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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06437-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06437-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 7 de diciembre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, denegar la tutela solicitada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06437-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C. quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06437-01
Accionante: José Sánchez Echeverri
Accionados: Tribunal Administrativo de Caldas

Temas: Acción de tutela contra providencia dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que negó la pensión por aportes por aplicación directa
de la ley 71 de 1985.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante, mediante
apoderado judicial, en contra de la sentencia del 7 de diciembre de 2023 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

El señor José Sánchez Echeverri a través apoderado judicial, promovió acción de
tutela para que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad social; los cuales considera vulnerados por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas, con
la expedición de la sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17-001-33-39-006-2020-00159-00/02.

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Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2023-06437-01

HECHOS

Mediante resolución No. 2069-6 del 9 de marzo de 2016 la Secretaría de Educación
de Caldas dando cumplimiento a un fallo judicial, ordenó el reconocimiento de las
prestaciones sociales ordinarias y aportes a pensión correspondientes al tiempo
laborado por el señor JOSÉ SÁNCHEZ ECHEVERRI como docente contratista del
Departamento entre el 17 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2003 y en total,
presenta cotizaciones según el cuadro siguiente:

El señor José Sánchez Echeverri instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Resolución No. 0161-6 del 05 de enero de 2018 expedida por
la Secretarías de Educación departamental de Caldas en representación del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que le negó el reconocimiento de
la pensión por aportes en el 75% de lo devengado el año anterior al estatus
pensional, solicitada con fundamento en la ley 71 de 1988; teniendo en cuenta todos
los tiempos laborados por el docente al servicio de la Secretaría de Educación
Departamental de Caldas, incluido los tiempos de OPS, y las cotizaciones
realizadas mediante contratos privados al ISS.

El Juzgado Sexto Administrativo Administrativo del Circuito de Manizales mediante
sentencia de 22 de noviembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda,

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decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Caldas el 17 de abril
de 2023.

Afirma la parte actora que dichas providencias incurrieron en desconocimiento del
precedente constituido en los siguientes pronunciamientos: “SALA PLENA -
CONSEJO DE ESTADO. - Sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de
2018. C.P: CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Radicación número: 52001-23-33-000-
2012-00143- 01(IJ)” y “SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019”; resaltando
en ambos casos, apartes en los que se indica que no le es aplicable a los docentes
el artículo 36 de la ley 100 de 1993.

Citó las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, M.P. Doctor
William Hernández Gómez. Radicación: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-
2019) y de la Sección Tercera Subsección B, C.P. Alberto Montaña Plata, de 6 de
septiembre de 2021, expediente 11001031500020210376600 (AC) afirmando que
esta última amparó los derechos al accionante en un tema relacionado a la pensión
de jubilación por aportes; de donde transcribió:

“28. En ese sentido, la Sala encuentra que el juzgador de segunda instancia
no se percató que la jurisprudencia citada reiteró que el régimen de transición
previsto por la Ley 100 de 1993 no era aplicable a los afiliados al FOMAG
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, la cual, como ya se
explicó, estableció una diferencia para los docentes vinculados antes y
después de la expedición de dicha ley.”

Relacionó 6 sentencias de esta subsección de donde afirmó, que el Consejo de
Estado ha ordenado el reconocimiento y pago de pensión de jubilación a docentes
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 sin aplicar régimen
de transición.

Alega también defecto material o sustantivo y violación directa de la
constitución, pues en su sentir, el Tribunal desconoce las excepciones normativas
que establecen que a los docentes del Magisterio nos les resulta aplicable el
régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y a pesar
de reconocer los efectos pensionales que tienen los tiempos laborados por el
accionante bajo la modalidad de docente contratista, aplica la tesis más restrictiva,
minoritaria y menos favorable al caso, cuando se debe aplicar el marco legal

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contenido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, Ley 91 de 1989, en armonía con
la Ley 71 de 1988, artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo No. 1 de
julio de 2005, teniendo en cuenta que el demandante fue vinculado como docente
del servicio público educativo antes del 27 de junio de 2003, fecha en que entró a
regir la Ley 812 de 2003 (art.81).

PRETENSIONES

Solicitó amparar los derechos fundamentales invocados dejando sin efectos la
“sentencia de segunda instancia emitida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CALDAS fechada el 17 de abril de 2023 y notificada el 19 de abril del mismo año y
en su lugar,

“ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que realice los trámites
procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias fundamentadas en la
normatividad vigente, valorando en plenitud las pruebas aportadas y la línea
jurisprudencial vigente contenidas entre otras, en la sentencia unificación del 28 de
agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado; para que ordene el
reconocimiento de la pensión de jubilación a la que tiene derecho la accionante bajo
el marco legal de la ley 71 de 1988, pensión que debe ser efectiva a partir de la
constitución del status pensional.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La acción de tutela de la referencia fue admitida por el Despacho sustanciador el 23
de octubre de 2023 mediante proveído en el que se ordenó notificar a las partes y
dispuso vincular como terceros con interés a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al
Departamento de Caldas, Secretaría de Educación quienes fueron parte
demandada en el proceso ordinario

El Tribunal Administrativo de Caldas y el Departamento de Caldas, no se
pronunciaron en esta oportunidad.

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Juzgado Sexto Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, al igual que el Departamento de Caldas; guardaron silencio.

El Ministerio de Educación rindió informe en el que manifestó que no se evidencia
que la decisión cuestionada vulnerara derechos fundamentales, ni estuviera incursa
en los defectos contra providencia judicial, razón por la que pidió se declarara
improcedente la presente acción de tutela.

La Fiduprevisora S.A., se pronunció e indicó que no se presentaban las causales
ni generales ni específicas de la tutela contra providencia judicial y que, por el
contrario, la decisión había tenido en cuenta las normas y los procedimientos
establecidos, razón por la que pidió se declara improcedente el amparo solicitado

SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 7 de diciembre
de 2023 declaró improcedente la acción de tutela, por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.

Al respecto, señaló que lo pretendido es constituir esta acción en una instancia
adicional y recordó que al cuestionar una decisión judicial mediante la acción de
tutela automáticamente entran en juego los principios de independencia y
autonomía funcional; lo que hace imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la relevancia
constitucional

IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual insistió en los
argumentos expuestos en la demanda de tutela y manifestó que contrario a lo
señalado en la providencia de primera instancia, la presente tutela sí cumple con el
requisito de relevancia constitucional; pues se desconocieron las excepciones
normativas aplicables a los docentes y las consecuencias y efectos que tienen los

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tiempos laborados por el demandante como docente vinculado a través de órdenes
de prestación de servicios; desconociendo entre otros, los derechos adquiridos por
lo que es procedente la acción constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo
que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución
corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos
por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos
derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios
como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la
consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia
enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se
cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las
autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante
sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la
sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos
fundamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre
la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible
de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del
proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se
prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos
fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección
ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución. […]”.

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, a la Sala le corresponde determinar si en el presente asunto se
cumple la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de

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tutela para discutir la sentencia del 17 de abril de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas

Así, denota que 1) debe precisarse que, en criterio de esta Sala, contrario a lo
manifestado por el a quo, el caso reviste una marcada relevancia constitucional,
pues lo pretendido es la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, entre otros; por lo que debe verificarse si se estructura
alguna de las causales específicas de procedibilidad. 2) el accionante no cuenta con
otro medio de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se
presentó en el término prudencial de los seis meses siguientes; 4) no se está
invocando una irregularidad procesal; 5) el solicitante indicó claramente los hechos
generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una
sentencia de tutela.

Se debe examinar si la sentencia cuestionada incurre en alguno de los errores
señalados; teniendo en cuenta la motivación expresada en ella. El Tribunal
Administrativo de Caldas, consideró que era procedente la aplicación de la Ley 71
de 1988 que trae los mismos requisitos de la Ley 33 de 1985, con la diferencia de
que en aquella, se tienen en cuenta tiempos públicos y privados para acreditar el
tiempo de servicio. Expresó entonces que

“§33. Para esta clase de eventos, el Consejo de Estado en sentencia del 18 de
noviembre de 2020 señaló que, la normativa aplicable correspondería a la Ley 71
de 1988 «por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones», que en el artículo 7º señala los requisitos para el reconocimiento
pensional, así:

ARTICULO 7o. A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan
sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o
distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de
jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y
cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas.

(…)

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§35. Sin embargo, para establecer si le es aplicable o no la Ley 71 de 1988 que le
permite computar el tiempo servido en el sector público con el tiempo cotizado en el
ISS, es necesario determinar si la parte demandante es beneficiaria del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; pues de lo contrario,
deberá acudirse íntegramente a ésta última norma.”

Para sustentar este argumento citó al Consejo de Estado en sentencia de 19 de
junio de 20203, al igual que la sentencia C-786 de 2014, de donde transcribió:

“En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha aclarado que dentro de
los regímenes pensionales que regulaban el reconocimiento de la pensión de vejez
antes de la ley 100 de 1993 y que quedan cobijados dentro del régimen de transición,
se encuentra "(iii) la Ley 71 de 1988, que permitía la acumulación de tiempos
laborados en entidades públicas así como las sufragadas al ISS por parte de
empleadores privados".

Con base en estas consideraciones y luego de analizar lo probado en el proceso, el
Tribunal encontró que no le era posible conceder la pensión por aportes con base
en la ley 71 de 1998, por cuanto el demandante no era beneficiario del régimen de
transición.

La inconformidad del señor José Sánchez Echeverri, radica en que, según su
criterio, por ser docente no le era aplicable el régimen de transición y en ese sentido,
indica que se desconoció el precedente judicial; al no aplicarle la pensión por
aportes, aplicando directamente la ley 71 de 1985, sin que para ello deba cumplir
con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición.

Revisados los fallos relacionados como precedentes, se observa lo siguiente: La
Sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018. C.P: CÉSAR
PALOMINO CORTÉS. Radicación número: 52001-23-33-000-2012-00143- 01(IJ)
se refiere a la aplicación de la Ley 33 de 1985 por el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 a los servidores públicos, a la
inescindibilidad de la norma, a la manera como se aplica en relación con los tiempos
y la determinación del IBL en estos casos.

La sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 se refirió al régmen
pensional de los docentes a partir del Acto Legislativo 01 de 2005 en concordancia

3
Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Rad.: 76001-23-33-000-2016-01621-
01(3327-19)

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con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, señalando que para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial y que la aplicación de uno u otro va a depender de la fecha de
ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente; de tal manera
que “Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica
el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad
que será de 57 años para hombres y mujeres...”

Ninguna de estas providencias contienen reglas de unificación en relación con el
problema aquí planteado y es así que en las sentencias del 18 de noviembre de
2020, 24 de febrero de 2022, y 19 de enero de 2023 con ponencia del Doctor William
Hernández, expedientes 66001233300020160008201(4676-2017), 63001-23-33-
000-2018-00183-01 (4650-2019 y 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022) la
Sala dijo aplicar la sentencia referida en el párrafo anterior, pese a observar que
“solo desarrolló la determinación de los regímenes para los casos de docentes
oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido prestado únicamente en el sector
público. No obstante, dicha providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando,
por ejemplo como sucede en el sub iudice, la docente también tiene acumulados
tiempos cotizados en el sector privado y aportados a otra administradora como lo
era el entonces ISS (hoy Colpensiones).” Consideró entonces que “Para esta clase
de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de
1988 que regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada «pensión por
aportes» y no la Ley 33 de 1985.”

En este punto, resulta necesario aclarar que se trató de una posición de la
Subsección A; sin embargo no existe una postura unificada en relación con el tema,
tal como lo expresó la Sala en las providencias relacionadas.

Por otra parte, las sentencias del 11 y 18 de febrero de 2021 Con ponencia del Dr.
William Hernández dentro de los radicados 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-
2014), 81001-23-33-000-2013-00005-01 y 81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-
2014); resolvieron casos en que los demandantes como docentes había elaborado
por órdenes de prestación de Servicios y sumados estos tiempos, cumplían los

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requisitos para acceder a la pensión con arreglo a la Ley 33 de 1985; por lo que no
resultan ser precedentes aplicables al caso.

Las sentencias de 30 de junio de 2022 con ponencia del Doctor Milton Chaves
García dentro del expediente 11001-03-15-000-2022-01551-01 y de 21 de
septiembre con ponencia del Doctor Alberto Montaña Plata dentro del expediente
11001031500020210376600, no constituye precedente obligatorio por ser fallos de
tutela cuyos efectos son inter-partes y tampoco corresponden a casos análogos al
que aquí se estudia.

Se colige de lo anterior que no se acreditaron los defectos de desconocimiento del
precedente y violación de la constitución y tampoco se estructuró el defecto
sustantivo por no aplicar de manera directa al caso del demandante la ley 71 de
1985, pues si bien es cierto, resultó acreditado que se vinculó como docente con
anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, lo cierto es que, no todos los
tiempos cotizados fueron en calidad de tal.

Así las cosas, observa la Subsección que el Tribunal Administrativo de Caldas
realizó un análisis normativo y jurisprudencial, fundamentando de manera razonable
su decisión, conforme a los principios de independencia y autonomía judicial; de
manera que no se encuentran estructurados los defectos alegados por el
accionante, lo que impide la intervención de este juez constitucional.

Por consiguiente, encontrándose superados los requisitos generales de
procedencia y al no encontrarse acreditados los defectos alegados; la Sala
procederá a revocar la decisión de primer grado para, en su lugar, negar el amparo
deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 7 de diciembre de 2023, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, denegar la tutela solicitada, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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