Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00829-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00829-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00829-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
Demandantes: Melhen Yasmín Rodríguez Avellaneda
Demandadas: Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC y Dirección de
Tránsito y Transporte de Floridablanca, DTTF
Temas: Concurso de méritos. Limitaciones a la facultad de modificar las
convocatorias de carrera administrativa en curso. Respaldo
presupuestal y su incidencia en la validez del acto administrativo.
Socialización del manual de funciones, requisitos y
competencias con las organizaciones sindicales.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
promovido por la señora Melhen Yasmín Rodríguez Avellaneda contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil y la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca,
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES 1
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la
Comisión Nacional del Servicio Civil:
• Acuerdo 20171000001136 del 22 de diciembre de 2017 «por el cual se establecen
las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA,
Proceso de Selección n.° 441 de 2017 – Santander».
• Acuerdo 20181000001926 del 15 de junio de 2018 «por el cual se aclaran los
artículos 13, 14, 15, 39 y 41 del Acuerdo 20171000001136 del 22 de diciembre de 2017
que rige el proceso de selección n.° 441 de 2017 –DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA».
• Acuerdo 20181000003536 del 16 de agosto de 2018 «por el cual se aclaran los
1 Se destaca que, mediante auto 27 de julio de 2022 se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo
189 de la Ley 1437 de 2011, se decretaron las pruebas y también se excluyeron algunas pretensiones que
habían sido formuladas (índice 90 de la plataforma Samai).
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
artículos 39 y 41 de los Acuerdos n.° 20171000001136 del 22 de diciembre de 2017 y
20181000001926 del 15 de junio de 2018 que rigen el proceso de selección n.° 441 de
2017 –DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA».
• Acuerdo 20181000005546 del 19 de septiembre de 2018 «por el cual se compilan
los Acuerdos n.° 20171000001136 del 22 de diciembre de 2017, 20181000001926 del
15 de junio de 2018 y 20181000003536 del 16 de agosto de 2018, que regulan las
reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA,
proceso de selección n.° 441 de 2017 –Santander».
• Acuerdo 201900000246 del 16 de enero de 2019 «por el cual se aclaran los
artículos 3 y 10 del Acuerdo n.° 20181000005546 del 19 de septiembre de 2018, por el
cual se compilan las reglas del concurso que rigen el proceso de selección n.° 441 de
2017 – Santander, correspondiente a la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DE FLORIDABLANCA».
Y la Resolución 405 del 7 de junio de 2019, proferida por la Dirección General de la
DTTF «por la cual se modifica el manual de funciones, requisitos y competencias laborales
para los empleos de la planta de personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de la
Floridablanca».
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el 28 de noviembre de 2017, la DTTF entregó la Oferta Pública de Empleos de
Carrera a la Comisión Nacional del Servicio Civil con el fin de que adelantara la
convocatoria a concurso de méritos para proveer veintidós vacantes para dieciséis
cargos de dicha entidad.
Que, en el respectivo reporte, la DTTF manifestó que se comprometía a que la
OPEC no sería modificada hasta tanto no culminara el proceso de selección con la
superación del periodo de prueba de los aspirantes que ocuparon los primeros
puestos en las listas de elegibles.
Que la CNSC expidió el Acuerdo 20171000001136 del 22 de diciembre de 2017 a
través del cual reglamentó la Convocatoria 441 de 2017, para proveer los empleos
vacantes de carrera administrativa de la DTTF, la cual fue aclarada y compilada en
los demás acuerdos demandados.
Que, en desarrollo de la mencionada convocatoria la entidad beneficiaria expidió la
Resolución 405 del 7 de junio de 2019, a través de la cual cambió el manual de
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funciones y competencias laborales de la entidad 2, situación que modificó las
condiciones iniciales de acceso a todos los empleos de la correspondiente OPEC.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que los actos acusados vulneraron los artículos 2.°, 6.°, 13, 13, 25, 29, 53, 83, 123
y 313 numerales (1.° y 6.°) de la Constitución Política; 12 de la Ley 153 de 1887;
328 y 329 de la Ley 4 de 1913; 3.° y 11 de la Ley 489 de 1998; artículos 2.°, 17 y 24
de la Ley 909 de 2004; 25 del Decreto Ley 785 de 2005; 3.°, 8.°, 9.°, 10 y 65 de la
Ley 1437 de 2011; Ley 1755 de 2015; 2.2.3.5, 2.2.2.6.1 y 2.2.6.4. del Decreto 1083
de 2015; Resoluciones 4548 de 2013 y 001943 de 2014 expedidas por el Ministerio
de Transporte; Circular Conjunta 074 del 21 de octubre de 2009, emitida por la
Procuraduría General de la Nación y la CNSC; Circular CNSC 20181000000027 del
7 de febrero de 2018; «Radicado 20192320398431 del 31 de julio de 2019 de la
CNSC»; y «Radicado 20194000242181 del 24 de julio de 2019 de la Función
Pública».
Que los acuerdos demandados desconocieron las normas en que debían fundarse,
toda vez que durante el desarrollo de la Convocatoria 441 de 2017, la DTTF como
entidad beneficiaria del certamen, cambió su manual de funciones, requisitos y
competencias laborales mediante la Resolución 405 del 7 de junio de 2019, con lo
cual modificó las condiciones iniciales de acceso a todos los empleos de la
correspondiente OPEC y, por tanto, no fueron respetadas las garantías para todos
los participantes en el proceso de selección.
Que la modificación del manual de funciones no contó con respaldo presupuestal,
pues los ingresos que debían servir para financiarlo dependían de la mera
expectativa de recuperación de cartera a corto plazo y del diseño de estrategias de
venta y la generación de nuevos servicios a mediano y a largo plazo en la entidad,
circunstancia que va en contravía de la destinación que legalmente debe dársele al
dinero recaudado por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito.
Que la Resolución 405 de 2019 tuvo una serie de irregularidades en su
procedimiento de formación porque no fue socializada adecuadamente con la
organización sindical a la que se encuentran afiliados los empleados de dicha
entidad. Que tampoco fueron publicados los Acuerdos 04 y 05 del Consejo Directivo
de la Dirección de Tránsito, a través de los cuales se aprobó la expedición del nuevo
manual.
Que la Resolución 405 de 2019 incurrió en el vicio de falsa motivación, pues, fue
imprecisa al citar las normas en las que se fundó, y también desconoció la Ley 1310
de 2009 sobre la jerarquía funcional en materia de tránsito. Además, por medio de
2 El cual hasta la fecha se encontraba contenido en la Resolución 764 del 10 de noviembre de 2015.
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dicho acto administrativo se crearon tres nuevos empleos del nivel profesional grado
10 que no estaban incluidos en la OPEC del concurso.
La demanda fue admitida el 12 de diciembre de 2019 y, a su vez, a través de
providencia de la misma fecha, se corrió traslado de la solicitud de suspensión
provisional formulada. Notificado el medio de control, la DTTF contestó en tiempo y
la CNSC guardó silencio.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca 3. Se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, expresando que no es cierto que con la Resolución
405 de 2019 se modificaron las condiciones de participación en el concurso de
méritos de carrera administrativa reglamentado por los acuerdos acusados, en el
que, finalmente, se ofertaron quince empleos con veintidós vacantes.
Lo anterior, porque en el parágrafo transitorio del artículo 2.° de dicho acto
administrativo se dispuso que el manual de funciones y competencias laborales de
los cargos ofertados en la Convocatoria 441 de 2017, esto es, el contenido en la
Resolución 764 del 10 de noviembre de 2015, seguiría en vigor hasta la finalización
del certamen. Sobre este último acto, indicó que no fue acusado en el presente
medio de control.
Que la resolución demandada es legal, pues fue expedida con fundamento en la
facultad prevista en los artículos 46 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.12.1 a 2.2.12.3 del
Decreto 1083 de 2015, para realizar reformas de las plantas de empleos de las
entidades del ejecutivo territorial, pues en virtud del estudio técnico se evidenciaron
falencias en distintas áreas relacionadas con la conformación de dicha planta y con
un análisis financiero que mostró que la DTTF contaba con la capacidad necesaria
para fortalecer su planta de personal, basados en la recuperación de cartera a corto
plazo y en el diseño de estrategias de venta y la generación de nuevos servicios a
mediano y largo plazo.
Que la Resolución 405 de 2019 fue debidamente motivada y su proyecto se
socializó con los empleados y funcionarios de la DTTF, con el objetivo de que
conocieran los cambios que se querían hacer al manual de funciones y pudieran
presentar sus observaciones, lo que se acredita con las Circulares 020 y 021 de
2019 emitidas por tal entidad.
Formuló como excepciones las que denominó «inexistencia de causales de nulidad que
enerven la legalidad del concurso de méritos 441 de 2017 y en consecuencia los Acuerdos
2017100001136, 20181000001926, 20181000003536, 20181000005546 y
3 Índice 80 de la plataforma Samai.
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20191000000246»; «inexistencia de causales de nulidad que enerven la legalidad de la
Resolución 405 de 2019» «inepta demanda por falta de requisitos formales» y «buena fe».
La CNSC no contestó la demanda.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
El 16 de junio de 2020 se negó la suspensión provisional de los actos demandados
y el 1.° de julio de 2021, se declaró probada la excepción falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el municipio de Floridablanca 4, por lo que fue
desvinculado. Posteriormente, el 1.° de junio de 2022, se declaró no probada la de
inepta demanda por falta de requisitos formales invocada por el la DTTF.
Por medio de providencia del 27 de julio de 2022, se evidenció la posibilidad de
emitir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, adicionado
por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió de la audiencia inicial
prevista en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, se decretaron las pruebas, se
excluyeron algunas pretensiones de la demanda y se fijó el correspondiente litigio.
El 12 de septiembre de 2022, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante5, reiteró los argumentos por los cuales considera debe
declararse la nulidad de los actos acusados. Adicionalmente, solicitó se desestime
el medio de prueba aportado por la DTTF sobre la viabilidad presupuestal para la
modificación de la planta de empleos, porque ese documento no reemplaza el
certificado de disponibilidad presupuestal.
Que la consulta que se realizó con las organizaciones sindicales para los cambios
en la planta de personal y el manual de funciones, a través de la Resolución 405 del
7 de junio de 2019, se limitó a una reunión realizada entre los días 4 y 5 de junio de
ese año, que duró veinte minutos, lo que dio cuenta de que en ese momento la
decisión ya estaba tomada y que esa socialización solo fue aparente.
Que no está de acuerdo con el contenido del auto del 27 de julio de 2022 frente a
las pruebas que no fueron decretadas y a la exclusión de algunas pretensiones de
la demanda.
4 Entidad en contra de la cual inicialmente se había admitido el medio de control.
5 Índice 112, ídem. Se aclara que la señora Rodríguez Avellaneda presentó un primer escrito de alegatos de
conclusión antes de que se corriera traslado, el cual puede ser consultado en el índice 101, sin embargo, luego
del respectivo traslado presentó otro, que es el que se halla a índice 112, y es el que manifestó que contenía
los alegatos definitivos y, por lo tanto, es el que aquí se tiene en cuenta.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
La CNSC 6, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda, pues no tuvo
ninguna responsabilidad ni injerencia en la expedición de los manuales de funciones
y competencias laborales de las entidades beneficiarias de los concursos de méritos
de carrera administrativa, los cuales se deben presumir legales.
Que una hipotética anulación de esos actos no conlleva la invalidación de los
acuerdos que reglamentan las convocatorias, respecto de las cuales deben
respetarse las situaciones jurídicas consolidadas.
El Ministerio Publico 7, rindió concepto en el cual pidió que se negaran las
pretensiones de la demanda, dado que las condiciones iniciales de la Convocatoria
441 de 2017, relativas al manual específico de funciones y competencias laborales
de la DTTF, no fueron modificadas por la Resolución 405 del 7 de junio de 2019.
Que el parágrafo transitorio del artículo 2.° de dicho acto administrativo estableció
una regla que excluye su aplicación retroactiva para ese concurso al indicar que
solo empezaría a regir para los empleos ofertados en ese proceso de selección, una
vez quienes lo hayan ganado superen su periodo de prueba o cuando no existan
más aspirantes en la lista de elegibles o esta haya perdido su vigencia, por lo que
no se vulneró normativa alguna.
La DTTF guardó silencio en esta parte procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
En los alegatos de conclusión, la demandante manifestó su inconformidad con el
auto del 27 de julio de 2022, por medio del cual se fijó el litigio, específicamente en
relación con la decisión de negar algunas pruebas y de excluir algunas pretensiones
de la demanda. Esta providencia fue notificada debidamente, tal como se observa
en el índice 99 de Samai.
La demandante no interpuso recurso alguno en contra de tales decisiones, por lo
cual, la Sala considera que no hay lugar a realizar pronunciamiento al respecto,
dado que esta decisión ya se encuentra en firme.
En estas condiciones se deberá determinar si: los acuerdos acusados están
viciados de nulidad por el desconocimiento de las normas superiores sobre los
principios de buena fe, de seguridad jurídica y del debido proceso, debido a que la
6 Índice 113 de la plataforma Samai.
7 Índice 114, ídem.
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Resolución 405 de 2019, proferida por el director general de la DTTF, modificó sobre
la marcha del certamen las condiciones para acceder a los empleos ofertados en
este.
Igualmente, si la Resolución 405 de 2019 de la DTTF está viciada de expedición
irregular porque: a) no existió un respaldo presupuestal adecuado para la emisión
de dicho acto administrativo, b) no se socializó el proyecto de resolución con la
organización sindical en la que se encuentran afiliados los empleados del ente
territorial, c) se omitió publicar los Acuerdos 04 y 05 de 2019, mediante los cuales
se aprobó la expedición del nuevo manual de funciones,
También, si la Resolución 405 de 2019 adolece del vicio de falsa motivación, debido
a que en sus consideraciones se plasmaron serie de imprecisiones respecto de las
normas invocadas como sustento del acto administrativo; o si desconoció las
normas en que debía fundarse, dado que: a) no dio cumplimiento a la Ley 1310 de
2009 sobre la jerarquía funcional en materia de tránsito, y b) se crearon tres nuevos
empleos de nivel profesional grado 10 que no están incluidos en la OPEC.
Limitaciones a la facultad de modificar las convocatorias de carrera
administrativa en curso
El numeral 1.° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 8 dispuso que la convocatoria
es la norma reguladora de todo concurso de méritos de carrera y, en su carácter de
acto administrativo general, obliga a la administración, a las entidades contratadas
para la realización del concurso y a los participantes.
El artículo 13 del Decreto 1227 de 2005, que reglamentó parcialmente la
mencionada ley, y que actualmente se encuentra compilado en el artículo 2.2.6.3
del Decreto 1083 de 2015 9, reiteró el carácter obligatorio de la convocatoria y
estableció que a la CNSC le corresponde elaborar y suscribir la convocatoria, con
base en las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los empleos
definidos por la entidad beneficiaria del concurso, de acuerdo con el manual
específico de funciones y requisitos.
Entre otros aspectos que debe contener la convocatoria, la referida norma previ o
los siguientes:
• La identificación del empleo (denominación, código, grado salarial, asignación básica);
• El número de empleos por proveer;
• Su ubicación;
• Las funciones y el perfil de competencias requerido en términos de estudios,
experiencia, conocimientos, habilidades y aptitudes;
8 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones».
9 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
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• Fecha, hora y lugar para la recepción de inscripciones y entrega de resultados;
• Las pruebas a aplicar;
• La duración del periodo de prueba;
• El organismo competente para resolver las reclamaciones.
El artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, en relación con la modificación de la
convocatoria, estableció:
«[…] Antes de iniciarse las inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o
complementada en cualquier aspecto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo
cual deberá ser divulgado por la entidad que adelanta el proceso de selección.
Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al sitio,
hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, por la entidad
responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las
previstas inicialmente en la convocatoria.».
Así, iniciada la etapa de inscripciones, la convocatoria se torna inmodificable, salvo
en lo que se refiere a aspectos no sustanciales como la fecha, el sitio y la hora de
inscripciones, al igual que la aplicación de los instrumentos de selección o pruebas.
A nivel constitucional, la inmodificabilidad de aquel acto se justifica en la
salvaguarda de principios como el mérito; la seguridad jurídica, la buena fe y la
confianza legítima; la moralidad y la transparencia; el derecho al debido proceso; y
el derecho de acceso a cargos públicos 10.
De lo anterior se infiere que, una vez iniciada la etapa de inscripciones del concurso,
los elementos estructurales de la convocatoria, como lo es el relativo a la
identificación del empleo (denominación, código, grado salarial, asignación básica,
número de empleos por proveer, ubicación, funciones y el perfil de competencias
requerido en términos de estudios, experiencia, conocimientos, habilidades y
aptitudes), la entidad que realiza el concurso, entre otros, resultan inmutables. Ello
con el fin de proteger las expectativas legítimas de los aspirantes a los concursos
de méritos.
Igualmente, la Procuraduría General de la Nación y la CNSC expidieron la Circular
Conjunta 74 del 21 de octubre de 2009, que fue dirigida a los representantes legales
de las entidades públicas a las que se les aplica la Ley 909 de 2004, en la cual se
advirtió, entre otras cosas, que «[…] las entidades no podrán suprimir empleos
reportados y que hayan sido ofertados a los aspirantes, ni podrán modificar los manuales
de funciones y requisitos de los mismos antes de su provisión y hasta cuando el servidor
nombrado supere el periodo de prueba, o que no existan más aspirantes en la lista de
elegibles».
La Subsección analizó la legalidad de esta circular y en sentencia del 15 de
septiembre de 2022, y consideró que las limitaciones a la modificación de los
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2022, radicado:
11001032500020210020200 (1315-2021).
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manuales de funciones y competencias laborales en el contexto de los concursos
de méritos son válidas y vinculantes para las entidades beneficiarias de los
concursos 11.
Esta restricción se relaciona únicamente con la imposibilidad de cambiar las
reglas en los concursos de méritos de carrera en los que ya se haya iniciado
la etapa de inscripciones de los aspirantes. Lo anterior, por cuanto, según el
artículo 2.2.6.27. del Decreto 1083 de 2015, en el marco de estas convocatorias es
posible, incluso, realizar reformas totales o parciales de la planta de personal de la
entidad beneficiaria del certamen, que impliquen la supresión de empleos ofertados
en este, pero, al empleado nombrado en periodo de prueba para el cargo suprimido,
se le ha de incorporar en un destino igual o equivalente que exista en la nueva
planta.
Ello también está acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.29 ibidem, que
consagra el derecho de estos servidores a que, durante el periodo de prueba, no se
les obligue a ejercer funciones distintas a las indicadas en la convocatoria que sirvió
de base para su nombramiento o ascenso.
En el presente caso, la Sala estima que no le asiste razón a la parte demandante
cuando señala que se vulneraron los elementos estructurales de la Convocatoria
441 de 2017, al modificar el manual de funciones y competencias laborales de la
Dirección de Tránsito de Floridablanca, pues en la Resolución 405 del 7 de junio de
201912, estableció expresamente que:
«[…] PARÁGRAFO TRANSITORIO. El manual de funciones de los cargos que se
encuentran en concurso de méritos bajo convocatoria n.° 441 de 2017 entrará
en vigor hasta tanto el funcionario de la lista de elegibles o la misma haya
perdido su vigencia, por lo tanto, el desempeño laboral y la evaluación del
período de prueba de los elegibles señalados mediante acto administrativo de
la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, serán evaluados mediante las
funciones específicas ofertadas en la respectiva convocatoria pública de la
convocatoria n.° 441 de 2017 y conforme a las directrices dadas por la CNSC
en la materia. […]». (Resaltado de la Sala).
El acto administrativo no introdujo ningún cambio en la convocatoria reglamentada
por los acuerdos de la CNSC acusados, pues previó de manera expresa una regla
de transición que excluye su aplicación frente a quienes estuvieran participando en
dicho concurso, y que los cobija incluso hasta la pérdida de vigencia de las listas de
elegibles.
De esa forma, a las personas que lleguen a conformarlas, según la Resolución 405
de 2019, se les deben respetar las condiciones de acceso al empleo y de evaluación
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
15 de septiembre de 2022, rad. 11001-03-25-000-2012-00680-00 (2361-2012).
12 Páginas 426 a 499 del archivo pdf. de la contestación de la demanda en el índice 80 del expediente digital.
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del desempeño bajo las cuales se inscribieron en el concurso de méritos, hasta que
finalice su respectivo periodo de prueba.
Esta previsión guarda relación con el reglamento de la Convocatoria 441 de 2017,
pues los artículos 12 y 58 del Acuerdo 20181000005546 del 19 de septiembre de
2018 de la CNSC 13, compilatorio de las normas del certamen, que señalan lo
siguiente:
«[…] Artículo 12. Antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, el Proceso de
Selección podrá ser modificado o complementado, de oficio o a solicitud de la
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA, debidamente
justificado, aspecto que será supervisado por la CNSC y oportunamente divulgado a
través de la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO.
Iniciada la etapa de inscripciones, el Proceso de Selección sólo podrá
modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y
aplicación de las pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no podrán anticiparse
a las previstas inicialmente. […].
Artículo 58. PERMANENCIA DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA: El servidor
público que se encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el
cargo por el término de este, a menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal
que ocasiones su retiro. Durante este período no se le podrá efectuar ningún
movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de un
empleo cuyo perfil sea distinto al empleo para el cual concursó, ni se le podrán
asignar ni encargar funciones diferentes a las contempladas para el empleo
para el cual concursó.». (Negrita fuera del texto original).
Entonces, los argumentos de la demandante respecto del cambio intempestivo de
las reglas del concurso, mientras este se encontraba en marcha, no tienen
fundamento, máxime cuando las mismas normas que lo regulan, contenidas en las
disposiciones que se acaban de transcribir, establecen que la convocatoria no se
puede cambiar en sus aspectos estructurales una vez inicien las inscripciones, y
que durante el periodo de prueba al empleado se le ha de garantizar el ejercicio de
las funciones del cargo para el cual aspiró.
Lo descrito, se refiere a una situación posterior a la expedición de los acuerdos
reglamentarios del certamen y, por lo tanto, no tiene la vocación de afectar su
legalidad, dado que, como lo ha señalado esta corporación, la validez de los actos
administrativos debe analizarse de conformidad con las normas vigentes en las que
se debían fundar en el momento en el que son proferidos, y no en preceptos
posteriores que eventualmente lleguen a influir sobre la materia 14.
Si en gracia de discusión se tuviera por probada la modificación del manual de
funciones y competencias laborales de la entidad beneficiaria del concurso, con
13 Páginas 133 a 162, ídem.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
27 de mayo de 1999, radicado: 13644.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
efectos sobre las condiciones de participación en este, ello en nada afectaría la
legalidad del reglamento de la convocatoria y tal circunstancia solo sería relevante
para las situaciones particulares que se deriven de allí. No prospera el cargo de
nulidad.
De legalidad de la Resolución 405 de 2019 expedida por la Dirección Territorial
de Tránsito de Floridablanca
Se realizará el estudio de las tres causales de nulidad invocadas en la demanda: i)
la expedición irregular; ii) falsa motivación y iii) desconocimiento de las normas en
que debían fundarse.
Expedición irregular
En relación con este vicio, se ha dicho que se estructura a partir de la transgresión
del procedimiento administrativo que debe seguirse para proferir el acto 15, esto es,
el conjunto de etapas necesarias para que se produzca la manifestación unilateral
de voluntad de la administración que tenga como efecto crear, modificar o extinguir
una situación jurídica.
Lo que justifica este vicio como causal de nulidad es la sujeción de los actos
administrativos a un procedimiento y a unas formas previamente determinadas en
las disposiciones que resulten aplicables. La utilidad de esas normas se hace
evidente, toda vez que, por lo general, constituyen verdaderas garantías para los
administrados, las cuales tienen sus raíces en el derecho al debido proceso
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política16.
De la supuesta ausencia de respaldo presupuestal
El artículo 30 de la Ley 909 de 2004, prevé que los concursos o procesos de
selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de
contratos o convenios interadministrativos. Los costos que genere la realización de
los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran
la provisión de cargos.
El primer inciso del artículo 71 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996 17,
compilatorio del Estatuto Orgánico del Presupuesto, prevé que todos los actos
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deben contar con
certificados de disponibilidad previos, entendiendo por apropiación, de acuerdo con
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2020, radicado: 11001-03-
25-000-2017-00032-00 (0098-2017).
16 BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Octava Edición. Medellín: Señal Editora,
2013, p. 295.
17 Según el primer inciso del artículo 109 ibidem, las normas de la Ley Orgánica de Presupuesto, compiladas
en dicho decreto, también son aplicables a las entidades territoriales.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
el artículo 89 de la misma normativa, la autorización de gasto suficiente para atender
las erogaciones que ellos generen.
El inciso segundo de la misma norma se refiere a otro concepto como es el de
«registro presupuestal», el cual afecta de forma definitiva la apropiación y sirve para
que los recursos previstos para financiarlos no se desvíen para otro fin.
La Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que el certificado de
disponibilidad presupuestal no es un requisito de validez del acto administrativo, por
lo que su ausencia no lo vicia de nulidad, lo que sí ocurre con el registro. Así en
sentencia de la Subsección B del 19 de enero de 2017 18, que fue reiterada en un
fallo posterior 19, se dijo lo siguiente:
«[…] En la jurisprudencia de esta Sección unánime ha sido del criterio [de] que [la
exigencia de disponibilidad presupuestal] es puramente adjetiva, y su carencia no
afecta la validez del acto, como ha tenido ocasión de pregonarlo reiteradamente en
múltiples fallos, dentro de los cuales basta citar la providencia del 3 de abril de 2008,
con ponencia de la Consejera Bertha Ramírez, expediente
08001233100020010191601 […] En el mismo sentido en la sentencia de 4 de
diciembre de 2008, igualmente con ponencia de la Consejera Bertha Ramírez,
expediente 08001233100019980083701 en la que se expresó:
[…]
Idéntico criterio ha esbozado la Sección Tercera del Consejo de Estado, al fijar los
alcances de la ausencia del certificado de disponibilidad presupuestal y del registro
en materia de contratación estatal, del siguiente modo:
“Por tanto, considera la Sala, que cuando el numeral 6.º del artículo 25 de la Ley 80
de 1993, en concordancia con el artículo 49 de la Ley 179 de 1994 [compilado en el
artículo 71 del Decreto 111 de 1996], hace alusión al certificado de disponibilidad
presupuestal, lo establece como un requisito previo, accidental al acto administrativo
que afecte la apropiación presupuestal, el cual, debe entenderse como a cargo del
servidor público, cuya omisión, en los casos en que se requiera, genera
responsabilidad personal y pecuniaria según indica el inciso final del mismo artículo
49 ya citado. En este sentido, no constituye entonces requisito de existencia ni de
perfeccionamiento del contrato, pues se trata de un acto de constatación
presupuestal propio de la administración, que como se indicó, es de carácter previo
inclusive a abrir la licitación, concurso o procedimiento de contratación directa.
Por el contrario, el registro presupuestal sí constituye un requisito de
perfeccionamiento del contrato, lo cual se extrae del inciso segundo del mismo
artículo 49 de la Ley 179 de 1994, cuando hace alusión a que “[e]sta operación es un
requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos”, refiriéndose
estrictamente a la operación de registrar la afectación presupuestal que se hace con
el acto administrativo o contrato que compromete el presupuesto. […]».
Por otro lado, el inciso cuarto del artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto
se refiere al requisito de la «viabilidad presupuestal» en lo relativo a las
modificaciones de las plantas de personal de las entidades públicas. Este, según lo
18 Radicado: 25000-23-24-000-2007-00203-02(3756-15).
19 Radicado: rad. 11001-03-25-000-2013-00369 00 (0793-13).
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
ha indicado esta corporación 20 se constituye en una exigencia en la formación del
acto modificatorio de la planta de personal, cuando se incrementen los costos
asociados a esta y, por lo tanto, su ausencia en esos casos afecta la validez.
Se hace necesario precisar que, si bien los actos administrativos que definen la
planta de personal y el manual específico de funciones y competencias laborales en
una entidad tienen una estrecha relación, estos poseen diferencias relevantes que,
para lo que interesa a este caso, pueden ser evidenciadas en los requisitos de índole
presupuestal que prevé el ordenamiento jurídico, ya que este último acto se limita a
prever las responsabilidades y requisitos para los empleos preexistentes y, en ese
sentido, no genera nuevas erogaciones, distintas a las que surgen con el
establecimiento o modificación de la planta.
Considerando que la ausencia de respaldo presupuestal se predica respecto de la
Resolución 405 de 2019 que modificó el manual específico de funciones y
competencias laborales de los empleos de esa entidad, y no del acto administrativo
que introdujo cambios en la planta de personal de la DTTF, que fue la Resolución
404 de ese mismo año 21, la Sala estima que no le asiste razón a la demandante,
pues este no requería de ninguna apropiación en la medida en que no implicaba
ningún gasto.
En todo caso, en el presente asunto se allegó certificación del 5 de junio de 2019 22,
mediante la cual el profesional universitario del Área Administrativa y Financiera de
la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, hace constar que existía
disponibilidad financiera y presupuestal para atender los gastos correspondientes al
sostenimiento de la planta de personal proyectada para la DTTF, como resultado
del estudio técnico. En consecuencia, no se desvirtuó la presunción de legalidad de
la resolución demandada en lo relativo a este cargo de nulidad.
De la supuesta ausencia de socialización del proyecto de la Resolución 405
de 2019 con las organizaciones sindicales
En materia de expedición de los manuales específicos de funciones y competencias
laborales, el parágrafo 3.° del artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015, que fue
adicionado a esa norma por el artículo 1.° del Decreto 51 de 2018 23, establece lo
siguiente:
«Parágrafo 3.° En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8.° de la Ley
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, las entidades deberán publicar, por el término señalado en su
20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 6 de junio de 2017, radicado:
11001030600020170008200(2341) y Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de julio de 2019,
radicado: 11001-03-25-000-2013-00369 00 (0793-13).
21 Páginas 418 a 420 del archivo pdf. visible a índice 80 del expediente digital.
22 Página 421, ídem.
23 Texto vigente para la época que interesa en este proceso, antes de su modificación por el artículo 4.° del
Decreto 498 de 2020.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
reglamentación, las modificaciones o actualizaciones al manual específico de
funciones y de competencias laborales. La administración, previo a la expedición
del acto administrativo lo socializará con las organizaciones sindicales. Lo
anterior sin perjuicio de la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo,
actualizarlo o modificarlo». (Negrita fuera de texto).
De lo anterior, se desprende la intención del legislador de democratizar el
procedimiento administrativo, el cual, como lo ha señalado esta Subsección 24, tiene
como objetivo facilitar la participación de los administrados en las decisiones que
los afectan, permitiendo que el acto administrativo tenga en consideración los
intereses de dichos grupos.
Esta Subsección considera que lo alegado por la demandante no encuentra
fundamento, pues los documentos aportados con la contestación de la demanda de
esa Dirección de Tránsito, dan cuenta de que, previo a la expedición de la
Resolución 405 de 2019, se garantizaron espacios para la participación de las
organizaciones sindicales y de los empleados de la entidad en la configuración de
dicho acto.
En efecto, se observa la Resolución 343 de 2019, suscrita por su director general,
mediante la cual se conformó el «comité para el seguimiento al proceso de actualización
e implementación del estudio técnico de rediseño institucional de la Dirección de Tránsito y
Transporte de Floridablanca»25, y en lo pertinente, indicó:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO. Conformar el comité responsable del seguimiento al
proceso de actualización e implementación del estudio técnico de rediseño
institucional de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca. Dicho comité
no tendrá carácter decisorio sino para conocer y expresar sugerencias e
inquietudes frente al proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO. Para este efecto el comité estará conformado por los
siguientes funcionarios de la entidad:
NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO
Jeyser Mauricio Rodríguez Director general
Balaguera
Jorge Iván Villamizar Gómez Profesional universitario –
Secretaría General
Norbey Pabón Esteban Profesional universitario –
Administrativa y Financiera
Ana María Lamus Camacho Profesional universitario –
Oficina de Almacén
Carlos Arturo Arenas Abril Delegado
SINTRAESTATALES
Juan de Dios Herrera Luna Delegado
SINTRAOFICIALES
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 2 de julio de 2020, radicado: 11001-03-
25-000-2017-00032-00 (0098-2017) y del 26 de mayo de 2022, radicado: 11001032500020190034700 (2234-
2019).
25 Páginas 403 a 404 del archivo pdf. del índice 80 Samai.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
Melhen Yasmín Rodríguez Delegado ANDETT
Avellaneda
[…]». (Negrita fuera de texto).
Esta resolución creó entonces una instancia de participación en el proceso de
rediseño institucional de la DTTF, el cual incluía las modificaciones a la planta de
personal y también al manual de funciones y competencias laborales de la
entidad, de la que hicieron parte varios delegados de organizaciones sindicales,
entre ellos la demandante, que era la presidenta de la Subdirectiva Floridablanca
de la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte -ANDETT-26, a
quienes se les garantizó el conocimiento y la posibilidad de expresar su opinión al
respecto.
Además, previo a la expedición de la Resolución 405 del 7 de junio de 2019, la
Secretaría General y Jurídica de la DTTF profirió dos circulares dirigidas a los
servidores públicos de esa entidad. En la 20 del 4 de junio 27, indicó:
«[…] Nos permitimos informar a los funcionarios de la planta de personal de la
Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca que en el marco del proceso de
actualización e implementación del estudio técnico de rediseño institucional, en
cumplimiento de la normatividad vigente y atendiendo las observaciones realizadas
por los miembros y asistentes al comité de seguimiento al proceso de modernización,
se procede a socializar el proyecto de acuerdo por el cual se modifica el manual
de funciones, requisitos y competencias laborales de la DTTF a través de los
correos electrónicos institucionales, con el objetivo de dar a conocer los
cambios proyectados y conocer sus observaciones. […]». (Resaltado
intencional).
Y en la 21 del día 5 de junio de 2019, 28, señaló: «[…] Nos permitimos informar a los
funcionarios […] que se llevará a cabo una reunión administrativa de socialización de
los resultados del proceso de modernización institucional (estructura, planta de empleos,
manual de funciones) mañana jueves 6 de junio de 2019 en jornada de las 7:30 a.m. a las
9:00 a.m. en el primer piso de la sede administrativa de la entidad. […]».
Con la contestación de la demanda también se aportaron unas capturas de pantalla
con las constancias de envío por correo electrónico a la lista de empleados de la
DTTF de la Circulares 020 y 021, y de un archivo pdf. adjunto a la primera,
denominado «PROYECTO DE ACUERDO DE MANUAL DE FUNCIONES» 29,
circunstancia que permite advertir que todos los servidores de la entidad tuvieron la
oportunidad de conocer el borrador de lo que posteriormente se convirtió en la
Resolución 405 y, además, que se realizó una reunión presencial el 6 de junio de
2019 para socializar los resultados del proceso de modernización institucional.
26 Folio 237 del cuaderno físico del proceso e índice 35 del expediente digital.
27 Página 405 del archivo pdf. del índice 80 del expediente digital.
28 Página 407, ídem.
29 Páginas 406 y 408, ídem.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
Si bien no se allegaron a este expediente actas de dicho encuentro, la demandante
admitió que la reunión de socialización del proyecto de acto modificatorio del manual
se realizó; sin embargo, reprochó que esta solo duró veinte minutos y que las
directivas de la DTTF ya tenían la decisión tomada en cuanto al contenido del
manual30.
Frente a esto, hay que señalar que el único medio de prueba que fue aportado a
este proceso, en el que se menciona la duración de la reunión, fue la Circular 21 del
5 de junio de 2019 antes transcrita, en la que se dijo que esta se iba a efectuar el 6
de junio entre las 7:30 y las 9:00 am, por lo que se presume que ese fue el tiempo
que tomó el encuentro y no el afirmado por la demandante.
En todo caso, se aclara que, en lo relativo a las entidades territoriales y sus
descentralizadas 31, no existen referentes normativos en relación con este tema y,
por lo tanto, lo que se debe valorar es que se haya dado la oportunidad real de
conocer el borrador del acto administrativo y de emitir sugerencias s obre él, lo cual
fue garantizado, con la conformación del comité responsable del seguimiento al
proceso de actualización e implementación del estudio técnico de rediseño
institucional de la DTTF, con el suministro de una copia del proyecto de modificación
del manual y con la reunión realizada con todos los servidores de la entidad.
Igualmente, en lo que tiene que ver con la determinación del contenido del acto
administrativo del manual de funciones, se reitera que, tanto el numeral 8.° del
artículo 8.° de la Ley 1437, como el parágrafo 3.° del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto
1083 de 2015, que fue adicionado a esa norma por el artículo 1.° del Decreto 51 de
2018, prevén que el deber de socializar el proyecto de reglamento se entiende sin
perjuicio de la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o
modificarlo. No prospera el cargo invocado.
La supuesta omisión en la publicación de los Acuerdos 04 y 05 del Consejo
Directivo del DTTF, en los que se aprobó la emisión del nuevo manual de
funciones
El artículo 65 de la Ley 1437 prevé que «los actos administrativos de carácter general
no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas
territoriales, según el caso». Sobre esta disposición la jurisprudencia de esta
corporación ha reiterado que la publicidad del acto administrativo, después de que
30 Alegatos de conclusión visibles a índice 112, ídem.
31 Se recuerda sobre esta materia existe una reglamentación más detallada en el Decreto 1081 de 2015, único
reglamentario del Sector Presidencia de la República, pero esta se aplica, en aspectos puntuales como los
términos para la socialización de los proyectos, solo a los ministerios y departamentos administrativos que en
razón a sus funciones deben preparar proyectos de decretos y resoluciones para la firma del presidente de la
República. Ver artículos 2.1.2.1.3 y 2.1.2.1.21 ibidem.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
este es expedido, no compromete su validez sino su eficacia y, por lo tanto, los
defectos que en esta materia se presenten no llevan a declarar la nulidad32.
Incluso, en un caso en el que se exponían argumentos similares a los aquí
analizados, esto es, que un acto administrativo general debía ser anulado porque
uno de sus fundamentos de derecho contenido en otro acto de la misma naturaleza
no había sido debidamente publicado, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 10 de octubre de 2019 33,
indicó:
«[…] Ante la ausencia o irregularidad de la publicación de los actos administrativos
generales, no se presenta una afectación o incidencia sobre la validez de los
mismos, ni de la de los que, siendo de la misma naturaleza general, se expidan
a partir de ellos.
Entonces, la ausencia de publicación, notificación o comunicación no invalida en
manera alguna el acto administrativo general. […]» (Se destaca).
Esta postura ha sido acogida por esta Subsección para decidir asuntos
semejantes 34 y, por lo tanto, servirá de parámetro para resolver el que aquí se
analiza.
Los Acuerdos 04 35 y 0536 del 5 de junio de 2019, proferidos por el Consejo Directivo
de la DTTF, cuya falta de publicación después de haber sido expedidos reprocha la
demandante y considera que vicia de nulidad la Resolución 405 de 2019 expedida
por el director general de esa entidad, son actos administrativos generales 37 que se
refieren, por un lado, al reglamento de las unidades administrativas o dependencias
de la Dirección de Tránsito y, por el otro, a la delegación de funciones a su
representante legal para, entre otras cosas, modificar el manual de funciones y
competencias laborales de la planta de personal de ese establecimiento público.
En tal sentido, se debía dar aplicación al artículo 65 de la Ley 1437 en lo relativo a
la publicidad posterior a su expedición, lo cual no fue acreditado en este asunto por
parte de la entidad demandada que solo aportó copias de los acuerdos del Consejo
Directivo que se estudian y no la constancia de su publicación.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 18 de diciembre
de 1997, rad. 3994; Sección Quinta, sentencia de 17 de marzo de 2005, rad.13001-23-31-000-2004-00003-01
(3321).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Sección, sentencia de unificación del 10 de octubre de
2019, radicado: 11001-03-25-000-2016-00988-00(4469-16).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de junio de 2021, radicado: 11001-03-
25-000-2018-01551-00 (5060-18).
35 «Por el cual se reglamentan las unidades administrativas para el funcionamiento de la Dirección de Tránsito
y Transporte de Floridablanca y se dictan otras disposiciones»: Ver páginas 409 a 414 del archivo pdf. del índice
80 de la plataforma Samai.
36 «Por medio del cual se le otorgan facultades pro tempore al director general de la Dirección de Tránsito y
Transporte de Floridablanca»: Ver páginas 415 a 417, ídem.
37 Los actos administrativos generales son los que regulan situaciones jurídicas objeti vas, abstractas o
impersonales, no relacionadas directa e inmediatamente con persona determinada o determinable: Consejo de
Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de febrero de 1994, radicado: AC-1507.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
Sin embargo, el vicio de nulidad no se configuró porque, si bien la DTTF no demostró
que los Acuerdos 04 y 05 de 2019 del Consejo Directivo de esa entidad fueron
publicados en los términos del artículo 65 del CPACA antes de ser expedida la
Resolución 405 de 2019, a la cual sirvieron de fundamento, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación 38, tal circunstancia no
afecta la validez de los actos administrativos generales, como lo es el que modificó
el manual de funciones y competencias laborales de ese establecimiento público.
De la falsa motivación
Este vicio se configura cuando las razones de hecho o de derecho invocadas en su
fundamentación, son contrarias a la realidad, y son tres los elementos
indispensables para que se configure39:
• a) La existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues de
otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta (por ejemplo,
expedición en forma irregular).
• b) La presencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos.
• c) La efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado.
La interesada, afirma que existen imprecisiones en la motivación de la Resolución
405 de 2019 que la vician de nulidad, la Subsección valora conveniente presentar
un cuadro comparativo entre las consideraciones del acto acusado y los
fundamentos de derecho y de hecho que la demandante invoca:
MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 405 DE 2019 FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS
DE LA DTTF INVOCADOS EN LA MOTIVACIÓN
«a. Que el artículo 122 de la Constitución Política de CP, art. 122: «No habrá empleo público que no tenga
Colombia establece que “No habrá empleo público funciones detalladas en ley o reglamento».
que no tenga funciones detalladas en la ley o
reglamento (…)”».
«b. Que el Decreto Ley 785 de 2005 señala las El Decreto Ley 785 de 2005 es aquel «por el cual se
funciones y los requisitos generales de los empleos establece el sistema de nomenclatura y clasificación y
de las entidades territoriales que se regulan por las de funciones y requisitos generales de los empleos de
disposiciones de la Ley 909 de 2004 y dispone que las entidades territoriales que se regulan por las
la adopción del manual específico de funciones, disposiciones de la Ley 909 de 2004», y en su artículo
requisitos y competencias laborales se efectuará 32 prevé que «[l]a adopción, adición, modificación o
mediante acto administrativo de la autoridad actualización del manual específico se efectuará
competente con sujeción a las disposiciones mediante acto administrativo de la autoridad
contenidas en dicho decreto». competente con sujeción a las disposiciones del
presente decreto».
«c. Que el artículo 2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015 D 1083/2015, art. 2.2.3.8: «Contenido del Manual
dispone que los organismos y las entidades del Específico de Funciones y de Competencias
38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de diciembre de 1997, radicado: 3994; Sección Quinta,
sentencia de 17 de marzo de 2005, radicado:13001-23-31-000-2004-00003-01 (3321) y Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 3 de junio de 2021, radicado: 11001-03-25-000-2018-01551-00 (5060-18).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2016, radicado: 11001-
03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019)
orden territorial deben expedir el manual específico Laborales. El manual específico de funciones y de
de funciones y de competencias laborales, el cual competencias laborales deberá contener como
deberá contener por lo menos la identificación y mínimo:
ubicación del empleo; el propósito y la descripción de 1. Identificación y ubicación del empleo.
las funciones esenciales del empleo; los 2. Contenido funcional: que comprende el propósito y
conocimientos básicos o esenciales y los requisitos la descripción de funciones esenciales del empleo.
de formación académica y de experiencia». 3. Conocimientos básicos o esenciales. 4. Requisitos de formación académica y experiencia».
«d. Que el Decreto 2484 de 2014 compilado por el El Decreto 2484 de 2014, «por el cual se reglamenta
Decreto 1083 de 2015 “Por el cual se reglamenta el el Decreto ley 785 de 2005», fue compilado en el Título
Decreto Ley 785 de 2005”, establece que para la 3 de la Parte 2 del Decreto 1083 de 2015, que en su
determinación de las disciplinas académicas o artículo 2.2.3.5 consagra que «[p]ara efectos de la
profesiones a prever en los manuales específicos de identificación de las disciplinas académicas de los
funciones y de competencias laborales, es necesario empleos que exijan como requisito el titulo o la
tener en cuenta la agrupación de éstas conforme a aprobación de estudios en educación superior, de que
la clasificación determinada en los núcleos básicos trata el artículo 23 del Decreto ley 785 de 2005, las
del conocimiento definidos en el Sistema Nacional entidades y organismos identificarán en el manual de
de Información de la Educación Superior – SNIES». funciones y de competencias laborales los Núcleos
Básicos del Conocimiento -NBC- que contengan las
disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con
la clasificación establecida en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior -SNIES».
«e. Que el Decreto 648 de 2017 en el parágrafo El Decreto 648 de 2017, «por el cual se modifica y
segundo del artículo 2.2.5.1.5, señaló que cuando adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario
los requisitos para el desempeño de un cargo estén Único del Sector de la Función Pública», previó en su
señalados en la Constitución, la ley o los decretos artículo 1.° que el parágrafo segundo del artículo
reglamentarios, los manuales de funciones y de 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 quedaría así: «Cuando los
competencias laborales se limitarán a hacer requisitos para el desempeño de un cargo estén
transcripción de los mismos, por lo que no podrán señalados en la Constitución, la ley o los decretos
establecer otros requisitos». reglamentarios, los manuales de funciones y de
competencias laborales se limitarán a hacer
transcripción de los mismos, por lo que no podrán
establecer otros requisitos».
«f. Que el Departamento Administrativo de la El Decreto 815 del 8 de mayo de 2018 es aquel «por
Función Pública a través del Decreto 815 del 8 de el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único
mayo de 2018, modificó el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en relacionado con las competencias laborales generales
lo relacionado con las competencias laborales para los empleos públicos de los distintos niveles
generales para los empleos públicos de los distintos jerárquicos».
niveles jerárquicos».
«g. Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo n.° Como ya se tuvo la oportunidad de advertir, el Acuerdo
04 de 2019 se reglamentaron las unidades 04 de 2019, en efecto, reglamentó las unidades
administrativas para el funcionamiento de la administrativas de la DTTF. Dirección de Tránsito y Transporte de
Floridablanca».
«h.
Que el Consejo Directivo de la Dirección de En esta providencia ya se hizo referencia al Acuerdo
Tránsito y Transporte de Floridablanca mediante 05 de 2019 y se mencionó que a través de este el
Acuerdo n.° 05 de 2019 facultó al director general Consejo Directivo de la DTTF facultó al director
para determinar los perfiles de los empleos, general de esa entidad para que modificara el manual
modificar la planta de personal para el de funciones y competencias laborales.
funcionamiento de la entidad y señalar las funciones
y requisitos de los diferentes empleos de la planta de
la DTTF».
«i. Que mediante Resolución n.° 404 de 2019 se Asimismo, ya se dijo que mediante la Resolución n.°
modificó la planta de empleos de la Dirección de 404 de 2019, proferida por el director general de la
Tránsito y Transporte de Floridablanca». DTTF, se modificó la planta de personal de ese
establecimiento público.
«j. Que actualmente se encuentra en desarrollo el Este literal de la motivación de la resolución acusada
Proceso de Selección n.° 441 de 2017 a través de la fue abordado en el primer problema jurídico y la Sala
CNSC, por medio del cual se busca proveer de considera que es evidente que cuando fue proferida la
manera definitiva veintidós (22) vacantes Resolución 405 de 2019 se estaba adelantando la
pertenecientes al Sistema General de Carrera Convocatoria 441 de 2017 de la CNSC. Administrativa de la Planta de Personal de la
Dirección de Tránsito y Transporte de
Floridablanca».
«k. Que de conformidad con la circular conjunta n.° Lo mismo cabe decir para este literal y la circular
074 de 21 de octubre de 2009 suscrita por la conjunta a la que hace referencia. Procuraduría General de la Nación y la Comisión
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Nacional del Servicio Civil la cual dispone que: “una
vez convocado el respectivo concurso de méritos la
entidad debe abstenerse de modificar dicho manual
para los cargos sujetos a concurso hasta tanto el
funcionario de la lista de elegibles supere el período
de prueba, no existan más aspirantes en la lista de
elegibles o la misma ha perdido su vigencia, por lo
que se deben efectuar algunos ajustes al mismo
antes de la publicación de la convocatoria”».
«l. Que para el buen funcionamiento de la Dirección Lo planteado es acorde con el artículo 122 de la
de Tránsito y Transporte de Floridablanca es Constitución antes aludido, presupuesto para el buen
necesario establecer las funciones, competencias y funcionamiento de cualquier entidad estatal.
requisitos específicos para el desempeño de los
cargos de la entidad».
«m. Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Se recuerda que en esta providencia se determinó que
Decreto Nacional n.° 051 de 2018 el proyecto de acto el proyecto de la Resolución 405 de 2019 fue
administrativo para la modificación del manual de debidamente socializado con las organizaciones
funciones fue socializado con las organizaciones sindicales y los empleados de la DTTF.
sindicales a través del comité para el seguimiento al
proceso, conformado mediante Resolución n.° 343
de 2019, y a su vez fue enviado a través de los
correos institucionales a los funcionarios de la planta
de personal de la DTTF e informado mediante
Circular Interna n.° 020 del 4 de junio de 2019».
Esta Sala estima que el anterior cotejo da cuenta de que lo alegado por la
demandante carece de sustento, toda vez que las consideraciones de la Resolución
405 de 2019 no adolecen de inexactitud alguna, pues reflejaron fielmente el
contenido normativo y fáctico que les sirvió de base. No prospera el cargo de
nulidad.
Desconocimiento de la Ley 1310 de 2009 sobre la jerarquía funcional en
materia de tránsito
Dicha disposición estableció lo siguiente:
«Artículo 6.° Jerarquía. Es la organización interna del grupo de control vial que
determina el mando en forma ascendente o descendente. La jerarquía al interior de
estos cuerpos para efectos de su organización, nivel jerárquico del empleo en carrera
administrativa, denominación del empleo, lo mismo que para todas las obligaciones
y derechos consagrados en esta ley, será lo determinado en el presente artículo.
La profesión de agente de tránsito por realizar funciones que exigen el desarrollo de
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología como policía judicial,
pertenecerá en carrera administrativa al nivel técnico y comprenderá los siguientes
grados en escala descendente:
CÓDIGO DENOMINACIÓN NIVEL
290 Comandante de Tránsito Profesional
338 Subcomandante de Tránsito Técnico
339 Técnico Operativo de Tránsito Técnico
340 Agentes de Tránsito Técnico
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Parágrafo. No todas las Entidades Territoriales tendrán necesariamente la
totalidad de los Códigos y denominaciones estos serán determinados por las
necesidades del servicio.». (Resalta la Subsección).
Como se observa, esta normativa contiene los lineamientos de denominación y
clasificación de los cargos que componen los grupos de control vial o de agentes de
tránsito de las autoridades en la materia en el orden territorial, entendiendo estos
últimos, según las definiciones del artículo 2.° de la misma ley, como el conjunto de
«empleados públicos o contratistas que tiene como funciones y obligaciones, regular la
circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las
normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales, vinculados legal y/o
contractualmente, a los organismos de tránsito y transporte».
Se destaca que la determinación de los códigos y denominaciones dependerá de
las necesidades del servicio en cada entidad territorial, tal como lo prevé el
parágrafo que se cita. Igualmente, y para lo que concierne a este caso, en el que se
invocó como vulnerado el artículo 8.° de la ley en estudio, que modificó el inciso
primero del artículo 4.° del Código Nacional de Tránsito Terrestre, establece lo
siguiente:
«Artículo 8.° Modifíquese el inciso 1.° del artículo 4.° de la Ley 769 de 2002, el cual
quedará así:
Los directores de los organismos de tránsito o secretarías de tránsito de las entidades
territoriales deberán acreditar formación profesional relacionada y experiencia en el
ramo de dos (2) años o en su defecto estudios de diplomado o posgrado en la
materia.».
La Sala considera que en la configuración de su manual de funciones y
competencias laborales a través de la Resolución 405 de 2019, la DTTF no se violó
lo dispuesto en los artículos 6.° y 8.° de la Ley 1310 de 2009 toda vez que, frente a
la primera disposición, según su parágrafo, no debía acoger plenamente las
denominaciones y la clasificación de los empleos allí contenida para los integrantes
de su grupo de control vial, pues ello dependía de las particulares necesidades del
servicio, sin embargo, en el manual se acogió la relativa a la del cargo de agente de
tránsito, que tiene el mismo código y nivel previsto en la norma legal 40.
En cuanto al artículo 8.°, se destaca que el acto administrativo acusado lo aplica
íntegramente, pues los requisitos de formación básica y experiencia previstos en el
manual para el cargo de «director general de entidad descentralizada», que es el
jefe del organismo de tránsito, se exigieron los dos años que requiere la mencionada
normativa, a saber 41:
«[…]
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN BÁSICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
40 Ver página 474 del archivo pdf. del índice 80 de la plataforma Samai.
41 Página 431, ídem.
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Según lo estipulado por el artículo Según lo estipulado por el artículo 8 de la
8 de la Ley 1310 de 2009, Ley 1310 de 2009, experiencia en el ramo
acreditar formación profesional de dos (2) años.
relacionada.
VIII. ALTERNATIVAS
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Según lo estipulado por el artículo
8 de la Ley 1310 de 2009,
acreditar formación profesional N.A.
relacionada y estudios de
diplomado o posgrado en la
materia.
[…]».
En la Resolución 405 de 2019 de la DTTF no se desconocieron las normas sobre
jerarquía funcional en materia de tránsito contenidas en la Ley 1310 de 2009 y, por
lo tanto, la causal de nulidad por violación de las normas superiores no se
materializó.
Desconocimiento de la norma en que debía fundarse por la creación de tres
nuevos empleos del nivel profesional no incluidos en la OPEC
La demandante consideró que en la Resolución 405 de 2019 se configura el cargo
anotado, toda vez que la Resolución 404 de la citada anualidad que modificó la
planta de personal, creó tres nuevos empleos de nivel profesional grado 10 que no
fueron incluidos en la OPEC del concurso reglamentado por los acuerdos de la
CNSC acusados.
Es procedente señalar que existen diferencias entre el acto administrativo que, por
un lado, establece o modifica una planta de personal creando o suprimiendo
empleos y, por el otro, aquel que contiene el manual de funciones y competencias
laborales, además de lo dicho sobre el parámetro temporal de validez de las
manifestaciones unilaterales de voluntad de la administración tendientes a producir
efectos jurídicos, que deben observar las normas vigentes en el momento que son
expedidas y no las que posteriormente surjan sobre la materia.
Además, la creación de nuevos empleos, como circunstancia posterior a la emisión
del reglamento de la convocatoria, no afecta su validez pues se trata de elementos
que no estaban presentes cuando este fue expedido. En consecuencia, los
argumentos expuestos por la demandante respecto de la creación de nuevos
empleos en la entidad no tienen la vocación de comprometer la presunción de
legalidad de los actos administrativos que fueron acusados en este medio de
control.
Igualmente, es importante resaltar que la modificación de la planta de personal de
la DTFF fue realizada en la Resolución 404 de 2019, acto administrativo que no fue
demandado en este proceso, por lo cual no hay lugar a emitir un pronunciamiento
sobre su legalidad.
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En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA 42.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad presentada por la
señora Melhen Yasmín Rodríguez Avellaneda en contra de la Comisión Nacional
del Servicio Civil y la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Reconocer personería al abogado Erasmo Carlos Álvarez identificado con
cédula de ciudadanía 1.047.382.629 y portador de la tarjeta profesional 191.096 del
Consejo Superior de la Judicatura, según poder a él conferido visible en índice 113
Samai.
Cuarto. En firme esta decisión, háganse las anotaciones pertinentes en los
programas informáticos archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
42 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».
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