Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00886-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00886-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00886-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., cinco (05) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00886-00 (6373-2019)
Demandante: JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y ALCALDÍA DE
YOPAL
Temas: Proceso de selección por mérito Alcaldía de Yopal, Casanare. Convocatoria 1066
de 2019, Territorial 2019.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-005-2022
1. ASUNTO
La Sala de Subsección dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el
proceso judicial de la referencia, tramitado en virtud del medio de control de nulidad
de que trata el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, CPACA.
2. DEMANDA1
El señor Jairo Bossuet Pérez Barrera, en nombre propio y en ejercicio del medio de
control de nulidad, presentó demanda en contra de la Comisión Nacional del
Servicio Civil y de la Alcaldía de Yopal.
• Pretensión
Se declare la nulidad del Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de marzo de 2019,
proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, «Por el cual se convoca y se
establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la Alcaldía de Yopal (CASANARE) - Convocatoria No. 1066 de 2019-
TERRITORIAL 2019”».
1
Folios 1 a 20 del cuaderno principal, expediente físico. La demanda fue admitida mediante auto
del 14 de enero de 2020 (folio 36 y 37, ib.).
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2019) Demandante: Jairo Bossuet Pérez Barrera
• Normas violadas y concepto de violación
El demandante estimó vulnerados el preámbulo y los artículos 2, 13, 29, 125 y
209 de la Constitución Política; el artículo 7 de la Ley 1409 de 2010; el 9 de la
Ley 1006 de 2006; el 263 de la Ley 1955 de 2019; y el 2 de la Ley 1960 de 2019,
que modificó el artículo 29 de la Ley 909 de 2004.
En su criterio, el Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de marzo de 2019
incurrió en la causal de infracción de las normas superiores en que debía
fundarse, por las razones que se sintetizan a continuación:
(i) Desconocimiento del artículo 7 de la Ley 1409 de 2010. En criterio del señor
Jairo Bossuet Pérez Barrera, dicha norma obliga a que la Oferta Pública de
Empleos contemple cargos para profesionales en archivo.
(ii) Desconocimiento del artículo 9 de la Ley 1006 de 2006. Esto porque, según
indicó el demandante, aun cuando la norma exige incluir en los manuales de
funciones la profesión de administrador público, el acuerdo enjuiciado no la
consagró.
(iii) Desconocimiento del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019. El demandante
afirmó que el acto acusado infringió el derecho que tenían los servidores
provisionales que se encontraban en condiciones especiales y que iban a ser
desvinculados con ocasión del concurso de méritos, al no estipular ninguna
acción afirmativa tendente a lograr su reubicación en otros empleos vacantes o
a que su retiro se produjera en último lugar.
(iv) Desconocimiento del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019. El señalamiento
efectuado en este sentido, indica que a pesar de que la norma exige que el 30%
de las vacantes a proveer sea convocado a concurso de ascenso, este mandato
no se cumplió pues el 100% de los empleos en vacancia fueron incluidos en el
concurso abierto de ingreso.
3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Alcaldía de Yopal2
La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda al
considerar que, como el Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de marzo de
2019 se expidió con fundamento en el artículo 130 Superior, contiene una
decisión autónoma de la administración que prevé las directrices y parámetros
2
Folios 51 a 55 del cuaderno principal, expediente físico.
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dentro de los cuales debe desarrollarse el concurso de méritos en todas sus
etapas.
Seguidamente, afirmó que la presunción de legalidad del acto demandado debe
ser confirmada en virtud de la competencia que le asistía a la Comisión Nacional
del Servicio Civil para dictarlo y puesto que su vigencia, contenido y objeto se
ajustan a la Constitución Política y a la ley, sin que sea factible evidenciar algún
vicio de los señalados en el artículo 137 del CPACA.
De otro lado, formuló la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda
por falta de requisitos formales, la que, a su juicio, se configuró al haberse
obviado el requisito de explicar el concepto de violación de las normas que se
invocaron como infringidas.
Comisión Nacional del Servicio Civil3
A pesar de que la CNSC manifestó contestar la demanda, el escrito se estructuró
partiendo de la premisa errada de que el acto administrativo demandado es la
Circular Conjunta 2019100000017 de 18 de junio de 2019, proferida por dicha
entidad y por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En tales
condiciones, la demanda se tendrá por no contestada.
4. TRÁMITE PROCESAL Y FIJACIÓN DEL LITIGIO
La excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda que formuló la Alcaldía
de Yopal se declaró no probada mediante auto del 12 de marzo de 20214.
Posteriormente, por medio de auto del 17 de junio del mismo año5 y en aplicación
del artículo 182A del CPACA, el despacho sustanciador advirtió la procedencia
de dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial. Por consiguiente,
procedió a pronunciarse sobre las pruebas solicitadas por las partes, previa
fijación del litigio en los siguientes términos:
[…] Del análisis de la demanda, el despacho, provisionalmente, fija el
siguiente problema jurídico:
¿El Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de marzo de 2019, proferido por
la Comisión Nacional del Servicio Civil, incurrió en la causal de infracción de
las normas superiores en que debía fundarse por desconocimiento:
1.1. del artículo 7 de la Ley 1409 de 2010, al no haber incluido en la OPEC
cargos a los que pudieran aspirar profesionales en archivística?
3
Índice 31 del expediente electrónico.
4
Índice 34 ib.
5
Índice 40 ib.
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2019) Demandante: Jairo Bossuet Pérez Barrera
1.2. del artículo 9 de la Ley 1006 de 2006, al no haber incluido en la OPEC
cargos a los que pudieran aspirar profesionales en administración pública?
1.3. del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, al no haber previsto en la
regulación del concurso de méritos acciones afirmativas para los empleados
del municipio de Yopal que ocupaban cargos en provisionalidad y que
gozaban de retén social o que eran sujetos de especial protección?
1.4. del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, al no haber convocado a
concurso de ascenso el 30% de las vacantes a proveer? […]
En auto del 6 de agosto de 2021, se dispuso correr traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión por escrito6.
5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante7
El señor Jairo Bossuet Pérez Barrera solicitó que se acceda a la súplica de la
demanda. Con tal fin, reiteró los argumentos que expuso en dicho acto procesal.
Alcaldía de Yopal8
La entidad rectificó su postura para, en cambio, sostener que se debe acceder a
la pretensión de nulidad. Sobre el particular, indicó que en varios procesos
judiciales en los que se ha venido discutiendo la legalidad del concurso de méritos
que reguló el Acuerdo 20191000000626 del 4 de marzo de 2019, la posición de
la entidad ha sido la de allanarse a las pretensiones, con fundamento en el
concepto emitido el 19 de agosto de 2016 por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado y en algunos oficios suscritos por el alcalde, en los que
este habría solicitado la suspensión temporal del proceso de selección mientras
se efectuaban ajustes de tipo presupuestal, así como en la planta de personal y
en el manual de funciones.
Comisión Nacional del Servicio Civil9
La entidad precisó que la demanda no está llamada a prosperar toda vez que el
Acuerdo CNSC 20191000000626 del 4 de marzo de 2019 se expidió con el lleno
de los requisitos legales y luego de agotarse en debida forma los procedimientos
de planeación con la entidad territorial, socialización con los interesados y
publicación.
6
Índice 45 del expediente electrónico. El término para alegar de conclusión corrió entre el 30 de
agosto y el 10 de septiembre de 2021.
7
Índice 52 ib.
8
Índice 50 ib.
9
Índice 51 ib.
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En ese sentido, explicó que el desarrollo de la Convocatoria 1066 de 2019,
Territorial 2019, demuestra que hubo concurrencia, participación y coordinación
interinstitucional. De manera específica, se refirió a la etapa de planeación surtida
con la Alcaldía de Yopal, indicando que esta entidad remitió la OPEC certificada
compuesta por 179 empleos con 311 vacantes, según Oficio 20196000073822
del 24 de enero de 2019, suscrito por su representante legal y la jefe de talento
humano. Sostuvo que, posteriormente, la autoridad territorial reportó 177
empleos con 313 vacantes, modificación que se produjo dentro del tiempo
legalmente exigido, esto es, con anterioridad a las inscripciones, las cuales
iniciaron el 2 de diciembre de 2019.
Frente a los señalamientos que formuló el demandante relacionados con las
exigencias de títulos de archivistas o de administrador público, afirmó que se trata
de requisitos que deben definir las beneficiarias del concurso a través de sus
manuales de funciones, en los que han de plasmar los núcleos básicos de
conocimiento o profesiones que en su formación incluyan los contenidos
necesarios para la ejecución de las funciones propias de cada empleo. Precisó
que las entidades públicas gozan de total autonomía para cumplir dicho
cometido, así como para definir lo correspondiente al manejo de su planta de
personal y a la provisión de sus vacantes, de conformidad con la ley.
En línea con ello, adujo que a la CNSC no le compete ni le es permitido
coadministrar la gestión del talento humano de aquellas entidades, debiendo
limitarse a vigilar sus actuaciones para garantizar que se respeten las normas
que regulan la carrera administrativa.
En todo caso, negó que la Alcaldía de Yopal no hubiera reconocido como válida
la profesión de archivista, ya que esta se encuentra incluida en el núcleo básico
de conocimiento de «Bibliotecología, Otros de ciencias sociales y humanas»,
contemplado en la OPEC 76076, última que además contempló la exigencia de
la tarjeta profesional cuando se requiera, lo que resulta acorde con lo dispuesto
en la Ley 1409 de 2010.
En similar sentido, respecto del título de profesional en administración pública,
señaló que fue incluido por la entidad, en la OPEC, para varios empleos cuyos
perfiles requieren el núcleo básico de conocimiento de administración o afines.
De otro lado, la CNSC se opuso a que las Leyes 1955 y 1960 de 2019 sirvieran
de referente para enjuiciar la validez del acto administrativo acusado pues ambas
fueron expedidas y entraron a regir con posterioridad al 12 de febrero de 2019,
fecha en la que la Sala Plena de la entidad aprobó convocar al proceso de
selección motivo de controversia.
Finalmente, sostuvo que en la actualidad el proceso de selección por mérito se
encuentra en la etapa de valoración de antecedentes, cuyos resultados se
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publicaron el 20 de agosto de 2021, quedando por surtir la etapa de conformación
de listas de elegibles.
6. MINISTERIO PÚBLICO10
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado se abstuvo de
emitir concepto.
7. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia
De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los
artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201911, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para dictar la
sentencia de única instancia que en derecho corresponde.
7.2. Anotación preliminar
Antes de abordar los problemas jurídicos que deben ser resueltos por la Sala, es
importante detenerse en la manifestación que realizó la Alcaldía de Yopal en sus
alegatos. Esto con el fin de sentar dos conclusiones de suma relevancia.
La primera, consiste en que la solicitud de la entidad para que se acceda a la
declaratoria de nulidad que suplicó el señor Jairo Bossuet Pérez Barrera no
puede tenerse como un allanamiento a la pretensión de la demanda con los
efectos que le son propios pues el carácter dispositivo de dicho acto procesal
resulta incompatible con la naturaleza del medio de control de nulidad simple, en
el que lo que interesa es el estudio de la validez abstracta del ordenamiento
jurídico, sin que de allí pueda derivarse el resarcimiento o la protección de
derechos subjetivos o intereses particulares.
En efecto, si se entiende el allanamiento como la manifestación de voluntad
emitida por quien es demandado en un proceso para someterse o aceptar las
súplicas formuladas por el demandante, resulta plausible afirmar que el
presupuesto esencial para que emerja dicha facultad es que el sujeto procesal
goce de capacidad de decisión respecto del objeto de la pretensión. De allí que,
según el artículo 176 del CPACA, el primer requisito para que una entidad pública
pueda allanarse a la demanda consiste en que «[…] la pretensión comprenda
aspectos que por su naturaleza son conciliables […]».
10
Constancia Secretarial del 22 de octubre de 2021, folio 94 del expediente físico.
11
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Dado que los asuntos que se controvierten a través del medio de control que
consagra el artículo 137 ibidem son de interés público, las resultas de la
controversia conciernen a toda la comunidad. Por ende, luego de formulada la
demanda, no es procedente que las partes desplieguen actos de disposición
como el allanamiento, la transacción o el desistimiento. En ese sentido, esta
Corporación ha señalado que:
[…] cuando un ciudadano activa el aparato judicial para demandar la nulidad
de un acto administrativo general, no es procedente que posteriormente
desista de las pretensiones de esa demanda, precisamente por ser un
asunto de interés público que afecta a toda la comunidad. No se trata de
pretensiones privadas a las que se pueda renunciar, pues si bien es un
particular quien ejerce la acción, una vez promovida no puede disponer de
las pretensiones inicialmente formuladas con las cuales se busca
salvaguardar el ordenamiento jurídico y garantizar intereses generales
[…]12-13.
Aunque en dicha oportunidad se estudiaba la procedencia del desistimiento en
una acción de nulidad, las consideraciones efectuadas tienen igual vigencia tanto
para el allanamiento, por ser un acto procesal dispositivo, como para aquel medio
de control al amparo del CPACA.
En segundo lugar, es importante explicar que el argumento que expuso la
Alcaldía de Yopal sobre una presunta falta de coordinación y planeación entre la
CNSC y la entidad territorial de cara al desarrollo del concurso de méritos, resulta
ajeno a los cargos de nulidad que formuló el demandante y al litigio que fijó el
despacho sustanciador mediante auto del 17 de junio de 2021, providencia que
no fue objeto de recurso alguno. En ese sentido, no puede pretender esa Alcaldía,
en calidad de demandada y a través de sus alegatos de conclusión, que se
incluyan en el estudio de legalidad respectivo señalamientos que resultan
extraños al debate que hasta entonces se ha venido surtiendo en el presente
juicio, pues ello desconocería la estructura misma del trámite procesal y resultaría
violatorio del derecho de defensa de las demás partes.
En síntesis, los alegatos de conclusión presentados por la Alcaldía de Yopal no
pueden hacer las veces de allanamiento a las pretensiones de la demanda, como
tampoco pueden modificar el objeto de la controversia para ampliar su espectro
con reproches ajenos a la demanda y a los problemas jurídicos que se
estructuraron en la oportunidad procesal correspondiente.
12
Auto de 3 de junio de 2011, Rad. 2008-00124-00.
13
Auto del 19 de diciembre de 2013 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Radicado: 2500023270002009 0005501. En similar sentido puede consultarse el auto del 26 de
abril de 2018, proferido por la Sección Segunda, Subsección A en el proceso
11001032500020150027700.
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2019) Demandante: Jairo Bossuet Pérez Barrera
7.3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la fijación de litigio realizada en auto del 17 de junio de 202114,
corresponde a esta Sala responder los siguientes interrogantes:
¿El Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de marzo de 2019, proferido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, incurrió en la causal de infracción de las
normas superiores en que debía fundarse por desconocimiento:
(i) del artículo 7 de la Ley 1409 de 2010, al no haber incluido en la OPEC
cargos a los que pudieran aspirar profesionales en archivística?
(ii) del artículo 9 de la Ley 1006 de 2006, al no haber incluido en la OPEC
cargos a los que pudieran aspirar profesionales en administración pública?
(iii) del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, al no haber previsto en la
regulación del concurso de méritos acciones afirmativas para los
empleados del municipio de Yopal que ocupaban cargos en
provisionalidad y que gozaban de retén social o que eran sujetos de
especial protección?
(iv) del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, al no haber convocado a concurso
de ascenso el 30% de las vacantes a proveer?
Por razones metodológicas, la Sala agrupará los interrogantes que pueden
resolverse con apoyo en un mismo marco teórico para abordar su estudio de
manera conjunta, así:
Primer y segundo problemas jurídicos
¿El Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de marzo de 2019, proferido por
la Comisión Nacional del Servicio Civil, incurrió en la causal de infracción de
las normas superiores en que debía fundarse por desconocimiento:
(i) del artículo 7 de la Ley 1409 de 2010, al no haber incluido en la OPEC
cargos a los que pudieran aspirar profesionales en archivística?
(ii) del artículo 9 de la Ley 1006 de 2006, al no haber incluido en la OPEC
cargos a los que pudieran aspirar profesionales en administración pública?
En aras de responder dichos cuestionamientos y de esta manera solventar el
problema jurídico establecido, la Sala abordará el estudio, en el siguiente orden
metodológico, de los ítems: (i) manual de funciones y competencias laborales; (ii)
14
Índice 40 del expediente electrónico.
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requisitos de formación académica; (iii) oferta pública de empleos de carrera; y
(iv) caso concreto.
Ø Manual de funciones y competencias laborales
Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos a
través de los cuales satisface los fines y las funciones que le han sido atribuidas
desde el ordenamiento jurídico. Este concepto responde a lo que, en materia de
función pública, se conoce como planta de personal. El factor concluyente en su
creación está dado por las necesidades del servicio ya que la definición clara de
estas permite el diseño de la estructura organizacional a nivel global, lo que
conduce a decidir aspectos como la cantidad, la naturaleza y el contenido
funcional de los empleos requeridos, con su respectiva clasificación.
En esos términos, por planta de personal puede entenderse la determinación,
tanto cualitativa como cuantitativa, de los empleos públicos que integran una
entidad estatal a efectos de lograr el cumplimiento de los fines constitucionales y
legales a los que responde su creación y funcionamiento. La consagración
constitucional de esta noción y las características básicas del empleo público se
encuentran en los artículos 122, inciso 1.º, y 125, inciso 3, en los que puede
leerse:
[…] ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones
detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado
se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus
emolumentos en el presupuesto correspondiente […]
ARTÍCULO 125 […] El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los
mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que
fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes […]
La noción de empleo público fue desarrollada en la Ley 909 de 2004, cuyo
artículo 19 caracteriza esta figura como el «núcleo básico de la estructura de la
función pública», entendiendo que se trata tanto del conjunto de funciones,
tareas y responsabilidades asignadas a una persona, como de las competencias
necesarias para ejercerlas, todo lo cual debe propender por un fin último que es
la realización de los planes de desarrollo y de los fines estatales15.
Asimismo, la norma en cuestión dispone que el diseño de cada empleo debe
contener:
a) La descripción del contenido funcional de manera tal que se puedan
identificar claramente las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
15
Esta definición es replicada en el artículo 2 del Decreto Ley 770 de 2005, «Por el cual se
establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos
correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden
Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004».
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b) El perfil de competencias necesarias para ocupar el cargo, lo que
comprende la definición de los requisitos de estudio y experiencia, y todos
aquellos otros exigidos para ingresar al servicio. De acuerdo con el artículo
19 ibidem, «[…] En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con
las exigencias funcionales del contenido del empleo […]».
c) La duración del empleo cuando sea temporal.
Tal es el fundamento normativo para que en las entidades públicas se disponga
de un manual de funciones y competencias laborales, el cual puede ser
entendido como una herramienta de gestión del empleo que establece las
responsabilidades, labores y facultades propias de cada cargo que compone la
planta de personal, al igual que las exigencias para su desempeño, las cuales
están referidas a conocimientos, experiencia y otros factores con los que se
miden las aptitudes requeridas para ocupar un determinado empleo.
Por su parte, el artículo 2016 de la referida ley admite que mediante decreto se
disponga las agrupaciones de empleos que tengan semejanzas respecto de la
naturaleza general de sus funciones, responsabilidades, con requerimientos de
conocimientos y competencias comunes, en los que denomina cuadros
funcionales de empleos. La finalidad de esta medida está dada por la
optimización de la gestión de recurso humano; la posibilidad de llevar a cabo el
acceso, el ascenso, la retribución y la capacitación, así como de cubrir plazas de
uno o varios organismos, en función de los requisitos que se exijan.
Visto lo anterior, es importante señalar que, a través del Decreto 1083 del 26 de
mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública, que conforme a su artículo 2 es aplicable a todas las
entidades de la rama ejecutiva del poder público, «[…] de acuerdo con la
determinación específica que se haga en cada Título de la Parte 2 […]».
Ahora bien, en cuanto al manual específico de funciones y competencias
laborales, el artículo 2.2.2.6.1. ejusdem contempló lo siguiente:
[…] ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los
cuales se refiere el presente Título expedirán el manual específico de
funciones y de competencias laborales describiendo las funciones que
correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los
requisitos exigidos para su ejercicio.
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título.
16
De la Ley 909 de 2004.
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2019) Demandante: Jairo Bossuet Pérez Barrera
Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada
organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración,
actualización, modificación o adición del manual de funciones y de
competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí
previstas […] (Subrayas fuera del texto original)
Es de anotar que el parágrafo 2 de la norma en mención dispone que el
Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la asesoría técnica
necesaria, además de señalar las pautas e instrucciones para la adopción,
adición, modificación o actualización de los manuales específicos.
Ahora bien, el Título 3 de la Parte 2 del Decreto 1083 de 2015 se ocupó de regular
lo relativo a los requisitos generales para los empleos públicos de «[…] los
organismos y entidades del nivel territorial que se rigen en materia de
nomenclatura, clasificación de empleos, de funciones y de requisitos generales
por lo previsto en el Decreto Ley 785 de 2005 […]».
Este último decreto ley, en su artículo 13, asigna la competencia para la
expedición del referido manual a cada entidad territorial cuando señala que «[…]
De acuerdo con la categorización establecida para los Departamentos, Distritos
y Municipios y de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno
Nacional, las autoridades territoriales deberán fijar en los respectivos manuales
específicos las competencias laborales y los requisitos […]».
En el caso de los gobernadores y alcaldes, la atribución de expedir dichos
manuales está consagrada directamente en la Constitución Política, que,
respectivamente en sus artículos 305 numeral 7 y 315 numeral 7, establece en
cabeza de dichos mandatarios la función de «[…] Crear, suprimir y fusionar los
empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus
emolumentos […]».
Visto lo anterior, es importante señalar que, tanto para las entidades del orden
nacional17 como para aquellas del orden territorial18, el contenido mínimo del
manual específico de funciones y competencias laborales es el siguiente: 1) la
identificación y ubicación del empleo; 2) el contenido funcional, dentro del cual
debe señalarse el propósito y la descripción de funciones esenciales del
empleo19; 3) los conocimientos básicos o esenciales y 4) los requisitos de
formación académica y de experiencia.
17
Artículo 2.2.2.6.2, Decreto 1083 de 2015.
18
Artículo 2.2.3.8, Decreto 1083 de 2015.
19
En este punto es importante señalar que existen unas funciones esenciales y generales de los
empleos atendiendo al nivel jerárquico al que pertenezcan. Su descripción en el respectivo
manual específico de funciones y competencias laborales debe efectuarse teniendo en cuenta
las funciones descritas en título correspondiente del Decreto 1083 de 2015, según lo dispone su
artículo 2.2.2.2.6.
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Ø Requisitos de formación académica
Para lo que se discute en el presente proceso, interesa destacar que los
requisitos de formación académica se encuentran concebidos a partir de tres
conceptos fundamentales que son (i) las áreas de conocimiento, (ii) los núcleos
básicos de conocimiento y (ii) la disciplina académica o campo de estudio.
Un área de conocimiento consiste en la agrupación de programas académicos
que tienen cierta afinidad en sus contenidos, en campos específicos del
conocimiento o en campos de acción de la educación superior cuyos propósitos
de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones,
profesiones y disciplinas. Por su parte, los núcleos básicos del conocimiento
dividen o clasifican las áreas del conocimiento en sus campos, disciplinas o
profesiones esenciales. Las áreas de conocimiento son 8 y los núcleos básicos
de conocimiento 5520, según se detalla en el siguiente recuadro:
AREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO
AGRONOMÍA, VETERINARIA Y Agronomía
AFINES Medicina Veterinaria
Zootecnia
BELLAS ARTES Artes Plásticas Visuales y afines
Artes Representativas
Diseño
Música
Otros Programas Asociados a Bellas Artes
Publicidad y Afines
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Educación
CIENCIAS DE LA SALUD Bacteriología
Enfermería
Instrumentación Quirúrgica
Medicina
Nutrición y Dietética
Odontología
Optometría, Otros Programas de Ciencias
de la Salud
Salud Pública
Terapias
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Antropología, Artes Liberales
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y
Humanas
Ciencia Política, Relaciones Internacionales
Comunicación Social, Periodismo y Afines
20
Es importante señalar que, a partir del 1.º de enero de 2020, el Ministerio de Educción Nacional
adoptó la nueva clasificación internacional normalizada para educación - CINE F 2013 AC. Esta
última remplazó la clasificación de área de conocimiento y núcleo básico de conocimiento. Desde
entonces, a los programas con registro calificado nuevo o a los que surtan el proceso de
renovación, se les asigna la nueva clasificación. En cualquier caso, los que nacieron con la
anterior clasificación, se pueden observar en la consulta pública del SNIES con ambas
clasificaciones.
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Deportes, Educación Física y Recreación
Derecho y Afines
Filosofía, Teología y Afines
Formación Relacionada con el Campo Militar
o Policial
Geografía, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y
Afines
Psicología
Sociología, Trabajo Social y Afines
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, Administración
CONTADURÍA Y AFINES Contaduría Pública
Economía
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, Arquitectura y Afines
URBANISMO Y AFINES Ingeniería Administrativa y Afines
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingeniería Biomédica y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Ingeniería Eléctrica y Afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones
y Afines
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica y Afines
Ingeniería Química y Afines
Otras Ingenierías
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS Biología, Microbiología y Afines
NATURALES Física
Geología, Otros Programas de Ciencias
Naturales
Matemáticas, Estadística y Afines
Química y Afines
Finalmente, la disciplina académica o un campo de estudio es una rama del
conocimiento pensado o investigado en una escuela superior, un centro de
estudios o una universidad. La exigencia que trae el Decreto 1083 de 2015
(artículo 2.2.2.4.9) es que, tratándose de empleos que exijan como requisito el
título o la aprobación de estudios en educación superior, el Manual de Funciones
y Competencias Laborales identifique los núcleos básicos de conocimiento que
contengan las disciplinas académicas o profesionales requeridas, respetando la
clasificación que defina el Sistema Nacional de Información Superior, SNIES21.
Cada entidad tiene la obligación de verificar que la disciplina académica o
profesión pertenezca efectivamente al correspondiente núcleo básico del
conocimiento señalado en el manual, atendiendo a la naturaleza de las funciones
del empleo o al área de desempeño.
21
Artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015.
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Respecto de la identificación de los requisitos de formación académica en los
procesos de selección por mérito, el artículo 2.2.2.4.9 del mencionado Decreto
1083 señaló lo siguiente en su parágrafo 3:
[…] En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de
carrera, se indicarán los Núcleos Básicos del Conocimiento –NBC- de
acuerdo con la clasificación contenida en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior – SNIES, o bien las disciplinas
académicas o profesiones específicas que se requieran para el
desempeño del empleo, de las previstas en el respectivo manual
específico de funciones y de competencias laborales, de acuerdo con las
necesidades del servicio y de la institución […]
Ø La Oferta Pública de Empleos de Carrera
La Oferta Pública de Empleos de Carrera es el acto por medio del cual la
administración le comunica al ente responsable de la elaboración del concurso
de méritos las plazas que se encuentran vacantes definitivamente, con la
finalidad de que sean provistas a través del respectivo proceso de selección.
Ahora, si bien se ha admitido que tal carácter implica que se clasifique como de
trámite, y por ello no es enjuiciable ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo22, lo cierto es que si presenta falencias en su contenido o
formación, estas pueden conllevar la vulneración de los derechos fundamentales
para los aspirantes dentro del proceso de selección23, lo cual hace necesario su
estudio cuando la convocatoria se enjuicia por este componente.
Dentro de los aspectos a resaltar de la Oferta Pública de Empleos de Carrera es
necesario tener presente que se instituye en parámetro para la elaboración de
las pruebas e instrumentos de selección, pues ellos a su vez, deben ser
proporcionales a las competencias que se exigen para el desempeño de cada
cargo, tal y como lo prevé el artículo 2.2.6.1324 del Decreto 1083 de 2015.
En lo relacionado con los parámetros de su reporte, el parágrafo del artículo 29
de la Ley 909 de 2004 señala que la Comisión Nacional del Servicio Civil es el
22
Ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de noviembre de 2018, radicación:
25000-23-15-000-2008-00875-01(AC), demandante: Diana Yamile Ternera Urbina.
23
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
septiembre de 2011, radicación: 54001-23-31-000-2011-00256-01(AC), demandante: Ruth
Laguado Ortega.
24
[…] ARTÍCULO 2.2.6.13 Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas o instrumentos
de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidad de los
aspirantes y establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias requeridas
para desempeñar con eficiencia las funciones y las responsabilidades de un cargo. La valoración
de estos factores se hará mediante pruebas orales, escritas, de ejecución, análisis de
antecedentes, entrevistas, evaluación final de cursos efectuados dentro del proceso de selección
y otros medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros
de calificación previamente determinados.
En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita o de ejecución,
dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a proveer.
PARÁGRAFO . El valor de cada prueba respecto del puntaje total del concurso será determinado
en la convocatoria.» (subrayado de la Sala)
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ente responsable de dictar el procedimiento y los lineamientos para que las
diferentes entidades informen, con la finalidad de hacer viables los concursos.
Por su parte, el Decreto 051 del 16 de enero de 201825, en el artículo 3, adicionó
el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, para hacer referencia al sistema
para el registro de la Oferta Pública de Empleos de Carrera, así:
[…] ARTÍCULO 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera
definitiva. Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las
entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y especifico o
especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo
Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil
en el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos.
La convocatoria deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio
Civil y por el jefe de la entidad pública respectiva.
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener
actualizado su manual de funciones y competencias laborales y definir los
ejes temáticos.
En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del
manejo del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto
de los recursos destinados para adelantar los concursos de méritos.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico
de Presupuesto - EOP y el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las
entidades del nivel nacional deberán priorizar el gasto para adelantar los
concursos de méritos. Igualmente, los cargos que se sometan a concurso
deberán contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal,
de acuerdo con lo establecido en el EOP […]
Ø Caso concreto
El anterior desarrollo provee el marco conceptual para abordar el estudio del
Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de marzo de 2019 por la irregularidad en
la que habría incurrido al, presuntamente, no incluir en la OPEC cargos a los que
pudieran aspirar profesionales en archivística y en administración pública. La
Sala procederá al estudio del reproche frente a cada profesión por separado, así:
• Respecto de la profesión del archivista
La Ley 1409 de 2010 definió el ejercicio profesional de la archivística como «el
desempeño laboral de profesionales, con título legalmente expedido, en todo lo
relacionado con el manejo de los archivos, cuyo campo de acción se desarrolla
fundamentalmente en las áreas relacionadas con el conocimiento, organización,
recuperación, difusión, preservación de la información, conservación y
conformación del patrimonio documental del país»26. Del mismo modo, fijó los
25
«Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009».
26
L. 1409/2010, art. 1.
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requisitos o condiciones esenciales para su ejercicio, exigiendo para tales efectos,
además del respectivo título, la tarjeta profesional y la inscripción en el Registro
Único Profesional27.
La lectura detallada de la mencionada Ley revela que la norma no exige que los
cargos públicos que lleven aparejadas funciones de gestión documental, sean
provistos únicamente con profesionales de la archivística28. En efecto, el parágrafo
del artículo 2 de la norma en estudio, señala que dada la interdisciplinariedad de
esta área del conocimiento, tales funciones pueden ser desarrolladas por
profesionales y técnicos de otras disciplinas, como puede verse a continuación:
[…] Artículo 2°.Campos de acción. Para efectos de la presente ley, el ejercicio
de la archivística comprende:
a) La aplicación de los principios universales de procedencia y de orden natural
en la organización tanto de los archivos públicos como privados, bajo el
concepto de archivo total, que comprende procesos tales como la producción
o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la
disposición final de los documentos, en sus distintos soportes.
b) La producción, identificación, organización, clasificación, descripción,
selección, valoración, diagnóstico, conservación y custodia de documentos y,
en general, todas las actividades que propenden por el desarrollo de la gestión
documental.
c) La planeación, diseño, coordinación, control, administración, evaluación y
gerencia técnica de los procesos archivísticos, en sus distintos soportes.
d) La docencia y la investigación científica en el área de archivística, que se
complementa de manera interdisciplinaria con otras profesiones y disciplinas
afines.
Parágrafo. Las actividades que propendan por el desarrollo de la gestión
documental se complementan de manera interdisciplinaria con las tareas de
reprografía, microfilmación, digitalización, restauración, divulgación,
administración e investigación que en el marco de la función archivística
pueden realizar profesionales y técnicos de otras disciplinas según su
especialidad […] (Negrita fuera de texto).
En este punto se resalta que el Proyecto de Ley 036 de 2007 Cámara y 225 de
2007 Senado, «[p]or la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística,
se dicta el Código de Ética y otras disposiciones», que luego se convirtió en la Ley
1409 de 2010, fue objetado por el presidente de la República, al considerar que
aquellas personas que, habiéndose formado en otras disciplinas diferentes de la
archivística pero afines a su objeto de estudio, se verían excluidas
injustificadamente de la posibilidad de ejercer en el campo de acción propio de
esta. La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad del citado
proyecto, a través de la Sentencia C-239 del 2010, lo declaró ajustado a la
Constitución pero bajo el entendido que:
27
L. 1409/2010, art. 4.
28
Cfr. CE, Sec. Segunda, Subsec. “B”, Auto, rad. 11001-03-25-000-2017-00212-00 (1219-17),
may. 31/2018.
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[…] [E]n los artículos dedicados a definir los requisitos para el ejercicio de la
archivística (artículos 3, 4 y 5), el legislador no ha desbordado sus
competencias constitucionales, pues en ellos simplemente establece los
requisitos para el ejercicio de esta actividad lo cual, dadas las características
de impacto social y de complejidad que la caracterizan, entra dentro de la
órbita de sus competencias expresas, contenidas en el artículo 26 de la Carta.
Por lo demás, estos artículos, en sí mismos, no están directamente excluyendo
a otros profesionales del ejercicio de actividades archivísticas. Se limitan a
regular la pertenencia a la profesión archivística […] (subrayas fuera del texto
original)
De esta manera, los empleos públicos que tienen asignadas labores de archivo y
gestión documental, pueden ser desempeñados no solamente por profesionales
en archivística, pues la Ley 1409 del 2010 no excluye del ejercicio de estas
funciones a otros profesionales o técnicos que tengan una formación afín. Por esa
razón, en ese último evento, no puede considerarse que se configura per se un
ejercicio ilegal de la profesión.
Sobre este último, el artículo 7 de la Ley 1409 de 201029 explicó que ocurre cuando
se ejerce en calidad de archivista profesional sin el lleno de los requisitos ya
anunciados, esto es, sin haber obtenido el título académico, sin encontrarse inscrito
en el sistema de registro correspondiente o sin tener la respectiva tarjeta
profesional.
Por otra parte, conviene señalar que, en el Sistema Nacional de Información
Superior, SNIES, la disciplina académica de archivística se encuentra clasificada
en el núcleo básico de conocimiento «Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales
y Humanas», que pertenece al área de conocimiento «Ciencias humanas y
sociales»30.
Visto lo anterior, al cuestionar si el Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de
marzo de 2019 desconoció las normas superiores en que debía fundarse por,
presuntamente, no incluir en la OPEC cargos para la profesión de archivistas la
29
«ARTÍCULO 7o. EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN. Quien ejerza ilegalmente la
profesión de Archivista sin el lleno de los requisitos, contemplados en la presente ley y en las
disposiciones legales vigentes, quedará inmerso en el ejercicio ilegal de la profesión, sin perjuicio
de las sanciones que correspondan a las autoridades penales, administrativas y disciplinarias,
según el caso.
Igual sanción recibirá la persona que, mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales,
instalación de oficinas, fijación de placas murales o en cualquier otra forma, actúe, se anuncie o
se presente como Archivista profesional, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
presente ley y en las disposiciones legales vigentes.
PARÁGRAFO. Incurre en ejercicio ilegal de la profesión, el profesional de la archivística que
estando debidamente inscrito en el Registro Único Profesional de Archivistas, ejerza la profesión
estando suspendida o cancelada su Tarjeta Profesional o certificado de inscripción profesional.
De igual manera, quienes se encuentren sancionados disciplinariamente».
30
La equivalencia de la disciplina académica de archivística en el nuevo sistema de clasificación
adoptado por el Ministerio de Educación Nacional, denominado Clasificación Internacional
Normalizada de Educación – CINE F 2013 AC, es la siguiente: «campo amplio: ciencias sociales,
periodismo e información», «campo específico: periodismo e información», y «campo detallado:
Bibliotecología, información y archivología» .
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Sala encuentra una respuesta negativa. En efecto, al revisar la OPEC31 que
reportó el municipio de Yopal de cara a la Convocatoria 1066 de 2019, se observa
que hay un cargo que contempla la función de gestión de archivo a la que alude el
demandante, tal y como se expone a continuación:
Información del empleo
Número OPEC 76076
Nivel jerárquico Profesional
Grado 4
Código – Denominación 206 – Líder de programa
Asignación Salarial $5.338.598
Liderar el Sistema General de
Propósito general del empleo Archivos del Municipio,
coordinando, supervisando y
controlando la organización y el
fortalecimiento de los archivos de
la entidad territorial, Municipio de
Yopal, para garantizar la eficacia
de la gestión archivística del
Estado y la conservación del
patrimonio documental, así como
apoyar a los archivos privados
que revistan especial importancia
cultural o histórica para el ente
territorial.
Vacantes
Estado Deptos. Municipio Dependencia Cantidad.
En Casanare Yopal SECRETARÍA 1
provisionalidad GENERAL
Así las cosas, no resulta acertado afirmar que se excluyó a los profesionales de la
archivística del desempeño de los cargos ofertados que tienen atribuidas funciones
de gestión documental en el municipio de Yopal.
Ahora, si lo que sugiere el demandante es que se promovió el ejercicio ilegal de
la profesión por no haber reservado la práctica de estas funciones
exclusivamente a profesionales con título académico en esa disciplina, habría
que concluir que el argumento carece de mérito. Conforme con la explicación
ofrecida, la Ley 1409 de 2010 no excluyó a otros profesionales del desarrollo de
labores archivísticas. De allí que el desempeño de ese tipo de funciones por un
31
Folio 56 (rev.) del cuaderno de la medida cautelar.
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profesional o técnico en un área afín no constituya una hipótesis de ejercicio ilegal.
Este último se presenta cuando una persona ejerce anunciando tener la calidad de
profesional en archivística, a pesar de no cumplir con las exigencias del artículo 4
ibidem32.
• Respecto de la profesión de administrador público.
El artículo 1 de la Ley 1006 de 200633 señala el objeto de dicha norma, el cual
consiste en la definición de la profesión de administrador público, la reglamentación
de su ejercicio y la determinación de su naturaleza, campo de aplicación, principios,
entes rectores de dirección, organización, acreditación y control de su ejercicio.
Por su parte, el artículo 2 ibidem34 dispone que la función del profesional en
administración pública es social y comprende el manejo de los asuntos públicos,
además de aquellas actividades orientadas a generar procesos integrales para
mejorar la capacidad de las instituciones estatales y organizaciones de carácter
privado con responsabilidades públicas.
Respecto del campo de acción de esa profesión, el artículo 3 ejusdem consagró:
[…] Artículo 3º. Campo de acción. El ejercicio de la profesión de Administrador
Público está constituido por los siguientes campos de acción:
a) El desempeño de empleos para los cuales se requiere título profesional de
Administrador Público de acuerdo en todo a lo dispuesto en la presente ley;
b) La realización de estudios y proyectos de asesoría y consultoría para
cualquier organismo de los sectores público y privado en materias de carácter
estatal y de manejo de asuntos públicos;
c) Diseño, dirección, ejecución de políticas, programas y proyectos propios del
ámbito de lo público;
d) El ejercicio de la docencia y la investigación científica en materias
relacionadas con la profesión en instituciones de educación o de investigación;
e) Las demás relacionadas con el desarrollo científico, social, económico y
político sean inherentes al ejercicio de la profesión […]
32
L. 1409/2010, art. 4: «Requisitos para ejercer la profesión de archivista. Para ejercer legalmente
la profesión de Archivista en el territorio nacional, se requiere acreditar su formación académica
e idoneidad del correspondiente nivel de formación, mediante la presentación del título respectivo,
el cumplimiento de las demás disposiciones de ley, la inscripción en el Registro Único Profesional
de Archivistas y haber obtenido la Tarjeta Profesional expedida por el Colegio Colombiano de
Archivistas».
33
L. 1006/2006, art. 1: «Objeto. La presente ley define la profesión de Administrador Público,
reglamenta su ejercicio, determina su naturaleza y campo de aplicación, desarrolla los principios
que la rigen, señala sus entes rectores de dirección, organización, acreditación y control del
ejercicio de la profesión».
34
L. 1006/2006, art. 2: «Función del Administrador Público. La profesión de Administrador Público
tiene como función social el ejercicio de actividades que comprenden el desarrollo de las
funciones del Estado y del manejo de los asuntos públicos. Además, aquellas actividades
orientadas a generar procesos integrales que incrementen la capacidad institucional y efectividad
del Estado y de las organizaciones no estatal es con responsabilidades públicas, en la dirección
y manejo de los asuntos públicos».
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A continuación, el artículo 4 de la misma Ley 1006 explicó que, para todos los
efectos legales, se consideran administradores públicos (i) quienes tengan el título
de administrador público expedido tanto por una institución de educación superior
que goce de reconocimiento por el Ministerio de Educación Nacional, incluida la
ESAP, como por entidades de educación superior de países con los cuales
Colombia tenga tratados de equivalencia de títulos universitarios; y (ii) quienes con
anterioridad a la entrada en vigencia de aquella ley, hayan obtenido el título de
licenciado en ciencias políticas y administrativas, administrador público,
administrador público municipal y regional, administrador público territorial y
quienes en el futuro obtengan este título profesional que reúna los requisitos según
la normatividad vigente para educación superior y que sea expedido por la ESAP.
Además de lo anterior, el artículo 9 de la ley en comento determinó que las
entidades del Estado, en cualquiera de los niveles territoriales, están obligadas a
incluir la profesión de administrador público en sus manuales de funciones. En ese
sentido, la disposición reza:
[…] Artículo 9º. Para el ejercicio de empleos de carácter administrativo en las
entidades del Estado en cualquiera de los niveles territoriales, se incluirá la
profesión de Administrador Público en los manuales de funciones de dichas
entidades como una de las profesiones requeridas para el ejercido del cargo.
Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Colegio
Colombiano del Administrador Público vigilarán el cumplimiento del presente
artículo […]
De otro lado, es importante señalar que, en el Sistema Nacional de Información
Superior, SNIES, la disciplina académica de administración pública se encuentra
clasificada en el núcleo básico de conocimiento «administración», que pertenece
al área de conocimiento «Economía, administración, contaduría y afines»35.
En el sub lite, para desatar la censura objeto de estudio, es necesario analizar si en
la oferta pública de empleos de carrera se incorporan cargos que tengan funciones
análogas a las contenidas en el campo de acción de la profesión en comento. Al
revisar el contenido de la OPEC del municipio de Yopal, en virtud de la cual se
configuró la convocatoria demandada, pueden observarse varios cargos en los
cuales se enlistan funciones idénticas o similares a las contenidas en el artículo
3 de la Ley 1006 de 2006, que define el campo de acción de los profesionales en
administración pública, como sucede con los siguientes empleos:
35
La equivalencia de la disciplina académica de administración pública en el nuevo sistema de
clasificación adoptado por el Ministerio de Educación Nacional, denominado Clasificación
Internacional Normalizada de Educación – CINE F 2013 AC, es la siguiente: «campo amplio:
Administración de Empresas y Derecho», «campo específico: Educación comercial y
administración», y «campo detallado: Gestión y administración» .
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Información del empleo36
Número OPEC 76207
Nivel jerárquico Profesional
Grado 4
Código – Denominación 206 – Líder de programa
Asignación Salarial $5.338.598
Supervisar, coordinar, controlar y
Propósito general del empleo participar en el desarrollo de los
planes y programas, en el equipo
de trabajo, aplicando los
conocimientos especializados que
sean necesarios dentro del
análisis y ejecución de los
estudios e investigaciones que
hacen parte de dichos planes y
programas
Vacantes
Estado Deptos. Municipio Dependencia Cantidad.
En Casanare Yopal SECRETARÍA 1
provisionalidad GENERAL
Información del empleo37
Número OPEC 77417
Nivel jerárquico Profesional
Grado 2
Código – Denominación 219 – Profesional universitario
Asignación Salarial $3.830.291
Aplicar los conocimientos propios
Propósito general del empleo de la carrera profesional, que
refuercen y mantengan la
estrategia organizacional, según
los propósitos misionales de la
36
Folio 56 (rev.) del cuaderno de la medida cautelar.
37
Folio 62 ibidem.
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dependencia que se encuentre
asignado.
Vacantes
Estado Deptos. Municipio Dependencia Cantidad.
En Casanare Yopal SECRETARÍA 1
provisionalidad DE SALUD
De esta forma, es plausible afirmar que la OPEC de la convocatoria demandada
incluyó los profesionales de la administración pública en el desempeño de los
cargos ofertados que tienen atribuidas funciones de gestión administrativa, por lo
que no le asiste mérito a las acusaciones que formuló el demandante en este
sentido.
En conclusión, el Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de marzo de 2019,
proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, no incurrió en la causal de
infracción de las normas superiores en que debía fundarse por desconocimiento
del artículo 7 de la Ley 1409 de 2010 ni del artículo 9 de la Ley 1006 de 2006.
Tercer y cuarto problemas jurídicos
¿El Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de marzo de 2019, proferido por
la Comisión Nacional del Servicio Civil, incurrió en la causal de infracción de
las normas superiores en que debía fundarse por desconocimiento:[…]
(iii) del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, al no haber previsto en la
regulación del concurso de méritos acciones afirmativas para los empleados
del municipio de Yopal que ocupaban cargos en provisionalidad y que
gozaban de retén social o que eran sujetos de especial protección?
(iv) del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, al no haber convocado a concurso
de ascenso el 30% de las vacantes a proveer?
Ø El juicio de legalidad del acto administrativo: confrontación con el
ordenamiento jurídico vigente
En ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del
CPACA, el estudio sobre la validez de un acto administrativo se efectúa
analizando si en su elaboración y expedición se dio completa observancia a los
principios, reglas y exigencias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente al
momento de perfeccionarse la manifestación de voluntad de la administración
pública.
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Para desarrollar esta idea, conviene referirse a la diferenciación que la doctrina y
la jurisprudencia han efectuado en relación con los elementos de validez y
eficacia del acto administrativo. Las principales características de estas figuras
se sintetizan a continuación:
VALIDEZ EFICACIA
Concepto Es la conformidad de la Consiste en la capacidad que
decisión administrativa con el tiene el acto administrativo para
ordenamiento jurídico, de producir los efectos jurídicos
manera que su elaboración, que persigue, es decir, su
expedición y contenido se aptitud para materializar en el
ajusten a las normas y mundo exterior los objetivos
principios que lo integran. Así, que busca alcanzar. Un acto
el acto administrativo es válido administrativo eficaz es un acto
cuando quiera que, al oponible y obligatorio. La regla
confrontarlo con los preceptos general es que este tipo de
jurídicos que le sirven de manifestaciones de voluntad de
fundamento, se encuentra que la administración tenga eficacia
ha sido fiel a ellos. inmediata a partir de su firmeza
y que ella sea constante en el
tiempo38.
Requisitos para Que el acto administrativo Que no haya ocurrido ninguna
que se predique reúna las siguientes de las hipótesis de pérdida de
condiciones: (i) que se haya fuerza ejecutoria del acto,
dictado por autoridad fenómeno que se configura
competente; (ii) que su cuando (art. 91 CPACA) (i) sus
contenido se ajuste a la efectos se suspenden
Constitución y al ordenamiento provisionalmente por medio de
jurídico vigente; (iii) que su una decisión judicial; (ii)
expedición se haya hecho de desaparecen sus fundamentos
manera regular; (iv) que los de hecho o de derecho; (iii) al
motivos que lo justifican cabo de cinco años de estar en
resultan acordes con la firme, la administración no ha
realidad; y (v) que el ejercicio realizado los actos que le
de la atribución con base en la correspondan para ejecutarlos;
cual se profirió, satisfaga (iv) se cumple la condición
intereses públicos o los resolutoria a que se encuentra
específicos a los que responde sometida el acto; y (v) el acto
dicha competencia39 pierde vigencia.
• La declaratoria de nulidad - La pérdida de obligatoriedad
del acto administrativo, del acto administrativo; este
decisión que conlleva su
38
En vigencia del CCA, esa eficacia inmediata y constante quedó consagrada en el artículo 66,
de acuerdo con el cual «Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo». Este concepto fue consagrado en términos muy similares, aunque con algunas
precisiones teóricas, en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.
39
En armonía con ello, el artículo 137 del CPACA dispone que la nulidad de los actos
administrativos «[…] procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en
que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones
propias de quien los profirió […]».
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Consecuencia expulsión del ordenamiento deja de producir efectos y, por
del jurídico. ende, no puede ser ejecutado.
incumplimiento
• Es competente para - Es competente para
de requisitos
declararla el juez de lo declararla, la autoridad
contencioso administrativo administrativa que profirió el
acto correspondiente.
De lo anterior es posible concluir que las causales de nulidad operan en la etapa
de formación del acto administrativo pues las hipótesis que la generan se
encuentran ligadas a circunstancias, internas o externas, predicables del acto en
el momento en que nace a la vida jurídica. Ello explica que el control respecto de
su validez se deba realizar de cara a las normas jurídicas de rango superior a las
que debía someterse el acto y que, por consiguiente, tenían vigencia para la
fecha de su expedición.
Sobre la materia, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 31
de enero de 201940, señaló:
[…] Al referirnos a la validez de un acto administrativo, se hace alusión a la
conformidad que este tiene con el ordenamiento jurídico, consecuencia del
respeto a la legalidad o del sometimiento a las exigencias del derecho
vigente, o en otras palabras, se refiere al valor que tiene el acto
administrativo cuando quiera que es confrontado con los preceptos legales,
los cuales generan acatamiento por parte de los administrados en la medida
en que rigen las relaciones entre ellos y el Estado […]
En línea con esto, es plausible afirmar que el hecho de que los elementos de
validez del acto administrativo se enjuicien a la luz de las normas jurídicas que
estaban en rigor en el momento de proferirse, excluye la posibilidad de
confrontarlo con disposiciones expedidas posteriormente. Esta posición ha sido
sostenida de antaño por el Consejo de Estado en los siguientes términos:
[…] el acuerdo, en la parte acusada, fue válido en el momento de su
expedición, y mal puede adquirir el vicio de nulidad por virtud de un cambio
de legislación posterior. Ya el Consejo de Estado ha sostenido la tesis de
que la juricidad de un acto debe estudiarse en el momento de su expedición;
si el acto nace legalmente, es válido, sin que ocurrencias posteriores como
el cambio de legislación, puedan invalidarlo retrospectivamente. Y esta es
la tesis jurídica: sería imposible para los Concejos o Asambleas cumplir sus
funciones en consideración a posibles cambios en la legislación nacional.
En otros términos, estas entidades sólo deben tener presentes las normas
que rijan en el momento de ejercitar sus atribuciones.
Jurídicamente es diferente de la nulidad la situación que se presenta
respecto de disposiciones de carácter inferior, que vienen a quedar sin
eficacia práctica o aplicación por motivos de normas superiores dictadas con
posterioridad. Por manera que la disposición acusada no está afectada del
vicio o sanción de nulidad; y aun cuando hoy resulta contraria a leyes
40
Rad. 11001032500020160101700 (4574-16).
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posteriores, de superior obligatoriedad, no es posible declararlo así, porque
la acción intentada fue de nulidad […]41
En ese orden de ideas, los cambios de legislación no generan un parámetro para
juzgar la legalidad del acto administrativo pero, en algunos casos, sí pueden
llegar a afectar su eficacia a través de hipótesis de pérdida de fuerza ejecutoria
como el decaimiento y la derogatoria. Así las cosas, el tránsito normativo es una
situación que se presenta con posterioridad al surgimiento de la decisión
administrativa que no tiene la capacidad de conducir a su anulación.
La distinción entre validez y eficacia en los términos anotados, ha conducido a
que la jurisprudencia del Consejo de Estado entienda que la pérdida de
ejecutoriedad del acto administrativo no obsta para que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo examine su legalidad en atención a los efectos que
pudo producir durante su vigencia. Al respecto, en sentencia de 7 diciembre de
2016 la Sección Segunda de esta Corporación precisó lo siguiente42:
[…] la circunstancia que el acto administrativo demandado haya sido
derogado o hubiere operado la figura del decaimiento, no impide el juicio de
legalidad del mismo, en tanto éste debe realizarse según las circunstancias
vigentes al momento de su expedición y habida consideración de que tanto
la derogatoria como el decaimiento sólo opera hacia el futuro y no afecta su
validez. Además, pueda que sus disposiciones se encuentren produciendo
efectos, aun después de su derogatoria o decaimiento, haciéndose viable el
estudio de su legalidad.
Entonces, pese a ocurrir la derogatoria o el decaimiento del acto
administrativo enjuiciado, hay lugar a estudiar de fondo el asunto, puesto
que: i) pueda que el acto administrativo haya producido efectos y que los
mismos aún estén surtiéndose; y ii) la ocurrencia del decaimiento no afecta
la presunción de legalidad del acto y su control debe hacerse frente a las
circunstancias de hecho y de derecho vigentes al momento de su
expedición.
Visto desde otra óptica, la presunción de legalidad de la que gozan los actos
administrativos tan sólo puede ser desvirtuada por el juez competente, por
lo que, la derogatoria, el decaimiento o pérdida de ejecutoriedad no conlleva
implícito el juicio de validez de los mismos […] (Subraya fuera del texto
original)
En conclusión, los tránsitos legislativos no inciden en el juicio de validez del acto
de convocatoria al concurso pues, para tales efectos deberá tenerse como punto
de referencia lo establecido en las normas vigentes al perfeccionarse la
manifestación de la administración pública.
41
Consejo de Estado; radicado 467-CE-1941-05-27 (204951); consejero ponente Gonzalo
Gaitán. Acto demandado: Artículo 106, inciso 52, del Acuerdo 27 del 6 de mayo de 1931 expedido
por el Concejo de Manizales.
42
CE, Sec. Segunda (S. Plena), Sent., rad. 11001032500020120057100 (2139-2012).
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Ø Caso concreto
El demandante cuestiona la validez del acto administrativo acusado bajo el
argumento de que, presuntamente, infringe el artículo 263 de la Ley 1955 de
201943 y el 2 de la Ley 1960 de 2019. El primero, que adopta medidas para la
reducción de la provisionalidad en el empleo público a través de la realización de
concursos de mérito, dispone en su parágrafo 2.º que «[…] Los empleos vacantes
en forma definitiva del sistema general de carrera, que estén siendo desempeñados con
personal vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y
cuyos titulares a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años
o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación, serán ofertados por la CNSC
una vez el servidor cause su respectivo derecho pensional […]».
La segunda de estas normas modificó el artículo 29 de la Ley 909 de 2004 para
incorporar la modalidad de ascenso en los concursos de mérito, de manera que
la celebración de estos procesos no se limitara a la selección con fines de ingreso
al organismo sino que permitiera también la movilidad a un cargo superior dentro
de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector o dentro del
cuadro funcional de empleos. Con tal fin, el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019
previó las hipótesis precisas en que tendría lugar dicha modalidad concursal.
Visto lo anterior, es importante indicar que, para la fecha en que se expidió el
Acuerdo CNSC-2019100000062644, esto es, el 4 de marzo de 2019, no habían
entrado en vigencia las referidas leyes, ni si quiera se habían proferido. Estas
previeron su entrada en rigor desde la fecha de su publicación, lo que en el caso de
la Ley 1955 sucedió el 25 de mayo de 201945 y en el de la Ley 1960, el 27 de
junio del mismo año.
De lo expuesto emergen dos análisis importantes. El primero relativo a la eficacia
del acuerdo acusado pues podría pensarse que los cambios normativos que
introdujeron aquellas normas afectaron la fuerza ejecutoria de las reglas del
concurso, sin embargo, esto no es así dadas las particularidades de ese tipo de
actos administrativos.
En efecto, el acto de convocatoria, que contiene las reglas del concurso, se
caracteriza por su obligatoriedad y, una vez iniciada la etapa de inscripciones al
concurso, por su inmodificabilidad salvo en aspectos no sustanciales como la
fecha, el sitio y la hora de inscripciones y pruebas. Estas características
obedecen a razones de gran peso constitucional como el respeto del mérito, la
seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima que se genera en los
43
«Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”».
44
«Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Yopal (CASANARE) - Convocatoria No.
1066 de 2019- TERRITORIAL 2019”»
45
La Ley 1955 de 2019 se publicó en el Diario Oficial 50.964 de 25 de mayo 2019.
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participantes, los principios de moralidad y eficacia por los que se rige la función
administrativa, así como la garantía de transparencia y el derecho constitucional
de acceso a cargos públicos. De allí que una ley posterior que modifique las
reglas o los procedimientos a los que deben someterse este tipo de procesos de
selección no afecte la obligatoriedad de las normas que rigen para aquellos que
se encontraban en curso previamente. Estos deben seguir su trámite con sujeción
a las disposiciones vigentes al momento de la expedición del respectivo acuerdo.
Ahora, en cuanto a la legalidad del acto acusado, para la Sala no es posible
analizar la infracción normativa que alega el señor Jairo Bossuet Pérez Barrera
frente a este aspecto puntual pues, según se explicó, al ser posteriores, los
artículos 263 de la Ley 1955 de 2019 y 2 de la Ley 1960 de 2019 no pueden servir
de referente para el estudio de validez del acto administrativo demandado46. En
ese sentido, es preciso recordar que, según el artículo 11 del Código Civil, «[…] la
ley es obligatoria y surte sus efectos desde el día en que ella misma se designa, y
en todo caso después de su promulgación».
8. DECISIÓN
Por las anteriores consideraciones se denegará la pretensión de la demanda
consistente en que se declare la nulidad del Acuerdo CNSC-20191000000626
del 4 de marzo de 2019, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
46
En esta materia resulta ilustrativa la sentencia de 29 de mayo de 2020 (radicado 11001-03-
25-000-2018-00605-00, número interno 2577-2018), en la que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, señaló lo siguiente: «[…] Dado que la Ley 1960 de 2019, se publicó en
el diario oficial número 50.997 del 27 de junio de 2019, debe precisarse que fue a partir de dicha
fecha que entraron en vigencia las modificaciones introducidas al artículo 24 de la Ley 909 de
2004, y por tanto, los nuevos supuestos de hecho para la procedibilidad del encargo solamente
se aplican a aquellos que fueren realizados desde el 27 de junio de 2019. En ese sentido, en la
medida en que el acto acusado, es decir la Resolución No. CNSC-2017900000215, fue expedida
el 29 de noviembre de 2017, es dable concluir que esta debe ser confrontada, para efectos del
control de legalidad que hace la Corporación, con las disposiciones vigentes para dicho
momento; por lo que tratándose de la figura del encargo se tendrá en cuenta el artículo 24 de la
Ley 909 de 2004, sin la modificación realizada por la Ley 1960 de 2019. Pues bien, para el
momento de expedición del acto administrativo objeto de este análisis de legalidad por vía del
medio de control de simple nulidad, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, incorporaba algunas
notas características distintas a aquellas introducidas posteriormente por la modificación del
artículo 1 de la Ley 1960 de 2019; verbigracia, se requería que se hubiere convocado al concurso
de méritos para hacer viable jurídicamente el encargo en los empleos de carrera mientras se
surtía el proceso de selección y el encargo tendría una duración máxima de seis (6) meses,
siempre que no se tratare de proveer una vacancia definitiva, caso en el cual éste no podría
superar los tres (3) meses […]».
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00886-00 (6373-
2019) Demandante: Jairo Bossuet Pérez Barrera
FALLA
Primero: Deniéguese la pretensión de la demanda de nulidad instaurada por el
señor Jairo Bossuet Pérez Barrera en contra de la Comisión Nacional del Servicio
Civil y la Alcaldía de Yopal, por las razones expuestas en la parte motiva.
Segundo: Reconózcase personería al abogado Sebastián Aníbal Pinzón
Hernández, quien se identifica con cédula de ciudadanía 1.022.325.048 y es
portador de la tarjeta profesional 229.326 del C. S. de la J., para actuar en calidad
de apoderado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los términos del
poder que obra en el índice 51 del expediente electrónico.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático respectivo.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
GÓMEZ VARGAS
(En comisión)
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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