Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00468-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00468-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00468-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00468-00 (2277-2021)
Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Seguridad Vial y otro
Temas: Acto administrativo complejo. Publicidad de proyecto de
acuerdo de convocatoria a proceso de selección para
empleos de carrera administrativa. Participación de sindicatos
en la modificación de los manuales de funciones de las
entidades públicas.
Decisión: Accede parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
______________________________________________________________________
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta por los señores Carlos Ernesto
Castañeda Ravelo, Rubiela Edith Romero Pardo y Cesar Mauricio Campos Mantha 1
contra el Acuerdo No. 0245 de 2020 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
la Resolución No. 241 de 2020 y la Resolución No. 176 de 2021 emitidos por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
I. ANTECEDENTES
Disposiciones demandadas
1. La acción impetrada tiene como objeto que se declare la nulidad de los actos
administrativos demandados, así:
(I) Acuerdo No. 0245 del 3 de septiembre de 2020 concertado por la Comisión
Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (en adelante ANSV), por el cual se convocó y establecieron las
reglas del proceso de selección para proveer empleos de carrera en vacancia
definitiva en la ANSV.
1 Este último en calidad de representante legal del Sindicato Nacional de Empleados de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial.
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Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y otros
(II) Resolución No. 241 del 15 de diciembre de 2020 expedida por la ANSV,
mediante la cual se modificó el manual específico de funciones y competencias
laborales (en adelante manual de funciones) de dicha entidad.
(III) Las expresiones «transitoria» del artículo tercero2 y «vigencia transitoria»
del artículo cuarto3 de la Resolución No. 176 del 28 de junio de 2021
expedida por la ANSV, que modificó temporalmente el manual de funciones de
la misma entidad.
Demanda
2. Para los demandantes, el acuerdo y las resoluciones demandadas constituyen un
solo acto administrativo de carácter complejo, por cuanto ostentan las características
propias de este tipo de decisiones, rasgos que han sido decantados por la jurisprudencia
de esta corporación. Así, sostuvieron que existe concurrencia de dos o más órganos o
autoridades en su expedición, pluralidad de voluntades manifestadas en distintos
momentos sucesivos, unidad o igualdad de finalidad y contenido e interdependencia entre
las distintas manifestaciones de voluntad para poder existir. En esa medida, consideraron
que cualquier vicio de nulidad que afecte a uno de ellos se extenderá a los demás.
3. Concretamente, frente al Acuerdo No. 0245 de 2020 adujeron que fue expedido
de manera irregular y que desconoció las normas en que debía fundarse. Esto, en tanto
i) las entidades incumplieron su obligación de publicar el proyecto de acto administrativo
previa expedición de este en los términos del inciso octavo del artículo 8 de la Ley 962
de 2005 y los artículos 3.6 y 8.8 del CPACA, impidiendo la participación ciudadana; y ii)
se fundamentó en un manual de funciones que no tuvo en cuenta la verdadera necesidad
del servicio de la entidad.
4. Respecto a la Resolución No. 241 de 2020 alegaron que desconoció las normas
en que debía fundarse y que fue expedida de manera irregular y con falsa motivación. Lo
anterior porque i) no se tuvo en cuenta el estudio técnico laboral realizado con antelación
por profesionales en la materia para fundamentar la modificación del manual de
funciones; ii) en razón a esto, no refleja las verdaderas necesidades de la planta de
personal de la entidad y con ello desconoce el principio de eficacia de la función
administrativa; y iii) no garantizó la participación sindical en todas las etapas del proceso
de expedición, aun cuando en las consideraciones del acto administrativo se indicó que
sí lo hizo.
2 ARTÍCULO TERCERO. La Agencia Nacional de Seguridad Vial publicará la presente modificación
transitoria al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales en la página web de la entidad.
3 ARTÍCULO CUARTO. Vigencia. La presente Resolución tiene vigencia desde la fecha de su expedición
para los anexos números 1 y 9 y vigencia transitoria para los anexos números 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17,
es decir, desde la fecha de su expedición y hasta tanto se expidan las listas de elegibles del proceso de
selección para la provisión de empleos de carrera administrativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
– ANSV como resultado de la Convocatoria 1421 de 2020 expedida por la Comisión Nacional del Servicio
Civil - CNSC, y suspende transitoriamente las disposiciones que le sean contrarias.
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5. En cuanto a las expresiones «transitoria» y «vigencia transitoria» de la Resolución
No. 176 de 2021, señalaron que estas desconocieron el principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades en materia laboral consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política. En ese sentido, sostuvieron que las modificaciones al manual de
funciones de la entidad efectuadas por este acto administrativo sí atienden en debida
forma lo requerido por la planta de personal de la entidad al haber tenido en cuenta el
estudio técnico laboral, debiendo imponerse de manera permanente y no temporal sobre
la Resolución No. 241 de 2020.
Contestaciones de la demanda
6. La ANSV se opuso a las pretensiones de la demanda. En primer lugar, afirmó que
las actuaciones demandadas no constituyen un acto administrativo complejo porque no
reúnen las características que le son propias, específicamente, la unidad de contenido y
unidad de fin. Por ende, indicó que, en este caso, se trata de voluntades distintas
plasmadas en manifestaciones que nacieron a la vida jurídica de forma separada e
independiente.
7. Sobre el Acuerdo No. 0245 de 2020, afirmó que la ANSV desplegó diversas
actuaciones mediante las cuales aseguró la debida publicidad de este acto administrativo
y el mérito en el proceso de selección, tales como reunión de socialización, correo
electrónico y publicación web.
8. Respecto a la Resolución No. 241 de 2020, destacó que se hizo un estudio técnico
de necesidades en el que se tuvo en cuenta lo manifestado por cada una de las
dependencias de la entidad y con base en ellas se determinó la modificación definitiva
del manual de funciones; este análisis previo atendió lo pactado con la organización
sindical para este tipo de trámites.
9. Asimismo, adujo que sí aseguró la participación del SINAVIAL en el trámite de
modificación del manual de funciones mediante la reunión celebrada el 7 de diciembre
de 2020 con esta organización sindical, sin que se presentaran manifestaciones ni
observaciones frente al mismo. Aseveró que el documento, incluso, fue publicado en la
página web de la entidad sin que se recibiera ningún comentario.
10. Sobre la falta de participación de la organización sindical en todo el proceso, puso
de presente que no existen etapas específicas para la modificación del manual de
funciones ni tampoco la obligación de hacer partícipe a los sindicatos en ellas; que sí
existen unas directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función
Pública (en adelante DAFP) y en este caso fueron debidamente atendidas.
11. Frente a las acusaciones elevadas contra la transitoriedad de la Resolución No.
176 de 2021, consideró que los demandantes están dando un indebido alcance al
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Indicó que la temporalidad de
las modificaciones contenidas en este acto administrativo se debió precisamente a la
necesidad del servicio que debía ser atendida por la entidad mientras culminaba el
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proceso de selección adelantado por la CNSC. Es por ello por lo que su vigencia se
extiende únicamente hasta la fecha en que se expidan las listas de elegibles y los
empleos vacantes puedan ser suplidos de manera definitiva, respetando así el derecho
al concurso y la expectativa que tienen quienes se inscribieron en la convocatoria pública.
12. Adicionalmente, señaló que no le es dable a la entidad modificar de manera
permanente los empleos de carrera que están siendo objeto de proceso de selección y,
en esa medida, las modificaciones efectuadas por este acto administrativo no podían ser
permanentes porque para entonces ya se había hecho pública la convocatoria; y que, en
todo caso, los cambios introducidos no suprimieron los perfiles reportados en la
convocatoria pública ni modificaron las condiciones de los empleos ofertados.
13. La CNSC también se opuso a las pretensiones de la demanda. En relación con la
Resolución No. 241 de 2020 y la Resolución No. 176 de 2021, manifestó que los asuntos
relativos a su expedición y legalidad no son de su competencia por cuanto la
determinación del manual de funciones de las entidades sometidas al régimen de carrera
administrativa presidido por la CNSC corresponde exclusivamente a cada una de las
autoridades.
14. Aseveró que los procesos de selección que adelanta se cimentan en el manual de
funciones vigente para la fecha de apertura de inscripciones de la respectiva
convocatoria, del cual se presume su legalidad, como es el caso de la Resolución No.
241 de 2020 que fundamentó las inscripciones de la Convocatoria No. 1421 de 2020
encaminada a la conformación de listas de elegibles para empleos vacantes en la ANSV
en el marco del Acuerdo No. 0245 de 2020. Aclaró que la Resolución No. 176 de 2021
no había sido expedida para la fecha de publicación de la convocatoria ni de la apertura
de inscripciones y, en esa medida, no fue tenida en cuenta en el proceso de selección.
15. En lo que respecta al Acuerdo No. 0245 de 2020, manifestó que los procesos de
selección para la provisión de los empleos sometidos al régimen general de carrera
administrativa se rigen por el procedimiento administrativo especial establecido en la Ley
909 de 2004 y no por el procedimiento general consagrado en el CPACA. En
consecuencia, las reglas de publicidad aplicables al caso y debidamente acatadas por la
entidad corresponden a las establecidas en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y no a
las normas invocadas por los demandantes.
Traslado de las excepciones
16. El apoderado de la parte demandante descorrió el traslado de las excepciones
presentadas por la ANSV mediante escrito radicado de manera extemporánea el 2 de
diciembre de 20214, razón por la cual no será objeto de estudio. No se pronunció frente
a las excepciones propuestas por la CNSC.
4 De conformidad con los índices 21 y 22 del expediente digital que reposa en SAMAI, el 19 de noviembre
de 2021 se fijó en lista el traslado de las excepciones presentadas por la ANSV, el cual trascurrió del 22 al
24 de noviembre de 2021. Según consta en el índice 36, el apoderado de la parte demandante allegó
memorial descorriendo el referido traslado el 2 de diciembre de 2021.
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Alegatos de conclusión
17. La parte demandante manifestó reiterar los argumentos formulados en el escrito
de la demanda.
18. La ANSV presentó argumentos con los cuales reiteró y concretó lo expuesto en su
contestación de la demanda.
19. La CNSC reiteró los planteamientos de la contestación de la demanda en relación
con las resoluciones que modificaron el manual de funciones de la ANSV, añadiendo que
con la presente acción se pretende supeditar el ejercicio de sus funciones al actuar de
otra entidad y con ello se desconoce la independencia que le fue concedida por la
Constitución Política.
20. Adicionalmente, afirmó que los actos administrativos demandados no constituyen
un acto administrativo complejo porque no existe interdependencia entre ellos, razón por
la cual las irregularidades de las que se acusan las resoluciones expedidas por la ANSV
no son extensibles al Acuerdo No. 0245 de 2020. En el mismo sentido, destacó que la
inconformidad de los demandantes se centró en las referidas resoluciones sin que se
hubieran elevado cargos de nulidad concretos contra el acuerdo.
21. Finalmente, puso de presente que su actuar favoreció el principio de la eficacia de
la función administrativa porque el proceso de selección ya culminó con la conformación
de la respectiva lista de elegibles a quienes se les reconocieron derechos particulares y
concretos; citó jurisprudencia en donde se reconoció la primacía del principio de eficacia
de la función administrativa sobre el principio de participación ciudadana.
Concepto del Ministerio Público
22. El Ministerio Público solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.
Consideró que los demandantes no señalaron en debida forma las normas de orden
constitucional o legal que estiman infringidas con los actos administrativos demandados,
pese a que manifestaron su inconformidad por el hecho de no habérseles permitido
participar en la determinación de las reglas del proceso de selección adelantado por la
CNSC y en las modificaciones de la planta de personal de la ANSV.
23. Indicó que la Circular Externa 100-09-2015 del DAFP insta la participación de las
organizaciones sindicales en los procesos de rediseño institucional o modificación de la
planta de personal, mas no en los procesos de selección vía concurso de méritos. Afirmó
que este segundo escenario se rige por un orden jurídico especial que prevé la
participación ciudadana con el objeto de que cualquier persona interesada pueda
inscribirse en la respectiva convocatoria una vez ha sido publicada, pero no para permitir
la injerencia de sujetos externos a la autoridad competente en la planeación del
respectivo proceso de selección porque ello significaría un desbalance en favor de quien
conoció las reglas del proceso antes de que fueran publicadas.
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24. En el mismo sentido, manifestó que las normas invocadas por los demandantes
no son aplicables al caso concreto porque estas exigen a las autoridades la publicidad
de la información y el trámite del proceso de selección, que no la participación directa de
la ciudadanía en la determinación de sus reglas. Sobre el particular, concluyó la
inexistencia de pruebas que demuestren el incumplimiento de las reglas de publicidad
por parte de las entidades demandadas.
25. Finalmente, señaló que los actos administrativos demandados no constituyen un
acto administrativo complejo porque se trata de decisiones con objeto y finalidad distintas
e independientes.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 149 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el Consejo de
Estado es competente para conocer en única instancia de la nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. A su vez, esta sección
es competente para conocer del presente asunto de conformidad con el artículo 13 del
Acuerdo No. 080 de 2019 que establece el reglamento interno del Consejo de Estado,
modificado por el artículo 1 del Acuerdo No. 434 de 2024, el cual consigna que la Sección
Segunda conocerá de los procesos de simple nulidad de los actos administrativos de
orden nacional que versen sobre asuntos laborales y de la seguridad social.
Problemas jurídicos
27. La Sala determinará si el Acuerdo No. 0245 de 2020, la Resolución No. 241 de
2020 y la Resolución No. 176 de 2021 constituyen un acto administrativo complejo. Lo
anterior, a efectos de delimitar el alcance de los cargos de nulidad elevados contra cada
uno de estos actos administrativos.
28. Luego, se establecerá si el Acuerdo No. 0245 de 2020, la Resolución No. 241 de
2020 y las expresiones de transitoriedad contenidas en la Resolución No. 176 de 2021
fueron expedidas con desconocimiento de las normas en que debían fundarse por no
haberse tenido en cuenta las verdaderas necesidades de servicio de la entidad
identificadas en el estudio técnico laboral realizado por profesionales en la materia,
desconociendo a su vez el parágrafo 1 del artículo 8 del acuerdo colectivo suscrito entre
la ANSV y el SINAVIAL.
29. Posteriormente, se determinará si el Acuerdo No. 0245 de 2020 fue expedido de
manera irregular por impedir la participación ciudadana y vulnerar el debido proceso, al
no haberse publicado el proyecto de acto administrativo con anterioridad a su expedición
en los términos del inciso octavo del artículo 8 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 3.6
y 8.8 del CPACA.
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30. Finalmente, si la Resolución No. 241 de 2020 fue expedida de manera irregular
por vulnerar el debido proceso y con falsa motivación, al no haber garantizado la
participación sindical en todas las etapas del proceso de expedición del acto
administrativo impuesta por el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015
y la Circular 100-09 de 2015 y haber manifestado en las consideraciones de aquel que sí
fue así.
Análisis del caso
31. La Sala declarará la nulidad del Acuerdo No. 0245 de 2020 y negará las demás
pretensiones de la demanda.
32. Lo anterior, al determinar, por una parte, que las actuaciones demandadas no
constituyen un acto administrativo complejo y, en esa medida, su análisis de legalidad es
independiente.
33. Por otra parte, respecto al Acuerdo No. 0245 de 2020, se concluirá que dentro del
trámite de expedición se desconoció el inciso octavo del artículo 8 de la Ley 962 de 2005
y los artículos 3.6 y 8.8 del CPACA. Frente a la Resolución No. 241 de 2020 y la
Resolución No. 176 de 2021, se despacharán de forma desfavorable los cargos elevados
en su contra por no encontrarse probados.
1. Del acto administrativo complejo
34. El acto administrativo complejo corresponde a aquel formado por dos o más
manifestaciones de voluntad de una misma o diferente autoridad que constituyen una
unidad de contenido y fin, de suerte que no tienen existencia jurídica separada e
independiente. En otras palabras, se trata de una manifestación de voluntad definitiva
resultante de la unión de las voluntades particulares de los diversos órganos o
autoridades que concurren a la formación del acto que, en razón a su naturaleza y objeto,
no pueden ser individualmente consideradas5.
35. Una actuación en tal sentido impone un control judicial conjunto e integral de la
totalidad de las manifestaciones de voluntad que conforman el acto administrativo
complejo, toda vez que los vicios de nulidad que afecten alguna de las declaraciones que
lo conforman se extienden a todos los demás por tratarse de una única decisión.
36. La existencia de este tipo de actos administrativos no está sujeta al querer de las
autoridades que concurren a él, sino al mandato de la ley o a la naturaleza de la
actuación6. Siendo así, en cada caso concreto será necesario verificar las características
propias de este tipo de actos administrativos, a saber: (i) participación de dos o más
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de febrero de 2012,
radicado número 11001-03-26-000-2010-0036-01(IJ). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de octubre de 1972,
expediente número 023. C.P. Carlos Portocarrero Mutis.
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órganos o autoridades en la formación del acto; (ii) pluralidad de voluntades manifestadas
en distintos y sucesivos momentos; (iii) unidad de contenido y finalidad; e (iv)
interdependencia de las diversas manifestaciones para poder existir7.
37. Descendiendo al caso concreto, para la Sala, el Acuerdo No. 0425 de 2020, la
Resolución No. 241 de 2020 y la Resolución No. 176 de 2021 no constituyen un acto
administrativo complejo porque estas manifestaciones de voluntad no tienen unidad de
contenido y finalidad, ni dependen una de la otra.
38. Los tres actos administrativos difieren tanto en contenido como en finalidad. El
Acuerdo No. 0245 de 2020 convoca y establece las reglas del proceso de selección
adelantado por la CNSC para proveer empleos de carrera en vacancia definitiva de la
ANSV. En contraste, por una parte, la Resolución No. 241 de 2020 modifica de manera
definitiva el manual de funciones de la ANSV y en ella se fundamenta la apertura de
inscripciones de la convocatoria pública; y, por otra parte, la Resolución No. 176 de 2021
modifica de manera transitoria el mismo manual de funciones para atender las
necesidades del servicio mientras se proveen las vacantes definitivas a través del referido
proceso de selección.
39. No puede hablarse tampoco de una interdependencia de las tres manifestaciones
de voluntad. El artículo 8 del Acuerdo No. 0245 de 2020, en concordancia con el artículo
2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, estableció la posibilidad de que el manual de funciones
de la entidad fuera modificado hasta antes del inicio de la etapa de inscripciones en el
proceso de selección, en cuyo caso era deber de la ANSV informarlo a la CNSC. Tan es
así, que la Resolución No. 241 de 2020 en la que finalmente se basó el proceso de
selección ni siquiera se encontraba vigente para la fecha de publicación del acuerdo y,
en todo caso, sí lo estaba cuando se inició la etapa de inscripciones de la convocatoria.
40. De esta manera, aunque el proceso de selección se encuentra sujeto al manual
de funciones de la entidad, no es dable afirmar que la existencia misma del acuerdo que
establece las reglas de dicho proceso dependa de un manual de funciones específico
porque éste puede ser modificado incluso después de expedido el referido acto
administrativo y hasta antes de la apertura a las inscripciones.
41. En el mismo sentido, las decisiones administrativas mediante las cuales la ANSV
modificó su manual de funciones no dependían del acuerdo de convocatoria para proveer
las vacantes. Ciertamente, la determinación del manual de funciones de las entidades
sometidas al régimen general de carrera administrativa de ninguna manera está sujeto a
que exista un proceso de selección para proveer las vacantes en él previstas. Si bien
existe relación entre una y otra determinación, se trata de asuntos jurídicos
completamente autónomos e independientes que responden a autoridades y
procedimientos administrativos distintos, lo que descarta de suyo una interdependencia.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Auto del 2 de julio de 2013,
radicado número 11001-03-28-000-2013-00024-00(IMP). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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42. Esta postura ha sido decantada de manera clara y uniforme por la jurisprudencia
de esta subsección al señalar que
30. En ese orden de ideas, el acto administrativo de convocatoria se ciñe exclusivamente
a lo que reporte la entidad territorial y será a partir de esa información que se oferten todos
los cargos, pero de ello no se puede entender que se conforme un acto administrativo
complejo, en razón a que no tienen unidad de finalidad y contenido, ni tampoco dependen
entre sí.
31. Es así porque el manual de funciones y competencias laborales se dirige
esencialmente a determinar los empleos, las labores y requisitos de la planta de personal,
es decir que sus efectos no solo se dirigen a establecer el marco de la convocatoria;
mientras que esta última, expedida por la CNSC, se limita a establecer las reglas de
participación para ocupar los cargos vacantes en la entidad89.
43. Finalmente, téngase en cuenta que el reconocimiento del acto administrativo
complejo pretendido por los demandantes resulta contradictorio con las pretensiones y
los demás fundamentos jurídicos expuestos en el escrito de la demanda porque, de
accederse a esta consideración, la eventual nulidad del Acuerdo No. 0245 de 2020 o de
la Resolución No. 241 de 2020 se extendería también a la Resolución No. 176 de 2021 y
en este caso los accionantes persiguen lo opuesto, esto es, que se torne permanente la
vigencia de este último acto administrativo.
44. Con todo, se reitera que las actuaciones demandadas no constituyen un acto
administrativo complejo y, en esa medida, deberán ser objeto de control jurisdiccional por
parte de esta autoridad judicial de manera separada e independiente, sin que la nulidad
que se le atribuye a cada una de ellas pueda extenderse a las demás.
2. Del desconocimiento del estudio técnico laboral y de las necesidades del
servicio de la entidad
45. Una de las acusaciones elevadas por los demandantes y que se proyecta de forma
transversal a los tres actos administrativos cuestionados, se concreta en la presunta falta
de atención a las necesidades del servicio de la ANSV identificadas en el estudio técnico
de cargas laborales realizado en el año 2020 por profesionales contratados por la entidad
para tal fin, desconociendo compromisos colectivos y vulnerando el principio de eficacia
de la función administrativa.
46. El cargo de nulidad consiste en que el estudio técnico tuvo lugar en cumplimiento
de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 8 del acuerdo colectivo suscrito entre la
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 22
de noviembre de 2023, exp. núm. 2239-2019. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9 Véanse también, entre otras, las sentencias de la Sección Segunda, Subsección A: 26 de enero de 2023,
rad. núm. 11001-03-25-000-2021-00209-00 (1324-2021), C.P. William Hernández Gómez; 29 de junio de
2023, rad. núm. 11001-03-25-000-2019-00447-00 (3314-2019), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9
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Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y otros
ANSV y el SINAVIAL, adoptado mediante Resolución No. 369 de 201910. Alegaron que
el análisis en cuestión no fue tenido en cuenta al momento de modificar de manera
permanente el manual de funciones y convocar el proceso de selección para proveer las
nuevas vacantes.
47. En este contexto, consideraron los demandantes que se hizo nugatoria la
exigencia del estudio técnico, faltando a lo pactado entre la entidad y el sindicato; y que
se desconocieron las verdaderas necesidades del servicio allí identificadas, vulnerando
el principio de eficacia de la función administrativa.
48. Adujeron que esta falta afectó específicamente la Resolución No. 241 de 2020, al
modificar el manual de funciones de manera permanente sin haber tenido en cuenta el
estudio técnico; que dicha afectación se extendió, a su vez, al Acuerdo No. 0245 de 2020
porque el proceso de selección allí reglamentado se fundamentó en las modificaciones
de la planta de personal introducidas por la referida resolución; y que también se vio
reflejada en las expresiones que establecieron la transitoriedad de la Resolución No. 176
de 2021 porque las modificaciones que esta introdujo al manual de funciones sí
atendieron el estudio técnico, pero al otorgarles carácter apenas temporal se desconoció
el principio de realidad sobre las formalidades en materia laboral.
49. Ahora bien, es preciso indicar que los demandantes señalaron de manera
insistente y reiterada el presunto desconocimiento del estudio técnico, exponiendo las
consecuencias de tal circunstancia. No obstante, omitieron desarrollar de manera
concreta tales reparos y tampoco presentaron pruebas específicas de las razones por las
cuales, según su parecer, el referido análisis laboral no está reflejado en el Acuerdo No.
0245 de 2020 ni en la Resolución No. 241 de 2020, pero sí lo está en la Resolución No.
176 de 2021. Siendo así, es dable afirmar que se trata de una acusación en abstracto
que desconoce la carga argumentativa que recae sobre la parte accionante en el proceso.
50. Se aportaron como soportes del cargo copia de:
• Los tres actos administrativos demandados y sus respectivos anexos;
• Estudio técnico denominado «DOCUMENTO TÉCNICO DE AJUSTE A LA
ESTRUCTURA Y PLANTA DE EMPLEOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL», firmado por Luz Emilia Gutiérrez Gil, Ana María Cortés
Herrán y Jose Elías Guevara Fragozo;
• Contrato de Prestación de Servicios No. 076-2020 suscrito por el Patrimonio
Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, administrado por la Fiduciaria Colpatria
y el señor Giovanni Arturo González Zapata; y
• Cesión de la posición contractual de “contratista” dentro del Contrato de
Prestación de Servicios No. 076-2020, por parte de Giovanni Arturo González
Zapata a Luz Emilia Gutiérrez Gil.
10 «En caso de reestructuración de la entidad, entendida como modificación de la estructura administrativa
o su planta de empleos o del manual de funciones, requisitos y competencias laborales; (sic) la ANSV
deberá contratar una persona natural o jurídica especializada e idónea, con experiencia en estos
aspectos.»
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51. De los reparos y los documentos que se acompañan no se puede colegir cuál es
el verdadero fundamento del cargo de nulidad, por cuanto no se ofrecieron los
argumentos fácticos y jurídicos necesarios para contrastar las diversas piezas procesales
aportadas en aras de determinar si efectivamente se desconoció la normativa invocada.
En términos generales, los documentos en cuestión se limitan a demostrar la existencia
de los actos administrativos; la realización de un estudio técnico laboral aplicado a la
estructura y planta de empleos de la ANSV en la cual se sugirió, entre otros, la
modificación del manual de funciones de la entidad; y el vínculo contractual con la entidad
de uno de los profesionales que suscribió el referido estudio técnico.
52. Ante la inexistencia de los elementos de juicio necesarios para efectuar el análisis
jurídico solicitado por los accionantes, específicamente para contrastar el estudio técnico
aportado y los actos administrativos demandados a efectos de determinar si aquel fue
tenido en cuenta o no y, en caso de que no, si con ello se desconoció el acuerdo sindical
y el principio de eficacia de la función administrativa, esta Sala desestimará el cargo
propuesto.
3. De la omisión de publicación del proyecto de acto administrativo que antecedió
el Acuerdo No. 0245 de 2020
53. Tratándose de la publicación de los proyectos de acto administrativo mediante los
cuales se convoca y establecen las reglas para la ejecución de los procesos de selección
que adelanta la CNSC en el marco de su competencia, el precedente de esta subsección
ha reconocido que esta actuación es de obligatorio cumplimiento tanto para dicha entidad
como para las demás autoridades que convengan con aquella la realización del
respectivo proceso de selección11.
54. En efecto, el trámite especial previsto en la Ley 909 de 2004 para proveer los
cargos de carrera administrativa no excluye a las referidas autoridades de cumplir los
deberes de información y publicidad consagrados en el régimen general de procedimiento
administrativo; tal es el caso de las exigencias establecidas en el inciso octavo del artículo
8 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 3.6 y 8.8 del CPACA invocados por la parte
demandante en el presente proceso. Ello es así, por cuanto el artículo 2 del CPACA
aclara que los asuntos no previstos en las reglas especiales de procedimiento se regirán
por lo establecido en el CPACA y es aplicable a los deberes de las autoridades en materia
de atención al público que no están regulados de manera específica en la Ley 909 de
2004.
55. Esta interpretación del ordenamiento jurídico de ninguna manera desconoce la
independencia y autonomía constitucional de la CNSC, contrario a lo que adujo dicha
entidad, toda vez que los deberes de información y publicidad no eliminan las facultades
11 Véanse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 3 de junio de 2021, rad. núm. 11001032500020180155100 (5060-18); y sentencia del 26 de
enero de 2023, rad. núm. 11001032500020210020900 (1324-2021). M.P. William Hernández Gómez.
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unilaterales de decisión que le asisten a esta autoridad en materia del sistema de carrera
administrativa. Lo anterior, dada la sujeción única y absoluta de las autoridades a la
Constitución y la ley y lo expresamente dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 del
CPACA cuyo tenor dicta que, en el marco de los deberes de información y publicidad,
«[e]n todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva
mejor el interés general».
56. En este contexto, por una parte, el numeral 6 del artículo 3 del CPACA consagra
el principio de participación como un derrotero de interpretación y aplicación del
procedimiento administrativo. En virtud de tal, «las autoridades promoverán y atenderán
las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a
intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación
de la gestión pública».
57. Por otra parte, el inciso octavo del artículo 8 de la Ley 962 de 2005 señala como
deber de todos los organismos y entidades de la administración tener a disposición del
público información «[s]obre los proyectos específicos de regulación12 y sus actuaciones
en la ejecución de sus funciones en la respectiva entidad de su competencia». En
concordancia, el numeral 8 del artículo 8 del CPACA establece la misma obligación «con
el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas».
58. Según se observa, para la expedición de los actos administrativos de carácter
general, las precitadas normas imponen a las autoridades el agotamiento de una etapa
previa y preparatoria que consiste en la publicación de los proyectos que anteceden la
normativa y los antecedentes que la soportan. Esta particularidad en el trámite propende
por una verdadera democratización del procedimiento administrativo al garantizar la
participación de cualquier persona que se encuentre interesada en la regulación de que
se trate y con ello permitir también un control ciudadano preventivo sobre la actuación de
la administración.
59. El objeto de esta regla de procedimiento constituye, además, una manifestación
de la participación ciudadana como valor, principio y fin del Estado social y democrático
de derecho, al amparo de lo preceptuado en el preámbulo y los artículos 1 y 2 de la
Constitución Política. De este régimen constitucional se derivan, a su vez, los principios
de la función administrativa consagrados en el artículo 209 Superior y replicados en el
artículo 3 de la Ley 489 de 1998, en virtud de los cuales el ejercicio de la administración
debe atender a cabalidad la participación, la publicidad, la transparencia y el interés
general.
12 La doctrina de esta corporación ha precisado que la expresión «proyectos específicos de regulación»
inclusa en las precitadas normas hace referencia a toda propuesta de acto administrativo general que
pretenda ser expedida por una autoridad administrativa con el objeto de reglamentar asuntos de su
competencia. (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 de septiembre de
2016, rad. núm. 11001030600020160006600. C.P. Edgar González López).
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60. Aunado a lo anterior, materializa la democratización de la administración según las
exigencias del artículo 32 de la misma Ley 489 de 1998. Esta norma establece que
«[t]odas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y
democratización de la gestión pública»; para ello, legitima la implementación de todo tipo
de «mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa», tal
como ocurre con la obligación de publicación de los proyectos de acto administrativo
general.
61. Siendo así, la omisión de la etapa de publicación de los proyectos de acuerdo que
convocan y establecen las reglas para la ejecución de los procesos de selección de
empleos de carrera administrativa que adelanta la CNSC constituye una afrenta al debido
proceso por la pretermisión de una actuación obligatoria en el marco del procedimiento
administrativo general; a la vez que desconoce las garantías de la participación
ciudadana propias de la gestión administrativa al impedir que las personas interesadas
consulten la regulación específica que pretenden aplicar las autoridades a un
determinado proceso de selección.
62. De esta manera, es dable afirmar que la conducta omisiva de las autoridades
competentes redunda en la afectación a la validez del acto administrativo que haya sido
expedido en estas condiciones, por cuanto habrá nacido a la vida jurídica viciado de
nulidad por haber sido expedido de manera irregular al vulnerar el debido proceso y con
infracción de las normas en que debía fundarse al violentar las garantías de participación
ciudadana.
63. Como ya fue anticipado, la jurisprudencia de esta subsección ha reconocido la
irregularidad en que incurre la autoridad cuando se presentan este tipo de circunstancias.
Sin embargo, en algunos de estos pronunciamientos ha optado por abstenerse de
declarar la nulidad de los actos administrativos que adolecen los referidos vicios en razón
a la afectación que ello podría ocasionar a determinados particulares cuando el proceso
de selección ha finalizado y se han conformado las listas de elegibles13.
64. Según dicha postura, la eventual declaratoria de nulidad del acuerdo de
convocatoria de que se trate podría afectar los derechos particulares concedidos a los
ciudadanos que resultaron elegibles y para evitar tal agravio ha optado por ponderar el
principio de participación ciudadana, amparado por las reglas de procedimiento que
imponen la publicación previa de los proyectos de actos administrativos de carácter
general y el principio de eficacia de la función administrativa, que se materializa en las
listas de elegibles finalmente conformadas14.
65. Como resultado de este ejercicio ha arribado a la tesis en cuya virtud
13 Op. Cit. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 3 de junio de 2021 y 26 de
enero de 2023.
14 Ídem.
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Los actos administrativos demandados no están viciados de nulidad por expedición
irregular, toda vez que, si bien no se acreditó la publicación previa de sus proyectos de
norma para efectos de garantizar la participación ciudadana según lo prevé el numeral 8
del artículo 8 del CPACA, en la ponderación de principios enfrentados en el caso concreto
con este defecto procedimental, tiene más peso relativo el de la eficacia en la función
administrativa, que ampara el mantenimiento de la presunción de legalidad de los decretos
y el acuerdo acusados.15
66. Pues bien, resulta plausible reafirmar que la expedición de los acuerdos de
convocatoria que no hayan estado antecedidos por la publicación del respectivo proyecto
de acto administrativo es irregular. No obstante, la Sala se apartará de la tesis según la
cual, como resultado de ponderar del principio de participación ciudadana con el de
eficacia de la función administrativa, no es procedente la declaratoria de nulidad de las
actuaciones que se encuentran viciadas por la señalada irregularidad.
67. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que «el acatamiento del
precedente no debe suponer la petrificación del derecho, pues existen ciertos eventos en
los que la autoridad puede desligarse del mismo, siempre que argumente de manera
rigurosa y clara las razones por las cuales procede de ese modo» 16. Esta posibilidad,
además, pretende impedir que se anule la autonomía, independencia y única sujeción a
la ley que les asiste a los jueces conforme lo dispuesto en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política17.
68. En este contexto, esta corporación se ha referido a la procedencia de la
modificación del precedente jurisprudencial «horizontal», es decir, de aquel proveniente
de una misma autoridad judicial u otra de igual jerarquía. Sobre el particular, ha señalado
que dos jueces de igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al momento de dictar
sentencia, no obstante, de ocurrir tal disparidad, el juez que se aparta del precedente
debe ofrecer una argumentación clara, expresa, razonable, amplia y suficiente de los
motivos por los cuales modifica la postura que le antecede18. Al amparo de lo anterior,
corresponde a la Sala poner de presente las razones por las cuales se aparta de la
postura adoptada por esta subsección en oportunidades previas.
69. El criterio jurídico expuesto en líneas anteriores, en primer lugar, presenta el riesgo
de ser entendido como un aval para el desconocimiento del orden legal por parte de las
autoridades porque reconoce que la actuación se encuentra viciada de nulidad, pero
omite imponer una consecuencia jurídica; la cual no puede ser otra que la declaratoria de
15 Op. Cit. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 3 de junio de 2021.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
del 15 de diciembre de 2021, rad. núm. 54001233300020130021401. C.P. José Roberto Sáchica Méndez
17 Véanse, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 19 de febrero de 2024, rad. núm. 50001-23-31-000-2011-00116-01, C.P.
Jaime Enrique Rodríguez Navas; y Sección Cuarta, sentencia del 9 de diciembre de 2021, rad. núm. 11001-
03-15-000-2021-07366-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
18Véanse, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 14 de febrero de 2025, rad. núm. 11001031500020250029300, C.P. Fredy
Ibarra Martínez; Sección Quinta, sentencia del 29 de febrero de 2024, rad. núm. 11001-03-15-000-2023-
07456-00, C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; y Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2023, rad.
núm. 41001-23-33-000-2014-00340-02, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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invalidez del acto administrativo de que se trate. En segundo lugar, torna nugatorio el
ejercicio del control judicial sobre la actuación de la administración, habida cuenta que se
limita a hacer expresa la existencia de la irregularidad, sin desplegar las facultades que
ostenta el juez de lo contencioso administrativo para corregirla.
70. >Este escenario puede llevar a que la administración despliegue conductas
contrarias a derecho durante el trámite de expedición de los actos administrativos
proferidos en el marco de los procesos de selección de empleados públicos,
considerando que, pese al desconocimiento del ordenamiento jurídico, estos no serán
objeto de reproche ni sanción judicial si conforma la lista de elegibles de manera ágil o al
menos antes de la decisión de la autoridad judicial que se encuentra estudiando su
actuación.
71. En otras palabras, la postura de la que se aparta la Sala en esta providencia
conlleva a un incentivo indeseado para que las autoridades actúen contra derecho. Por
esta razón, resulta imperativo modificar el criterio jurisprudencial de esta subsección en
el sentido de precisar que los vicios de nulidad en cuestión afectan la validez de los actos
administrativos que los adolecen y esta realidad no puede ser subsanada ni ponderada
con ninguna otra situación jurídica particular. En esa medida, lo que procederá en el caso
que corresponda será declarar la nulidad del acto administrativo afectado.
72. Lo anterior, sin perjuicio de que se examinen los efectos que la decisión de nulidad
pueda tener sobre los derechos particulares que hayan sido reconocidos por la CNSC,
específicamente de las personas que conformaron la lista de elegibles. Para la Sala, lo
que atañe en este tipo de casos es modular en el tiempo los efectos de la decisión a
efectos de salvaguardar la solidez de los derechos particulares de quienes hicieron parte
de la lista de elegibles, en tanto se trata situaciones jurídicas consolidadas.
73. Sobre el particular, es importante resaltar que la legislación colombiana no
establece los efectos en el tiempo de los fallos que resuelven las controversias de simple
nulidad19. De manera excepcional, el ordenamiento jurídico dispone los efectos hacia el
futuro únicamente de las decisiones de nulidad que recaen sobre actos administrativos
que guardan relación con servicios públicos20, con actos de inscripción y calificación en
el Registro Único de Proponentes21, con prestaciones periódicas22 y con la
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia
no corresponda a la Corte Constitucional23. No obstante, se reitera, no existen normas
legales que establezcan los efectos de los fallos que accedan a las pretensiones en un
proceso de simple nulidad.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 20 de octubre de 2020, rad. núm. 11001-03-15-000-2020-02986-00(CA). C.P. William
Hernández Gómez.
20 Ley 142 de 1994, artículo 38.
21 Ley 1150 de 2007, artículo 6.3.
22 CPACA, numeral 1 literal c del artículo 164.
23 CPACA, inciso tercero del artículo 189.
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74. En el mismo sentido, la ley tampoco confiere a la autoridad judicial la facultad
general y expresa para determinar los efectos de la sentencia de nulidad. La única
disposición que contempla esta posibilidad es el inciso tercero del artículo 189 del
CPACA24, que dispone la potestad del juez contencioso administrativo en el marco de la
nulidad por inconstitucionalidad para disponer unos efectos en el tiempo diferentes a los
que prevé la misma norma para este medio de control.
75. A pesar de lo anterior, esta corporación ha considerado procedente extender esta
potestad al ámbito del control de legalidad de los actos administrativos de carácter
general25; entendiendo, entonces, que la autoridad judicial se encuentra plenamente
facultada para modular los efectos de las sentencias proferidas en el marco del medio de
control de simple nulidad y ello abarca las consecuencias en el tiempo de la decisión.
76. Como bien ha sido manifestado en anteriores oportunidades, esta postura emana
de la prevalencia del principio de legalidad en el ordenamiento jurídico y la consecuente
competencia del juez contencioso administrativo de ejercer control sobre las decisiones
de la administración. En otras palabras, es intrínseco a la actividad de esta autoridad
judicial determinar los efectos de sus decisiones en el marco del control que ejerce sobre
la actuación de las autoridades, en aras de salvaguardar el principio de legalidad y a la
vez atender las particularidades de cada caso concreto:
La Sala reitera que el condicionamiento de la interpretación o aplicación -en determinado
sentido- de los actos administrativos, en modo alguno es una técnica arbitraria, pues, por
una parte, es el efecto propio del principio de legalidad y, por otra, la consecuencia lógica
del papel de la jurisdicción contencioso-administrativa como fiscalizadora del ejecutivo26.
77. También es dable considerar que la facultad para determinar los efectos de las
decisiones de nulidad por inconstitucionalidad es igualmente aplicable por analogía27 a
24 Artículo 189. Efectos de la sentencia. (…) Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en
virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa
juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes. (…)
25 «Huelga manifestar, como se ha expresado en otra ocasión que si bien la práctica de modulación de los
efectos de los fallos se ha dado principalmente en el ámbito del control abstracto que ejercen los tribunales
constitucionales sobre las leyes, a fin de determinar si éstas se ajustan o no al ordenamiento superior, en
Colombia no ha sido de empleo exclusivo de la Corte Constitucional, pues el Consejo de Estado ha
procedido en múltiples ocasiones a condicionar sus fallos en desarrollo de su competencia de juez
constitucional de los actos emanados del ejecutivo. No obstante lo anterior, en su actividad reciente, esta
Corporación ha empezado a hacer extensiva esta práctica, al ámbito del control de legalidad de actos
administrativos de carácter general y por ende nada impide que los efectos jurídicos de la presente decisión
se difieran en el tiempo.» (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 6 de octubre de 2011, rad. núm. 11001-03-28-000-2010-00120-00. C.P. Alberto Yepes
Barreiro)
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 26 de marzo de 2021, rad. núm. 11001-03-15-000-2020-03743-00(CA). C.P. Guillermo
Sánchez Luque.
27 El artículo 8 de la Ley 153 de 1887 establece que «[c]uando no hay ley exactamente aplicable al caso
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina
constitucional y las reglas generales de derecho». Respecto a la interpretación por analogía, la doctrina de
esta corporación ha precisado que la interpretación por analogía de las normas está encaminada a dar
solución a los vacíos normativos que se presenta el ordenamiento jurídico y, en ese sentido, supone «(i)
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las de simple nulidad. Esto, por cuanto, primero, no existe una norma que regule de
manera general los efectos de los fallos del juez contencioso administrativo, ni de manera
específica los efectos de las decisiones de simple nulidad; segundo, ambos medios de
control están encaminados a verificar la validez de los actos administrativos de carácter
general; y, tercero, el ejercicio de control desplegado por la autoridad judicial está
encaminado a contrastar las decisiones de la administración con normas de superior
jerarquía.
78. Al amparo de lo expuesto, por regla general, la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos de carácter general tiene efectos retroactivos, de manera que la invalidez
de la actuación se remonta al momento mismo en que nació a la vida jurídica.
Excepcionalmente, esta decisión tendrá efectos únicamente a partir de la invalidación del
acto administrativo y en adelante, cuandoquiera que la determinación de la autoridad
judicial afecte situaciones jurídicas consolidadas28.
79. Esta consideración frente a los efectos en el tiempo de las decisiones judiciales
que recaen sobre este tipo de actuaciones pretende salvaguardar el debido proceso y la
seguridad jurídica de los sujetos a quienes les fueron reconocidos derechos particulares
que ya se encuentran consolidados, con fundamento en la normativa infirmada durante
el lapso en el cual se presumía su legalidad. Así las cosas, en caso de que la declaratoria
de nulidad del acto administrativo general perturbe situaciones jurídicas consolidadas, le
corresponderá a la autoridad judicial modular las consecuencias temporales de su
decisión en el sentido de otorgarle efectos únicamente hacia el futuro.
80. Con todo, se concluye que la modificación de la postura jurisprudencial de la
subsección efectuada por esta Sala, en el sentido de declarar la invalidez de los acuerdos
de convocatoria de los procesos de selección adelantados por la CNSC que se
encuentren viciados de nulidad, apunta a asegurar una verdadera garantía del orden
jurídico, respeto por parte de las autoridades de las reglas de derecho que rigen su
conducta y efectividad del control judicial de la actuación de la administración.
81. Esta determinación, de cualquier manera, conserva los derechos particulares de
las personas que a la postre hubieren conformado la respectiva lista de elegibles al
contemplar la posibilidad de modular los efectos en el tiempo de la decisión,
estableciéndolos únicamente hacia el futuro según la procedencia del caso.
Adicionalmente, la autoridad judicial podrá adoptar otro tipo de determinaciones como
exhortos e, incluso, compulsa de copias, en caso de encontrar que la actuación contraria
a derecho por parte de las entidades competentes está siendo reiterada.
un asunto o conflicto que debe resolverse; (ii) la inexistencia de una ley exactamente aplicable a ese asunto;
y (iii) una ley que regula casos o materias semejantes (no iguales) que comparten la misma razón jurídica
y, por tanto, admiten la misma solución en derecho.» (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil.
Concepto del 11 de diciembre de 2018, rad. núm. 11001-03-06-000-2018-00234-00. C.P. Edgar González
López).
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 19 de abril
de 2023, rad. núm. 68001-2331-000-2008-00558-01 (54328). C.P. Alberto Montaña Plata.
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82. Descendiendo al caso concreto, la CNSC reconoció no haber publicado el proyecto
que antecedió al Acuerdo No. 0245 de 2020 y justificó su actuar en la supuesta
inexistencia de tal obligación al considerar que las reglas invocadas por los demandantes
no le son aplicables. Por su parte, la ANSV alegó haber respetado las garantías de
participación ciudadana en el marco del proceso de selección al haber difundido por
diversos medios la publicación de la convocatoria.
83. De los argumentos y pruebas allegados por los sujetos demandados, se colige que
el proyecto de acuerdo no fue publicado con antelación a la expedición definitiva del acto
administrativo como lo imponen el inciso octavo del artículo 8 de la Ley 962 de 2005 y los
artículos 3.6 y 8.8 del CPACA. En este escenario, de conformidad con el marco jurídico
expuesto en líneas anteriores, se declarará la nulidad del Acuerdo No. 0245 del 3 de
septiembre de 2020 concertado por la CNSC y la ANSV al encontrarse viciado de nulidad
por haber sido expedido de forma irregular y con infracción de las normas en que debía
fundarse.
84. Adicionalmente, según fue manifestado por la apoderada de la CNSC en los
alegatos de conclusión y puede ser corroborado en la página web de la entidad, el
concurso público concluyó con la conformación de las listas de elegibles y consecuente
provisión de la planta de personal de la ANSV. De esta manera, también está probado
que para la fecha de la presente decisión se encuentran consolidados los derechos
particulares de las personas que fueron reconocidas como elegibles para los empleos de
carrera ofertados en el proceso de selección.
85. En razón a lo expuesto y en ejercicio de la potestad que le asiste a esta Sala para
modular los efectos en el tiempo de sus decisiones, la declaratoria de nulidad del Acuerdo
No. 0245 de 2020 únicamente tendrá efectos a partir de la fecha de ejecutoria de la
decisión y en adelante, de manera que se mantengan incólumes los derechos
particulares concedidos a las personas que finalmente conformaron la lista de aspirantes
elegibles resultante del proceso de selección. Esto último, habida cuenta que se trata de
situaciones jurídicas consolidadas.
86. Finalmente, no se puede perder de vista que esta no es la primera decisión judicial
relativa a la omisión de la publicación de los proyectos de acto administrativo que
convocan y establecen las reglas para los procesos de selección adelantados por la
CNSC en el marco de sus competencias. Tan es así, que las decisiones que constituyen
el precedente del que se está apartando esta Sala29 fueron proferidas en el marco de
procesos judiciales promovidos con ocasión al incumplimiento por parte de la CNSC de
la misma obligación de información y publicidad objeto de la presente disputa.
87. Este hecho representa un serio indicio de que la referida entidad ha venido
incumpliendo de manera reiterada la obligación que le asiste en tal sentido, aun cuando
en anteriores pronunciamientos esta subsección ha reconocido que las autoridades sí
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Op. Cit. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 3 de junio de 2021 y 26
de enero de 2023.
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tienen el deber de efectuar la publicación de sus proyectos de acto administrativo de
regulación específica con fundamento en las reglas generales de procedimiento
administrativo y en aras de garantizar la participación ciudadana.
88. Dicho esto, también se exhortará a la CNSC y a todas las demás autoridades que
convengan con aquella la realización de procesos de selección para proveer empleos de
carrera administrativa, para que, en lo sucesivo, publiquen los proyectos de acuerdo
mediante los cuales se convoca y establecen las reglas para la ejecución del respectivo
proceso, en cumplimiento de lo preceptuado en el inciso octavo del artículo 8 de la Ley
962 de 2005 y los artículos 3.6 y 8.8 del CPACA.
89. Comoquiera que las decisiones judiciales que anteceden y la presente son
posteriores a los hechos objeto de este litigio, la Sala se abstendrá de adoptar medidas
adicionales. En todo caso, de llegarse a advertir en futuras oportunidades que la CNSC
o cualquier otra autoridad continúa omitiendo la referida obligación, la Sala compulsará
copias de su decisión a la Procuraduría General de la Nación a efectos de que se
adelanten las investigaciones pertinentes que permitan establecer si los funcionarios que
suscribieron el acto administrativo de que se trate incurrieron en falta disciplinaria.
4. De la falta de participación del SINAVIAL en el proceso de expedición de la
Resolución No. 241 de 2020
90. El parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 estableció que
PARÁGRAFO 3. La administración antes de publicar el acto administrativo que adopta o
modifica el manual de funciones y competencias y su estudio técnico, en aplicación del
numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, deberá adelantar un proceso de consulta
en todas sus etapas con las organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad,
en el cual se dará conocer el alcance de la modificación o actualización, escuchando sus
observaciones e inquietudes, de lo cual se dejará constancia. Lo anterior sin perjuicio de
la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo acto
administrativo.
91. En relación con esta normativa, la Circular Externa No. 100-09-2015 del DAFP
invocó como obligación que
Las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial que
inicien procesos de rediseño institucional o modificación de la estructura interna y/o de
reforma de planta de empleos, deberán garantizar en dicho proceso la participación
efectiva de las organizaciones sindicales de la respectiva entidad, con el fin de escuchar
sus inquietudes y sugerencias sobre el particular.
92. Esta obligación fue reiterada a través de la Circular Interna No. 100-001-2020 del
DAFP, en la cual manifiesta que
La administración antes de publicar el acto administrativo que modifica el manual de
funciones y competencias laborales y su estudio técnico, deberá socializarlo con las
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organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad, dándoles a conocer el
alcance de la modificación o actualización, con el fin de recibir sus opiniones, sugerencias
o propuestas y atendiendo sus inquietudes, de lo cual se dejará constancia, esto sin
perjuicio de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo
acto administrativo de manera autónoma, en el marco del interés general.
93. De la precitada normativa se colige que todas las entidades públicas del orden
nacional y territorial que adelanten el proceso de modificación de su manual específico
de funciones y competencias laborales están obligadas a hacer partícipes de dicho
trámite a las organizaciones sindicales de la respectiva entidad. Para el efecto, deben
promoverse entornos idóneos de participación que permitan a estos grupos de servidores
exponer sus observaciones, inquietudes y sugerencias frente a las modificaciones
proyectadas.
94. Ahora bien, la expresión «en todas sus etapas» consagrada en el Decreto 1083
de 2015 no puede ser interpretada de manera explícita y absoluta por al menos dos
razones. En primer lugar, porque no todas las entidades públicas se encuentran
sometidas a iguales reglas de modificación de su planta de personal; y, en segundo lugar,
porque la misma norma salvaguarda la facultad y autonomía de la administración para
adoptar y expedir el respectivo acto administrativo.
95. De esta manera, más allá de especificar en qué escenarios y de qué manera se
debe conceder la participación a las organizaciones sindicales, la norma persigue que se
den de manera efectiva los espacios de participación en los cuales se conozca la posición
del sindicato frente a las modificaciones al manual de funciones pretendidas por la
entidad.
96. Al amparo de lo anterior, lo que corresponde en el presente caso es determinar si
la ANSV garantizó la participación del SINAVIAL durante el proceso de modificación del
manual de funciones de la entidad a efectos de permitir a esta organización sindical
manifestar observaciones, inquietudes y sugerencias frente a las modificaciones
proyectadas; o si, por el contrario, desconoció lo preceptuado en las normas en cita.
97. Para arribar a una conclusión, es necesario detenerse en el material probatorio
allegado al plenario en relación con el asunto:
• Acta de reunión celebrada entre la ANSV y el SINAVIAL el 7 de diciembre de
2020.
• Mensajes de correo electrónico relativos a la publicación del proyecto de
resolución por la cual se modifica el manual de funciones que dio lugar a la
expedición de la Resolución No. 241 de 2020.
98. Por una parte, el acta de reunión consiste en un documento aportado tanto por los
accionantes como por la ANSV denominado «ACTA PROCESO DE CONSULTA A
SINAVIAL DE PROPUESTA PARA MODIFICAR EL MANUAL ESPECÍFICO DE
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL – ANSV». Allí se indica que se celebró reunión virtual entre la entidad
y la organización sindical el día 7 de diciembre de 2020 de 9:00 A.M. a 11:06 A.M. con el
objeto de revisar la propuesta de modificación del manual de funciones que a la postre
derivó en la Resolución No. 241 de 2020.
99. Consta en el referido documento que, en el marco de esta reunión, el Coordinador
del Grupo de Gestión de Talento Humano de la ANSV presentó cada una de las
modificaciones que serían introducidas al manual de funciones de la entidad y justificó
los cambios. Frente a esta exposición, la señora Rubiela Edith Romero Pardo, quien
asistió a la reunión en representación del SINAVIAL y funge en el presente proceso como
demandante, manifestó lo siguiente
La servidora pública Rubiela Edith Romero Pardo, solicita el uso de la palabra y manifiesta
que ha sido designada por SINAVIAL para intervenir en este punto. En primer lugar,
pregunta si la Administración ya hizo el estudio y revisión para que los actuales servidores
públicos puedan concursar en los empleos que están nombrados.
En segundo lugar, manifiesta que la Agencia no le ha dado cumplimiento al Decreto 498
de 2020, porque el parágrafo 3 del artículo 4, señala que se debe adelantar un proceso
de consulta en todas sus etapas y a la organización sindical le remiten el proyecto de la
resolución de las modificaciones y los anexos que las contienen, pero no conocen el
procedimiento como se han realizado esas modificaciones, motivo por el cual solicita se
consigne en el acta, que no ha habido participación de la organización sindical SINAVIAL
en este proceso y por tanto no pueden pronunciarse en relación con algo que no conocen.
De igual manera solicita a la Agencia que se revise la manera como se está aplicando la
normativa para la modificación del manual de funciones.
En este estado de la reunión, Luz Angela Ramírez S, profesional del Grupo de Gestión de
Talento Humano, responde las preguntas de Rubiela, indicando que los 88 empleos
inscritos en la OPEC de la Agencia, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC,
incluyen los perfiles de los actuales servidores públicos de la entidad, para que se
presenten a los empleos que ocupan en la actualidad. Aclarando que los requisitos de
títulos y experiencia establecidos en el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales de la Agencia, son los señalados en el Decreto 1083 de 2015 y demás normas
vigentes.
De igual manera, responde la segunda pregunta, precisando que la Entidad ha dado
cumplimiento al numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y al artículo 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 4 del Decreto 498 de 2020, con las
siguientes actividades:
• Mediante correo electrónico del 30 de noviembre de 2020, se remitió a SINAVIAL para
su conocimiento y revisión, el proyecto de resolución por el cual se pretende modificar el
manual de funciones de la Agencia, los anexos de este, que incluyen las modificaciones
y el estudio técnico que justifica los ajustes del manual.
• Mediante oficio del 30 de noviembre de 2020, se convoca a SINAVIAL a la presente
reunión, para surtir el proceso de consulta, en el sentido de escuchar las observaciones e
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inquietudes que la organización sindical tenga a la propuesta de modificación del Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Agencia.
• Realizará la publicación en la página web de la Agencia, del proyecto de acto
administrativo por el cual se modifica el manual de funciones, los anexos al manual y el
estudio técnico, para que la ciudadanía presente los comentarios y sugerencias que
consideren. (Subrayado propio)
100. Según se desprende de los apartados transcritos, la representante de la
organización sindical manifestó la falta de participación del SINAVIAL a lo largo del
proceso de modificación del manual de funciones, frente a lo cual una funcionaria adscrita
al Grupo de Gestión Humana indicó haber remitido al sindicato el proyecto de acuerdo
con sus respectivos anexos y haber promovido la reunión de consulta que ahora estaba
siendo celebrada; asimismo, la entidad adquirió el compromiso de publicar el proyecto de
acuerdo en la página web de la entidad para consulta de todos los funcionarios.
101. En el documento objeto de estudio se evidencia que no hubo réplica por
parte de la representante del sindicato frente a la contestación a la reclamación elevada
en relación con la participación del SINAVIAL en el proceso de modificación. Este silencio
constituye un indicio claro y contundente de que la entidad sí allegó a la organización
sindical el proyecto de resolución junto con sus respectivos anexos; circunstancia que se
encuentra respaldada, además, por la asistencia de la representante de la organización
sindical a la reunión de consulta que, según lo indicó el Grupo de Gestión Humana, fue
convocada por el mismo medio y día en que se les remitió el proyecto de resolución.
102. Por otra parte, la cadena de correos electrónicos aportada por la ANSV
evidencia que, en cumplimiento de lo pactado con el SINAVIAL, el Grupo de Gestión de
Talento Humano y la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitaron al órgano
encargado de administrar su página web que publicara el proyecto de resolución con
anexos durante un período de cinco (5) días calendario que transcurrió del 10 al 14 de
diciembre. Posteriormente, el 16 de diciembre del mismo año, lo que parece ser la oficina
de tecnologías consultó si la publicación podía ser retirada, a lo cual el Grupo de Gestión
de Talento humano contestó de manera afirmativa.
103. Si bien no se conoció copia de la publicación, los correos electrónicos
allegados dan cuenta de que proyecto de resolución sí fue difundido en la página web de
la entidad con posterioridad a la reunión y antes de que se expidiera el acto administrativo
definitivo. Así las cosas, resulta factible considerar que el SINAVIAL también podía
consultar el proyecto de resolución a través de este medio y exponer cualquier comentario
o reparo que tuviera al respecto. A pesar de lo anterior, no reposa en el expediente
ninguna prueba de que la organización sindical haya manifestado las inconformidades
frente al proyecto de resolución que luego fundamentaron la presente demanda elevada
contra el acto administrativo finalmente expedido.
104. Tanto de la reunión de consulta celebrada entre la ANSV y el SINAVIAL
como de la cadena de correos electrónicos intercambiada por diversos órganos al interior
de la entidad, se concluye que la entidad sí puso en conocimiento de la organización
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sindical el proyecto de acto administrativo que derivó en la Resolución No. 241 de 2020
y promovió espacios de participación en los cuales aquella tuvo la oportunidad de exponer
sus observaciones, inquietudes o sugerencias.
105. No está probado, entonces, que la ANSV haya omitido su obligación de
garantizar la participación del SINAVIAL durante el proceso de formación y expedición de
la Resolución No. 241 de 2020 y que, en esa medida, se haya desconocido el parágrafo
3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 ni la Circular 100-09 de 2015 reiterada
por la Circular Interna No. 100-001-2020 del DAFP. En consecuencia, la Sala negará las
pretensiones de nulidad elevadas contra de la Resolución No. 241 de 2020.
Condena en costas
106. El artículo 188 del CPACA establece que no habrá condena en costas y
agencias en derecho cuando la cuestión objeto de litigio sea de interés público.
107. Esta regla es aplicable al caso concreto, en tanto la acción fue incoada en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la
general al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona. En razón a lo anterior, se prescindirá de la condena en costas en el presente
proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR la nulidad del Acuerdo No. 0245 del 3 de septiembre de 2020
concertado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Agencia Nacional de Seguridad
Vial.
SEGUNDO. ESTABLECER los efectos en el tiempo de la anterior declaratoria de nulidad
a partir de la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, respetando los derechos
adquiridos de las personas que conformaron la lista de elegibles, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la decisión.
TERCERO. EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a todas las demás
autoridades que convengan con aquella a la realización de procesos de selección para
proveer empleos de carrera administrativa, para que, en lo sucesivo, publiquen los
proyectos de acuerdo mediante los cuales se convoca y establecen las reglas para la
ejecución del respectivo proceso, en cumplimiento de lo preceptuado en el inciso octavo
del artículo 8 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 3.6 y 8.8 del CPACA.
CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
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Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y otros
QUINTO. SIN CONDENA en costas.
SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, realizar por Secretaría las anotaciones
correspondientes y archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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