Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00202-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00202-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00202-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados 1
Demandantes: James Arturo Jurado Flórez y otros
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y
el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes, hoy
Ministerio del Deporte), y Fundación Universitaria del Área
Andina
Vinculados: Ministerios de Educación Nacional y de Cultura
Temas: Legitimación en la causa por activa en el medio de control de
nulidad. Criterio jurisprudencial respecto de la firma conjunta de
la convocatoria en los concursos de méritos. Requisitos de
formación académica en el acceso al empleo público. El principio
de igualdad en la expedición de normas. Publicidad de los actos
administrativos generales frente a la validez de otros actos de la
misma naturaleza a los que sirven como fundamento de
derecho. NIEGA PRETENSIONES.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
acumulado promovidos por los señores James Arturo Jurado Flórez (0704-2018),
Leonardo Ruíz Mendoza (0690-2018), Diana Marleni Duque Giraldo (0691-2018),
Elsa Rosalba Hernández Morales (0692-2018), Adriana del Pilar Sanabria García
(0694-2018), Juan Pablo Onofre García (0695-2018), Luis Eduardo Lombo Rondón
(0696-2018), Sandra Patricia Pérez Marín (0697-2018), Angie Rocío Báez Parra
(0698-2018), Wilson García Jaramillo (0699-2018), Clara Janneth Méndez Calderón
(0700-2018), Víctor Félix Cedeño Villegas (0701-2018), Rodrigo Antonio Moreno
Quintero (0702-2018), Diana Miley Gómez Castañeda (0703-2018), Edgar Gerardo
Pedraza Pineda (0706-2018), Cristina Bertoldo Mikan (0707-2018), Tania Bibiana
Carvajal Combariza (0708-2018), Eliana Aguilar Dávila (0709-2018), Nelson Jaime
Sanz Londoño (0710-2018), Gilberto Antonio Calderón Bejarano (0921-2018), María
Patricia Cárdenas Jiménez (0922-2018), Claudia Patricia Ortiz Nova (0923-2018),
Eder Trejos Arroyave (0924-2018), Erick Dovales García (0925-2018), Luis Carlos
1 La acumulación se decretó mediante auto del del 6 de marzo de 2019 (folios 95-107 del cuaderno físico
principal del proceso con radicado interno 0704-2018). Los expedientes son todos del año 2018.
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Buitrago Echeverri (0926-2018), Juan Pablo Orozco Londoño (0927-2018), Edgar
González Marentes (0928-2018), Orlando Reyes Cruz (0930-2018), Héctor Agustín
Marín Buitrago (0931-2018), Diana Gisela Jiménez Cuervo (0933-2018), Miguel
Ángel Fernández Rincón (0934-2018), Juan Enrique Zambrano Gutiérrez (0935-
2018), Gloria Carolina Cuervo Leal (0940-2018), Fernando Helí Rodríguez
Ahumada (0978-2018), Adrián Mauricio Artunduaga Claros (0992-2018), Sandra
Milena Castelblanco Sánchez (0994-2018), Nury Angélica Neira Tolosa (1018-
2018), Laura Cristina Salamanca Jiménez (1019-2018), Claudia Patricia Patiño
Morales (1020-2018), Sandra Milena Becerra Baldrich (1021-2018), José del
Carmen Arrieta Orozco (1022-2018), Gilberto Andrés Rojas Afanador (1048-2018),
María del Rosario García Portillo (1049-2018), María Antonia Peláez Arboleda
(1050-2018), Edison Rafael Venera Lora (1380-2018), Carlos Ignacio González
Jaramillo, Luz Constanza Fierro Enciso, Juan Manuel Heredia, Geydy C aballero
Arenas, Claudia Marcela Márquez, Sandra Milena Sánchez, Martha Liliana Osorio
Castro, Rosa María Agudelo González, Mauricio Reina Molina, Juan David Arenas
González, María Cristina Pastor Candia (1396-2018), Lina Ginnery Campo García,
Diana López Coronado (1812-2018), Luz Nelly Montoya Buriticá, Carlos Alberto
Naranjo Hurtado, Diana González Rodríguez, Yesika Tatiana Sánchez Rodríguez,
Vilma Leonor García, Andrea Castrillón Gutiérrez y Gladys Stella Romero Pérez
(1844-2018), contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, Coldeportes (hoy
Ministerio del Deporte) y la Fundación Universitaria del Área Andina, y como
vinculados los Ministerios de Educación Nacional y de Cultura, con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Revisadas las demandas, se observa que en todas se solicita que se declare la
nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la Comisión Nacional
del Servicio Civil:
• Acuerdo CNSC-20161000001396 del 16 de septiembre de 2016 «por el cual
se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las
entidades del Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura y el
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES, Convocatoria n.° 434 de
2016, EDUCACIÓN – CULTURA Y DEPORTE».
• Acuerdo CNSC-20161000001496 del 12 de diciembre de 2016 «por el cual se
modifican los artículos 1, 2, 3 y 11 del Acuerdo n.° 201610000001396 del 16 de
septiembre de 2016».
• Acuerdo CNSC-2017000000026 del 2 de febrero de 2017 «por el cual se
precisan y corrigen los artículos 29 y 31 del Acuerdo n.° 201610000001396 del 16
de septiembre de 2016».
Y en los procesos con radicado interno 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927,
0930, 0931, 0933, 0934, 0935, 0940, 0978, 0994, 1018, 1020, 1021, 1022, 1048,
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2
Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
1049, 1050, 1091, 1396, y 1380, todos de 2018, se solicitó además la nulidad de los
actos expedidos por Coldeportes:
• Resolución 475 del 17 de marzo de 2015 «por la cual se modifica y adopta el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos del
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES».
• Resolución 1044 del 16 de junio de 2016 «por la cual se adiciona el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos del
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES».
• Resolución 1693 del 14 de septiembre de 2016 «por la cual se adiciona el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la
planta de empleos del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES».
• Resolución 2490 del 21 de diciembre de 2016 «por la cual se adiciona el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta
de empleos del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES».
• Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa (OPEC), emitida por
Coldeportes mediante la Resolución 475 de 2015.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que, a través de los acuerdos acusados, la CNSC reglamentó la Convocatoria 434
de 2016, mediante la cual se ofertaron 315 vacantes que pertenecen al sistema
general de carrera administrativa de los Ministerios de Educación, Cultura y de
Coldeportes.
Que las resoluciones de esta última entidad, que también fueron demandadas,
contienen su manual específico de funciones y competencias laborales.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que los actos acusados vulneraron el preámbulo y los artículos 1.°, 2.°, 13, 29 y 53
de la Constitución Política; 31 de la Ley 909 de 2004; 9.° de la Ley 1006 de 2006;
1.° al 9 y 53 de la Ley 1409 de 2010; 8.° (numeral 8.°) y 65 de la Ley 1437 de 2011.
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Falta de suscripción conjunta de los acuerdos de la CNSC acusados 2
Que los acuerdos de la CNSC acusados, no atendieron el mandato del artículo 31
de la Ley 909 de 2004, que impone la suscripción conjunta de la convocatoria entre
esa Comisión y el jefe de la entidad u organismo al que esté dirigido el concurso de
méritos de carrera administrativa, circunstancia que vulnera los principios y
derechos constitucionales de igualdad, debido proceso, confianza legítima,
legalidad, seguridad jurídica, entre otros.
Que tal como lo sostuvo la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
en concepto del 19 de agosto de 20163, tal disposición es de carácter imperativo, y
no se suple con la entrega de la OPEC o con la suscripción de otros documentos
diferentes al acuerdo que reglamenta la convocatoria, por lo que resulta inadmisible
que la CNSC abra los concursos por sí sola.
Defectos en la publicidad de las resoluciones de Coldeportes que sirvieron de
fundamento para la convocatoria reglamentada por los acuerdos de la CNSC
demandados4
Que las resoluciones demandadas expedidas por el director de Coldeportes para
reglamentar el manual de funciones de esa entidad, vulneran lo dispuesto en el
numeral 8.° del artículo 8.° del CPACA y el artículo 65 de la misma normativa, en la
medida en que dichos actos administrativos de carácter general no fueron
publicados en el Diario Oficial.
Que tales defectos de publicidad invalidan de manera insubsanable y de pleno
derecho los acuerdos de la CNSC que fueron acusados, toda vez que el manual de
funciones contenido en las primeras es un insumo fundamental para la convocatoria
reglamentada por los segundos, pues define los detalles de la OPEC del concurso
de méritos.
Omisión del deber de incluir vacantes para profesionales en archivística en la
convocatoria y en administración pública 5
Que en la convocatoria reglamentada por los acuerdos acusados, se incumplió con
lo consagrado en los artículos 1.° al 9.° y 53 de la Ley 1409 de 2010, toda vez que
en la OPEC del concurso, no se incluyeron cargos para quienes son profesionales
en archivística.
Que la CNSC y las entidades que se beneficiaron de la Convocatoria 434 de 2016,
desconocieron lo ordenado en el artículo 9.° de la Ley 1006 de 2006, pues, en la
OPEC no fueron incluidos cargos para profesionales en administración pública.
2 Defecto que fue alegado en todas las demandas.
3 Radicado:1001030600020160012800.
4 Contenida en los expedientes 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0930, 0933, 0934, 0935, 0940, 0978,
0992, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1048, 1049 y 1396.
5 Argumento expuesto en los procesos 0992, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1048 y 1049.
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4
Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Desconocimiento de los principios de igualdad e imparcialidad, y del derecho
al trabajo, por el establecimiento de diferencias injustificadas en los
requisitos, la remuneración y las funciones de algunos empleos ofertados y
en las pruebas a aplicar en el certamen 6
Que en la convocatoria se dispuso la aplicación de una entrevista solo para los
empleos del nivel profesional especializado de la OPEC del Ministerio de Educación
Nacional, excluyendo la exigencia de dicha prueba para los cargos del mismo nivel
del Ministerio de Cultura y de Coldeportes.
Que tal situación coartó la voluntad de las personas que, queriendo evitar ese
examen para tener una mayor probabilidad de acceder a un empleo de carrera, se
vieron obligadas a no participar en los concursos del Ministerio de Educación.
Que en la OPEC hay empleos, como los que se identifican con los números 23657
y 24279, que cuentan con el mismo nivel, denominación, código y, sobre todo,
funciones asignadas, pero que por tener un grado distinto poseen un salario
diferente.
Que en la convocatoria reglamentada por los acuerdos acusados hay ofertas de
empleo como las de las OPEC 31582, 31183 y 49604 en las que, para el cargo de
conductor mecánico, las de los grados inferiores, deben cumplir con más funciones
que las de los grados superiores, a pesar de que estos últimos reciben un salario
superior.
Que el empleo con la OPEC 31183 tiene funciones adicionales a las de sus pares y
más complejas que estas, tales como realizar pequeñas reparaciones, cambiar
llantas o neumáticos, o demás labores de mantenimiento, pero, de manera
paradójica, tiene asignado un salario menor.
La demanda del proceso con radicado interno 0704-2018 fue admitida mediante
auto del 30 de abril de 2018 y, a su vez, a través de providencia de la misma fecha,
se corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional formulada. Notificado el
medio de control, las entidades demandadas y vinculadas, contestaron en tiempo.
El 6 de marzo de 2019 se decretó la acumulación de 47 procesos al expediente
principal.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Comisión Nacional del Servicio Civil 7. Se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, expresando que en el concurso de méritos que se adelantó con
fundamento en los actos acusados, ya se surtió la etapa final de publicación de listas
6 Este defecto se alegó únicamente en el proceso 1812.
7 Folios 78-86 vuelto del cuaderno físico principal del expediente 0704 y en los de los acumulados.
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
de elegibles, esto es, que existen situaciones consolidadas de concursantes que
adquirieron legítimamente derechos de carrera y que se verían afectados en caso
de que se acceda a las pretensiones.
Que no es admisible una interpretación literal del numeral 1.° del artículo 31 de la
Ley 909 de 2004, en el sentido de supeditar la validez de un concurso de carrera al
requisito meramente formal de contar con la firma del representante legal de la
entidad beneficiaria del certamen. Que todas las etapas de la Convocatoria 434 de
2016, fueron realizadas de manera conjunta y coordinada con Coldeportes y los
Ministerios de Educación y Cultura.
Que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia la falta de publicidad de un acto
administrativo no afecta su validez sino su eficacia, obligatoriedad u oponibilidad,
toda vez que esta constituye una diligencia externa y posterior a la formación o
nacimiento del acto, y, en todo caso, los acuerdos enjuiciados fueron debidamente
publicados, de conformidad con lo consagrado en el artículo 33 de la Ley 909 de
2004.
Que, si bien los manuales de funciones y competencias laborales de las entidades
beneficiarias de las convocatorias a los concursos de méritos de carrera
administrativa son tomados con base en la OPEC, de acuerdo con el artículo 28 del
Decreto 2772 de 2005 y con lo señalado por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado8, su configuración no es responsabilidad de la CNSC sino de cada
organismo y entidad.
En consecuencia, los eventuales defectos que se presenten en dichos instrumentos
de gestión del empleo público no pueden afectar la legalidad de los acuerdos que
reglamentan las convocatorias.
Ministerio de Educación Nacional 9. Que de los 77 empleos de esa entidad que
fueron ofertados en la Convocatoria 434 de 2016, correspondientes a un total de
115 vacantes, ya se habían conformado 48 listas de elegibles, de las cuales 33 ya
adquirieron firmeza y, frente a ellas, se profirieron 9 resoluciones de nombramiento
en periodo de prueba, que fueron debidamente publicadas.
Que, en lo concerniente a la suscripción conjunta de los acuerdos demandados, ese
Ministerio, observando el principio de coordinación administrativa, le prestó su
colaboración a la CNSC en todo el proceso de selección. Esto, se vio reflejado en
la apropiación presupuestal que hizo la entidad para el concurso y el pago efectivo
de los gastos de este; además, con el reporte de la OPEC, la definición de ejes
temáticos, la creación del usuario administrador en el Sistema de Apoyo a la
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), entre otras actuaciones, que se ajustan
al espíritu o finalidad de lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
8 Sentencia del 20 de enero de 2011, radicado: 25000231500020100293201 (AC).
9 Folios 110-119 del cuaderno físico principal del proceso 0923, que tiene el mismo contenido que las de los
demás expedientes, salvo con algunas aclaraciones en la contestación del expediente 0704.
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Coldeportes10. Que los actos acusados son de carácter particular y, por lo tanto,
los únicos legitimados para demandarlos eran los empleados de carrera de dicha
entidad, por lo que el presente asunto debió tramitarse como una nulidad y
restablecimiento del derecho11.
Que según lo establecido en el parágrafo del artículo 9.° de la Ley 1006 de 2006,
frente a lo alegado por la no inclusión de cargos para administradores públicos en
la convocatoria, la legitimación para tal reclamo recaía únicamente en el Colegio
Colombiano del Administrador Público o el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
Que con fundamento en lo decidido en las sentencias del 31 de enero de 2019 de
la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación y C-183 de ese mismo
año de la Corte Constitucional, la firma del representante legal de la entidad
beneficiaria no es un requisito para la existencia y validez de los acuerdos que
profiere la CNSC para reglamentar las convocatorias de carrera. Además,
Coldeportes colaboró con la Comisión para adelantar el concurso de méritos.
Que los manuales de funciones no debían ser publicados en el Diario Oficial de la
Imprenta Nacional, como lo plantearon los demandantes, pues de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, estos son resoluciones internas que, en
principio, no afectan a la comunidad en general.
Que en lo concerniente a la inclusión en el manual de funciones y en la OPEC de la
convocatoria de cargos para profesionales en administración pública y archivística,
ello no era imperativo y su existencia dependía de las necesidades internas de
funcionamiento de cada entidad.
Ministerio de Cultura 12. Que siempre actuó de buena fe y brindó su apoyo para
que el concurso de méritos se llevara a cabo, con lo que se cumplió la finalidad de
lo dispuesto en el numeral 1.° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA
El 31 de enero de 2022 se negó la suspensión provisional de los actos demandados
y el 6 de julio de 2022, se declararon no probadas las excepciones previas de
ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales e indebida acumulación de
pretensiones propuestas por Coldeportes y la CNSC. El estudio de la falta de
legitimación en la causa por activa se difirió a la sentencia. Igualmente, se negó la
10 Folios 87-110 del proceso 0923 e índice 67 del expediente digital del expediente 0704.
11 Mediante auto del 6 de julio de 2022 que resolvió las excepciones previas (índice 99 ibidem), el Despacho
advirtió que los dos medios de control han de adelantarse por el mismo trámite (nulidad), conforme lo prevé el
artículo 179 del CPACA.
12 Folios 132-143 del cuaderno físico del proceso 0923. Esta se reitera en los demás expedientes en los que
dicha entidad contestó las demandas.
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
solicitud de desistimiento de la demanda que presentó la señora Elsa Rosalba
Hernández Morales.
Por medio de providencia del 23 de septiembre de 2022, se evidenció la posibilidad
de emitir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió de la audiencia
inicial prevista en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, se decretaron las pruebas
y se fijó el correspondiente litigio. El 22 de octubre de 2022, se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Ministerio de Educación 13. Que, según el criterio definido por el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional, la firma del acto administrativo tanto por parte de la CNSC
como de la entidad beneficiaria del concurso, no es un requisito esencial del
reglamento de este, pues lo que interesa es que haya existido planeación y
coordinación interinstitucional para llevar a cabo el certamen.
Que no se presentó ninguna violación al principio de igualdad, pues todas las
personas interesadas y que cumplían los requisitos, pudieron participar con las
mismas oportunidades. Además, invocó algunos argumentos que se abordaron en
el auto que denegó las medidas cautelares solicitadas en este proceso sobre la
publicidad de las resoluciones de Coldeportes acusadas.
Coldeportes14. Reiteró sus argumentos iniciales y, en lo concerniente a las
alegaciones de nulidad por falta de publicación en el Diario Oficial de las
resoluciones sobre el manual de funciones y competencias laborales de dicha
entidad, invocó el auto que denegó las medidas cautelares en este proceso.
El Ministerio de Cultura y la CNSC. Insistieron en las razones expuestas en las
contestaciones 15.
Los demandantes y el agente del Ministerio Público no actuaron en esta etapa
procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestiones previas
Sobre el desistimiento de las pretensiones. Encontrándose a despacho el
proceso para emitir fallo, fue allegado un memorial en el que el señor James Arturo
13 Índice 129, ídem.
14 Índice 132, ídem.
15 Índices 130 y 131, ídem.
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Jurado Flórez, demandante en el expediente 0704, manifiesta que desiste de las
pretensiones de su demanda16. Esto fue justificado en la aplicación de lo dispuesto
en el artículo 314 del CGP y en una providencia del 10 de febrero de 2020 por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en la cual se aceptó una petición en el mismo sentido y en un medio de control de
nulidad.
Esta manifestación, contiene argumentos idénticos a los que ya fueron estudiados
en auto del 6 de julio de 2022, proferido en este proceso acumulado, que resolvió,
además de las excepciones previas, el desistimiento de la demandante en el
expediente 0692 17 y, si bien, de acuerdo con el artículo 314 del CGP esta figura
jurídica puede realizarse mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin
al proceso, se estará a lo resuelto en dicha providencia.
En ella, se consideró que esta figura no es procedente en el medio de control de
nulidad simple, pues, una vez que se ha admitido la demanda, la emisión de la
sentencia que decida sobre las pretensiones no está sujeta a la disposición de las
partes, ya que este se dirige, primordialmente, a la protección del interés público
relacionado con la preservación del orden jurídico en la emisión de los actos
administrativos. Esta decisión se adopta por razones de economía procesal, la
naturaleza del asunto y la jurisprudencia pacífica en la materia.
Exclusión de la pretensión de nulidad sobre la OPEC de Coldeportes. La Sala
estima que se debe excluir del objeto de este medio de control la pretensión de
nulidad de la OPEC de Coldeportes para la Convocatoria 434 de 2016 de la CNSC,
en la medida en que se trata de un acto preparatorio del reglamento del concurso
de méritos y, por lo tanto, no es un acto administrativo que pueda ser objeto de
control judicial, al ser un instrumento mediante el cual el beneficiario del concurso
le comunica a la entidad responsable las plazas que se encuentran vacantes
definitivamente, con la finalidad de que sean provistas a través del respectivo
proceso de selección 18.
Se aclara que la OPEC de Coldeportes no está contenida en la Resolución 475 de
2015 de esa entidad, que es uno de los actos acusados de nulidad, sino que dicha
oferta se basó en ese manual con sus actualizaciones, el cual, por haber sido
demandado, sí es objeto de estudio en el marco de las normas violadas y el
concepto de violación.
De la legitimación en la causa por activa en el medio de control de nulidad.
Esta figura jurídica hace referencia a la posibilidad que tienen las partes de proponer
o controvertir las pretensiones planteadas en la demanda, al ser sujetos procesales
16 Índice 135, ídem.
17 Índice 99 del expediente digital.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7
de julio de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2020-00724-00 (2125-2020).
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con interés, por activa, en el caso de la parte demandante, o pasiva, en el de la
demandada, en la relación jurídico sustancial que se ventila en el proceso.
El artículo 137 del CPACA, consagra que «toda persona podrá solicitar por sí, o por
medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter
general»19, y, excepcionalmente, procederá esa pretensión frente a actos
particulares, en los eventos previstos en la misma disposición, que se sintetizan en
la necesidad de que con la sentencia no se presente el restablecimiento automático
de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero, o que se trate de
la protección de ciertos intereses públicos.
En virtud de lo previsto por el legislador, y bajo la consideración de que con el medio
de control de nulidad se busca la corrección en abstracto del ordenamiento jurídico,
hay que entender que la legitimación en la causa por activa en este es bastante
amplia, pues cualquier persona, sea natural o jurídica, pública o privada, puede
incoarlo.
Ahora, de acuerdo con la doctrina, los actos administrativos generales son aquellos
que se refieren a situaciones jurídicas objetivas, abstractas o impersonales, que no
se relacionan directa e inmediatamente con persona determinada o determinable 20,
por lo que no le asiste razón Coldeportes, pues los actos demandados son los
típicos actos que podían ser acusados por cualquier persona.
De un lado, los Acuerdos 20161000001396 del 16 de septiembre y
20161000001496 del 12 de diciembre de 2016, y 2017000000026 del 2 de febrero
de 2017, proferidos por la Comisión, contienen el reglamento de la convocatoria de
carrera y sus normas resultan aplicables, en abstracto, a todas las personas que
deciden participar en ella, sin que se den criterios para identificar individuos
concretos a quienes se les cree, modifique o extinga una situación jurídica particular.
Por el otro, las Resoluciones 475 del 17 de marzo de 2015, 1044 del 16 de junio,
1693 del 14 de septiembre y 2490 del 21 de diciembre de 2016, sobre el manual
específico de funciones y competencias laborales para la planta de empleos de
Coldeportes en vigor para la época del concurso, si bien hacen parte del ámbito
interno administrativo de la entidad, también se aplican de manera impersonal a
cualquier individuo que eventualmente ocupe uno de esos cargos, lo que reitera su
carácter general.
En estas condiciones, se deberá determinar si: i) los acuerdos de la CNSC están
viciados por el desconocimiento del ordenamiento jurídico superior, porque: a) no
hubo suscripción conjunta de los acuerdos reglamentarios de las convocatorias
de carrera por parte de los representantes legales de la CNSC y de las entidades
beneficiarias del concurso; b) no se incluyeron cargos para quienes son
19 Negrita fuera de texto.
20 Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá, Librería Ediciones del
Profesional, 2016, pp. 144-145.
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profesionales en archivística y en administración pública; iii) se vulneraron los
principios de igualdad e imparcialidad, y del derecho al trabajo, por el
establecimiento de diferencias injustificadas en los requisitos, la remuneración,
las funciones de algunos empleos ofertados y por aplicar la prueba de entrevista
solo para los empleos del nivel profesional especializado.
Y, si las resoluciones de Coldeportes acusadas incurren en la causal de nulidad
por violación de las normas en que debían fundarse, al no ser publicadas en el
Diario Oficial, y si ello afecta la validez de los acuerdos proferidos por la CNSC
para reglamentar la Convocatoria 434 de 2016.
De la nulidad por la violación de las normas en las que debía fundarse el
acto administrativo
Esta causal ha sido entendida por la jurisprudencia de esta Corporación como la
contravención legal directa de la norma superior en el momento en el que es
expedido, y ocurre cuando se presenta una de las siguientes situaciones: a) falta
de aplicación, b) aplicación indebida o c) interpretación errónea 21.
a) La falta de aplicación de una norma se configura cuando la autoridad
administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce, la analiza de
forma diferente o no la aplica al caso. También se presenta cuando la autoridad
examina la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto
que resuelve.
b) La aplicación indebida tiene lugar cuando las disposiciones jurídicas se
emplean a pesar de no ser las pertinentes para resolver el asunto que es objeto
de decisión, y puede originarse cuando la autoridad administrativa se equivoca al
escoger la norma, por la inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta
consagra o cuando no establece de manera correcta la diferencia o la semejanza
existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
c) La interpretación errónea ocurre cuando las disposiciones son las que regulan
el tema que se debe decidir, pero la autoridad las entiende equivocadamente y
así las aplica, esto es, le asigna a la disposición un sentido o alcance que no le
corresponde.
Se procederá a analizar cada uno de los cargos presentados en las demandas por
esta causal.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de mayo de 1999, radicado interno:
13644 y Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2012, radicado: 25000-23-27-000-2004-92271-02
(16660).
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De la no suscripción conjunta de los acuerdos reglamentarios de las
convocatorias
En el ámbito de la función pública, el concurso de méritos puede definirse como un
proceso de selección para el desempeño del empleo público, llevado a cabo con
plena garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad, en el que
la escogencia del aspirante que habrá de ocuparlo se realiza exclusivamente 22 con
base en el mérito, entendido este como el reconocimiento que le corresponde a una
persona en razón de las capacidades, competencias y aptitudes que ha demostrado
tener para el ejercicio del contenido funcional del cargo correspondiente.
Este mecanismo procede para la selección de personal que ha de desempeñar
cargos de carrera y, en el caso de empleos públicos de otra naturaleza, cuando la
Constitución o la ley no hayan determinado un sistema de provisión distinto 23 o
cuando expresamente hayan consagrado la aplicación del concurso público de
méritos 24.
La Constitución Política de 1991, en el artículo 130, dispuso la creación de la
Comisión Nacional del Servicio Civil como entidad responsable de la administración
y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con excepción de las de
carácter especial.
Con fundamento en los artículos 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, se ha sostenido que
la CNSC goza de suficiente competencia, autoridad, independencia y capacidad de
acción para definir, de forma excluyente y exclusiva, lo relativo a la organización y
administración de la carrera administrativa, función en ejercicio de la cual dicta reglas
en la materia que resultan vinculantes para los participantes, las universidades
contratadas y las entidades beneficiarias del concurso.
La intervención de estas últimas en la producción de la convocatoria se da en un
marco de cooperación interinstitucional que se manifiesta en una serie de acciones
de planeación conjunta con la CNSC para que pueda llevarse a cabo el concurso de
méritos, tales como la entrega del estudio de las cargas de personal, el listado de
vacantes, la emisión del certificado de disponibilidad presupuestal, entre otros, a
través de las cuales es dable inferir la voluntad inequívoca de la entidad de suscribir
el acto administrativo de convocatoria al concurso y, con ello, la observancia del
requisito de que trata el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 25.
22 Artículo 27 de la Ley 909 de 2004 cuando regula el concurso público de méritos como mecanismo de provisión
de los empleos públicos de carrera.
23 Artículo 125 de la Constitución Política.
24 Según la regla jurisprudencial sentada por la Corte Constitucional en la sentencia T-329 del 14 de mayo de
2009 en la materia, excepción hecha de los cargos elegidos a través del ejercicio del derecho al voto, en el caso
de los empleos públicos sometidos a un periodo fijo y de los de libre nombramiento y remoción, el concurso
público aparece como un proceso de selección admisible, aunque no obligatorio.
25 Ley 909/2004, artículo 31, numeral 1: «Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de selección
comprende:
1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de
la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las
entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes […]».
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Así, al examinar un caso de similares contornos al aquí analizado, la Sala Plena de
la Sección Segunda del Consejo de Estado26 sostuvo lo siguiente:
«Tanto desde el punto de vista del Derecho Administrativo como Constitucional no
ofrece controversia alguna el hecho de sostener que la firma por parte de la entidad
beneficiaria del concurso no se erige como requisito sine qua non para la
existencia y validez del acto administrativo que incorpora la convocatoria a
concurso de méritos, por cuanto que no tiene poder suficiente para perturbar su
legalidad, siendo por tanto un elemento para ser tenido en cuenta al momento de
auscultar su eficacia.
El análisis efectuado por la Sala debe superar el mero examen de legalidad, toda vez
que sostenerse en que la ausencia de la firma por parte de la entidad beneficiaria del
concurso de méritos del acto administrativo que incorpora la convocatoria conllevaría
a su nulidad, cuando quiera que está demostrada su participación activa y
concurrente, siendo evidente su manifestación inequívoca de voluntad para
asistir en el proceso y su consecuente llamado a concurso; tornaría nugatoria la
razón de ser y las funciones de la CNSC como ente rector de la carrera administrativa
y órgano encargado de la administración y vigilancia de los procesos de selección y
concursos públicos. Tal interpretación llevaría al caos, pues en la práctica se avalaría
que la ausencia de una formalidad pueda restarle eficacia al derecho sustancial, y en
este caso, contraponerse no solamente a las competencias de la CNSC e incluso
paralizar la toma de sus decisiones, sino desconocer flagrantemente el principio de
“el mérito” como presupuesto para el acceso a los cargos públicos». (Negrita fuera
de texto).
Esta posición no ha sido ajena a la Corte Constitucional, que, apelando a similares
argumentos, en sentencia C-183 del 8 de mayo de 2019 27, estudió la exequibilidad
del numeral 1.° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, y acogió una interpretación
orientada a dar prevalencia a las diversas competencias que convergen en el proceso
de formación de la convocatoria, destacando que estas están llamadas a ejercerse de
manera coordinada, sin que ello implique que la suscripción de la convocatoria por el
jefe de la entidad u organismo es necesaria para su validez.
En consecuencia, la firma de la convocatoria por parte del representante legal de
la entidad beneficiaria del concurso no es un requisito de validez de dicho acto
administrativo, pues lo que interesa analizar es si las conductas desplegadas por
aquella denotan cooperación en la realización del concurso y, con ello, su voluntad
inequívoca para que este se lleve a cabo.
La Sala considera que no hay lugar a declarar la nulidad de los acuerdos
demandados, pues si bien solo están firmados por el presidente de la Comisión 28,
las entidades beneficiarias del concurso participaron de la etapa de planeación, y
entregaron la OPEC al ente rector de la carrera, esta última que era un elemento
indispensable para impulsar el procedimiento de selección, ya que la información
26 Sentencia del 31 de enero de 2019, radicado: 11001-03-25-000-2016-01017-00(4574-16).
27 Referencia: Expediente D-12566.
28 Las copias de los acuerdos de la CNSC fueron aportadas junto con las demandas en todos los expedientes
acumulados y también pueden ser consultadas en la página web de la Comisión, enlace:
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-434-de-2016-educacion-cultura-y-deporte.
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que se consolida en la oferta es la que permite conocer cuáles son los empleos y
los perfiles requeridos para proveerlos mediante el concurso de méritos.
Además, en las contestaciones a las demandas y alegatos de conclusión, los
Ministerios de Educación y Cultura y Deporte, coincidieron en afirmar que esas
entidades prestaron su colaboración a la CNSC para adelantar el certamen, con
actuaciones como la ya mencionada entrega de la OPEC y el aseguramiento de las
respectivas apropiaciones presupuestales para garantizar el pago de los gastos de
la convocatoria.
Se refleja entonces la materialización de los principios de coordinación y
colaboración interinstitucional y el asentimiento de las entidades beneficiarias de la
convocatoria de carrera en estudio con su realización por parte de la CNSC.
No prospera el cargo.
De la omisión de incluir cargos para los profesionales en archivística y
administración pública
Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos a
través de los cuales satisface los fines y las funciones que le han sido atribuidas
desde el ordenamiento jurídico. Este concepto responde a lo que, en materia de
función pública, se conoce como planta de personal, cuya creación está dada por
las necesidades del servicio, pues su definición clara permite el diseño de la
estructura organizacional a nivel global, lo que conduce a decidir aspectos como la
cantidad, la naturaleza y el contenido funcional de los empleos requeridos, con su
respectiva clasificación 29.
En esos términos, por planta de personal puede entenderse la determinación, tanto
cualitativa como cuantitativa, de los empleos públicos que integran una entidad
estatal a efectos de lograr el cumplimiento de los fines constitucionales y legales a
los que responde su creación y funcionamiento. La consagración constitucional de
esta noción y las características básicas del empleo público se encuentran en los
artículos 122, inciso 1.°, y 125, inciso 3.°, en los que puede leerse:
«ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley
o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente […]
ARTÍCULO 125. […] El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos,
se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes».
29 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 5 de
mayo de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2019-00886-00 (6373-2019); 3 de octubre de 2022, radicado: 11001-
03-25-000-2019-00160-00 (1038-2019) y del 27 de octubre de 2022, radicado: 08001-23-31-002-2001-02601-
01 (1578-2016), entre otras.
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La noción de empleo público fue desarrollada en la Ley 909 de 2004, cuyo artículo
19 define esta figura como el «núcleo básico de la estructura de la función pública»,
entendiendo que se trata tanto del conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades asignadas a una persona, como de las competencias necesarias
para ejercerlas, todo lo cual debe propender por un fin último que es la realización
de los planes de desarrollo y de los fines estatales 30.
La norma en cuestión dispone que el diseño de cada empleo debe contener:
• La descripción del contenido funcional de manera tal que se puedan identificar
claramente las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
• El perfil de competencias necesarias para ocupar el cargo, lo que comprende la
definición de los requisitos de estudio y experiencia, y todos aquellos otros exigidos
para ingresar al servicio. Los elementos del perfil deben ser coherentes con las
exigencias funcionales del contenido del empleo;
• La duración del empleo cuando sea temporal.
Con base en ello, las entidades públicas deben crear un manual de funciones y
competencias laborales, el cual puede ser entendido como una herramienta de
gestión del empleo que establece las responsabilidades, labores y facultades
propias de cada cargo que compone la planta de personal, al igual que las
exigencias para su desempeño, las cuales están referidas a conocimientos,
experiencia y otros factores con los que se miden las aptitudes requeridas para
ocupar un determinado empleo 31.
A través del Decreto 1083 de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública, que conforme a su artículo 2.° es
aplicable a todas las entidades de la Rama Ejecutiva del poder público. Y en su
artículo 2.2.2.6.2 señaló que el manual de funciones debe incluir como mínimo:
1) la identificación y ubicación del empleo;
2) el contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la descripción
de funciones esenciales del empleo;
3) los conocimientos básicos o esenciales y
4) los requisitos de formación académica y de experiencia.
En consonancia con lo anterior, el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015
dispone que, para el ejercicio de los empleos que exijan como requisito el título o la
aprobación de estudios en educación superior, en el manual específico de funciones
y de competencias laborales se identificarán los núcleos básicos del conocimiento
(NBC), que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la
clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES), tal como se señala a continuación:
30 Esta definición es replicada en el artículo 2.° del Decreto Ley 770 de 2005, «Por el cual se establece el sistema
de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los ni veles jerárquicos
pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004».
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicado: 11001-
03-25-000-2016-00722-00 (3233-16).
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ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO
AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES Agronomía
Medicina Veterinaria
Zootecnia
BELLAS ARTES Artes Plásticas Visuales y afines
Artes Representativas
Diseño
Música
Otros Programas Asociados a Bellas Artes
Publicidad y Afines
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Educación
CIENCIAS DE LA SALUD Bacteriología
Enfermería
Instrumentación Quirúrgica
Medicina
Nutrición y Dietética
Odontología
Optometría, Otros Programas de Ciencias de la Salud
Salud Pública
Terapias
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Antropología, Artes Liberales
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas
Ciencia Política, Relaciones Internacionales
Comunicación Social, Periodismo y Afines
Deportes, Educación Física y Recreación
Derecho y Afines
Filosofía, Teología y Afines
Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial
Geografía, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines
Psicología
Sociología, Trabajo Social y Afines
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, Administración
CONTADURÍA Y AFINES Contaduría Pública
Economía
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Arquitectura y Afines
Y AFINES Ingeniería Administrativa y Afines
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingeniería Biomédica y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Ingeniería Eléctrica y Afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica y Afines
Ingeniería Química y Afines
Otras Ingenierías
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES Biología, Microbiología y Afines
Física
Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales
Matemáticas, Estadística y Afines
Química y Afines
A partir de esta información, cada entidad, atendiendo a la naturaleza de las
funciones del empleo o área de desempeño, tiene el deber de verificar que la
disciplina académica o profesión que se exija como requisito de formación
pertenezca efectivamente al correspondiente núcleo básico del conocimiento
señalado en el manual.
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La Ley 1409 de 2010 sobre la profesión de archivista
La citada ley en su artículo 1.° definió el ejercicio profesional de la archivística como
«el desempeño laboral de profesionales, con título legalmente expedido, en todo lo
relacionado con el manejo de los archivos, cuyo campo de acción se desarrolla
fundamentalmente en las áreas relacionadas con el conocimiento, organización,
recuperación, difusión, preservación de la información, conservación y conformación del
patrimonio documental del país».
También, fijó los requisitos o condiciones esenciales para su ejercicio, exigiendo, para
tales efectos, además del respectivo título, la tarjeta profesional y la inscripción en el
Registro Único Profesional 32.
Tal como ha indicado esta Corporación 33, de la lectura detallada de esta disposición,
no se exige que los cargos públicos que lleven aparejadas funciones de gestión
documental deban ser provistos únicamente con profesionales de la archivística, pues
parágrafo del artículo 2.° de la norma en estudio, señala que, dada la
interdisciplinariedad de esta área del conocimiento, tales funciones pueden ser
desarrolladas por profesionales y técnicos de otras disciplinas.
El Proyecto de Ley 036 de 2007 Cámara y 225 de 2007 Senado, que luego se convirtió
en la Ley 1409 de 2010, fue objetado por el presidente de la República, al considerar
que aquellas personas que, habiéndose formado en otras disciplinas diferentes de la
archivística, pero afines a su objeto de estudio, se verían excluidas injustificadamente
de la posibilidad de ejercer en el campo de acción propio de esta.
La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la exequibilidad del citado proyecto, a
través de la Sentencia C-239 del 2010, lo declaró ajustado a la Constitución, pero bajo
el entendido que:
«En los artículos dedicados a definir los requisitos para el ejercicio de la archivística
(artículos 3, 4 y 5), el legislador no ha desbordado sus competencias constitucionales,
pues en ellos simplemente establece los requisitos para el ejercicio de esta actividad lo
cual, dadas las características de impacto social y de complejidad que la caracterizan,
entra dentro de la órbita de sus competencias expresas, contenidas en el artículo 26 de
la Carta. Por lo demás, estos artículos, en sí mismos, no están directamente
excluyendo a otros profesionales del ejercicio de actividades archivísticas. Se
limitan a regular la pertenencia a la profesión archivística […]». (Destacado
intencional).
De esta manera, los empleos públicos que tienen asignadas labores de archivo y
gestión documental pueden ser desempeñados por otros profesionales o técnicos que
tengan una formación diferente a la archivística. Por esa razón, en estos eventos, no
puede considerarse que se configura un ejercicio ilegal de la profesión.
32 Artículo 4.°.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 31 de
mayo de 2018, radicado: 11001-03-25-000-2017-00212-00 (1219-17).
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Conviene advertir que, en el SNIES, la disciplina académica de archivística se
encuentra clasificada en el NBC denominado «Bibliotecología, Otros de Ciencias
Sociales y Humanas», que pertenece al área de conocimiento «Ciencias humanas y
sociales»34.
En lo que tiene que ver con la OPEC de Coldeportes, entidad cuyo manual de
funciones es objeto de censura por los demandantes, se observa que hay un cargo
que contempla la función de gestión de archivo a la que estos aluden 35:
Nivel jerárquico Profesional
Grado 11
Código – Denominación 2044 – PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Asignación Salarial 2418255
Realizar asistencia profesional al desarrollo de
los procesos y procedimientos del Área
Propósito Principal del Empleo Administrativa, ejerciendo seguimiento y control
en la ejecución de los contratos y convenios y
dando soporte en el desarrollo e implementación
del sistema de gestión documental en el
Departamento. […]
Funciones […]
3) Realizar soporte profesional al desarrollo e
implementación del sistema de gestión
documental del Departamento, de conformidad
con la normatividad vigente en la materia. […]
Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del conocimiento
en: Administración; ingeniería industrial y afines;
economía; derecho y afines; contaduría pública.
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley. […]
Alternativa por Equivalencia Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Administración; ingeniería industrial y afines;
economía; derecho y afines; contaduría pública.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en las áreas relacionadas con las
funciones del cargo. Tarjeta profesional en los
casos exigidos por la ley. […]
Así, a pesar de que no se incluyó expresamente la profesión de archivista ni el NBC
al que esta pertenece, entre los que cuentan para cumplir con el requisito de formación
para ocupar estos cargos en los que se cumplen algunas funciones de gestión
documental, ello no vicia de nulidad los acuerdos de la convocatoria porque, como se
advirtió, de acuerdo con la ley y con la Corte Constitucional, estos empleos pueden
ser desempeñados por profesionales con títulos diferentes al de archivista.
34 La equivalencia de la disciplina académica de archivística en el nuevo sistema de clasificación adoptado por
el Ministerio de Educación Nacional, denominado Clasificación Internacional Normalizada de Educación – CINE
F 2013 AC, es la siguiente: «campo amplio: ciencias sociales, periodismo e información», «campo específico:
periodismo e información», y «campo detallado: Bibliotecología, información y archivología».
35 Esta información puede ser consultada en el CD obrante en el folio 29 del cuaderno físico de la medida
cautelar del proceso 0704. En el documento de la OPEC, dicho cargo se encuentra en la página 47. Y en las
páginas 79 y 80 pueden encontrarse otros empleos con funciones afines.
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La Ley 1006 de 2006 acerca de la profesión de administrador público
El artículo 2.° de esta normativa dispone que la función del profesional en
administración pública es social y comprende el manejo de los asuntos públicos,
además de aquellas actividades orientadas a generar procesos integrales para
mejorar la capacidad de las instituciones estatales y organizaciones de carácter
privado con responsabilidades públicas.
El artículo 4.° de la misma ley, explicó que, para todos los efectos legales, se
consideran administradores públicos:
• Quienes tengan el título de administrador público expedido tanto por una institución
de educación superior que goce de reconocimiento por el Ministerio de Educación
Nacional, incluida la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), como por
entidades de educación superior de países con los cuales Colombia tenga tratados de
equivalencia de títulos universitarios; y
• Profesionales que con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella ley, hayan
obtenido el título de licenciado en ciencias políticas y administrativas, administrador
público, administrador público municipal y regional, administrador público territorial y
quienes en el futuro obtengan este título profesional que reúna los requisitos según la
normatividad vigente para educación superior y que sea expedido por la ESAP.
Y el artículo 9.° determinó que las entidades del Estado, en cualquiera de los niveles
territoriales, están obligadas a incluir la profesión de administrador público en sus
manuales de funciones.
La Sala comparte las consideraciones de la Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación, que tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este tema, al negar
una solicitud de suspensión de los efectos de un acto administrativo de convocatoria
a concurso proferido por la CNSC, en la que se alegaba el incumplimiento de la Ley
1006 de 2006 por no incluir en la OPEC cargos que pudieran ser desempeñados por
administradores públicos36.
En tal oportunidad se indicó que, para verificar el incumplimiento del artículo 9.° de la
esta normativa, es necesario analizar si en la oferta pública de empleos de carrera se
incorporan cargos que tengan funciones similares a las contenidas en el campo de
acción de la profesión en comento.
Por último, es importante señalar que, en el SNIES, la disciplina académica de
administración pública se encuentra clasificada en el NBC de «administración», que
pertenece al área de conocimiento llamada «Economía, administración, contaduría y
afines»37.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 31 de
mayo de 2018, radicado: 11001-03-25-000-2017-00212-00 (1219-17).
37 La equivalencia de la disciplina académica de administración pública en el nuevo sis tema de clasificación
adoptado por el Ministerio de Educación Nacional, denominado Clasificación Internacional Normalizada de
Educación – CINE F 2013 AC, es la siguiente: «campo amplio: Administración de Empresas y Derecho»,
«campo específico: Educación comercial y administración», y «campo detallado: Gestión y administración».
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Al revisar el contenido de la OPEC de Coldeportes para la Convocatoria 434 de
2016, pueden observarse varios cargos en los cuales se enlistan funciones
similares a las contenidas en el artículo 3.° de la Ley 1006 de 2006, que define el
campo de acción de los profesionales en administración pública. Como ejemplo de
ello se encuentra el siguiente 38:
Nivel jerárquico Profesional
Grado 13
Código – Denominación 2028 – PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Asignación Salarial 2779762
Realizar soporte profesional al diseño e implementación
Propósito Principal del Empleo de los programas y proyectos relacionados con los juegos
y eventos deportivos de competencia del Departamento,
garantizando el acompañamiento oportuno a los
organismos del Sistema Nacional del Deporte y los demás
actores intervinientes, de conformidad con los
lineamientos institucionales y la normatividad vigente en
la materia.
Funciones 1) Participar en el desarrollo de las políticas, planes y
programas relacionados con el deporte, la recreación, la
actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre
lideradas por el Departamento, dirigido al cumplimiento de
los objetivos institucionales. […]
4) Atender las solicitudes de carácter administrativo,
logístico, técnico y financiero que se requieran en el área
de trabajo dentro del ámbito de su competencia, de
conformidad con los lineamientos y directrices
institucionales […]
Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Economía, contaduría
pública, educación, deportes, educación física y
recreación, administración […]. (Negrita fuera de
texto).
No es dable entonces afirmar que la OPEC de la convocatoria demandada excluyó
a los profesionales de la administración pública del desempeño de los empleos
ofertados, pues, además de que este tiene atribuidas funciones de gestión
administrativa, también establece que se puede cumplir con los requisitos mínimos
de formación académica con las disciplinas que hacen parte del NBC de
administración, al cual, como se dijo, pertenece la profesión de administrador
público.
No prospera el cargo de nulidad.
Del principio de igualdad en la expedición de normas
El artículo 13 de la Constitución Política consagra la igualdad frente a la ley, y el
derecho que tienen las personas a recibir la misma protección y trato por parte de
las autoridades, sin ser discriminadas por razón de características tales como el
38 Esta información puede ser consultada en el CD obrante en el folio 29 del cuaderno físico de la medida
cautelar del proceso 0704. En el documento de la OPEC, el empleo se observa en la página 27.
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sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión política o
filosófica, entre otras.
En criterio de la Corte Constitucional, con fundamento en el principio de no
discriminación, la ley no puede fijar condiciones distintas a algunos sectores de la
población sin una justificación objetiva y razonable, o que no tengan una relación de
proporcionalidad «entre los hechos que le sirven de causa a la norma y los fines que ésta
persigue»39.
Con el fin de evaluar la afectación de dicho principio por normas incluidas en el
ordenamiento jurídico, es necesario hacer un estudio de las situaciones frente a las
cuales se plantea la existencia de un trato diferente, para lo cual, el Alto Tribunal
Constitucional, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, ha acudido a
herramientas metodológicas especiales tales como el test de igualdad 40, que
permite establecer si la diferencia de trato hacia algún sector de la población está
constitucionalmente justificada, proceso que se surte en las siguientes etapas:
«[…] (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium
comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de
compararse y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano
fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre
desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente
justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato
diferente desde la Constitución41. […]».
Frente al punto es importante agregar que la jurisprudencia constitucional también
ha sostenido de manera uniforme y reiterada 42 que el principio de igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Carta no proscribe ni elimina la posibilidad de que
el legislador contemple regímenes o tratos diferenciados entre grupos respecto de
un mismo tema, asunto, derecho o prerrogativa, siempre y cuando esa diferencia se
ajuste a los preceptos constitucionales.
La Sala recuerda que las demandantes en el expediente 1812-2018, argumentaron
que los acuerdos de la CNSC acusados vulneraron el principio de igualdad,
conectado con el de imparcialidad y el derecho al trabajo, por la existencia de tres
situaciones que consideraron discriminatorias, las cuales se analizan a
continuación:
De la aplicación de una entrevista solo para los empleos de nivel profesional
Esta Subsección ha precisado que, del estudio integral de la Ley 909 de 2004, es
posible concluir que esta no reguló expresamente la prueba de entrevista ni cuáles
39 Sentencia C-339 de 1996. Referencia: Expediente D-1237.
40 Sobre el test de igualdad, entre otras, ver las sentencias de la Corte Constitucional C-093 de 2001, C-250 de
2012 y C-015 de 2014.
41 Sentencia C-015 de 2014.
42 Según se pueden consultar las sentencias T-530 de 2002, T-119 de 2001, T-540 de 2000, T-117 de 2003, C-
1110 de 2001.
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
eran las modalidades de pruebas o instrumentos de selección que debían aplicarse
para el ingreso a los cargos de carrera, sino que contempló, de forma general, la
finalidad que estos deberían cumplir, la objetividad e imparcialidad con la que
debían ser evaluados y la naturaleza reservada que les asiste 43.
La falta de regulación legal expresa de la prueba de entrevista no quiere decir que
la intención del legislador hubiese sido la de prohibirla. Así, se pronunció la Sección
Segunda de esta Corporación 44:
«Un análisis sistemático o de contexto de la Ley 909 de 2004, muestra que dicha
norma tampoco se refirió a las demás pruebas o instrumentos de selección, a saber,
competencias básicas, funcionales, comportamentales, y en consecuencia […] el
legislador lo que quiso fue facultar a la CNSC para establecer, en cada uno de
los procesos de selección, es decir, en cada caso en concreto, el tipo de
pruebas a realizar para determinar el mérito de los participantes, dependiendo,
entre otras, de la naturaleza y funciones de la entidad beneficiaria del concurso
y de las necesidades del servicio existentes para el momento de la realización
del concurso, pero siempre en condiciones de igualdad, objetividad, publicidad
e imparcialidad». (Se destaca).
En el presente asunto, los artículos 4.° 45 y 3946 del Acuerdo 20161000001396 del
16 de septiembre de 2016, acusado en este proceso, consagran que la prueba de
entrevista aplica únicamente para los empleos del nivel profesional especializado
del Ministerio de Educación Nacional.
El despacho estima que tales disposiciones no conllevan un trato discriminatorio,
por cuanto la discrepancia de aquel se puede justificar en la evidente diferencia
entre las funciones de las tres entidades beneficiarias de la Convocatoria 434 de
2016, y de las necesidades del servicio de cada una de ellas, razón por la cual, en
el escenario planteado, los cargos comparados no se pueden asimilar y, por ese
motivo, no hay lugar a decretar la nulidad de los actos administrativos demandados.
Ello va en concordancia, con la autonomía que tiene la CNSC para diseñar los
concursos y la presunción de legalidad de sus decisiones, pues se observa que los
demandantes solo se limitaron a señalar que era igual nivel, pero nunca
contrastaron las funciones que deberían cumplir los aspirantes y las necesidades
de las entidades que ameritaran la realización de la entrevista solo para algunas
plazas.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-25-000-2016-00514-00 (2330-2016).
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del del 17
de julio de 2017, radicado: 11001-03-25-000-2016-00988-00 (4469-16).
45 «ARTÍCULO 4.°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente Concurso Abierto de Méritos para la selección
de los aspirantes tendrá las siguientes fases: […]
PARÁGRAFO 1. La prueba de entrevista aplica únicamente para los empleos del nivel profesional especializado
de la entidad Ministerio de Educación Nacional. […]».
46 «ARTÍCULO 39.°. PRUEBA DE ENTREVISTA. […]
PARÁGRAFO 1. La prueba de entrevista se aplicará únicamente a los aspirantes del nivel profesional
especializado que se hayan inscrito en alguno de los empleos correspondientes a la OPEC del Ministerio de
Educación Nacional. […]».
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Los empleos identificados con los números de OPEC 23657 y 24279 cuentan
con el mismo nivel, denominación, código y funciones asignadas, pero tienen
un grado distinto y un salario diferente
Al realizar el análisis de la Resolución 475 de 2015 47, que adoptó el manual de
funciones y competencias laborales de Coldeportes, la Sala observa que la
diferencia de trato entre los empleos los números de OPEC 23657 con grado salarial
15 y 24279 con grado salarial 18, se encuentra plenamente justificada en los
requisitos de estudio y experiencia que se exige para ambos cargos, lo cual se
ajusta a lo establecido por el artículo 2.2.2.4.5 del Decreto 1083 de 2015.
El empleo identificado con el número OPEC 23657, la parte demandante indica que
los requisitos de estudio son: «Título de formación tecnológica en el núcleo básico del
conocimiento de Administración Contaduría Pública Diseño Economía Educación o
aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica
o profesional o universitaria en el núcleo básico del conocimiento de Administración
Contaduría Pública Diseño Economía Educación» ; y de experiencia: «Tres (3) meses de
experiencia relacionada o laboral. Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral».
Lo norma citada prevé que para el grado salarial 15 del nivel técnico, se exige:
«Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o
aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica
o profesional o universitaria y doce meses (12) meses de experiencia relacionada o
laboral».
Y el cargo identificado con el número OPEC 24279, en la demanda se dice que los
requisitos de estudio son: «Título de formación tecnológica con especialización en el
núcleo básico del conocimiento de Administración Contaduría Pública Diseño Economía
Educación o terminación y aprobación de pensum académico de educación superior en la
modalidad de formación profesional en el núcleo básico del conocimiento de Administración
Contaduría Pública Diseño Economía Educación»; y en cuanto a la experiencia: «Tres
(3) meses de experiencia relacionada o laboral o tres (3) meses de experiencia relacionada
o laboral».
Contrastando estos requisitos con los que consagra el artículo 2.2.2.4.5 del Decreto
1083 de 2015 para el grado salarial 18 del nivel técnico, se tiene que estos
coinciden, pues el decreto preceptúa que se necesita: «Título de formación tecnológica
con especialización y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o terminación y
aprobación del pensum académico de educación superior en la modalidad de formación
profesional y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral».
En relación con las funciones asignadas a cada empleo, se observa que son
similares a saber:
«1. Participar en el desarrollo de las políticas, planes y programas relacionados con
el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre
47 Páginas 285 a 290 del pdf vivible a folio 1 del cuaderno principal con radicado 0934-2018.
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
lideradas por el Departamento, dirigido al cumplimiento de los objetivos
institucionales.
2. Adelantar estudios y presentar los informes de carácter técnico y estadístico que
sean solicitados por el área de trabajo bajo los lineamientos y estándares del área de
desempleo.
3. Emitir conceptos de carácter técnico y administrativo en la dependencia,
garantizando la atención efectiva y oportuna de las necesidades y solicitudes
presentadas.
4. Realizar la actualización de los instrumentos de trabajo así como los utilizados en
el desempeño de las funciones del empleo, dentro de los tiempos y términos
solicitados.
5. Proyectar los documentos e informes que sean requeridos, teniendo en cuenta las
instrucciones señaladas por el jefe inmediato.
6. Elaborar y administrar las bases de datos que se manejen en la dependencia, de
acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
7. Atender las solicitudes de información que sean solicitadas en el ámbito de su
competencia, garantizando el servicio oportuno al usuario externos e internos (sic).
8. Emitir informes técnicos dentro del ámbito de su competencia, de conformidad con
las solicitudes presentadas.
9. Apoyar la elaboración de los proyectos de respuestas de los derechos de petición
de acuerdo con su competencia, de conformidad con la normatividad vigente.
10. Asistir y participar en representación del Departamento, en reuniones, consejos,
asambleas, juntas o comités, de carácter oficial cuando sea convocado o asignado.
11. Elaborar los informes y demás documentos que sean requeridos de acuerdo con
su competencia por las instancias respectivas, para dar respuesta a las solicitudes
internas y externas.
12. Contribuir en el proceso diseño e implementación del Sistema Integrado de
Gestión del Departamento Administrativo para el Deporte, la Recreación la Actividad
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre Coldeportes, para el cumplimiento de
los objetivos institucionales.
13. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que
sean asignadas por el jefe inmediato».
Así, pese a que las funciones de cada empleo son iguales, se advierte que el núcleo
de conocimiento de uno y otro es distinto, pues mientras el grado salarial 15
desempeña funciones en el marco de conocimientos esenciales sobre: «Estructura
del Estado. Estructura y funciones de la Entidad. Constitución política de Colombia. Plan
Nacional de Desarrollo. Planeación estratégica y gestión documental. Sistema Integrado de
Gestión. Conocimientos básicos en Participación Ciudadana. Conocimientos básicos
en petición»; el grado 18 lo realiza respecto de: «Estructura del Estado. Estructura y
funciones de la Entidad. Constitución Política de Colombia. Plan Nacional de Desarrollo.
Planeación estratégica y gestión documental. Sistema Integrado de Gestión. Atención al
cliente interno y Servicio al ciudadano. Gestión Documental y Archivo Documental.
Herramientas de gestión Documental». (Destaca la Sala).
Esta diferencia, aunque sucinta y precisa, es relevante en el marco del artículo
2.2.4.5. del Decreto 1083 de 2015, según el cual «Las competencias funcionales
precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer
un cargo y se definirán una vez se haya determinado el contenido funcional de aquel […]»,
siendo un elemento determinante para precisar las competencias y contribuciones
del empleado, el contexto donde se desarrollan las funciones.
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Por lo anterior, pese a que la redacción genérica de las funciones sea idéntica, no
es equiparable su desempeño en el marco de la participación ciudadana y el
derecho de petición −grado 15− y la atención al cliente interno y servicio al
ciudadano −grado 18−. De la sola lectura se desprende que ambos cargos se
desenvuelven en componentes del conocimiento distintos, pues uno se enfoca en
la gestión al interior de la entidad y el otro tiene perspectiva externa. De allí que no
sea equiparable o equivalente la comprobación de las competencias en uno y otro
contexto.
En este sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado 48 al señalar:
«Al comparar los requisitos para desempeñar ambos cargos se puede concluir que
el nivel de educación para uno y otro difieren, para el efecto:
• Para el empleo auxiliar de servicios generales 470 grado 03 no es obligatorio
acreditar el curso y solo basta con ostentar el título de bachiller.
• Para el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 03 se exige además de
ser bachiller, un curso de asistencia administrativa o afines, no inferior a un (1) año.
Es claro además, que las funciones son ostensiblemente diferentes:
• Mientras que la finalidad del cargo del auxiliar de servicios generales es la
realización de labores de mantenimiento, limpieza de las instalaciones físicas y
bienes muebles de la institución educativa,
• el objeto del cargo de auxiliar administrativo es apoyar la gestión de la entidad,
mediante actividades auxiliares los planes, programas y proyectos de la
administración municipal.
De lo antepuesto se deduce que el cargo de auxiliar de servicios generales 470-01
difiere sustancialmente del auxiliar administrativo 407-03, tanto en los requisitos para
ocuparlo como en las funciones que se desempeñan en uno y otro.
En esa medida, la diferencia salarial se encuentra justificada por cuanto debe
recordarse que para la fijación de la asignación básica mensual es necesario tener
en cuenta entre otras cosas, los requisitos de conocimiento y experiencia exigidos
para desempeñar el cargo y las funciones asignadas, en los términos del artículo 13
del Decreto 1042 de 1978 y 3 de la Ley 4 de 1992.». (Subrayado del texto original).
Además de ello, si bien las funciones que les corresponde asumir en cada empleo
son las establecidas en el manual específico de funciones y competencias laborales,
allí se indicó «las demás funciones que le asigne el jefe inmediato», siempre y
cuando estén relacionadas con el núcleo esencial y el nivel de responsabilidades
de cada empleo 49.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de septiembre de 2018, radicado:
05001-23-33-000-2014-00351-01(4327-16).
49 Ver: Corte Constitucional, sentencia T-105 de 2002, referencia: expediente T-507135.
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Sobre la asignación de funciones, la Corte Constitucional 50 sostuvo:
«Considera la Sala del caso, llamar la atención sobre la forma impropia como
usualmente dentro de la administración pública se asignan funciones de un cargo, a
través del mecanismo denominado “asignación de funciones” mecanismo o instituto
que no existe jurídicamente como entidad jurídica autónoma dentro de las normas
que rigen la administración del personal civil al servicio del Estado.
De donde proviene dicho uso?. Pues, no de otro diferente al acudir o echar mano
(como en el común de la gente se diría) por parte de la administración pública, de la
última función que se relaciona para cada cargo dentro de los Manuales de Funciones
y Requisitos de las entidades estatales, al señalar que el empleado cumplirá, además
de las expresamente señaladas: “Las demás funciones que se le asignen por el jefe
inmediato”.
Se considera del caso precisar, que dicha función de amplio contenido no puede ser
ilimitada, sino que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco funcional
y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a las funciones
propias del cargo que se desempeña por el funcionario a quien se asignan. No
es procedente su descontextualización, de tal manera que el jefe inmediato sí puede
asignar otras funciones diferentes a las expresamente contempladas en el respectivo
Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a las necesidades del
servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, pero, dentro del contexto de
las funciones propias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el cual ha
sido nombrado. […].». (Negrita del texto, subrayado de la Sala).
Así, en estos casos de plantas globales y flexibles, resulta importante el área al que
serán asignados los servidores y la gestión del personal a cargo del jefe inmediato,
pues, al señalarse expresamente en el manual de funciones que deben cumplir las
demás asignadas por el jefe inmediato, es claro que las actividades laborales que
ejerzan dependerán también del área de la entidad donde presten sus servicios y,
en esa medida, las funciones serán diametralmente disímiles.
No prospera el cargo de nulidad.
El empleo identificado con la OPEC 31183, para el cargo de conductor
mecánico, tiene funciones adicionales y más complejas que las que deben
cumplir para el mismo cargo los que se identifican con las OPEC 31582 y
49604, pero tiene asignado un menor salario
En esta cuestión, tampoco se aportó copia de la OPEC que contiene estos empleos
y no se indicó a qué entidad pertenecen. Analizada la Resolución 0475 de 2015, se
encuentra que no obran los empleos de conductor mecánico, grado 15; conductor
mecánico, grado 13; y conductor mecánico grado 17; todos con el código 4103 que
señala la parte demandante; y las Resoluciones 1044, 1693 y 2490 de 2016 51 que
fueron demandadas, que adicionaron el manual específico de funciones adoptado
inicialmente, solo lo hicieron, en relación con el nivel de profesional y no con el
asistencial.
50 Ibidem.
51 Archivo pdf cd visible en folio 1A del expediente físico 1812-2018.
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Sin embargo, con base en la información que consignaron en la demanda, la Sala
observa que se presenta una situación similar a la que se estudió en el acápite
anterior, pues el empleo con la OPEC 31183 pertenece al grado 13 del nivel
asistencial, el 31582 al grado 15 y el 49604 al grado 17.
Al primero se le exige como requisito de estudio la aprobación de cinco años de
educación básica secundaria y no requiere experiencia laboral, al segundo diploma
de bachiller y tampoco requiere experiencia laboral, y al tercero se le pide diploma
de bachiller y experiencia laboral de veinte meses, lo cual justifica plenamente la
diferencia salarial entre ellos y se adecúa a lo que consagra el artículo 2.2.2.4.6. del
Decreto 1083 de 2015 para esos grados.
En lo concerniente a las funciones -según con la transcripción realizada en la
demanda- 52, se encuentra:
Conductor mecánico, 13 Conductor mecánico, grado 15 Conductor mecánico, grado 17
Funciones: Funciones: Funciones:
1. Conducir el vehículo que 1. Conducir el vehículo que le sea 1. Conducir el vehículo que le sea
le sea asignado, respetando asignado siguiendo las normas de asignado siguiendo las normas
las disposiciones de tránsito tránsito y las indicaciones dadas de tránsito y las indicaciones
y normas de seguridad, por el Ministerio. dadas por el Ministerio de
teniendo en cuenta el Educación Nacional.
horario establecido y las
instrucciones del superior
inmediato o del jefe de la
dependencia donde se le
asigne.
2. Velar por el 2. Las demás que le asignen y 2. Las demás que le asignen y
mantenimiento, seguridad y que correspondan a la naturaleza que correspondan a la naturaleza
estado de funcionamiento del empleo. del empleo.
del vehículo, así como
solicitar oportunamente los
lubricantes sobre los
desperfectos mecánicos
que se ocasione al vehículo
por el uso normal de este.
3. Responder ante el 3. Mantener en buen estado el 3. Mantener en buen estado el
Ministerio por el vehículo, vehículo, así como las vehículo, así como las
herramientas y demás herramientas y accesorios que le herramientas y accesorios que le
accesorios de dotación e sean asignados, garantizando un sean asignados, garantizando un
informar oportunamente óptimo servicio. óptimo servicio.
sobre los desperfectos
mecánicos que se ocasione
al vehículo por el uso
normal de este.
4. Efectuar reparaciones 4. Reportar al Ministerio de 4. Reportar al Ministerio de
menores, estableciendo Educación Nacional cualquier Educación Nacional cualquier
fallas o averías, cambiando accidente o situación de accidente o situación de
llantas o neumáticos y emergencia, con el fin de emergencia, con el fin de
52 Folios 57 a 59 del expediente 1812-2018.
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demás labores de adelantar el respectivo trámite adelantar el respectivo trámite
mantenimiento. ante la compañía aseguradora ante la compañía aseguradora
dentro de las 24 horas siguientes dentro de las 24 horas siguientes
de la ocurrencia del hecho. de la ocurrencia del hecho.
5. Registrar en los 5. Transportar personal, 5. Transportar personal,
formularios información y/o materiales, de información y/o materiales, de
correspondientes, el acuerdo con las instrucciones acuerdo con las instrucciones
recorrido diario, consumo impartidas por el jefe inmediato, impartidas por el jefe inmediato
de combustible, lubricantes para atender los requerimientos para atender los requerimientos
u otros consumos del oportunamente. del transporte del Ministro.
vehículo asignado según lo
establecido.
6. Permanecer en el lugar
de trabajo dispuesto a
cumplir sus funciones en el
momento oportuno y
responder por los servicios
que le sean encomendados.
7. Preparar y presentar los
informes sobre actividades
desarrolladas, con la
oportunidad y periodicidad
requeridas.
8. Las demás que le sean
asignadas por la autoridad
competente, de acuerdo
con el área de desempeño y
la naturaleza del empleo.
Ahora, el hecho de que se incluyan funciones más detalladas no implica que sean
más complejas y que por ello requieran una mayor remuneración, pues vienen
aparejadas con las principales, dada la naturaleza de la labor. Nótese como por
ejemplo el grado 17 tiene asignada la actividad de atender el transporte del ministro,
circunstancia que implica una mayor responsabilidad y funciones disímiles respecto
de los otros dos empleos.
Igualmente, en los tres casos analizados se incluyó «las demás que le asignen de
acuerdo con la naturaleza del empleo», lo cual, conforme se analizó en párrafos
anteriores, diferirán indiscutiblemente del área donde sean asignados y de lo que el
jefe inmediato o competente establezca.
No prospera el cargo formulado.
De la publicidad de los actos administrativos generales
El numeral 8.° del artículo 8.° del CPACA contempla una etapa previa a la definición
y expedición de las regulaciones, entendidas estas como actos administrativos
generales 53, consistente en compartirle a la comunidad su contenido en borrador,
53Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 14 de septiembre de 2016; rad.
11001030600020160006600 (2291).
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pero esta garantía no influye en la unilateralidad que caracteriza al acto
administrativo, pues las observaciones que realicen los interesados carecen de
cualquier efecto vinculante para las autoridades, quienes, en la expedición de dichas
decisiones, no se encuentran sometidas más que al orden jurídico, particularmente,
a los principios de la función administrativa.
Para que el incumplimiento de la obligación de publicar los mencionados proyectos
pueda conducir a la nulidad del respectivo acto administrativo, es necesario acudir
al mecanismo de la ponderación, y así determinar la trascendencia de la afectación
de la dimensión formal del acto, que se vea representada en la posibilidad real de
haberse tomado una decisión diferente si la formalidad omitida o incumplida hubiese
sido observada 54.
De otra parte, el artículo 65 del CPACA prevé que «los actos administrativos de
carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial
o en las gacetas territoriales, según el caso», pero, la jurisprudencia de esta
Corporación ha reiterado que la publicidad del acto administrativo, después de que
este es expedido, no compromete su validez sino su eficacia y, por lo tanto, los
defectos que en esta materia se presenten no llevan a declarar su nulidad 55.
La Sala señala que no le asiste razón a los demandantes, toda vez que el numeral
8.° del artículo 8.° de esta disposición, no ordena que la publicación de los proyectos
específicos de regulación se realice a través del Diario Oficial, sino «en el sitio de
atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y
electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo».
Además, no es posible afirmar que las Resoluciones 475 de 2015, 1044, 1693 y
2490 de 2016, que reglamentaron el manual específico de funciones y
competencias laborales para los empleos de Coldeportes, se encuentren afectados
de nulidad, pues en el trámite de este proceso no se expresaron razones ni se
aportaron medios de prueba que demostraran que la ausencia de publicación
influyera de forma tal que si la formalidad omitida hubiese sido observada, la
decisión de la administración era diferente.
Y tampoco se evidencia una transgresión de lo dispuesto en el artículo 65 del
CPACA en el trámite de publicidad posterior a la expedición de las Resoluciones
475 de 2015, y 1044, 1693 y 2490 de 2016, proferidas por el director de Coldeportes
para reglamentar el manual de funciones de esa entidad, que conlleve a su nulidad
o la de los acuerdos reglamentarios de la Convocatoria 434 de 2016.
54 Así lo ha señalado también la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia del 7 de mayo de 2020, rad. 11001-23-27-000-2013-00029-00 (20498).
55 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección de la Sección Segunda, sentencia de unificación del 10 de octubre
de 2019, radicado: 11001-03-25-000-2016-00988-00(4469-16).
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Sobre esta disposición la jurisprudencia de esta Corporación 56 ha reiterado que la
publicidad del acto administrativo general, después de que este es expedido, no
compromete su validez sino su eficacia y, por lo tanto, los defectos que en esta
materia se presenten no llevan a declarar su nulidad.
Sin perjuicio de esta conclusión, vale la pena recordar que de conformidad con el
artículo 33 de la Ley 909 de 2004 57, la página web de cada entidad pública, del
Departamento Administrativo de la Función Pública y de las entidades contratadas
para la realización de los concursos, complementadas con el correo electrónico y la
firma digital, será el medio preferente de publicación de todos los actos, decisiones
y actuaciones relacionadas con los concursos.
En ese sentido, al revisar la página web del Ministerio del Deporte (antes
Coldeportes), encuentra la Sala que la Resolución 475 de 2015 y aquellas que la
modifican58 (y 1044, 1693 y 2490 de 2016), contentivas del Manual de Funciones y
Requisitos de dicha entidad, se encuentran subidas en el
link«https://www.mindeporte.gov.co/mindeporte/quienessomos/dependencias/dependenci
a-secretaria-general/grupo-interno-trabajo-talento-humano/manual-especifico-funciones-
competencias-laborales-los-empleos-planta-personal-del-ministerio/2015»; por lo que,
para los precisos efectos del proceso de selección, los concursantes debían verificar
las características y los requisitos de los empleos para los cuales aspiraban a
concursar en la convocatoria 434 de 2016 de la CNSC; y en esa medida, se cumple
con los estándares de publicidad requeridos para el concurso.
No prospera el cargo de nulidad.
Por las anteriores consideraciones se negarán las pretensiones de las demandas
presentadas por el señor James Arturo Jurado Flórez y otros en este proceso
acumulado en contra de la CNSC, Coldeportes y la Fundación Universitaria del Área
Andina.
Condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA 59.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
56 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de diciembre de 1997, radicado: 3994; Sección Quinta,
sentencia de 17 de marzo de 2005, radicado:13001-23-31-000-2004-00003-01 (3321) y Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 3 de junio de 2021, radicado: 11001-03-25-000-2018-01551-00 (5060-18).
57 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
se dictan otras disposiciones».
58 https://www.mindeporte.gov.co/mindeporte/quienes-somos/dependencias/dependencia-secretaria-
general/grupo-interno-trabajo-talento-humano/manual-especifico-funciones-competencias-laborales-los-
empleos-planta-personal-del-ministerio/2016
59 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».
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Radicación: 11001032500020180020200 (0704-2018) y acumulados
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa formulada por Coldeportes.
Segundo. Estarse a lo resuelto en el auto del 6 de julio de 2022, respecto de la
solicitud de desistimiento de las pretensiones presentada por el señor James Arturo
Jurado Flórez.
Tercero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formuladas por el señor
James Arturo Jurado Flórez y otros en este proceso acumulado en contra de la
CNSC, Coldeportes (hoy Ministerio del Deporte) y la Fundación Universitaria del
Área Andina, y vinculados los Ministerios de Educación Nacional y de Cultura.
Cuarto. Sin condena en costas.
Quinto. Reconocer personería al abogado Carlos Alberto Vélez Alegría identificado
con cédula de ciudadanía 76.328.346 y portador de la tarjeta profesional 151.741
del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Ministerio de Educación
Nacional (índice 138 de la plataforma Samai).
Sexto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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