Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06830-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06830-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06830-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
20 de enero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06830-00
Demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06830-00
Demandante: LUIS ÁLVARO LIZARAZO JAIMES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO –SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN B
Temas: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que denegó el reconocimiento
de la pensión de jubilación.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por el señor Luis
Álvaro Lizarazo Jaimes contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Luis Álvaro Lizarazo Jaimes ejerció acción de tutela contra la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, Expediente No. 54001-23-33-000-2014-00169-01 (1018-2017) LA
SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, Consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez al confirmar la
sentencia del 26 de enero de 2017 emitida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, vulneraron al señor LUIS ALVARO LIZARAZO JAIMES los derechos
fundamentales a: la igualdad frente a la aplicación de la ley y el bloque de
jurisprudencia relacionada con la pensión de jubilación que debía incluir los tiempos
OPS, los derechos adquiridos con arreglo a la ley, al trabajo, el acceso a la
administración de justicia, el debido proceso judicial, el derecho a la seguridad
social, la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales que resulten del
estudio y análisis de los hechos que fundamentan la acción.
SEGUNDA. - En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia de
segunda instancia emitida por LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA
DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO fechada el 24 de junio de 2021 y
notificada el 03 de septiembre hogaño.
TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que
realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias
fundamentadas en la normatividad vigente, valorando en plenitud las pruebas
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Demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas entre otras, en la sentencia
C-555 de 1994 proferida por la Corte Constitucional y en el fallo unificado de agosto
25 de agosto de 2016 proferido por la Sección Segunda suscrita entre otros, por los
Consejeros tutelados.”
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
El señor Luis Álvaro Lizarazo Jaimes nació el 8 de septiembre de 1956 y se
desempeñó como docente oficial de la secretaría de educación departamental de
Norte de Santander mediante órdenes de prestación de servicio (OPS), desde el 1º
de febrero de 1990 hasta el 30 de noviembre de 1994 y, en propiedad, mediante
vinculación legal y reglamentaria con el municipio de San José de Cúcuta (Norte de
Santander), desde el 24 de marzo de 1995 hasta el 11 de marzo de 2014.
Que, por trabajar más de 20 años como docente oficial y cumplir 55 años, solicitó al
Ministerio de Educación Nacional, a través de la Secretaría de Educación del
municipio de San José de Cúcuta el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, petición que fue resuelta de manera negativa mediante oficio núm.
2013PQR28857 del 27 de diciembre de 2013, al desestimar el tiempo de servicio
prestado a través de OPS.
Inconforme con lo anterior, el actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de que se declarara la nulidad del acto que negó el
reconocimiento de la pensión y, en consecuencia, se reconociera y pagara la pensión
de jubilación conforme con la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el tiempo laborado
por OPS.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 26 de enero de
2017, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el actor no cumplió con
el requisito de tiempo de servicio previsto en la Ley 33 de 1985, (es decir 20 años
continuos o discontinuos de servicios y 55 años) puesto que las labores que prestó
mediante OPS durante los años 1990 a 1994 no podían tenerse en cuenta para el
cómputo.
El actor apeló y la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en
sentencia del 24 de junio de 2021 1, confirmó la decisión. Además, expuso que, si
bien a la fecha de presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento la parte
actora no contaba con 20 años de servicio, lo cierto es que durante el trámite del
proceso le fue reconocida la pensión de jubilación por cumplir el tiempo necesario.
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La sentencia contó con un salvamento de voto de uno de los integrantes de la Sala, en el que, concretamente,
se precisó:
“resulta necesario determinar si los períodos trabajados por el actor para la docencia oficial a través de
contratos de prestación de servicios (3 años y 4 meses) deben ser incluidos para el reconocimiento
pensional solicitado, sin perjuicio de que haya efectuado o no aportes por concepto de seguridad social en
pensiones, en virtud del principio de la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales.
Lo anotado se justifica en que, de tener en cuenta dichos tiempos, podría dar lugar a modificar la fecha de
adquisición del estatus pensional y, en esa medida, que el actor tuviera derecho a devengar la precitada
pensión con anterioridad.”
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Demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
3. Argumentos de la tutela
El señor Luis Álvaro Lizarazo Jaimes, de manera preliminar, manifestó que la tutela
cumple los requisitos de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo
del asunto, dijo que la sentencia del 24 de junio de 2021 vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración por
incurrir en defecto sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la constitución.
Frente al defecto sustantivo afirmó que la providencia cuestionada no tuvo en cuenta
que las vinculaciones bajo la modalidad de OPS con la secretaría de educación
departamental de Norte de Santander, debieron tenerse en cuenta para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, pues, conforme con la Ley 797 del 2003,
antes de entrar a regir, los contratistas no estaban obligados a realizar tales
cotizaciones y que, por tanto, se desconocen los postulados de la sentencia C-555
de 1994.
Que la sentencia es una decisión sin motivación, pues, si bien se hizo mención a una
sentencia de la misma corporación, lo cierto es que no tuvo suficiente
argumentación, en la medida en que no explicó las razones para “(…) apartarse de
los postulados señalados en las sentencias C-555 de diciembre 06 de 1994 emitida
por la H. Corte Constitucional, Sentencia unificada del Consejo de Estado de enero
22 de 2015 Radicación No. 25000-23-42-000-2012-02017-01, Expediente No. 0775-
2014 donde otorga validez de la modalidad hora catedra y contratos de prestación de
servicios y, la Sentencia unificada del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016,
en el expediente con Radicación no. 23001-23-33- 000-2013-00260-01 (0088-15)
CE-SUJ2-005-16 precisando que los tiempos de contratos de prestación de servicio
docente surten efectos pensionales, además de los innumerables fallos de las
máximas corporaciones judiciales que reiteran este concepto”.
Que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial porque no se tuvo en
cuenta que existe precedente jurisprudencial obligatorio. Citó como desconocidas las
siguientes providencias:
De la Corte Constitucional, las sentencias C-555 de 1994, C-154 de 1997 y C-
517 de 1999.
Del Consejo de Estado: (i) Sentencias de unificación del 22 de enero de 2015,
exp. 25000-23-42- 000-2012-02017-01 y del 25 de agosto de 2019, exp.
23001-23-33- 000- 2013-00260-01.
Sentencias de las Subsecciones del Consejo de Estado proferidas dentro de
procesos ordinarios: (i) expediente 52001233100019990121502 (4669-2004),
CP. Alejandro Ordoñez Maldonado. Demandante; (ii) expediente
68001233100020030258301 (0488-2009), CP. Gerardo Arenas Monsalve, (iii)
expediente15001233300020130013801 (2591-2014), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter, (iv) sentencia del 4 de julio de 2019, expediente
54001233300020130040201 (3853-2014), CP. Carmelo Perdomo Cuéter; (v)
sentencia del 4 de julio de 2019, expediente 66001233300020130041301
(3446-2014), CP. Carmelo Perdomo Cuéter; (vi) sentencia del 13 de febrero
de 2020, expediente 54001233300020140010601 (0156-2015), CP. Gabriel
Valbuena Hernández; (vii) sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06830-00
Demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
66001233300020160008201 (4676-17), CP. William Hernández Gómez; (viii)
sentencia del 11 de febrero de 2021, expediente 81001-23-33-000-2013-
00079-01 (4021-2014) CP. William Hernández Gómez; (ix) sentencia del 11 de
febrero de 2021, expediente 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014),
CP. William Hernández Gómez; sentencia del 18 de febrero de 2021,
expediente 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014), CP. William
Hernández Gómez; sentencia del 3 de junio de 2021, expediente
50001233300020180035701 (5585-2019), CP. Gabriel Valbuena Hernández.
Fallo de tutela del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2020-
05252-00(AC), CP. CP. José Gregorio Hernández Galindo (Conjuez).
Finalmente, indicó que se incurrió en violación directa de la constitución por
desconocer el tiempo laborado como docente a través de OPS para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, que aceptar dicha posición transgrede los
derechos fundamentales invocados.
4. Oposiciones
A pesar de haber sido notificados, los magistrados del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, no rindieron informe sobre los hechos que motivaron la
interposición de la presente acción de tutela.
5. Intervenciones
El Ministerio de Educación Nacional guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
De la acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
2
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
3 4
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
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Demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
Planteamiento y solución del problema jurídico
Verificado el cumplimiento de los requisitos generales, la Sala pasa a estudiar los
requisitos específicos, para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
En el escrito de tutela, el señor Luis Álvaro Lizarazo Jaimes alegó que la sentencia
del 24 de junio de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, incurrió en los defectos sustantivo, decisión sin motivación, violación
directa a la Constitución y desconocimiento del precedente. A juicio del actor, la
autoridad judicial desconoció la procedencia de la inclusión de los tiempos de
servidos como docente a través de órdenes de prestación de servicios para el
reconocimiento de la pensión de jubilación.
De entrada, la Sala advierte que todos los argumentos propuestos van dirigidos a
cuestionar la falta de aplicación del precedente de la Consejo de Estado. Por otro
lado, si bien la parte actora también propone el desconocimiento del precedente
constitucional, se observa que se trata de sentencias de constitucionalidad, por lo que
se analizará como defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma.
En virtud de lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 24 de
junio de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación normativa y en
desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, respecto de la
procedencia de la inclusión de los tiempos de servidos como docente a través de
órdenes de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de
jubilación.
Defecto sustantivo
La jurisprudencia constitucional ha considerado el defecto sustantivo como el que se
configura cuando la decisión judicial se apoya en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea porque ha sido derogada, porque ella o su
aplicación al caso concreto es inconstitucional o, porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se ha aplicado.
En este sentido, se podría configurar un defecto sustantivo siempre que: (i) la
decisión cuestionada se funde en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso
concreto, por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso , no se
encuentra vigente por haber sido derogada , o ha sido declarada inconstitucional ; (ii)
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el
requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que
establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución Política le reconoce a
las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en
el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su
alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática ; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por
ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual
se aplicó, porque a esta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional dice que el defecto sustantivo se
presenta cuando: (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso
concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y la ley le
reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la
norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han
definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar
una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y, por ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la que se aplicó.
Ahora, la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad fija el alcance
y contenido de la ley. Eso quiere decir que las reglas de interpretación que se fijan en
esas sentencias vienen a ser parte de la propia ley. Por lo tanto, si se aplica una
regla de interpretación a un caso que no corresponde, se incurre en defecto
sustantivo por aplicación indebida. Si el juez ignora la regla de interpretación fijada
en la sentencia de constitucionalidad o conociéndola decide no aplicarla, incurre en
defecto sustantivo por falta de aplicación. Y si el juez entiende equivocadamente las
reglas de interpretación fijadas en las sentencias de constitucionalidad y así las
aplica, incurre en defecto sustantivo por interpretación errónea.
Del defecto sustantivo en el caso en concreto:
Con el fin de determinar si la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto
sustantivo alegado por el actor, la Sala verificará el contenido de las sentencias de
constitucionalidad invocadas en la presente solicitud de amparo, con el fin de
determinar si contienen alguna regla de interpretación aplicable al caso.
En primer término, se tiene que el actor invocó la sentencia C-555 de 1994 een la
que la Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad parcial de los
artículos 6 y 16 de la Ley 60 de 1993 5 y, contra los artículos 23, 24, 92, 94, 95,
96, 105, 143, 155, 159, 160 y 162 de la Ley 115 de 1994. En concreto, en dicha
oportunidad la Corte consideró:
(…)
6. A los docentes integrados a la planta de personal en virtud de un acto
administrativo, se les aplica las normas legales y reglamentarias sobre carrera,
régimen prestacional y salarial. Estas normas no se extienden a los docentes-
5 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencia de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 d e la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
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contratistas, los cuales quedan gobernados exclusivamente por el contrato
administrativo de prestación de servicios que suscriben con la entidad territorial.
Desde el punto de vista económico, los docentes temporales, por lo menos, no
reciben prestaciones sociales; en lo que concierne a su función, carecen de
estabilidad y están excluidos del marco de derechos y obligaciones, que se aplica a
los empleados de planta.
7. No obstante que los docentes temporales realicen la misma actividad y cumplan las
mismas funciones de los de planta, están sometidos a un régimen contractual y no a
uno legal - como éstos últimos -, que los coloca en una situación más desfavorable
tanto desde el punto de vista económico como regulativo. La disparidad de
tratamientos, frente a una misma categoría de sujetos (docentes) y de actividad
(enseñanza en establecimientos educativos estatales), explica la pretensión del
demandante, para quien los docentes temporales vinculados por contrato
administrativo de prestación de servicios, se encuentran en la misma situación de
hecho y de derecho predicable de los educadores incorporados a la planta de
personal de la entidad territorial y, por consiguiente, deben recibir el mismo
tratamiento jurídico que la ley reserva exclusivamente a éstos.
(…)
Las características asociadas a la celebración de contratos administrativos de
prestación de servicios con docentes temporales, por las notas de permanencia y
subordinación que cabe conferir a la actividad personal que realizan, pueden servir de
base para extender a ésta la protección de las normas laborales.
Conforme a lo anterior, se declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley
60 de 1993, que estableció un régimen de previsión transitorio de seis años, en el
que a los docentes que venían siendo contratados por órdenes de prestación de
servicios, se les seguiría contratando a través de la misma figura, hasta cuando
puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial.
A juicio de la Corte:
“(…) la previsión de un régimen transitorio de seis años, significa, entre otras
cosas, que dentro de ese marco temporal, se le otorga permanencia a la
contratación administrativa de docentes. La vocación misma que adquieren los
docentes temporales a ser incorporados progresivamente a la planta de
personal, les infunde un sentido de permanencia que difícilmente les puede ser
negada, pues, de ella depende que la ley cumpla con su designio que no es otro
que el de integrarlos en la mencionada planta de personal dentro del indicado
lapso, todo lo cual, de paso, demuestra fehacientemente tanto la permanencia
de los encargos asignados a aquéllos como la semejanza material de su
actividad respecto a la que desempeñan los demás maestros y profesores”.
Ahora, en segundo lugar el actor trajo a colación la sentencia C-154 de 1997 en la
que la Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad del numeral
3, parcial, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que reguló el contrato de prestación
de servicios, en dicha oportunidad la corte explicó que el elemento de subordinación
o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de
prestación de servicios, puntualmente precisó:
“ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por
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parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el
servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación
de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de
trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente”.
Por su parte en la C-517 de 1997 se estudió la constitucionalidad del artículo 106 de
la Ley 30 de 1992, que dispuso que las instituciones privadas de Educación Superior
podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un
profesor de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante contratos de
trabajo o mediante contratos de servicios. En concreto, explicó que en la sentencia
C-006 de 1996, ya se había determinado que:
“(…) los establecimientos de educación superior no pueden vincular profesores
hora cátedra a través de contrato civil de prestación de servicios, pues la relación
que existe entre éstos y la respectiva institución es eminentemente laboral y
cumple fielmente las condiciones o requisitos del contrato realidad. Ello impide,
en consecuencia, cualquier restricción a sus derechos constitucionales y legales,
particularmente, los derivados de las prestaciones sociales, que por razón del
carácter transitorio de la actividad académica desarrollada, deben reconocerse
en proporción al tiempo de servicio”. Que, la anterior interpretación es
igualmente aplicable “a la norma acusada en cuanto ésta consagra idéntica
situación fáctica frente a las instituciones privadas del mismo orden”.
De lo expuesto con anterioridad, la Sala observa que las sentencias de
constitucionalidad citadas por el demandante no estudiaron de manera concreta la
situación objeto de estudio, ni establecieron una regla de derecho respecto de la
procedencia de computar los tiempos prestados a través de contratos u ordenes de
prestación de servicio para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los
docentes.
Por lo anterior, la Sala concluye que la providencia acusada no incurrió en el defecto
sustantivo alegado y, por lo tanto, procederá a analizar el desconocimiento del
precedente judicial.
Del desconocimiento del precedente
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso
similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se
decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica
que6: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de
fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii)
si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la
pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o
ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de
hecho para su aplicación».
6 Sentencia T-158 de 2006.
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Demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía —y, en especial, de los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones— no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento.
Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad,
los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que
haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la
misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a
menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse
del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la
misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en una
vía de hecho y, de contera, viola el derecho a la igualdad.
No obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es
absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la
actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma
forma.
Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su
propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que
explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del
caso resuelto con anterioridad.
En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias que
dictan los jueces de igual jerarquía, conviene decir que la observancia no es tan
rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de la misma
jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos. Es en ese momento, entonces, que la decisión del superior jerárquico o del
órgano de cierre, según el caso, adquiere capital importancia para efectos de
preservar la seguridad jurídica y garantizar el derecho fundamental a la igualdad, en
tanto que fija una regla jurisprudencial de decisión frente a casos análogos y, por
contera, unifica la disparidad de criterios existente entre los inferiores jerárquicos.
Del reconocimiento del servicio prestado a través de órdenes de prestación de
7
servicios en los casos de docentes :
Para determinar si en el caso objeto de estudio existe un desconoció el precedente
judicial referente a si se deben o no tener en cuenta, para efectos pensionales, los
tiempos laborados por los docentes a través de órdenes o contratos de prestación
7 Análisis jurisprudencial realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el fallo de tutela proferido el 9
de diciembre de 2021 en el proceso con radicado: 11001-03-15-000-2021-07366-00 C.P: Julio Roberto Piza.
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de servicio, la Sala se referirá a las sentencias que relacionó la parte actora como
desconocidas.
Sentencia de Unificación del 22 de enero de 2015 8 . En esta providencia, se
determinó que, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, podían
computarse los tiempos de servicio como docente hora cátedra, prestados a través
de contratos de prestación de servicios, trayendo como fundamento con relac ión al
cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la sentencia C-517 de
1999.
Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016 9 . En esta providencia, el
problema jurídico radicó en establecer: “(i) si resulta procedente declarar la
prescripción de la totalidad del derecho deprecado, pese a estar concernidos los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, y de no ser cierta dicha
hipótesis, (ii) si a la demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar del
municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) el pago de las prestaciones salariales y
sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculada como docente -
contratista, en aplicación del principio de "primacía de la realidad sobre
formalidades", o por el contrario, si los contratos de prestación de servicios ( o
cualquiera que sea su denominación) que celebró con dicha entidad territorial se
ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de
subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación laboral”.
En lo que interesa para el presente asunto, la Sección Segunda concluyó que: “(..)
las actividades desarrolladas por la demandante revisten las características propias
de un empleo de carácter permanente, pues estuvo por más de 12 años como
maestra al servicio del municipio de Ciénaga de Oro, las que cumplió de manera
subordinada por la naturaleza misma del ejercicio docente sujeto a los reglamentos
propios del magisterio y bajo igualdad de condiciones que los docentes -servidores
públicos, motivo por el cual es procedente acceder al reconocimiento de la existencia
de una relación laboral”.
Y frente a los aportes a pensión concluyó que “no aplica el fenómeno prescriptivo.
(…), en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los
derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos·
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad”.
Sentencia del 30 de marzo de 2006 10. En este caso se declaró probada la existencia
de una relación laboral entre un docente contratado por un ente territorial a través de
contratos de prestación de servicios. Sin embargo, en dicha sentencia nada se dijo
respecto a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
Sentencia del 1 de octubre de 2009 11 . Contrato realidad de docente vinculada
mediante contratos de prestación de servicios desde el 1 de febrero de 1995 al 31 de
diciembre de 1996, en el que se ordenó el “pago integral de las prestaciones sociales
que devengue un empleado público en el mismo o similar cargo desempeñado por la
actora, liquidada con base en los honorarios contractuales recibidos del 15 de febrero
8 Sección Segunda. Expediente 25000-23-42-000-2012-02017- 01 (0775-2014), CP. Alfonso Vargas Rincón (E).
9 Sección Segunda. Expediente 23001-23-33- 000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. CP. Carmelo
Perdomo Cuéter.
10 Sección Segunda, Subsección B. Expediente 52001-23-31-000-1999-01215-02(4669-04).
11 Sección Segunda, Subsección B. Expediente 68001-23-31-000-2003-02583-01 (0488-2009). CP. Gerardo
Arenas Monsalve.
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al 30 de noviembre de 1993; del 25 de enero al 24 de noviembre de 1994; del 1 de
febrero al 31 de diciembre de 1995 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 1996”.
Igual que en la anterior providencia, nada se dijo respecto a los tiempos laborados
para efectos pensionales.
Sentencias del 4 de julio de 2019 12. En estos tres casos, la Subsección B de la
Sección Segunda, concluyó que era procedente computar los tiempos de servicio
prestados por los docentes a través de contratos de prestación de servicios para
efectos pensionales, en razón a que les son aplicables las circunstancias de
desigualdad descritas por la Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, por
lo que, “en virtud del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal, del derecho a la seguridad social y de la protección constitucional reforzada
de las personas de la tercera edad o adultos mayores (…), le asiste el derecho a que
le sea computado el lapso laborado a través de contratos de prestación de servicios
(…)”.
Sentencia del 13 de febrero de 2020 13 . En este caso se analizó si para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de un docente era procedente tener en
cuenta los tiempos de vinculación a través de contratos de prestación de servicios.
La providencia explicó que, en principio, la Corporación consideraba que los tiempos
durante los cuales un docente había sido vinculado al Estado mediante contratos de
prestación de servicios, no podrían tenerse en cuenta para efectos de acumular el
tiempo de servicios establecido en la ley para acceder a la pensión de jubilación, si
no había sido declarada previamente la existencia de una relación de carácter
laboral. Sin embargo, explicó que:
“(…) dicha postura jurisprudencial ha sido rectificada por la Sección en varios
pronunciamientos, en donde ha reconocido el tiempo laborado por el docente mediante
contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de prestaciones de carácter
periódico, como lo es por ejemplo la pensión gracia, bajo las siguientes
consideraciones14:
(…)
El planteamiento expuesto sigue la línea jurisprudencial definida por la Sección Segunda
de esta Corporación en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de
2016 15 según la cual la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de
servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al
igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las
directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que
carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de
sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de
acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los
12 (i) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 15001-23-33-000-2013-00138-01 (2591-2014). CP. Carmelo
Perdomo Cuéter. Demandante: Isabel Segunda Thomas de Camargo.
(ii) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 54001233300020130040201 (3853-2014). CP. Carmelo
Perdomo Cuéter. Demandante: María Elvira Ortega Angarita.
(iii) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 66001233300020130041301 (3446-2014). CP. Carmelo
Perdomo Cuéter. Demandante: Oscar Guzmán Restrepo.
13 Sección Segunda, Subsección A. Expediente 54001-23-33-000-2014-00106-01 (0156-2015). CP. Gabriel
Valbuena Hernández.
14 Cita original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete
(2017). Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
15 Cita original: Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero dr.
Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
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que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección
especial por parte del Estado.
Ahora bien, la Sala advierte que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso
ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos
laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos
escenarios con connotaciones diferentes:
(i). La primera, cuando se pretende la declaración de existencia de contrato realidad con
todas sus connotaciones laborales y prestacionales, en este caso, debe darse
previamente el agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la
entidad territorial con la cual se suscribieron los contratos a efectos de garantizar el
derecho al debido proceso de la entidad responsable y así mismo el total cumplimiento de
la sentencia.
(ii).- La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de
los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, escenario en el que es posible que el proceso
ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión. Esto
por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135» 16
permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de exigir la cuota parte
de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación correspondiente se
reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo
afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley y que en los casos
de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las
entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que
les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.
Adicionalmente, en materia de aportes pensionales, la aludida sentencia de unificación de
la sección Segunda de esta Corporación, de 25 de agosto de 2016 17, precisó que frente a
los aportes para pensión no opera el fenómeno de prescripción, en atención a la
condición periódica del derecho pensional que los hace imprescriptibles, pues aquellos se
causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles
del menciono fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.
Bajo tal entendimiento y dado que en el presente caso la demandante reclama el
computo de los tiempos laborados por contratos de prestación de servicios únicamente
para efectos pensionales, la Sala estima que resulta procedente tal pretensión en forma
16 Cita original. 13 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se
reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de
cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin
tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces
cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado
oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el
reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos
de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades
y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del
tiempo de servicios en cada una de aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado
al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere
el artículo 3o. del citado decreto la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho
oponiéndose sin fundamente legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a e xpedir la resolución
definitiva de reconocimiento de la pensión. El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la
entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión.»
17 Cita original. Proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
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conjunta o acumulada con la de reconocimiento pensional de la docente 18 , porque su
declaración solo tendrá incidencia en cuanto a los aportes pensionales frente a los cuales
no opera la prescripción, ni la caducidad, y además, por cuanto la entidad o empresa a
cuyo cargo se encuentra el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación tiene
derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la
cantidad proporcional que legalmente les corresponda.”
Sentencia del 18 de noviembre de 2020 19 . Caso en el que se ordena la
reliquidación de la pensión a docente con acumulación de tiempos de servicios
públicos y privados, conforme con la Ley 71 de 1988, para lo cual se tuvo en cuenta
los tiempos prestados a través de contratos de prestación de servicios, en razón a
que “(…) la naturaleza y calidad de docente oficial no se desvirtúa por el tipo de
vinculación al Estado (contractual o legal y reglamentaria)”.
Sentencias del 11 20 y 18 de febrero de 2021 21 . En estas tres providencias, la
Subsección A, de la Sección Segunda concluyó que era procedente tener en cuenta
el período en el que los demandantes se desempeñaron como docentes mediante
contratos de prestación de servicios, pues se consolidó una relación de trabajo para
efectos pensionales. Sin embargo, dispuso que, en caso de que los demandantes no
hubiesen efectuado los aportes que les correspondía como contratistas, el ente
territorial deberá abonar el monto total del aporte que como empleador le habría
correspondido por esos periodos al igual que a los docentes les corresponderá
asumir el porcentaje a su cargo.
Sentencia del 3 de junio de 2021 22. En este asunto se analizaron: (i) el régimen
pensional aplicable a los docentes oficiales (Sentencia de Unificación del 25 de abril
de 2019), (ii) los docentes vinculados a través de contratos de prestación de
servicios. Luego del estudio normativo y jurisprudencial sobre el tema, se concluyó
que “de acuerdo con la más reciente tesis planteada por esta Corporación, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en
tratándose de docentes oficiales, esta subsección estima que resulta procedente
contabilizar el tiempo durante el cual estos prestaron sus servicios al Estado bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del reconocimiento
de la pensión de jubilación”.
Y, al igual que en las providencias analizadas en precedencia, dispuso sobre los
aportes a pensión que la entidad demandada: “deberá repetir en contra de la entidad
de previsión a la cual la demandante acredite que se encontraba afiliada durante el
lapso que subsistió la relación contractual con el Departamento del Meta, a fin de
solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas por aquella en dicha
oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o asegure la señora ELSA
18 Cita original. Al tenor del artículo 165 del CPACA se podrán acumular pretensiones cuanto el juez pueda
conocer de todas, no se excluyan entre sí, no haya operado la caducidad y todas deban tramitarse por el mismo
procedimiento.
19 Sección Segunda, Subsección A. Expediente 6600123330002016000820 (4676-17). CP. William Hernández
Gómez.
20 i) Sección Segunda, Subsección A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014). CP. William
Hernández Gómez. Demandante: María Gladys Posso de Medina.
(ii) Sección Segunda, Subsección A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-2014). CP. William
Hernández Gómez. Demandante: Carmen Gabriela Loyo de Arrieta.
21 Sección Segunda, Subsección A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). CP. William
Hernández Gómez. Demandante: Bárbara Inés Tocaria Sarmiento.
22 Sección Segunda. Subsección A. Expediente 50001233300020180035701 (5585-2019). CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
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Demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
ESPERANZA HERNÁNDEZ ORTIZ. En todo caso, se autoriza al mentado fondo,
descontar de los valores adeudados a la libelista en virtud de la condena, los saldos
pendientes parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento del
precepto anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como
trabajadora le correspondía efectuar por el período que subsistió la relación
contractual”.
Conforme con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación no ha proferido
sentencia de unificación respecto al tema en estudio. Los precedentes citados fueron
proferidos en el marco de procesos en los que los docentes pretendían el
reconocimiento de una relación laboral (contrato realidad). (subrayado fuera de
texto.)
En todo caso, conforme con lo citado y expuesto con anterioridad, si bien no existe
una sentencia de unificación, la Sala no puede pasar por alto que en distintas
providencias de las citadas se establecieron reglas que tienen incidencia directa
para efectos pensionales, respecto del tiempo de servicio para tener en cuenta en el
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes.
En efecto, existe un precedente pacífico, reiterado y uniforme por parte de las dos
subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respecto de la
procedencia de contar los tiempos servidos por docentes mediante órdenes o
contratos de prestación de servicios para efectos del cumplimiento del tiempo
requerido para el reconocimiento de la pensión de jubilación, teniendo como
fundamento y sustento las reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia SU
del 25 de agosto de 2016.
Caso concreto:
Previo a estudiar si la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del
precedente, de entrada, conviene precisar que el señor Lizarazo Jaimes laboró como
docente para la secretaría de educación departamental de Norte de Santander,
desde el 1º de febrero de 1990 hasta el 30 de noviembre de 1994, a través de
órdenes de prestación de servicios, esto es, antes de la expedición de las Leyes
10023 y 80 de 1993.
Ahora bien, la Sala observa que en la sentencia cuestionada, proferida el 24 de junio
de 2021 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en primera
medida se hizo referencia al régimen pensional de los docentes y se refirió a la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, que, entre otras cosas, dispuso que
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del
mismo régimen de los servidores públicos del orden nacional, esto es, la Ley 33 de
1985, la cual exige 20 años de servicio y 55 años para el reconocimiento de la
prestación.
Frente a si era procedente tener en cuenta el servicio prestado a través de órdenes
de prestación de servicios para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria de
jubilación, la providencia indicó:
23El sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, entró a regir a partir del 1º de abril
de 1994. Sin embargo, su funcionamiento se pospuso, para los servidores públicos del nivel
departamental, distrital, y municipal, hasta el 30 de junio de 1995 (Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, Consulta 720 del 7 de agosto de 1995).
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Demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
(…)
“Es importante recordar que la discusión del presente asunto se contrae a determinar
si al actor le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
por sus labores como docente, prestadas con ocasión de sus vinculaciones legal y
reglamentaria y contractual.
Frente a ello, el aquo se inclinó hacia la tesis que no, pues estima que el actor no
cumple con el requisito de tiempo de servicio previsto en la Ley 33 de 1985, puesto
que las labores que prestó mediante ordenes de prestación de servicios no pueden
tenerse en cuenta para su cómputo, acreditando menos de los 20 años en relación
legal y reglamentaria.
Para dilucidar lo anterior, la Sala teniendo en cuenta los hechos enunciados con
anterioridad que no se encuentran en discusión, tendría que abordar el análisis del
régimen aplicable al actor para el reconocimiento pensional y la acreditación de los
requisitos dispuestos para tal fin, no obstante al constatarse la información oficial
relacionada con el sistema pensional, consignada en el Registro único de afiliados
(RUAF), se tiene que a aquel ya se le otorgó una pensión de jubilación docente por
parte de la entidad demandada, a través de la Resolución 649 del 16 de septiembre
de 2015, se presume que con el tiempo adicional de servicio después de agotar la
vía gubernativa para este proceso, pudo completar los 20 años de servicio oficial
requerido para la pensión de que trata la ley 33 de 1985.
Así, entonces, la Sala en consideración a que el actor ya le fue otorgada la
prestación pretendida, por sustracción de materia y con fundamento en las
explicaciones que anteceden, confirmará la sentencia que negó la pretensión de
reconocimiento de la pensión pedida por el actor y se abstuvo de condenar en
costas.(…)” (subrayado fuera de texto).
Como se ve, la autoridad judicial demandada concluyó que el señor Lizarazo Jaimes,
para el momento en que se surtió el estudio del trámite de segunda instancia y luego
de la consulta en el sistema de registro único de afiliados RUAF, ya le había sido
reconocida la pensión de jubilación docente al demandante, reconocimiento que,
afirmó, se dio con tiempo adicional de servicio, sin embargo, llama la atención de la
Sala el hecho de que la autoridad judicial demandada no se pronunció respecto de
los tiempos laborados bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicio con el
fin de concluir si era procedente o no tenerse en cuenta para efectos pensionales ,
posición que, valga precisar, desconoce la postura jurisprudencial pacífica a la que
se hizo referencia con anterioridad.
La Sala no desconoce que, tratándose de un órgano de cierre y en virtud del principio
de autonomía de la independencia judicial, la Corporación puede rectificar o
modificar el precedente judicial fijado. Sin embargo, dicha situación debe quedar
claramente expuesta y explicada en la providencia, para garantizar la protección de
los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, situación descrita
que no ocurrió en el caso objeto de estudio.
Al respecto, la Corte Constitucional 24 ha señalado que el deber de respeto del
precedente judicial, tienen entre sus propósitos garantizar la estabilidad de las
decisiones y reglas judiciales fijadas con anterioridad. Sin embargo, explicó que “esta
obligación también tiene matices, toda vez que a la par de los principios de igualdad,
24 Sentencia SU072 de 2018. MP. José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
seguridad jurídica y confianza legítima pervive el principio de la autonomía judicial y
la necesidad de ajustar tanto el derecho como su interpretación a las realidades
sociales que se van imponiendo en garantía de un ordenamiento justo; claro está,
con la observancia de las estrictas exigencias que deben cumplirse cuando de
modificar o apartarse del precedente se trata25”.
Como se dijo en párrafos anteriores, la Sala encuentra que la sentencia cuestionada
no expuso si el reconocimiento pensional se dio con ocasión a tiempo adicional
cotizado por el actor o si, por el contrario, se tuvo en cuenta el tiempo laborado
mediante OPS, pues está claro que dicha condición podría variar la situación
reclamada por el actor y, por ende, lo procedente era pronunciarse sobre el
reconocimiento de dichos tiempos, de acuerdo con lo estipulado en los anteriores
precedentes sentados por la misma corporación.
Por lo tanto, se configuró el desconocimiento del precedente judicial fijado sobre la
procedencia del reconocimiento de la pensión de jubilación de un docente oficial con
inclusión del período acumulado en virtud de contratos de prestación de servicios y
queda resuelto así el problema jurídico planteado.
En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad del señor Luis Álvaro Lizarazo Jaimes y, por lo tanto, ordenará al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, en el término de 20 días,
contados a partir de esta providencia, dicte una sentencia de remplazo en la que
tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la
parte actora, conforme con las razones expuestas en esta providencia. En
consecuencia, se dispone:
2. Dejar sin efectos la sentencia del 24 de junio de 2021, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 54001-23-33-000-2014-00169-01.
3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, en el
término de 20 días, contados a partir de esta providencia, dicte una sentencia de
remplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para
lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
25Cita original. SU-049 de 1999, C-774 de 2001, C-836 de 2001, C-029 de 2009, C-332 de 2011, T-
394 de 2013, SU-515 de 2013, C-500 de 2014 y C-284 de 2015.
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Demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes.
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
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