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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07366-00

Fecha
9 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07366-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental a la igualdad de la parte actora, conforme con las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia, se dispone: 2. Dejar sin efectos la sentencia del 26 de agosto de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-23-33-000-2013-00202-01. 26 Sentencia SU072 de 2018. MP. José Fernando Reyes Cuartas. 27 Cita original. SU-049 de 1999, C-774 de 2001, C-836 de 2001, C-029 de 2009, C-332 de 2011, T-394 de 2013, SU- 515 de 2013, C-500 de 2014 y C-284 de 2015. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2021-07366-00 Demandante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez 3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, en el término de 20 días, contados a partir de esta providencia, dicte una sentencia de remplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-07366-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

9 de diciembre de 2021

Radicado: 11001-03-15-000-2021-07366-00
Demandante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07366-00
Demandante: BERTHA LIGIA MANTILLA RAMIREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Temas: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que denegó el reconocimiento de la pensión de jubilación a
docente. Desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Bertha Ligia Mantilla Ramírez
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela, la señora Bertha Ligia Mantilla Ramírez pidió la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que estimó vulnerados por la sentencia del 26
de agosto de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
En concreto, formuló la siguiente pretensión:
PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Expediente No. 52001-23-33-000-2013-00202-01 (3639-2015) LA SUBSECCIÓN “B” DE LA
SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Consejero Ponente Dr. César
Palomino Cortés al confirmar la sentencia del 26 de junio de 2015 emitida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, vulneraron a la señora BERTHA LIGIA MANTILLA RAMIREZ los derechos
fundamentales a: la igualdad frente a la aplicación de la ley y el bloque de jurisprudencia relacionada
con la pensión de jubilación que debía incluir los tiempos OPS, los derechos adquiridos con arreglo
a la ley, al trabajo, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso judicial, el derecho a
la seguridad social, la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales que resulten del estudio
y análisis de los hechos que fundamentan la acción.

SEGUNDA. - En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia de segunda instancia
emitida por LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO fechada el 26 de agosto de 2021 y notificada el 20 de septiembre hogaño.

TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que realice los
trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias fundamentadas en la normatividad
vigente, valorando en plenitud las pruebas aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas
entre otras, en la sentencia C-555 de 1994 proferida por la Corte Constitucional y en el fallo unificado
de agosto 25 de agosto de 2016 proferido por la Sección Segunda suscrita entre otros, por los
Consejeros tutelados.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07366-00
Demandante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez

2.1. La señora Bertha Ligia Mantilla Ramírez, se desempeñó como docente oficial en el
municipio de Ipiales así: con órdenes de Prestación de Servicio, desde el 18 de
septiembre de 1984 hasta el 30 de junio de 1993 y, en propiedad, mediante vinculación
legal y reglamentaria desde el 21 de septiembre de 1993 a la fecha.

2.2. Que, la señora Mantilla Ramírez nació el 10 de noviembre de 1949, por lo que cumplió
55 años, el 10 de noviembre de 2004.

2.3. Que, al haber laborado más de 20 años de servicio como docente oficial y haber
cumplido 55 años, solicitó al Ministerio de Educación Nacional, a través de la Secretaría
de Educación del Municipio de Ipiales el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, pero la entidad por Resolución No. 082 del 18 de enero del 2013, negó el
reconocimiento, al desestimar el tiempo de servicio prestado a través de órdenes de
prestación de servicios.

2.4. La señora Mantilla Ramírez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho para obtener la nulidad de la Resolución No. 082 del 18 de enero de 2013 y, a
título de restablecimiento del derecho, pidió que se reconociera y pagara la pensión de
jubilación conforme con la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta que el tiempo laborado
por O.P.S. debe contabilizarse para completar los 20 años de servicio.

2.5. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño, que, por sentencia
del 26 de junio de 2015, denegó las pretensiones de la demanda. En concreto, señaló
que la demandante no acreditó el requisito de los 20 años de servicio. Explicó que no era
posible declarar la existencia de una relación laboral entre la demandante y el municipio
por el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 1984 y el 20 de junio de 1993,
al encontrarse prescrito dicho periodo, pues desde el último contrato hasta la fecha de
presentación de la reclamación administrativa, transcurrieron diecinueve años, lo que
supera el término de tres años para reclamar acreencias laborales, de acuerdo con los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

2.6. Inconforme con la decisión, la señora Bertha Ligia Mantilla Ramírez interpuso recurso
de apelación y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por sentencia del
28 de enero de 2021, confirmó la decisión. Explicó que la demandante se desempeñó
como docente para la entidad territorial por medio de contratos de prestación de servicios,
tiempo que pretende se tenga en cuenta para el reconocimiento de la pensión, pero que
no se probó que respecto de dicho periodo se hayan realizado los respectivos aportes de
salud y pensión por cuenta propia a una entidad de previsión.

2.6.1. Que el legislador impuso la obligación de realizar aportes parafiscales a pensión, a
fin de que la entidad de previsión pueda pagar sin detrimento patrimonial las prestaciones
que por ley debe reconocer, entre ellas, las pensiones, en consonancia con los principios
de solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema.

2.6.2. Advirtió que la “(…) la señora Bertha Ligia Mantilla Ramírez, para la fecha en que
solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación, pues no logró acreditar haber
realizado cotizaciones durante el tiempo en que laboró bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios; y, en ese sentido, se reitera que los contratistas están obligados
a realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, en virtud de lo
dispuesto en la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas complementarias (…)”.

2.6.3. En todo caso, expuso que si bien a la fecha de presentación de la demanda de
nulidad y restablecimiento la actora no contaba con 20 años de servicio, lo cierto es que
durante el trámite del proceso completó esos 20 años y, por lo tanto, la Secretaría de
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Demandante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez

Educación de Ipiales, por Resolución No. 340 del 26 de febrero de 2016, reconoció la
pensión de jubilación.

2.6.4. La decisión tuvo un salvamento de voto, en el que se planteó que “(…) la línea
jurisprudencial consolidada y pacífica1 de la sección advierte que la labor del docente
contratista no es independiente, sino que el servicio se presta de manera personal y
subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la
educación, de manera que los tiempos servidos en tal condición no pueden ser
descartados para el reconocimiento pensional, sin perjuicio de que haya efectuado o no
aportes por concepto de seguridad social en pensiones, en virtud del principio de la
realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales”.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La señora Bertha Ligia Mantilla Ramírez, de manera preliminar, manifestó que la tutela
cumple los requisitos de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo del
asunto, manifestó que la sentencia del 28 de enero de 2021 vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad e incurrió:

3.1.1. En defecto sustantivo toda vez que la providencia cuestionada no tuvo en cuenta
que las vinculaciones bajo la modalidad de OPS con el municipio de Ipiales durante los
años 1984 a 1993 debieron tenerse en cuenta para el reconocimiento de la pensión de
jubilación, pues conforme con la Ley 797 del 2003, antes de su entrada en vigencia, los
contratistas no estaban obligados a realizar tales cotizaciones, desconociendo los
postulados de la sentencia C-555 de 1994.

3.1.2. En el defecto de decisión sin motivación, pues si bien hizo mención a una
sentencia de la misma corporación, lo cierto es que no tuvo suficiente argumentación, en
la medida en que no explicó las razones para “(…) apartarse de los postulados señalados
en las sentencias C-555 de diciembre 06 de 1994 emitida por la H. Corte Constitucional,
Sentencia unificada del Consejo de Estado de enero 22 de 2015 Radicación No. 25000-
23-42-000-2012-02017-01, Expediente No. 0775-2014 donde otorga validez de la
modalidad hora catedra y contratos de prestación de servicios y, la Sentencia unificada
del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016, en el expediente con Radicación no.
23001-23-33- 000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16 precisando que los tiempos
de contratos de prestación de servicio docente surten efectos pensionales, además de los
innumerables fallos de las máximas corporaciones judiciales que reiteran este concepto”.

3.1.3. En desconocimiento del precedente, al no tener en cuenta las sentencias que
componen precedente jurisprudencial obligatorio, estas son:

3.1.3.1. De la Corte Constitucional, las sentencias C-555 de 1994, C-154 de 1997 y C-517
de 1999.

1 Cita original: Al respecto véanse las sentencias de (i) 30 de octubre de 2003 de la subsección B, C.P. Jesús María

Lemos Bustamante, número interno 2460-2003, actora: Sonia Stella Prada Cáceres, (ii) 30 de marzo de 2006 de la
subsección B, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente 52001-23-31-000-1999-01215-02 (4669-04),
demandante: María Carmela Guerrero Benavides, (iii) 14 de agosto de 2008 de la subsección A, C.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren, expediente 68001-23-15-000-2002-00903-01 (0157-08), (iv) 1° de octubre de 2009 de la subsección
B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 0488-2009, actor: Liliana Esmeralda Jaimes Jaimes, (v) 4 de noviembre
de 2010 de la subsección A, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 0761-2010, actor: Marisel Bohórquez
Sarmiento, (vi) 16 de febrero de 2012 de la subsección B, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, expediente 1961-11,
actor: María Edilma Barrera Reyes, (vii) 24 de octubre de 2012 de la subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero,
expediente 68001-23-31-000-2003-02568-01(1201-12), actor: Héctor Alfonso Cáceres Gómez, y (viii) 25 de agosto de
2016 (fallo de unificación), expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), demandante Lucinda María
Cordero Causil.
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Demandante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez

3.1.3.2. Del Consejo de Estado: (i) Sentencias de unificación del 22 de enero de 2015,
exp. 25000-23-42- 000-2012-02017-01 y del 25 de agosto de 2019, exp. 23001-23-33-
000- 2013-00260-01.

3.1.3.3. Sentencias de las Subsecciones del Consejo de Estado proferidas dentro de
procesos ordinarios: (i) expediente 52001233100019990121502 (4669-2004), CP.
Alejandro Ordoñez Maldonado. Demandante; (ii) expediente 68001233100020030258301
(0488-2009), CP. Gerardo Arenas Monsalve, (iii) expediente15001233300020130013801
(2591-2014), CP. Carmelo Perdomo Cuéter, (iv) sentencia del 4 de julio de 2019,
expediente 54001233300020130040201 (3853-2014), CP. Carmelo Perdomo Cuéter; (v)
sentencia del 4 de julio de 2019, expediente 66001233300020130041301 (3446-2014),
CP. Carmelo Perdomo Cuéter; (vi) sentencia del 13 de febrero de 2020, expediente
54001233300020140010601 (0156-2015), CP. Gabriel Valbuena Hernández; (vii)
sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001233300020160008201 (4676-
17), CP. William Hernández Gómez; (viii) sentencia del 11 de febrero de 2021, expediente
81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-2014) CP. William Hernández Gómez; (ix)
sentencia del 11 de febrero de 2021, expediente 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-
2014), CP. William Hernández Gómez; sentencia del 18 de febrero de 2021, expediente
81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014), CP. William Hernández Gómez; sentencia
del 3 de junio de 2021, expediente 50001233300020180035701 (5585-2019), CP. Gabriel
Valbuena Hernández.

3.1.3.4. Fallo de tutela del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2020-05252-
00(AC), CP. CP. José Gregorio Hernández Galindo (Conjuez).

3.1.4. En violación directa de la constitución, ya que al desconocer el tiempo laborado
como docente a través de OPS para el reconocimiento de la pensión de jubilación,
transgrede los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

4. Trámite procesal

4.1. Mediante auto del 4 de noviembre de 2021, el despacho sustanciador admitió la
demanda y, entre otras cosas, ordenó la notificación de los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B. Adicionalmente, vinculó como tercero con
interés a la ministra de Educación Nacional.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes, mediante correos electrónicos enviados el 9 de
noviembre de 2021.

5. Intervención

5.1. El jefe Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela al no advertirse ninguna vulneración de los
derechos fundamentales de la demandante. Explicó que la discusión propuesta por la
demandante ya fue resuelta por el juez natural y que, en aras de proteger la seguridad
jurídica se debe respetar la autonomía y las decisiones que se adoptan dentro de los
procesos ordinarios.

5.2. Indicó que hay falta de legitimación en la causa por pasiva, pues el Ministerio de
Educación no es la entidad responsable de atender las solicitudes de reconocimiento y
pago de prestaciones a cargo de las secretarias de educación y del Fondo de Prestaciones
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Sociales del Magisterio FOMAG.

5.3. A pesar de haber sido notificados, los magistrados del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, no rindieron informe sobre los hechos que motivaron la
interposición de la presente acción de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20143, se precisó que la acción
de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el
Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política,
ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios
ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de
tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i)
defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido
aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta
en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son
propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o
decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito
adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional»4.

2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales, la Sala pasa a estudiar los
requisitos específicos, para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

2.2. En la demanda de tutela, la señora Bertha Ligia Mantilla Ramírez alegó que la
sentencia del 26 de agosto de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, incurrió en los defectos sustantivo, decisión sin motivación, violación directa
a la Constitución y desconocimiento del precedente. A juicio de la parte actora, la autoridad
judicial desconoció la procedencia de la inclusión de los tiempos de servidos como docente
2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
4 SU-573 de 2017.

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a través de órdenes de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de
jubilación.

2.2.1. La Sala advierte que todos los argumentos propuestos van dirigidos a cuestionar la
falta de aplicación del precedente del Consejo de Estado. Por otro lado, si bien la parte
actora también propone el desconocimiento del precedente constitucional, se observa que
se trata de sentencias de constitucionalidad, por lo que dicho argumento se analizará
como defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma.

2.3. En virtud de lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 26 de
agosto de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación normativa y en desconocimiento del
precedente judicial del Consejo de Estado, respecto de la procedencia de la inclusión de
los tiempos de servidos como docente a través de órdenes de prestación de servicios para
el reconocimiento de la pensión de jubilación.

3. Del defecto sustantivo

3.1. Lo primero que conviene decir es que, en general, el defecto sustantivo es una
forma auténtica de violación directa de la ley (norma), que, a su vez, ocurre por falta de
aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea.

3.1.1. Por lo general, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el juzgado ignora
su existencia o porque, a pesar de que la conoce, no la aplica a la solución del caso.
También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta una existencia ineficaz de
la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los
dos últimos supuestos, el juzgador examina la norma, pero cree, equivocadamente, que
no es la aplicable al asunto que resuelve. Ese es un evento típico de violación por falta de
aplicación, no de interpretación errónea, debido a que la norma por no haber sido aplicada
no trascendió al caso y no se hizo valer en la parte resolutiva de la sentencia.

3.1.2. La aplicación indebida, por su parte, ocurre cuando el precepto o preceptos
jurídicos, que se hacen valer, se usan o aplican, a pesar de no ser los pertinentes para
resolver el asunto que es objeto de decisión. Por ejemplo, porque la norma empleada no
se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada
inconstitucional.

3.1.3. Y, finalmente, la interpretación errónea sucede cuando el precepto o preceptos que
se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende
equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando
el juzgador le asigna a la norma o normas un sentido o alcance que no le corresponde.

3.1.4. En el mismo sentido, la Corte Constitucional dice que el defecto sustantivo se
presenta cuando: (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso
concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y la ley le
reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la
norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han
definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin tener en
cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y, por
ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la que se aplicó.

3.1.5. Ahora, la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad fija el alcance
y contenido de la ley. Eso quiere decir que las reglas de interpretación que se fijan en esas
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sentencias vienen a ser parte de la propia ley. Por lo tanto, si se aplica una regla de
interpretación a un caso que no corresponde, se incurre en defecto sustantivo por
aplicación indebida. Si el juez ignora la regla de interpretación fijada en la sentencia de
constitucionalidad o conociéndola decide no aplicarla, incurre en defecto sustantivo por
falta de aplicación. Y si el juez entiende equivocadamente las reglas de interpretación
fijadas en las sentencias de constitucionalidad y así las aplica, incurre en defecto
sustantivo por interpretación errónea.

3.2. En aras de determinar si la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
sustantivo, la Sala revisará el contenido de las sentencias de constitucionalidad que
invocó la demandante para determinar si contienen alguna regla de interpretación
aplicable al caso.

3.2.1. C-555 de 1994. En esta sentencia, se estudió la demanda de inconstitucionalidad
parcial de los artículos 6 y 16 de la Ley 60 de 1993 5 y, contra los artículos 23, 24, 92, 94,
95, 96, 105, 143, 155, 159, 160 y 162 de la Ley 115 de 1994. En concreto, la Corte estimo
que:

(…)
6. A los docentes integrados a la planta de personal en virtud de un acto administrativo, se les aplica
las normas legales y reglamentarias sobre carrera, régimen prestacional y salarial. Estas normas no
se extienden a los docentes-contratistas, los cuales quedan gobernados exclusivamente por el
contrato administrativo de prestación de servicios que suscriben con la entidad territorial. Desde el
punto de vista económico, los docentes temporales, por lo menos, no reciben prestaciones sociales;
en lo que concierne a su función, carecen de estabilidad y están excluidos del marco de derechos y
obligaciones, que se aplica a los empleados de planta.

7. No obstante que los docentes temporales realicen la misma actividad y cumplan las mismas
funciones de los de planta, están sometidos a un régimen contractual y no a uno legal - como éstos
últimos -, que los coloca en una situación más desfavorable tanto desde el punto de vista económico
como regulativo. La disparidad de tratamientos, frente a una misma categoría de sujetos (docentes)
y de actividad (enseñanza en establecimientos educativos estatales), explica la pretensión del
demandante, para quien los docentes temporales vinculados por contrato administrativo de
prestación de servicios, se encuentran en la misma situación de hecho y de derecho predicable de
los educadores incorporados a la planta de personal de la entidad territorial y, por consiguiente,
deben recibir el mismo tratamiento jurídico que la ley reserva exclusivamente a éstos.
(…)
Las características asociadas a la celebración de contratos administrativos de prestación de
servicios con docentes temporales, por las notas de permanencia y subordinación que cabe conferir
a la actividad personal que realizan, pueden servir de base para extender a ésta la protección de las
normas laborales.

3.2.1.1. Conforme con lo anterior, se declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 6 de
la Ley 60 de 1993, que estableció un régimen de previsión transitorio de seis años, en el
que a los docentes que venían siendo contratados por órdenes de prestación de servicios,
se les seguiría contratando a través de la misma figura, hasta cuando puedan ser
vinculados a la planta de personal docente territorial. A juicio de la Corte “(…) la previsión
de un régimen transitorio de seis años, significa, entre otras cosas, que dentro de ese
marco temporal, se le otorga permanencia a la contratación administrativa de docentes.
La vocación misma que adquieren los docentes temporales a ser incorporados
progresivamente a la planta de personal, les infunde un sentido de permanencia que
difícilmente les puede ser negada, pues, de ella depende que la ley cumpla con su
designio que no es otro que el de integrarlos en la mencionada planta de personal dentro
del indicado lapso, todo lo cual, de paso, demuestra fehacientemente tanto la

5 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencia de conformidad con los artículos 151 y
288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.
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permanencia de los encargos asignados a aquéllos como la semejanza material de su
actividad respecto a la que desempeñan los demás maestros y profesores”.

3.2.2. C-154 de 1997. Al estudiar la demanda de inconstitucionalidad del numeral 3,
parcial, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que reguló el contrato de prestación de
servicios, la Corte Constitucional explicó que el elemento de subordinación o dependencia
es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios,
“ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones
sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo
subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de
la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del
servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales,
así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente”.

3.2.3. C-517 de 1997. En esta sentencia se estudió la constitucionalidad del artículo 106
de la Ley 30 de 1992, que dispuso que las instituciones privadas de Educación Superior
podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un
profesor de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante contratos de trabajo
o mediante contratos de servicios. En concreto, explicó que en la sentencia C-006 de
1996, ya se había determinado que “(…) los establecimientos de educación superior no
pueden vincular profesores hora cátedra a través de contrato civil de prestación de
servicios, pues la relación que existe entre éstos y la respectiva institución es
eminentemente laboral y cumple fielmente las condiciones o requisitos del contrato
realidad. Ello impide, en consecuencia, cualquier restricción a sus derechos
constitucionales y legales, particularmente, los derivados de las prestaciones sociales, que
por razón del carácter transitorio de la actividad académica desarrollada, deben
reconocerse en proporción al tiempo de servicio”. Que, la anterior interpretación es
igualmente aplicable “a la norma acusada en cuanto ésta consagra idéntica situación
fáctica frente a las instituciones privadas del mismo orden”.

3.3. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que las sentencias de constitucionalidad
citadas por la demandante no estudiaron de manera concreta ni establecieron una regla
de derecho respecto de la procedencia de computar los tiempos prestados a través de
contratos u órdenes de prestación de servicio para el reconocimiento de la pensión de
jubilación de los docentes.

3.4. Lo anterior es suficiente para concluir que la providencia acusada no incurrió en el
defecto sustantivo alegado y, por lo tanto, la Sala continúa con el análisis del
desconocimiento del precedente judicial.

4. El desconocimiento del precedente judicial como causal específica de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

4.1. Grosso modo, cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma
en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para
decidir otros conflictos semejantes, esto es, los conflictos en los que exista identidad
jurídica y fundamentalmente identidad fáctica. Ese precedente, por su pertinencia, debe
ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.

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4.2. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que 6:
«un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del
pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación».

4.3. Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

4.4. El precedente horizontal incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual
jerarquía. En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía —y, en especial, de los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones— no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento. Es
decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, los
funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya fijado
el órgano de cierre de cada jurisdicción.

4.4.1. Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con
la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a
menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma
conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, vulnera el derecho a la
igualdad.

4.5. No obstante la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta,
pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial.
Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad
jurídica para que asuntos con supuestos fácticos y jurídicos idénticos se decidan de la
misma forma.

4.5.1. Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su
propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique
de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de
ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con
anterioridad.

5. Solución al problema jurídico

5.1. Previo a estudiar si la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del
precedente, de entrada, conviene precisar que la señora Bertha Ligia Mantilla Ramírez
laboró como docente para el municipio de Ipiales, desde el 18 de septiembre de 1984
hasta el 30 de junio de 1993, a través de órdenes de prestación de servicios, esto es,
antes de la expedición de las Leyes 1007 y 80 de 1993.
6 Sentencia T-158 de 2006.
7 El sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, entró a regir a partir del 1º de abril de 1994. Sin

embargo, su funcionamiento se pospuso, para los servidores públicos del nivel departamental, distrital, y municipal,
hasta el 30 de junio de 1995 (Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Consulta 720 del 7 de agosto de
1995).
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5.1.1. Ahora, en la sentencia del 26 de agosto de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en primer lugar, explicó el régimen pensional de los docentes y
se refirió a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, que, entre otras cosas,
dispuso que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de los servidores públicos del orden nacional, esto es, la Ley 33 de
1985, la cual exige 20 años de servicio y 55 años para el reconocimiento de la prestación.

5.1.2. Frente a si era procedente tener en cuenta el servicio prestado a través de órdenes
de prestación de servicios para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de
jubilación, la providencia expuso:

(…)
Ahora bien, corresponde entonces a la Sala pronunciarse sobre si los tiempos laborados por la
docente mediante contratos de prestación de servicios se pueden tener en cuenta para efectos
pensionales. Así entonces, se observa que la demandante se desempeñó como docente para la
entidad territorial por medio de contratos de prestación de servicios, situación de la cual, se infiere,
en principio, que debió realizar los respectivos aportes de salud y pensión por cuenta propia a una
entidad de previsión; sin embargo, en el plenario no obra prueba de ello. Además, en el recurso de
apelación la recurrente manifestó expresamente que busca que se declare que el tiempo servido
bajo la modalidad contractual es apto para efectos pensionales “a pesar de que sobre el mismo ni
el empleador ni el trabajador efectuaron aportes con este destino 8.

En este punto, es menester precisar que el legislador ha impuesto la obligatoriedad de realizar
aportes parafiscales a pensión, a fin de que la entidad de previsión obligada pueda pagar sin
detrimento patrimonial las prestaciones que por ley debe reconocer, entre ellas, las pensiones, en
consonancia con el principio de sostenibilidad financiera del sistema y solidaridad, en razón de los
aportes a los que aquellos están obligados9.

La Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 2019, señaló que el contenido de la sostenibilidad
financiera a la que se refiere el artículo 48 de la Constitución se materializa “con la aplicación de las
reglas que establece la misma disposición, en particular las relativas a la obligación de realizar
aportes, la correspondencia entre la contribución al sistema y la liquidación de la mesada, el
establecimiento de topes pensionales, y la prohibición de establecer regímenes especiales. (…)
Además, la sostenibilidad exige que “para el conjunto de población protegida por el mismo, se hayan
definido las fuentes de financiación de tales prestaciones y se cumplan los requisitos de acceso
establecidos por el legislador”.

Por su parte, en un caso análogo al presente, esta Subsección manifestó lo siguiente 10:

“(…) es improcedente el computo del tiempo en que la actora prestó sus labores a través
de órdenes de prestación u/o contratos al Departamento de Norte de Santander y al
Municipio de Villa del Rosario (años 1988, 1990, 1991 y 1992), pues durante dicho periodo
no se evidencia aportes efectivamente cotizados a la seguridad social, los cuales, como
ya se dijo, tienen el carácter de parafiscales y son obligatorios, aún antes de la expedición
de la misma Ley 100 de 1993, tanto para el empleador como para el empleado y para
quienes han suscrito un contrato con el Estado, sin que su pago quede al arbitrio de
quienes están en la obligación de efectuarlos, ni llegar a ser objeto de negociación,
acuerdo o conciliación. Una vez decretados por la ley, estos aportes deben ser realizados
en la forma y tiempo establecidos (…)”.

5.1.3. En esas condiciones, la Corporación concluyó que la señora Mantilla Ramírez para
el momento en que solicitó el reconocimiento pensional no demostró haber realizado las
cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, por lo que los tiempos laborados
bajo dicha modalidad no podían tenerse en cuenta para efectos pensionales.

8 Cita original: Folio 132.
9 Cita original: Sobre el particular, ver la sentencia del 18 de febrero de 2021 con Radicado núm. 81001-23-33-000-

2013-00012-02 (4163-2014).
10 Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Expediente 54001-23-33-000-2012-00182-02

(4134-2016), con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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5.2. Para determinar si la anterior providencia desconoció el precedente judicial referente
a si se deben o no tener en cuenta, para efectos pensionales, los tiempos laborados por
los docentes a través de órdenes o contratos de prestación de servicio, la Sala se referirá
a las sentencias que relacionó la parte actora como desconocidas.

5.2.1. Sentencia de Unificación del 22 de enero de 201511. En esta providencia, se
determinó que, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, podían computarse
los tiempos de servicio como docente hora cátedra, prestados a través de contratos de
prestación de servicios, trayendo como fundamento con relación al cómputo del tiempo de
servicio docente por hora cátedra, la sentencia C-517 de 1999.

5.2.2. Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 201612. En esta providencia, el
problema jurídico radicó en establecer: “(i) si resulta procedente declarar la prescripción
de la totalidad del derecho deprecado, pese a estar concernidos los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, y de no ser cierta dicha hipótesis, (ii) si a la demandante
le asiste razón jurídica o no para reclamar del municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) el
pago de las prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que
permaneció vinculada como docente -contratista, en aplicación del principio de "primacía
de la realidad sobre formalidades", o por el contrario, si los contratos de prestación de
servicios ( o cualquiera que sea su denominación) que celebró con dicha entidad territorial
se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de
subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación laboral”.

5.2.2.1. En lo que interesa para el presente asunto, la Sección Segunda concluyó que: “(..)
las actividades desarrolladas por la demandante revisten las características propias de un
empleo de carácter permanente, pues estuvo por más de 12 años como maestra al
servicio del municipio de Ciénaga de Oro, las que cumplió de manera subordinada por la
naturaleza misma del ejercicio docente sujeto a los reglamentos propios del magisterio y
bajo igualdad de condiciones que los docentes -servidores públicos, motivo por el cual es
procedente acceder al reconocimiento de la existencia de una relación laboral”.

5.2.2.2. Y frente a los aportes a pensión concluyó que “no aplica el fenómeno prescriptivo.
(…), en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los
derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos·
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad”.

5.2.3. Sentencia del 30 de marzo de 200613. En este caso se declaró probada la
existencia de una relación laboral entre un docente contratado por un ente territorial a
través de contratos de prestación de servicios. Sin embargo, en dicha sentencia nada se
dijo respecto a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

5.2.4. Sentencia del 1 de octubre de 200914. Contrato realidad de docente vinculada
mediante contratos de prestación de servicios desde el 1 de febrero de 1995 al 31 de
diciembre de 1996, en el que se ordenó el “pago integral de las prestaciones sociales que
devengue un empleado público en el mismo o similar cargo desempeñado por la actora,
liquidada con base en los honorarios contractuales recibidos del 15 de febrero al 30 de
noviembre de 1993; del 25 de enero al 24 de noviembre de 1994; del 1 de febrero al 31
de diciembre de 1995 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 1996”. Igual que en la anterior
providencia, nada se dijo respecto a los tiempos laborados para efectos pensionales.

11 Sección Segunda. Expediente 25000-23-42-000-2012-02017- 01 (0775-2014), CP. Alfonso Vargas Rincón (E).
12 Sección Segunda. Expediente 23001-23-33- 000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. CP. Carmelo Perdomo

Cuéter.
13 Sección Segunda, Subsección B. Expediente 52001-23-31-000-1999-01215-02(4669-04).
14 Sección Segunda, Subsección B. Expediente 68001-23-31-000-2003-02583-01 (0488-2009). CP. Gerardo Arenas

Monsalve.
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5.2.5. Sentencias del 4 de julio de 201915. En estos tres casos, la Subsección B de la
Sección Segunda, concluyó que era procedente computar los tiempos de servicio
prestados por los docentes a través de contratos de prestación de servicios para efectos
pensionales, en razón a que les son aplicables las circunstancias de desigualdad descritas
por la Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, por lo que, “en virtud del
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, del derecho a la
seguridad social y de la protección constitucional reforzada de las personas de la tercera
edad o adultos mayores (…), le asiste el derecho a que le sea computado el lapso laborado
a través de contratos de prestación de servicios (…)”.

5.2.6. Sentencia del 13 de febrero de 202016. En este caso se analizó si para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de un docente era procedente tener en cuenta
los tiempos de vinculación a través de contratos de prestación de servicios. La providencia
explicó que, en principio, la Corporación consideraba que los tiempos durante los cuales
un docente había sido vinculado al Estado mediante contratos de prestación de servicios,
no podrían tenerse en cuenta para efectos de acumular el tiempo de servicios establecido
en la ley para acceder a la pensión de jubilación, si no había sido declarada previamente
la existencia de una relación de carácter laboral. Sin embargo, explicó que:

“(…) dicha postura jurisprudencial ha sido rectificada por la Sección en varios pronunciamientos, en
donde ha reconocido el tiempo laborado por el docente mediante contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento de prestaciones de carácter periódico, como lo es por ejemplo la
pensión gracia, bajo las siguientes consideraciones17:
(…)
El planteamiento expuesto sigue la línea jurisprudencial definida por la Sección Segunda de esta
Corporación en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 2016 18 según la cual
la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter
personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio
público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas,
por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de
sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo
con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen,
motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado.

Ahora bien, la Sala advierte que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos
de prestación de servicios puede darse en dos escenarios con connotaciones diferentes:

(i). La primera, cuando se pretende la declaración de existencia de contrato realidad con todas sus
connotaciones laborales y prestacionales, en este caso, debe darse previamente el agotamiento de
la vía administrativa y convocar como demandada a la entidad territorial con la cual se suscribieron
los contratos a efectos de garantizar el derecho al debido proceso de la entidad responsable y así
mismo el total cumplimiento de la sentencia.

15 (i) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 15001-23-33-000-2013-00138-01 (2591-2014). CP. Carmelo
Perdomo Cuéter. Demandante: Isabel Segunda Thomas de Camargo.
(ii) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 54001233300020130040201 (3853-2014). CP. Carmelo Perdomo
Cuéter. Demandante: María Elvira Ortega Angarita.
(iii) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 66001233300020130041301 (3446-2014). CP. Carmelo Perdomo
Cuéter. Demandante: Oscar Guzmán Restrepo.
16 Sección Segunda, Subsección A. Expediente 54001-23-33-000-2014-00106-01 (0156-2015). CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
17 Cita original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero

ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017). Radicación
número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
18 Cita original: Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero dr. Carmelo

Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
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(ii).- La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de los periodos
laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de
jubilación, escenario en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la
comparecencia de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se
reglamenta el Decreto 3135»19 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de
exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la
cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley y que en los
casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y
empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a
prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.

Adicionalmente, en materia de aportes pensionales, la aludida sentencia de unificación de la sección
Segunda de esta Corporación, de 25 de agosto de 201620, precisó que frente a los aportes para
pensión no opera el fenómeno de prescripción, en atención a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del menciono fenómeno, por tener el carácter de
emolumentos económicos temporales.

Bajo tal entendimiento y dado que en el presente caso la demandante reclama el computo de los
tiempos laborados por contratos de prestación de servicios únicamente para efectos pensionales, la
Sala estima que resulta procedente tal pretensión en forma conjunta o acumulada con la de
reconocimiento pensional de la docente21, porque su declaración solo tendrá incidencia en cuanto
a los aportes pensionales frente a los cuales no opera la prescripción, ni la caducidad, y además,
por cuanto la entidad o empresa a cuyo cargo se encuentra el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que legalmente les corresponda.

5.2.7. Sentencia del 18 de noviembre de 202022. Caso en el que se ordena la
reliquidación de la pensión a docente con acumulación de tiempos de servicios públicos y
privados, conforme con la Ley 71 de 1988, para lo cual se tuvo en cuenta los tiempos
prestados a través de contratos de prestación de servicios, en razón a que “(…) la
naturaleza y calidad de docente oficial no se desvirtúa por el tipo de vinculación al Estado
(contractual o legal y reglamentaria)”.

5.2.8. Sentencias del 1123 y 18 de febrero de 202124. En estas tres providencias, la
Subsección A, de la Sección Segunda concluyó que era procedente tener en cuenta el

19 Cita original. 13 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá

y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal
fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de
servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad
de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última
entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo
72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene
derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les
corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al
procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado
a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho
oponiéndose sin fundamente legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva
de reconocimiento de la pensión. El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad
correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión.»
20 Cita original. Proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
21 Cita original. Al tenor del artículo 165 del CPACA se podrán acumular pretensiones cuanto el juez pueda conocer de

todas, no se excluyan entre sí, no haya operado la caducidad y todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.
22 Sección Segunda, Subsección A. Expediente 6600123330002016000820 (4676-17). CP. William Hernández Gómez.
23 i) Sección Segunda, Subsección A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014). CP. William

Hernández Gómez. Demandante: María Gladys Posso de Medina.
(ii) Sección Segunda, Subsección A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-2014). CP. William Hernández
Gómez. Demandante: Carmen Gabriela Loyo de Arrieta.
24 Sección Segunda, Subsección A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). CP. William Hernández

Gómez. Demandante: Bárbara Inés Tocaria Sarmiento.
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Demandante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez

período en el que los demandantes se desempeñaron como docentes mediante contratos
de prestación de servicios, pues se consolidó una relación de trabajo para efectos
pensionales. Sin embargo, dispuso que, en caso de que los demandantes no hubiesen
efectuado los aportes que les correspondía como contratistas, el ente territorial deberá
abonar el monto total del aporte que como empleador le habría correspondido por esos
periodos al igual que a los docentes les corresponderá asumir el porcentaje a su cargo.

5.2.9. Sentencia del 3 de junio de 202125. En este asunto se analizaron: (i) el régimen
pensional aplicable a los docentes oficiales (Sentencia de Unificación del 25 de abril de
2019), (ii) los docentes vinculados a través de contratos de prestación de servicios. Luego
del estudio normativo y jurisprudencial sobre el tema, se concluyó que “de acuerdo con la
más reciente tesis planteada por esta Corporación, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades y en tratándose de docentes oficiales, esta
subsección estima que resulta procedente contabilizar el tiempo durante el cual estos
prestaron sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios, para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación”.

5.2.9.1. Y, al igual que en las providencias analizadas en precedencia, dispuso sobre los
aportes a pensión que la entidad demandada: “deberá repetir en contra de la entidad de
previsión a la cual la demandante acredite que se encontraba afiliada durante el lapso que
subsistió la relación contractual con el Departamento del Meta, a fin de solicitar el
reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas por aquella en dicha oportunidad,
siempre y cuando así lo demuestre o asegure la señora ELSA ESPERANZA HERNÁNDEZ
ORTIZ. En todo caso, se autoriza al mentado fondo, descontar de los valores adeudados
a la libelista en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra
si existen después del cumplimiento del precepto anterior, por concepto de aportes a
pensión que en la proporción como trabajadora le correspondía efectuar por el período
que subsistió la relación contractual”.

5.3. Conforme con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación no ha proferido
sentencia de unificación respecto al tema en estudio. Los precedentes citados fueron
proferidos en el marco de procesos en los que los docentes pretendían el reconocimiento
de una relación laboral (contrato realidad).

5.3.1. En todo caso, no se puede desconocer que dichas providencias establecieron
reglas que tienen incidencia directa para efectos pensionales, respecto del tiempo de
servicio para tener en cuenta en el reconocimiento de la pensión de jubilación de los
docentes. En efecto, existe un precedente pacífico, reiterado y uniforme por parte de las
dos subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respecto de la
procedencia de contar los tiempos servidos por docentes mediante órdenes o contratos
de prestación de servicios para efectos del cumplimiento del tiempo requerido para el
reconocimiento de la pensión de jubilación.

5.3.2. En efecto, las sentencias analizadas en los numerales 5.2.5. a 5.2.9. de esta
providencia aceptaron de manera constante la procedencia de contabilizar el tiempo
laborado por los docentes a través de órdenes de prestación de servicios para efectos
pensionales, teniendo como fundamento y sustento las reglas jurisprudenciales
establecidas en la sentencia SU del 25 de agosto de 2016.

5.3.2.1. Y si bien en la sentencia cuestionada (que data del 26 de agosto de 2021) y en la
sentencia que ahí se cita, esto es, la del 22 de abril de 2021, se expuso que no había lugar

25Sección Segunda. Subsección A. Expediente 50001233300020180035701 (5585-2019). CP. Gabriel Valbuena
Hernández.

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Demandante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez

a contar el tiempo laborado por los docentes a través de órdenes de prestación de
servicios, al no haberse probado el pago de los aportes a pensión correspondientes, lo
cierto es que en ninguna de las dos providencias se realiza una mención sobre los
anteriores precedentes judiciales ni las razones de la rectificación o modificación del
precedente sentado por la misma corporación.

5.3.2.2. La Sala no desconoce que, tratándose de un órgano de cierre y en virtud de los
principios de autonomía e independencia judicial, la Corporación puede rectificar o
modificar el precedente judicial fijado. Sin embargo, dicha situación debe quedar
claramente expuesta y explicada en la providencia, para garantizar la protección de los
principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima.

5.3.2.3. Al respecto, la Corte Constitucional26 ha señalado que el deber de respeto del
precedente judicial tiene entre sus propósitos garantizar la estabilidad de las decisiones y
reglas judiciales fijadas con anterioridad. Sin embargo, explicó que “esta obligación
también tiene matices, toda vez que a la par de los principios de igualdad, seguridad
jurídica y confianza legítima pervive el principio de la autonomía judicial y la necesidad de
ajustar tanto el derecho como su interpretación a las realidades sociales que se van
imponiendo en garantía de un ordenamiento justo; claro está, con la observancia de las
estrictas exigencias que deben cumplirse cuando de modificar o apartarse del precedente
se trata27”.

5.3.2.4. Como se dijo en párrafos anteriores, la Sala encuentra que, en la sentencia del
26 de agosto de 2021, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no
hizo alusión a la jurisprudencia que sobre el tema existía, ni explicó, ni justificó porqué
rectificó la posición que ya había adoptado de manera reiterada. Por lo tanto, se configuró
el desconocimiento del precedente judicial fijado sobre la procedencia del reconocimiento
de la pensión de jubilación de un docente oficial con inclusión del período acumulado en
virtud de contratos de prestación de servicios y queda resuelto así el problema jurídico
planteado.

5.3.3. En consecuencia, la Sala amparará el derecho fundamental a la igualdad de la
señora Bertha Ligia Mantilla Ramírez y, por lo tanto, ordenará al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, que, en el término de 20 días, contados a partir de esta
providencia, dicte una sentencia de remplazo en la que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental a la igualdad de la parte actora, conforme con las
razones expuestas en esta providencia. En consecuencia, se dispone:

2. Dejar sin efectos la sentencia del 26 de agosto de 2021, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 52001-23-33-000-2013-00202-01.

26 Sentencia SU072 de 2018. MP. José Fernando Reyes Cuartas.
27 Cita original. SU-049 de 1999, C-774 de 2001, C-836 de 2001, C-029 de 2009, C-332 de 2011, T-394 de 2013, SU-

515 de 2013, C-500 de 2014 y C-284 de 2015.
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Demandante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez

3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, en el término
de 20 días, contados a partir de esta providencia, dicte una sentencia de remplazo en la
que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

[Firmado electrónicamente]
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

[Firmado electrónicamente]
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada

[Firmado electrónicamente]
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada

[Firmado electrónicamente]
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrado

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