Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00606-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00606-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00606-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado1.
Demandante: Leonor Alejandra Rivas Camargo y otros
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y municipio de Yopal
(Casanare)
Temas: Concurso de méritos. NIEGA PRETENSIONES.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), promovido por los señores Leonor Alejandra
Rivas Camargo (4732-2019), Laura Lizeth Muñoz Gutiérrez (4736-2019), María
Camila Muñoz Bustos (4737-2019), Valentina Ariza Cruz (4738-2019), Alejandro
Badillo Rodríguez (5128-2019), María Elena Amaya Pérez (6340-2019), José Jaime
Montaña Montaña (6344-2019), Sebastián Moreno Velandia (6347-2019), Julieth
Valentina Montenegro Méndez (6372-2019), Óscar Luis Martínez Ávila (6713-2019),
Luis Gabriel Pérez González (0166-2020), Santiago Alejandro Castelblanco Villamil
(0169-2020), Cielo Yoleiny Gómez Romero (0174-2020), Magda Liseth Balaguera
Vargas (0177-2020), Yuliana Patricia Vega Ruiz (0180-2020), Indira Castañeda
Moreno, Sandra Patricia Torres Chaparro, Flor Marina Garzón Torres, William
Osvaldo Nossa Chaparro, Herley Cáceres Sánchez, , Carlos Alirio Tarazona Lora,
María Elena Amaya Pérez, Luis Armando Gómez Sandoval, Fabián Alberto Ayala
Lozano, Zaida Gisela Zambrabo Chaparro, Rodrigo Castro Montañez, Finlay
Rodríguez Pastrana, Sandra Milena Villamizar Suárez, Nelly Constanza Moreno
Cruz, Ruby Yanedh Castillo López, Carlos Alberto Fonseca, Maryen Barrera
Monroy, Grubmayr Roldan Roa, Alcira Zorro de Sarmiento, Martha Lucía Castañeda
Torres, Aura Ligia Terán Torrealba, Martha Quishpi Quishpi, María Rubiela Buitrago
1 11001-03-25-000-2019-00610-00 (4736-2019), 11001-03-25-000-2019-00611-00 (4737-2019), 11001-03 25-
000-2019-00612-00 (4738-2019), 11001-03-25-000-2019-00671-00 (5128-2018), 11001-03-25-000-2019-
00860-00 (6340-2019), 11001-03-25-000-2019-00862-00 (6344-2019), 11001-03-25-000-2019-00863-00
(6347-2019), 11001-03-25-000-2019-00885-00 (6372-2019), 11001-03-25-000-2019-00999-00 (6713-2019),
11001-03-25-000-2020-00167-00 (0166-2020), 11001-03-25-000-2020-00168-00 (0169-2020), 11001-03-25-
000-2020-00173-00 (0174-2020), 11001-03-25-000-2020-00176-00 (0177-2020), 11001-03-25-000-2020-
00179-00 (0180-2020) y 11001-03-25-000-2023-00023-00 (0478-2023).
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
Romero, María Bernarda Orozco, Lucy Esmeralda Cano Murillo, Pastora Pinto
Rodríguez, María Magdalena Guarín Poveda, Nidya Yamith Rincpon Contreras,
Jerly Johana González Rincón, Emérita María Galán Rodríguez, María Paula
Laverde González, Yuliana Patricia Vega Ruiz, Óscar Orlando Caballero Mora y
Miryam Moreno Rodríguez (0478-2023), con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
1. Revisadas las demandas, se observa que en el proceso con radicado 0478-2023
se solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Acuerdo CNSC 20191000000626 del 4 de marzo de 2019 por el cual se
establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer de
forma definitiva los empleos vacantes pertenecientes al sistema general de
carrera administrativa de la planta de personal de la alcaldía de Yopal,
Casanare - Convocatoria 1066 de 2019, expedido por la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
• Decreto 100.24.001 del 7 de enero de 2015 que adoptó el manual específico
de funciones y de competencias laborales de ese ente territorial.
En los demás expedientes se pretende únicamente la nulidad del Acuerdo CNSC
20191000000626 del 4 de marzo de 2019.
HECHOS
2. La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que con ocasión de la etapa de planeación realizada entre la Comisión Nacional
del Servicio Civil y el municipio de Yopal, se expidió el acuerdo que estableció
las reglas del concurso de méritos para proveer los empleos vacantes de la
planta de personal de dicho ente territorial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Los actores consideraron infringidos los artículos 2, 3, 4, 6, 13, 23, 25, 28, 29,
53, 58, 113, 115, 121, 125, 189-1, 209, 218, 230 y 241 de la Constitución Política;
7, 11, 28, 29 y 30 de Ley 909 de 2004; 9 de la Ley 1006 de 2006; 7 de la Ley
1409 de 2010; 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 (adicionado por el artículo 3
del Decreto 051 de 2018); 263 de la Ley 1955 de 2019; 2 de la Ley 1960 de
2019; y 4 del Decreto 498 de 2020.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
Cargos en contra de la convocatoria
5. Manifestaron que la convocatoria para el concurso público y abierto de méritos
solo fue suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y no la firmó el
alcalde del municipio de Yopal, en su calidad de representante legal de la entidad
beneficiaria.
6. Afirmaron que el ente territorial demandado, al expedir el manual específico de
funciones y competencias laborales (en adelante MEFCL) y reportar la Oferta
Pública de Empleos (OPEC), omitió incluir las profesiones en administración
pública y archivística. Igualmente, acusaron a la CNSC de no haber vigilado el
cumplimiento de la ley, según lo disponen los artículos 1 al 9 y 53 transitorio de
la misma Ley 1409 de 2010, y 1 al 4 y 54 de la Ley 594 de 2000.
7. La convocatoria no estableció acciones afirmativas para reubicar en otros cargos
a las personas con condiciones especiales que se encontraban ejerciendo en
provisionalidad las vacantes que serían proveídas a través del proceso de
selección y que, por esa razón, serían desvinculados de la entidad.
8. Que, en el concurso se ofertó el 100% de las vacantes a proveer sin tener en
cuenta la exigencia legal del 30% en la modalidad de ascenso para que los
empleados de la entidad pudieran concursar.
9. Expresaron que se omitió la publicación del acuerdo de convocatoria enjuiciado;
sin embargo, no aportaron argumentos que desarrollaran tales planteamientos.
10. Que en la convocatoria se ofertó un cargo para profesionales en medicina
veterinaria o zootecnia, sin tener en cuenta que los zootecnistas no pueden
cumplir funciones relacionadas con la prescripción de medicamentos o
productos biológicos en los tratamientos de enfermedades animales.
11. Argumentaron que existió una transgresión de lo regulado en el artículo 30 de la
Ley 909 de 2004 porque el concurso de méritos no contó con el soporte
presupuestal del municipio de Yopal para asumir los gastos del certamen.
12. Sustentaron que, en la aplicación de pruebas escritas, se encuentran preguntas
que no siguieron normas convencionales, formales, semánticas y gramaticales
del español; además, muchas de las expresiones en los textos resultaron poco
claras, inconclusas y ambiguas. En lo que tiene que ver con la valoración de
antecedentes de los participantes que superaron las pruebas escritas, se
incumplieron los requisitos mínimos exigidos.
13. Indicaron que a pesar de que el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto
1754 del 22 de diciembre de 2020, al considerar que la reactivación del concurso
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
de méritos, en un periodo de emergencia sanitaria y social, iba en contravía del
ordenamiento superior; las demandadas no garantizaron el principio del mérito,
porque los aspirantes no estaban en óptimas condiciones para continuar en el
certamen.
Cargos contra el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
14. Argumentaron que el manual específico de funciones y de competencias
laborales del ente territorial demandado, es nulo porque no realizó la
socialización que ordena la ley, circunstancia que impidió la participación de la
ciudadanía.
15. Que el estudio técnico requerido para la expedición del manual no tuvo en cuenta
las competencias del empleo, formación académica, experiencia, el número de
cargos ofertados, y no fue realizado por una entidad idónea para este tipo de
labores.
16. Afirmaron que la actuación administrativa adelantada por las entidades
demandadas presentó inconsistencias presupuestales, específicamente se
advierten irregularidades en el rubro asignado para el pago de la convocatoria.
17. Que el municipio de Yopal no informó los empleos que debían ser excluidos de
la OPEC porque estaban ocupados por personas en provisionalidad que
ostentan condiciones especiales, tales como madre o padre cabeza de familia
sin alternativa económica, prepensionados, víctimas de violencia, entre otros.
18. El 13 de noviembre de 2019, 28 de septiembre de 2020, 16 de julio de 2021 y
10 de noviembre de 2023, se admitieron las demandas, y se corrió traslado de
las solicitudes de medidas cautelares2, las cuales fueron resueltas por autos del
13 de marzo de 2020, 15 de junio de 2022, 16 de julio de 2023 y 4 de febrero de
2025. Notificado el medio de control, las entidades demandadas se pronunciaron
de la siguiente forma.
19. Municipio de Yopal3. Se opuso a las pretensiones al considerar que el proceso
de selección se realizó con el lleno de los requisitos legales y luego de agotarse
en debida forma los procedimientos de planeación, socialización con los
interesados y publicación, además, se llevaron a cabo todas las etapas del
proceso de selección de conformidad con la estructura del certamen.
2 La solicitud fue coadyuvada por el señor Luis Gabriel Reyes Abril, presidente del sindicato de Empleados
Públicos del municipio de Yopal, SINDEPY (folios 104 a 109 del cuaderno de suspensión físico 4732-2019).
3 Índice 28 Samai (0478-2023).
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
20. Expuso que la parte actora realiza una serie de afirmaciones e inferencias que
carecen de sustento probatorio, pues alega unas irregularidades y precisiones
subjetivas, pero no se allega prueba siquiera sumaria que las sustente.
21. Comisión Nacional del Servicio Civil4. Formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues respecto al desconocimiento de las
Leyes 73 de 1985, 1006 de 2006 y 1409 de 2010, las facultades constitucionales
y legales que ostenta la CNSC no se traducen en una competencia para
determinar el manual de funciones en que se fundamenta cada concurso de
méritos. Aclaró que esta labor corresponde de manera exclusiva a la entidad
destinataria de cada proceso de selección, la cual reporta ante la comisión las
vacantes a proveer con sus respectivos requisitos a través de la OPEC.
22. Puntualizó que teniendo en cuenta que el mérito y la carrera han sido
consideradas jurisprudencialmente como principios constitucionales, todas las
entidades a las que se aplica la Ley 909 de 2004 deben reportar las vacantes
definitivas aun cuando estén siendo ocupadas por personas en condición de
vulnerabilidad.
23. Que, en todo caso, mediante Circular 2019100000097 del 28 de junio de 2019
la CNSC estableció que, en los procesos de selección aprobados por Sala Plena
de la CNSC hasta el 25 de mayo de 2019, no es aplicable lo previsto en el
parágrafo 2 de la Ley 1955 de 2019, lo cual ocurrió en el presente asunto, pues
el proceso de selección demandado fue aprobado el 12 de febrero de 2019.
24. Manifestó que contrario a lo señalado en la parte demandante, el MEFCL fue
publicado en la página web de la alcaldía municipal y se socializó con las
organizaciones sindicales. De igual forma, el ente territorial giró los recursos
económicos necesarios para llevar a cabo el proceso meritocrático.
25. Afirmó que la suspensión de algunas etapas de los procesos de selección y del
periodo de prueba de que trató el artículo 14 del Decreto 491 de 2020, estaban
sujetos a la vigencia de la emergencia sanitaria, por lo que, ante el levantamiento
de la medida, la convocatoria pudo continuar su curso normal. En este sentido,
las etapas que se ejecutaron no fueron afectadas por las decisiones adoptadas
por el Consejo de Estado respecto del Decreto 1754 de 2020.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
26. En auto del 12 de enero de 2023 se declaró saneada la nulidad por falta de
notificación a la CNSC en el proceso con radicado interno 5128-2019. El 27 de
marzo de 2025 se declaró no probada la excepción de ineptitud de la demanda
por falta de requisitos formales propuesta por la CNSC. En providencia del 25
4 Índice 32 ibid.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
de julio del mismo año, se evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada
en los términos del artículo 182A del CPACA, se prescindió de la audiencia inicial
prevista en el artículo 189 de la misma disposición, se decretaron las pruebas y
se fijó el correspondiente litigio. El 10 de octubre de 2025 se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
27. El municipio de Yopal5 y la CNSC6 reiteraron las razones expuestas en las
contestaciones.
28. La parte demandante guardó silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.
29. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
30. Previo al pronunciamiento de fondo, se hace necesario realizar el análisis
respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la
CNSC.
31. Esta figura jurídica hace referencia a la posibilidad que tienen las partes de
proponer o controvertir las pretensiones planteadas en la demanda, al ser
sujetos procesales con interés, por activa, en el caso de la parte demandante, o
pasiva, en el de la demandada, en la relación jurídico sustancial que se ventila
en el proceso. Se ha explicado que la legitimación en la causa se puede abordar
desde dos perspectivas7:
32. a) De hecho. Se configura una vez se traba la litis con la notificación del auto
admisorio de la demanda y permite a los sujetos actuar dentro del proceso para
ejercer su defensa; y b) material. Se predica de la efectiva titularidad del
derecho reclamado (por activa) y, por pasiva, de quien tiene a su cargo la
obligación, es decir, que concierne a la posibilidad de que la pretensión salga
avante y que sea quien deba responder por las resultas del proceso.
33. En el caso concreto se observa que, si bien es dable afirmar que la acusación
relativa al desconocimiento de las Leyes 73 de 1985, 1006 de 2006 y 1409 de
2010 podría estar dirigida al manual de funciones, las pretensiones de la
demanda y una lectura integral de los fundamentos de esta hacen evidente que
el medio de control fue invocado contra el acuerdo de convocatoria. Nótese que
5
Índice 207 ibid.
6 Índice 208 ibid.
7 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 5 de abril de 2018. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En: Sección Primera. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Exp. 05001-23-31-000-2008-00576-01. C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
estos cargos fueron expuestos en los procesos acumulados que únicamente
solicitaron la nulidad de dicho acto.
34. Sumado a ello, de conformidad con el parágrafo 1.° del artículo 7 del acuerdo
enjuiciado la OPEC forma parte integral de aquel; y, en todo caso, como
consecuencia de la acumulación procesal, el manual de funciones también se
encuentra demandado en el caso concreto.
35. Así las cosas, la CNSC está legitimada para comparecer al presente proceso
como parte demandada dada su calidad de administradora del sistema general
de carrera administrativa, garante de la debida ejecución del concurso de méritos
en cuestión y principal suscribiente del acto administrativo demandado. No
prospera la excepción.
36. Por otra parte, si bien los demandantes acusaron la omisión de la publicación
del acuerdo de convocatoria, no aportaron argumento alguno que fundamentara
o desarrollara estos planteamientos. En consecuencia, ante el incumplimiento
de la carga argumentativa que le asiste a la parte actora y la consecuente falta
de elementos de juicio necesarios para estudiar esta cuestión de fondo, la Sala
se abstendrá de pronunciarse sobre el particular.
37. En este sentido se analizarán los demás cargos de nulidad planteados.
La suscripción conjunta del acuerdo de convocatoria
38. Con fundamento en los artículos 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, se ha
considerado8 que la Comisión Nacional del Servicio Civil goza de suficiente
competencia, autoridad, independencia y capacidad de acción para definir, de
forma excluyente y exclusiva, lo relativo a la organización y administración de la
carrera administrativa, función en ejercicio de la cual dicta reglas en la materia que
resultan de vinculantes para los participantes, las universidades contratadas y las
entidades beneficiarias del concurso.
39. La intervención de estas últimas en la producción de la convocatoria se da en un
marco de cooperación interinstitucional que se manifiesta en una serie de acciones
de planeación conjunta con la CNSC para que pueda llevarse a cabo el concurso
de méritos, tales como la entrega del estudio de las cargas de personal, el listado
de vacantes, la emisión del certificado de disponibilidad presupuestal, entre otros,
a través de las cuales es dable inferir la voluntad inequívoca de la entidad de
suscribir el acto administrativo de convocatoria al concurso y, con ello, la
observancia del requisito de que trata el artículo 31 de la Ley 909 de 20049.
8 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 18 de
abril de 2024. Exp. 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9 Ley 909/2004, artículo 31, numeral 1: «Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de selección
comprende:
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
40. Ahora, tanto el Consejo de Estado10 como la Corte Constitucional11 han sostenido
que la firma o suscripción de la convocatoria por parte del representante legal de
la entidad beneficiaria de un concurso no es un requisito de validez de dicho acto
administrativo, pues lo que interesa es si las actuaciones desplegadas por aquella
entidad denotan cooperación en la realización del certamen y, con ello, su voluntad
para que este se lleve a cabo.
41. En el expediente obra el Acuerdo CNSC-20191000000626 del 4 de marzo de
2019, el cual aparece firmado por el presidente de la CNSC y el alcalde de Yopal,
por lo que se encuentra satisfecho lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909 de
2004.
La inclusión de los profesionales en administración pública
42. El artículo 2 de la Ley 1006 de 200612 dispone que la función del profesional en
administración pública es social y comprende el manejo de los asuntos públicos,
además de aquellas actividades orientadas a generar procesos integrales para
mejorar la capacidad de las instituciones estatales y organizaciones de carácter
privado con responsabilidades públicas.
43. En relación con el campo de acción de esa profesión, el artículo 3 de la misma
normativa establece:
«[…] El ejercicio de la profesión de Administrador Público está constituido por
los siguientes campos de acción:
a) El desempeño de empleos para los cuales se requiere título profesional de
Administrador Público de acuerdo en todo a lo dispuesto en la presente ley;
b) La realización de estudios y proyectos de asesoría y consultoría para
cualquier organismo de los sectores público y privado en materias de carácter
estatal y de manejo de asuntos públicos;
c) Diseño, dirección, ejecución de políticas, programas y proyectos propios del
ámbito de lo público;
d) El ejercicio de la docencia y la investigación científica en materias
relacionadas con la profesión en instituciones de educación o de investigación;
e) Las demás relacionadas con el desarrollo científico, social, económico y
político sean inherentes al ejercicio de la profesión.».
1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de
la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las
entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes […]».
10
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de 2019. Exp. 11001-03-25-000-2016-01017-
00(4574-16). C.P. César Palomino Cortés.
11 Sentencia C-183 del 8 de mayo de 2019. Referencia: Expediente D-12566, en la cual estudió la exequibilidad
del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
12 «Por la cual se reglamenta la profesión de Administrador Público y se deroga la Ley 5ª de 1991».
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8
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
44. Además de lo anterior, el artículo 9 de dicha disposición determinó que las
entidades del Estado en cualquiera de los niveles territoriales están obligadas a
incluir la profesión de administrador público en sus manuales de funciones.
45. Esta corporación13 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este tema, y ha
sostenido que, para comprobar la vulneración de la mencionada ley, debe
verificarse si en la OPEC se incluyeron cargos que pudieran ser desempeñados
por administradores públicos.
46. A su turno, el Decreto 2084 de 2014 en concordancia con el artículo 2.2.3.5 del
Decreto 1083 de 2015, determinaron que para el ejercicio de los empleos que
exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior,
en el manual específico de funciones y de competencias laborales se
identificarán los núcleos básicos del conocimiento (NBC), que contengan las
disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación
establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES).
47. Por último, es importante señalar que, en el SNIES, la disciplina académica de
administración pública se encuentra clasificada en el NBC de «administración»,
que pertenece al área de conocimiento llamada «Economía, administración,
contaduría y afines14».
48. Al revisar el contenido del manual de funciones y competencias laborales del
municipio de Yopal, se encuentra que, por ejemplo, el empleo denominado
director administrativo de la Secretaría General de esa entidad, código 009,
grado 02, incluyó el NBC de administración15.
49. En consecuencia, no es cierto que la convocatoria 1066 de 2019 del muncipio de
Yopal, excluyó a los profesionales de la administración pública del desempeño
de los empleos ofertados, pues, se estableció que se puede cumplir con los
requisitos mínimos de formación académica con las disciplinas que hacen parte
del NBC de administración, al cual, como se dijo, pertenece la profesión de
administrador público.
13 Al respecto se puede verificar: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Auto del 31 de mayo de
2018. Exp. 11001-03-25-000-2017-00212-00 (1219-17). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y Subsección A.
Sentencia del 18 de abril de 2024. Exp. 11001032500020180020200 (0704-2018). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
14
La equivalencia de la disciplina académica de administración pública en el nuevo sistema de clasificación
adoptado por el Ministerio de Educación Nacional, denominado Clasificación Internacional Normalizada de
Educación – CINE F 2013 AC, es la siguiente: «campo amplio: Administración de Empresas y Derecho»,
«campo específico: Educación comercial y administración», y «campo detallado: Gestión y administración».
15
Decreto 100.24.001 del 7 de enero de 2015 visible a índice 175 Samai, pág. 70
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
De ausencia de incluir cargos de la profesión en archivística
50. El artículo 1 de la Ley 1409 de 201016 definió el ejercicio profesional de la
archivística como «el desempeño laboral de profesionales, con título legalmente
expedido, en todo lo relacionado con el manejo de los archivos, cuyo campo de
acción se desarrolla fundamentalmente en las áreas relacionadas con el
conocimiento, organización, recuperación, difusión, preservación de la
información, conservación y conformación del patrimonio documental del país».
51. También, fijó los requisitos o condiciones esenciales para su ejercicio, exigiendo,
para tales efectos, además del respectivo título, la tarjeta profesional y la
inscripción en el Registro Único Profesional (artículo 4).
52. Al respecto, esta corporación17 ha señalado que, de la lectura detallada de esta
disposición, no se exige que los cargos públicos inherentes a funciones de gestión
documental deban ser provistos únicamente con profesionales de la archivística,
pues parágrafo del artículo 2 de esta norma, señala que, dada la
interdisciplinariedad de esta área del conocimiento, tales funciones pueden ser
desarrolladas por profesionales y técnicos de otras disciplinas.
53. Según se analizó precedencia, cada entidad, atendiendo a la naturaleza de las
funciones del empleo o área de desempeño, tiene el deber de verificar que la
disciplina académica o profesión que se exija como requisito de formación
pertenezca efectivamente al correspondiente núcleo básico del conocimiento
señalado en el manual.
54. Conviene advertir que, en el SNIES, la disciplina académica de archivística se
encuentra clasificada en el NBC denominado «Bibliotecología, Otros de Ciencias
Sociales y Humanas», que pertenece al área de conocimiento «Ciencias
humanas y sociales18».
55. Al analizar el manual de funciones de la entidad beneficiaria, se observa que,
por ejemplo, el cargo denominado líder de programa, código 206, grado 04,
incluyó el NBC de bibliotecología, otros de ciencias sociales y humanas19.
56. Su propósito principal «Liderar el Sistema General de Archivos del Municipio,
coordinando, supervisando y controlando la organización y el fortalecimiento de
16 «Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código de Ética y otras
disposiciones».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Auto del 31 de
mayo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2017-00212-00 (1219-17). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18 La equivalencia de la disciplina académica de archivística en el nuevo sistema de clasificación adoptado
por el Ministerio de Educación Nacional, denominado Clasificación Internacional Normalizada de Educación –
CINE F 2013 AC, es la siguiente: «campo amplio: ciencias sociales, periodismo e información», «campo
específico: periodismo e información», y «campo detallado: Bibliotecología, información y archivología».
19 Decreto 100.24.001 del 7 de enero de 2015 visible a índice 175 Samai, pág. 103.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
los archivos de la entidad territorial, Municipio de Yopal, para garantizar la
eficacia de la gestión archivística del Estado y la conservación del patrimonio
documental, así como apoyar a los archivos privados que revistan especial
importancia cultural o histórica para el ente territorial20».
57. Así, contrario a lo sostenido por la parte actora, no ocurrió la señalada exclusión,
pues el NBC no excluyó a la profesión de archivística.
58. En todo caso, como lo ha considerado esta corporación21, se admite que, a
efectos de la convocatoria al concurso de méritos, se indiquen facultativamente
los núcleos básicos del conocimiento o las disciplinas académicas o profesiones
específicas que se requieran para el desempeño del cargo. En ese sentido, no
es obligación de la entidad incluir la profesión de administrador público o de
profesional en archivística, pues el perfil de los empleos dependen de las
necesidades del servicio.
59. Por sustracción de materia, la Sala se releva de estudiar la alegada obligación de
la CNSC de vigilar el cumplimiento de las Leyes 1006 de 2006 y 1409 de 2010
que argumentan los demandantes, toda vez que no se demostró la transgresión
de esta normativa.
De la supuesta vulneración del artículo 3 de la Ley 73 de 1985
60. Para la parte actora se vulneró esta norma porque en la convocatoria se ofertó
un cargo para profesionales en medicina veterinaria o zootecnia, sin tener en
cuenta que los zootecnistas no pueden cumplir funciones relacionadas con la
prescripción de medicamentos o productos biológicos en los tratamientos de
enfermedades animales.
61. De la revisión efectuada al manual demandado no se encontró ningún cargo que
tenga como propósito general la prescripción de medicamentos para el
tratamiento de enfermedades en animales, tal y como lo aseguró en la demanda.
Tampoco se advierte dicha información de la OPEC que hace parte integral de
la convocatoria.
62. De igual forma, la parte actora no indicó cuál era el cargo o el número de la
OPEC en el que se presenta esta situación, ni aportó documentos donde pudiera
evidenciarse la configuración del error censurado.
63. Sin embargo, al examinar la OPEC se encuentra que el único cargo que puede
ser ocupado por veterinarios o zootecnistas, es el que se identifica con el número
20 Ibid.
21
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de enero de 2023. Exp. 11001-03-
25-000-2021-00209-00 (1324-2021). C.P. William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
77454, que pertenece al nivel profesional de la Secretaría de Salud, y su
propósito general es «realizar las acciones requeridas y liderar los planes,
programas y proyectos del programa de zoonosis aplicando los conocimientos
profesionales en el área de desempeño».22
64. Así las cosas, teniendo en cuenta que la zoonosis se refiere a las enfermedades
o infecciones que se dan en los animales y que son transmisibles a las personas
en condiciones naturales23,
65. para la Sala no es posible inferir que para este empleo se esté previendo la
posibilidad de que profesionales en zootecnia receten medicamentos para
animales, en contravía de lo dispuesto en la Ley 73 de 1985.
Irregularidades en la expedición del manual de funciones
66. La validez del acto administrativo puede entenderse como la conformidad de la
decisión administrativa con el ordenamiento jurídico, de manera que su
elaboración, expedición y contenido se ajusten a las normas y principios que lo
integran.
67. Los requisitos para que se predique este concepto son: i) que se haya dictado
por autoridad competente; ii) que su contenido se ajuste a la Constitución y al
ordenamiento jurídico vigente; iii) que su expedición se haya hecho de manera
regular; iv) que los motivos que lo justifican resultan acordes con la realidad; y
v) que el ejercicio de la atribución con base en la cual se profirió satisfaga
intereses públicos o los específicos a los que responde dicha competencia.
68. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación24 las causales de
nulidad operan en la etapa de formación del acto administrativo pues las
hipótesis que la generan se encuentran ligadas a circunstancias, internas o
externas, predicables del acto en el momento en que nace a la vida jurídica.
69. En este sentido, los elementos de validez del acto administrativo se enjuician a
la luz de las normas jurídicas que estaban en rigor en el momento de su
expedición, y excluye la posibilidad de confrontarlo con disposiciones proferidas
posteriormente25, pues si el acto nace legalmente, es válido, sin que una
normativa posterior pueda invalidarlo de forma retrospectiva.
22 Folio 69 vuelto ibid.
23 RAE, Diccionario de la lengua española, edición del tricentenario, actualización 2022, consultado en:
https://dle.rae.es/zoonosis?m=form.
24
Se pueden consultar las sentencias del 31 de enero de 2019. Exp. 11001032500020160101700 (4574-16).
C.P. César Palomino Cortés; del 26 de agosto de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2019-00210-00 (1356-19) y del
5 de mayo de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00886-00 (6373-2019). C.P. William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado, radicado 467-CE-1941-05-27 (204951). Tesis que ha sido reiterada en las sentencias
que se señalaron en el pie de página anterior.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00606-00 (4732-2019) acumulado
70. Ahora, para la parte demandante, el MEFCL debió socializarse de conformidad
con el artículo 1 del Decreto 51 de 2018; sin embargo, a la fecha de expedición
del Decreto 100.24.001 del 7 de enero 2015, no se encontraba vigente la
mencionada norma. Así, al momento de proferirse del manual de funciones, el
municipio demandado no tenía el deber de socializar con las organizaciones
sindicales el acto administrativo que lo adoptara.
71. En efecto, como la expedición del manual enjuiciado fue expedido el 7 de enero
de 2015 y la norma invocada como vulnerada se publicó el 16 de enero de
201826, no es dable exigir el cumplimiento de una ley que ni siquiera se había
expedido.
72. En relación con el argumento de que el estudio técnico que precedió al manual
de funciones no fue elaborado por una entidad idónea y no tuvo en cuenta las
competencias del empleo, formación académica, experiencia, número de
cargos, la Sala advierte que se trata un planteamiento genérico, pues los
demandantes no indicaron cuáles son los cargos que desconocen los alegados
requisitos ni aportaron elementos de juicio que permitan verificar el error
censurado.
De la estabilidad de los empleados en provisionalidad
73. En el caso de los servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos
de carrera, la Corte Constitucional27 y el Consejo de Estado28, han considerado
que gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, lo que implica que su
retiro debe fundarse en una causa legal, entre otras razones, porque se vaya a
proveer con ocasión de la realización de un concurso de méritos.
74. En este sentido, la jurisprudencia ha indicado que, aun cuando las personas que
ocupan un cargo público en provisionalidad no tienen derecho a permanecer en
este de manera indefinida, en el caso de que una de estas cuente con estabilidad
manifiesta, deberá otorgársele un trato preferencial, por lo que será de las
últimas en removerse cuando se proceda al nombramiento de quienes superaron
el concurso de méritos.
75. De esta forma, en los eventos en que un cargo de carrera ofertado está provisto
en forma provisional por una persona en condición de debilidad manifiesta, el
retiro del servicio de esta última a causa del nombramiento de quien aprobó
todas las etapas del concurso de méritos se encuentra claramente justificado,
pues es evidente que el retiro del funcionario obedeció a una causal objetiva
26
Diario Oficial 50.478.
27 Sentencia SU-446 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y sentencia T-342 de 2021. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
28 Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2024. Exp. 41-001-23-33-000-2017-00097-01
(0221-2021). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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expresamente consagrada en la ley y no con ocasión de su condición de
debilidad. De ahí que, ofertar los cargos ocupados por personas en condiciones
especiales no vició de nulidad la convocatoria.
76. En todo caso, se advierte que el Acuerdo CNSC 20191000000626 del 4 de
marzo de 2019, en el artículo 46 previó que, en caso de empate en las listas de
elegibles, se tendrán en cuenta varios criterios, entre los cuales se destaca: «1.
Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad; […] 3. Con el
aspirante que demuestre la calidad de víctima […]».
77. Ahora, en cuanto a la ausencia de acciones afirmativas previstas en el certamen
para proteger al personal prepensionado en cumplimiento del artículo 263 de la
Ley 1955 de 2019, se encuentra que esta fue promulgada el 25 de mayo de 2019
y la convocatoria enjuiciada se profirió el 4 de marzo de ese año, por lo que no
era obligatoria su aplicación, tal como se expuso en el problema jurídico anterior.
Suspensión del proceso de selección
78. El Decreto 491 de 2020 dispuso el aplazamiento de los procesos de selección
por la pandemia del COVID-19. A su vez, el Decreto 1754 de 2020 reactivó las
etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas a partir del 22 de diciembre de
2020.
79. Los actores no explicaron ni aportaron elementos de convicción que permitan a
la Subsección advertir cuáles etapas se surtieron en contravía del decreto que
suspendió el desarrollo de los concursos mientras estuviera vigente la pandemia,
por lo cual, se carece de los medios probatorios que acrediten las falencias
alegadas.
80. Además, esta circunstancia se refiere a una situación posterior a la expedición
del acuerdo reglamentario de la convocatoria y, por lo tanto, no tiene la vocación
de afectar su legalidad, dado que, como lo ha señalado esta corporación29, la
validez de los actos administrativos debe analizarse de conformidad con las
normas vigentes en las que se debían fundar en el momento en el que son
proferidos. Teniendo en cuenta ello, para la fecha en que se profirió el acto de
convocatoria, 4 de marzo de 2019, la administración no había expedido los
Decretos 491 de 2020 y 1754 de 2020.
29 Se pueden consultar: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de
2019. Exp. 11001032500020160101700 (4574-16) C.P. César Palomino Cortés; y Subsección A, fallos del 26
de agosto de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2019-00210-00 (1356-19) y del 5 de mayo de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2019-00886-00 (6373-2019). C.P. William Hernández Gómez.
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Disponibilidad presupuestal
81. El artículo 30 de la Ley 909 de 2004, establece que los costos que genere la
realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las
entidades que requieran la provisión de los empleos.
82. El primer inciso del artículo 71 del Decreto 111 de 199630, compilatorio del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, prevé que todos los actos administrativos
que afecten las apropiaciones presupuestales deben contar con certificados de
disponibilidad previos, entendiendo por apropiación, la autorización de gasto
suficiente para atender las erogaciones que ellos generen (89 de la misma
disposición). El inciso segundo de la misma norma se refiere a otro concepto
como es el de «registro presupuestal», el cual afecta de forma definitiva la
apropiación y sirve para que los recursos previstos para financiarlos no se
desvíen para otro fin.
83. Sobre la necesidad del certificado de disponibilidad presupuestal como
prerrequisito de las convocatorias a concursos públicos de méritos, se refirió la
Corte Constitucional en sentencia C-747 de 2011, en la cual recalcó el deber de
tener el CDP antes de abrir las convocatorias, como el de las entidades de
constituirlo para no obstaculizar las labores de la CNSC.
84. La Sección Segunda del Consejo de Estado31 ha señalado que el certificado de
disponibilidad presupuestal no es un requisito de validez del acto administrativo,
por lo que su ausencia no compromete su presunción de legalidad. En todo caso,
en el expediente puede observarse que el municipio de Yopal remitió a la CNSC
el certificado de disponibilidad presupuestal 160.45.06.201900000040 del 14 de
enero de 201932, con cargo al presupuesto de rentas y gastos de ese ente
territorial por valor de $300.000.000 cuyo objeto era la oferta pública de empleos.
85. Lo anterior da cuenta de que la entidad territorial efectuó la provisión de los
recursos financieros necesarios para la realización del certamen.
De las pruebas escritas y valoración de antecedentes
86. Respecto a lo señalado por la parte demandante en cuanto a que en las pruebas
no se siguieron normas convencionales, formales, semánticas y gramaticales del
español, y que muchas de las expresiones en los textos resultaron poco claras,
30 Según el primer inciso del artículo 109 ibidem, las normas de la Ley Orgánica de Presupuesto, compiladas
en dicho decreto, también son aplicables a las entidades territoriales.
31
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de enero de 2017. Exp. 25000-23-24-
000-2007-00203-02 (3756-15). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Tesis que fue reiterada por la Subsección A.
Sentencia del 25 de abril de 2024. Exp. 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
32 Antecedentes administrativos índice 27 Samai (0478-2023).
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inconclusas, ambiguas y confusas, la Sala advierte que no se allegaron
elementos probatorios que permitan verificar las alegadas irregularidades. Se
trata de afirmaciones generales que dificultan un estudio en concreto.
87. Igual análisis merece la aseveración de que la valoración de antecedentes
inobservó el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, pues la parte
actora no indicó cuáles eran los requerimientos académicos o de experiencia
que fueron desconocidos en dicha etapa y mucho menos aportaron pruebas
tendientes a soportar su dicho.
88. Finalmente, en cuanto al desconocimiento de la Ley 1960 de 2019, en lo
concerniente al concurso de ascenso que echó de menos la parte actora, se
reitera que esta se profirió el 27 de junio de 2019, esto es, en fecha posterior a
los actos demandados, por lo que no es procedente el estudio de la aplicación
de una normativa que aún no había nacido a la vida jurídica.
89. En consecuencia, los cargos de nulidad formulados en la demanda no están
llamados a prosperar, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de
los actos demandados, motivo por el cual negarán las pretensiones de la
demanda.
Condena en costas
90. El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá condena
en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando
la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace
referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al
abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en
favor de un sujeto determinado.
91. En el caso concreto, se tiene que el medio de control fue presentado en ejercicio
del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la
general al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente
de fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos
contra los actos administrativos demandados que debieron ser analizados tanto
al decidir la medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se
prescindirá de la condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
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nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR NO PROBADA la excepción falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la CNSC, según las consideraciones expuestas.
Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad formuladas por la
señora Leonor Alejandra Rivas Camargo y otros en contra del Acuerdo
20191000000626 del 4 de marzo de 2019, expedido por la Comisión Nacional del
Servicio Civil y del Decreto 100.24.001 de 2015 proferido por el municipio de Yopal.
Tercero. SIN CONDENA en costas.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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