Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00720-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00720-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00720-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00720-00
Accionante: GLORIA ESPERANZA MEJÍA MEJÍA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de Santander.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Laseñora Gloria Esperanza Mejía Mejía solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a
la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 1.° de
agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo Santander, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de
radicación 68679-33-33-001-2022-00202-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que nació el 20 de noviembre de 1964, cumplió 55 años de edad el 20 de
noviembre de 2019, así mismo cuenta con 70.71 semanas cotizadas en Colpensiones
por el periodo comprendido entre el 1.° de marzo de 2011 al 31 de diciembre de 2012
y que para la fecha de presentación de la acción de tutela tiene 61 años.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00720-00
Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
2.2. Señaló que fue vinculada como docente oficial desde el 1.° de febrero de 1999
hasta el 1.° de diciembre de 2002, mediante contratos de prestación de servicios con
el Municipio de Cimitarra.
2.3. Comentó que el 14 de marzo de 2003 fue vinculada mediante nombramiento
provisional al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander
hasta el día 5 de julio de 2010, y desde el 2 de mayo de 2013 a la actualidad.
2.4. Expuso que el 28 de enero de 2022, mediante petición núm. 20220016664, solicitó
el reconocimiento de su pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 71 de 1988 y a
través de la Resolución 06441 de 31 de marzo de 2022, la Secretaría de Educación
de Santander - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó lo
solicitado.
2.5. Manifestó que promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 68679-33-33-001-2022-00202-00/01 contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
para que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento
y pago de una pensión de jubilación.
2.6. Adujoque el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de San Gil, autoridad judicial que, mediante providencia de
29 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
2.7. Refirió que interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo de Santander, a través sentencia de 1.° de agosto de 2024,
confirmó la decisión de primera instancia.
2.8. Consideró que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales por haber incurrido en un desconocimiento del precedente
jurisprudencial y en una violación directa de la Constitución.
2.9. Sostuvo que la sentencia de segunda instancia incurrió en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial, toda vez que omitió aplicar la sentencia de 25 de agosto
de 20161 a través de la cual se señala que “[…] los docentes contratistas merecen
una protección especial por parte del Estado, por lo que la modalidad de
contratación bajo prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de su
labor […]”.
2.10. Mencionó diversas sentencias en las que se analizaron casos similares al suyo,
en las cuales el Tribunal Administrativo de Santander incluyó los periodos
1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Rad. núm.: 23001233300020130026001,
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
laborados bajo contrato de prestación de servicios para el reconocimiento de la
pensión de jubilación.
2.11. Agregó que mediante las sentencias de tutela de 9 de diciembre de 20212, 20
de enero de 20223 y 30 de junio de 20224, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
reconoció el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, declaró
la nulidad de las decisiones que omitieron considerar los periodos laborados bajo
órdenes de prestación de servicios.
2.12. Señaló, frente al defecto por violación directa de la Constitución, que el fallo del
Tribunal vulneró los artículos 48 y 53 de la Constitución Política al inaplicar los
principios pro homine e in dubio pro-operario, “[…] con el postulado de primacía de
la realidad sobre los aspectos formales de las relaciones de trabajo,
consecuentemente, no puede ser excluido el tiempo de los servicios prestados en
la modalidad de órdenes de prestación de servicios […]”.
2.13. Manifestó que “[…] es claro que el tiempo en que se labora mediante órdenes
de prestación de servicios (OPS) debe ser tenido siempre en cuenta para los
efectos de cómputo del tiempo necesario para adquirir la pensión de jubilación por
aportes. Desconocerlo, no solamente iría contra los artículos 35 CP (garantía del
trabajo en condiciones dignas y justas), 48 (derecho a la seguridad social) y 53 de
la Constitución (derecho a las pensiones legales), sino que implicaría el desconocer
la prevalencia de la realidad sobre las formas aplicadas por las entidades
contratantes o nominadoras (art. 53 C.P.), menoscabar los derechos de los
trabajadores e inaplicar las garantías constitucionales que corresponden a la familia
(art. 5 C.P.). De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, debe
prevalecer la Constitución sobre cualquiera otra norma jurídica que con los aludidos
derechos sea incompatible, o se la interprete o venga aplicando en sentido
inconstitucional […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, la sentencia de Segunda Instancia calendada el
01 de agosto del 2024, notificada el 12 de agosto del mismo año, expediente
No. 68679333300120220020201, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER – M.P.: IVÁN FERNANDO PRADA MACÍAS al confirmar la
sentencia del 29 de septiembre del 2023, emitida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de San Gil, mediante la cual se negaron las
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. núm.: 11001031500020210736600, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. núm.: 11001031500020210683000, C.P.
Milton Chaves García.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. núm.: 11001031500020220155101, C.P.
Milton Chaves García.
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Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
pretensiones de la demanda encaminada al reconocimiento de mi pensión de
jubilación por aportes, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad frente
a la ley y la jurisprudencia, el debido proceso judicial, el régimen especial de la
pensión de jubilación docente, el acceso de la administración de justicia, los
derechos adquiridos con justo título y demás que considere la Honorable
Corporación.
SEGUNDA. - DECLARAR que el fallo de Segunda Instancia del 01 de agosto
del 2024, notificado el 12 de agosto del mismo año, con radicación No.
68679333300120220020201, carece de efectos legales.
TERCERA- En consecuencia, ORDENAR para que dentro de los términos que
considere prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada
profiera nueva sentencia evaluando de manera integral las normas que
conforman el régimen exceptuado docente, el cual debe estar en armonía con
los artículos 4, 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política, la jurisprudencia
sobre la materia y mis particularidades como adulto mayor (sujeto de protección
constitucional), considerando que me asiste el derecho a la pensión de
jubilación por aportes.
CUARTA. - Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal Corporativo
considere necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados
con el fallo de segundo grado, objeto de la controversia constitucional […]”.
[Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 19 de febrero de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG, a Fiduprevisora S.A., al Departamento de Santander y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de San Gil.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:
5.1. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó que se declare improcedente
la presente acción de tutela, por cuanto el accionante pretende utilizar el
mecanismo constitucional como una tercera instancia.
5.2. Refirió que los yerros alegados como defectos fueron analizados en la sentencia,
en la cual se determinó que no era procedente “[…] ordenar el reconocimiento de
la pensión de jubilación por aportes por cuanto no cumplía con los requisitos
dispuestos en la Ley 71 de 1988 para acceder a este derecho […]”.
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Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20217, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20198.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
7
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.
14. Setrata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. La señora Gloria Esperanza Mejía Mejía solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a
la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 1. ° de
agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo Santander, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de
radicación 68679-33-33-001-2022-00202-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00720-00
Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.
24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad
y al acceso a la administración de justicia, por haber incurrido, presuntamente, en
un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución.
19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00720-00
Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
25. Sostuvo que la sentencia de segunda instancia incurrió en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial, toda vez que omitió aplicar la sentencia de 25 de agosto
de 201621 a través de la cual se señala que “[…] los docentes contratistas merecen
una protección especial por parte del Estado, por lo que la modalidad de
contratación bajo prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de su
labor […]”.
26. A su vez, mencionó diversas sentencias en las que se analizaron casos similares
al suyo, en las cuales el Tribunal Administrativo de Santander incluyó los periodos
laborados bajo contrato de prestación de servicios para el reconocimiento de la
pensión de jubilación.
27. Agregó que mediante las sentencias de tutela de 9 de diciembre de 202122, 20
de enero de 202223 y 30 de junio de 202224, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, reconoció el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia,
declaró la nulidad de las decisiones que omitieron considerar los periodos
laborados bajo órdenes de prestación de servicios.
28. Señaló, frente al defecto por violación directa de la Constitución, que el fallo del
Tribunal vulneró los artículos 48 y 53 de la Constitución Política al inaplicar los
principios pro homine e in dubio pro-operario “[…] con el postulado de primacía de
la realidad sobre los aspectos formales de las relaciones de trabajo,
consecuentemente, no puede ser excluido el tiempo de los servicios prestados en
la modalidad de órdenes de prestación de servicios […]”.
29. Manifestó que “[…] es claro que el tiempo en que se labora mediante órdenes de
prestación de servicios (OPS) debe ser tenido siempre en cuenta para los efectos
de cómputo del tiempo necesario para adquirir la pensión de jubilación por aportes.
Desconocerlo, no solamente iría contra los artículos 35 CP (garantía del trabajo en
condiciones dignas y justas), 48 (derecho a la seguridad social) y 53 de la
Constitución (derecho a las pensiones legales), sino que implicaría el desconocer
la prevalencia de la realidad sobre las formas aplicadas por las entidades
contratantes o nominadoras (art. 53 C.P.), menoscabar los derechos de los
trabajadores e inaplicar las garantías constitucionales que corresponden a la familia
(art. 5 C.P.). De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, debe
prevalecer la Constitución sobre cualquiera otra norma jurídica que con los aludidos
derechos sea incompatible, o se la interprete o venga aplicando en sentido
inconstitucional […]”.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Rad. núm.: 23001233300020130026001,
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. núm.: 11001031500020210736600, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. núm.: 11001031500020210683000, C.P.
Milton Chaves García.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. núm.: 11001031500020220155101, C.P.
Milton Chaves García.
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Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
30. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
31. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
32. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia por
haberse incurrido en un desconocimiento del precedente, lo cierto es que no se
mencionó cual era la regla jurisprudencial desconocida por la decisión objeto de la
presente acción de tutela.
33. Además, la accionante no está poniendo de presente que en la providencia
censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que
fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que la decisión
adoptada en la sentencia de segunda instancia confirmó la decisión de primera
instancia que decidió negar las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
34. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Santander en la providencia
cuestionada:
“[…] La demandante celebró varios contratos de prestación de servicios con el
municipio de Cimitarra para los años 1999 a 2002 cuyo objeto era prestar sus
servicios como docente temporal en distintas instituciones educativas adscritas
al municipio.
[…] Así las cosas, se tiene que la demandante laboró al servicio del municipio
de Cimitarra a través de órdenes de prestación de servicios ejecutadas en los
periodos que fueron relacionados anteriormente, y posteriormente se vinculó
como docente en provisionalidad al servicio del Departamento de Santander en
dos periodos i) desde el 14 de marzo de 2003 hasta el 5 de julio de 2010, y ii)
desde el 05 de mayo de 2013 sin que se advierta fecha de retiro.
De acuerdo con lo anterior, precisa la Sala que si bien, en la sentencia
referenciada en el numeral anterior el H. Consejo de Estado indicó que resulta
procedente contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales
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Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
prestaron sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación
de servicios para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación; en el
caso particular, no existe prueba de que la demandante, haya realizado
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones durante estos
periodos y en tal sentido no se computarán, máxime cuando de la lectura de
los contratos se advierte que en su mayoría tuvieron una duración de máximo
tres meses, quedando consignado que por este tiempo no resultaba obligatorio
para el contratista, demostrar afiliación a un sistema seguridad social en salud
ni de pensiones, de conformidad con el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995.
Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que la demandante se vinculó por
primera vez como docente en provisionalidad al servicio de la Secretaría de
Educación del Departamento de Santander el 14 de marzo de 2003, esto es,
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y bajo ese
entendido, conforme a las reglas jurisprudenciales señaladas en el acápite
anterior, el marco normativo aplicable al caso de la señora Gloria Esperanza
Mejía Mejía para determinar el derecho prestacional debatido, sería en primer
lugar el consagrado en la Ley 33 de 1985, sin embargo, atendiendo a que la
demandante tiene aportes tanto en el sector privado en COLPENSIONES como
en el sector público en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se analizará el reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de
1988 que regula la denominada pensión por aportes.
Para ello, deberá determinarse si la demandante acreditó al momento de elevar
la reclamación administrativa, el cumplimiento de los requisitos para acceder a
la pensión de jubilación por aportes, esto es, 55 años de edad y haber realizado
20 años de cotizaciones o aportes a COLPENSIONES y a una o varias de las
entidades de previsión social del sector público, que en este caso es el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En este sentido, encuentra la Sala que, de acuerdo a las pruebas que obran en
el expediente, quedó demostrado que, al 28 de enero de 2022 – fecha de
interposición de la solicitud de reconocimiento -, la señora Gloria Esperanza
Mejía Mejía tenía 57 años de edad, pues nació el 20 de noviembre de 1964,
cumpliendo con el primer requisito para acceder a la pensión de jubilación por
aportes.
De igual forma, se acreditó en el plenario que la demandante cuenta con 70,71
semanas cotizadas en COLPENSIONES, y por otra parte se tiene que se
vinculó con el FOMAG en provisionalidad desde el 14 de marzo de 2003 al 5
de julio de 2010, posteriormente en provisionalidad nuevamente desde el 02 de
mayo de 2013 hasta el 27 de enero de 2022, día anterior en que se presentó
la reclamación, estando aún vinculada con el FOMAG. Así, los tiempos de
servicios que serán tenidos en cuenta, se sintetizan en el siguiente cuadro:
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Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que la demandante para el día
en que se presentó la reclamación del derecho ante la entidad demandada,
esto es, 28 de enero de 2022, no reúne los requisitos para que le sea
reconocida la prestación, en tanto para el momento en que agotó la vía
administrativa, si bien contaba con 57 años de edad, no obstante, no
acumulaba 20 años de cotizaciones, requisitos exigidos en la Ley 71 de 1988
que regula la denominada pensión por aportes. Lo anterior, habida
consideración que no puede la Sala tener en cuenta las semanas efectivas de
cotización efectuadas con posterioridad al 28 de enero de 2022, así lo ha
señalado el Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección B en sentencia
de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) radicación 76001-
23-33-000-2016-01621-01, que “si bien es cierto el accionante sigue
desempeñándose como docente oficial, también lo es, que los tiempos
posteriores a la presentación de la solicitud de pensión (…) no pueden
ser tenidos en cuenta para el reconocimiento prestacional por falta de
decisión previa de la entidad accionada”.
Como consecuencia de lo anterior, habrá de confirmase la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil
emitida el día 29 de septiembre de 2023 que negó las pretensiones de la
demanda, de acuerdo con las consideraciones expuestas […]”. [Negrilla del
texto y subrayado fuera del texto].
35. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso judicial.
36. De hecho, se observa que el juez valoró el material probatorio recaudado y
concluyó que no existían pruebas de que la accionante hubiera realizado
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones durante los periodos
trabajados bajo contrato de prestación de servicios, razón por la cual no fue posible
computar dichos tiempos.
37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”25.
38. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”26. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
26
Ibid.
14
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Accionante: Gloria Esperanza Mejía Mejía
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”27.
39. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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