Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00081-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00081-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00081-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00081-00 (1111-2023)
Demandantes: José Fernando Restrepo Hoyos y otros
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y municipio de
Envigado
Temas: Concurso de méritos. No se demostraron las inconsistencias
presupuestales. NIEGA PRETENSIONES.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
promovido por el señor José Fernando Restrepo Hoyos y otros, quienes actúan a
través de apoderado, contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el municipio
de Envigado (Antioquia).
ANTECEDENTES
Los señores José Fernando Restrepo Hoyos, Andrés Mauricio Flórez Ossa, Lina
María Bedoya Hernández, Paola Andrea Rentería González, Adriana María García
Parra, Oscar Darío Correa Grisales, Claudia Patricia Toro Ramírez, Marleny
Sánchez Osorio, Diana Lucía Trujillo Pérez, Santiago Agudelo Giraldo, Yesika
Natalia Gómez Estrada, Juan Carlos González Vásquez, Sol Piedad Tamayo
Rendón, Jorge Ignacio Madrid Ocampo, Wilfer Darío Torres Parra, Yudi Elena
Herrera Pamplona, Edgar Alberto Jiménez Amaya, Olga Patricia Colorado Ramírez,
Andrés Felipe Cabrera Osorio, Diana María Vélez Vélez, Juliana María Ángel
García, Jairo Alberto Gaviria Zapata, Santiago Montoya Galeano, Juan Esteban
López Restrepo, Adriana María Castañeda Castaño, Claudia Milena Salazar
Velásquez, Liliana María López López, Omaira Arias Arango, Daniel de Jesús
González Cañaveral, Juan Pablo Tamayo Correa, Daniel Rueda Celis, Julián David
Castaño Bolívar, Jorge Tadeo Restrepo Avendaño, Carlos Arturo Ramírez Cardona,
John Alberto Pimienta Herrera, Natalia Fernández Figueroa, William Jaime
Tangarife Aguirre, Wilmar Ferney Cano Zapata, Carlos Alberto Herrera Quintero,
Jorge Enrique Escobar Ortiz, Jhon Fredy Ramírez Fernández, Francisco Javier
Flórez Cardona, Juan Carlos Agudelo Franco, Ruth Betania Zapata Monsalve,
Consuelo de Jesús Álvarez Naranjo, Jaime Londoño Parra, Gustavo Adolfo Zapata
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00081-00 (1111-2023)
Guarín, Araceli González Hincapié, Aurora Patricia Cano Betancur, John Jairo
Sierra Sánchez, Jaime Alberto Mesa Montoya, Mauricio de Jesús Pareja Henao,
Ricardo Andrés Mesa Madrid, Diego Alejandro Marulanda Jaramillo, Oscar Alberto
Arango López, Carlos Andrés Salazar Sánchez, Juan Fernando Restrepo Duque,
Edward Santiago Duque Villada, Pablo Andrés Cano Gómez, Gloria Elena
Echeverry Ruiz, Rosa Alejandra Fernández Arango, Jhonny Alexander Amaya
Olaya, Gustavo Adolfo Gaviria Usme, Carlos Mario Urrego Londoño, Luisa Margarita
Acevedo Correa, Juan Fernando Díaz Montoya, Michael Narango Ossa, Paola
Andrea Barrera Correa, Fredy Alberto Peláez Velásquez, Bayron Alberto Builes
Pérez, Juan Carlos Agudelo Franco, Álvaro de Jesús Betancur Calle, María Vidalia
Ramírez Sierra, Juan Camilo Velásquez Rodríguez, Carlos Andrés Carmona
Idárraga, Johan Sebastián Roldán García, Jorge Luis Díaz Botero, Tatiana Isaza
Lopera, Wilton Londoño Bolívar, Lina María García Rivera, Dora del Carmen Serna
Durango, Santiago Alejandro Naranjo Laínez, Andrés Armando Colorado Chaverra
y Jorge Hernán Montoya Sánchez, instauraron demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES 1
Que se declare la nulidad del Acuerdo CNSC 20191000001396 del 4 de marzo de
2019 «por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección
por mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía
de Envigado (Antioquia) - Convocatoria 1010 de 2019 - Territorial 2019», expedido
por la Comisión Nacional del Servicio Civil y los Manuales de Funciones y de
Competencias Laborales que sirvieron de base en la oferta de cargos del certamen.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que con ocasión de la etapa de planeación realizada entre el municipio de Envigado
y la Comisión Nacional del Servicio Civil, se expidió el Acuerdo demandado que
estableció las reglas del concurso de méritos para proveer los empleos vacantes de
la planta de personal de dicho ente territorial, el cual fue publicado en la página web
www.cnsc.gov.co.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que se vulneraron los artículos 2, 3, 4, 6, 13, 23, 25, 28, 53, 58, 113, 115, 121, 125,
189-1, 209, 218, 230 y 241 de la Constitución Política; 7,11, 28 y 29 de la Ley 909
de 2004; 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto
1 Índices 3 y 12 Samai. Demanda y corrección.
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051 de 2018; 2 de la Ley 1960 de 2019; 4 del Decreto 498 de 2020; 137, 149 y 162
de la Ley 1437 de 2011.
Expedición irregular. Que el manual específico de funciones y de competencias
laborales del municipio demandado, es nulo porque omitió realizar la consulta,
implementación y socialización que ordena la ley, circunstancia que impidió la
participación de la ciudadanía.
Que al expedir el mencionado decreto no se tuvieron en cuenta las competencias
del empleo, formación académica, experiencia, el número de cargos ofertados, y no
fue realizado por una entidad idónea para este tipo de labores.
Que se prescindió de la identificación de los cargos que estaban ocupados por
personas que ostentan condiciones especiales, tales como madre o padre cabeza
de familia sin alternativa económica, prepensionados, personas en condición de
discapacidad, entre otros, los cuales debían ser excluidos de la OPEC.
Que en la actuación administrativa adelantada por el ente territorial y por la CNSC
se presentaron inconsistencias presupuestales, específicamente se advierten
irregularidades en el rubro asignado para el pago de la convocatoria.
Violación de las normas en que debía fundarse. Que, en la aplicación de pruebas
escritas, se encuentran preguntas que no siguieron normas convencionales,
formales, semánticas y gramaticales del español, muchas de las expresiones en los
textos resultaron poco claras, inconclusas y ambiguas.
Que en lo que tiene que ver con la valoración de antecedentes de los participantes
que superaron las pruebas escritas, la Comisión de Personal del ente territorial no
cumplió los requisitos mínimos exigidos.
Que a pesar de que el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1754 del
22 de diciembre de 2020, al considerar que la reactivación del concurso de méritos,
en un periodo de emergencia sanitaria y social, va en contravía del ordenamiento
superior, no se garantizó el principio del mérito en la función pública, porque los
aspirantes no estaban en óptimas condiciones para continuar en el certamen. Que
la convocatoria permitió un despido masivo laboral, sin que se cumplan los
requisitos legales.
El 30 de enero de 2024 se admitió la demanda, se rechazó la pretensión de nulidad
en relación con los manuales de funciones que sirvieron de base de la convocatoria
reglamentada por el acuerdo demandado2 y se corrió traslado de la solicitud de
medida cautelar, la cual fue resuelta por auto del 20 de junio de 2024. Notificado el
medio de control, las entidades demandadas contestaron en tiempo.
2 Índice 15 ibid.
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Comisión Nacional del Servicio Civil3. Se opuso a las pretensiones, expresando
que el proceso de selección se presume legal, en la medida en que para el momento
de suscripción de los actos administrativos que integraron el reporte de la OPEC,
estos gozaban de plena legalidad.
Que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el hecho
de que un empleado provisional padezca una condición especial y no supere las
pruebas para proveer el cargo que desempeña, deberá ceder la plaza a quien
obtenga el primer lugar en el certamen, pues las situaciones especiales no son
oponibles al mérito.
Que, si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1754 de 2020, allí
se sostuvo que las situaciones jurídicas que se consolidaron bajo su amparo no
podían verse afectadas, pues la administración tuvo la convicción de que dichos
trámites podían reanudarse desde el momento en que se profirió la mencionada
disposición.
Que las pruebas aplicadas se enmarcan en un enfoque de evolución por
competencias y cada una de las preguntas que hacen parte de las pruebas tienen
una estructura particular, las cuales plantean una situación, enunciado y opciones
de respuesta, todas ellas factibles, pero solo una verdadera, además los ejes
temáticos implementados fueron sometidos a un análisis y validación por parte de
la Universidad que realizó el concurso.
Formuló las excepciones denominadas inexistencia de causales de nulidad del acto
administrativo demandado; fuerza vinculante del acuerdo del proceso de selección;
incumplimiento de la carga probatoria; no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios y falta de legitimación en la causa en la expedición de
MEFCL.
Municipio de Envigado 4. Expuso que los servidores que ocupan un cargo en
provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que su
remoción se da por causas legales, dentro de las que se encuentra la provisión del
empleo con una persona de la lista de elegibles conformada previo concurso de
méritos, en la medida en que, en igualdad de condiciones pudo participar en el
certamen.
Que el ente territorial fue riguroso, estricto y ordenado en la participación del
proceso de selección, cubriendo los costos del mismo, interviniendo en cada una de
las fases y etapas necesarias para su realización y expidiendo el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal.
3 Índice 26, Samai.
4 Índice 28 ibid.
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Propuso las excepciones de presunción de legalidad de los actos administrativos y
buena fe.
TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA
El 4 de diciembre de 2024 se declararon no probadas las excepciones de ineptitud
de la demanda formulada y no comprender la demanda a todos los litisconsortes
necesarios, formuladas por las demandadas. Por auto del 25 de marzo de 2025 se
evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada en los términos del artículo
182A del CPACA, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 189 de
la Ley 1437 de 2011, se decretaron las pruebas y se fijó el correspondiente litigio.
El 7 de abril de 2025 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La CNSC 5 reiteró las razones expuestas en la contestación de la demanda.
El Ministerio Público6. Luego de realizar una síntesis de lo discurrido en el proceso,
solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda, pues la parte actora no aportó
pruebas que vulneren el debido proceso y demás principios que rigen la
convocatoria, más allá de haber explicado sus motivos «flojos de inconformidad»
basados en una presunta ausencia de respuesta y requisitos de la parte demandada
que no alcanza a constituir una justificación ni motivo suficiente como para sustentar
la ilegalidad del acto administrativo demandado.
El municipio de Envigado y la parte demandante guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Previo al análisis del fondo del asunto, se destaca que, en relación con la ausencia
de consulta, implementación y socialización del manual de funciones, así como su
estudio técnico previo, en el auto admisorio de la demanda del 30 de enero de 2024 7
se rechazó la pretensión de nulidad respecto de los manuales de funciones que
sirvieron de base de la convocatoria demandada, motivo por el cual no es posible
realizar el análisis de estos cargos, tal como se señaló en auto del 20 de junio de
2024, decisión debidamente ejecutoriada. Igual análisis merece la excepción de
falta de legitimación en la causa en la expedición de MEFCL propuesta por la CNSC.
En estas condiciones se deberá determinar si el acto de convocatoria desconoció
las normas en que debía fundarse, pues: a) no tuvo en cuenta las medidas
5 Índice 58 Samai.
6 Índice 57 ibid.
7 Índice 15 ibid.
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afirmativas para las personas amparadas con retén social; b) en la aplicación de
pruebas escritas muchas de las expresiones en los textos resultaron poco claras,
inconclusas, ambiguas y desconectadas; y c) se inobservó el cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos en la valoración de antecedentes.
Igualmente, si fue expedido irregularmente porque existieron inconsistencias
presupuestales.
De la nulidad por la violación de las normas en las que debía fundarse el
acto administrativo
Esta causal ha sido entendida por la jurisprudencia de esta Corporación como la
contravención legal directa de la norma superior en el momento en el que es
expedido, y ocurre cuando se presenta una de las siguientes situaciones: a) falta
de aplicación, b) aplicación indebida, o c) interpretación errónea 8.
a) La falta de aplicación de una norma se configura cuando la autoridad
administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce, la analiza de
forma diferente o no la aplica al caso. También se presenta cuando la autoridad
examina la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto
que resuelve.
b) La aplicación indebida tiene lugar cuando las disposiciones jurídicas se
emplean a pesar de no ser las pertinentes para resolver el asunto que es objeto
de decisión, y puede originarse cuando la autoridad administrativa se equivoca al
escoger la norma, por la inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta
consagra o cuando no establece de manera correcta la diferencia o la semejanza
existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
c) La interpretación errónea ocurre cuando las disposiciones son las que regulan
el tema que se debe decidir, pero la autoridad las entiende equivocadamente y
así las aplica, esto es, le asigna a la disposición un sentido o alcance que no le
corresponde.
Se procederá a analizar cada uno de los cargos presentados por esta causal.
De la alegada exclusión por condiciones especiales
El retén social es un concepto que surgió a partir de las medidas de protección
previstas en el artículo 12 de la Ley 790 de 20029, el cual consistía en que no podían
ser retiradas del servicio las madres y los padres cabeza de familia sin alternativa
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de mayo de 1999, radicado interno:
13644 y Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2012. Exp. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660).
C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Tesis reiterada por esta Subsección en sentencia del 10 de julio de
2024. Exp. 11001032500020210031600 (1717-2021). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renova0ción de la administración pública
y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República».
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económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva y los
servidores que estuvieran por cumplir con la totalidad de requisitos para disfrutar su
pensión de jubilación o vejez en los tres años siguientes a la promulgación de esa
ley, también conocidos como «prepensionados».
El Decreto 1894 de 2012, que en su artículo 1.° modificó el artículo 7 del Decreto
1227 de 200510 (compilado en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015), sobre
el orden de provisión definitiva de los empleos de carrera, dispuso en el parágrafo
segundo, en relación con los provisionales, lo siguiente:
«[…] Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de
selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos
ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos
nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los
provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección
generado por:
1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.
2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos
señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las
normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical». (Se destaca).
Según se observa, las exigencias normativas relacionadas con el retén social
estuvieron dirigidas a proteger a los empleados provisionales amparados en un
momento posterior a la conformación de las listas de elegibles en los concursos de
méritos y, en ese sentido, no tienen la vocación de afectar el acto administrativo
reglamentario de la convocatoria 11, pues ello es competencia de la entidad
beneficiaria del concurso de méritos.
En todo caso, se advierte que el Acuerdo CNSC 20191000001396 del 4 de marzo
de 2019, en el artículo 46 previó que, en caso de empate en las listas de elegibles,
se tendrán en cuenta varios criterios, entre los cuales se destaca: «1. Con el
aspirante que se encuentre en situación de discapacidad […] 3. Con el aspirante
que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de la
Ley 1448 de 2011».
En ese sentido, las consideraciones expresadas sobre la supuesta exclusión laboral
de los provisionales no tienen vocación de afectar la legalidad del acto
administrativo demandado, pues, se reitera, los empleados nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera tienen una estabilidad laboral relativa, que
10 Reglamentario de la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998. Aunque es de aclarar que el texto inicial
del artículo 7.° del Decreto 1227 de 2005 ya incluía a las personas desplazadas por la violencia en este orden
de provisión de los empleos de carrera.
11 Se destaca que, si bien la Ley 1955 de 2019, en su artículo 263, parágrafo segundo, señaló que los empleos
vacantes en forma definitiva del sistema general de carrera, que estuvieran siendo ocupados por personal
vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y que a la fecha de entrada en
vigencia de dicha ley les faltaren tres años o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación, serían
ofertados por la CNSC una vez el servidor causara su respectivo derecho pensional, lo cierto es que estos
cambios en el ordenamiento jurídico respecto de la cuestión no serán abordados por no ser aplicables al acto
administrativo demandado en este proceso, ya que su vigencia temporal es posterior a la expedición de este..
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00081-00 (1111-2023)
debe ceder ante el mejor derecho de quien participa y gana en un concurso de
méritos para ocupar el cargo de que se trate, y esas situaciones individuales no
pueden derivar en la sustracción de la carrera administrativa. No prospera el cargo
invocado.
De las pruebas escritas y valoración de antecedentes
En cuanto a lo sostenido en la demanda de que no se siguieron normas
convencionales, formales, semánticas y gramaticales del español en la aplicación
de las pruebas escritas, y que se inobservó el cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos al valorar los antecedentes de los participantes, la Sala se
abstendrá de analizarlos, pues se trata de situaciones que se relacionan
directamente con el acto administrativo particular de calificación y que, lógicamente,
no existían en el momento de la expedición de los actos generales acusados, por lo
que no pueden comprometer su validez.
Se aclara que, tratándose del acto de calificación que elimina a un aspirante y de la
conformación de la lista de elegibles, como actos administrativos definitivos y
particulares que son, pueden ser susceptibles de enjuiciamiento a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho 12, en el cual, como lo ha
resaltado esta Subsección, es viable estudiar, por ejemplo, lo relativo a la
ambigüedad y pertinencia de las preguntas de los exámenes, como elementos
relevantes para la legalidad de dichos actos particulares 13.
Igual análisis merece la reactivación del certamen a pesar de la declaratoria de
nulidad del Decreto 1754 de 2020, porque esta circunstancia se refiere a una
situación posterior a la expedición del acuerdo reglamentario de la convocatoria y,
por lo tanto, no tiene la vocación de afectar su legalidad, dado que, como lo ha
señalado esta Corporación, la validez de los actos administrativos debe analizarse
de conformidad con las normas vigentes en las que se debían fundar en el momento
en el que son proferidos 14.
De las supuestas inconsistencias presupuestales
El artículo 30 de la Ley 909 de 2004, establece que los costos que genere la
realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades
que requieran la provisión de los empleos. Por su parte, el inciso final del artículo
2.2.6.34 del Decreto 051 de 2018 establece que los cargos que se sometan a
12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 5 de noviembre de 2020. Exp. 25000-
23-41-000-2012-00680-01(3562-15). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y Subsección B, autos del 3 de
marzo de 2020. Exp. 25000-23-42-000-2017-01317-01 (5130-19). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez y del 10 de
octubre de 2019. Exp. 66001-23-33-000-2016-00794-01 (2162-18). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 5 de noviembre de 2020. Exp. 25000-
23-41-000-2012-00680-01(3562-15). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
14 Se pueden consultar: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de
2019. Exp. 11001032500020160101700 (4574-16) C.P. César Palomino Cortés; y Subsección A, fallos del 26
de agosto de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2019-00210-00 (1356-19) y del 5 de mayo de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2019-00886-00 (6373-2019). C.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00081-00 (1111-2023)
concurso deberán contar con el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal.
El primer inciso del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 15, compilatorio del Estatuto
Orgánico del Presupuesto, prevé que todos los actos administrativos que afecten
las apropiaciones presupuestales deben contar con certificados de disponibilidad
previos, entendiendo por apropiación, la autorización de gasto suficiente para
atender las erogaciones que ellos generen (89 de la misma disposición). El inciso
segundo de la misma norma se refiere a otro concepto como es el de «registro
presupuestal», el cual afecta de forma definitiva la apropiación y sirve para que los recursos
previstos para financiarlos no se desvíen para otro fin.
Sobre la necesidad del certificado de disponibilidad presupuestal como prerrequisito
de las convocatorias a concursos públicos de méritos, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-747 de 2011, en la cual recalcó el deber de tener el
CDP antes de abrir las convocatorias, como el de las entidades de constituirlo para
no obstaculizar las labores de la CNSC.
La Sección Segunda del Consejo de Estado16 ha señalado que el certificado de
disponibilidad presupuestal no es un requisito de validez del acto administrativo, por
lo que su ausencia no compromete su presunción de legalidad, lo que sí ocurre con
el registro, esto último cuando se trata de modificación a la planta de personal.
Considerando que la parte actora predica que en la actuación administrativa
adelantada se presentan irregularidades, especialmente en el rubro asignado para
el pago, «generando vicios en la expedición del acto administrativo por medio del
cual se convoca y se establecen las reglas en la Convocatoria», la Sala estima que
no le asiste razón, pues se allegaron certificados de disponibilidad y registros
presupuestales del 18 de diciembre de 2019 y del 21 de abril de 2021 que
apropiaron $500.000.000 y $400.000.000 respetivamente, para financiar los costos
que le corresponden en el desarrollo del proceso de selección 17.
Lo anterior da cuenta de que la actuación administrativa se efectuó la provisión de
los recursos financieros necesarios para la realización del certamen, por lo que no
prospera el vicio alegado.
En consecuencia, los cargos de nulidad formulados en la demanda no están
llamados a prosperar, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los
actos demandados, motivo por el cual negarán las pretensiones de la demanda y
15 Según el primer inciso del artículo 109 ibidem, las normas de la Ley Orgánica de Presupuesto, compiladas
en dicho decreto, también son aplicables a las entidades territoriales.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de enero de 2017. Exp. 25000-23-24-
000-2007-00203-02 (3756-15). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Tesis que fue reiterada por la Subsección A.
Sentencia del 25 de abril de 2024. Exp. 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
17 Pdf visible a índice 28 Samai.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00081-00 (1111-2023)
se declararán probadas las excepciones de mérito formuladas por las entidades
demandadas.
Condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA 18.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR PROBADAS las excepciones de mérito formuladas por las
demandadas.
Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad presentada a través
de apoderada por el señor José Fernando Restrepo Hoyos y otros en contra de la
Comisión Nacional del Servicio Civil y el municipio de Envigado.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
18 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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