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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00799-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00799-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera del Fomag, y el Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la señora Clara Inés Ortiz Londoño, contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00799-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

6 de marzo de 2025

Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00799-00
Demandante: CLARA INÉS ORTIZ LONDOÑO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Clara Inés Ortiz Londoño, actuando a nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Con su
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y «a la
pensión de carácter irrenunciable e imprescriptible y los inherentes a la seguridad
social»2.

2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la
sentencia del 31 de julio de 2024 proferida por la autoridad judicial accionada. En
dicha decisión, se confirmó la providencia de primera instancia proferida el 17 de
abril de 2024 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali que
negó las pretensiones de la demanda. Ello, al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 76001-33-33-
006-2023-00234-00/01

1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
El escrito de tutela fue enviado el 12 de diciembre de 2024 a través de la ventanilla virtual del
Consejo de Estado.

1
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Demandante: Clara Inés Ortiz Londoño
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00799-00

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERA.- DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de
Oralidad, al dictar la sentencia de fecha 31 de julio de 2024, correspondiente al
proceso 76001-33-33-006-2023-00234-01 que confirmo el fallo de primer grado
emitido el 17 de abril de 2024 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Cali, negando el reconocimiento de la pensión de jubilación que en
derecho me corresponde con el argumento que no haber demostrado
cotizaciones por el periodo laborado antes del 27 de junio de 2003 en las
modalidades de contratos, ha violado directamente mis derechos fundamentales
consagrados especialmente en los artículos 13, 25, 29, 53 y 48 de la Constitución
Nacional, tales como a la igualdad frente a la aplicación de ley y la línea de
jurisprudencia, el trabajo en condiciones dignas y justas, el derecho al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, los derechos adquiridos
con justo título, la seguridad social integral en conexión con el régimen especial
del magisterio y demás derechos constitucionales que resulten del estudio y
análisis de los hechos que fundamentan la acción de tutela.

SEGUNDA. - En consecuencia, declarar que la sentencia de fecha 31 de julio de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de Oralidad,
correspondiente al proceso 76001-33-33-006-2023-00234-01 que confirmó el
fallo de primer grado emitido el 17 de abril de 2024 por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Cali, carece de efectos legales.

TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para
que nuevamente realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar
otra sentencia fundamentada en la normatividad, valorando en plenitud las
pruebas aportadas y en la línea jurisprudencia vigente contenidas entre otras, en
las sentencias C-555 de 1994, T- 502 de 2020 y T -182 de 2022 proferidas por la
Corte Constitucional y en el fallo unificado de agosto 25 de agosto de 2016
proferido por la Sección Segunda.

CUARTA. - Las declaraciones y órdenes que la honorable Corporación
Constitucional considere convenientes para el restablecimiento de los derechos
afectados. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. La señora Clara Inés Ortiz Londoño ejerció el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante
FOMAG). Ello con el fin de que se anulara la Resolución 1.210-5400759 del 13
de marzo de 2003, mediante la cual se le negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación.

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6. A título de restablecimiento, solicitó que se condenara a la demandada al
reconocimiento y pago de dicha prestación social con efectos fiscales desde el
24 de julio de 2021 y en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de
salarios y factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior
al cumplimiento del estatus. Para tal fin, pidió que se reconociera el tiempo
laborado a través de contratos de prestación de servicios como periodo válido
para la causación de su derecho.

7. El proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
de Cali, quien mediante sentencia del 17 de abril de 2024 negó las pretensiones
de la demanda. En esencia, consideró que el régimen aplicable a la demandante
es el estipulado en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, dado que se vinculó como
docente oficial después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

8. De allí consideró que, aunque acreditó 55 años de edad y más de 20 años
de servicios, los tiempos no se reconocieron debido a la falta de aportes a
pensión durante los periodos de contratación por prestación de servicios OPS.
Luego, tal falta de cotizaciones impedía que esos tiempos fueran tenidos en
cuenta para efectos pensionales.

9. Inconforme con la anterior decisión, la señora Ortiz Londoño interpuso
recurso de apelación. Adujo que el tiempo laborado en la modalidad de prestación
de servicios sí debía ser contabilizado para efectos pensionales, pues así lo ha
señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

10. La alzada correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
quien mediante providencia del 31 de julio de 2024 confirmó la sentencia de
primer grado. Como sustento de su decisión, mencionó que la señora Ortiz
Londoño no era beneficiara del régimen de pensión ordinaria de jubilación de los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989 y 33 de
1985, sino del establecido en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003 pues inició la
prestación de servicio docente en vigencia de la Ley 812 de 2003.

11. Luego, apoyado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, adujo que,
aunque la demandante prestó servicios a través de contratos de OPS por 3 años,
1 mes y 24 días, no podía computarse ese tiempo dado que no había prueba de
que hubiera realizado los respectivos aportes y/o cotizaciones a pensión durante
el tiempo que sostuvo la relación contractual. Máxime cuando tenía el deber de
acreditarlo en atención a los principios de sostenibilidad financiera del sistema y
de solidaridad.

12. En ese sentido, estimó que no acreditó el requisito dispuesto en el artículo
33 de la Ley 100 de 1993 referente a las 1.300 semanas cotizadas. En realidad,
consideró que acumuló un total 18 años, 2 meses y 26 días, lo que equivale a

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875.5 semanas3.

1.4. Sustento de la vulneración

13. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice concurren
los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. Con relación a
los presupuestos específicos, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió
en los siguientes defectos:

14. Sustantivo, pues consideró que el Tribunal desconoció los efectos de la
sentencia C-555 de 1994 que declaró inexequible el artículo 6° de la Ley 60 de
19934. Adujo que no era admisible que le endilgaran la omisión de cotizaciones
pensionales durante sus contratos de prestación de servicios, pues aquello
recaía de manera exclusiva en el empleador, toda vez que, en aquellas figuras
negociales había elementos de una relación laboral. Entender lo contrario, a su
juicio, conlleva una revictimización por parte del Estado con el uso irregular de
dicha modalidad de contratación.

14.1. En este punto, enfatizó en el deber del empleador de pagar las cuotas
partes pensionales según lo estipulado en la Ley 33 de 1985 y en el artículo 72
del Decreto 1848 de 1969 y en el yerro visible del operador judicial de exigirle a
ella las cotizaciones de un «contrato de que fue declarado inconstitucional».

15. Decisión sin motivación, en la medida que el Tribunal tutelado no realizó
un estudio de fondo del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia,
adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, ni de los tratados internacionales
que hacen parte del bloque de constitucionalidad de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 93 de la Carta. En relación con esto último, mencionó que
se desconocieron varias normas internacionales que forman parte del bloque de
constitucionalidad. En esa línea, citó los artículos 9 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 22 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, y la «Observación General 19» del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (CDSC).

16. Desconocimiento del precedente contenido en las sentencias de
unificación del 22 de enero de 2015 y del 25 de agosto de 2016, expedientes
0775-2014 y 0088-2015. También hizo referencia a los fallos de tutela del 9 de

3
La providencia fue notificada a las direcciones electrónicas de los sujetos procesales el 13 de
agosto de 2024. Cfr Índice 15 Samai. Expediente: 76001-33-33-006-2023-00234-01.
4
«Parágrafo 1º.- INEXEQUIBLE. Los docentes temporales vinculados por contrato a los
servicios educativos estatales antes del 30 de junio de 1993 que llenen los requisitos de la carrera
docente, serán incorporados a las plantas de personal de los departamentos o de los distritos en
donde vienen prestando sus servicios, previo estudio de necesidades y ampliación de la planta
de personal. La vinculación de los docentes temporales será gradual, pero deberá efectuarse de
conformidad con un plan de incorporación que será proporcional al incremento anual del situado
fiscal y con recursos propios de las entidades territoriales y en un término no mayor a los seis
años contados a partir de la publicación de la presente Ley».

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diciembre de 2021 y del 20 de enero de 2022, proferidos al interior de los
procesos 11001-03-15-000-2021-07366-00 y 11001-03-15-000-2021-06830-00,
respectivamente. En su sentir, dichas providencias demuestran la línea
jurisprudencial consolidada y pacífica en relación con el cómputo de contratos de
prestación de servicios docentes para efectos pensionales.

17. Violación directa de la Constitución, toda vez que, al desconocer el tiempo
laborado como docente por prestación de servicios, vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a los
«derechos adquiridos con justo título», a la seguridad social integral y seguridad
jurídica.

1.5. Trámite de primera instancia

18. Por auto del 14 de febrero de 2025, el magistrado ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó la notificación
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como autoridad judicial accionada

19. Asimismo, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés del
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, la Nación - Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Esta última en los términos del artículo 610 del CGP.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

20. El magistrado ponente de la decisión reprochada en esta oportunidad pidió
la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto lo alegado por la señora
Ortiz Londoño es una mera discrepancia con lo resuelto. En ese sentido,
consideró que lo pretendido en esta oportunidad es que se produzca un nuevo
fallo en el que se acceda a sus pretensiones.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

21. Refirió que la providencia enjuiciada no podía ser excluida del
ordenamiento jurídico a través de esta instancia, porque se desconocerían los
principios de independencia y autonomía judicial, así como la presunción de
«acierto» y legalidad que la acompaña.

22. En seguida, hizo referencia a los requisitos de procedencia de la tutela y
concluyó que, en este caso, el debate procesal se presenta frente a una
controversia estrictamente económica y a un litigio que involucra intereses
privados. Aspecto que, excede la competencia del juez de tutela por carecer de
absoluta relevancia constitucional, máxime cuando no se evidencia una
vulneración palmaria de los derechos fundamentales de la accionante.

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23. También alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva y, por tanto,
su desvinculación del presente trámite, dado que no es la autoridad quien
eventualmente tenga el deber de proteger las garantías constitucionales citadas
en esta instancia.

1.6.3. Fiduprevisora S.A.– vocera del Fomag

24. En primer lugar, alegó la ausencia absoluta de los requisitos de
procedibilidad generales y específicos de la acción de tutela. Luego, refirió que
la autoridad judicial no desconoció el precedente relacionado con el centro de la
discusión, ni vulneró ninguna de sus garantías fundamentales deprecadas por la
parte actora.

25. De otro lado, solicitó su desvinculación del presente trámite, con
fundamento en la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.4. Los demás terceros vinculados al presente trámite, pese a ser
debidamente notificados, guardaron silencio5.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

27. La Fiduprevisora S.A., vocera del FOMAG, y el Ministerio de Educación
Nacional solicitaron su desvinculación del presente trámite. Ello, tras considerar
que la vulneración de los derechos fundamentales invocados en esta instancia
no proviene de una acción u omisión de su parte.

15. No obstante, la Sala negará las referidas peticiones, comoquiera que su
vinculación al presente trámite fue realizada como terceros por el interés que les
puede surgir en la decisión que se adopte y no como sujetos accionados.

2.3. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea

5
Cfr. Índice Samai 7.

6
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el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

29. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que la señora Clara Inés
Ortiz Londoño promovió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-33-33-006-2023-00234-01. Por tanto, es la titular de los derechos
fundamentales cuya protección reclama. En consecuencia, goza de legitimación
en la causa por activa.

30. Por otro lado, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada se
encuentra legitimada en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser quien dictó la
providencia objeto de reproche.

2.4. Problemas jurídicos

31. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

32. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, con la expedición de la providencia
del 31 de julio de 2024 que confirmó la sentencia de primera instancia del 17 de
abril de 2024 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
de Cali que negó las pretensiones?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.

7
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contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales8.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia10 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice

8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
11
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de subsidiariedad y
relevancia constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se
resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela

2.6.1. Relevancia constitucional

40. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional12.

41. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

9
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ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

42. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

43. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

44. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

45. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.

2.6.2. Caso concreto

46. Debe recordarse que la parte actora adujo que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, al proferir
la sentencia del 31 de julio de 2024, mediante la cual puso fin al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. En esa medida, se hará un análisis de los
cargos aducidos, a efectos de determinar si acreditan el requisito de la relevancia
constitucional.

• Defecto sustantivo

47. La parte actora cuestionó que el operador judicial accionado le hubiera
dado aplicación al artículo 6 de la Ley 60 de 1993 relacionado con la validez del

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contrato por prestación de servicios para educadores estatales, aun cuando dicha
disposición fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

48. Pues bien, el alto tribunal constitucional ha señalado que este requisito
específico de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial se
presenta cuando:

[…] el juez “en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la
Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes
superiores”. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea interpretación o
aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda
el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el
legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían
aplicarse13.

49. Al analizar el cargo alegado por la señora Ortiz Londoño, se advierte que,
el sustento del mismo encuentra su génesis en el hecho de que se le exigiera
comprobar que realizó los respectivos aportes al sistema de pensiones mientras
se desempeñó como contratista. A su juicio, tal vínculo contractual tenía
elementos de una relación laboral y, por ello, el empleador era el obligado al pago
de las cotizaciones.

50. De una revisión a priori de la sentencia ordinaria objeto de la presente
acción constitucional, no se advierte que, en efecto, el Tribunal le hubiera
otorgado valor a la disposición que en sentir de la actora resultaba inaplicable.
Tampoco es posible inferir una tensión en materia de derechos fundamentales, a
raíz del debate propuesto por la actora. Por el contrario, se evidencia que el
debate se ciñe a un asunto de interpretación legal.

51. Esto es, lo que se avizora del reproche elevado en la solicitud de amparo,
es un desacuerdo con la decisión, sin que existan elementos contundentes que
le permitan a esta Sección analizar la configuración o no, del cargo referido. De
ahí que, el requisito de la relevancia constitucional no se encuentre satisfecho.

52. Se destaca que, es imperativo que la parte actora exponga de manera
razonada las implicaciones de la interpretación que realizó el juez de la causa a
la disposición aplicada al caso concreto, de cara a los derechos fundamentales
cuya protección es deprecada. Es decir, no basta señalar el contenido de la
norma y el análisis que, en sentir de la parte, debía hacerse. Por el contrario, es
menester que se ponga en evidencia por qué aquello tiene la entidad para
desarrollar el contenido o alcance de una garantía iusfundamental.

• Decisión sin motivación

53. Debe recordarse que la Corte Constitucional ha establecido que este

13
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017.

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defecto tiene lugar en aquellos eventos en los cuales «la providencia atacada
presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal»14.

54. En el presente caso, la parte actora aduce que la autoridad judicial
accionada no justificó los motivos que lo condujeron a confirmar la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. En particular,
destacó que no se realizó un estudio de fondo de los artículos 48 y 93
constitucional; a propósito de este último, citó varios tratados internacionales.

55. Al respecto se advierte que tal argumento, lejos de poner de presente un
vicio flagrante en la respuesta que le brindó el sistema de administración de
justicia a su situación jurídica; esto es, a la ausencia de una solución efectiva,
razonada y fundamentada por parte de la autoridad competente, está
cuestionando que no se les hubiera otorgado valor a unas normas que en su
sentir le eran favorables.

56. Por ende, se infiere que lo pretendido con este cargo es que se realice una
nueva valoración jurídica sobre el régimen pensional que le era aplicable y los
elementos de juicio, de manera que se pudiera colegir que tenía derecho a lo
reclamado en el medio de control. Situación que, a todas luces, escapa a la lógica
de la tutela.

• Desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución

57. En relación con estos cargos, la señora Ortiz Londoño mencionó que se
desconoció la jurisprudencia pacífica contenida en fallos recientes de unificación
del Consejo de Estado, así como decisiones proferidas en el marco de acciones
de tutela. Ello en los siguientes términos:

• Sentencias de unificación del 22 de enero de 2015 y del 25 de agosto de 2016,
proferidas en los expedientes 0775-2014 y 0088-15.

• Asimismo, resulta importante traer a colación el fallo de tutela proferido por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 09 de diciembre de 2021, radicación No.
11001-03-15-000-2021-07366-00 Accionante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, link:
https://www.asleyes.com/procesos/doctos/tutela/18_1100103150002021073660
01sentencia20211210194313-2336-10102147-2022-01-11.pdf la cual resolvió
un asunto similar, amparando el derecho a la igualdad y ordenando a la Sección
emitir una sentencia de reemplazo, que si bien tienen efectos inter partes vale la
pena su observación toda vez que se resalta es un tema idéntico al de marras
debiendo ser fallados de manera uniforme.

• En similar sentido, en un fallo de tutela más reciente proferido el 20 de enero de
2022 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Milton Chaves García,

14
Corte Constituciónal, sentencia T-041 de 20

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06830-00. Demandante: Luis Álvaro Lizarazo
Jaimes. Demandado: Consejo De Estado –Sección Segunda Subsección B. Link:
https://www.asleyes.com/procesos/doctos/tutela/20_1100103150002021068300
01sentencia20220121151710-2232-50100124-2022-01-27.pdf donde se
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del
accionante, el cual se trata de un tema de idénticas características al tratado.

58. Valga señalar que, en lo que respecta a las sentencias de unificación, la
parte actora se limitó a citar el extracto de la parte considerativa de una de ellas,
sin precisar cuál era. Y, los fallos de tutela se limitó a identificarlos y a hacer
breves consideraciones.

59. Con tal exposición, adujo que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social, entre
otros. Por ende, se incurrió en violación directa de la Constitución

60. En vista de lo anterior, la Sala considera que los cargos referidos tampoco
superan el requisito de la relevancia constitucional. En esencia, se estima que los
reproches no reúnen los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha
definido para su procedencia y, por el contrario, se limitan a un simple desacuerdo
del cual no es posible advertir una vulneración flagrante que amerite una
intervención constitucional en la providencia reprochada.

61. Es necesario tener presente que, de acuerdo con la posición de la Sala,
por regla general, se entiende como precedente aquella sentencia o conjunto de
sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en
materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una
regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el caso
reciente15.

62. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos16 explicó que
el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi,
la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

63. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se
aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

64. En ese orden de ideas, se advierte que del escrito tutelar no se hace
referencia a esa regla de derecho determinante para el sentido de la decisión en

15
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 15 de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-
000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
16
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad.
No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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el caso en concreto, tampoco se menciona la ratio decidendi que justifica la
decisión adoptada en sede de tutela, y ni siquiera, el obiter dicta. Como se señaló
en líneas precedentes, la actora se limita a citar extractos de las decisiones
tratándose de las sentencias de unificación y a identificar las de tutela, sin
desarrollar ninguna idea adicional.

70. Con tales precisiones, se tiene que, este cargo tampoco supera el requisito
de relevancia constitucional, en la medida que no se cumple la carga
argumentativa necesaria para que esta Sala advierta la vulneración a los
derechos fundamentales de la accionante y que, en consecuencia, se haga
necesario el estudio de fondo de este cargo respecto a la sentencia reprochada.

65. Nótese que, en materia de tutelas contra providencias judiciales, no es
suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se
transgredieron sus garantías fundamentales. Por el contrario, es menester que
se cumpla con el deber de argumentar el concepto de la violación, de manera
que le permita al juez constitucional vislumbrar que la solución del caso permite
desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados.

66. Se concluye que, aunque la parte actora identificó las garantías
constitucionales que considera como desconocidas y los yerros en los que estima
incurrió la autoridad judicial con su providencia, lo cierto es que no efectúo un
ejercicio hermenéutico que permitiera advertir de forma palmaria la procedencia
de tales defectos. En realidad, se advierte que sus argumentos están
encaminados a poner de presente su inconformidad con la decisión, de modo
que se analice en esta acción el asunto como una instancia adicional al proceso
ordinario.

2.6.3. Consideraciones finales

67. Aún si en gracia de discusión se admitiera que el asunto tiene relevancia
constitucional, la Sala no puede pasar por alto que la parte actora cuenta con
otros mecanismos judiciales para ventilar sus inconformidades.

68. Debe recordarse que la accionante adujo que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca incurrió en indebida motivación. Pues bien, encuentra esta
corporación que el sustento de la vulneración del cargo se enmarca en una de
las causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión,
contemplada en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. A saber,
«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».

69. Frente a dicha situación, el Consejo de Estado17 ha defendido la
posibilidad de que se interponga recurso extraordinario de revisión con

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 5 de abril del 2016. M.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 11001-03-15-000-

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fundamento en la causal referida e indicó que uno de los requisitos para la
configuración de la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión
es la existencia de un «vicio grave o insaneable que afecte su validez»18.

70. A su vez, el órgano de cierre en la materia19 señaló que la decisión sin
motivación da lugar a la nulidad originada en la sentencia, la cual es una de las
causales que permite la procedencia del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con lo señalado previamente.

71. De tal forma, y sin tomar en consideración la razonabilidad de los
argumentos planteados por la parte actora, esta Sala en su calidad de juez
constitucional no tiene competencia para determinar si el fallo cuestionado vía
tutela fue dictado sin la debida motivación, pues dicho estudio corresponde a la
autoridad judicial que conoce sobre el recurso extraordinario en cuestión.

72. Conclusión similar le sigue al defecto por desconocimiento del precedente
fijado en las sentencias de unificación del 22 de enero de 2015 y del 25 de agosto
de 2016 de la Corporación, que fue alegado por la señora Ortiz Londoño.

73. Al respecto, es preciso indicar que el recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial fue creado por la Ley 1437 de 2011 con el objetivo de respetar el
valor normativo y obligatorio de las sentencias de unificación de jurisprudencia
proferidas por el Consejo de Estado. Al respecto, los artículos 256, 257 y 258,
normas aplicables al caso concreto, establecen:

ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación
uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten
perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los
agravios inferidos a tales sujetos procesales.

ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda
instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen
por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de
2011. […]

ARTÍCULO 258. CAUSAL. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado.

74. Así, si un tribunal administrativo se aparta sin justificación de alguna de las
sentencias de unificación de jurisprudencia proferidas por esta Corporación, la
ley prevé que las partes pueden interponer el recurso extraordinario de

2008-00320-00.
18
Ibidem.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia del 02.02.16. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Radicado: 11001-03-15-000-
2015-02342-00(REV).

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unificación para que el Consejo de Estado determine si fue o no desconocida
dicha sentencia.

75. Al respecto, la Sala advierte que en el expediente digital no obra prueba
alguna de que la interesada haya interpuesto el recurso extraordinario de
unificación jurisprudencial, aun cuando tal mecanismo resulta idóneo para
pregonar la aplicación del precedente a su situación concreta.

76. Finalmente, es preciso señalar que la accionante no alegó la configuración
de un perjuicio irremediable del que per se, la Sala pueda advertir la necesidad
de proteger sus expectativas en relación con el disfrute de la prestación social
requerida y sus derechos fundamentales, a través del análisis de fondo del
asunto.

77. Así las cosas, la Sala concluye que la solicitud de amparo es improcedente
por falta de relevancia constitucional y, en todo caso, por subsidiariedad en lo
respecta a la decisión sin motivación y desconocimiento del precedente judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera del Fomag, y el Ministerio de
Educación Nacional.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la señora
Clara Inés Ortiz Londoño, contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

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Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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