancial respecto del régimen
procesal contenido en el Código General del Proceso, pues flexibiliza las reglas
de congruencia de la sentencia establecidas en el artículo 281 de la Ley 1564 de
2012. Esta particularidad obedece a la naturaleza de los procesos contencioso-
administrativos y pone de manifiesto la intención del legislador de conferir al juez
un rol más activo en el control de legalidad de los actos administrativos y de las
decisiones que de ellos se derivan, puesto que le permite sustentar sus
decisiones en argumentos que no hayan sido planteados por las partes.
44. Esa orientación acerca del papel del juez como garante del orden jurídico
adquiere especial relevancia en materia pensional, al punto de que el numeral 7
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 establece como causal de revisión los
casos en los que se advierta que la persona en cuyo favor se reconoció una
prestación periódica carecía del derecho para obtenerla.
45. Además, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece causales
específicas para la revisión de los actos de reconocimiento pensional, con el fin
de garantizar que las prestaciones se otorguen conforme a los requisitos y
condiciones previstos en las disposiciones legales que las regulan.
46. En ese contexto, la actuación del juez de segunda instancia debe
orientarse por el principio de preservación del orden jurídico. Dicho principio
impone el deber de asegurar que las decisiones judiciales sean coherentes con
el marco normativo vigente y que el reconocimiento de derechos prestacionales
se funde en situaciones que satisfagan plenamente los requisitos legales.
47. Así, si en el análisis del caso concreto se advierte que la prestación fue
reconocida en primera instancia sin tener en cuenta las previsiones de la ley, el
juez no puede confirmar la decisión con el único argumento de que no fue objeto
de apelación, pues ello implicaría perpetuar un acto contrario a la legalidad y
vulnerar los fines de la función jurisdiccional.
48. En tal sentido, el control judicial debe ejercerse con rigor y orientarse a
garantizar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, de manera que las
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decisiones no comprometan injustificadamente el erario ni produzcan efectos
contrarios a la ley. Esta exigencia se armoniza con lo previsto en el artículo 328
del Código General del Proceso, según el cual el superior debe pronunciarse
sobre los argumentos del apelante, sin perjuicio de las determinaciones que deba
adoptar de oficio, como ocurre frente a una indebida fijación de la efectividad de
una pensión. En tales circunstancias, la sentencia podría ser infirmada mediante
los mecanismos extraordinarios de control judicial (recurso extraordinario de
revisión o acción especial de revisión), lo que representaría un desgaste
innecesario para la administración de justicia.
49. Dentro de ese marco normativo, la Sala modificará parcialmente la
sentencia de primera instancia a fin de precisar que el FOMAG debe reconocer y
pagar la pensión de jubilación de la demandante a partir del 20 de octubre de
2018, la cual se liquidará en cuantía equivalente al 75 % de los factores salariales
sobre los cuales se hicieron aportes entre el 20 de octubre de 2017 y el 19 de
octubre de 2018, enlistados en la Ley 62 de 1985.
50. Adicionalmente, en tanto los 20 años de servicio que exige la Ley 33 de
1985 se acreditaron incluyendo lapsos respecto de los cuales no se tiene registro
de cotizaciones a pensión, la Sala ordenará al FOMAG que adelante las
actuaciones administrativas que estime pertinentes para verificar si durante los
períodos en que la demandante laboró como secretaria de la Tesorería Municipal
y directiva docente en Chimichagua (Cesar), entre el 26 de julio de 1983 y el 7
de julio de 1993, de manera discontinua, se realizaron cotizaciones a pensión o
no; en este último caso, deberá promover las acciones de cobro necesarias, de
conformidad con el artículo 5 (numeral 5) de la Ley 91 de 1989. Lo anterior, a fin
de salvaguardar el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional
previsto en el artículo 48 de la Constitución Política.
51. En segundo lugar, el FOMAG adujo que a la demandante no le resulta
aplicable la Ley 71 de 1988 porque esta no es beneficiaria del régimen de
transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, el
Tribunal determinó que la situación pensional de la actora está gobernada por la
Ley 33 de 1985, de tal manera que el argumento expuesto no guarda congruencia
con la decisión de primera instancia y, por ende, no constituye un reparo
específico contra ella.
52. En tercer lugar, a pesar de que no se tiene conocimiento de la fecha exacta
en la que la accionante solicitó el reconocimiento del derecho pensional, la Sala
considera que en este caso no se configuró la prescripción extintiva (trienal) de
mesadas pensionales, teniendo en cuenta que el estatus jurídico se consolidó el
20 de octubre de 2018, el acto acusado se expidió el 20 de septiembre de 2019
y la demanda se radicó el 27 de agosto de 2021.
Condena en costas de segunda instancia
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
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corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, se condenará en costas al FOMAG, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar, el
cual quedará así:
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar una pensión
de jubilación a favor de la señora Luz Marina Trespalacios Pedrozo con base en la
Ley 33 de 1985, efectiva a partir del 20 de octubre de 2018, liquidada con el 75 %
del promedio mensual de los factores salariales devengados entre el 20 de octubre
de 2017 y el 19 de octubre de 2018, sobre los cuales se hubieren efectuado aportes
y estén enlistados en la Ley 62 de 1985, prestación que es compatible con el
salario percibido en ejercicio de la docencia oficial.
SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido de ORDENAR al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que adelante las actuaciones
administrativas que estime pertinentes para verificar si durante los períodos en
que la demandante laboró como secretaria de la Tesorería Municipal y directiva
docente en Chimichagua (Cesar), entre el 26 de julio de 1983 y el 7 de julio de
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Radicación: 20001-23-33-000-2021-00308-01 (0486-2025)
Demandante: Luz Marina Trespalacios Pedrozo
1993, de manera discontinua, se realizaron cotizaciones a pensión o no; en este
último caso, deberá promover las acciones de cobro necesarias.
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a favor de la señora Luz Marina
Trespalacios Pedrozo. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.
CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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