Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01551-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01551-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01551-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
30 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01551-01
Accionantes: Teresa Sanguino de Quintero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01551-01
Demandante: TERESA SANGUINO DE QUINTERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Temas: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que denegó el reconocimiento
de la pensión de jubilación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia del 28
de abril de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A que negó la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Teresa Sanguino de Quintero, mediante apoderado, ejerció acción de
tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado por
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad
social, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, Expediente No. 54001-23-33-000-2013-00091-02 (1038-2017) LA SUBSECCIÓN
“B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Consejero
Ponente Dr. César Palomino Cortés al confirmar la sentencia del 26 de enero de 2017 emitida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, vulneraron (sic) a la señora TERESA
SANGUINO DE QUINTERO los derechos fundamentales a: la igualdad frente a la aplicación
de la ley y el bloque de jurisprudencia relacionada con la pensión de jubilación que debía
incluir los tiempos OPS, los derechos adquiridos con arreglo a la ley, al trabajo, el acceso a
la administración de justicia, el debido proceso judicial, el derecho a la seguridad social, la
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seguridad jurídica y demás derechos constitucionales que resulten del estudio y análisis de
los hechos que fundamentan la acción.
SEGUNDA. - En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia de segunda
instancia emitida por LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO fechada el 09 de septiembre de 2021 y notificada el 29 de octubre
del mismo año.
TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que realice
los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias fundamentadas en la
normatividad vigente, valorando en plenitud las pruebas aportadas y la línea jurisprudencial
vigente contenidas entre otras, en la sentencia C-555 de 1994 proferida por la Corte
Constitucional y en el fallo unificado de agosto 25 de agosto de 2016 proferido por la Sección
Segunda suscrita entre otros, por los Consejeros tutelados”
2. Hechos:
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
La señora Teresa Sanguino de Quintero nació el 12 de septiembre de 1948 y se
desempeñó como docente oficial de la secretaría de educación departamental de
Norte de Santander mediante órdenes de prestación de servicio (OPS), desde el 1º
de febrero de 1987 hasta el 30 de noviembre de 1992 y, en propiedad, mediante
vinculación legal y reglamentaria con el municipio de San José de Cúcuta (Norte de
Santander), desde el 24 de marzo de 1995 hasta el 20 de febrero de 2010.
Que, por trabajar más de 20 años como docente oficial y cumplir 55 años, solicitó
al Ministerio de Educación Nacional, a través de la Secretaría de Educación del
municipio de San José de Cúcuta el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, petición que fue resuelta de manera negativa mediante Resolución núm.
000817 del 2 de octubre de 2012, al desestimar el tiempo de servicio prestado a
través de OPS.
Inconforme con lo anterior, la actora interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad del acto que
negó el reconocimiento de la pensión y, en consecuencia, se reconociera y pagara
la pensión de jubilación conforme con la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta el
tiempo laborado por OPS.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 26 de enero de
2017, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante no
cumplió con el requisito de tiempo de servicio previsto en la Ley 33 de 1985, (es
decir 20 años continuos o discontinuos de servicios y 55 años) puesto que las
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labores que prestó mediante OPS no podían tenerse en cuenta para el cómputo
pues no se solicitó previamente reconocimiento de la relación laboral por ese
periodo para la consecuente declaratoria de contrato realidad.
La actora apeló y la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en
sentencia del 9 de septiembre de 2021 1, confirmó la decisión. Además, expuso que,
si bien a la fecha de presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento la
parte actora no contaba con 20 años de servicio, lo cierto es que en la actualidad
mediante Resolución núm. 510 del 2 de septiembre de 2013 le fue reconocida la
pensión de jubilación por cumplir el tiempo necesario.
3. Argumentos de la tutela
La demandante indicó que la sentencia del 9 de septiembre de 2021 vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración por incurrir en defecto sustantivo, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución.
Frente al defecto sustantivo afirmó que la providencia cuestionada no tuvo en cuenta
que las vinculaciones bajo la modalidad de OPS con la secretaría de educación
departamental de Norte de Santander, debieron tenerse en cuenta para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, pues, conforme con la Ley 797 del 2003,
antes de entrar a regir, los contratistas no estaban obligados a realizar tales
cotizaciones y que, por tanto, se desconocen los postulados de la sentencia C-555
de 1994.
Que la sentencia es una decisión sin motivación, pues, si bien se hizo mención a
una sentencia de la misma corporación, lo cierto es que no tuvo suficiente
argumentación, en la medida en que no explicó las razones para “(…) apartarse de
los postulados señalados en las sentencias C-555 de diciembre 06 de 1994 emitida
por la H. Corte Constitucional, Sentencia unificada del Consejo de Estado de enero
22 de 2015 Radicación No. 25000-23-42-000-2012-02017-01, Expediente No. 0775-
1 La sentencia contó con un salvamento de voto de uno de los integrantes de la Sala, en el que, concretamente,
se precisó:
“ En el asunto sub judice era dable acceder a las súplicas invocadas, toda vez que la accionante completó más
de 20 años de servicios para la docencia oficial (5 años, 2 meses y 22 días, en virtud de los contratos de
prestación de servicios suscritos con el departamento de Norte de Santander y el municipio de Cúcuta, y 19
años, 5 meses y 27 días a la época del acto acusado, como maestra en el mismo ente territorial), máxime
cuando los mencionados contratos tuvieron lugar con anterioridad a la Ley 797 de 2003 (marzo de 1987 a
enero de 1993), que fue la que impuso la obligación de las cotizaciones a pensión por parte de las personas
que presten sus servicios al Estado a través de ese tipo de vinculación .”
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2014 donde otorga validez de la modalidad hora catedra y contratos de prestación
de servicios y, la Sentencia unificada del Consejo de Estado del 25 de agosto de
2016, en el expediente con Radicación no. 23001-23-33- 000-2013-00260-01 (0088-
15) CE-SUJ2-005-16 precisando que los tiempos de contratos de prestación de
servicio docente surten efectos pensionales, además de los innumerables fallos de
las máximas corporaciones judiciales que reiteran este concepto”.
Que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial porque no se tuvo en
cuenta que existe precedente jurisprudencial obligatorio. Citó como desconocidas
las siguientes providencias:
De la Corte Constitucional, las sentencias C-555 de 1994, C-154 de 1997 y
C-517 de 1999.
Del Consejo de Estado: (i) Sentencias de unificación del 22 de enero de 2015,
exp. 25000-23-42- 000-2012-02017-01 y del 25 de agosto de 2019, exp.
23001-23-33- 000- 2013-00260-01.
Sentencias de las Subsecciones del Consejo de Estado proferidas dentro de
procesos ordinarios: (i) expediente 52001233100019990121502 (4669-
2004), CP. Alejandro Ordoñez Maldonado. Demandante; (ii) expediente
68001233100020030258301 (0488-2009), CP. Gerardo Arenas Monsalve,
(iii) expediente15001233300020130013801 (2591-2014), CP. Carmelo
Perdomo Cuéter, (iv) sentencia del 4 de julio de 2019, expediente
54001233300020130040201 (3853-2014), CP. Carmelo Perdomo Cuéter; (v)
sentencia del 4 de julio de 2019, expediente 66001233300020130041301
(3446-2014), CP. Carmelo Perdomo Cuéter; (vi) sentencia del 13 de febrero
de 2020, expediente 54001233300020140010601 (0156-2015), CP. Gabriel
Valbuena Hernández; (vii) sentencia del 18 de noviembre de 2020,
expediente 66001233300020160008201 (4676-17), CP. William Hernández
Gómez; (viii) sentencia del 11 de febrero de 2021, expediente 81001-23-33-
000-2013-00079-01 (4021-2014) CP. William Hernández Gómez; (ix)
sentencia del 11 de febrero de 2021, expediente 81001-23-33-000-2013-
00005-01 (4114-2014), CP. William Hernández Gómez; sentencia del 18 de
febrero de 2021, expediente 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014),
CP. William Hernández Gómez; sentencia del 3 de junio de 2021, expediente
50001233300020180035701 (5585-2019), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
Fallo de tutela del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2020-
05252-00(AC), CP. CP. José Gregorio Hernández Galindo (Conjuez).
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Accionantes: Teresa Sanguino de Quintero
Fallo de tutela del Consejo de Estado Sección Cuarta, C.P. Milton Chaves
García proferido el 20 de enero de 2022 en el expediente con radicado:
11001-03-15-000- 2021-06830-00. Demandante: Luis Álvaro Lizarazo
Jaimes. Demandado: Consejo De Estado – Sección Segunda Subsección B.
Finalmente, indicó que se incurrió en violación directa de la constitución por
desconocer el tiempo laborado como docente a través de OPS para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, que aceptar dicha posición transgrede
los derechos fundamentales invocados.
4. Oposiciones
A pesar de haber sido notificados, los magistrados del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, no rindieron informe sobre los hechos que motivaron la
interposición de la presente acción de tutela.
5. Intervenciones
El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
La Gobernación de Norte de Santander, señaló que no debió ser vinculada al
presente trámite dado que no tuvo ninguna injerencia en la sentencia que se acusa.
Sin embargo, señaló que las consideraciones expuestas por el Consejo de Estado
– Sección Segunda – Subsección B en la sentencia de 9 de septiembre de 2021, se
ajustaron a las disposiciones que regulan la situación de carácter pensional de la
parte actora, por lo que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela.
6. Sentencia impugnada
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante fallo del 28
de abril de 2022, negó la acción de tutela, al considerar que la decisión cuestionada
no se centró en si el tiempo laborado como docente vinculada bajo contrato de
prestación de servicios debía o no tenerse en cuenta para efectos del
reconocimiento pensional, sino frente a si la señora Sanguino de Quintero logró
acreditar cotizaciones durante el tiempo en que laboró bajo esa modalidad. Lo cual
no se probó en el plenario en virtud de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007 y sus normas complementarias, que señalan que los contratistas están
obligados a realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
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Además precisó que en la sentencia objeto de reproche también se indicó que, a
través de Resolución núm. 510 de 2 de septiembre de 2013, ya se le reconoció
pensión de jubilación a la señora Sanguino de Quintero, por lo que las cotizaciones
realizadas ya dieron lugar a la obtención del derecho a la pensión.
Finalmente concluyó que lo expuesto en la decisión cuestionada obedeció a lo
contemplado en las normas aplicables al asunto y a lo que la jurisprudencia ha
señalado para el caso concreto y en esa medida no se vulneró los derechos
fundamentales invocados por la actora.
7. Impugnación
La impugnó la anterior decisión y reiteró los argumentos expuestos en el escrito
inicial en el sentido de señalar que se omitió señalar los fundamentos del
apartamiento del precedente jurisprudencial, así como de los convenios y tratados
internacionales ratificados por Colombia en lo referente a la seguridad social
descritos en la acción constitucional y que también compone un criterio vinculante.
Precisó que la responsabilidad del reconocimiento integral de las prestaciones
sociales recae de manera exclusiva en el empleador, no en el trabajador, víctima
del uso de una figura expulsada del ordenamiento jurídico por la jurisdicción
constitucional (sentencia C-555 de 1994); razón por la que el juez natural de la
causa debe entender y aceptar que el uso irregular de los contratos de prestación
de servicios de los docentes, tuvo un fin inconstitucional consistente en evadir el
pago de las prestaciones sociales y en esa medida los jueces constitucionales no
pueden exigir al sujeto débil de la relación laboral (trabajador), que demuestre
aportes a la seguridad social durante el periodo que laboró en la modalidad de
órdenes de prestación de servicio. Por lo expuesto, la actora afirma que en el caso
objeto de estudio debe revocarse la decisión de impugnada y, en su lugar, acceder
a las pretensiones de la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
De la acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
3 4
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
Planteamiento y solución del problema jurídico
Verificado el cumplimiento de los requisitos generales, la Sala pasa a estudiar los
requisitos específicos, para la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales.
En el escrito de tutela, la señora Teresa Sanguino de Quintero alegó que la
sentencia del 9 de septiembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, incurrió en los defectos sustantivo, decisión sin motivación,
violación directa a la Constitución y desconocimiento del precedente. A juicio de la
demandante, la autoridad judicial desconoció la procedencia de la inclusión de los
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamen tales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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tiempos de servidos como docente a través de órdenes de prestación de servicios
para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
De entrada, la Sala advierte que todos los argumentos propuestos van dirigidos a
cuestionar la falta de aplicación del precedente de la Consejo de Estado. Por otro
lado, si bien la parte actora también propone el desconocimiento del precedente
constitucional, se observa que se trata de sentencias de constitucionalidad, por lo
que se analizará como defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma.
En virtud de lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 9 de
septiembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación normativa y en
desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, respecto de la
procedencia de la inclusión de los tiempos de servidos como docente a través de
órdenes de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de
jubilación.
Defecto sustantivo
La jurisprudencia constitucional ha considerado el defecto sustantivo como el que
se configura cuando la decisión judicial se apoya en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea porque ha sido derogada, porque ella o su
aplicación al caso concreto es inconstitucional o, porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se ha aplicado.
En este sentido, se podría configurar un defecto sustantivo siempre que: (i) la
decisión cuestionada se funde en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso
concreto, por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso , no se
encuentra vigente por haber sido derogada , o ha sido declarada inconstitucional ;
(ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución Política le reconoce
a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma
en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han
definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática ; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por
ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la
cual se aplicó, porque a esta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador.
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En el mismo sentido, la Corte Constitucional dice que el defecto sustantivo se
presenta cuando: (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso
concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y la ley le
reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de
la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que
han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin
tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y, por ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la que se aplicó.
Ahora, la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad fija el alcance
y contenido de la ley. Eso quiere decir que las reglas de interpretación que se fijan
en esas sentencias vienen a ser parte de la propia ley. Por lo tanto, si se aplica una
regla de interpretación a un caso que no corresponde, se incurre en defecto
sustantivo por aplicación indebida. Si el juez ignora la regla de interpretación fijada
en la sentencia de constitucionalidad o conociéndola decide no aplicarla, incurre en
defecto sustantivo por falta de aplicación. Y si el juez entiende equivocadamente las
reglas de interpretación fijadas en las sentencias de constitucionalidad y así las
aplica, incurre en defecto sustantivo por interpretación errónea.
5
Del defecto sustantivo en el caso en concreto :
Con el fin de determinar si la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto
sustantivo alegado por la demandante, la Sala verificará el contenido de las
sentencias de constitucionalidad invocadas en la presente solicitud de amparo, con
el fin de determinar si contienen alguna regla de interpretación aplicable al caso.
En primer término, se tiene que el actor invocó la sentencia C-555 de 1994 en la
que la Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad parcial de
los artículos 6 y 16 de la Ley 60 de 1993 6 y, contra los artículos 23, 24, 92, 94, 95,
96, 105, 143, 155, 159, 160 y 162 de la Ley 115 de 1994. En concreto, en dicha
oportunidad la Corte consideró:
(…)
5 Análisis jurisprudencial realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el fallo de tutela proferido
el 9 de diciembre de 2021 en el proceso con radicado: 11001-03-15-000-2021-07366-00 C.P: Julio Roberto
Piza.
6 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencia de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
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6. A los docentes integrados a la planta de personal en virtud de un acto
administrativo, se les aplica las normas legales y reglamentarias sobre carrera,
régimen prestacional y salarial. Estas normas no se extienden a los docentes-
contratistas, los cuales quedan gobernados exclusivamente por el contrato
administrativo de prestación de servicios que suscriben con la entidad territorial.
Desde el punto de vista económico, los docentes temporales, por lo menos, no
reciben prestaciones sociales; en lo que concierne a su función, carecen de
estabilidad y están excluidos del marco de derechos y obligaciones, que se aplica a
los empleados de planta.
7. No obstante que los docentes temporales realicen la misma actividad y cumplan
las mismas funciones de los de planta, están sometidos a un régimen contractual y
no a uno legal - como éstos últimos -, que los coloca en una situación más
desfavorable tanto desde el punto de vista económico como regulativo. La
disparidad de tratamientos, frente a una misma categoría de sujetos (docentes) y de
actividad (enseñanza en establecimientos educativos estatales), explica la
pretensión del demandante, para quien los docentes temporales vinculados por
contrato administrativo de prestación de servicios, se encuentran en la misma
situación de hecho y de derecho predicable de los educadores incorporados a la
planta de personal de la entidad territorial y, por consiguiente, deben recibir el mismo
tratamiento jurídico que la ley reserva exclusivamente a éstos.
(…)
Las características asociadas a la celebración de contratos administrativos de
prestación de servicios con docentes temporales, por las notas de permanencia y
subordinación que cabe conferir a la actividad personal que realizan, pueden servir
de base para extender a ésta la protección de las normas laborales.
Conforme a lo anterior, se declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley
60 de 1993, que estableció un régimen de previsión transitorio de seis años, en el
que a los docentes que venían siendo contratados por órdenes de prestación de
servicios, se les seguiría contratando a través de la misma figura, hasta cuando
puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial.
A juicio de la Corte:
“(…) la previsión de un régimen transitorio de seis años, significa, entre otras
cosas, que dentro de ese marco temporal, se le otorga permanencia a la
contratación administrativa de docentes. La vocación misma que adquieren los
docentes temporales a ser incorporados progresivamente a la planta de
personal, les infunde un sentido de permanencia que difícilmente les puede ser
negada, pues, de ella depende que la ley cumpla con su designio que no es
otro que el de integrarlos en la mencionada planta de personal dentro del
indicado lapso, todo lo cual, de paso, demuestra fehacientemente tanto la
permanencia de los encargos asignados a aquéllos como la semejanza
10
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material de su actividad respecto a la que desempeñan los demás maestros y
profesores”.
Ahora, en segundo lugar el actor trajo a colación la sentencia C-154 de 1997 en la
que la Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad del numeral
3, parcial, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que reguló el contrato de prestación
de servicios, en dicha oportunidad la corte explicó que el elemento de subordinación
o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de
prestación de servicios, puntualmente precisó:
“ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de
esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente
a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el
servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación
de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de
trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente”.
Por su parte en la C-517 de 1997 se estudió la constitucionalidad del artículo 106
de la Ley 30 de 1992, que dispuso que las instituciones privadas de Educación
Superior podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior
a la de un profesor de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante
contratos de trabajo o mediante contratos de servicios. En concreto, explicó que en
la sentencia C-006 de 1996, ya se había determinado que:
“(…) los establecimientos de educación superior no pueden vincular profesores
hora cátedra a través de contrato civil de prestación de servicios, pues la
relación que existe entre éstos y la respectiva institución es eminentemente
laboral y cumple fielmente las condiciones o requisitos del contrato realidad.
Ello impide, en consecuencia, cualquier restricción a sus derechos
constitucionales y legales, particularmente, los derivados de las prestaciones
sociales, que por razón del carácter transitorio de la actividad académica
desarrollada, deben reconocerse en proporción al tiempo de servicio”. Que, la
anterior interpretación es igualmente aplicable “a la norma acusada en cuanto
ésta consagra idéntica situación fáctica frente a las instituciones privadas del
mismo orden”.
De lo expuesto con anterioridad, la Sala observa que las sentencias de
constitucionalidad citadas por el demandante no estudiaron de manera concreta la
situación objeto de estudio, ni establecieron una regla de derecho respecto de la
11
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procedencia de computar los tiempos prestados a través de contratos u órdenes de
prestación de servicio para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los
docentes.
Por lo anterior, la Sala concluye que la providencia acusada no incurrió en el defecto
sustantivo alegado y, por lo tanto, procederá a analizar el desconocimiento del
precedente judicial.
Del desconocimiento del precedente
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso
similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se
decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica
que7: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente
de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado,
(ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye
la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada
o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto
de hecho para su aplicación».
Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que
está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial,
las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía —y, en especial, de
los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones— no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho
a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla
jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con
la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción,
7 Sentencia T-158 de 2006.
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a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse
del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la
misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en
una vía de hecho y, de contera, viola el derecho a la igualdad.
No obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujec ión no es
absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la
actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma
forma.
Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su
propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que
explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica
su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación
del caso resuelto con anterioridad.
En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias
que dictan los jueces de igual jerarquía, conviene decir que la observancia no es
tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de la misma
jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos. Es en ese momento, entonces, que la decisión del superior jerárquico o
del órgano de cierre, según el caso, adquiere capital importancia para efectos de
preservar la seguridad jurídica y garantizar el derecho fundamental a la igualdad, en
tanto que fija una regla jurisprudencial de decisión frente a casos análogos y, por
contera, unifica la disparidad de criterios existente entre los inferiores jerárquicos.
Del reconocimiento del servicio prestado a través de órdenes de prestación
8
de servicios en los casos de docentes :
Para determinar si en el caso objeto de estudio existe un desconoció el precedente
judicial referente a si se deben o no tener en cuenta, para efectos pensionales, los
tiempos laborados por los docentes a través de órdenes o contratos de prestación
de servicio, la Sala se referirá a las sentencias que relacionó la parte actora como
desconocidas.
8 Análisis jurisprudencial realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el fallo de tutela proferido
el 9 de diciembre de 2021 en el proceso con radicado: 11001-03-15-000-2021-07366-00 C.P: Julio Roberto
Piza.
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Sentencia de Unificación del 22 de enero de 2015 9 . En esta providencia, se
determinó que, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, podían
computarse los tiempos de servicio como docente hora cátedra, prestados a través
de contratos de prestación de servicios, trayendo como fundamento con relación al
cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la sentencia C-517 de
1999.
Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016 10. En esta providencia, el
problema jurídico radicó en establecer: “(i) si resulta procedente declarar la
prescripción de la totalidad del derecho deprecado, pese a estar concernidos los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, y de no ser cierta dicha
hipótesis, (ii) si a la demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar del
municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) el pago de las prestaciones salariales y
sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculada como docente
-contratista, en aplicación del principio de "primacía de la realidad sobre
formalidades", o por el contrario, si los contratos de prestación de servicios ( o
cualquiera que sea su denominación) que celebró con dicha entidad territorial se
ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos
de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación
laboral”.
En lo que interesa para el presente asunto, la Sección Segunda concluyó que: “(..)
las actividades desarrolladas por la demandante revisten las características propias
de un empleo de carácter permanente, pues estuvo por más de 12 años como
maestra al servicio del municipio de Ciénaga de Oro, las que cumplió de manera
subordinada por la naturaleza misma del ejercicio docente sujeto a los reglamentos
propios del magisterio y bajo igualdad de condiciones que los docentes -servidores
públicos, motivo por el cual es procedente acceder al reconocimiento de la
existencia de una relación laboral”.
Y frente a los aportes a pensión concluyó que “no aplica el fenómeno prescriptivo.
(…), en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con
los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos· laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad”.
9 Sección Segunda. Expediente 25000-23-42-000-2012-02017- 01 (0775-2014), CP. Alfonso Vargas Rincón (E).
10 Sección Segunda. Expediente 23001-23-33- 000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. CP. Carmelo
Perdomo Cuéter.
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Sentencia del 30 de marzo de 2006 11 . En este caso se declaró probada la
existencia de una relación laboral entre un docente contratado por un ente territorial
a través de contratos de prestación de servicios. Sin embargo, en dicha sentencia
nada se dijo respecto a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
Sentencia del 1 de octubre de 2009 12 . Contrato realidad de docente vinculada
mediante contratos de prestación de servicios desde el 1 de febrero de 1995 al 31
de diciembre de 1996, en el que se ordenó el “pago integral de las prestaciones
sociales que devengue un empleado público en el mismo o similar cargo
desempeñado por la actora, liquidada con base en los honorarios contractuales
recibidos del 15 de febrero al 30 de noviembre de 1993; del 25 de enero al 24 de
noviembre de 1994; del 1 de febrero al 31 de diciembre de 1995 y del 1 de enero al
31 de diciembre de 1996”. Igual que en la anterior providencia, nada se dijo respecto
a los tiempos laborados para efectos pensionales.
Sentencias del 4 de julio de 2019 13. En estos tres casos, la Subsección B de la
Sección Segunda, concluyó que era procedente computar los tiempos de servicio
prestados por los docentes a través de contratos de prestación de servicios para
efectos pensionales, en razón a que les son aplicables las circunstancias de
desigualdad descritas por la Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994,
por lo que, “en virtud del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal, del derecho a la seguridad social y de la protección constitucional
reforzada de las personas de la tercera edad o adultos mayores (…), le asiste el
derecho a que le sea computado el lapso laborado a través de contratos de
prestación de servicios (…)”.
Sentencia del 13 de febrero de 2020 14 . En este caso se analizó si para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de un docente era procedente tener en
cuenta los tiempos de vinculación a través de contratos de prestación de servicios.
11 Sección Segunda, Subsección B. Expediente 52001-23-31-000-1999-01215-02(4669-04).
12 Sección Segunda, Subsección B. Expediente 68001-23-31-000-2003-02583-01 (0488-2009). CP. Gerardo
Arenas Monsalve.
13 (i) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 15001-23-33-000-2013-00138-01 (2591-2014). CP. Carmelo
Perdomo Cuéter. Demandante: Isabel Segunda Thomas de Camargo.
(ii) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 54001233300020130040201 (3853-2014). CP. Carmelo
Perdomo Cuéter. Demandante: María Elvira Ortega Angarita.
(iii) Sección Segunda, Subsección B. Expediente 66001233300020130041301 (3446-2014). CP. Carmelo
Perdomo Cuéter. Demandante: Oscar Guzmán Restrepo.
14 Sección Segunda, Subsección A. Expediente 54001-23-33-000-2014-00106-01 (0156-2015). CP. Gabriel
Valbuena Hernández.
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La providencia explicó que, en principio, la Corporación consideraba que los tiempos
durante los cuales un docente había sido vinculado al Estado mediante contratos
de prestación de servicios, no podrían tenerse en cuenta para efectos de acumular
el tiempo de servicios establecido en la ley para acceder a la pensión de jubilación,
si no había sido declarada previamente la existencia de una relación de carácter
laboral. Sin embargo, explicó que:
“(…) dicha postura jurisprudencial ha sido rectificada por la Sección en varios
pronunciamientos, en donde ha reconocido el tiempo laborado por el docente mediante
contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de prestaciones de carácter
periódico, como lo es por ejemplo la pensión gracia, bajo las siguientes
consideraciones15:
(…)
El planteamiento expuesto sigue la línea jurisprudencial definida por la Sección Segunda
de esta Corporación en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de
201616 según la cual la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de
servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que
al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las
directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que
carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte
de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada
laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía
de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una
protección especial por parte del Estado.
Ahora bien, la Sala advierte que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso
ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos
laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos
escenarios con connotaciones diferentes:
(i). La primera, cuando se pretende la declaración de existencia de contrato realidad con
todas sus connotaciones laborales y prestacionales, en este caso, debe darse
previamente el agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la
entidad territorial con la cual se suscribieron los contratos a efectos de garantizar el
15 Cita original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete
(2017). Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
16 Cita original: Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero dr.
Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
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derecho al debido proceso de la entidad responsable y así mismo el total cumplimiento
de la sentencia.
(ii).- La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo
de los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, escenario en el que es posible que el
proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de
previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el
Decreto 3135»17 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de
exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de
jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de
previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios
requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad
o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene
derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de
la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas.
Adicionalmente, en materia de aportes pensionales, la aludida sentencia de unificación
de la sección Segunda de esta Corporación, de 25 de agosto de 201618, precisó que
frente a los aportes para pensión no opera el fenómeno de prescripción, en atención a
la condición periódica del derecho pensional que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí
son susceptibles del menciono fenómeno, por tener el carácter de emolumentos
económicos temporales.
Bajo tal entendimiento y dado que en el presente caso la demandante reclama el
computo de los tiempos laborados por contratos de prestación de servicios únicamente
17 Cita original. 13 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se
reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de
cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin
tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces
cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado
oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el
reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos
de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a
cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades
y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del
tiempo de servicios en cada una de aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado
al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se
refiere el artículo 3o. del citado decreto la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho
oponiéndose sin fundamente legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la res olución
definitiva de reconocimiento de la pensión. El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la
entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión.»
18 Cita original. Proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
17
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para efectos pensionales, la Sala estima que resulta procedente tal pretensión en forma
conjunta o acumulada con la de reconocimiento pensional de la docente 19, porque su
declaración solo tendrá incidencia en cuanto a los aportes pensionales frente a los
cuales no opera la prescripción, ni la caducidad, y además, por cuanto la entidad o
empresa a cuyo cargo se encuentra el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso
de la cantidad proporcional que legalmente les corresponda.”
Sentencia del 18 de noviembre de 2020 20 . Caso en el que se ordena la
reliquidación de la pensión a docente con acumulación de tiempos de servicios
públicos y privados, conforme con la Ley 71 de 1988, para lo cual se tuvo en cuenta
los tiempos prestados a través de contratos de prestación de servicios, en razón a
que “(…) la naturaleza y calidad de docente oficial no se desvirtúa por el tipo de
vinculación al Estado (contractual o legal y reglamentaria)”.
Sentencias del 11 21 y 18 de febrero de 2021 22 . En estas tres providencias, la
Subsección A, de la Sección Segunda concluyó que era procedente tener en cuenta
el período en el que los demandantes se desempeñaron como docentes mediante
contratos de prestación de servicios, pues se consolidó una relación de trabajo para
efectos pensionales. Sin embargo, dispuso que, en caso de que los demandantes
no hubiesen efectuado los aportes que les correspondía como contratistas, el ente
territorial deberá abonar el monto total del aporte que como empleador le habría
correspondido por esos periodos al igual que a los docentes les corresponderá
asumir el porcentaje a su cargo.
Sentencia del 3 de junio de 2021 23. En este asunto se analizaron: (i) el régimen
pensional aplicable a los docentes oficiales (Sentencia de Unificación del 25 de abril
de 2019), (ii) los docentes vinculados a través de contratos de prestación de
19 Cita original. Al tenor del artículo 165 del CPACA se podrán acumular pretensiones cuanto el juez pueda
conocer de todas, no se excluyan entre sí, no haya operado la caducidad y todas deban tramitarse por el mismo
procedimiento.
20 Sección Segunda, Subsección A. Expediente 6600123330002016000820 (4676-17). CP. William Hernández
Gómez.
21 i) Sección Segunda, Subsección A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014). CP. William
Hernández Gómez. Demandante: María Gladys Posso de Medina.
(ii) Sección Segunda, Subsección A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-2014). CP. William
Hernández Gómez. Demandante: Carmen Gabriela Loyo de Arrieta.
22 Sección Segunda, Subsección
A. Expediente 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). CP. William
Hernández Gómez. Demandante: Bárbara Inés Tocaria Sarmiento.
23Sección Segunda. Subsección A. Expediente 50001233300020180035701 (5585-2019). CP. Gabriel
Valbuena Hernández.
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Accionantes: Teresa Sanguino de Quintero
servicios. Luego del estudio normativo y jurisprudencial sobre el tema, se concluyó
que “de acuerdo con la más reciente tesis planteada por esta Corporación, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en
tratándose de docentes oficiales, esta subsección estima que resulta procedente
contabilizar el tiempo durante el cual estos prestaron sus servicios al Estado bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del reconocimiento
de la pensión de jubilación”.
Y, al igual que en las providencias analizadas en precedencia, dispuso sobre los
aportes a pensión que la entidad demandada: “deberá repetir en contra de la entidad
de previsión a la cual la demandante acredite que se encontraba afiliada durante el
lapso que subsistió la relación contractual con el Departamento del Meta, a fin de
solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas por aquella en dicha
oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o asegure la señora ELSA
ESPERANZA HERNÁNDEZ ORTIZ. En todo caso, se autoriza al mentado fondo,
descontar de los valores adeudados a la libelista en virtud de la condena, los saldos
pendientes parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento del
precepto anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como
trabajadora le correspondía efectuar por el período que subsistió la relación
contractual”.
Conforme con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación no ha proferido
sentencia de unificación respecto al tema en estudio. Los precedentes citados
fueron proferidos en el marco de procesos en los que los docentes pretendían el
reconocimiento de una relación laboral (contrato realidad).
En todo caso, conforme con lo citado y expuesto con anterioridad, si bien no existe
una sentencia de unificación, la Sala no puede pasar por alto que en distintas
providencias de las citadas se establecieron reglas que tienen incidencia directa
para efectos pensionales, respecto del tiempo de servicio para tener en cuenta en
el reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes.
En efecto, existe un precedente pacífico, reiterado y uniforme por parte de las dos
subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respecto de la
procedencia de contar los tiempos servidos por docentes mediante órdenes o
contratos de prestación de servicios para efectos del cumplimiento del tiempo
requerido para el reconocimiento de la pensión de jubilación, teniendo como
fundamento y sustento las reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia SU
del 25 de agosto de 2016.
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Caso concreto:
Previo a estudiar si la sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del
precedente, de entrada, conviene precisar que la señora Sanguino de Quintero
laboró como docente para la secretaría de educación departamental de Norte de
Santander, desde el 1º de febrero de 1987 hasta el 30 de noviembre de 1992, a
través de órdenes de prestación de servicios, esto es, antes de la expedición de las
Leyes 10024 y 80 de 1993.
Ahora bien, la Sala observa que en la sentencia cuestionada, proferida el 9 de
septiembre de 2021 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
en primera medida se hizo referencia al régimen pensional de los docentes y se
refirió a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, que, entre otras cosas,
dispuso que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
gozan del mismo régimen de los servidores públicos del orden nacional, esto es, la
Ley 33 de 1985, la cual exige 20 años de servicio y 55 años para el reconocimiento
de la prestación.
Frente a si era procedente tener en cuenta el servicio prestado a través de órdenes
de prestación de servicios para efectos del reconocimiento de la pensión ordinaria
de jubilación, la providencia indicó:
(…)
“En primer lugar, se encuentra demostrado que la señora Teresa Sanguino de Quintero
nació el 12 de septiembre de 1948, razón por la cual cumplió los 55 años de edad el 12 de
septiembre de 2003, probando con ello el requisito de la edad para efectos pensionales.
En cuanto al tiempo de servicio, se tiene que, si bien al presentarse la demanda la actora
no contaba con 20 años de servicios, y por este hecho estaba pidiendo que se tuviera en
cuenta para efectos pensionales el tiempo laborado mediante contratos de prestación de
servicios, lo cierto es que durante el proceso alcanzó los 20 años de servicios y como
resultado la Secretaría de Educación de San José de Cúcuta, con Resolución núm. 510 del
2 de septiembre de 2013 le reconoció una pensión de jubilación docente por el tiempo de
servicio laborado al municipio.25
24 El sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, entró a regir a partir del 1º de abril de 1994.
Sin embargo, su funcionamiento se pospuso, para los servidores públicos del nivel departamental, distrital, y
municipal, hasta el 30 de junio de 1995 (Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Consulta 720
del 7 de agosto de 1995).
25 Cita original: Se realizó la consulta en el Registro Único de Afiliados – RUAF
https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx
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Ahora bien, corresponde entonces a la Sala pronunciarse sobre si los tiempos laborados
por la docente mediante contratos de prestación de servicios se pueden tener en cuenta
para efectos pensionales. Así entonces, se observa que la demandante se desempeñó
como docente para las entidades territoriales por medio de contratos de prestación de
servicios, situación de cual, se infiere, en principio, que debió realizar los respectivos aportes
a pensión por cuenta propia; sin embargo, en el plenario no obra prueba de ello.
En este punto, es menester precisar que el legislador ha impuesto la obligatoriedad de
realizar aportes parafiscales a pensión, a fin de que la entidad de previsión obligada pueda
pagar sin detrimento patrimonial las prestaciones que por ley debe reconocer, entre ellas,
las pensiones, en consonancia con el principio de sostenibilidad financiera del sistema y
solidaridad, en razón de los aportes a los que aquellos están obligados. 26
La Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 2019, señaló que el contenido de la
sostenibilidad financiera a la que se refiere el artículo 48 de la Constitución se materializa
“con la aplicación de las reglas que establece la misma disposición, en particular las relativas
a la obligación de realizar aportes, la correspondencia entre la contribución al sistema y la
liquidación de la mesada, el establecimiento de topes pensionales, y la prohibición de
establecer regímenes especiales. (...) Además, la sostenibilidad exige que “para el conjunto
de población protegida por el mismo, se hayan definido las fuentes de financiación de tales
prestaciones y se cumplan los requisitos de acceso establecidos por el legislador”.
Por su parte, en un caso análogo al presente, esta Subsección manifestó lo siguiente: 27
“(...) es improcedente el computo del tiempo en que la actora prestó sus labores a través de
órdenes de prestación u/o contratos al Departamento de Norte de Santander y al Municipio
de Villa del Rosario (años 1988, 1990, 1991 y 1992), pues durante dicho periodo no se
evidencia aportes efectivamente cotizados a la seguridad social, los cuales, como ya se dijo,
tienen el carácter de parafiscales y son obligatorios, aún antes de la expedición de la misma
Ley 100 de 1993, tanto para el empleador como para el empleado y para quienes han
suscrito un contrato con el Estado, sin que su pago quede al arbitrio de quienes están en la
obligación de efectuarlos, ni llegar a ser objeto de negociación, acuerdo o conciliación. Una
vez decretados por la ley, estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo
establecidos (...)”.
(…)
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la señora Teresa Sanguino de Quintero,
para la fecha en que solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación, no contaba con
los 20 años de servicios requeridos, habida cuenta de que no logró acreditar haber realizado
cotizaciones durante el tiempo en que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación
de servicios; y, en ese sentido, se reitera que los contratistas están obligados a realizar los
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, en virtud de lo dispuesto en la Leyes
80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas complementarias.
26 Cita original: Sobre el particular, ver la sentencia del 18 de febrero de 2021 con Radicado núm. 81001-23-33-
000- 2013-00012-02 (4163-2014).
27 Cita
original: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Expediente 54001-23-33-000-2012-
00182-02 (4134-2016), con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Así las cosas, como quiera que la actora no realizó cotizaciones durante la ejecución de los
contratos de prestación de servicios, los tiempos laborados bajo dicha modalidad no pueden
tenerse en cuenta para efectos pensionales.
En síntesis, debe resaltarse que la actora en la actualidad supera los 20 años de servicios
docentes y le fue reconocida una pensión de jubilación docente mediante Resolución núm.
510 del 2 de septiembre de 2013. En tal virtud, y como quiera que ya tiene derecho a la
pensión, mal puede considerarse el tiempo no cotizado para efecto del reconocimiento, pues
lo cierto es que las cotizaciones efectivamente realizadas ya dieron lugar al reconocimiento
pensional, por lo cual pierde objeto el proceso.
(…).”
Como se ve, la autoridad judicial demandada concluyó que la señora Sanguino de
Quintero, para el momento en que se surtió el estudio del trámite de segunda
instancia y luego de la consulta en el sistema de registro único de afiliados RUAF,
ya le había sido reconocida la pensión de jubilación docente a la demandante,
reconocimiento que, afirmó, se dio con tiempo adicional de servicio, sin embargo,
llama la atención de la Sala el hecho de que la autoridad judicial demandada, pese
a que se pronunció respecto de los tiempos laborados bajo la modalidad de órdenes
de prestación de servicio, no argumentó porque se apartaría de la posición
jurisprudencial al concluir que estos tiempos no debían tenerse en cuenta para
efectos pensionales, por no haber realizado las cotizaciones al sistema de
seguridad social, posición que, valga precisar, desconoce la postura jurisprudencial
pacífica a la que se hizo referencia, más aún cuando los contratos fueron
ejecutados con anterioridad a la ley que impuso la obligación de realizar las
cotizaciones a pensión por parte de las personas que presten sus servicios al
Estado a través de ese tipo de vinculación.
La Sala no desconoce que, tratándose de un órgano de cierre y en virtud del
principio de autonomía de la independencia judicial, la Corporación puede rectificar
o modificar el precedente judicial fijado. Sin embargo, dicha situación debe quedar
claramente expuesta y explicada en la providencia, para garantizar la protección de
los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, situación descrita
que no ocurrió en el caso objeto de estudio.
Al respecto, la Corte Constitucional 28 ha señalado que el deber de respeto del
precedente judicial, tienen entre sus propósitos garantizar la estabilidad de las
decisiones y reglas judiciales fijadas con anterioridad. Sin embargo, explicó que
28 Sentencia SU072 de 2018. MP. José Fernando Reyes Cuartas.
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“esta obligación también tiene matices, toda vez que a la par de los principios de
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima pervive el principio de la autonomía
judicial y la necesidad de ajustar tanto el derecho como su interpretación a las
realidades sociales que se van imponiendo en garantía de un ordenamiento justo;
claro está, con la observancia de las estrictas exigencias que deben cumplirse
cuando de modificar o apartarse del precedente se trata 29”.
Como se dijo en párrafos anteriores, la Sala encuentra que la sentencia cuestionada
no expuso si el reconocimiento pensional se dio con ocasión a tiempo adicional
cotizado por la actora o si, por el contrario, se tuvo en cuenta el tiempo laborado
mediante OPS, pues está claro que dicha condición podría variar la situación
reclamada en el proceso ordinario y, por ende, lo procedente era haber tenido en
cuenta dichos tiempos, pues la ejecución de las OPS se dio con anterioridad a la
obligación legal consignada en la Ley 797 de 2003; de acuerdo con lo estipulado en
los anteriores precedentes sentados por la misma corporación, pues si bien como
se dijo no existe a la fecha una sentencia de unificación que regule el tema, no se
puede desconocer que las providencias citadas y estudiadas en el acápite anterior
establecieron reglas que tienen incidencia directa para efectos pensionales,
respecto del tiempo de servicio para tener en cuenta en el reconocimiento de la
pensión de jubilación de los docentes.
En efecto, existe un precedente pacífico, reiterado y uniforme por parte de las dos
subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respecto de la
procedencia de contar los tiempos servidos por docentes mediante órdenes o
contratos de prestación de servicios para efectos del cumplimiento del tiempo
requerido para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
Por lo tanto, se configuró el desconocimiento del precedente judicial fijado sobre la
procedencia del reconocimiento de la pensión de jubilación de un docente oficial
con inclusión del período acumulado en virtud de contratos de prestación de
servicios y queda resuelto así el problema jurídico planteado.
En consecuencia, la Sala siguiendo la postura expuesta de manera reiterada en
anteriores asuntos 30, revocará la providencia impugnada proferida el 28 de abril del
2022, por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado y en su lugar
29 Cita original. SU-049 de 1999, C-774 de 2001, C-836 de 2001, C-029 de 2009, C-332 de 2011, T-394 de
2013, SU-515 de 2013, C-500 de 2014 y C-284 de 2015.
30 Expediente 11001-03-15-000-2021-07366-00, demandante: Bertha Ligia Mantilla Ramírez, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.
Expediente 11001-03-15-000-2021-06830-00, demandante: Luis Álvaro Lizarazo Jaimes, C.P. Milton Chaves
García.
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amparará los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la
señora Teresa Sanguino de Quintero y, por lo tanto, ordenará al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, que, en el término de 20 días, contados a partir
de esta providencia, dicte una sentencia de remplazo en la que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la providencia impugnada proferida el 28 de abril del 2022, por la
Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado y, en su lugar:
2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la
parte actora, conforme con las razones expuestas en esta providencia. En
consecuencia, se dispone:
3. Dejar sin efectos la sentencia del 9 de septiembre del 2021, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 54001-23-33-000-2013-00091-02.
4. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, en el
término de 20 días, contados a partir de esta providencia, dicte una sentencia de
remplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
5. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier
otro medio expedito.
6. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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