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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02279-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02279-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación presentada por La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del señor Jairo García Valencia, quien actúa en nombre propio, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Dejar sin efectos la sentencia de 30 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia, 28 Expediente Nro. 15001-23-33-000-2019-00357-01. M.P. William Hernández Gómez. 29 Para el efecto, ver sentencia del 3 de mayo de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, exp. 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023). 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15000-2025-02279-00 Demandante: Jairo García Valencia Cuarto.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera decisión de reemplazo, en la que se tengan en cuenta las consideraciones efectuadas en el presente fallo de tutela. Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02279-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

22 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15000-2025-02279-00
Demandante: Jairo García Valencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02279-00
Demandante: JAIRO GARCÍA VALENCIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensión de reconocimiento y pago
de pensión de jubilación docente

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Jairo García Valencia, quien actúa en nombre propio, contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de abril de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
trabajo, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social
presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA.- DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de
Oralidad, al dictar la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2024, correspondiente
al proceso 76001-33-33-004-2022-00101-01 que confirmo el fallo de primer grado
emitido el 01 de febrero de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito de Cali, negando el reconocimiento de la pensión de jubilación que en
derecho me corresponde con el argumento que no haber demostrado cotizaciones
por el periodo laborado antes del 27 de junio de 2003 en las modalidades de
contratos, ha violado directamente mis derechos fundamentales consagrados
especialmente en los artículos 13, 25, 29, 53 y 48 de la Constitución Nacional, tales
como a la igualdad frente a la aplicación de ley y la línea de jurisprudencia, el trabajo
en condiciones dignas y justas, el derecho al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título, la seguridad
social integral en conexión con el régimen especial del magisterio y demás derechos
constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan
la acción de tutela.

SEGUNDA. - En consecuencia, declarar que la sentencia de fecha 30 de septiembre
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de Oralidad,
correspondiente al proceso 76001-33-33-004-2022-00101-01 que confirmó el fallo
de primer grado emitido el 01 de febrero de 2024 por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Cali, carece de efectos legales.

TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que
nuevamente realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar otra
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Demandante: Jairo García Valencia

sentencia fundamentada en la normatividad, valorando en plenitud las pruebas
aportadas y en la línea jurisprudencia vigente contenidas entre otras, en las
sentencias C-555 de 1994, T- 502 de 2020 y T -182 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional y en el fallo unificado de agosto 25 de agosto de 2016 proferido por
la Sección Segunda.

CUARTA. - Las declaraciones y órdenes que la honorable Corporación
Constitucional considere convenientes para el restablecimiento de los derechos
afectados”.

2. Hechos

La parte demandante señaló que el 17 de septiembre de 2016 cumplió 55 años de
edad y laboró por más de 20 años como docente en el departamento del Valle del
Cauca mediante las siguientes vinculaciones: i) órdenes de prestación de servicios
(OPS) desde el 8 de enero al 5 de julio de 2002, del 26 de agosto al 22 de noviembre
de 2002 y del 7 de abril al 4 de julio de 2003, ii) en provisionalidad mediante Decreto
no. 1142 de 28 de octubre de 2003 desde el 28 de noviembre de 2003 hasta el 19
de agosto de 2005, iii) en periodo de prueba por medio de la Resolución no. 1142
de 19 de agosto de 2005 desde el 22 de agosto de 2005 hasta el 16 de agosto de
2006, y iv) vinculado en propiedad mediante la Resolución no. 2038 de 4 de agosto
de 2006 desde el 17 de agosto de 2006 hasta la actualidad.

Manifestó que de conformidad con los requisitos legales establecidos en la Ley 33
de 1985, solicitó a la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, la cual fue negada mediante la
Resolución no. 1.210-54-03808 de 24 de noviembre de 2021, al considerar que no
cumplía con los requisitos previstos en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Indicó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, en la que
solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución No. 1.210-54-03808 de 24 de
noviembre de 2021, por medio de la cual se le negó la pensión de jubilación, y a
título de restablecimiento del derecho pidió que se condenará a la entidad
demandada a reconocer y pagar la pensión con cuotas partes en su condición de
docente oficial a partir del 25 de octubre de 2020, en una cuantía equivalente al 75%
del promedio de los salarios y la totalidad de los factores salariales devengados en
el último año de servicio, en virtud de la Ley 33 de 1985.

Adicionalmente, solicitó que se le reconociera el tiempo laborado en la modalidad
de prestación de servicios de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y las leyes 91 de 1989, 33 y 65 de 1985, las cuales
establecen los requisitos para acceder a la pensión de los docentes afiliados al
FOMAG vinculados antes del 27 de junio de 2003, es decir, 20 años de trabajo y 55
años de edad.

Indicó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali mediante sentencia
de 1° de febrero de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
si bien los tiempos laborados por el demandante a través de contratos de prestación
de servicios no podían desconocerse, lo cierto es que no se acreditó que se
realizaran los respectivos aportes a seguridad social. Por lo tanto, resultaba
improcedente el cómputo de los interregnos en que el demandante prestó sus
labores a través de contratos de prestación de servicios y, en consecuencia, el
régimen pensional aplicable era el dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, empero, no cumplía con el requisito de las 1300 semanas cotizadas para
acceder a la pensión.

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Demandante: Jairo García Valencia

Contra la anterior decisión el señor Jairo García Valencia interpuso recurso de
apelación, al estimar que se desconoció lo previsto en las sentencias de unificación
de 25 de agosto de 2016 y la del 25 de abril de 2019 proferidas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, las cuales establecen que los tiempos laborados
bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios son válidos para efectos
pensionales. Asimismo, argumentó que la sentencia de primera instancia no tuvo
en cuenta los tiempos laborados bajo esa modalidad.

Concluyó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de sentencia
de 30 de septiembre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia al estimar
que los tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios no
podían ser tenidos en cuenta para efectos pensionales, toda vez que no obraba
prueba en la que se advirtiera que el demandante hubiese realizado los respectivos
aportes a pensión durante el tiempo que sostuvo la relación contractual.

Por último, sostuvo que el régimen pensional aplicable era el contemplado en las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en razón a que el señor García Valencia no probó
su vinculación a la docencia en vigencia de la Ley 91 de 1989, es decir, antes del
31 de diciembre de 1989. No obstante, no cumplía con el requisito de las semanas
exigidas, pues solo acreditaba 982,66 semanas cotizadas, por lo que no era viable
el reconocimiento de la pensión de jubilación.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con la relevancia
constitucional indicó que la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales a
la igualdad, debido proceso, al trabajo, de acceso a la administración de justicia y
seguridad social.

Mencionó que no existe otro medio de defensa judicial, pues en lo que respecta
al agotamiento de los mecanismos ordinarios se presentó recurso de apelación, el
cual culminó con la sentencia de segunda instancia. Y en relación con el recurso
extraordinario señaló que no se configura ninguna causal para que proceda.

Respecto del requisito de la inmediatez, afirmó que la sentencia de segunda
instancia fue proferida el 30 de septiembre de 2024 y notificada el 21 de octubre de
2024, por lo tanto se encuentra dentro del término razonable.

Por último, en relación con el requisito de que no se trate de sentencias de tutela,
concluyó que la tutela se presentó contra la sentencia de segunda instancia de 30
de septiembre de 2024, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que
se configuró el defecto sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento
del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

En relación con el defectos sustantivo consideró que la autoridad judicial accionada
desconoció los efectos de la sentencia C-555 de 1994 proferida por la Corte
Constitucional que declaró inexequible el artículo 6° de la Ley 60 de 1993, así como
el parágrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, la cual establecía que
“a los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del
artículo 6º de la ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el
período académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de
personal docente territorial.”

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Demandante: Jairo García Valencia

Agregó que de conformidad con la SU-226 de 2019 proferida por la Corte
Constitucional, la responsabilidad del reconocimiento de las prestaciones sociales
recae exclusivamente en el empleador, comoquiera que es deber de la entidad
contratante realizar la afiliación y los aportes al sistema pensional.

Del defecto por decisión sin motivación indicó que el fallo controvertido se apartó
de los postulados señalados en la sentencia C-555 de 1994 proferida por la Corte
Constitucional, y en las sentencias de unificación de 22 de enero de 2015 y 25 de
agosto de 2016 emitidas por el Consejo de Estado, toda vez que los tiempos de
contratos de prestación de servicios surten efectos pensionales. Adicionalmente,
manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tampoco realizó un
estudio de fondo del artículo 48 de la Constitución Política, “el cual fue adicionado
por el Acto Legislativo 01 de 2005 que elevó a rango constitucional el régimen
pensional docente, así como de los convenios y tratados internacionales ratificados
por Colombia en lo referente a la seguridad social”.

Respecto del desconocimiento del precedente judicial sostuvo que la autoridad
judicial accionada desconoció la regla jurisprudencial establecida en las sentencias
de unificación de 22 de enero de 2015 y de 25 de agosto de 2016 proferidas por el
Consejo de Estado. Asimismo, de las sentencias proferidas por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado de 9 de diciembre de 2021 radicado No. 11001-.3-15-000-
2021-07366-00 y 20 de enero de 2022 con radicado No. 11001-03-15-000-2021-
06830-00.

Por último, expresó que la decisión objetada incurrió en violación directa de la
Constitución, al desconocer el tiempo laborado como docente vinculado a través
de la modalidad de prestación de servicios, lo que vulneró y transgredió los
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, al trabajo, de acceso a la
administración de justicia y seguridad social.

4. Trámite procesal

Por auto de 30 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada – Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Así mismo, se vinculó como tercero con interés
a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 55640 a 55646 del
5 de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

El magistrado sustanciador rindió informe en el que indicó que la sentencia de 30
de septiembre de 2024 se fundamentó en las pruebas allegadas al proceso, en los
lineamientos jurisprudenciales y la normatividad aplicable al caso, y se profirió
respetando las garantías fundamentales del accionado.

Señaló que la acción de tutela no es procedente cuando la parte actora pretende
que se profiera un nuevo fallo en el que se acceda a sus pretensiones, al no estar
de acuerdo con la sentencia emitida.

1 Índice 8 de Samai

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Por último, indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió una acción
de tutela el 6 de marzo de 2025, por hechos y pretensiones similares declarándola
improcedente.

5.2. Respuesta de La Fiduprevisora S.A. – vocera del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG

La directora de Gestión Judicial de la entidad rindió informe en el que solicitó la
desvinculación de la acción de tutela, al considerar que carecían de legitimación en
la causa por pasiva, en el entendido que no era el ente nominador pues su función
recaía en la administración de los recursos dispuestos por el Plan Nacional de
Desarrollo para las prestaciones sociales de los docentes que están adscritos al
magisterio, a lo que agregó que “toda acción que ejecuta la Fiduprevisora S.A como
vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es respaldada
por un acto administrativo proveniente de las secretarias de educación a nivel
nacional”.

Señaló que La Fiduprevisora S.A. actuando en calidad de vocera y administradora
del FOMAG no tiene la facultad para expedir, modificar o revocar sentencias, puesto
que no tiene la competencia para tal efecto y, en ese sentido, no puede acceder a
las pretensiones del accionante.

Agregó que el amparo constitucional resulta improcedente, pues las autoridades
judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida,
sin desconocimiento de los precedentes judiciales relacionados con el tema.
Adicionalmente, la actuación fue adelantada en debida forma y ateniendo los
procedimientos legales, por lo que no se evidencia una vulneración a los derechos
fundamentales alegados por la parte actora.

Por último, concluyó que La Fiduprevisora S.A. es una sociedad anónima de
economía mixta de carácter indirecto del sector descentralizado del orden nacional,
y su objeto social es la celebración, realización y ejecución de las operaciones
autorizadas a las sociedades fiduciarias por normas generales y especiales. Por
otro lado, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado por
la Ley 91 de 1989 como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica y
sus recursos deben ser administrados por una entidad fiduciaria, función que
cumple en la actualidad La Fiduprevisora S.A.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

La Fiduprevisora S.A. solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa
por pasiva, al considerar que no ostenta la condición de nominador.

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Demandante: Jairo García Valencia

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional2, la Sala
negará la solicitud de desvinculación de La Fiduprevisora S.A. quien compareció
como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), toda vez que esta entidad junto con el Ministerio de
Educación fueron la parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, en el cual se emitió la sentencia cuestionada, por lo que le asiste interés
en este trámite constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo constitucional cumple
los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso
afirmativo, si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso, al trabajo, de acceso a la administración de justicia
y seguridad social, con la sentencia de 30 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 76001-33-33-004-2022-00101-01
que confirmó la decisión que negó las pretensiones, y si incurrió en defecto
sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución.

4 Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al

2
Sentencia T-005 de 2022, en la que señaló “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra
quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.

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alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el presente caso, (i) la acción de tutela supera el presupuesto de relevancia
constitucional porque debe definirse si se vulneraron al accionante los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, de acceso a la

8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

se sustenta la decisión.
11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario

aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de

2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz

Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
7
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Radicación: 11001-03-15000-2025-02279-00
Demandante: Jairo García Valencia

administración de justicia y a la seguridad social con la sentencia de 30 de
septiembre de 2024, proferida por la autoridad judicial accionada.

Si bien es cierto, tanto el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negaron las pretensiones de la
demanda, lo cierto es que la discusión radica en el reconocimiento de un derecho
pensional, el cual se puede ver afectado por la decisión de no incluir los periodos
laborados por el accionante a través de órdenes de prestación de servicios antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, porque no se demostró haber
efectuado los aportes correspondientes a pensión.

La Sala observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión legal,
ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que sustentan la solicitud se
encaminan a demostrar una supuesta decisión que se apartó de los lineamientos
establecidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, aunado al hecho
de que la solicitud contiene una carga argumentativa mínima para su estudio de
fondo.

Por otra parte, (ii) se cumple el requisito de subsidiariedad porque la accionante no
tiene otro medio de defensa judicial, teniendo en cuenta que se agotó el recurso de
apelación contra la sentencia de 30 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, y tampoco se advierte la procedencia de los
recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia (iii) se cumple el
requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada al
accionante mediante correo electrónico de 21 de octubre de 2024, por lo que se
entiende notificada el 23 de octubre siguiente18, de conformidad con el artículo 205
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la
acción de tutela se presentó el 22 de abril de 2025, esto es, cinco meses (5) meses
y veintisiete (27) días después, dentro del término prudencial precisado por esta
corporación; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la
supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra
un fallo de tutela.

De conformidad con lo anterior, la Sala analizará si se configuran los defectos
alegados, precisando ab initio que la demanda de tutela se fundamentó en el defecto
sustantivo, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución, pero todos los argumentos están encaminados
a demostrar la configuración del desconocimiento del precedente, razón por la cual
el análisis se abordará desde este presupuesto.

5.2 Del régimen de pensiones de los docentes19

El parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 señala que el régimen
pensional aplicable a los docentes depende de la fecha de vinculación20, de acuerdo
con la entrada en vigencia de la Ley 812 den 2003, esto es, el 27 de junio de 2003.

En ese entendido, si el docente se vinculó al servicio público educativo con
anterioridad al 27 de junio de 2003, el régimen prestacional aplicable es el
establecido para el personal docente que regía para esa fecha, es decir, la Ley 91
de 1989 y demás normas concordantes; ahora, si el docente se vinculó al servicio
público educativo a partir del 27 de junio de 2003, se jubilará con el régimen de
18
Regla de unificación establecida en el auto de 29 de noviembre de 2022, proferido por la Sala Plena del Consejo de estado
identificado con el radicado 68001-23-33-000-2013-00735-02, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
19
Consideraciones tomadas de la sentencia del 15 de mayo de 2025, C. P. Wilson Ramos Girón (E) (exp. 2025- 001495-
00).
20
El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de
la vigencia de la citada ley, tendrán derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones,
en términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
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Demandante: Jairo García Valencia

prima media con prestación definida, establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003.

Entonces, para los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, prevé lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.

2. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley. […]

Conforme con lo anterior, se advierte que los docentes vinculados a partir del 1° de
enero de 1990, le es aplicable la Ley 91 de 1989, que remite a los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

5.3. La autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
precedente

Se insiste que si bien la demanda de tutela se fundamentó en el defecto sustantivo,
decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa
de la Constitución, la Sala avizora que todos los argumentos están encaminados a
demostrar la configuración del desconocimiento del precedente, como pasara a
explicarse.

El señor Jairo García Valencia, quien actúa en nombre propio, presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el objeto de que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, de acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social, supuestamente vulnerados con la
sentencia de 30 de septiembre de 2024, mediante la cual confirmó la decisión de 1°
de febrero de 2024, emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Cali que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 76001-33-33-004-2022-00101-01, en el sentido de negar
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

Lo anterior, al considerar que incurrió en defecto sustantivo, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, pues
se desconoció lo estipulado en la sentencia C-555 de 1994 proferida por la Corte
Constitucional, mediante la cual se declaró inexequible el artículo 6° de la Ley 60 de
1993, así como el parágrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, el cual
establecía que a los docentes vinculados por contrato establecido en el artículo 6°
de la Ley 60 de 1993 se les seguiría contratando para el periodo académico
siguiente, hasta cuando pudieran ser vinculados a la planta.

Adicionalmente, la parte actora indicó que dicha decisión está en contravía del
precedente judicial desarrollado por el Consejo de Estado, concretamente de las
sentencias de unificación de 22 de enero de 2015 y 25 de agosto de 2016, según
las cuales se otorga validez a la modalidad de hora catedra y contratos de prestación
de servicios y se precisa que los tiempos de contratos de prestación de servicios
generan efectos pensionales.
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Demandante: Jairo García Valencia

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que la inconformidad del accionante
se centra en determinar si la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
de negar las pretensiones de la demanda por no acreditar los aportes a pensión
correspondientes al período en que estuvo vinculado a la docencia oficial mediante
la suscripción de órdenes de prestación de servicios, se basa en un presunto
desconocimiento de las normas y de la jurisprudencia que, según el actor, incurrió
el juez natural.

Conforme con el expediente digitalizado allegado y la información suministrada en
el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, la Sala evidencia que el señor Jairo
García Valencia se vinculó como agente en la Policía Nacional en el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 1984 hasta el 12 de febrero de 1986.
Posteriormente, se desempeñó como docente vinculado por medio de la
suscripción de contratos de prestación de servicios con el departamento del Valle
del Cauca, en los siguientes periodos21:

• Del 8 de enero de 2002 al 5 de julio de 2002.
• Del 26 de agosto de 2002 al 22 de noviembre de 2002.
• Del 7 de abril de 2003 al 4 de julio de 2003.

El 7 de diciembre de 2020, el señor Jairo García Valencia requirió a la Secretaría
de Educación Departamental del Valle del Cauca el reconocimiento de la pensión
de jubilación, quien mediante Resolución No. 1.210-5403808 de 24 de noviembre
de 2021 negó la solicitud, al considerar que no cumplía con los requisitos previstos
en la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de jubilación.

Por lo anterior, el accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió demanda contra la Nación – Ministerio de
Educación y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG,
con el fin que se declarara la nulidad de la Resolución 1.210-5403808 de 24 de
noviembre de 2021, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se le
reconociera y pagara la pensión con cuotas partes en su condición de docente oficial
a partir del 25 de octubre de 2020, en una cuantía equivalente al 75% del promedio
de los salarios y la totalidad de los factores salariales devengados en el último año
de servicio de conformidad con la Ley 33 de 1985.

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali mediante sentencia de 1° de
febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los
tiempos laborados por el demandante a través de contratos de prestación de
servicios no podían ser tenidos en cuenta para el cómputo del tiempo, porque no se
acreditó que se hubiesen realizado los respectivos aportes a seguridad social, lo
cual resultaba indispensable para establecer la correspondiente cuota parte
pensional. Por lo tanto, el régimen pensional aplicable era el establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Adicionalmente, indicó que en relación con la liquidación de la pensión de jubilación
de los docentes prevista en la Ley 91 de 1989, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 estableció que los
docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
gozaban del mismo régimen de pensión de jubilación de los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y los docentes vinculados a partir de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, que fueran afiliados al Fondo Nacional de

21
De conformidad con la certificación de órdenes de prestación de servicios aportada al expediente del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-004-2022-00101-01.
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Demandante: Jairo García Valencia

Prestaciones Sociales del Magisterio se les debía aplicar el régimen pensional de
prima media consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Contra la anterior decisión, el señor García Valencia interpuso recurso de apelación,
al estimar que la sentencia desconoció el tiempo que laboró bajo la modalidad de
órdenes de prestación de servicios (OPS), pues debió contabilizarse para efectos
pensionales. Asimismo, sostuvo que la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado específicamente la sentencia de unificación de 25 de agosto de
2016 y la de 25 de abril de 2019, establecen que los tiempos laborados bajo esos
contratos son válidos para el cálculo pensional, a pesar de que no se realizaran
aportes a la seguridad social en esos periodos.

Aunado a ello, manifestó que el trato recibido por los docentes contratados bajo la
modalidad de órdenes de prestación de servicios ha sido discriminatorio, en el
entendido que fueron obligados a trabajar sin seguridad social, y esos tiempos
laborados no se los tienen en cuenta para efectos pensionales, a pesar de haber
cumplido con todas las obligaciones laborales en condiciones similares a los
docentes con vinculación legal y reglamentaria.

Finalmente, solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y se
reconociera que tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
bajo el régimen establecido en la Ley 33 de 1985, por cumplir con los requisitos de
tiempo de servicio y edad.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 30 de septiembre de
2024, confirmó la providencia de 1° de febrero de 2024 proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Cali, al considerar:

“Si bien el actor tiene un tiempo de prestación de servicios a través de ordenes
de prestación de servicios de 11 meses y 23 días que al computarse con los
tiempos certificados por el Fomag, a través de relación legal y reglamentaria -
provisional y en propiedad- de 18 años, 4 meses y 9 días; y como agente de la
Policía Nacional de 2 años, 1 mes y 11 días, arrojan un tiempo total de
prestación de servicios de 21 años, 5 meses y 20 días, lo cierto es que los
tiempos laborados a través de OPS no pueden ser tenidos en cuenta para
efectos pensionales y por tanto el real tiempo laborado sería de 20 años,
5 meses y 27 días, por cuanto en el plenario no obra prueba alguna en la que
se advierta que el señor García Valencia hubiere realizado los respectivos
aportes y/o cotizaciones a pensión durante el tiempo que sostuvo la relación
contractual.

El reconocimiento de la pensión solicitada no procede, porque debía demostrar
que su vinculación al servicio docente se realizó bajo la vigencia de la Ley 91
de 1989, es decir antes del 31 de diciembre de 1989, para poderse beneficiar
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación que los servidores
públicos del orden nacional, según lo establecido en la Ley 33 de 1985. Por lo
tanto, no es posible reconocer la pensión conforme a las normas invocadas.

La Sala desde ya indica que no le asiste la razón a la apelante de que no debía
probar las cotizaciones a pensión durante el tiempo que estuvo vinculado a
través de OPS, puesto que el legislador ha impuesto la obligatoriedad de
realizar aportes parafiscales a pensión, a fin de que la entidad de previsión
obligada pueda pagar sin detrimento patrimonial las prestaciones que por ley
debe reconocer, entre ellas, las pensiones, en consonancia con el principio de
sostenibilidad financiera del sistema y solidaridad, en razón de los aportes a los
que aquellos están obligados.

(…)

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Demandante: Jairo García Valencia

En conclusión, el señor Jairo García Valencia no probó haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1989, es decir en vigencia de la Ley 91 de 1989, y no
se le puede computar el tiempo laborado bajo contratos de prestación de
servicios para efectos pensionales, ya que no realizó las cotizaciones
obligatorias al Sistema de Seguridad Social en Pensiones durante esos
períodos, o al menos no lo acreditó en esta instancia judicial, en virtud de lo
señalado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en la jurisprudencia
vigente que establecen que la sostenibilidad financiera del sistema de
pensiones depende del cumplimiento de las obligaciones de aportes por parte
de los empleadores y empleados. En ausencia de estas cotizaciones, los
tiempos trabajados a través de OPS no pueden ser considerados para el
reconocimiento de la pensión de jubilación.

Zanjada la discusión del porque no es beneficiario del régimen pensional de la
Ley 33 de 1985 y Ley 91 de 1989 el señor García Valencia, a pesar de tener
más de 20 años de prestación de servicios, la Sala pasará a estudiar si cumple
o no con los requisitos del régimen pensional de la Ley 100 de 1993 y 797 de
2003.

Se tiene que el demandante se vinculó al servicio docente en vigencia de la
Ley 812 de 2003 en provisionalidad mediante el Decreto 1146 del 28 de octubre
de 2003, posterior en propiedad a través de la Resolución 2038 del 4 de agosto
de 2006, hasta la fecha, según el certificado de historia laboral del 5 de abril de
2022, para un total de tiempo acreditado de 18 años, 4 meses y 9 días. En ese
orden de ideas, y acogiendo los argumentos trazados por el Consejo de Estado
en la jurisprudencia en cita, al demandante le son aplicables las siguientes
reglas, en virtud del régimen pensional previsto en las Ley 100 de 1993 y 797
de 2003:

• Edad: 57 años para hombres y mujeres
• Semanas de cotización: 1.30021
• Tasa de remplazo: 65%-85%22
[…]

A la fecha de este fallo, en cuanto al primer presupuesto el demandante cumple
con el requisito de la edad de 57 años, toda vez que nació el 17 de septiembre
de 1961.

En cuanto al segundo de los requisitos; esto es, si cumple con las 1.300
semanas cotizadas; la Sala precisa que el señor Jairo García Valencia, no
cumple con dicha exigencia consagrada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la prestación
rogada; dado que, que al computarse los tiempos laborados como docente con
relación legal y reglamentaria acumuló un total de 18 años, 4 meses y 9 días,
y como agente al servicio de la Policía Nacional acreditó un tiempo de 2 años,
1 mes y 11 días, arroja un total de 982,66 semanas cotizadas, por lo cual no
alcanzó las 1.300 semanas enunciadas.

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el señor Jairo García Valencia
para la fecha en que solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación, no
contaba con las 1300 semanas de cotización requeridas. Por tanto, no acreditó
haber realizado cotizaciones durante el tiempo en que laboró bajo la modalidad
de contrato de prestación de servicios; y, en ese sentido, se reitera que los
contratistas están obligados a realizar los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones, en virtud de lo dispuesto en la Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007 y sus normas complementarias.

Así las cosas, como quiera que el actor no realizó cotizaciones durante la
ejecución de los contratos de prestación de servicios, los tiempos laborados
bajo dicha modalidad no pueden tenerse en cuenta para efectos pensionales,
y siendo ello así, lo procedente es confirmar la sentencia, pero por las razones
expuestas en esta providencia”.

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Demandante: Jairo García Valencia

Teniendo en consideración lo señalado, la Sala evidencia que la razón del Tribunal
para confirmar la decisión de primera instancia y no tener cuenta los contratos de
prestación de servicios para efectos pensionales, fue concretamente que no se
realizó o no probó los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por
dichos periodos de tiempo, pues el demandante no acreditó haberse vinculado
antes del 31 de diciembre de 1989, es decir, a la entrada en vigencia de la Ley 91
de 1989, para poder beneficiarse del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación de los servidores públicos del orden nacional, en virtud de la Ley 33 de
1985, por lo tanto, no era posible el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo
esa normativa.

De conformidad con lo anterior, la autoridad judicial accionada estudió si el señor
Jairo García Valencia cumplía con los requisitos del régimen pensional previsto en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y concluyó que el demandante cumplía con
el requisito de la edad de 62 años, no obstante, en cuanto a las semanas exigidas,
se evidenció que no cumplía con dicha obligación, pues al computarse los tiempos
laborados como docente con relación legal y complementaria (nombrado en
provisionalidad mediante el Decreto No. 1146 de 28 de octubre de 2003, y
posteriormente en propiedad a través de la Resolución No. 2038 de 4 de agosto de
2006, hasta la fecha) acumulaba un total de 982,66 semanas cotizadas.

Adicionalmente, la autoridad judicial accionada concluyó que la sostenibilidad
financiera del sistema de pensiones depende del cumplimiento de las obligaciones
de aportes por parte de los empleadores y empleados y, en ese sentido, en ausencia
de esas cotizaciones, los tiempos trabajados bajo la modalidad de órdenes de
prestación de servicios no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de
pensiones.

Para esta Sala, dichas conclusiones no son razonables toda vez que los periodos
de vinculación anteriores a la Ley 812 de 2003 bajo la modalidad de órdenes de
prestación de servicio, si deben ser tenidos en cuenta para efectos de
reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la sentencia C-555
de 199422 que establece que dada la naturaleza de la función docente prevalece el
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, pues los docentes que
se encuentran vinculados bajo esa modalidad cumplen funciones similares a los de
planta que están sujetos a un régimen legal y reglamentario específico.

Así mismo, la Subsección “A” de esta Corporación en sentencia de 23 de mayo de
202423 señaló que los tiempos de servicio desarrollados bajo la modalidad de
órdenes de prestación de servicios anteriores al año 2003, debían ser tenidos en
cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad el artículo
8124 de la Ley 812 de 2003, el cual permite aplicar la regulación anterior contenida
en los artículos 2 y 15 de la Ley 91 de 1989, es decir el régimen de los empleados
públicos del orden nacional (Ley 33 de 1985).

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debió contabilizar
el tiempo en el que el señor García Valencia prestó sus servicios bajo la modalidad
de órdenes de prestación de servicios y tenerlos en cuenta para el reconocimiento
de la pensión de jubilación, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, y de conformidad con lo expuesto en la sentencia de unificación
de 5 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado, la cual establece que

22
M.P. Eduardo Cifuentes Navarro.
23
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez (23001-23-33-000-2013-00260-01)
24 Artículo 81. Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado

Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de 2003. Régimen prestacional de los docentes
oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
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los contratos de prestación de servicios no desvirtúan el carácter personal de la
labor de los docentes.

En ese sentido, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-004-
2022-00101-01, la Sala observa que el accionante se vinculó al servicio de la
docencia el 8 de enero de 2002 a través de contrato de prestación de servicios, es
decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. En ese
sentido no es correcto afirmar, como lo hizo la autoridad judicial accionada, que su
vinculación al servicio educativo comenzó el 28 de octubre de 2003, fecha en la que
fue nombrado en provisionalidad mediante el Decreto 1146 de 2003.

Adicionalmente, es importante resaltar que como lo ha reiterado la jurisprudencia
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a quien le corresponde efectuar los
aportes al sistema de pensiones es al empleador, como pasa a explicarse.

En un principio, la Subsección “B” de la Sección Segunda de la Corporación
concluyó que los tiempos laborados como docentes oficiales bajo la modalidad de
orden de prestación de servicios solo resultaban válidos, siempre que se demostrara
que sobre ellos efectivamente se habían hecho los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones.

Sin embargo, dicha tesis fue reconsiderada y la línea que se mantiene es la de
avalar esos tiempos indistintamente de si se efectuaron aportes, pero garantizando
al ente previsional la posibilidad de recobrar esas sumas a quien tenía la obligación
de hacerlos25.

En ese orden de ideas, si bien es cierto que el régimen aplicable a los docentes
depende de la fecha de vinculación, no resulta aceptable desestimar la vinculación
mediante contratos de prestación de servicios debido a la falta de acreditación de
los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, pues las Leyes 812 de
2003, 91 de 1989 y 100 de 1993 no contemplaron tal requisito para el cómputo de
dichos períodos para efectos pensionales.

Ahora, debe indicarse que, mediante sentencia de unificación de CESUJ2-5 del 25
de agosto de 2016, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que los
docentes vinculados mediante órdenes de prestación de servicios merecen
protección especial, pues esta modalidad de vinculación no desvirtúa el carácter
personal de su labor ni es ajena al elemento subordinación existente con el servicio
público de educación, pues resulta similar a la de los docentes empleados públicos,
así:
"[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento
subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al
igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a
las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas,
por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen
órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los
establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en
virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte
del Estado. […]»26.

25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia de 30 de enero de 2025, exp. nro. 66001-23-33-000-
2020-00492-01 (0391-2022), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
26
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016.
Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
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Radicación: 11001-03-15000-2025-02279-00
Demandante: Jairo García Valencia

Por lo anterior, en la referida providencia se determinó que era válido la inclusión de
tiempos laborados bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
siempre que se pretendiera la existencia de una relación laboral o para efectos de
solicitar el cómputo de los periodos laborados en dicha modalidad contractual.

En la providencia de unificación mencionada se estableció que las reclamaciones
sobre los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social,
derivados del contrato realidad, están exentas tanto de la prescripción extintiva
como de la caducidad del medio de control (artículo 164, numeral 1, literal c del
CPACA).

Esto se debe a que dichos aportes, por su naturaleza de imprescriptibles y
prestaciones periódicas, pueden ser reclamados y demandados en cualquier
momento. En consecuencia, la administración no puede eludir el pago de los
aportes correspondientes al sistema de seguridad social en pensiones,
especialmente cuando ese pago incide en el derecho de acceso a una pensión
digna y acorde con la realidad laboral, derecho que pertenece a quien ha prestado
sus servicios al Estado por medio de una relación de trabajo.

En línea con el anterior criterio, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
previsto que en casos como el presente en los que se ejerce la labor docente a
través de contratos de prestación de servicios, los mismos se deben tener en cuenta
como tiempo computable a efectos del respectivo reconocimiento pensional, y quien
tiene a cargo el deber de efectuar tales aportes lo sería el empleador, es decir, la
respectiva entidad territorial a la que prestó el servicio y se benefició con el mismo.

Entonces, no es que se desconozca el principio de sostenibilidad del sistema
pensional como lo sostiene el Tribunal, sino que la jurisprudencia desarrollada por
el Consejo de Estado, lo que ha determinado es una vía distinta para garantizar el
recaudo de esos aportes, pues ha previsto los descuentos a los beneficiarios de las
sumas correspondientes y la posibilidad de que el ente previsional haga recobros
ante quien era el obligado de efectuarlos.

En sentencia del 11 de febrero de 2021, la Subsección “A” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado respecto de este punto indicó:
“Ahora, en cuanto a la autoridad obligada a realizar el pago de los mentados
conceptos, la misma intelección de la jurisprudencia aludida y la sola
interpretación de los efectos consecuentes de la configuración de una relación
laboral, dictan que el sujeto responsable de tal carga inexorablemente debe ser
quien encubrió dicho vínculo de trabajo a través de contratos de prestación de
servicios, el cual para el asunto de marras es efectivamente el Departamento de
Arauca como se precisó en el primer problema jurídico.

Además de esta consideración, debe tenerse en cuenta que los aportes a
pensión por su propia naturaleza equivalen a tributos en clave de contribuciones
parafiscales con una destinación específica que los hace imprescriptibles como
se anunció en la sentencia reseñada anteriormente. Con base en ello, su
recaudo puede decretarse en cualquier momento de manera actualizada en las
proporciones que tanto al trabajador como al empleador le habrían
correspondido durante el período en el que se ocultó la relación laboral, a fin de
que la entidad de previsión respectiva pueda pagar sin detrimento patrimonial la
prestación reconocida»27

En el mismo sentido, mediante providencia del 17 de junio de 2022, refirió que:
“Ahora, en cuanto a la autoridad obligada a realizar el pago de los mentados
conceptos en casos donde se evidencian relaciones laborales encubiertas por
contratos de prestación de servicios docentes, la misma intelección de la
27
Expediente Nro. 81001-23-33-000-2013-00079-01. M.P. William Hernández Gómez.
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sentencia de unificación jurisprudencial CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016
proferida por el Consejo de Estado, dicta que el sujeto responsable de tal carga
inexorablemente debe ser quien ocultó dicho vínculo de trabajo, el cual para el
asunto de marras sería efectivamente el municipio de Sogamoso”28.

Como se evidencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha mostrado la
viabilidad de tener en cuenta los contratos de prestación de servicios para efecto de
reconocimientos de pensiones de los docentes, sin desconocer el criterio de
sostenibilidad financiera del cual goza el sistema pensional, por ello, la entidad
encargada del reconocimiento pensional, en este caso, la Nación – Ministerio de
Educación Nacional -Fomag-, tiene la potestad y obligación de efectuar el cobro de
tales recursos en cualquier tiempo, pues su naturaleza parafiscal conlleva la
obligatoriedad del recaudo y la imprescriptibilidad29.

Entonces, era deber del juez ordinario determinar a cargo de quién estaría la
obligación de hacer tales aportes al sistema, pues no se desconoce que el sistema
debe estar financiado y que no es posible reconocer unos tiempos que no tengan
un respaldo en el respectivo aporte, pero la ausencia de un estudio en cuanto a
determinar quién estaría a cargo de cubrir tales montos, no puede llevar a su paso
el desconocimiento de un derecho pensional de rango constitucional y conexo con
otros derechos fundamentales como el mínimo vital.

Así las cosas, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no atendió a los
criterios jurisprudenciales desarrollados por el Consejo de Estado, al no tener en
cuenta las órdenes de servicio suscritas por la parte actora con el departamento del
Valle del Cauca, y en consecuencia el régimen aplicable para efecto del
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

En ese orden, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social del señor Jairo García Valencia. En consecuencia, se dejará sin
efecto la sentencia de 30 de septiembre de 2024 y, se le ordenará al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de veinte (20) días siguientes
a la ejecutoria de la presente providencia emita decisión de reemplazo.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación presentada por La Fiduprevisora
S.A., en calidad de vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social del señor Jairo García Valencia, quien actúa en nombre propio,
por las razones aquí expuestas.

Tercero.- Dejar sin efectos la sentencia de 30 de septiembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia,

28
Expediente Nro. 15001-23-33-000-2019-00357-01. M.P. William Hernández Gómez.
29
Para el efecto, ver sentencia del 3 de mayo de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, exp. 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023).
16
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Demandante: Jairo García Valencia

Cuarto.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera
decisión de reemplazo, en la que se tengan en cuenta las consideraciones
efectuadas en el presente fallo de tutela.

Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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