RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05937-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05937-00

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05937-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora. SEGUNDO. ACCEDER a la petición de desvinculación elevada por el departamento del Huila. TERCERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de María Marleny Castro Trujillo. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 11 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 41001-33-33-004-2022-00272-01 y ORDENAR a la autoridad judicial precitada dictar, en el término de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, una nueva decisión conforme a los lineamientos aquí planteados. CUARTO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05937-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05937-00
Demandante: María Marleny Castro Trujillo
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Pensión de jubilación docente.
Desconocimiento del precedente judicial.
Decisión: Accede al amparo solicitado

La Sala decide la acción de tutela formulada por María Marleny Castro Trujillo contra
el Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 22 de septiembre de 2025, María Marleny Castro Trujillo presentó acción
de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad social
integral, «en conexión con el régimen especial del magisterio y demás derechos
constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan
la acción de tutela».

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó declarar que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 11 de marzo de 2025, en el
proceso de nulidad y restablecimiento con radicado No. 41001-33-33-004-2022-
00272-01, carece de efectos legales y, en ese sentido, requirió ordenar a la
corporación judicial precitada emitir una nueva decisión en la que se valoren con
plenitud las pruebas aportadas y se tenga en cuenta la tesis jurisprudencial vigente
trazada en las Sentencias C-555 de 1994, T- 502 de 2020 y T -182 de 2022 de la
Corte Constitucional y en la Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la accionante
afirmó que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con el fin de obtener la nulidad del acto ficto o presunto
producto del silencio administrativo con ocasión a la petición radicada el 24 de enero
de 2022, y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó (i)
reconocer y pagar la pensión de jubilación con cuotas partes en su condición de
docente oficial, a partir del 14 de febrero de 2019 y en cuantía equivalente al 75%
del promedio mensual de los salarios y demás emolumentos devengados en el año

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05937-00
Demandante: María Marleny Castro Trujillo

anterior al cumplimiento del estatus, previo reconocimiento como tiempo válido para
dicha finalidad, el laborado en la modalidad contractual de prestación de servicios –
OPS, desde el 1 de febrero de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2003.

4. El 31 de julio de 2023, el Juzgado 4 Administrativo de Neiva negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no existía pronunciamiento judicial
por medio del cual se hubiere declarado la existencia de una relación laboral entre
el departamento del Huila y la señora Castro Trujillo, para los períodos interrumpidos
comprendidos entre el 1 de febrero de 1994 al 30 de noviembre de 2002 (como
docente oficial), de manera que no era posible establecer la existencia de un vínculo
legal y reglamentario como docente de dicho departamento y, de paso, reconocer a
su favor el tiempo laborado en tal modalidad contractual de prestación de servicio -
OPS, como tiempo válido para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

5. Por tanto, tuvo como fecha de vinculación de la demandante al FOMAG el
19 de febrero de 2004; y, en esa medida, indicó que, al no encontrarse vinculada al
servicio educativo oficial al entrar en vigor la Ley 812 de 2003, esto es, el 27 de junio
de 2003, su régimen pensional se rige por lo establecido en el régimen pensional
de prima media incorporado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

6. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso
de apelación, para lo cual sostuvo que el Consejo de Estado, en la Sentencia del 19
de enero de 2023 emitida en el proceso con radicado No. 15001-23-33-000-2019-
00103-01, estableció que era procedente dar validez a los tiempos laborados por
contratos de prestación de servicios –OPS para efectos pensionales, sin que en
esta se refiera sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral.

7. Adicionalmente, señaló que el juez desconoció los efectos de la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016 con radicado No. 23001-23-33-000-2013-
00260-01, en la cual se unificó posición en torno a los términos de prescripción en
las acciones de reclamación de prestaciones sociales causadas por los períodos
laborados en la «irregular» modalidad de contratos docentes.

8. Asimismo, cuestionó si es responsabilidad del docente cargar con los
efectos de una indebida forma de vinculación; y, además, que se omitió el contenido
del parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, que dispuso un régimen
transitorio de 6 años con el objeto de incorporar progresivamente a las plantas de
personas a los docentes vinculados mediante OPS.

9. El 11 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la
sentencia de primera instancia. Para soportar su decisión, afirmó que la
demandante no cumplió con requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985 para el
reconocimiento pensional por jubilación, al no poderse tener los tiempos de servicio
laborados como docente a través de contratos de prestación de servicios, por no
encontrase acreditadas las cotizaciones al sistema de pensiones durante estos
periodos.

10. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo del Huila, al expedir la Sentencia del 11 de marzo de 2025, incurrió

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05937-00
Demandante: María Marleny Castro Trujillo

en desconocimiento del precedente judicial, al no tener en cuenta la postura pacifica
del Consejo de Estado, frente al cómputo de los tiempos prestados como docente
mediante contratos de prestación de servicios para efectos pensionales.
Concretamente, citó las Sentencias de Unificación del 22 de enero de 2015 y del 25
de agosto de 2016, expedientes No. 0775-2014 y 0088-2015 y los fallos de tutela
del 9 de diciembre de 2021 y 20 de enero de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2021-
07366-00 y 11001-03-15-000-2021-06830-00, respectivamente.

11. Adicionalmente, manifestó que la providencia cuestionada también incurrió
en defecto sustantivo, al ignorar los efectos de la Sentencia C-555 de 1994 de la
Corte Constitucional, que declaró inexequibles el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y
el parágrafo 3 del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, los cuales permitían la
contratación sucesiva de docentes hasta su vinculación a la planta territorial.
Además, estimó que debieron tenerse en cuenta sus vinculaciones bajo la
modalidad de OPS, pues conforme a la Ley 797 del 2003, antes de su entrada en
vigor, los contratistas no estaban obligados a realizar tales cotizaciones.

12. Asimismo, sostuvo que la providencia censurada carece de motivación,
comoquiera que no expuso las razones por las cuales se apartó de la Sentencia C-
555 de 1994 de la Corte Constitucional ni de las sentencias de unificación del
Consejo de Estado. Agregó que no se realizó un análisis profundo del régimen
pensional docente constitucionalmente protegido ni de los tratados internacionales
que garantizan el derecho a la seguridad social.

13. Finalmente, indicó que se incurrió en violación directa de la Constitución
Política, ya que al desconocer el tiempo laborado como docente a través de OPS
para el reconocimiento de la pensión de jubilación, se transgredieron sus derechos
fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad
social integral.

Intervenciones1

14. El Juzgado 4 Administrativo de Neiva explicó que, en la Sentencia del 31
de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda, debido a que no era posible
acceder a la pretensión encaminada al reconocimiento pensional con aplicación de
las normas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
toda vez que se estableció que la vinculación como docente oficial de la accionante,
se originó con posterioridad, sin que fuera posible tener en cuenta los períodos
ejercidos bajo la modalidad de OPS y contrato de prestación de servicios con el
municipio de Garzón (Huila), al no evidenciarse la declaratoria judicial de una
relación laboral, por lo que el régimen aplicable era la Ley 100 de 1993 y la Ley 797
de 2003.

15. Aunado a ello, expuso que si bien la señora Castro Trujillo contaba con la
edad para acceder a la pensión de jubilación, el período certificado por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), correspondía a la suma

1
El 25 de septiembre de 2025, se admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Huila y se vinculó al
Juzgado 4 Administrativo de Neiva y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento del Huila.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05937-00
Demandante: María Marleny Castro Trujillo

total de 15 años, 6 meses y 17 días, por lo que, en caso de que se hubiese analizado
el reconocimiento pensional en virtud de lo establecido en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, no se cumplía con las semanas de cotización necesarias para acceder
a la prestación, por cuanto de los períodos efectuados bajo la modalidad de OPS y
contrato de prestación de servicios como docente al servicio se omitió acreditar las
respectivas cotizaciones al sistema general de pensiones.

16. Por último, resaltó que la parte demandante discute la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila, sin que exista algún reproche respecto de
las actuaciones que se surtieron en el trámite del proceso en primera instancia.

17. De otra parte, allegó copia digital del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 41001-33-33-004-2022-00272-01.

18. El Ministerio de Educación Nacional adujo que la providencia discutida
no puede excluirse del mundo jurídico por esta vía, pues ello implicaría desconocer
la autonomía e independencia judicial, así como la presunción de acierto y legalidad
de la decisión, máxime cuando la acción no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues no está demostrado que la vulneración a las garantías
procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia de la actora ni su acceso a la administración de justicia, sino que se
trata de una controversia de naturaleza estrictamente económica.

19. Adicionalmente, manifestó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, pues no es el responsable de la conducta generadora de la vulneración
alegada y, en esa medida, no tiene competencia para pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones de la acción. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente la acción y ordenar su desvinculación.

20. La FIDUPREVISORA, como vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del FOMAG, indicó que no tiene competencia para expedir actos
administrativos de reconocimiento de prestaciones económicas, dado que es el ente
territorial el que funge como empleador. Adicionalmente, afirmó que no puede
inferirse la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, comoquiera que las actuaciones judiciales se adelantaron con plena
observancia del debido proceso. Por tanto, solicitó declarar improcedente la acción
de la referencia y su desvinculación del presente trámite.

21. El departamento del Huila aseguró que no fue vinculado al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que no existe una actuación u omisión
atribuible a esa entidad que pueda constituir alguna vulneración o amenaza de
derechos fundamentales. En consecuencia, requirió su desvinculación del presente
asunto, ante la ausencia de legitimación en la causa por pasiva.

22. El Tribunal Administrativo del Huila guardó silencio, a pesar de que fue
debidamente notificado del auto admisorio de la acción de la referencia.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05937-00
Demandante: María Marleny Castro Trujillo

II. CONSIDERACIONES
Competencia

23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

24. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara
que si bien es cierto que la accionante alegó la configuración de los defectos de
desconocimiento del precedente judicial, sustantivo, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución Política, también lo es que los argumentos
expuestos para sustentar cada cargo confluyen en la primera causal mencionada,
por lo que el análisis del presente asunto se realizará a la luz de dicho defecto.

25. De otra parte, no se accederá a la solicitud de desvinculación formulada por
el Ministerio de Educación Nacional y la FIDUPREVISORA, comoquiera que fueron
vinculadas al presente trámite, debido a que hicieron parte del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en calidad de demandadas, por lo que les asiste
interés en la decisión que aquí se adopte.

26. En contraste, se aceptará la petición de desvinculación elevada por el
departamento del Huila, al evidenciar que dicha entidad territorial no hizo parte del
referido medio de control.

Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo del Huila, al expedir la Sentencia del 11 de marzo de 2025,
desconoció la posición de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre la
inclusión de los tiempos de servicios como docente a través de órdenes de
prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia
y seguridad social integral; se argumentaron con suficiencia los reparos alegados y
no se trata de un asunto de mera legalidad o carácter eminentemente económico;
(2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que María
Marleny Castro Trujillo es la titular de las garantías constitucionales que se invocan
como vulneradas, y el Tribunal Administrativo del Huila fue la autoridad que profirió
la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05937-00
Demandante: María Marleny Castro Trujillo

judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos
constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 22 de septiembre de 2025,
es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia del 11
de marzo de igual anualidad2; (5) no se cuestionó una irregularidad procesal; (6) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos

29. La Sala accederá al amparo solicitado, por haberse configurado el defecto
de desconocimiento del precedente judicial, conforme a los argumentos que a
continuación se exponen:

30. María Marleny Castro Trujillo solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia
y seguridad social integral, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Huila, al expedir la Sentencia del 11 de marzo de 2025,
comoquiera que incurrió en desconocimiento del precedente judicial, al no tener en
cuenta la postura pacifica del Consejo de Estado, frente al cómputo de los tiempos
prestados como docente mediante contratos de prestación de servicios para efectos
pensionales. Para el efecto, citó las Sentencias de Unificación del 22 de enero de
2015 y del 25 de agosto de 2016, expedientes No. 0775-2014 y 0088-2015 y los
fallos de tutela del 9 de diciembre de 2021 y 20 de enero de 2022, Rad. 11001-03-
15-000-2021-07366-00 y 11001-03-15-000-2021-06830-00, respectivamente.

31. Pues bien, en la Sentencia del 11 de marzo de 2025, el Tribunal
Administrativo del Huila decidió negar el reconocimiento pensional solicitado por la
señora Castro Trujillo, tras considerar que no se cumplía con el requisito de 20 años
de servicios, dado que no era procedente computar los tiempos en los que la actora
prestó sus servicios como docente mediante contratos de prestación de servicios
OPS por no haberse acreditado el pago de aportes al sistema de seguridad social
durante dichos periodos.

32. En concreto, si bien la autoridad judicial precitada reconoció que la
demandante se desempeñó como docente desde el 1 de febrero de 1994 bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios, y luego en provisionalidad y
propiedad hasta completar un total de 20 años, 10 meses y 17 días de labor,
concluyó que no era posible tener en cuenta el tiempo de OPS para efectos
pensionales por falta de prueba del pago de cotizaciones. Bajo ese razonamiento,
el Tribunal señaló que la demandante solo contaba con 15 años, 6 meses y 17 días
de servicio válidamente acreditados.

33. Sin embargo, para la Sala esta decisión desconoce abiertamente la
jurisprudencia pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual ha
señalado de forma reiterada que el tiempo de vinculación del docente mediante
contratos de prestación de servicios debe ser tenido en cuenta para efectos del

2
La providencia fue notificada por estado electrónico el 11 de abril de 2025.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05937-00
Demandante: María Marleny Castro Trujillo

régimen pensional, incluso cuando durante dichos periodos no se hayan efectuado
cotizaciones al sistema por parte de la entidad contratante o del propio contratista.

34. Ciertamente, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha
sostenido que la falta de aportes no constituye un impedimento para el cómputo de
esos tiempos, y que es deber de los fondos de pensiones adelantar las gestiones
correspondientes ante las entidades territoriales contratantes con el fin de
establecer responsabilidades, garantizar la financiación del derecho pensional y
corregir las omisiones en el pago de las cotizaciones.

35. Lo anterior por cuanto los períodos en que hubiese laborado la docente en
el sector público a través de contratos de prestación de servicios, con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son válidos para acreditar el tiempo de
servicio que se exige para adquirir el derecho a una pensión de jubilación3.

36. Así, las Subsecciones de la Sección Segunda, en múltiples sentencias4,
han señalado que la posibilidad de contabilizar los períodos en que el demandante
fungió como docente contratista no puede estar supeditada a demostrar la
realización de aportes con destino al sistema de pensiones durante dicho tiempo,
ya que para ese momento no existía norma jurídica que estableciera la obligación
de efectuar tales cotizaciones en el caso de los contratistas por prestación de
servicios, pues esta se introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano en el año
2003, con la Ley 797.

37. En este sentido, si bien no existe una sentencia de unificación que trate de
forma específica este punto, lo cierto es que sí hay una línea jurisprudencial
consolidada y pacífica al interior del Consejo de Estado, que le reconoce fuerza
vinculante en virtud de los principios constitucionales de seguridad jurídica e
igualdad.

38. Bajo este entendido, el Tribunal Administrativo del Huila, al negar el
reconocimiento pensional bajo el argumento de la ausencia de prueba de
cotizaciones durante los periodos de OPS, se apartó de esta jurisprudencia sin
ofrecer una justificación razonada y suficiente que explique dicho distanciamiento,
incumpliendo su deber de motivación cuando decide adoptar una postura distinta a
la fijada por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

39. Por tanto, se concluye que en este caso se estructuró el defecto por
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que la autoridad judicial
accionada desatendió la postura reiterada y uniforme de la Sección Segunda del
Consejo de Estado respecto de la validez del tiempo laborado por los docentes a
través de órdenes de prestación para efectos de la pensión de jubilación de los
docentes, sin perjuicio de la no acreditación de los aportes correspondientes.

3
Sentencia del 24 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Proceso
63001-23-33-000-2021-00085-01 (3819-2022).
4
Al respecto, ver: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sentencias del 29 de mayo de 2025 y del 4
de septiembre de 2025. Expedientes No. 20001-23-33-000-2019-00340-01 (6154-2024) y 68001-23-33-000-2018-00504-01
(1175-2025). Adicionalmente, Subsección B de la referida Sección. Sentencias 19 de septiembre de 2024 y 30 de enero de
2025. Rad: 15001-23-33-000-2021-00135-01 (1594-2023) y 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), respectivamente.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05937-00
Demandante: María Marleny Castro Trujillo

40. En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales al debido
proceso y a la seguridad social de María Marleny Castro Trujillo y, en ese sentido,
se dejará sin efectos la sentencia proferida el 11 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Huila en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 41001-33-33-004-2022-00272-01, y se ordenará a la autoridad judicial
precitada dictar, en el término de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, una nueva decisión conforme a los lineamientos aquí planteados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio
de Educación Nacional y la Fiduprevisora.

SEGUNDO. ACCEDER a la petición de desvinculación elevada por el
departamento del Huila.

TERCERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social de María Marleny Castro Trujillo. En consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia proferida el 11 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Huila en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 41001-33-33-004-2022-00272-01 y ORDENAR a la autoridad judicial
precitada dictar, en el término de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, una nueva decisión conforme a los lineamientos aquí planteados.

CUARTO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.