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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00121-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00121-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con las razones dadas en la parte motiva. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño señalada en el numeral anterior, en los siguientes términos: «QUINTO.- Se ordena al señor Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales acreditar ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG las cotizaciones al sistema de pensiones realizadas durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios, indicando el fondo al cual fueron efectuados, en caso de existir tales aportes. Por su parte el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deberá repetir y en consecuencia solicitar a la entidad de previsión a la que se hubiese encontrado afiliado el demandante en el tiempo que fungió como contratista, el reembolso de los pagos hechos por aquel bajo el concepto de aportes a pensión, siempre y cuando así se asegure y acredite. Asimismo, el FOMAG deberá realizar las actuaciones interadministrativas correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante el departamento de Nariño y el municipio de Ricaurte, frente a las sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión que le habría correspondido a las referidas autoridades como empleadoras de aquel, debidamente actualizadas. En todo caso, se autoriza al citado fondo descontar de los valores adeudados al accionante en virtud de la presente condena, los saldos pendientes, parciales o totales en su contra, si existen después del cumplimiento del precepto anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como trabajador le correspondía efectuar por el período que subsistió la relación contractual». TERCERO: Confirmar en lo demás el fallo de primera instancia. CUARTO: Condenar en costas en esta instancia a la entidad demandada, por las […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2017-00121-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00121-01 (5060-2022)
Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Temas: Pensión de jubilación docente - cómputo de tiempo laborado
antes de la Ley 812 de 2003 por contrato de prestación de
servicios.
Decisión: Modifica y adiciona la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia de 18 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por el señor Eduardo
Gilberto Chicaiza Rosales en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

II. ANTECEDENTES

2.1. Pretensiones1.

2. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución nro. 0170 del 8 de febrero
de 2016, a través de la cual, la Secretaría de Educación de Nariño, en nombre y
representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó el reconocimiento de una pensión de
jubilación con cuotas partes, por la no inclusión de tiempos laborados como docente
mediante contratos de prestación de servicios antes del 27 de junio de 2003.

1 Ver archivo denominado «02Demanda», contentivo en la carpeta «2017-00121» del expediente digital, el cual

puede ser descargado en la opción «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

3. A título de restablecimiento del derecho se exigió condenar a la demandada
reconocer y pagar la respectiva pensión de jubilación por cuotas partes con una tasa
de reemplazo equivalente al 75% del salario y demás emolumentos devengados en
el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

4. Así mismo peticionó las mesadas dejadas de percibir, con la actualización de los
ajustes de ley; el pago de los respectivos intereses moratorios; el cumplimiento de
la sentencia conforme lo establecido en los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA
y la condena en costas de la demandada.

2.2. Hechos.

5. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

6. El demandante prestó sus servicios como empleado y como docente oficial como
se detalla a continuación:

Modalidad Inicio y fin
Vínculo legal y Empleado público 1.° de julio de 1983 – 28
reglamentario de febrero de 1995
Contrato de prestación de docente 20 de enero de 1997 – 20
servicios de diciembre de 2002
Contrato de prestación de docente 13 de enero de 1998 – 19
servicios de diciembre de 2003
Vínculo legal y Docente 22 de enero de 2004
reglamentario hasta la fecha de
presentación de la
demanda

7. Al considerar que cumplía con los requisitos de 55 años de edad y 20 de servicio,
solicitó ante la Secretaría de Educación del departamento de Nariño el
reconocimiento de su pensión de jubilación; sin embargo, esta petición fue negada
mediante el acto administrativo enjuiciado con el argumento que el régimen
aplicable es la Ley 100 de 1993, para lo cual no cumplía las exigencias.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación.

8. Se citaron como vulnerados las siguientes disposiciones normativas: artículos 1.°,
2.°, 4.°, 6.°, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política; Acto Legislativo
01 de 2005; 81 de la Ley 812 de 2003; 279 de la Ley 100 de 1993; 15 de la Ley 91
de 1989; 7 de la Ley 71 de 1988; 1.° de la Ley 33 de 1985; 17 de la Ley 6 de 1945;
Ley 1437 de 2011 y el Decreto 2277 de 1979.

9. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, se les debe aplicar la Ley 33 de
1985, no importa si el tiempo laborado es a través de órdenes de prestación de
servicios, ya que estos periodos son computables para efectos de obtener el
reconocimiento pensional.
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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

10. En ese escenario, el acto administrativo acusado vulnera las disposiciones
legales en que debería fundarse, puesto que el docente inició su labor el 28 de
septiembre de 1983 y además, la Ley no aplica por ser un régimen exceptuado del
sistema general.

2.4. Contestación de la demanda.

11. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio guardó silencio.

2.5. La sentencia apelada2.

12. Mediante sentencia de 18 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Nariño accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
vencida. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos:

13. El tiempo laborado por el docente (mediante órdenes de prestación de servicios)
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es computable para efectos
pensionales.

14. Luego de encontrar acreditado que el reclamante prestó sus servicios como
educador y como empleado público (secretario municipal y personero) por más de
veinte (20) años con el municipio de Ricaurte y con el departamento de Nariño,
consideró el tribunal que el actor tiene derecho a que su contingencia sea
reconocida con base en las disposiciones previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985.

15. Advirtió que «[E]l hecho de que el señor Chicaiza Rosales haya laborado en
actividades diferentes a la docencia y que dichos lapsos se incluyan en el
reconocimiento de su pensión, no modifica el régimen con el cual debe reconocerse
la tal prestación, es decir, las normas especiales que lo cobijan como docente, toda
vez que la mayor parte del tiempo de sus labores las ha desarrollado en el
magisterio, ejerciendo como educador hasta el momento de presentar la demanda,
ya que figura como docente activo, según se desprende de los certificados laborales
que obran en el expediente».

16. Asimismo, sostuvo que «En cuanto al tiempo que el demandante se vinculó a
través de la modalidad contractual, es del caso señalar que, si bien no se realizaron
los aportes respectivos por esta circunstancia y tampoco se acreditó que se hayan
efectuado aportes cuando el demandante se desempeñó como Secretario y
Personero del Municipio de Ricaurte – vínculo que además se efectuó mediante una
relación legal y reglamentaria -, la entidad sí cuenta con el mecanismo legal para
hacer efectiva la cuota parte de la pensión que le corresponde asumir a los entes
territoriales a los cuales estuvo vinculado el demandante, para el reconocimiento

2 Ver archivo «22 Sentencia de primera instancia» ejusdem.

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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

del derecho pensional del señor Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales, que se estipula
en el art. 2° de la Ley 33 de 1985».

17. Además «Como las entidades territoriales no cumplieron con tal deber y de
contera, no cumplieron con el deber que les asistía como empleadores de efectuar
los aportes pertinentes, es que tal situación habilita al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a realizar el reclamo respectivo de la cuota
parte pensional que les corresponde aportar tanto al Municipio de Ricaurte como al
Departamento de Nariño, por el tiempo que el demandante ejerció la docencia en
virtud de la modalidad contractual y de igual forma, respecto al tiempo que se
desempeñó en actividades diferentes al desempeño en el sector educativo
(Secretario de la Alcaldía de Ricaurte y Personero Municipal48) pero en virtud de
relación legal y reglamentaria con el Municipio de Ricaurte.

18. No obstante, es pertinente aclarar que el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales también podrá descontar de la pensión, los aportes que debía efectuar el
demandante, en el porcentaje legal que le correspondía como trabajador, pues si
bien es cierto las entidades territoriales debían realizar los descuentos respectivos
que debían destinarse a la prestación pensional, no puede soslayarse que a éste
también le correspondía efectuar el aporte respectivo, en el porcentaje legalmente
establecido para el efecto, situación que le corresponderá determinar a la entidad
demandada en este asunto».

19. En ese orden de ideas, comoquiera que el demandante cumplió con los
requisitos previstos en la Ley 33 de 1985 (20 años de servicio y 55 de edad), tiene
derecho a la pensión de jubilación a partir de la fecha de adquisición del estatus con
la inclusión de los factores salariales devengados en el año anterior a esa fecha y
que se encuentren señalados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.

20. De otra parte, indicó que el actor consolidó su pensión el 29 de julio de julio de
2014, momento en el que cumplió los 20 años de servicio, sin que operara el
fenómeno de la prescripción, toda vez que el derecho fue reclamado el 3 de febrero
de 2015 y la demanda fue presentada el 7 de marzo de 2017.

21. Finalmente, condenó en costas a la parte vencida bajo la siguiente
consideración: «Al haber prosperado parcialmente las pretensiones de la demanda,
la Sala considera que la condena en costas debe ser por un 80%, toda vez que no
se ordenará la inclusión de todos los factores salariales en el cálculo de la mesada
pensional.»

2.6. Recurso de apelación.

2.6.1. Parte demandada.

22. La apoderada de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de

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Prestaciones Sociales del Magisterio3 pidió revocar la sentencia de marras, con
base en los siguientes argumentos.

23. En los tiempos en que el demandante laboró bajo contratos de prestación de
servicios no se efectuaron aportes al sistema de seguridad social en pensión. La
norma es clara al indicar que tienen derecho aquellos educadores que estén
vinculados al sector oficial, sin que se relacione a los contratistas.

24. El régimen pensional de los docentes lo define la fecha de vinculación al servicio
público educativo. En efecto, los educadores que se encontraban prestado sus
servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tienen derecho a
que su contingencia sea reconocida por las disposiciones vigentes de la época, es
decir, Leyes 33 y 82 de 1985; mientras que los maestros que se vincularon con
posterioridad al 27 de junio de 2003 se les aplicarían las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003.

2.6.2. La admisión del recurso.

25. Mediante auto de 13 de enero de 20234 se admitió el recurso de apelación.
Dentro de la oportunidad de ley solo intervino el agente del Ministerio Público quien
solicitó confirmar la decisión adoptada por el tribunal, toda vez que el docente
cumplió los requisitos de la Ley 33 de 1985 para ser merecedor de la pensión de
jubilación.

26. Control de legalidad5.

27. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna causal de nulidad que
pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se resolverá la alzada, previas
las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

28. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1506 de la Ley 1437 de 2011.

3 Ver archivo denominado «24 Recurso de apelación y designación apoderada – Ministerio de Educación
Nacional».
4 Actuación visible en el índice 5 de la plataforma SAMAI.
5 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
6 El citado artículo dice que: «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en

segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá
del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de
este código. […]».
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29. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado
toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

30. En este caso, la demandada es la única apelante, por lo que la sala se referirá a
los argumentos de disenso.

3.2. Problema jurídico.

31. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿cuál es el régimen
que gobierna la pensión de jubilación de la parte actora, el previsto en las Leyes 33
y 62 de 1985 o en establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?; ¿las
cotizaciones son determinantes para reconocer la pensión de jubilación, cuando en
esta prestación se incluyen tiempos laborados a través de contratos de prestación
de servicios?

32. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala: i) se referirá al régimen pensional
aplicable a los educadores oficiales; ii) analizará la vinculación docente a través de
contratos de prestación de servicios y el tiempo computable para el reconocimiento
pensional y; iii) estudiará el acervo probatorio para determinar si a la actora le asiste
el derecho que reclama.

3.3. Fondo del asunto

3.3.1. Primer interrogante. ¿Cuál es el régimen que gobierna la pensión de
jubilación de la parte actora, el previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985 o en
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

3.3.1.1. Régimen pensional aplicable a los educadores oficiales. La sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019.

33. Mediante la aludida providencia7, esta sección unificó su criterio en torno a la
forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la
Ley 91 de 1989, oportunidad en la que determinó las siguientes reglas
jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,

7 SUJ-014-CE-S2 -2019, expediente 680012333000201500569-01 (0935-17).

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se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para la
liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones.»

34. A las anteriores conclusiones se arribó con sustento en los siguientes
razonamientos:

«[…]

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de
1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores,
distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo
8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y
el 8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman
parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.

[…]

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente
a los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
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la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el
ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los
factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley
62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema
General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años
para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor
según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la
regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993 que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la
mesada pensional.

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,
se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período
del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Destacado fuera del texto original.

35. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes que regulan el derecho a la
pensión de jubilación de los docentes oficiales, que dependerán de la fecha de
vinculación al servicio educativo estatal, para tal efecto distinguió los siguientes:

a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del
1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,
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se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios y 75% de
los factores previstos en la Ley 62 de 1985.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para
este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en la Ley
100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994, sobre
los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

36. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas
en ella tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. De tal manera, bajo dicha posición
jurisprudencial se analizará el asunto de la referencia.

3.3.1.2. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional.

37. En múltiples pronunciamientos esta Subsección ha tenido en cuenta el tiempo
laborado por el educador mediante contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento de prestaciones periódicas como la pensión gracia8.

38. Igualmente, esta Sección, en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25
de agosto de 20169 estableció que la vinculación de docentes bajo la modalidad
de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni
mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio
público de educación, en razón a que al igual que los educadores que son
empleados públicos: i) se someten permanentemente a las directrices, inspección
y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de
autonomía en el ejercicio de sus funciones; ii) cumplen órdenes por parte de sus
superiores jerárquicos y; iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral
de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de
primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas
merecen una protección especial por parte del Estado.

8 Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos

mil diecisiete (2017). Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
9 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo

Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00121-01 (5060-2022)
Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

39. Específicamente frente a la pensión de jubilación, esta Subsección, en
sentencia de 6 de febrero de 202010, explicó que el pronunciamiento que se efectúe
en el proceso ordinario de reconocimiento pensional con inclusión de tiempos
laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos
escenarios con connotaciones diferentes, el primero, donde se persiga la
declaración de existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones
laborales y prestacionales, y el segundo, en los casos en que únicamente se
persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, evento en el que es
posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de
la entidad de previsión.

40. Al resolver el caso concreto, en la citada decisión de 6 de febrero de 202011
se reconocieron los tiempos laborados a través de contratos de prestación de
servicios para efectos pensionales.

41. Finalmente es de resaltar que esta Subsección, en sentencia de 23 de mayo
de 202412 estimó que los tiempos de servicios ejecutados a través de contratos de
prestación de servicios previos al año 2003, habilitan el reconocimiento pensional
docente según las previsiones del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que permite
aplicar la regulación anterior contenida en el parágrafo del artículo 2.º y en el
numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y que remite para efectos
pensionales al régimen de los empleados públicos del orden nacional consagrado
en la Ley 33 de 1985.

42. De acuerdo con todo lo anterior, esta Subsección considera procedente
contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus servicios
al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos
del reconocimiento de la pensión de jubilación, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formas y en atención a la clara línea jurisprudencial
sobre la materia y de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201613 según la
cual la vinculación bajo esta modalidad no desvirtúa el carácter personal de la labor
docente ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el
servicio público educativo.

3.3.3. Caso concreto.

43. Como ya se expuso, el Tribunal Administrativo de Nariño acogió las
pretensiones de la demanda, al considerar que los periodos en los que el actor
laboró como docente a través de contratos de prestación de servicios y como

10 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante:
Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
11 Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
12 Expediente 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023).
13 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo

Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00121-01 (5060-2022)
Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

empleado público en cargos diferentes a la docencia, eran computables para
efectos de acreditar la contingencia pensional.

44. Por su parte, la entidad apelante argumentó que el tiempo laborado bajo la
modalidad de órdenes de prestación de servicio no puede ser tenido en cuenta,
debido a que no se efectuaron cotizaciones a pensión, y que el régimen lo define la
fecha de vinculación al servicio educativo oficial.

45. En esas condiciones, como hechos demostrados dentro del expediente, se
encuentran los siguientes:

46. Edad del demandante: De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía
allegada con la demanda14, el señor Eduardo Gilberto Chicaiza nació el 25 de
febrero de 1958, por lo que cumplió los 55 años de edad el mismo día y mes del
año 2013. Es de destacar que, en la actualidad, el demandante tiene 60 años de
edad.

47. Tiempos de servicios. El accionante acreditó los siguientes tiempos de
servicio como empleado en el sector público:

Desde Hasta Tiempo Modalidad Cargo
1.° de julio de 1983 31 de diciembre de 198315 180 días Nombramiento en provisionalidad Secretario
municipal

15 de marzo de 1984 20 de febrero de 198516 335 días Nombramiento en provisionalidad Secretario
municipal
1.° de septiembre de 28 de febrero de 199517 897 días Nombramiento en provisionalidad Personero
1992 municipal
20 de enero de 1997 5 de febrero de 1997 15 días Contrato de prestación de Docente
servicios18
6 de febrero de 1997 31 de diciembre de 1997 325 días Contrato de prestación de Docente
servicios19
13 de enero de 1998 30 de junio de 1998 167 días Contrato de prestación de Docente

14 Ver folio 74 del PDF 02 Demanda.pdf, contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la

opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
15 Si bien la secretaria de gobierno de Ricaurte (Nariño) certificó el 8 de febrero de 2017 que esta vinculación

se dio entre el 1.° de julio de 1983 y el 14 de marzo de 1984, lo cierto es que esa misma certificación contiene
un párrafo con la siguiente leyenda: «también se hace constar, que según certificación expedida por la
Inspección de Policía, el día 20 de marzo de 2003 el casco urbano del municipio de Ricaurte fue blanco de una
toma guerrillera en la cual se suscitó un incendio en las instalaciones donde se encontraba el archivo central de
la alcaldía municipal, dejando como consecuencia, la pérdida parcial de un número indeterminado de
documentos». En vista de lo anterior, observa la Sala que en el expediente reposa (folio 22 del pdf 12 Expediente
Administrativo), una constancia del 14 de agosto de 2001, es decir, antes de los actos terrorista, donde el alcalde
(e) certificó que el vínculo que inició el 1.° de julio de 1983 finalizó el 31 de diciembre de 1983 para un total de
6 meses.
16 Misma situación ocurre con este tiempo
17 Consultado el calendario oficial del año 1995, se observa que el mes de febrero contiene 28 días y no 30

como fue certificado; sin embargo, como el tribunal tomó ese extremo y no ese punto no fue controvertido por
la entidad demandada, se tomará como fecha límite el 28 de febrero de 1995.
18 Visible a folio 5 del pdf 15 Respuesta Requerimiento, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
19 Visible a folio 6 del pdf 15 Respuesta Requerimiento, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

servicios20
1.° de septiembre de 15 de diciembre de 1998 134 días Contrato de prestación de Docente
1998 servicios21
13 de enero de 1999 30 de junio de 1999 167 días Contrato de prestación de Docente
servicios22
1.° de septiembre de 31 de diciembre de 1999 120 días Contrato de prestación de Docente
1999 servicios23
17 de enero de 2000 17 de junio de 2000 150 días Contrato de prestación de Docente
servicios24
1.° de septiembre de 1.° de diciembre de 2000 90 días Contrato de prestación de Docente
2000 servicios25
2 de diciembre de 15 de diciembre de 2000 14 días26 Contrato de prestación de Docente
2000 servicios27
9 de enero de 2001 9 de abril de 2001 90 días Contrato de prestación de Docente
servicios28
10 de abril de 2001 9 de julio de 2001 90 días Contrato de prestación de Docente
servicios29
3 de septiembre de 14 de diciembre de 2001 101 días Contrato de prestación de Docente
2001 servicios30
14 de enero de 2002 31 de marzo de 2002 77 días Contrato de prestación de Docente
servicios31
1.° de abril de 2002 14 de junio de 2002 73 días Contrato de prestación de Docente
servicios32
15 de junio de 2002 5 de julio de 2002 20 días Contrato de prestación de Docente
servicios33
23 de septiembre de 20 de diciembre de 2002 87 días Contrato de prestación de Docente
2002 servicios34
8 de enero de 2003 7 de abril de 2003 90 días Contrato de prestación de Docente
servicios35
8 de abril de 2003 25 de julio de 2003 117 días Contrato de prestación de Docente

20 Visible a folio 28 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
21 Visible a folio 29 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
22 Visible a folios 16 y 30 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede

ser descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
23 Visible a folio 10 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
24 Visible a folio 11 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
25 Visible a folio 12 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
26 Así fue establecido en dicho contrato.
27 Visible a folio 10 del pdf 15 Respuesta Requerimiento, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
28 Visible a folio 13 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
29 Visible a folio 14 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
30 Visible a folio 15 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
31 Visible a folio 52 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
32 Visible a folio 51 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
33 Visible a folio 38 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
34 Visible a folio 30 del pdf 12 Expediente Administrativo, contentivo del expediente digital el cual puede ser

descargado en la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
35 Visible a folio 25 del pdf 02 Demanda, contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la

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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

servicios36
25 de agosto de 2003 19 de diciembre de 2003 114 días Contrato de prestación de Docente
servicios37
22 de enero de 2004 8 de febrero de 2016 4336 días Nombramiento en provisionalidad38 Docente

TOTAL TIEMPO DE SERVICIOS: 7.789 días, equivalentes a 21 años, 7 meses, 19 días

48. En los términos antes señalados, considera la Sala que no le asiste razón a
la entidad demandada, en tanto que el señor Eduardo Chicaiza se vinculó por
primera vez como empleado público en el año 1983, a través de vínculos legales y
reglamentarios, y por medio de contratos de prestación de servicio desde febrero
de 1997, los cuales son computables para los fines de la pensión solicitada.

49. En ese escenario, tal como lo dispuso el Tribunal Administrativo de Nariño el
régimen aplicable al demandante es el contenido en las Leyes 33 y 62 de 1985, toda
vez que la prestación del servicio fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.

50. A juicio de la Sala, el tiempo que el señor Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales
laboró en cargos diferentes a la docencia debe ser contabilizado para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación, por cuanto la Ley 33 de 1985, exige
como requisito para acceder a dicha prestación, el cumplimiento de un determinado
número de años de servicio, sin restringirlos exclusivamente al ejercicio de
funciones docente. Basta con que el tiempo haya sido prestado en el servicio
público, circunstancia que quedó acreditada en el presente expediente. En ese
mismo sentido, esta corporación, en sentencia del 30 de octubre de 202539
reconoció como válido el tiempo laborado por la demandante en el cargo de
secretaria de tesorería del municipio de Chimichagua (Cesar).

51. Además, cabe recordar que el beneficio (de la norma pensional aplicable) se
contempló para los educadores que, antes del 27 de junio de 2003, hubieren
ejercido como docente, lo que también fue corroborado dentro del expediente.

52. Aclarada la norma pensional aplicable, advierte la Sala que el señor Eduardo
Gilberto Chicaiza Rosales cumplió los 55 años de edad el 25 de febrero de 2013;
sin embargo, como a esa fecha no había completado el tiempo de servicio para
acceder a la pensión, es claro que el estatus lo consolidó el 19 de junio de 2014,
momento cuando cumplió los 20 años de servicio.

36 Visible a folio 25 del pdf 02 Demanda, contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la

opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
37 Visible a folio 25 del pdf 02 Demanda, contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la

opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
38 Visible a folios 2 a 6 del pdf 02 Demanda, contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en

la opción de «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Juan Camilo Morales Trujillo sentencia del 30 de

octubre de 2024 expedida en el proceso identificado con el radicado 20001-23-33-000-2021-00308-01 (0486-
2025).
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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

53. La anterior situación en principio llevaría a modificar la fecha de concreción
de esa condición, puesto que el a quo encontró que el actor tenía derecho a recibir
la contingencia desde el 29 de julio de 2014; no obstante, tal cambio afectaría al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en su condición de
apelante único, razón por la cual no se modificará este punto.

54. Por otro lado, se recuerda que los factores pensionales que nutren la pensión
de jubilación son aquellos devengados en el año anterior al estatus, y que
encuentran enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Sin embargo, tal
previsión no obsta para que en la base de liquidación se incluyan otros emolumentos
que han sido catalogados como factor salarial en los respectivos actos de creación.

55. Tal es el caso de la bonificación mensual docente y la bonificación
pedagógica, que si bien no se encuentran taxativamente en la citada normativa, sus
decretos de creación (1566 de 2014 y 2354 de 2018), les confirieron tal carácter.

56. En el caso de análisis, los emolumentos que el docente devengó en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, entre el 19 de junio de 2013
y el 18 de junio de 2014, son los siguientes: asignación básica, prima de navidad,
prima de vacaciones docente, subsidio de alimentación y bonificación mensual.

57. El Tribunal Administrativo de Nariño ordenó el reconocimiento pensional
teniendo como emolumentos los factores devengados por el educador en el año
anterior a la adquisición del estatus que se encuentran señalados en el artículo 1.°
de la Ley 62 de 1985.

58. De lo anterior, se observa que el actor devengó la bonificación mensual docente;
no obstante, este factor no será incluido en el ingreso base de liquidación, porque
se haría más desfavorable la situación del apelante único.

3.3.3. Segundo problema jurídico. ¿Las cotizaciones son determinantes para
reconocer la pensión de jubilación, cuando en esta prestación se incluyen
tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios?

59. Uno de los puntos de la controversia como lo es la acreditación de los aportes
pensionales por parte del demandante tal como lo señaló la apoderada de la Nación
– Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

60. Al respecto es de recordar, como lo ha indicado esta Subsección en sentencia
de 6 de febrero de 202040, que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso
ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos
laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos
escenarios con connotaciones diferentes, siendo uno de ellos, el que se presenta

40 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero dr. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de los periodos laborados
a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la
pensión de jubilación, evento en el que es posible que el proceso ordinario se
adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión.

61. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el Decreto
3135»41 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de exigir
la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de
previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios
requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la
entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata
del tiempo de servicios en cada una de aquellas.

62. En este caso nos encontramos en el citado supuesto fáctico, donde se analiza
la posibilidad de tener en cuenta los periodos por contratos de prestación de
servicios como docente para el reconocimiento pensional, siendo posible que la
entidad de previsión a la cual le corresponda en reconocimiento pensional adelante
las gestiones administrativas que le permitan recaudar los aportes o diferencias de
aportes pensionales que le permitan garantizar la pensión.

63. En esta línea, como los aportes pensionales, tienen naturaleza de
contribuciones parafiscales con una destinación específica42, «que los hace
imprescriptibles» y cuyo «recaudo puede decretarse en cualquier momento de
manera actualizada en las proporciones que tanto al trabajador como al empleador
le habrían correspondido durante el período en el que se ocultó la relación laboral,

41 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión.

1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad
de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la
ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por la
entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de
servicios y edad señalados para el goce de la pensión.
2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del
servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial
empleadora.
3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la
entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho
a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional
que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.
En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si
transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la
pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto
de reconocimiento de la pensión.» (Negrilla de la Sala).
42 Sentencia de 18 de febrero de 2021, dentro del proceso radicado 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-

2014), con ponencia del consejero William Hernández Gómez.
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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

a fin de que la entidad de previsión respectiva pueda pagar sin detrimento
patrimonial la prestación reconocida»43.

64. Es evidente que si el docente estuvo vinculado a través de contratos de
prestación de servicios ante entidades territoriales no podía encontrarse afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sino que efectuaba las
cotizaciones a Fondos o entidades de previsión diferentes, sin que aparezca
demostrado en este caso que se efectuaron los aportes por parte del docente.

65. Es menester traer a colación la sentencia CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado44, donde se fijaron los criterios de
interpretación y reglas jurídicas en los casos de docentes oficiales vinculados por
medio de contratos de prestación de servicios, particularmente acerca del pago de
los aportes a pensión, donde se determinó lo siguiente:

«[…] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados
al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción
extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164,
numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados en
cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede
repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la
realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación
de trabajo. […]

Igualmente, en atención a que el derecho a una pensión redunda en la calidad de vida
de aquella persona que entregó al Estado su fuerza de trabajo en aras de su propia
subsistencia, e incluso de la de su familia, tanto para recibir una contraprestación por su
servicio como para llegar a obtener beneficios que cubran contingencias derivadas de la
vejez o invalidez, el juez contencioso deberá estudiar en todas las demandas en las que
proceda el reconocimiento de una relación laboral (contrato realidad), así no se haya
solicitado expresamente, el tema concerniente a las cotizaciones debidas por la
Administración al sistema de seguridad social en pensiones, pues si bien es cierto que la
justicia contencioso administrativa es rogada, es decir, que el demandante tiene la carga
procesal de individualizar las pretensiones condenatorias o declaratorias (diferentes a la
anulación del acto) con claridad y precisión en el texto de la demanda respecto de las
cuales el juez deberá pronunciarse en la sentencia (principio de congruencia), también lo
es que este mandato legal debe ceder a los postulados superiores, cuanto más respecto
de los derechos constitucionales a la vida en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la
seguridad social, puesto que "La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo,
no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores" (artículo 48 de la C.P.), como extremo débil de la relación laboral, que
imponen a las autoridades estatales la obligación de adoptar medidas tendientes a su
protección efectiva, ya que sería mayor el menoscabo para la persona cuando llegare a
acceder a un derecho pensional (sea por vejez o invalidez) con un monto que no
reconoce la fuerza laboral que entregó a su empleador, frente a los demás que sí
obtuvieron todos los beneficios a los que se tiene derecho en un contrato de trabajo
(principio de proporcionalidad).

43 Ibidem. Negrilla de la Sala.
44 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de

agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

Lo anterior, además por cuanto al hallarse involucrados derechos de linaje constitucional
fundamental, ha de privilegiarse el principio de iura novit curia, en virtud del cual al juez
le incumbe aplicar el derecho pese a que este sea diferente al invocado por las partes,
pues es su deber estudiar el asunto de acuerdo con los hechos y el derecho vigente, por
lo que se insiste en que el juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque
no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral
entre el demandante y la agencia estatal accionada, en tanto que aquellos derechos son
de aplicación judicial inmediata y evidenciada su vulneración, en aras de su prevalencia
sobre el derecho procesal, habrán de adoptarse las medidas jurídicas necesarias para
su restablecimiento, lo cual encuentra respaldo en lo expuesto por la Corte
Constitucional, en sentencia C-197 de 1999, con ponencia del magistrado Antonio
Barrera Carbonell, en el sentido de que " ... cuando el juez administrativo advierta la
violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá
proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el
requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación", por lo cual lo anotado
no implica la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable
para lograr la efectividad de los derechos del trabajador a favor de quien se ha declarado
la existencia de una relación laboral con la Administración. […]

Por último, resulta oportuno precisar que la imprescriptibilidad de la que se ha hablado
no opera frente a la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes
hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio
propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal
(que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al
sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al
momento de liquidarse el monto pensional, por lo tanto, la Administración deberá
determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y
los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía
como empleador.

Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador. […]». (Cursiva
original y subrayadas de la Sala).

66. En este sentido, no le asiste razón a la apelante para señalar que un docente
pierde el derecho al reconocimiento pensional de acuerdo con el régimen que le
corresponde sólo porque al interior del proceso no demostró los aportes
pensionales realizados mes a mes al fondo de pensiones o entidad de previsión.

67. Esto, pues la misma sentencia de unificación estableció obligaciones, no sólo a
cargo del docente, sino también para el ente empleador e inclusive contempló el
evento en que el accionante no hubiese realizado aporte alguno. En ese sentido,
no existe impedimento para que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio adelante las acciones administrativas correspondientes a efectos de
recaudar los citados aportes que garantizarán la liquidación, sostenibilidad y
eficacia de la prestación reclamada, en procura del equilibrio financiero del sistema
pensional45. Veamos:

45 Sentencia de 18 de febrero de 2021, dentro del proceso radicado 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-

2014), con ponencia del consejero William Hernández Gómez.

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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

• Corresponde a la Administración (ente empleador) determinar mes a mes si
existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados
por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante
por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía
como empleador.
• El demandante debe acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado
sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador. […]».

68. Acorde con lo establecido por la decisión unificadora, lo correspondiente en
estos casos es ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
que adelante las actuaciones administrativas pertinentes para realizar el cobro de
los aportes a quienes fungieron como contratante y contratista, en los porcentajes
dispuestos en la ley para empleador y empleado, respectivamente.

69. El Tribunal Administrativo de Nariño ordenó en la sentencia apelada lo siguiente:

«QUINTO.- Facultar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al cobro de la cuota parte
pensional de la pensión que se ordena reconocer en virtud de este fallo, al Municipio
de Ricaurte y al Departamento de Nariño, según se expuso en la parte motiva de
esta sentencia.
De igual manera, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, podrá descontar de la
pensión, los aportes que debía efectuar el demandante, en el porcentaje legal que
le correspondía como trabajador.

70. Esta Sala considera necesario modificar el numeral 5.° del fallo recurrido a
efectos de precisar las órdenes a impartir. En este sentido se adoptarán las
siguientes determinaciones:

71 . El demandante deberá acreditar documentalmente y manifestar al momento de
solicitar el cumplimiento de la sentencia, la entidad y los valores sobre los cuales
efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales fungió como
docente contratista, en caso de haberlas hecho. De lo contrario, si no realizó tales
aportes debe manifestarlo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

72. Por su parte, el FOMAG, realizará las actuaciones interadministrativas a que
haya lugar para obtener el pago de las cotizaciones por el período de contratación
por servicios del actor en caso de que estas no se hayan pagado aún, o en el evento
en que tales valores sean inferiores o presenten diferencias respecto de las
liquidadas por el mismo fondo.

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73. Para ello, el ente territorial, al igual que el demandante, deberán acreditar ante
el FOMAG las cotizaciones que hubiesen realizado a dicho fondo o a cualquier otro
durante su vínculo contractual (si las hicieron). Una vez se concrete lo anterior, si la
entidad accionada advierte que faltaron cotizaciones o se presenta diferencia en la
proporción que le correspondía al accionante como empleado, este tendrá que
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que tenía a su cargo, por lo que
se autoriza a la autoridad demandada que descuente los valores que le
correspondan al reclamante por todos los interregnos de labor como contratista con
las respectivas autoridades territoriales, única y exclusivamente bajo el referido
supuesto.

74. Si se demuestra que tales pagos se hicieron a otro fondo diferente al FOMAG,
la autoridad demandada deberá realizar las gestiones necesarias para obtener el
traslado de los recursos actualizados a su favor para asumir en su totalidad el pago
de la pensión.

3.4. De la condena en costas en segunda instancia

75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

78. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad accionada, por cuanto no
prosperaron los argumentos del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 18 de agosto
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de
la demanda instaurada por el señor Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales en contra
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, de conformidad con las razones dadas en la parte motiva.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia proferida el 18 de
agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño señalada en el numeral
anterior, en los siguientes términos:

«QUINTO.- Se ordena al señor Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales acreditar
ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG
las cotizaciones al sistema de pensiones realizadas durante la ejecución de
los contratos de prestación de servicios, indicando el fondo al cual fueron
efectuados, en caso de existir tales aportes. Por su parte el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio deberá repetir y en consecuencia
solicitar a la entidad de previsión a la que se hubiese encontrado afiliado el
demandante en el tiempo que fungió como contratista, el reembolso de los
pagos hechos por aquel bajo el concepto de aportes a pensión, siempre y
cuando así se asegure y acredite.

Asimismo, el FOMAG deberá realizar las actuaciones interadministrativas
correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante el
departamento de Nariño y el municipio de Ricaurte, frente a las sumas
faltantes por concepto de cotizaciones a pensión que le habría correspondido
a las referidas autoridades como empleadoras de aquel, debidamente
actualizadas.

En todo caso, se autoriza al citado fondo descontar de los valores adeudados
al accionante en virtud de la presente condena, los saldos pendientes,
parciales o totales en su contra, si existen después del cumplimiento del
precepto anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción
como trabajador le correspondía efectuar por el período que subsistió la
relación contractual».

TERCERO: Confirmar en lo demás el fallo de primera instancia.

CUARTO: Condenar en costas en esta instancia a la entidad demandada, por las
razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío.

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Demandante: Eduardo Gilberto Chicaiza Rosales

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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