Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00331-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00331-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00331-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020240033100 (4415-2024)
Demandante: Bibiana Alzate Castaño
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y municipio
de Cartago
Temas: Concurso de méritos
Decisión: Accede parcialmente a las pretensiones
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1.Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la señora Bibiana Alzate Castaño contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el municipio de Cartago.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 la señora Bibiana Alzate Castaño, actuando en nombre propio, presentó
demanda en orden a que se anulen los siguientes actos: i) Decreto 111 del 3 de
mayo de 2024, «por el cual se actualiza y adiciona el manual de requisitos, funciones
y competencias por niveles jerárquicos de la planta de empleos de la administración
central del municipio de Cartago, Valle del Cauca»; y ii) Acuerdo 115 del 26 de junio
de 2024, «por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de
selección, en la modalidad ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia
definitiva pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la planta de
personal de la Alcaldía y Secretaria de Educación del municipio de Cartago, proceso
de Selección Territorial No 2625 - Territorial 10».
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3.El demandante alegó que los actos enjuiciados vulneraron los artículos 25, 125 y
209 de la Constitución Política; 11, 12 y 31-2 de la Ley 909 de 2004; 206 de la Ley
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Demandante: Bibiana Alzate Castaño
1801 de 2016; 83 de la Ley 2294 de 2023; Ley 1409 de 2010; 2.2.6.34 del Decreto
1083 de 2015; 2.2.12.2 del Decreto 498 de 2020; Decreto 051 de 2018 y la Circular
externa 2023RS143518, expedida por la CNSC.
4.Al desarrollar el concepto de violación, la accionante planteó los siguientes
cargos:
i) El municipio de Cartago omitió socializar el manual de funciones con el
sindicato, en contravía del artículo 8 del CPACA y el Decreto 51 de 2018.
ii) «Hay un cargo de Bacterióloga como Asesora, en provisionalidad, descrito
en la página 112 del manual, lo cual quebranta la normatividad debido a que se
debe tener en cuenta a los otros profesionales de la salud, como lo plantea. El
Decreto 1083 de 2015, introduce un elemento nuevo en el manual de funciones,
como es el del Núcleo Básico de Conocimiento-NBC, agrupación de disciplinas
académicas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES), a cargo del Ministerio de Educación Nacional. El citado decreto en su
artículo 2.2.2.4.9.».
iii) En el ente territorial existe un empleo de asesor en provisionalidad de la
Subsecretaría de Cultura con el requisito de licenciado en básica primaria y NBC
de educación; sin embargo, no fue justificado determinar en esta dependencia
una profesión encaminada a la enseñanza en básica primaria, pues en atención
a las funciones esenciales del empleo éste podrá ejercerse por profesionales en
las áreas de ciencias sociales y humanas o de las ciencias económicas,
administración, contaduría y afines.
Lo anterior ocasionó que al cargo no lograra aspirar un empleado de carrera
administrativa en ascenso, ya que ninguno poseía el título de licenciatura en
educación básica.
iv) El MEFLC 2 determinó que el cargo de comisario de familia es de libre
nombramiento y remoción, pese a que en realidad es de carrera administrativa,
conforme lo prevé el artículo 83 de la Ley 2294 de 2023, además, el ente territorial
le asignó el grado 05 a pesar de que el mayor grado en el nivel profesional es el
10.
v) La convocatoria a concurso de méritos no especificó los cargos de asesores,
profesionales, técnicos o del nivel asistencial de las Comisarías de Familia que
se ofertarían.
vi) El municipio de Cartago desconoció el artículo 206 de la Ley 1801 de 2016,
ya que para el año 2024 ese ente territorial pasó a ser de segunda categoría y,
2 Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
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Demandante: Bibiana Alzate Castaño
por lo tanto, el cargo de inspector de Policía debía pertenecer al nivel profesional
y ser ejercido por un abogado; sin embargo, en el MEFCL se indicó que es del
nivel técnico.
vii) En contravía de la Ley 1409 de 2010 y de la Resolución 629 del 19 de julio
de 2018, expedida por el DAFP,3 en el municipio de Cartago no existen cargos
con perfil de profesionales, tecnólogos y técnicos en archivística.
viii) El municipio de Cartago no dio cumplimiento a las directrices de la etapa de
planeación de los procesos de selección plasmadas por la CNSC en la Circular
2023RS143518 del 27 de octubre de 2023, especialmente sobre lo siguiente: a)
el reporte de la OPEC-artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015; b)
apropiaciones presupuestales; c) modificaciones de la convocatoria antes del
inicio de la fase de inscripciones-artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015.
ix) El ente territorial ni la CNSC contemplaron la vinculación al servicio público
de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad que no acreditaran experiencia ni
tampoco se les dio prioridad a las jóvenes entre los 18 y 28 años bajo la custodia
y protección del Sistema de Bienestar Familiar. Por ello, se desconocieron los
artículos 2.2.1.5.1 y 2.2.1.5.3 del Decreto 1083 de 2015 [adicionados por el
Decreto 2365 de 2019].
1.2. Contestación de la demanda
5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento a las
siguientes razones:
i) Se proponen las siguientes excepciones: a) inepta solicitud por falta de
demanda contra el manual de funciones; b) inexistencia de causal de nulidad del
acto administrativo demandado; c) buena fe y presunción de legalidad; d)
cumplimiento de un deber legal y constitucional.
ii) Las supuestas irregularidades alegadas en el MEFCL no afectan la validez
de la convocatoria en tanto la CNSC no tiene competencia para revisar la
legalidad de los MEFCL de la institución beneficiaria del concurso ni para corregir
las posibles inconsistencias en la clasificación de empleos.
iii) La falta de inclusión de ciertos empleos en la OPEC4 es una circunstancia
sobre la que no tiene injerencia la CNSC porque es una función que recae
exclusivamente en el ente territorial, es decir, la CNSC solamente se limita a
estructurar el concurso de méritos con base en la información certificada por la
institución.
3 Departamento Administrativo de la Función Pública.
4 Oferta Pública de Empleos de Carrera.
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iv) En la etapa de planeación del certamen que se surtió desde octubre de 2021,
el municipio de Cartago reportó 90 empleos y 218 vacantes. Asimismo, el ente
territorial certificó la selección del 30% de las vacantes reportadas en la OPEC
que se proveerían en la modalidad de ascenso.
v) La CNSC no ofertó el empleo de comisario de familia mediante el Acuerdo
115 del 26 de junio de 2024, dado que el ente territorial no lo reportó en el SIMO5;
no obstante, el municipio de Cartago, a través del Decreto 225 del 31 de octubre
de 2024, modificó y ajustó la naturaleza de dicho empleo, esto es, pasó de libre
nombramiento y remoción a carrera administrativa. A su vez, la Alcaldía municipal
reportó el empleo por medio de la OPEC 228537 que se ofertará en un próximo
proceso de selección, pues como el período de inscripción culminó el 2 de
octubre de 2014 no era procedente modificar la convocatoria.
vi) Sobre la inconformidad en el empleo de bacteriología o de archivística, la
CNSC no tiene la atribución de sugerir la inclusión de disciplinas académicas o
de NBC en los perfiles de los empleos de la planta de personal.
vii) En lo concerniente al empleo de inspector de policía de 3 a 6 categoría se
aclara que en los términos de la OPEC aportada por el ente territorial se indicó
que «las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de
la información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad: ALCALDÍA DE
CARTAGO, por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún
tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada».
6.El municipio de Cartago solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda, por cuanto:
i) Se proponen las siguientes excepciones: a) falta de legitimación en la causa
por pasiva; b) pelito pendiente.
ii) La categorización del ente territorial se determinó mediante el Decreto 214
del 7 de octubre de 2014, corregido por el Decreto 218 del 15 de octubre de 2024
en el que se fijó al municipio de Cartago como de tercera categoría, en ese
sentido, el certamen respetó los parámetros de la Ley 1801 de 2016 en lo atinente
al empleo de inspector de policía que exige terminación de estudios en derecho.
iii) La naturaleza del empleo de comisario de familia es de carrera administrativa,
conforme se estipuló en el Decreto 225 del 31 de octubre de 2014, el cual se
reportó a la CNSC para proveerse por concurso de méritos.
iv) El municipio de Cartago ha cumplido con las disposiciones de archivística,
5 Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad
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pues ha contado con el apoyo y asesoría del Archivo General de la Nación, así
como por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, de manera que no es
dable inferir la vulneración de disposiciones de la profesión de archivística.
v) La planta de personal del ente territorial está integrada por el cargo de
profesional universitario, código 219, grado 01 en el cual no se exige experiencia,
éste fue provisto mediante el sistema de carrera administrativa a través de la
convocatoria 437 de 2017 llevada a cabo por la CNSC. Por lo anterior, no era
necesario ofertar el citado empleo en atención a que estaba ocupado por un
empleado de carrera administrativa.
vi) El MEFCL cumple con las necesidades del servicio al contar con los perfiles
necesarios, entre ellos, los de bacteriólogo y licenciatura en primaria para dar
cumplimiento a las metas institucionales, el plan de desarrollo municipal y los
planes de acción.
vii) La Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano a través de los
oficios 008535 del 4 de julio de 2023 y 008895 del 11 de julio de 2023 invitó a las
organizaciones sindicales a la socialización del MEFCL.
II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
7. Por auto del 25 de noviembre de 2024, esta corporación admitió la demanda.
8.A través de providencia del 25 de julio de 2025, se negó la solicitud de medida
cautelar presentada por el actor.
9. Mediante auto del 25 de julio de 2025, el despacho evidenció la posibilidad de
emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar las excepciones de inepta solicitud
por falta de demanda contra el manual de funciones y pleito pendiente; b) diferir
para el momento de dictar la sentencia correspondiente, la resolución de la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el municipio
de Cartago; c) prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem; d)
resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; e) fijar el litigio; f) correr traslado
a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y
concepto, respectivamente.
2.2. Alegatos de conclusión
10. Laparte accionante y la CNSC reiteraron los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda. La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.
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Demandante: Bibiana Alzate Castaño
2.3. Ministerio Público
11. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
12. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Cuestión previa - Falta de legitimación en la causa
13. Mediante auto del 26 de septiembre de 2025, el despacho ponente difirió para el
momento de dictar sentencia la resolución de la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, propuesta por el municipio de Cartago.
14. Al respecto, la entidad territorial aseguró que no expidió el Acuerdo 115 del 26 de
junio de 2024 y en esa medida no debía continuar interviniendo en el proceso.
15. Ahora bien, la legitimación en la causa se ha entendido como el vínculo de los
sujetos procesales frente a la pretensión, es decir, que concierne a la posibilidad de
formular u oponerse a las pretensiones de la demanda, según se trate del sujeto
activo o pasivo «con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el
proceso».6
16. En este caso se encuentra acreditado que el concurso de méritos demandado se
dirigió a proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema
general de carrera administrativa de la planta de personal de la Alcaldía y la
Secretaría de Educación del municipio de Cartago.
17. Por lo tanto, la entidad es la legitimada en la causa por pasiva para ejercer la
defensa en el presente proceso, ya que, fue la destinataria del concurso y en la
parte considerativa del Acuerdo 115 del 26 de junio de 2024 se indicó que aquella
participó en la planeación y configuración de la convocatoria.
18. En los anteriores términos, se resuelve desfavorablemente la excepción de falta
de legitimación en la causa formulada por el aludido ente territorial.
3.2. Problema jurídico
19. Lecorresponde a la Sala determinar si los actos acusados quebrantaron el
ordenamiento superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por los
accionantes.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 25 de septiembre de 2013, radicado: 25000 23 26 000
1997 5033 01 (20.420).
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Demandante: Bibiana Alzate Castaño
3.3. Texto de los actos demandados
20. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente los actos enjuiciados en
razón a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes
relevantes al sub lite, cuyo tenor es el siguiente:
DECRETO NO. 111
(03 DE MAYO DE 2024)
“Por el cual se actualiza y adiciona el manual de requisitos, funciones y competencias
laborales por niveles jerárquicos de la planta de empleos de la administración central
del municipio de Cartago, Valle del Cauca”
CONSIDERANDO:
[…]
DECRETA:
ARTÍCULO 1º: ACTUALIZAR Y ADICIONAR el Manual de Funciones, Requisitos y
Competencias Laborales para los niveles jerárquicos y empleos que conforman la
Planta de Personal de la Administración Central del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca; el cual quedará:
[…]
Denominación del empleo: Asesor
[…]
Denominación del empleo: Comisario de familia
[…]
Denominación del empleo: Inspector de Policía Categoría 3ª a 6ª
[…]
ACUERDO No. 115
26 de junio de 2024
" Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en la
modalidad Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la ALCALDÍA Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO
DE CARTAGO, Proceso de Selección No. 2625-Territorial 10”
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 7, 11,12, 29, 30 y 31 de la
Ley 909 de 2004, en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto Único Reglamentario
1083 de 2015, en los artículos 1 y 2 del Decreto 498 de 2020, numeral 21 del
artículo 3 y en el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo No. 75 de 2023, y
[…]
ACUERDA:
[…]
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Demandante: Bibiana Alzate Castaño
ARTÍCULO 1°.- CONVOCATORIA. Convocar a proceso de selección, en la
modalidad de Ascenso y Abierto, para proveer las vacantes definitivas de los empleos
referidos en el artículo 8 del presente Acuerdo, pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA Y LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CARTAGO que se identificará como "Proceso
de Selección No. 2625- Territorial 10".
PARÁGRAFO. Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de
manera detallada las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del
proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral
1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este Acuerdo y su Anexo son normas
reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto de este
como a la CNSC, a la Institución de Educación Superior que lo desarrolle y a los
participantes inscritos.
ARTÍCULO 2°.- ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. La
entidad responsable del presente proceso de selección es la CNSC, quien en virtud
de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos
o convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas "(...) con
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas
por ella para tal fin".
[…]
ARTÍCULO 8. OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN. La OPEC para este
proceso de selección es la siguiente:
[…]
PARÁGRAFO 1. La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, fue
registrada en SIMO y certificada por la ENTIDAD y es de su responsabilidad
exclusiva, así como el MEFCL que dicha Entidad envío a la CNSC, con base en el
cual se realiza este proceso de selección, según los detalles expuestos en la parte
considerativa de este Acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud,
inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación,
omisión y/o falsedad de la información del MEFCL y/o de la OPEC reportada por la
aludida Entidad, así como de las modificaciones que realice a esta información una
vez iniciada la Etapa de Inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo
que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros
por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en SIMO
por la Entidad y el referido MEFCL, prevalecerá este último. Así mismo, en caso de
presentarse diferencias entre dicho MEFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones
contenidas en la norma superior.
PARÁGRAFO 2. Es responsabilidad del Representante Legal de la Entidad informar
mediante comunicación oficial a la CNSC, antes del inicio de la Etapa de Inscripciones
de este proceso de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la
información registrada en SIMO con ocasión del ajuste del MEFCL para las vacantes
de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva planta de personal. En
todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada en SIMO los debe
realizar la misma Entidad, igualmente, antes del inicio de la referida Etapa de
Inscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNSC le
solicite por imprecisiones que llegase a identificar en la OPEC registrada. Iniciada la
Etapa de Inscripciones y hasta la culminación del Periodo de Prueba de los
posesionados en uso de las respectivas Listas de Elegibles, el Representante Legal
o cualquier otra persona de la ENTIDAD no pueden modificar la información
registrada en SIMO para este proceso de selección.
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PARÁGRAFO 3. Los ajustes a la información registrada en SIMO de los empleos
reportados en la OPEC, que la ENTIDAD solicite con posterioridad a la aprobación de
este Acuerdo y antes de que inicie la correspondiente Etapa de Inscripciones para la
modalidad de Ascenso o Abierto, los cuales no modifiquen la cantidad de empleos o
de vacantes reportadas por Nivel Jerárquico, ni ninguna otra información contenida
en los artículos del presente Acuerdo en los que se define la OPEC o las reglas que
rigen este proceso de selección, se tramitarán conforme lo establecido en el numeral
6 del artículo 14 del Acuerdo No. 75 de 2023, o en la norma que lo modifique o
sustituya.
[…]
3.4. Generalidades del sistema de carrera administrativa
21. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
22. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.
23. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.
3.5. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad
3.5.1. Falta de socialización del MEFCL con el sindicato
24. La actora señaló que el ente territorial omitió socializar el manual de funciones
con el sindicato, en contravía del artículo 8 del CPACA y el Decreto 51 de 2018.
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25. Por su parte, el CPACA reguló como principios del procedimiento administrativo,
entre otros, el debido proceso, transparencia, publicidad y participación7.
26. En ese sentido, el numeral 8 del artículo 8 del CPACA especifica el deber de las
autoridades administrativas y los particulares que ejerzan funciones públicas de
mantener informados a los ciudadanos sobre los proyectos de actos administrativos
de carácter general y abstracto que pretendan expedir en ejercicio de su potestad
regulatoria. En efecto:
Artículo 8. deber de información al público. Las autoridades deberán mantener a
disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de
atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos
y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los
siguientes aspectos:
[…]
8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten,
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el
efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones,
de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará
autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.
[…]
27. Sobre el tema, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en
concepto adoptado el 14 de septiembre de 2016 8 destacó que la expresión
«proyectos específicos de regulación» debe entenderse como toda propuesta de
acto administrativo general y abstracto que pretenda ser expedida por una autoridad
administrativa en un asunto o materia de su competencia. Sobre el punto, la
Subsección ha adoptado idéntico criterio9.
28. Es pertinente precisar que el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083
de 2015 [adicionado por el artículo 1 del Decreto 51 de 2018], norma vigente para
la fecha de expedición del Decreto 111 del 3 de mayo de 2024, «por el cual se
actualiza y adiciona el manual de requisitos, funciones y competencias por niveles
7 Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad,
coordinación, eficacia, economía y celeridad.
[…]
8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 14 de septiembre de 2016. Expediente:
11001030600020160006600 (2291). Se aclara que si bien conforme al artículo 112 del CPACA los conceptos
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no son vinculantes, salvo que la ley disponga lo
contrario, nada obsta para que, al constituir opiniones técnico jurídicas emitidas por esta Corporación en
ejercicio de la función asesora o consultiva que le asigna el artículo 237-3 superior, sirvan de apoyo en la
fundamentación de una determinada decisión judicial, no porque propiamente se le reconozca algún tipo de
obligatoriedad sino porque el funcionario encargado de administrar justicia encuentra ajustados los
razonamientos aducidos en tales conceptos.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12
de junio de 2025. Expediente: 11001-03-25-000-2021-00468-00 (2277-2021). CP Juan Camilo Morales Trujillo.
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jerárquicos de la planta de empleos de la administración central del municipio de
Cartago, Valle del Cauca», estableció lo siguiente:
Parágrafo 3. En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
las entidades deberán publicar, por el término señalado en su reglamentación, las
modificaciones o actualizaciones al manual específico de funciones y de
competencias laborales. La administración, previo a la expedición del acto
administrativo lo socializará con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin perjuicio
de la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo.
29. Teniendo en cuenta lo anterior, antes de la expedición del acto administrativo que
adopte, modifique o actualice el manual específico de funciones y competencias
laborales, la administración debe llevar a cabo un proceso de consulta con los
sindicatos, es decir, socializarlo y ponerlo en conocimiento de los sindicatos.
30. Sobre este punto, la Sala advierte que el Decreto 111 del 3 de mayo de 2024
señaló que la socialización contemplada en por el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1
del Decreto 1083 de 2015 se llevó a cabo, al respecto se indicó que «se realizó la
mencionada socialización el día 13 de julio de 2023».
31. Como prueba de que dicho acto administrativo se socializó con los sindicatos del
municipio de Cartago, la Sala observa que mediante el oficio 008532 del 4 de julio
de 202310 la secretaria de gestión administrativa y talento humano del ente territorial
invitó a los sindicatos «USDE», «SINTRAMUNICIPIO», «SINSERPUCOL»,
«SUTEV», «SINTRENAL», «SINDESCOL NORTE» para socializar el proyecto de
ajuste institucional.
32. En efecto, el oficio destacó que «con el fin de adelantar el proceso de
socialización en todas sus etapas con las organizaciones sindicales pertinentes con
relación al proceso de apoyo que adelanta la Secretaría de Gestión Administrativa
y Talento Humano en las actividades relacionadas con la elaboración del estudio
técnico para el ajuste de la planta de cargos y ajuste del Manual de Funciones y
Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Administración Central del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, me permito invitarlos (as) para el próximo
miércoles cinco (05) de julio del año en curso a las nueve de la mañana (9:00) am
en la Sala de Juntas del Despacho del Señor Alcalde». La comunicación se remitió
a los correos electrónicos11 de las asociaciones sindicales del ente territorial.12
33. La anterior invitación fue reiterada por medio del Oficio 008895 del 11 de julio de
201313 en el cual que se requirió a las organizaciones sindicales a que asistieran
10 Visto en el archivo titulado «054_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-6COMUNICACIONOFICI».
11 Usdevalle@yahoo.es, sintramunicipiocartago@gmail.com, sinserpucolcartago@hotmail.com,
sindicatosutevcartago@gmail.com, Sintrenalcartafo@hotmail.com, sindescolnorte@gmail.com.
12 Observado en el archivo titulado «056_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-8PrimeraInvitacion».
13 Visto en el archivo titulado «055_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-7COMUNICACIONOFICI».
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para el 13 de julio de la misma anualidad, comunicación que también fue enviada a
los mails de los sindicatos14.
34. En ese orden de ideas, se garantizó a los sindicatos el derecho de participación
en los términos del numeral 8 del artículo 8 del CPACA.
35. Asimismo, el municipio de Cartago acató el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 2015, en tanto determinó que la socialización del MEFCL con los
sindicatos se llevaría a cabo «sin perjuicio de la autonomía del jefe del organismo
para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo».
36. En tal sentido, la corporación ha determinado que «la administración es la
encargada de expedir el acto administrativo definitivo, debido a que tiene la
atribución legal, así como la capacidad técnica para determinar los perfiles de los
empleos, especialmente su denominación, nivel y grado; requisitos de formación
académica y experiencia para ocuparlos; deberes y funciones».15
37. En consecuencia, no está llamado a prosperar el cargo de anulación basado en
la omisión de publicación y socialización del proyecto del MEFCL.
3.5.2. Exigencia de títulos en bacteriología y licenciatura en educación básica
y omisión de convocar a profesionales en archivística
38. En primer término, la actora alegó que «hay un cargo de Bacterióloga como
Asesora, en provisionalidad, descrito en la página 112 del manual, lo cual quebranta
la normatividad debido a que se debe tener en cuenta a los otros profesionales de
la salud, como lo plantea. El Decreto 1083 de 2015, introduce un elemento nuevo
en el manual de funciones, como es el del Núcleo Básico de Conocimiento-NBC,
agrupación de disciplinas académicas en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior (SNIES), a cargo del Ministerio de Educación Nacional. El
citado decreto en su artículo 2.2.2.4.9.».
39. También, el sujeto procesal precisó que en el ente territorial existe un empleo de
asesor en provisionalidad de la Subsecretaría de Cultura con el requisito de
licenciado en básica primaria y NBC de educación; sin embargo, no fue justificado
determinar en esta dependencia una profesión encaminada a la enseñanza en
básica primaria, pues en atención a las funciones esenciales del empleo éste podrá
ejercerse por profesionales en las áreas de ciencias sociales y humanas o de las
ciencias económicas, administración, contaduría y afines.
40. En suma, la accionante considera que el cargo de asesor código 105 y grado 06
14 Observado en el archivo titulado «057_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-9SegundaInvitacion».
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de agosto de 2023, radicado: 11001-
03-25-000-2019-00098-00 (0517-2019).
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además ser ejercido por un profesional en bacteriología también podía
desempeñarse por otros profesionales en el área de salud. En similar sentido, el
empleo de asesor código 105 y grado 04 de la Subsecretaría de Cultura no
solamente puede ocuparlo una persona con licenciatura en educación sino
profesionales en las disciplinar de ciencias sociales y humanas o de las ciencias
económicas, administración, contaduría y afines.
41. Ahora bien, es pertinente destacar que el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de
2015, que la interesada estimó como vulnerado, contempla que en los MEFCL se
determinarán las disciplinas académicas o NBC para el ejercicio de empleos que
exijan como requisito el título o aprobación de estudios en educación superior; sin
embargo, la disposición es aplicable a las autoridades administrativas del orden
nacional tal como se evidencia en el artículo 2.2.2.1.1 del comentado Decreto, el
cual contempla que «el presente Título rige para los empleos públicos
pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas
Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible,
Entes Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas
al régimen de dichas empresas, del Orden Nacional».
42. Además, el MEFCL del ente territorial (Decreto 111 del 3 de mayo de 2024)
puntualizó en el artículo 3 que el acto administrativo en lo concerniente a las
funciones, requisitos y competencias específicas de los empleos se incorporaban a
éste las disposiciones vigentes sobre nomenclatura, clasificación y codificación de
los cargos, «con base en el Decreto Ley 785 de 2005 reglamentado por el Decreto
Nacional 1083 de 2015».
43. Ciertamente, dicho Decreto Ley desarrolló el sistema de nomenclatura y
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.
44. Por lo tanto, la actora no desarrolló ningún cargo de anulación que explicara la
razón por la que consideraba que el ente territorial desconoció el Decreto Ley 785
de 2005 al definir los NBC de los empleos de asesor código 105, grado 04, adscrito
a la Subsecretaría de Cultura, y de asesor código 105, grado 06, que se ubicaría en
la dependencia donde se requiriera el cargo.
45. Entonces, como la demandante no efectuó ningún ejercicio argumentativo en el
cual especificara por qué el ente territorial definió incorrectamente el NBC de los
aludidos empleos a la luz de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 785 de
2005, la Sala carece de elementos para ahondar en razonamientos.
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46. Por otra parte, la actora alegó que en contravía de la Ley 1409 de 2010, en el
municipio de Cartago no existen cargos con perfil de profesionales, tecnólogos y
técnicos en archivística.
47. Sobre el tema, el artículo 1 de la citada ley preceptuó que «se entiende por
ejercicio profesional de la archivística el desempeño laboral de profesionales, con
título legalmente expedido, en todo lo relacionado con el manejo de los archivos,
cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente en las áreas relacionadas
con el conocimiento, organización, recuperación, difusión, preservación de la
información, conservación y conformación del patrimonio documental del país».
48. En ese sentido, la regulación de ninguna manera exige que los empleos públicos
con funciones de gestión documental se provean exclusivamente con profesionales
en archivística. Al respecto, el parágrafo del artículo 2 contempló que «las
actividades que propendan por el desarrollo de la gestión documental se
complementan de manera interdisciplinaria con las tareas de reprografía,
microfilmación, digitalización, restauración, divulgación, administración e
investigación que en el marco de la función archivística pueden realizar
profesionales y técnicos de otras disciplinas según su especialidad».
49. Se resalta que el proyecto de Ley 036 de 2007-Cámara de Representantes y 225
de 2007-Senado de la República que derivaron en la Ley 1490 de 2010, el
presidente de la República objetó por inconstitucionalidad a los artículos 3,4 y 5,
objeciones declaradas infundadas por la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-239 de 2010 en los siguientes términos:
En los artículos dedicados a definir los requisitos para el ejercicio de la archivística
(artículos 3, 4 y 5), el legislador no ha desbordado sus competencias constitucionales,
pues en ellos simplemente establece los requisitos para el ejercicio de esta actividad
lo cual, dadas las características de impacto social y de complejidad que la
caracterizan, entra dentro de la órbita de sus competencias expresas, contenidas en
el artículo 26 de la Carta. Por lo demás, estos artículos, en sí mismos, no están
directamente excluyendo a otros profesionales del ejercicio de actividades
archivísticas. Se limitan a regular la pertenencia a la profesión archivística. [Resalta
la Sala].
50. De ahí que, los cargos públicos con funciones relacionadas con el archivo y
gestión documental podrán ser ejercidos por profesionales en archivística, así como
por otros profesionales en tanto no fueron excluidos del ejercicio de las funciones.
Este entendimiento, también ha sido acogido por el Consejo de Estado en anteriores
oportunidades16.
16 Consejode Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado
11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados.
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51. A su vez, en el SNIES, la disciplina académica de archivística fue clasificada en
el NBC denominado «Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas», que
pertenece al área de conocimiento «Ciencias humanas y sociales»17.
52. No obstante, la actora no desarrolló ningún ejercicio argumentativo en el cual
explicara cuáles empleos exigían el manejo de archivos o la realización de tareas
que requieran el conocimiento, organización, recuperación, difusión, preservación
de la información y conservación documental, el sujeto procesal únicamente
puntualizo que en el ente territorial no existen cargos con perfil de profesionales,
tecnólogos y técnicos en archivística.
3.5.3. Empleo de comisario de familia
53. La accionante sostuvo que el MEFLC determinó que el cargo de comisario de
familia es de libre nombramiento y remoción, pese a que en realidad es de carrera
administrativa, conforme lo prevé el artículo 83 de la Ley 2294 de 2023. Además, el
ente territorial le asignó el grado 05 a pesar de que el mayor grado en el nivel
profesional es 10.
54. Al respecto, el artículo 83 de la Ley 2294 de 2023 determinó:
Artículo 83. Sustitúyase el artículo 11 de la Ley 2126 de 2021, el cual quedará así:
Artículo 11. Naturaleza de los empleos, selección y vinculación del personal de las
comisarías de familia. Los empleos creados o que se creen para integrar el equipo de
trabajo interdisciplinario de las Comisarías de Familia, de nivel profesional, técnico o
asistencial se clasifican como empleos de carrera administrativa, para su creación y
provisión se seguirá el procedimiento señalado en la Constitución y en la ley.
El empleo de comisario y comisaria de familia será del nivel profesional en el mayor
grado dentro de la estructura de la entidad territorial a la que pertenezca, estos se
clasifican como Empleos de carrera administrativa, para su creación y provisión se
seguirá el procedimiento señalado en la Constitución y en la ley de carrera
administrativa a través de concurso de méritos desarrollado por la Comisión Nacional
del Servicio Civil. El Comisario o comisaria fungirá como jefe de despacho bajo los
principios de autonomía e independencia, como autoridad administrativa en ejercicio
de funciones jurisdiccionales.
55. En ese sentido, se infiere que la regulación contempla, entre otras cosas, lo
siguiente: i) los empleos de los equipos interdisciplinarios de las Comisarias de
Familia de los niveles profesional, técnico o asistencial son de carrera
administrativa; ii) el cargo de comisario/a de familia es del nivel profesional y de
carrera administrativa.
17 Consejode Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado
11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados.
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56. Ahora bien, el MEFCL del municipio de Cartago respecto al comentado empleo
lo identificó así: i) nivel: profesional; ii) denominación del empleo: comisario de
familia; iii) código: 202; iv) grado: 05; v) número de cargos: 01; vi) dependencia:
Comisaría de Familia: vii) naturaleza: libre nombramiento y remoción.
57. Lo anterior se encontró acorde a lo preceptuado por el artículo 11 de la Ley 2126
de 2021 que contemplaba que «el empleo de comisario y comisaria de familia será
del nivel directivo», por lo que era de libre nombramiento y remoción; sin embargo,
con la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023 el nivel y naturaleza de éste varió al
nivel profesional y se delimitó como un empleo de carrera administrativa.
58. Es cierto que el Decreto 225 del 31 de octubre de 2024 suprimió dicho empleo
de la planta de personal y en virtud de ello se creó un empleo de comisario/a de
familia con la siguiente identificación: i) nivel: profesional; ii) denominación del
empleo: comisario de familia; iii) código: 202; iv) grado: 10; v) número de cargos:
02; vi) dependencia: Comisaría de Familia: vii) naturaleza: carrera administrativa.
59. No obstante, la supresión del cargo no afecta el estudio de legalidad del MEFCL
que determinó la naturaleza del empleo de comisario/a de familia, pues tal análisis
«comprende la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir si nació
o no válido a la vida jurídica».18
60. Por lo tanto, es claro que el MEFCL desconoce el artículo 83 de la Ley 2294 de
2023 en tanto determinó que el empleo de comisario/a de familia es de libre
nombramiento y remoción.
61. En consecuencia, se declarará la nulidad parcial del Decreto 111 del 3 de mayo
de 2024 en lo referente al empleo de comisario de familia código 202, grado 10 en
el aparte que contempla a la naturaleza de éste como de libre nombramiento y
remoción.
62. Se
aclara que la irregularidad explicada no impide que sea ofertado en una
convocatoria futura.
63. Ciertamente, la CNSC precisó que el municipio de Cartago no ofertó el empleo
de comisario de familia mediante el Acuerdo 115 del 26 de junio de 2024, dado que,
el ente territorial no lo reportó en el SIMO, pues el ente territorial mediante el Decreto
225 del 31 de octubre de 2024 modificó y ajustó la naturaleza de dicho empleo, esto
es, pasó de libre nombramiento y remoción a carrera administrativa. Igualmente,
puntualizó el sujeto procesal que la Alcaldía municipal reportó el citado empleo a
través de la OPEC 228537 que se ofertará en un próximo proceso de selección en
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, radicado: 11001-03-
26-000-2016-00017-00 (56307). En igual sentido, ver sentencia de la Sala Plena del 14 de enero de 1991,
Expediente S-157.
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razón a que, como el período de inscripción culminó el 2 de octubre de 2014, no era
procedente modificar la convocatoria.
64. De otro lado, la demandante aseveró que la convocatoria a concurso de méritos
no especificó los cargos de asesores, profesionales, técnicos o del nivel asistencial
de las Comisarías de Familia que se ofertarían.
65. Es pertinente advertir que en los términos del artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083
de 2015 es competencia de las entidades públicas la elaboración de la OPEC, en
efecto, la reglamentación señala que «los jefes de personal o quienes hagan sus
veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específico
o especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta
Pública de Empleos de Carrera (OPEC) de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
con la periodicidad y lineamientos que esta establezca».
66. En ese sentido, la CNSC planea el certamen atendiendo la información certificada
por la institución beneficiaria del proceso de selección. De ahí que, el hecho de que
eventualmente existan otros empleos vacantes no reportados a la OPEC no
conduce en estricto sentido a la nulidad de la convocatoria, ya que, la determinación
de los cargos ofertados depende del reporte surtido por la entidad.
67. Además, con posterioridad en un nuevo concurso de méritos es posible ofertar
los empleos no reportados en la OPEC que no fueron ofertados en el certamen
enjuiciado19.
3.5.4. Desconocimiento de los artículos 2.2.1.5.1 y 2.2.1.5.3 del Decreto 1083
de 2015
68. La accionante manifestó que el ente territorial y la CNSC no contemplaron la
vinculación al servicio público de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad que no
acreditaran experiencia ni tampoco se les dio prioridad a las jóvenes entre los 18 y
28 años bajo la custodia y protección del Sistema de Bienestar Familiar. Por ello,
se desconocieron los artículos 2.2.1.5.1 y 2.2.1.5.3 del Decreto 1083 de 2015
[adicionados por el Decreto 2365 de 2019].
69. Al respecto, el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019 dispuso lo que enseguida se
señala:
19 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsecciones A y B: i) del 13 de julio de 2023, radicado 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020); ii) del 2
de febrero de 2023, radicado 68001-23-33-000-2015-01239-01 (1200-2018); y iii) del 7 de noviembre de 2019,
radicado 11001-03-25-000-2016-00146-00 (0658-16)].
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Artículo 196. Generación de empleo para la población joven del país. Con el fin de
generar oportunidades de empleo para la población joven del país y permitir superar
las barreras de empleabilidad de este grupo poblacional, las entidades públicas darán
prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual deberán
garantizar cuando adelanten modificaciones a su plana de personal, que el diez por
ciento (10%) de los nuevos empleos no requieran experiencia profesional, con el fin
de que sean provistos con jóvenes egresados de programas técnicos, tecnológicos y
de pregrado. Para la creación de nuevos empleos de carácter permanente del nivel
profesional, no se exigirá experiencia profesional hasta el grado once (11) y se
aplicarán las equivalencias respectivas.
[…]
Parágrafo cuarto. Para el cumplimiento en lo consagrado en el presente artículo,
tendrán prioridad los jóvenes entre los 18 y 28 años que estuvieron bajo custodia y
protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
70. A su vez, los artículos 2.2.1.5.1 y 2.2.1.5.3 del Decreto 1083 de 2015 [adicionados
por el Decreto 2365 de 2019] establecieron lo siguiente:
Artículo 2.2.1.5.1. Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto fijar los lineamientos
para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el artículo
196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los
jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar las
barreras de entrada al mercado laboral de esta población.
Artículo 2.2.1.5.3. Prioridad para los jóvenes del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar. De conformidad con el parágrafo 4 del artículo 196 de la Ley 1955 de 2019,
cuando la respectiva entidad adelante modificaciones a la planta de personal
permanente o cree una planta temporal, en el marco del presente Capitulo, se deberá
dar prioridad, en condiciones de igualdad, a los jóvenes entre los 18 y 28 años que
estuvieron bajo custodia y protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
siempre que reúnan los requisitos para el desempeñe de los cargos.
71. Ahora bien, la Sala no comparte la interpretación del sujeto procesal toda vez que
las preceptivas invocadas contemplaron la creación de medidas afirmativas de
protección a la población con edades entre los 18 a 28 años con el objeto de que,
al momento de llevarse a cabo la creación o modificaciones a la planta de personal,
el 10% de los nuevos empleos no requieran experiencia profesional. Por el contrario,
el acto administrativo enjuiciado no corresponde a la modificación de la planta de
personal del municipio de Cartago en razón a que el Decreto 111 del 3 de mayo de
2024 se limitó a actualizar y adicionar el MEFCL.
72. En efecto, cada entidad y organismo que integra la estructura del Estado cuenta
con un número determinado de empleos para cumplir sus funciones atribuidas por
el ordenamiento jurídico, su creación depende las necesidades del servicio en tanto
la definición clara de éste conduce al diseño organizacional a nivel global e implica
la definición de aspectos como la cantidad, la naturaleza y el contenido funcional de
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los empleos requeridos, con su respectiva clasificación20. Asimismo, las plantas de
personal son susceptibles de ser modificadas como consecuencia de la
modernización de la institución o las necesidades de servicio.
73. Así, el Decreto 111 del 3 de mayo de 2024 constituye la manifestación unilateral
del municipio de Cartago de actualizar y adicionar el manual de funciones aplicable
a sus empleados más no una modificación a la planta de personal del ente territorial.
Por ello, no es acertado predicar la vulneración de los artículos 2.2.1.5.1 y 2.2.1.5.3
del Decreto 1083 de 2015 [adicionados por el Decreto 2365 de 2019] porque el
municipio de Cartago no modificó ni creó una nueva planta de personal.
74. En todo caso, la CNSC en lo atinente al artículo 2.2.1.5.1 del Decreto 1083 de
2015 señaló en los considerandos del Acuerdo enjuiciado lo siguiente:
La Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidió no
realizar la Prueba de Valoración de Antecedentes para los precitados empleos,
haciendo extensiva esta decisión, en sesiones del 25 de junio y 24 de diciembre de
2020 y 27 de abril de 2021, a los empleos de los Niveles Técnico y Asistencial que no
requieren experiencia en su requisito mínimo, ofertados en otros procesos de
selección.
En correspondencia con lo anterior, el artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, "Por medio
de la cual se reglamenta el artículo 196 de la ley 1955 de 2019, se toman medidas
para fortalecer las medidas que promueven el empleo juvenil y se dictan otras
disposiciones”, se aplicará de conformidad con el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales vigente de la Entidad.
75. Asimismo, el ente territorial puntualizó en la contestación de la demanda que en
la planta de personal se encuentra el cargo de profesional universitario código 219,
grado 01 en el cual no se exige experiencia y que el empleo lo ocupa una persona
vinculada mediante el sistema de carrera administrativa, empleo provisto a través
del concurso de méritos identificado como la convocatoria 437 de 2017 que lo
desarrolló la CNSC. En ese sentido, el sujeto procesal agregó que no era posible
ofertar el empleo porque lo ocupaba el empleado de carrera administrativa.
76. Por las anteriores razones, se resuelve desfavorablemente el cargo de anulación
de vulneración de los artículos 2.2.1.5.1 y 2.2.1.5.3 del Decreto 1083 de 2015
[adicionados por el Decreto 2365 de 2019].
77. De otro lado, la demandante alegó que el municipio de Cartago no dio
cumplimiento a las directrices de la etapa de planeación de los procesos de
selección plasmadas por la CNSC en la Circular 2023RS143518 del 27 de octubre
de 2023, especialmente sobre lo siguiente: a) el reporte de la OPEC-artículo
20 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 5 de
mayo de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2019-00886-00 (6373-2019); 3 de octubre de 2022, radicado: 11001-
03-25-000-2019-00160-00 (1038-2019) y del 27 de octubre de 2022, radicado: 08001-23-31-002-2001-02601-
01 (1578-2016), entre otras.
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2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015; b) apropiaciones presupuestales; c)
modificaciones de la convocatoria antes del inicio de la fase de inscripciones-artículo
2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015.
78. Sin embargo, la Sala no ahondará en razonamientos teniendo en cuenta que la
interesada no efectuó un ejercicio argumentativo que explicara los motivos por los
que el ente territorial no cumplió el mandato del artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083
de 2015, no financió el proceso de selección o si fueron desarrolladas
modificaciones a la convocatoria antes del inicio del período de inscripciones.
79. Así las cosas, es pertinente recordar que, si bien «la jurisdicción de lo contencioso
está facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
la demanda».21
3.5.5. Vulneración del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016
80. La accionante manifestó que el municipio de Cartago desconoció el artículo 206
de la Ley 1801 de 2016, ya que para el año 2024 ese ente territorial pasó a ser de
segunda categoría y, por lo tanto, el cargo de inspector de Policía debía pertenecer
al nivel profesional y ser ejercido por un abogado; sin embargo, en el MEFCL se
indicó que es del nivel técnico.
81. El ente territorial destacó en la contestación de la demanda que el ente territorial
es de tercera categoría en virtud de lo contemplado por el Decreto 214 del 7 de
octubre de 202422.
82. Nótese que el artículo 1 del referido Decreto, corregido por el artículo 1 del
Decreto 218 del 15 de octubre de 202423 determinó que «clasificar en la categoría
tercera (3°) al Municipio de Cartago Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del año
2025».
83. Sin embargo, la Sala aclara que la categoría del ente territorial a tener en cuenta
es la vigente al momento de expedición del MEFCL contenido en el Decreto 111 del
3 de mayo de 2024, de modo que no es posible hacer el análisis con fundamento
en la categorización de la anualidad del 2025.
84. En todo caso, al plenario también se aportó el Decreto 135 del 4 octubre de
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado
1100103-25-000-2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias
proferidas por esta corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-
2018); ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de
marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136).
22 Visto en el archivo titulado «049_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-12DECRETONo214».
23 Observado en el archivo titulado «050_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-2DECRETONo218DE».
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202324 que dispuso «clasificar en la categoría segunda (2ª) al municipio de Cartago
Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del año 2024».
85. Precisado lo anterior, se advierte que, si bien a las entidades territoriales les
corresponde adoptar el MEFCL para los empleados de su planta global de personal,
lo cierto es que, en la elaboración de dicho manual deben observarse ciertos
criterios y parámetros que fijó el legislador sobre las competencias laborales y
requisitos para acceder a los empleos.
86. En ese sentido, el alcalde del municipio de Cartago estaba obligado a expedir el
manual de funciones con sujeción al Decreto Ley 785 de 2005. Conforme al artículo
18 será del nivel profesional el empleo inspector de policía urbano 2a categoría.
87. El artículo 13.2.4.1 de la regulación descrita, consagró como requisitos mínimos
y máximos para el nivel técnico, al cual está adscrito el cargo de inspector de policía
categoría 3ª a 6ª en las entidades territoriales de categoría especial, primera,
segunda y tercera, los siguientes:
Mínimo: Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por el título de formación
técnica profesional o tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del
pénsum académico de educación superior en formación profesional y
experiencia.
88. Asimismo, se advierte que el artículo 206, parágrafo 3, de la Ley 1801 de 2016
dispone que «para los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Decreto 785 de
2005, la formación profesional para el desempeño de los cargos de inspector de
policía urbano categoría especial, 1ª Categoría y 2ª Categoría, será únicamente la
de abogado, y la formación técnica para el desempeño de los cargos de inspector
de policía 3ª a 6ª categoría e inspector de policía rural requerirá la terminación y
aprobación de los estudios de la carrera de derecho».
89. En el presente asunto, se observa que se ofertó el empleo de inspector de policía
categoría 3ª a 6ª código 303, grado 09 con los siguientes requisitos de estudio y
experiencia:
Estudios Experiencia en años
Opción 1: Certificado de terminación de
Doce (12) de experiencia profesional
estudios derecho.
Opción 2: Título de tecnólogo en
Doce (12) de experiencia profesional
administración municipal.
24 Visto en el archivo titulado «013_DemandaWeb_Otros_5DECRETONo1352023FIJ».
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90. En línea con lo anterior, la CNSC en la contestación de la demanda expresó que
el municipio de Cartago comunicó la OPEC 221700 con dos vacantes de este
empleo para proveerse mediante el proceso de selección cuyo requisito de estudios
correspondió a la «terminación y aprobación del pensum académico de educación
superior de profesional en NBC: DERECHO Y AFINES» y como requisito de
experiencia «doce (12) meses de experiencia relacionada».
91. Sin embargo, como el municipio de Cartago era de segunda categoría al
momento de expedición del Decreto 111 del 3 de mayo de 2024, el cargo de la
planta de personal precedente era el de inspector de policía urbano 2ª y no el de
inspector de policía 3ª a 6ª, pues de acuerdo con las disposiciones señaladas, el
requisito de formación académica del empleo de inspector de policía urbano 2ª
consistía en tener título de abogado y no certificado de terminación de estudios en
derecho como lo determinó el MEFCL y la OPEC 221700.
92. Por lo tanto, se declarará la nulidad parcial del Decreto 111 del 3 de mayo de
2024 en lo referente al empleo de inspector de policía categoría 3ª a 6ª código 303,
grado 09 y la nulidad parcial del Acuerdo 115 del 26 de junio de 2024 únicamente
en lo relativo a la OPEC 221700 (inspector de policía 3ª a 6ª categoría), por cuanto
desconoció la normas en que debería fundamentarse al ofertar un empleo de nivel
técnico cuando por la categorización del ente territorial correspondía a un empleo
de nivel profesional.
93. Ahora bien, es necesario diferir los efectos de la nulidad parcial del Decreto 111
del 3 de mayo de 2024, para lo cual se otorgará un término razonable de seis meses,
dentro de los cuales el municipio de Cartago deberá expedir, con el cumplimiento
de los requisitos legales, un acto administrativo con la modificación del empleo de
inspector de policía 3ª a 6ª categoría en el MEFCL del ente territorial, siempre y
cuando para la fecha de expedición de esta sentencia no se hubiera proferido un
MEFCL ajustado a derecho y en atención a la categorización del ente territorial al
momento en que se expida el acto administrativo.
94. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,25 los efectos de la nulidad
declarada en la presente providencia son de carácter ex tunc, es decir, retroactivos.
Sin embargo, téngase en cuenta que el Decreto 111 del 3 de mayo de 2024 y el
Acuerdo 115 del 26 de junio de 2024 se presumieron válidos desde su expedición.
En dicho intervalo produjeron efectos y tuvieron la potencialidad de crear, modificar
o extinguir situaciones jurídicas particulares y concretas que, estando consolidadas,
por lo que no pueden alterarse en virtud de este pronunciamiento.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 4
de julio de 2019. Expediente. 11001-03-25-000-2013-00369-00 (0793-2013) CP William Hernández Gómez,
igualmente, la sentencia con fecha de 27 de abril de 2017. Expediente: 11001-03-25-000-2013-01087-00 (2512-
2013) CP Sandra Lisset Ibarra Vélez. Así mismo, el fallo T-121/16 de la Corte Constitucional, MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
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95. Así las cosas, en razón del principio de seguridad jurídica, la nulidad de los actos
administrativos mencionados sólo puede afectar situaciones jurídicas no
consolidadas, es decir, aquellas que al momento de proferirse el fallo se debatían o
son susceptibles de debatirse ante la entidad estatal o la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, siempre y cuando al momento de la provisión del
empleo de inspector de policía 3ª a 6ª categoría, la categoría del municipio de
Cartago sea igual o superior a tercera en razón a que la decisión judicial no ampara
situaciones jurídicas de empleados públicos que ejerzan funciones sin cumplir con
los requisitos establecidos por el legislador.
3.6. Condena en costas
96. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
97. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Declarar la nulidad parcial del Decreto 111 del 3 de mayo de 2024 «por
el cual se actualiza y adiciona el manual de requisitos, funciones y competencias
por niveles jerárquicos de la planta de empleos de la administración central del
municipio de Cartago, Valle del Cauca», en lo concerniente a los siguientes
empleos: i) inspector de policía categoría 3ª a 6ª código 303, grado 09; y ii) comisario
de familia código 202, grado 10, pero solamente en el aparte en que indica que su
naturaleza es de libre nombramiento y remoción, conforme a lo expuesto en el
acápite de consideraciones de esta sentencia.
La declaración de nulidad del acto administrativo únicamente tendrá efectos a partir
de los seis meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, término dentro del
cual el municipio de Cartago deberá expedir, con el cumplimiento de los requisitos
legales, un acto administrativo con la modificación del empleo de inspector de
policía 3ª a 6ª categoría en el MEFCL del ente territorial, siempre y cuando para la
fecha de expedición de esta sentencia no se hubiera proferido un MEFCL ajustado
a derecho y en atención a la categorización del ente territorial al momento en que
se expida el acto administrativo.
Segundo. Declarar la nulidad parcial del Acuerdo 115 del 26 de junio de 2024 en
lo que respecta a la OPEC 221700 (inspector de policía 3ª a 6ª categoría), de
acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta decisión.
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Tercero. La presente decisión sólo puede afectar situaciones jurídicas no
consolidadas, es decir, aquellas que al momento de proferirse el fallo se debatían o
son susceptibles de debatirse ante la entidad estatal o la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, siempre y cuando al momento de la provisión del
empleo de inspector de policía 3ª a 6ª categoría, la categoría del municipio de
Cartago sea igual o superior a tercera, por las razones expuestas en las
consideraciones de esta providencia.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA.
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