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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00460-00

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00460-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, en relación con los defectos de decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados la señora Martha Cecilia Gutiérrez Montaña contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, respecto de los demás reproches realizados en esta acción de amparo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. un plan de incorporación que será proporcional al incremento anual del situado fiscal y con recursos propios de las entidades territoriales y en un término no mayor a los seis años contados a partir de la publicación de la presente Ley”. 32 “PARÁGRAFO 3o. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo 6o. de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el período académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial”. 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-00460-00 CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00460-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de febrero de 2023

Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00460-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00460-00
Demandante: MARTHA CECILIA GUTIÉRREZ MONTAÑA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Tema: Tutela contra providencia judicial - defectos material, decisión
sin motivación, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Martha
Cecilia Gutiérrez Montaña contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Martha Cecilia Gutiérrez Montaña, a través de apoderado, presentó
acción de tutela1 con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales “a la
igualdad frente a la ley, al bloque de jurisprudencia, al trabajo, el derecho al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, los derechos adquiridos con
justo título, la seguridad social integral en conexión con el régimen especial del
magisterio”.

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Boyacá que, en providencia de 11 de octubre de 2022, confirmó
la sentencia de 14 de septiembre de 2020, proferida por el Juzgado Octavo (8°)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja que negó las pretensiones de la
demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho2, promovida por la accionante contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

1 Mediante escrito radicado el 1° de febrero de 2023, a través de la Ventanilla Virtual del Consejo

de Estado.
2 Proceso que se identificó con el radicado No. 15001-33-33-008-2019-00107-00/01.

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Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00460-00

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

“PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, Expediente No. 150013333008201900107-01 TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA No. 6 Magistrado Ponente Dr. FELIX
ALBERTO RODRÍGUEZ RIVEROS, al confirmar la sentencia del 14 de septiembre
de 2020 emitida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Tunja, vulneraron a la señora MARTHA CECILIA GUTIÉRREZ MONTAÑA los
derechos fundamentales a: la igualdad frente a la aplicación de la ley y el bloque de
jurisprudencia relacionada con la pensión de jubilación que debía incluir los tiempos
OPS, los derechos adquiridos con arreglo a la ley, al trabajo, el acceso a la
administración de justicia, el debido proceso judicial, el derecho a la seguridad
social, la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales que resulten del
estudio y análisis de los hechos que fundamentan la acción.

SEGUNDA.- En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia de
segunda instancia emitida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
fechada el 11 de octubre de 2022 y notificada el 14 de octubre del mismo año.

TERCERA.- En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que
realice los trámite procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias
fundamentadas en la normatividad vigente, valorando en plenitud las pruebas
aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas entre otras, en la sentencia
C-555 de 1994 proferida por la Corte Constitucional y en el fallo unificado de agosto
25 de agosto 2016 proferidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado”. (Sic
a toda la cita)

1.3. Hechos

La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Señaló que el 12 de julio de 2018, solicitó a la Secretaría de Educación de Boyacá
que se le reconociera y pagara una pensión de jubilación por aportes, comoquiera
que cumplió con lo requisitos para acceder a tal prestación, esto es, por haber
nacido el 15 de mayo de 1963 y haberse desempeñado como docente oficial por
más de 20 años.

Explicó que la entidad expidió la Resolución No. 7008 de 16 de agosto de 2018, a
través de la cual negó el reconocimiento pensional, al considerar que se le debía
aplicar el régimen previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Alegó que interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad del citado acto
administrativo. Este proceso correspondió al Juzgado Octavo (8°) Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Tunja, bajo el radicado número 15001-33-33-008-
2019-00107-00/01.

Manifestó que, en sentencia de primera instancia, el a quo negó sus pretensiones,
al señalar que ella no era beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993, razón por la cual no era procedente reconocer la pensión de
jubilación de la Ley 71 de 1988, donde concurren aportes públicos y privados. Así
mismo, por cuanto a pesar de vincularse con anterioridad a la Ley 812 de 2003, no
se lograron acreditar los 20 años de servicio como empleada oficial.

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Comentó que apeló la mencionada decisión y el recurso correspondió al Tribunal
Administrativo de Boyacá que, en sentencia de 11 de octubre de 2022, confirmó
en todas sus partes la sentencia reprochada, al exponer que no era posible
computar los tiempos de servicio laborados mediante órdenes de prestación de
servicio (en adelante OPS), teniendo en cuenta que para el cálculo pensional
previsto en la Ley 91 de 1989, debe acreditarse que se efectuaron aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales “a la igualdad frente a la ley, al bloque de jurisprudencia, al trabajo, el
derecho al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, los derechos
adquiridos con justo título, la seguridad social integral en conexión con el régimen
especial del magisterio”, toda vez que al proferir la sentencia de 11 de octubre de
2022, incurrió en los defectos material, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

1.4.1. Defecto material

Al respecto, explicó que este defecto se configuró, porque la autoridad judicial
fundó su decisión en normas que fueron declaradas inconstitucionales a través de
la sentencia C-555 de 1994, particularmente el parágrafo del artículo 6° de la Ley
60 de 1993 y el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, que
establecen que: “A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo
primero del artículo 6o. de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente
para el período académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de
personal docente territorial”.

De igual manera, aseguró que no era correcto que se le negara su derecho
pensional por falta de cotizaciones durante el tiempo que trabajó a través de OPS,
pues ello no es obligatorio según el artículo 3° de la Ley 797 de 2003; máxime
cuando los citados contratos fueron ejecutados antes de la entrada en vigencia de
esta ley, aunado a que la carga de cotizar le corresponde exclusivamente al
nominador o empleador.

Así mismo, mencionó que se vulneraron las normas que establecen la pensión de
jubilación docente en el régimen de excepción consagrado en el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993 y las Leyes 91 de 1989, 71 de 1988 y 812 de 2003, al no
valorarse y acatarse la constitución y los precedentes jurisprudenciales.

1.4.2. Decisión sin motivación

Sobre el particular, explicó que la autoridad judicial accionada no expuso las
razones por las cuales se apartó de la línea jurisprudencial que ha sentado las
Altas Cortes sobre el tema.

Principalmente, alegó que “se estructura en principio una decisión sin motivación por
parte de la Corporación pues es una obligación indicar con suficiencia argumentativa el
fundamento para apartarse de los postulados señalaos en la sentencia C-555 de

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diciembre 06 de 1994 emitida por la H. Corte Constitucional, Sentencia unificada del
Consejo de Estado de enero 22 de 2015 Radicación No. 25000-23-42-000-2012-02017-
01, Expediente No. 0775-2014 donde se otorga validez de la modalidad hora catedra y
contratos de prestación de servicios y, la Sentencia unificada del Consejo de Estado del
25 de agosto de 2016, en el expediente con Radicación No. 23001-23-33-000-2013-
00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16 precisando que los tiempos de contratos de
prestación de servicio docente surten efectos pensionales (…)”.

1.4.3. Desconocimiento del precedente

La accionante alegó que, en la sentencia reprochada, el Tribunal Administrativo de
Boyacá desconoció múltiples sentencias proferidas tanto por la Corte
Constitucional, como por el Consejo de Estado, que han determinado que en las
OPS de docentes no es necesario haber realizado cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social, para efectos de reconocimiento pensional. Al respecto, citó:

(a) De la Corte Constitucional: C-555 de 1994, C-154 de 1997 y C- 517 de 1999.

(b) Unificación del Consejo de Estado: 22 de enero de 2015, dictada dentro del
expediente nro. 25000-23-42-000-2012-02017-01 y 25 de agosto de 2016,
proferida en el expediente nro. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15), ambas
de la Sección Segunda.

(c) Casos que resuelven asuntos similares en el Consejo de Estado: (i) expediente
nro. 52001-23-31-000-1999-0121502 (4669-2004), M.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado, sin especificar la fecha; (ii) 1° de octubre de 2009, expediente nro.
68001-23-31-000-2003-02583-01 (0488-2009), dictada por la Subsección “B” de la
Sección Segunda, M.P. Gerardo Arenas Monsalve; (iii) 4 de julio de 2019,
expediente nro. 15001-23-33-000-2013-0013801 (2591-2014), dictada por la
Subsección “B” de la Sección Segunda, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; (iv) 4 de
julio de 2019, expediente 54001-23-33-000-2013-00402-01 (2853-2014), dictada
por la Subsección “B” de la Sección Segunda M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; (v) 4
de julio de 2019, expediente 66001-23-33-000-2013-00413-01, dictada por la
Subsección “B” de la Sección Segunda M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; (vi) 13 de
febrero de 2020, expediente 54001-23-33-000-2014-0010601 (0156-2015),
proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda M.P. Gabriel Valbuena
Hernández; (vii) 18 de noviembre de 2020, expediente nro. 66001-23-33-000-
2016-00082-01 (4676-17) proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda
M.P. William Hernández Gómez; (viii) 11 de febrero de 2021, expediente nro.
81001-23-33-000-2013-00079-01 (4021-2014) proferido por la Subsección “A” de
la Sección Segunda M.P. William Hernández Gómez; (ix) 11 de febrero de 2021
expediente nro. 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014), proferido por la
Subsección “A” de la Sección Segunda M.P. William Hernández Gómez; (x) 18 de
febrero de 2021, expediente nro. 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014),
proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda M.P. William Hernández
Gómez; (xi) 3 de junio de 2021, proceso nro. 50001-23-33-000-2018-00357-01
(5585-2019), proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda M.P. William
Hernández Gómez.

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Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00460-00

(d) Casos que resuelven asuntos similares con la Ley 71 de 1988: (i) 18 de
noviembre de 2020, expediente nro. 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-17),
proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda M.P. William Hernández
Gómez; y (ii) 2 de junio de 2022, proceso nro. 25000-23-42-000-2019-00143-01
(3061-2021), proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.

(e) Fallos de tutela del Consejo de Estado: (i) 30 de junio de 2022, expediente nro.
11001-03-15-000-2022-01551-01, dictado por la Sección Cuarta, M.P. Milton
Chaves García; (ii) expediente nro. 11001-03-15-000-2020-05252, proferido por la
Sección Primera, ponente José Gregorio Hernández Galindo, sin especificar la
fecha del fallo; (iii) 9 de diciembre de 2021, en el expediente 11001-03-15-000-
2021-07366-00, proferido por la Sección Cuarta, sin especificar el ponente; (iv) 20
de enero de 2022, expediente nro. 11001-03-15-000-2021-6830-00, dictado por la
Sección Cuarta, M.P. Milton Chaves García; y (v) 30 de junio de 2022, en el
expediente nro. 11001-03-15-000-2022-01551-01, dictado por la Sección Cuarta,
M.P. Milton Chaves García.

(f) Casos con similar problema jurídico: (i) 11 de febrero de 2021, radicación
81001-23-33-000-2013-0079-01 (4021-2014), proferido por la Subsección “A” de la
Sección Segunda M.P. William Hernández Gómez; (ii) 11 de febrero de 2021,
radicación nro. 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014), proferido por la
Subsección “A” de la Sección Segunda M.P. William Hernández Gómez; y 18 de
febrero de 2021, radicación 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014),
proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda M.P. William Hernández
Gómez.

Por último, explicó que dicha postura también se relacionó en el boletín del
Consejo de Estado del mes de marzo de 2021, con lo cual no solo se transgreden
sus derechos fundamentales, sino que se comete una infracción a los artículos 10
y 103 de la Ley 1437 de 2011.

1.4.4. Violación directa de la Constitución

Sobre este defecto, manifestó que “es indudable que se produce este defecto en la
sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ calendada el 11 de
octubre de 2022 y notificada el 14 de octubre de la misma anualidad, ya que al
desconocer el tiempo laborado como docente OPS para la obtención de un derecho de
tanta relevancia como lo es la pensión de jubilación, se vulnera y trasgrede los derechos
fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia, derechos adquiridos
con justo título, seguridad social integral y seguridad jurídica, lo cual hace completamente
loable la presente acción constitucional”.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 6 de febrero de 2023, el magistrado ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 6, como autoridades
accionadas.

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Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, vinculó como terceros interesados al Juzgado Octavo (8°) Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Tunja y a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio [autoridad judicial
de primer grado y entidad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
15001-33-33-008-2019-00107-00/01, respectivamente].

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja

La jueza Octava (8°) Administrativa Oral del Circuito Judicial de Tunja se opuso a
la prosperidad de la presente acción de tutela y solicitó que se nieguen las
pretensiones de la actora.

Al respecto, señaló que en la decisión de 14 de septiembre de 2020, que negó las
súplicas de la demanda, se tuvo en cuenta la normativa y la jurisprudencia vigente
en los siguientes aspectos: (i) el régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993; (ii) el régimen prestacional anterior previsto en la Ley 71 de 1988 (pensión
por aportes), (iii) el régimen aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para el reconocimiento de la
pensión de jubilación; y (iv) las OPS como tiempos computables para el
reconocimiento de pensión.

Explicó que, una vez analizó el material probatorio, así como las normas y
jurisprudencia aplicable al caso, llegó a la conclusión que no era posible el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, en la medida en que la
actora no era beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, requisito indispensable para que se le pudiera aplicar la Ley
71 de 1988.

Además, resaltó que a pesar de haber sido vinculada con anterioridad a la Ley 812
de 2003 y al aplicarle el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, no logró acreditar
los 20 años de servicio continuos o discontinuos como empleado oficial, que exige
la norma para el otorgamiento de la pensión de jubilación. En ese sentido, en
virtud del principio de inescendibilidad de la norma, concluyó que “no era posible
reconocer los efectos de un régimen de transición, como lo es, el de los docentes
vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, para el otorgamiento de la pension de
jubilacion por aportes que contempla la Ley 71 de 1988”.

Así las cosas, consideró que lo que realmente pretende la accionante es que la
acción constitucional se convierta en una tercera instancia, para volver a ejercer el
control judicial sobre el acto administrativo demandado.

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1.6.2. Tribunal Administrativo de Boyacá

El magistrado ponente de la sentencia enjuiciada solicitó que se desestimen las
pretensiones de la acción de tutela, comoquiera que las providencias cuestionadas
por la accionante no están viciadas de algún defecto que dé lugar a vulnerar sus
derechos fundamentales.

Resaltó que en el sub judice no resulta procedente la acción de amparo, pues lo
que pretende la actora ya fue objeto de debate jurídico y que la decisión que
supuestamente viola sus garantías constitucionales, deviene de la postura
adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá al momento de proferir el fallo
de 11 de octubre de 2022, luego de efectuar un análisis minucioso en el que
concluyó que se debía confirmar la sentencia de primer grado, de conformidad con
los fundamentos legales y jurisprudenciales aplicables al caso.

1.6.3. Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó
que se desvincule a la entidad que representa de la presente acción
constitucional, por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es
el llamado a responder por las pretensiones de la demandante y no tiene
competencia para pronunciarse sobre las actuaciones del despacho judicial que
presuntamente lesionó las garantías constitucionales de la tutelante.

Así mismo, explicó que este mecanismo de amparo se torna improcedente ante la
ausencia de la vulneración de derechos fundamentales de la accionante y por la
inexistencia de un perjuicio irremediable.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Martha Cecilia Gutiérrez Montaña contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

En relación con la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, esta Sala la negará, ya que su vinculación al proceso se hizo
en calidad de tercero, mas no como la entidad contra la cual se encuentra dirigido
el reparo señalado por la actora, en atención al interés que le asiste en las resultas
del presente trámite, por haber sido parte del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia reprochada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00460-00

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante, con ocasión de
la providencia de 11 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, mediante la cual se confirmó la sentencia de 14 de septiembre de
2020, dictada por el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Tunja, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la
tutelante contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Lo anterior, comoquiera que, a juicio de la actora, presuntamente en el proveído
de 11 de octubre de 2022 se incurrió en los defectos material, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos
de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de los defectos
invocados; y (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00460-00

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción
Constitucional de cara a este requisito, así:

“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)

La Sala destaca que el presente asunto es relevante constitucionalmente pues,
conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, este involucra la
presunta lesión de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, ante la
posible configuración de los defectos material, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia una tensión o contradicción entre la
razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales
alegados por la tutelante, especialmente la seguridad social y el mínimo vital, en
tanto que se interpreta que la autoridad judicial en la providencia objeto de
reproche presuntamente se apartó de las sentencias de unificación del Consejo de
Estado y de constitucionalidad de la Corte Constitucional, que según la actora
permiten que, para efectos del reconocimiento de una pensión de jubilación por
aportes se tengan en cuenta los tiempos laborados mediante órdenes de
prestación de servicios, aun cuando no se hayan cotizado los respectivos aportes
a seguridad social.

En ese sentido, la Sala evidencia que este asunto trasciende un estudio de lo
meramente legal, toda vez que la accionante justificó razonadamente la existencia
de una amenaza a sus garantías mínimas de existencia, comoquiera que se trata
de un reconocimiento pensional, de manera que no es una simple inconformidad
con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, sino que
predica una presunta restricción desproporcionada a sus derechos a la seguridad
social y al mínimo vital ante la negativa de que se le reconozca una pensión para
sufragar su manutención.

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Así las cosas, se insiste que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de la tutelante, cuya controversia no
se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche, por lo que la Sala superará este requisito.

2.5.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia
no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la
providencia judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No.
15001-33-33-008-2019-00107-00/01.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la decisión de
segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 11 de octubre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, mientras que la solicitud de amparo se presentó
el 1° de febrero de 2023, de manera que, sin que se revise la fecha de ejecutoria
de la providencia enjuiciada, se observa que su interposición se hizo en un término
que a juicio de la Sala es razonable, por cuanto fue antes de transcurridos seis (6)
meses desde que se dictó.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 7, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión
de providencias judiciales.

2.5.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, la sentencia que se cuestiona es la proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 11 de octubre de 2022, mediante la cual
se confirmó la decisión del Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Tunja, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por la
actora, razón por la cual contra la providencia controvertida no procede ningún
recurso ordinario.

Ahora bien, en cuanto a los reproches invocados por la accionante, relacionados
con el presunto desconocimiento de las sentencias de unificación del Consejo de
Estado, la Sala advierte que la actora contaba con el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia previsto en los artículos 256 y siguientes del CPACA,
como se pasa a explicar.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.

Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”

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En este punto es importante precisar que para la Sala los reproches denominados
por la parte actora como “DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN”, “DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE” y “VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN”, todos se centran
en el mismo argumento, esto es, el presunto desconocimiento de varias
sentencias del Consejo de Estado que, a juicio de la actora, fijan una regla
relacionada con los tiempos de servicio que se deben tener en cuenta para
efectos del reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes.

En ese sentido, aunque los defectos hayan sido citados bajo diferentes
denominaciones, para esta Sección todos obedecen a aquel designado como
desconocimiento del precedente y, en consecuencia, el de decisión sin motivación
y violación directa de la Constitución serán analizados en conjunto con el primero,
pues se reitera, estos centran su argumentación bajo una única consideración. No
obstante, el defecto material sí será analizado por separado, pues supone una
fundamentación diferente.

Dicho lo anterior, como primera medida, es importante destacar que el artículo
256 del CPACA dispone los fines de este recurso extraordinario, en el sentido de
señalar que con él se busca “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su
aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten
perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios
inferidos a tales sujetos procesales”.

En el mismo sentido, el artículo 257 de esa normativa, regula la procedencia de
este mecanismo, estableciendo que opera “contra las sentencias dictadas en única y
en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se
rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de
2011”. Además, fija para su procedencia unas cuantías mínimas, cuando se trata
de sentencias de contenido patrimonial o económico.

No obstante, la Ley 2080 de 20219, que entró en vigor el 25 de enero de esa
anualidad, en su artículo 71 modificó el artículo 257 del CPACA, e incluyó un
parágrafo que dispone que: “En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
de carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la
cuantía”.

Ahora bien, la única causal de este recurso se encuentra regulada en el artículo
258 del CPACA, que establece que: “Habrá lugar al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

Así las cosas, para la Sala es claro que este recurso extraordinario i) tiene como
fin “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme” (art. 256
del CPACA); ii) procede contra las “sentencias dictadas en única y en segunda
instancia por los tribunales administrativos (art. 257)”; iii) requiere el cumplimiento
de una cuantía mínima cuando se trata de sentencias de contenido patrimonial o
económico, salvo en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho

9 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en
los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

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de contenido laboral (art. 71 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el 257 del
CPACA); y, iv) la causal a invocar consiste en que la providencia reprochada
desconozca una sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado
(art. 258 del CPACA).

Pues bien, nótese que la censura de la actora radica en que el fallo de segunda
instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció unas
sentencias de unificación del Consejo de Estado, a saber, las dictadas por la
Sección Segunda de esta Corporación, los días 22 de enero de 2015, en el
expediente nro. 25000-23-42-000-2012-02017-01 y 25 de agosto de 2016, en el
proceso nro. 23001-23-33-000-2013-00260-01, por medio de las cuales se
establecieron reglas para el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes, en la cual se deben tener en cuenta los tiempos laborados mediante
órdenes de prestación de servicios, aun cuando no se hayan cotizado los
respectivos aportes a seguridad social.

Por lo anterior, para esta Sala no cabe duda en señalar que la parte actora
contaba con otro mecanismo de defensa judicial, como lo fue, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia referido, pues por tratarse de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de contenido laboral el que dio
origen a la sentencia reprochada, que hoy no se exige una cuantía mínima para su
procedencia, por lo que pudo haber recurrido la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, alegando la única causal de este recurso, esto es, el
desconocimiento de las mencionadas sentencias de unificación dictadas por el
Consejo de Estado.

Al margen de la razonabilidad de este argumento, es decir, independiente de si le
asiste o no la razón a la parte actora y de si debió prosperar o no dicho
mecanismo, lo cierto es que esta Sala, investida como juez constitucional, no es
competente para determinar si el proveído bajo cuestionamiento desconoció o no
las sentencias de unificación alegadas por la parte actora, ya que tal análisis le
correspondía al juez natural en instancia del recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia.

En consonancia con lo expuesto, recuerda la Sección que el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia es un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones que desconozcan
las sentencias de unificación del Consejo de Estado y por tanto infrinjan el artículo
103 del CPACA que fija como uno de los principios de esta jurisdicción, el de
igualdad10.

10 “Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por

objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la
preservación del orden jurídico.
En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios
constitucionales y los del derecho procesal.
En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y
contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia
que lo contenga.

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Debido a lo expuesto, para esta Sala de Decisión los cargos de la demanda que
se relacionan con el desconocimiento del precedente de las sentencias de
unificación del Consejo de Estado, no superan el requisito de subsidiariedad,
comoquiera que en tal caso procedía el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia y, por tanto, se declarará improcedente la solicitud de amparo,
respecto a estos vicios.

Finalmente, en cuanto al recurso extraordinario de revisión, en principio podría
decirse que los reproches relacionados con la presunta decisión sin motivación
que fue proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, podrían ser atacados a
través de ese medio judicial. Sin embargo, como quedó explicado en líneas
previas, los argumentos que sirvieron a la parte actora para invocar este defecto,
se centran en el desconocimiento del precedente, razón por la cual no se
ajustarían a ninguna de las causales de procedencia de ese recurso.

Precisado lo anterior, la Sala abordará el fondo de la solicitud respecto del defecto
de desconocimiento del precedente, en relación con las demás sentencias citadas
por la actora que no son de unificación, así como el defecto sustantivo, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial,
la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la
confianza en los fallos judiciales.

2.6. Generalidades de los defectos invocados

2.6.1. Defecto sustantivo

Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional11 ha explicado
que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”12.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente13 o porque ha sido derogada14, es
inexistente15, inexequible16 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el legislador17.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber
constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará
en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código”
(Negrilla fuera de texto).
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del

27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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b) No se hace una interpretación razonable de la norma18.

c) La disposición aplicada es regresiva19 o contraria a la Constitución20.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición21.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma22 .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.

2.6.2. Desconocimiento del precedente

Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente, el cual se sinteriza en los siguientes términos:

“…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado
sentido…”.23

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos24 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su
fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma
superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así
como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.

18 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-

1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de

febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
24 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.

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2.7. Caso concreto

2.7.1. La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá, vulneró
sus derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social, con ocasión de la decisión
adoptada mediante la sentencia de 11 de octubre de 2022, consistente en
confirmar la providencia de 14 de septiembre de 2020, dictada por el Juzgado
Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, que negó las
súplicas de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovida por la accionante contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

La tutelante adujo que dicha judicatura incurrió en los defectos material y
desconocimiento del precedente, comoquiera que desconoció múltiples sentencias
proferidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado, que
han determinado que en las OPS de docentes no es necesario haber realizado
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, para efectos de reconocimiento
pensional.

En relación con el defecto sustantivo, alegó que la autoridad judicial accionada
fundó su decisión en normas que fueron declaradas inconstitucionales a través de
la sentencia C-555 de 1994, particularmente el parágrafo del artículo 6° de la Ley
60 de 1993 y el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994.

Además, aseguró que no era correcto que se le negara su derecho pensional por
falta de cotizaciones durante el tiempo que trabajó a través de OPS, pues ello no
es obligatorio según el artículo 3° de la Ley 797 de 2003; máxime cuando los
citados contratos fueron ejecutados antes de la entrada en vigencia de esta ley.

Así mismo, mencionó que se vulneraron las normas que establecen la pensión de
jubilación docente en el régimen de excepción consagrado en el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993 y las Leyes 91 de 1989, 71 de 1988 y 812 de 2003, al no
valorarse y acatarse la constitución y los precedentes jurisprudenciales.

Sobre el defecto de desconocimiento del precedente, reiteró que con la
sentencia reprochada se desconocieron sentencias de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado, que han determinado que en las OPS de docentes no es
necesario haber realizado cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, para
efectos de reconocimiento pensional. En particular, citó las sentencias que se
encuentran referenciadas en el acápite 1.4.3. de esta providencia.

2.7.2. Pues bien, para resolver el cargo, es necesario revisar la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, para determinar si, en efecto, incurrió en
los defectos invocados por la señora Martha Cecilia Gutiérrez Montaña.

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En la providencia reprochada, la autoridad judicial accionada fijó el problema
jurídico así: ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación, con inclusión de los tiempos que laboró a través de órdenes de prestación de
servicios en el Municipio de Chita (Boyacá)?. Y señaló que, en caso afirmativo,
estudiaría: ¿Cuál es el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales que se hayan
vinculado con anterioridad a la Ley 812 de 2003? Y ¿Cuáles son los factores salariales a
tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación de dichos docentes?

Para analizar el caso concreto, citó la jurisprudencia y normativa que regulan: (i) lo
relacionado con el IBL en el régimen pensional de los docentes vinculados al
servicio público educativo oficial, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; (ii) las reglas de unificación sobre el IBL en pensión de
jubilación y vejez de los docentes; y (iii) los docentes vinculados a través de
contratos de prestación de servicios.

Sobre este último aspecto, trajo a colación algunos apartes de sentencias del
Consejo de Estado y precisó lo siguiente:

“29. Esta Sala de Decisión, en anteriores oportunidades, ha sostenido la tesis de
que aquellos docentes que hubiesen sido vinculados al servicio docente oficial
antes del 27 de junio de 2003 mediante órdenes o contratos de prestación de
servicios y que por virtud de las mismas hubiesen cotizado al Sistema General de
Pensiones –Instituto de Seguros Sociales–, dicho tiempo debe tenerse en cuenta
para calcular el tiempo de servicios, sin que dichos tiempos por sí mismos le den la
calidad de docente oficial, pues, para ello, debe mediar una vinculación legal y
reglamentaria que haya reconocido el derecho laborado por OPS por sentencia
judicial, o por acuerdo conciliatorio en el que se haya declarado la relación laboral
encubierta mediante órdenes de prestación de servicios.

30. Por su parte, el Consejo de Estado precisó recientemente que, para que esos
tiempos puedan ser tenidos en cuenta para efectos pensionales, debe acreditarse
que sobre los mismos se efectuaron los respectivos aportes al régimen de
seguridad social en pensión. Lo anterior, por cuanto se consideran pagos
parafiscales, con el objeto de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y en
virtud del principio de solidaridad:

(…)

33. Así las cosas, resulta procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación
bajo el imperio de la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988, cuando el docente ha
cotizado al sistema de pensiones por virtud de contratos de prestación de
servicios suscritos con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003.

34. En tal sentido, se concluye que para determinar el régimen pensional de los
docentes oficiales es necesario observar los siguientes aspectos:

Subsisten en la actualidad dos regímenes pensionales aplicables a los docentes
oficiales a saber: el contenido en la Ley 812 de 2003 en concordancia con la Ley
100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, y el régimen vigente anterior a la precitada Ley
100 de 1993 que se encuentra contenido en la Ley 33 de 1995, dada la calidad de
servidor público del docente.

Sin embargo, el régimen contenido en la Ley 33 de 1985 no era el único existente
con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y que pueda ser aplicado a los docentes
oficiales, pues también es posible reconocer la pensión de que trata la Ley 71 de
1988 cuando cuenten con aportes en el sector privado y en el sector público
(afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio).

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Demandante: Martha Cecilia Gutiérrez Montaña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00460-00

La determinación del régimen a aplicar lo define la fecha en que el docente
ingresó al servicio educativo oficial: si lo hizo antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, deberá aplicarse el contenido en la Ley 33 de 1985 o en la Ley
71 de 1988, según los presupuestos fácticos que acredite el docente; y si lo hizo
con posterioridad a la referida Ley 812, se aplicarán las previsiones de esta
norma, la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003”.

Descendiendo al caso concreto, pasó a verificar si la actora cumplía o no los
requisitos para ser acreedora a la pensión de jubilación por aportes. En ese
sentido, estableció que la demandante demostró tener un tiempo de servicios por
vinculación legal y reglamentaria por el término de 14 años, 4 meses y 14 días.

Sin embargo, consideró que sobre los contratos de prestación de servicios que
suscribió la actora durante los años 1997 a 2003 para prestar servicios como
docente al servicio del departamento de Boyacá, no se encontraba acreditado que
durante dichos periodos se hubiera realizaron aportes a ningún fondo de
pensiones. Por lo tanto, concluyó:

“50. De conformidad con lo anterior y, atendiendo el marco normativo y
jurisprudencial expuesto en el acápite precedente, la Sala advierte que a la señora
MARTHA CECILIA GUTIERREZ MONTAÑA no se le puede computar, para el
cálculo pensional con el régimen previsto en la Ley 91 de 1989, en concordancia
con la Ley 33 de 1985, el tiempo que laboró como docente mediante Órdenes de
Prestación de Servicios, en tanto no acreditó que, bajo esa modalidad se hubiesen
efectuado los aportes correspondientes al sistema general de seguridad social en
pensiones y, en todo caso, tampoco se evidencia que se haya declarado la relación
laboral mediante sentencia o conciliación.

51. En consecuencia, procedería, en principio, negar las pretensiones de la
demanda de la referencia, en tanto la parte actora sustentó su pretensión de
reconocimiento pensional en la Ley 33 de 1985; no obstante, esta Sala considera
procedente analizar el derecho pensional del demandante con base en las normas
que eventualmente le serían aplicables, tal y como se ha procedido en otras
oportunidades”.

Por último, analizó si la tutelante cumplía con los requisitos del régimen pensional
contenido en la Ley 812 de 2003, en concordancia con las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003 (dado que se demostró que la vinculación legal y reglamentaria de la
demandante se efectuó con posterioridad a la entrada en vigencia de la referida
ley, esto es, el 1º de abril de 2004), para concluir que, aun cuando ya tiene el
requisito de la edad, no cumple con el de las semanas cotizadas.

2.7.3. Pues bien, una vez trascritas las consideraciones realizadas en la sentencia
de 11 de octubre de 2022, la Sala observa que, contrario a lo manifestado por la
parte actora, el Tribunal Administrativo Boyacá no incurrió en los defectos
alegados.

Como se dijo, la accionante señaló como desconocidas algunas sentencias del
Consejo de Estado, así como unas de constitucionalidad de la Corte
Constitucional, las cuales se entrarán a analizar.

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(i) En sentencia C-555 de 1994, la Corte Constitucional declaró la
inconstitucionalidad del parágrafo25 del artículo 6º de la Ley 60 de 1993, dado que
consideró que tal norma violaba el principio de igualdad, pues daba un trato
distinto a docentes-empleados públicos, respecto de los docentes temporales.

(ii) En la sentencia C-154 de 1997, el Alto Tribunal Constitucional declaró
exequibles las expresiones "no puedan realizarse con personal de planta o" y "En
ningún caso...generan relación laboral ni prestaciones sociales" contenidas en el
numeral 3°26 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, salvo que se acredite la
existencia de una relación laboral subordinada, dado que existe una diferenciación
entre el contrato de prestación de servicios, al que alude la norma examinada, de
los contratos de trabajo, cuya relación jurídica y elementos configurativos son
diferentes.

(iii) Por su parte, en la sentencia C-517 de 1999, la Corte Constitucional declaró
exequible el artículo 10627 de la Ley 30 de 1992, salvo las expresiones “bien sea”,
“o mediante contratos de servicios” y “en cuanto a honorarios se refiere”, las cuales se
declararon inexequibles, al considerar que “las expresiones de la disposición
enjuiciada que habilitan a las universidades privadas a vincular docentes hora cátedra a
través de los contratos de prestación de servicios, serán retiradas del ordenamiento
jurídico pues, tal como lo explicó la Corte en la Sentencia antes citada y ahora se reitera,
la aplicación de dicho mecanismo no consulta el verdadero espíritu de la relación que
surge entre las partes contratantes, circunstancia que, además de contrariar los principios
de igualdad y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales(C.P. Arts. 13 y 53), desconoce abiertamente el derecho
constitucional de toda persona “a un trabajo en condiciones dignas y justas” (C.P. art.
25)”.

25 “Parágrafo 1. Los docentes temporales vinculados por contrato a los servicios educativos
estatales antes del 30 de junio de 1993 que llenen los requisitos de la carrera docente, serán
incorporados a las plantas de personal de los departamentos o de los distritos en donde vienen
prestando sus servicios, previo estudio de necesidades y ampliación de la planta de personal. La
vinculación de los docentes temporales será gradual, pero deberá efectuarse de conformidad con
un plan de incorporación que será proporcional al incremento anual del situado fiscal y con
recursos propios de las entidades territoriales y en un término no mayor a los seis años contados a
partir de la publicación de la presente ley”. (Apartes subrayados fueron los demandados)
26 “ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio
de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
(...)

3o. Contrato de prestación de servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable”. (Apartes subrayados fueron los
demandados)
27 “ARTÍCULO 106. Las instituciones privadas de Educación Superior podrán vincular profesores

por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor de medio tiempo en la misma
universidad, bien sea mediante contratos de trabajo o mediante contratos de servicios, según
los períodos del calendario académico y su remuneración en cuanto a honorarios se refiere,
corresponderá a lo pactado por las partes; pero que en ningún caso podrá ser inferior al valor de
cómputo hora resultante del valor total de ocho (8) salarios mínimos dividido por el número de
horas laborables mes”. (Apartes subrayados fueron los demandados)

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Como se advierte, en las 3 providencias analizadas no se fijó alguna regla o
subregla de derecho relacionada con la contabilización de tiempos en las OPS
para el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes,
independientemente de las cotizaciones que se hayan realizado a seguridad
social.

Ahora bien, sobre las sentencias de tutela referenciadas por la actora28, es
importante indicar que estas no constituyen precedente judicial. Ello encuentra
asidero en el concepto de precedente que ha establecido la Sala mayoritaria, a
partir del cual se predica que las únicas providencias que se entienden como tal
son aquellas proferidas por las Altas Cortes, en las cuales se fijan reglas o
subreglas de derecho aplicables por presentar similitud fáctica y jurídica con el
caso que se analiza. Así, las decisiones dictadas por los jueces, los tribunales o
las sentencias de tutela no son de obligatorio acatamiento, puesto que estas
autoridades no actúan en calidad de órganos de cierre en la materia.

Finalmente, la tutelante citó como desconocidas unas providencias dictadas por el
Consejo de Estado, que fueron referidas en los literales (c), (d) y (f) del acápite
1.4.3. de esta providencia, las cuales, a su juicio, regularon casos similares al
suyo.

Al respecto, es importante señalar que, si bien en algunas de estas providencias
se incluyeron a unos docentes los tiempos laborados por contrato de prestación de
servicios para el reconocimiento de una pensión de jubilación, lo cierto es que en
la providencia de 11 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá
adoptó su decisión con fundamento en la postura asumida por el Consejo de
Estado en providencia de 9 de septiembre de 2021, dentro del radicado número
54001-23-33-000-2013-00091-02, M.P. César Palomino Cortés, que al respecto
dispuso:

Ahora bien, corresponde entonces a la Sala pronunciarse sobre si los tiempos
laborados por la docente mediante contratos de prestación de servicios se pueden
tener en cuenta para efectos pensionales. Así entonces, se observa que la
demandante se desempeñó como docente para las entidades territoriales por medio
de contratos de prestación de servicios, situación de cual, se infiere, en principio,
que debió realizar los respectivos aportes a pensión por cuenta propia; sin
embargo, en el plenario no obra prueba de ello.

En este punto, es menester precisar que el legislador ha impuesto la obligatoriedad
de realizar aportes parafiscales a pensión, a fin de que la entidad de previsión
obligada pueda pagar sin detrimento patrimonial las prestaciones que por ley debe
reconocer, entre ellas, las pensiones, en consonancia con el principio de
sostenibilidad financiera del sistema y solidaridad, en razón de los aportes a los que
aquellos estan (sic) obligados29.

28(i) 30 de junio de 2022, expediente nro. 11001-03-15-000-2022-01551-01, dictado por la Sección

Cuarta, M.P. Milton Chaves García; (ii) expediente nro. 11001-03-15-000-2020-05252, proferido
por la Sección Primera, ponente José Gregorio Hernández Galindo, sin especificar la fecha del
fallo; (iii) 9 de diciembre de 2021, en el expediente 11001-03-15-000-2021-07366-00, proferido por
la Sección Cuarta, sin especificar el ponente; (iv) 20 de enero de 2022, expediente nro. 11001-03-
15-000-2021-6830-00, dictado por la Sección Cuarta, M.P. Milton Chaves García; y (v) 30 de junio
de 2022, en el expediente nro. 11001-03-15-000-2022-01551-01, dictado por la Sección Cuarta,
M.P. Milton Chaves García.
29 Sobre el particular, ver la sentencia del 18 de febrero de 2021 con Radicado núm. 81001-23-33-

000-2013-00012-02 (4163-2014).

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La Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 2019, señaló que el contenido de
la sostenibilidad financiera a la que se refiere el artículo 48 de la Constitución se
materializa “con la aplicación de las reglas que establece la misma disposición, en
particular las relativas a la obligación de realizar aportes, la correspondencia entre
la contribución al sistema y la liquidación de la mesada, el establecimiento de topes
pensionales, y la prohibición de establecer regímenes especiales. (…) Además, la
sostenibilidad exige que “para el conjunto de población protegida por el mismo, se
hayan definido las fuentes de financiación de tales prestaciones y se cumplan los
requisitos de acceso establecidos por el legislador”. (Subrayado fuera de texto)

Por su parte, en un caso análogo al presente, esta Subsección manifestó lo
siguiente30:

“(…) es improcedente el computo del tiempo en que la actora prestó sus labores a
través de órdenes de prestación u/o contratos al Departamento de Norte de Santander
y al Municipio de Villa del Rosario (años 1988, 1990, 1991 y 1992), pues durante dicho
periodo no se evidencia aportes efectivamente cotizados a la seguridad social, los
cuales, como ya se dijo, tienen el carácter de parafiscales y son obligatorios, aún
antes de la expedición de la misma Ley 100 de 1993, tanto para el empleador como
para el empleado y para quienes han suscrito un contrato con el Estado, sin que su
pago quede al arbitrio de quienes están en la obligación de efectuarlos, ni llegar a
ser objeto de negociación, acuerdo o conciliación. Una vez decretados por la ley,
estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo establecidos (…)”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la señora Teresa Sanguino de
Quintero, para la fecha en que solicitó el reconocimiento de su pensión de
jubilación, no contaba con los 20 años de servicios requeridos, habida cuenta de
que no logró acreditar haber realizado cotizaciones durante el tiempo en que laboró
bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios; y, en ese sentido, se
reitera que los contratistas están obligados a realizar los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, en virtud de lo dispuesto en la Leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007 y sus normas complementarias.

Así las cosas, como quiera que la actora no realizó cotizaciones durante la
ejecución de los contratos de prestación de servicios, los tiempos laborados bajo
dicha modalidad no pueden tenerse en cuenta para efectos pensionales”.

En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Boyacá adoptó su postura con
fundamento en la trascrita sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”.

Por todo lo anterior, los cargos que se expusieron en la solicitud de tutela no
determinan la configuración de un defecto del desconocimiento del precedente,
puesto que no se le puede impedir al funcionario judicial acoger una postura
jurisprudencial determinada, comoquiera que ello riñe con la independencia con la
que cuentan los jueces de la República.

Por último, en relación con el defecto material, la Sala no observa la configuración
de este vicio, toda vez que no se evidencia que la autoridad judicial accionada
haya aplicado las normas inexequibles enunciadas por el actor (parágrafo del
artículo 6° de la Ley 60 de 199331 y el párrafo tercero32 del artículo 105 de la Ley

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Expediente 54001-23-33-000-2012-00182-

02 (4134-2016), con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.
31 “PARÁGRAFO 1º.- Los docentes temporales vinculados por contrato a los servicios educativos

estatales antes del 30 de junio de 1993 que llenen los requisitos de la carrera docente, serán
incorporados a las plantas de personal de los departamentos o de los distritos en donde vienen
prestando sus servicios, previo estudio de necesidades y ampliación de la planta de personal. La
vinculación de los docentes temporales será gradual, pero deberá efectuarse de conformidad con

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115 de 1994), comoquiera que estas tienen que ver con la contratación de los
docentes, pero nada señalan sobre los aportes a seguridad social en las OPS o su
incidencia en el reconocimiento de la pensión por aportes.

Y en relación con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y las Leyes 91 de 1989, 71
de 1988 y 812 de 2003, no se evidencia una interpretación irrazonable de estas
normas en el fallo reprochado, sino que, por el contrario, la autoridad judicial
encontró procedente analizar si la tutelante cumplía con los requisitos del régimen
pensional contenido en la Ley 812 de 2003, en concordancia con las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003 (dado que se demostró que la vinculación legal y
reglamentaria de la demandante se efectuó con posterioridad a la entrada en
vigencia de la referida ley, esto es, el 1º de abril de 2004), lo que la llevó a concluir
que, si bien la actora ya tiene el requisito de la edad, no cumple con el de las
semanas cotizadas.

Es decir que, esta Sala no advierte alguna vulneración de los derechos
fundamentales de la tutelante, ni comprueba la configuración de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente por el Tribunal Administrativo de
Boyacá al proferir la sentencia de 11 de octubre de 2022, sino que, contrario a lo
destacado por la señora Gutiérrez Montaña, se evidencia un análisis ajustado
integralmente a las normas legales y jurisprudencia vigente, razón por la cual se
negará el amparo de las garantías constitucionales invocadas por la tutelante.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, en relación con los
defectos de decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados la
señora Martha Cecilia Gutiérrez Montaña contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, respecto de los demás reproches realizados en esta acción de amparo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

un plan de incorporación que será proporcional al incremento anual del situado fiscal y con
recursos propios de las entidades territoriales y en un término no mayor a los seis años contados a
partir de la publicación de la presente Ley”.
32 “PARÁGRAFO 3o. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero

del artículo 6o. de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el período
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial”.

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CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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