Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05276-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05276-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05276-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01
Demandante: Judith Maritza Jaimes Tibamoza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05276-01
Demandante: JUDITH MARITZA JAIMES TIBAMOZA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “B”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que se confirmó
reconocimiento pensional en virtud del principio de la non
reformatio un pejus. Defecto sustantivo
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la actora, quien actúa a través de apoderado judicial, contra la
sentencia de 11 de noviembre de 2022, dictada por la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción
de tutela por no cumplir con los presupuestos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La actora relató que es hija de la señora Marina Tibamoza de Jaimes quien falleció
el 10 de enero de 2022 y precisó que acude a la acción de tutela por “el interés
legítimo que tiene en el proceso objeto de tutela”.
Señaló que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho la señora Marina Tibamoza de Jaimes demandó al Ministerio de
Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
al departamento de Arauca, con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución No. 4279 de 5 de noviembre de 2013 que negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación.
Manifestó que en la demanda pidió que para analizar el requisito de tiempo de
servicios se incluyera el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 1990 y 23 de
noviembre de 1994, en el que estuvo vinculada bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios en el departamento de Arauca.
Refirió que, en primera instancia, por sentencia de 27 de noviembre de 2014, el
Tribunal Administrativo de Arauca accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y
pagar la pensión de jubilación en favor de la señora Tibamoza Jaimes a partir del
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24 de julio de 2010, con efectos fiscales desde el 9 de agosto de 2013 conforme el
75% de los factores devengados durante el último año de servicios.
Indicó que la parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que
el monto pensional debía reconocerse conforme con el 75% de lo devengado
durante el último año de servicios anterior al momento en que alcanzó el estatus
pensional, y que no podía condicionarse el pago al retiro del servicio, lo cual se
produjo el 16 de septiembre de 2014 con ocasión del reconocimiento de la pensión
de invalidez.
Por último, expresó que por sentencia de 24 de febrero de 2022, la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera
instancia, por razones diferentes, al señalar que la beneficiaria ya percibía una
pensión de invalidez que era incompatible con la pensión de jubilación, y porque
no era posible incluir en el tiempo de servicio el periodo que estuvo vinculada bajo
la modalidad de contrato de prestación de servicios.
2. Fundamentos de la acción
La actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo y de acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 24 de febrero de
2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” que
confirmó el fallo de 27 de noviembre de 2014, dictado por el Tribunal
Administrativo de Arauca, que accedió a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por su madre la señora Marina
Tibamoza de Jaimes contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Arauca,
con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 4279 de 5 de
noviembre de 2013 que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.
La actora alegó el desconocimiento del principio de la non reformatio in pejus lo
que, a su juicio, se produjo porque aunque la autoridad judicial accionada confirmó
la sentencia de primera instancia que había accedido al reconocimiento de la
pensión de jubilación, en el fallo de segunda instancia abordó aspectos que no
fueron objeto del recurso de apelación y que al ser apelante única no podía
revisar, como es el caso del incumplimiento de los presupuestos para acceder al
reconocimiento de la pensión de vejez en razón a que (i) ella ya percibía una
pensión de invalidez y (ii) porque consideró improcedente que se incluyera el
periodo en que estuvo vinculada bajo la modalidad de prestación de servicios, lo
“que empeoró o desmejoró una situación que no fue objeto de apelación”.
En ese orden de ideas, aseveró que lo único que debió ser objeto de
pronunciamiento era la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario,
por lo que la autoridad judicial accionada debió decidir únicamente el cargo
relativo a si era o no procedente condicionar el pago de la pensión de jubilación al
retiro del servicio, como lo había concluido el Tribunal Administrativo de Arauca.
Por último, alegó la configuración de un defecto sustantivo por la indebida
interpretación del artículo 5 del Decreto 224 de 1972, del artículo 15 de la Ley 91
de 1989 y del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 que, a juicio de la actora, permiten a
los docentes percibir la pensión de jubilación y el salario.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formuló la siguiente:
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“PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, Expediente No. 81001-23-33-000-2014-00050-01 (N.I.: 2631-2015) LA
SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, Consejero Ponente Dr. César Palomino Cortés al confirmar la sentencia del
27 de noviembre de 2014 emitida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el cual
otorga una pensión de jubilación docente en el marco de la Ley 33 de 1985 y
condicionándolo al retiro del servicio, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad
frente a la ley y la jurisprudencia, el debido proceso judicial, al trabajo en condiciones
dignas y justas, el acceso de la administración de justicia, los derechos adquiridos con
justo título y demás que considere la Honorable Corporación.
SEGUNDA.- Declarar que el fallo de segunda instancia de febrero 24 de 2022,
notificada en marzo 31 del mismo año, con radicación No. 81001-23-33-000-2014-
00050-01 (N.I.: 2631- 2015) carece de efectos legales.
TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere
prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada profiera nueva
sentencia aplicando correctamente las normas referentes a la pensión de jubilación
docente en el marco del régimen de excepción y la compatibilidad de la prestación con
el salario”.
4. Pruebas relevantes
Obra en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de la sentencia de 24 de febrero de 2022, proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado.
• Copia de la sentencia 27 de noviembre de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Arauca.
Del mismo modo, se allegó copia digitalizada del expediente No 81001-23-33-000-
2014-00050-01 correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por Judith Maritza Jaimes Tibaboza contra el Ministerio de
Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
el departamento de Arauca.
5. Trámite procesal
Por auto de 7 de octubre de 2022, la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante y a la autoridad judicial accionada, así como al Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al
Departamento de Arauca, en calidad de terceros interesados en el resultado del
proceso.
Del mismo modo, dispuso que se oficiara al Tribunal Administrativo de Arauca
para que remitiera copia digitalizada del expediente No 81001-23-33-000-2014-
00050-01 correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por Judith Maritza Jaimes Tibaboza contra el Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
departamento de Arauca.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad alegó falta de legitimación en
la causa por pasiva, al considerar que no tiene competencia para atender las
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pretensiones de la demanda por lo que pidió que se desvincule del trámite
constitucional.
6.2. Respuesta Secretaría de Educación de Arauca
El Secretario de Educación Departamental solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela, bajo el argumento de que no se cumplió con la carga
argumentativa mínima.
Del mismo modo, consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales
alegados, en tanto la autoridad judicial accionada profirió una decisión que se
encuentra ajustada al ordenamiento jurídico.
6.3. Respuesta de Fiduprevisora S.A.
La coordinadora de tutelas de la compañía se pronunció sobre la acción de tutela
actuando como administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Manifestó que la accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima
porque no desarrolló las causales específicas de procedencia de tutela contra
providencias judiciales.
6.4. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, pese a que fue
notificada en debida forma del auto admisorio de la demanda, guardó silencio.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado por sentencia de 11
de noviembre de 2022, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir los
presupuestos de relevancia constitucional y de subsidiariedad.
En relación con el primero señaló que la accionante emplea el mecanismo de
protección constitucional como una instancia adicional para revivir el debate ya
superado por el juez ordinario. Al respecto, señaló que no le corresponde al juez
de tutela evaluar la interpretación y alcance que da el juez natural de la
controversia a la normativa aplicable para resolver el caso concreto, así como
tampoco “refutar” la valoración probatoria adelantada en el proceso ordinario.
Finalmente, en relación con los reproches relativos al pronunciamiento sobre
aspectos que no fueron objeto de recurso de apelación, el a quo consideró que no
se cumple el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto la actora dispone de
otro mecanismo de defensa judicial para controvertir este aspecto como lo es el
recurso extraordinario de revisión.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual solicitó que se
revocara y se acceda a las pretensiones de la solicitud. Los argumentos en los
que sustentó su escrito se pueden resumir, así:
Comenzó por reiterar los argumentos expuestos en la acción de tutela. En ese
marco, insistió en que la autoridad judicial accionada incurrió en un error al
condicionar el pago de la pensión de vejez al retiro del servicio. Ello a su juicio,
configura un trato desigual frente al resto de docentes oficiales vinculados antes
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del 27 de junio de 2003, quienes han sido beneficiados con el reconocimiento de
la pensión de jubilación compatible con el salario.
Manifestó que el a quo no analizó de manera rigurosa “la jurisprudencia sobre el
principio de la non reformatio in pejus”, lo que considera necesario para
fundamentar la improcedencia de la acción de tutela. Ello, por cuanto, adujo
“Mientras en las consideraciones, el juez de segundo grado afirma que el apelante
se encuentra protegido por el principio antes citado, la sentencia termina
aniquilando la regla. Confirma la decisión con el argumento que la actora no
cumple con los 20 años de servicio como docente porque no demostró
cotizaciones durante los periodos en modalidad contractual”.
Indicó que contrario a lo considerado en la decisión de primera instancia, sí se
cumple el presupuesto de la relevancia constitucional toda vez que no acudió a la
acción de tutela como una instancia adicional pues “no se trata de debatir
situaciones jurídicas ya presentadas y estudiadas en las ordinarias, se busca que
se corrijan los yerros judiciales en que incurrieron los juzgadores de las instancias
ordinaria”, y que se garantice una aplicación correcta del ordenamiento jurídico en
aras de proteger los derechos fundamentales vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
Por último, afirmó que “De esta manera, [queda] demostrado que, al declarar la
improcedencia de la acción constitucional, no se aplicó las reglas y subreglas de la
línea de jurisprudencia con relación a las vías de hecho judiciales, especialmente
a la vulneración del principio de la reformatio in pejus, amerita la impugnación para
que se estudie de fondo y se proteja de manera integral los derechos
fundamentales vulnerados”.
Asimismo, en escritos complementarios, hizo referencia a sentencias de tutela
proferidas por el Consejo de Estado en las que se abordan temáticas relacionadas
con la inclusión de los tiempos de vinculación como docente bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios. En ese sentido, se refirió a las sentencias
proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 9 de diciembre de 2021
y 30 de junio de 20221, de 22 de enero de 20222, de 30 de junio de 20223 y a la
proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” el 19 de enero de 20234.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si,
como lo sostuvo el a quo, la solicitud de tutela incumple con los requisitos de
relevancia constitucional y de subsidiariedad.
1 M.P. Milton Chaves García. Expediente No 11001-03-15-000-2021-07366-00.
2 M.P. Milton Chaves García. Expediente No 11001-03-15-000-2021-06830- 00.
3 M.P. Milton Chaves García. Expediente No 11001-03-15-000-2022-01551-01.
4 M.P. William Hernández Gómez. Expediente No. 15001-23-33-000-2019- 00103-01
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En caso de que la respuesta sea negativa y se cumplan los restantes requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala deberá determinar
si la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y de acceso a la
administración de justicia con la sentencia de 24 de febrero de 2022, que confirmó
el fallo de 27 de noviembre de 2014 dictado por el Tribunal Administrativo de
Arauca, en el que se dispuso el reconocimiento de pensión de jubilación en favor
de la señora Marina Tibamoza de Jaimes condicionado el pago al retiro del
servicio, por desconocer el principio de la non reformatio in pejus y supuestamente
incurrir en defecto sustantivo al inobservar preceptos legales que consagran la
compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación, por lo que el pago de esta
prestación económica no puede condicionarse al retiro del servicio.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20148, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
5 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
6 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
7 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico10; (ii) Defecto procedimental absoluto11; (iii)
Defecto fáctico12; (iv) Defecto material o sustantivo13; (v) Error inducido14; (vi)
Decisión sin motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación
directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo17 y de la Corte
Constitucional18.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La acción de tutela cumple el presupuesto de la subsidiariedad y la
relevancia constitucional, por lo que es procedente el estudio de fondo
El juez de tutela de primera instancia declaró la improcedencia de la acción de
tutela porque no encontró cumplidos los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional.
En el escrito de impugnación, la actora reiteró los argumentos expuestos en la
demanda y, en ese marco, aseveró que el a quo omitió realizar un
pronunciamiento en torno al principio de la non reformatio in pejus, lo que
consideró necesario para fundamentar la decisión de declarar improcedente la
acción de tutela por ese hecho.
Del mismo modo, indicó que el caso sí reviste relevancia constitucional porque no
es cierto que pretenda revivir el debate ya superado en el trámite del proceso
10 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
11 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
12 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
13 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
14 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
15 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
16 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
17 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
18 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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ordinario, pues lo que pretende con la acción de tutela es que “se corrijan los
yerros judiciales en que incurrieron los juzgadores de las instancias ordinarias” y
se garantice una aplicación correcta del ordenamiento jurídico en aras de proteger
los derechos fundamentales vulnerados por la autoridad judicial accionada.
A juicio de la Sala, los referidos presupuestos generales de procedencia se
encuentran cumplidos, por las siguientes razones:
Contrario a la conclusión que arribó el a quo, el recurso extraordinario de revisión
no es el medio de defensa judicial idóneo para resolver esta controversia, teniendo
en cuenta que la decisión de mantener el derecho pensional de la beneficiaria se
sustentó justamente en el principio de la non reformatio in pejus, aun cuando la
autoridad judicial accionada concluyó que no cumplía los requisitos para acceder
al mismo. De allí que aun cuando esgrimió razones para sustentar por qué no
consideraba procedente el reconocimiento del derecho pensional, en últimas
confirmó la decisión favorable de primera instancia.
De igual modo, el requisito de la relevancia constitucional también se encuentra
cumplido en esta oportunidad. Al respecto, la Sala observa que la decisión judicial
objeto de tutela se sustentó en razones distintas a las del juzgador de primera
instancia, lo que permite concluir que la intención de la demandante no es reabrir
el debate legal que ya fue resuelto en instancia, sino que su inconformidad radica
en las razones que llevaron a la autoridad judicial accionada a confirmar la
decisión que accedió al reconocimiento de su pensión de jubilación.
De igual forma, (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6)
meses19 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional20; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
Así las cosas, como quiera que los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional se encuentran cumplidos, así como los demás que ha precisado la
jurisprudencia constitucional, la Sala efectuará el estudio de fondo del asunto bajo
examen.
4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en un defecto sustantivo
4.2.1. La parte actora promueve acción de tutela contra la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado en defensa de los derechos fundamentales
al debido proceso, trabajo y de acceso a la administración de justicia, los cuales
consideró vulnerados con la sentencia de 24 de febrero de 2022 que confirmó el
fallo de 27 de noviembre de 2014 dictado por el Tribunal Administrativo de Arauca,
que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por su madre, la señora Marina Tibamoza de Jaimes contra el
Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento de Arauca, con el fin de que se declarara la nulidad
de la Resolución No. 4279 de 5 de noviembre de 2013 que negó el reconocimiento
de la pensión de jubilación.
19 La providencia objeto de tutela se profirió el 28 de septiembre de 2022, se notificó el 30 de septiembre de
2022, lo cierto es que la acción de tutela se instauró el 28 de marzo de 2023, es decir, dentro de los seis (6)
meses establecidos como plazo razonable.
20 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01
Demandante: Judith Maritza Jaimes Tibamoza
Concretamente, la actora acusó a la autoridad judicial accionada de desconocer el
principio de la non reformatio in pejus al pronunciarse sobre aspectos que no
hicieron parte del recurso de apelación, tales como: (i) la posibilidad de incluir en
el cómputo de tiempo de servicios el periodo en el que estuvo vinculada bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios y (ii) la incompatibilidad de la
pensión de jubilación y la de invalidez.
Alegó la configuración del defecto sustantivo por la indebida interpretación del
artículo 5 del Decreto 224 de 1972, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y del
artículo 6 de la Ley 60 de 1993 que, a su juicio, permiten a los docentes percibir la
pensión de jubilación y el salario de manera concurrente, lo cual ocurrió hasta el
16 de septiembre de 2014, cuando se produjo su retiro por el reconocimiento de la
pensión de invalidez.
En ese sentido, insistió en que el retroactivo pensional pretendido en la demanda
debería reconocerse desde cuando la señora Marina Tibamoza de Jaimes adquirió
estatus pensional, esto es, el 24 de julio de 2010 y hasta la fecha en que se
produjo su retiro por el reconocimiento de la pensión de invalidez el 16 de
septiembre de 2014.
4.2.2. Descendiendo al caso bajo estudio, la Sala encuentra que por sentencia de
27 de noviembre de 2014 el Tribunal Administrativo de Arauca accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por la señora Marina Tibamoza de Jaimes, madre de la aquí accionante, contra el
Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento de Arauca, y accedió al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación que le fue negada por medio de la Resolución No. 4279 de 5
de noviembre de 2013, condicionada al retiro definitivo del servicio.
Esa autoridad judicial declaró la nulidad del acto administrativo demandado y, en
consecuencia, dispuso las siguientes órdenes:
“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio que reconozca la pensión de vejez a la señora MARINA TIBAMOZA DE
JAIMES a partir del 24 de julio de 2010 y páguese la misma a partir del 09 de
agosto de ese año, para lo cual deberá liquidarla teniendo en cuenta el 75% de
los factores devengados durante el último año de servicios. Además, se ordenará
que el Departamento de Arauca concurra al pago de la pensión realizando los aportes
correspondientes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo
atinente a las sumas que le corresponde aportar, en el evento en que la demandante
no haya efectuado a los aportes correspondientes.
CUARTO: CONDENAR a la entidad demandada a que, sobre las sumas a reconocer,
liquidar y pagar a la actora, se pague la pensión, una vez se verifique por la entidad
demandada la desvinculación de la demandante del servicio educativo, conforme
al índice de precios al consumidor, con la aplicación de la fórmula reseñada en la parte
motiva de este fallo.
QUINTO: Dese cumplimiento a lo aquí dispuesto dentro del término previsto en el
artículo 192 del C.P.A.C.A y si no lo hiciere se condena al pago de los intereses
previstos en la norma en cita.
SEXTO: Para efectos de garantizar la sostenibilidad del sistema se ORDENARÁ a la
Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio a que efectúe los descuentos sobre los factores aquí reconocidos que no
fueron tenidos en cuenta al momento del reconocimiento del derecho pensional de la
actora.
SÉPTIMO: Condenar en costas a la entidad demandada y vinculada para lo cual se fija
como agencias en derecho el equivalente a dos (02) salarios mínimos legales
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mensuales vigentes, sumas que deberán ser canceladas por la Nación- Ministerio de
Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del
Departamento de Arauca. Por Secretaría proceder a la liquidación de las costas de
conformidad con el artículo 393 del C.P.C”. (Negrilla fuera del texto original)
En la precitada providencia se declaró la existencia de un contrato realidad
durante el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 1990 y el 23 de noviembre
de 1994, en el cual la docente estuvo vinculada a ese cargo, pero bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios. En consecuencia, dispuso que
se efectuaran las cotizaciones respectivas al sistema general de seguridad social,
y que se tuvieran en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de
vejez.
Precisado lo anterior, señaló que la demandante era beneficiaria del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y verificó el
cumplimiento de las condiciones fijadas en el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo
que concluyó que resultaba aplicable el régimen pensional establecido en las
Leyes 33 y 62 de 1985, en virtud del cual para acceder al reconocimiento de
pensión de vejez debía acreditarse 20 años de servicios (7.200 días) y 55 años de
edad.
En ese orden, constató en el caso concreto que cuando la docente realizó la
solicitud de reconocimiento pensional el 9 de agosto de 2013, ya había alcanzado
el estatus pensional, en tanto cumplía los requisitos de edad y tiempo de servicio
(8.295 días)21 por lo que procedía el reconocimiento de la pensión de vejez
solicitada por la señora Marina Tibamoza de Jaimes.
Frente a la anterior decisión, la actora presentó recurso de apelación al considerar
que se incurrió en un error al condicionar el pago de la pensión de jubilación al
retiro definitivo del servicio. También reprochó que el Tribunal Administrativo de
Arauca aplicara el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues conforme a
lo establecido en esta misma norma en el artículo 279 los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fueron exceptuados del régimen
general de pensiones y se rigen por el establecido en la Ley 91 de 1989.
Por medio de sentencia de 24 de febrero de 2022, la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado22 confirmó la decisión recurrida, empero,
precisó, por las razones expuestas en dicha providencia, las cuales se sintetizan
de la siguiente manera:
• Sobre el reconocimiento del tiempo de servicio prestado a través de
contratos de prestación de servicios docente para efectos del reconocimiento de
la pensión ordinaria de jubilación, consideró que no resultaba procedente
cuando no se prueba que el contratista realizó los respectivos aportes al
régimen pensional.
En este punto, se refirió a la sentencia de unificación jurisprudencial CESUJ2
No. 5 del 25 de agosto de 201623 de la cual efectuó la transcripción de algunos
apartes que desarrollan la noción y alcance de docente, así como la forma en
que se incorporaron progresivamente a las plantas de personal a aquellos
docentes vinculados por prestación de servicios en el marco de lo establecido
en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993. Agregó que la Corte Constitucional ha
21 Incluyendo el periodo en el que estuvo vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios
profesionales.
22 El magistrado Carmelo Perdomo Cuéter salvó parcialmente el voto.
23 M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Expediente No. 23001233300020130026001 (0088-2015).
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dicho que la declaración de la existencia de un contrato realidad extiende sus
efectos a la “protección de normas laborales”.
En ese marco, señaló que aunque la decisión de primera instancia en esa
materia presentaba un error, era necesario tener en cuenta que la demandante
era apelante única y, por lo tanto, en virtud del principio de la non reformatio in
pejus no podía ser modificada en perjuicio de ella o desmejorar su situación
consolidada en la sentencia.
• En ese orden, se pronunció sobre la aplicación del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y precisó que el mismo no
resultaba aplicable al caso de docentes en virtud del artículo 279 de esa
disposición, que excluyó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio del Sistema General de Pensiones.
Explicó que sí procedía la aplicación de la Ley 33 de 1985, pero no porque la
demandante estuviera cobijada por dicho régimen de transición, sino por
remisión de la Ley 91 de 1989.
• Sobre los reproches expuestos en torno a que se condicionara el pago de la
pensión de jubilación al retiro definitivo del servicio, indicó que si bien es cierto a
los docentes oficiales les asiste el derecho a que se les pague la pensión de
vejez sin necesidad de demostrar el retiro definitivo del servicio, en el caso
concreto, afirmó que ello resulta improcedente porque (i) no se acreditaron las
cotizaciones al régimen pensional por parte de la demandante, por lo que,
explicó, “que al no tener derecho al reconocimiento pensional con el cómputo
del tiempo laborado mediante órdenes de prestación de servicios, mal podría
ordenarse [la] modificación de la fecha de efectividad de la pensión dispuesta
por el fallador de primera instancia”; (ii) desde el 11 de noviembre de 2014 por
medio de la Resolución No. 3884, se reconoció a la docente pensión de
invalidez la cual es incompatible con la pensión reconocida por el Tribunal; (iii)
“En tercer lugar, se tiene que en todo caso no acredita 20 años de servicios,
pues el formato único para la expedición de la historia laboral indica que la
accionante se vinculó al servicio docente el 24 de noviembre de 1994 y su
desvinculación se produjo el 15 de septiembre de 2014; en tal virtud, si en
gracia de discusión se analizara el estudio de los requisitos para la pensión de
jubilación conforme la normativa docente, sería improcedente su
reconocimiento, pues a la fecha de retiro, la entidad indica que solo acreditó 19
años, 9 meses y 23 días de servicio”.
4.2.3. De conformidad con lo anterior y los alegatos propuestos por la parte actora,
la Sala observa que la autoridad judicial accionada no desconoció el principio de la
non reformatio in pejus, sino que, por el contrario, justamente amparada en esa
garantía constitucional confirmó la decisión que accedió al reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación, condicionada al retiro definitivo del servicio.
En otros términos, para la autoridad judicial accionada la decisión hubiera tenido
que ser desfavorable a las pretensiones de la demandante por cuanto el
reconocimiento de la pensión de jubilación declarado por el Tribunal Administrativo
de Arauca no se encontraba ajustado a derecho, porque, a su juicio, no se cumplía
el requisito de tiempo de servicios, en tanto, (i) no resultaba procedente la
inclusión del periodo que estuvo vinculada bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios y (ii) porque no era compatible con la pensión de invalidez
que percibía, empero declaró que, en el trámite de segunda instancia, no era
dable adoptar una decisión en ese sentido a la luz de precitado principio
constitucional.
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Ahora bien, sobre la cuestión principal controvertida en el recurso de apelación,
esto es el condicionamiento del pago de la pensión de vejez al retiro definitivo del
servicio, la autoridad judicial accionada afirmó que el mismo no aplica a los
docentes en virtud de lo establecido en los artículos 5 del Decreto 224 de 1972, 15
de la Ley 91 de 1989 y 6 de la Ley 60 de 1993. Sin embargo, consideró que en
este caso, teniendo en cuenta que a la demandante no le asistía el derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación no era posible acceder a esa
pretensión. En ese sentido, la autoridad judicial accionada expresó lo siguiente:
“La accionante controvirtió la decisión del Tribunal en cuanto ordenó el pago de la
pensión reconocida una vez se acreditara el retiro definitivo del servicio. Así pues, para
dilucidar el segundo punto planteado, se advierte que, si bien, a los docentes
oficiales les asiste el derecho a que se les pague su pensión de jubilación sin
necesidad de demostrar el retiro definitivo del servicio, lo cierto es que este caso
la Sala considera improcedente tal petición, en caso particular de la interesada,
por los siguientes razonamientos:
(i) En primer lugar, se tiene que el departamento de Arauca, en la certificación de los
contratos de soluciones educativas del 31 de enero de 2014, señaló que “le
correspondía a cada docente pagar lo relacionado con su seguridad social integral,
toda vez que entre el Departamento y los vinculados no existía relación laboral alguna”.
Sin embargo, la accionante no acreditó haber realizado aportes y/o cotizaciones a
pensión mientras laboró a través de los contratos de soluciones educativas, de
modo que, a juicio de esta Sala, no le asiste derecho al reconocimiento de una
pensión incluyendo el tiempo laborado en tal modalidad. De modo que, al no
tener derecho al reconocimiento pensional con el cómputo del tiempo laborado
mediante órdenes de prestación de servicios, mal podría ordenarse [la]
modificación de la fecha de efectividad de la pensión dispuesta por el fallador de
primera instancia.
(ii) En segundo lugar, porque dentro del material probatorio aportado se observa que la
accionante actualmente devenga una pensión de invalidez, reconocida por la
Secretaría de Educación de Arauca, mediante Resolución núm. 3884 del 11 de
noviembre de 2014, con el equivalente al 100% del último salario devengado como
docente, la cual, es incompatible con la pensión reconocida (…) por el Tribunal.
(iii) En tercer lugar, se tiene que en todo caso no acredita 20 años de servicios, pues el
formato único para la expedición de la historia laboral indica que la accionante se
vinculó al servicio docente el 24 de noviembre de 1994 y su desvinculación se produjo
el 15 de septiembre de 2014; en tal virtud, si en gracia de discusión se analizara el
estudio de los requisitos para la pensión de jubilación conforme la normativa
docente, sería improcedente su reconocimiento, pues a la fecha de retiro, la
entidad indica que solo acreditó 19 años, 9 meses y 23 días de servicio” (negrilla y
subrayado fuera del texto original)
De lo anterior resulta claro que si bien la sentencia cuestionada no mencionó
expresamente los artículos 5 del Decreto 224 de 1972, 15 de la Ley 91 de 1989 y
6 de la Ley 60 de 1993 que, a juicio de la actora, permiten a los docentes percibir
la pensión de jubilación y el salario, en cualquier caso reconoció que los docentes
oficiales tienen el derecho a que se pague la pensión de jubilación sin necesidad
de demostrar el retiro definitivo del servicio, pero que por las particularidades del
caso concreto, era improcedente esa petición.
Entonces, resulta razonable que la autoridad judicial accionada hubiese expresado
las razones por las cuales consideraba que no era procedente el reconocimiento
de la pensión de jubilación, pero fue justamente en virtud del principio de la non
reformatio in pejus, que resolvió confirmar la sentencia de primera instancia que
había accedido a ese derecho pensional, lo que descarta la configuración del
defecto sustantivo alegado por la parte actora.
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Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia impugnada que declaró
la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones de
la demanda.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 11 de noviembre de 2022, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
señora Judith Maritza Jaimes Tibamoza, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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