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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00538-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00538-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00538-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00538-00 (2571-2021)
Demandante: Milton César Reyes Bohórquez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil e Instituto Nacional de Vías

Tema: Deber de planeación en los concursos públicos de méritos para
proveer cargos de carrera administrativa.
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Acuerdo 533 del 10 de
febrero de 2015, «[p]or el cual se convoca a concurso abierto de méritos para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa del Instituto Nacional de Vías, Convocatoria No. 325 de 2015
INVIAS» emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante, CNSC).

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor afirmó que el acto administrativo enjuiciado fue expedido de manera
irregular y con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, en particular,
de los artículos 6, 29 y 209 de la Constitución Política, 31 de la Ley 909 de 2004 y
71 del Decreto 111 de 1996.

2. Como primer cargo invocó la falta de competencia de la CNSC para expedir
el Acuerdo 533 del 10 de febrero de 2015, pues a su juicio, desconoció que en el
ordenamiento jurídico «no hay competencias implícitas, sino que todas deben ser
explícitas». En apoyo de ese planteamiento, citó apartes de la sentencia de
unificación del 7 de septiembre de 2016, radicado 11001-03-28-000-2013-00011-
00.

3. Asimismo, indicó que el acuerdo transgredió el debido proceso
administrativo, porque fue expedido sin observar las exigencias normativas que
regulaban la convocatoria. En particular, afirmó que el numeral 1 del artículo 31 de
la Ley 909 de 2004 exige que el acto de convocatoria sea suscrito por la CNSC y
por el jefe de la entidad u organismo respectivo, pese a lo cual el Acuerdo 533 de
2015 fue expedido únicamente por la CNSC.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00538-00 (2571-2021)
Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

4. Del mismo modo, adujo que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 imponía
contar con disponibilidad presupuestal previa para la expedición de actos
administrativos que impliquen disponer de recursos, requisito que, en su criterio, no
se cumplió dado que el Instituto Nacional de Vías (en adelante, INVÍAS) había
informado con antelación que no contaba con la totalidad del dinero necesario para
asumir el costo del proceso de selección.

5. También señaló que con la expedición del acto acusado se vulneró el
principio de coordinación consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política,
pues, pese a la información suministrada por el INVÍAS sobre las limitaciones
presupuestales para respaldar la convocatoria, la CNSC profirió el acuerdo sin una
actuación articulada entre ambas entidades.

6. Finalmente, sostuvo que el acto demandado estaba viciado de falsa
motivación porque en su parte considerativa se indicó que la CNSC había
adelantado conjuntamente con delegados del INVÍAS la etapa de planeación de la
convocatoria, afirmación que, a su juicio, no correspondía a la realidad, toda vez
que la demandada expidió unilateralmente el acuerdo, pese a la insuficiencia
presupuestal informada por la entidad beneficiaria del concurso.

Contestaciones de la demanda

7. El INVÍAS se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
argumentando, en primer lugar, que el cargo por falta de competencia de la CNSC
carecía de sustentación suficiente porque el actor se limitó a formular
consideraciones generales sobre la inexistencia de competencias implícitas, sin
explicar por qué la CNSC no podía expedir el Acuerdo 533 de 2015. En todo caso,
precisó que la Constitución y la Ley 909 de 2004 le atribuyen la administración y
vigilancia del sistema general de carrera administrativa, dentro de lo cual se
enmarca la facultad de convocar a concursos públicos de méritos.

8. Manifestó que no se configuró la expedición irregular alegada por el actor,
pues, aunque el Acuerdo 533 de 2015 no fue suscrito por el director general del
INVÍAS, la convocatoria fue el resultado de una actuación administrativa coordinada
entre esa entidad y la CNSC durante la etapa de planeación. Añadió que la
ausencia de firma conjunta no afectaba la validez del acto, porque la finalidad de
esa exigencia se satisfizo con la intervención previa y activa de la entidad
beneficiaria de la convocatoria.

9. También mencionó que, contrario a lo afirmado en la demanda, el INVÍAS sí
contaba con respaldo presupuestal para adelantar la convocatoria y que, por esa
razón, el 16 de diciembre de 2014 informó a la CNSC que para la vigencia fiscal de
ese año disponía de una apropiación de $290.373.653, gestionaba un traslado
presupuestal por $685.766.415 y proyectaba apropiar en 2015 el saldo restante.

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Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

10. En adición a lo anterior, explicó que la financiación de la convocatoria
comprendía, de un lado, los recursos aportados por el INVÍAS y, de otro, el recaudo
por concepto de derechos de participación, cuya cuantificación definitiva solo podía
establecerse una vez iniciado el proceso de selección. A partir de ello, sostuvo que
no podía concluirse que la convocatoria carecía de respaldo presupuestal por el
solo hecho de que al momento de expedirse el acuerdo no se hubiese consolidado
la totalidad de los recursos requeridos.

11. Del mismo modo, aclaró que no se vulneró el principio de coordinación ni
se configuró la falsa motivación invocada en la demanda, pues la convocatoria
estuvo precedida por una etapa de planeación interadministrativa entre el INVÍAS
y la CNSC, en la que ambas entidades acordaron los términos y contenidos del
concurso, de modo que resultaba ajustado a la realidad que el acto dejara
constancia de esa actuación conjunta.

12. Por último, agregó que una eventual declaratoria de nulidad no podía
afectar las situaciones jurídicas particulares consolidadas con ocasión de la
Convocatoria 325 de 2015.

13. La CNSC solicitó negar las pretensiones de la demanda. En sustento,
indicó que el acuerdo acusado fue expedido conforme a la Constitución y la ley, en
ejercicio de sus competencias como responsable de la administración y vigilancia
del sistema general de carrera administrativa.

14. Sostuvo que la interpretación exegética del numeral 1 del artículo 31 de la
Ley 909 de 2004 desconocía la autonomía e independencia constitucional de la
CNSC, pues la voluntad de la entidad beneficiaria no se configura únicamente con
la firma de la convocatoria, sino también con su participación activa en el proceso
de planeación. En ese marco, señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional ha precisado que la ausencia de esa suscripción no
afecta la validez del acto administrativo cuando este ha sido precedido por una
«etapa de planeación conjunta entre las entidades».

15. En esa misma línea, relató que la Convocatoria 325 de 2015 fue precedida
por un proceso de planeación adelantado de manera concertada con el INVÍAS, en
el cual la entidad se comprometió a entregar el manual de funciones actualizado,
reportar la OPEC en el aplicativo SIMO y expedir el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal. Añadió que, una vez culminada esa etapa, la Comisión
elaboró el proyecto de acuerdo y lo remitió a la entidad para su revisión en los
aspectos previamente definidos, de modo que la expedición del Acuerdo 533 de
2015 respondió a una actuación coordinada y no unilateral.

16. Aseguró que el proceso de selección contaba con soporte financiero, pues
la financiación de la convocatoria comprendía tanto los recursos aportados por el
INVÍAS como el recaudo proveniente de los derechos de participación de los
aspirantes, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006. En ese sentido,
indicó que la entidad había apropiado recursos para la vigencia 2014 y que

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Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

posteriormente efectuó un pago por $976.140.068 para cubrir los costos que le
correspondían, circunstancia que evidenciaba la concertación interadministrativa y
desvirtuaba la falta de respaldo presupuestal alegada en la demanda.

17. Finalmente, mencionó que el acto demandado se encontraba amparado por
la presunción de legalidad y que, en cualquier caso, una eventual declaratoria de
nulidad no podía desconocer las situaciones jurídicas consolidadas con ocasión del
proceso de selección y propuso como excepción la falta de integración del
litisconsorcio necesario respecto del INVÍAS.

Trámite de sentencia anticipada

18. Mediante auto del 29 de febrero de 2024 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 1 de esa
disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el
litigio1. Posteriormente, en providencia del 27 de junio de 2024, se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.

Alegatos de conclusión

19. El actor presentó alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos
expuestos en la demanda. Insistió en el desconocimiento del principio de
coordinación previsto en el artículo 209 de la Constitución y en la falsa motivación
del acto demandado, pues, aunque en su parte considerativa se indicó que la etapa
de planeación se adelantó con delegados del INVÍAS, esa afirmación no
correspondía a la realidad, ya que la entidad no contaba con respaldo presupuestal
para asumir los gastos de la convocatoria.

20. La CNSC y el INVÍAS reiteraron los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda. En síntesis, indicaron que la falta de firma conjunta no
afectaba la validez del acuerdo, siempre que hubiera estado precedido por una
etapa de planeación coordinada entre las entidades. Añadieron que no se desvirtuó
la presunción de legalidad del acto acusado, pues ninguna de las causales de
nulidad invocadas por el actor se encontraba acreditadas.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en

1 En ese auto también se precisó que, en relación con la excepción propuesta por la CNSC para

vincular al INVÍAS al proceso en calidad de litisconsorte necesario, el despacho advirtió que dicha
entidad ya había sido integrada al litigio como tercero interesado, en los términos del numeral 3 del
artículo 171 del CPACA, desde el auto admisorio de la demanda.

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Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.

Problemas jurídicos

22. La Sala deberá resolver, en primer lugar, si el Acuerdo 533 del 10 de febrero
de 2015 fue expedido con falta de competencia por la CNSC.

23. Superado lo anterior, corresponde determinar si el acto administrativo
demandado fue expedido con desconocimiento del deber de planeación previsto en
el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 2.2.6.34 del
Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, en la
medida en que: (i) fue suscrito únicamente por la CNSC, con presunto
desconocimiento del principio de coordinación consagrado en el artículo 209 de la
Constitución Política; y (ii) se expidió sin contar con disponibilidad presupuestal
previa para atender los costos del proceso de selección, en contravía de lo
dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

24. Finalmente, se deberá establecer si el acto acusado incurrió en falsa
motivación, al señalar en su parte considerativa que la etapa de planeación de la
convocatoria se adelantó con delegados del INVÍAS.

Análisis de los problemas jurídicos

25. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque el cargo por falta
de competencia no fue debidamente sustentado por lo que no logra desvirtuar la
presunción de legalidad del acto demandado y, además, con la expedición del
Acuerdo 533 del 10 de febrero de 2015 no se desconoció el debido proceso
administrativo ni el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, ya que la
convocatoria estuvo precedida por una etapa de planeación conjunta entre la CNSC
y el INVÍAS.

26. De igual manera, no se probó una irregularidad sustancial en materia
presupuestal suficiente para afectar la validez del acto acusado, ni la falsa
motivación alegada por la parte actora, pues la afirmación consignada en la parte
considerativa del acuerdo encuentra respaldo en las pruebas obrantes en el
expediente.

Falta de competencia de la CNSC

27. El actor afirmó que la CNSC carecía de competencia para expedir el
Acuerdo 533 del 10 de febrero de 2015, pues a su juicio, desconoció que en el

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Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

ordenamiento jurídico «no hay competencias implícitas, sino que todas deben ser
explícitas». En apoyo de ese planteamiento, citó apartes de la sentencia de
unificación del 7 de septiembre de 2016, radicado 11001-03-28-000-2013-00011-
00.

28. Sin embargo, ese cargo no fue debidamente sustentado, pues el
demandante se limitó a exponer consideraciones generales sobre el carácter
expreso de las competencias administrativas y a transcribir apartes
jurisprudenciales, sin explicar de qué manera la CNSC habría actuado por fuera de
las atribuciones que le confieren el artículo 130 de la Constitución Política y la Ley
909 de 2004 para administrar y vigilar la carrera administrativa y los concursos
públicos de méritos.

29. En esas condiciones, la Sala no encuentra satisfecho el deber mínimo de
argumentación que le correspondía a la parte actora y, por ello, se abstendrá de
efectuar un pronunciamiento de fondo sobre este cargo.

Deber de planeación en los concursos públicos de méritos

30. El artículo 125 de la Constitución Política establece que, por regla general,
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción
de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no ha sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público de méritos.

31. En desarrollo de ese mandato, la Ley 909 de 2004 regula la carrera
administrativa como un sistema técnico de administración de personal que tiene por
objeto la eficiencia de la Administración Pública y reconoce el mérito como garante
de los principios de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso,
permanencia y ascenso en el servicio público.

32. De otra parte, el artículo 130 de la Constitución Política atribuye a la
CNSC, como órgano autónomo e independiente, la administración y vigilancia de
las carreras de los servidores públicos, con excepción de aquellas de carácter
especial. Esta función se desarrolla en la Ley 909 de 2004, que la define como un
órgano permanente del orden nacional, independiente de las ramas del poder
público, orientado a garantizar la plena vigencia del principio del mérito.

33. El Consejo de Estado ha precisado que, si bien la CNSC tiene a su cargo
la administración y vigilancia de los concursos públicos de méritos, la entidad
beneficiaria del proceso de selección también debe intervenir en la etapa previa a
la expedición de la convocatoria2. Esa participación comprende actuaciones

2Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 31 de enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016).

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Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

concretas de coordinación y colaboración dirigidas a suministrar la información
necesaria para estructurar el concurso.

34. La planeación del proceso de selección constituye una expresión de los
principios de coordinación y colaboración armónica previstos en los artículos 113 y
209 de la Constitución Política y, en materia de concursos de méritos, se concreta
en las actuaciones previas que deben adelantar conjuntamente la CNSC y la
entidad nominadora para hacer posible la expedición de la convocatoria.

35. Los artículos 31 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de
2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, desarrollan ese
mandato al imponer a las entidades territoriales el deber de «participar con la
Comisión Nacional del Servicio Civil en el proceso de planeación conjunta y
armónica», lo que comprende, entre otras actuaciones, el reporte de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera Administrativa (en adelante, OPEC), la
actualización de la planta de personal y de los manuales de funciones, así como la
acreditación de la disponibilidad presupuestal necesaria para financiar el proceso.

36. Si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso que la
convocatoria a concurso de méritos debía ser suscrita por la CNSC y el jefe de la
entidad u organismo cuyas vacantes debían proveerse, también lo es que, para
esta Corporación, lo relevante es que exista una etapa de planeación conjunta entre
la CNSC y la entidad beneficiaria del concurso, en atención a los principios de
coordinación y colaboración armónica entre los poderes públicos3, reconocidos por
los artículos 113 y 209 de la Constitución Política.

37. En el caso concreto, la Sala advierte que, si bien el Acuerdo 533 del 10
de febrero de 2015 fue suscrito únicamente por la CNSC, no constituyó una
actuación unilateral, sino el resultado de actuaciones previas de coordinación con
el INVÍAS.

38. En efecto, reposa en el expediente el Oficio DG 51251 del 22 de
septiembre de 2014, mediante el cual el director general del instituto remitió a la
CNSC información relacionada con la estructuración de la convocatoria, precisó las
pruebas que se aplicarían en el concurso, informó que la OPEC estaba conformada
por 273 cargos y anexó la correspondiente certificación. En esa misma actuación
se indicó, además, que la matriz de agrupación de pruebas, ejes temáticos y
distribución de preguntas era resultado del proceso de planeación adelantado con
la asesoría de la CNSC.

39. También se aportaron las observaciones realizadas al proyecto de
acuerdo por parte de la secretaria general del INVÍAS relacionadas, entre otros
aspectos, con el decreto que establecía la estructura de la entidad, las ciudades de
aplicación de las pruebas y la ponderación de los factores de valoración de

3Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00538-00 (2571-2021)
Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

antecedentes. De igual forma, reposa la comunicación del 29 de enero de 2015,
mediante la cual el director general solicitó la adición de 40 empleos a la oferta
pública, con fundamento en nuevas vacancias definitivas generadas durante 2014.

40. A su vez, se allegó la certificación de la OPEC del INVÍAS, conformada
por 313 vacantes no provistas, suscrita por el representante legal y por la jefe de
talento humano de la entidad, en la que se hizo constar que la información reportada
correspondía al manual de funciones y requisitos vigente y se autorizó su
publicación y oferta por parte de la CNSC.

41. Al respecto, esta Corporación ha precisado que el suministro de la OPEC
a la CNSC constituye un elemento necesario para adelantar los concursos y, al
mismo tiempo, una manifestación de los deberes de coordinación y colaboración
propios de la etapa de planeación, pues «la información que se consolida en la
oferta es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos para los empleos
por proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si no se contara con
ella, el certamen no podría llevarse a cabo»4.

42. En esa misma línea, esta Subsección ha destacado la importancia de la
OPEC en los siguientes términos5:

El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para
elaborar la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la
OPEC definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema
del mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria6.

Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña
la convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas7.

43. En ese contexto, la Sala concluye que la expedición del Acuerdo 533 del 10
de febrero de 2015 estuvo precedida por una etapa de planeación conjunta entre la
CNSC y el INVÍAS, materializada en el suministro y validación de la información de los
empleos a proveer, el reporte y certificación de la OPEC, la definición de las pruebas
del concurso, la formulación de observaciones al proyecto de acuerdo y la solicitud de
inclusión de nuevos empleos en la oferta pública.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-
03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00204-00 (1330-2019).
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y
11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00538-00 (2571-2021)
Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

44. Así las cosas, no se acreditó que la falta de suscripción del acuerdo por parte
del director general del INVÍAS afectara su validez ni que, por esa circunstancia, se
hubiera desconocido el debido proceso administrativo, pues, de conformidad con lo
previsto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 y la jurisprudencia de esta
Corporación, lo relevante es que la convocatoria hubiera estado precedida por una
actuación coordinada y armónica entre la CNSC y la entidad beneficiaria del proceso
de selección, como en efecto ocurrió en este caso.

45. Por la misma razón, tampoco prospera el reproche por vulneración del
principio de coordinación, ya que el material probatorio da cuenta de una intervención
activa del INVÍAS en la estructuración de la convocatoria.

Disponibilidad presupuestal

46. El artículo 30 de la Ley 909 de 2004 establece que los costos que genere
la realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades
que requieran la provisión de los empleos. A su vez, el primer inciso del artículo 71
del Decreto 111 de 19968, compilatorio del Estatuto Orgánico del Presupuesto,
prevé que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones
presupuestales deben contar con certificados de disponibilidad previos,
entendiendo por apropiación, la autorización de gasto suficiente para atender las
erogaciones que ellos generen (art. 89 de la misma disposición).

47. Sin perjuicio de lo anterior, se reitera la postura adoptada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, conforme a la cual el certificado de disponibilidad
presupuestal no es un requisito de validez del acto administrativo, por lo que su
ausencia no compromete la presunción de legalidad de la convocatoria9. En esta
línea, la ausencia del certificado de disponibilidad presupuestal no constituye una
irregularidad sustancial que derive necesariamente en la nulidad o suspensión de la
convocatoria a concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera 10.

48. En todo caso, en el expediente obra el oficio del 8 de octubre de 2014,
mediante el cual la CNSC puso en conocimiento del INVÍAS el costo estimado que
debía asumir para la financiación y ejecución de la convocatoria, fijado en
$2.203.688.416. Asimismo, reposa la comunicación del 16 de diciembre de 2014,
en la que la entidad vial informó que contaba con una apropiación disponible de
$290.373.653, que gestionaba un traslado presupuestal por $685.766.415 y que el
saldo restante se apropiaría en la vigencia de 2015.

8 Según el primer inciso del artículo 109 ibidem, las normas de la Ley Orgánica de Presupuesto,

compiladas en dicho decreto, también son aplicables a las entidades territoriales.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 25000-23-24-000-2007-00203-02 (3756-15). Tesis que
fue reiterada por la Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de abril de 2024,
radicado11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado 11001 03 25 000 2014 00025 00 (0064-14).

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9

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00538-00 (2571-2021)
Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

49. Igualmente, se allegó la Resolución 2844 del 23 de diciembre de 2014, por
medio de la cual la CNSC estableció en $2.178.418.362 el valor a pagar a cargo del
INVÍAS para financiar los costos de la convocatoria pública destinada a proveer 273
vacantes del sistema general de carrera administrativa de esa entidad. En la parte
resolutiva del acto también se ordenó efectuar la apropiación de los recursos
correspondientes y remitir copia del certificado de disponibilidad y del registro
presupuestal.

50. La misma resolución dispuso, además, que el INVÍAS debía pagar a la
CNSC la suma de $976.140.068, apropiada para la vigencia 2014, dentro de los
diez días siguientes a la expedición del registro presupuestal, y que el saldo
restante, equivalente a $1.202.278.294, debía cancelarse antes de finalizar el primer
trimestre de 2015.

51. De lo reseñado se desprende que el costo de la convocatoria fue
previamente puesto en conocimiento del INVÍAS, que esa entidad informó la manera
en que asumiría el gasto y que, mediante la Resolución 2844 del 23 de diciembre
de 2014, se definieron el valor a su cargo y la forma en que debían apropiarse y
pagarse los recursos correspondientes.

52. En ese orden, aunque en el expediente no obra el certificado de
disponibilidad presupuestal, no se acreditó la irregularidad alegada por la parte
actora ni puede concluirse que se hubiera desconocido el artículo 71 del Decreto
111 de 1996 en términos que comprometan la legalidad del acto acusado. Por el
contrario, las actuaciones desplegadas evidencian que la financiación de la
convocatoria fue objeto de coordinación previa entre la CNSC y el INVÍAS, razón
por la cual este cargo no está llamado a prosperar.

Falsa motivación

53. El actor sostuvo que el Acuerdo 533 del 10 de febrero de 2015 está viciado
de falsa motivación, pues en su parte considerativa se indicó que la CNSC había
adelantado con delegados del INVÍAS la etapa de planeación de la convocatoria,
afirmación que, a su juicio, no correspondía a la realidad, habida cuenta de que para
la fecha de expedición del acuerdo el INVÍAS no contaba con la disponibilidad
presupuestal necesaria para asumir los gastos del concurso.

54. La falsa motivación, establecida como causal de nulidad en el artículo 137
del CPACA, guarda relación directa con el principio de legalidad y con el deber de
la Administración de solventar de forma fidedigna sus decisiones. Esta figura se
presenta cuando existe «un yerro en la escogencia o determinación de los motivos»,
es decir, que la realidad fáctica o jurídica difiere de la consignada en el acto
administrativo11.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 31 de agosto de 2023, rad. núm. 66001-23-33-000-2020-00354-01 (5720-2022).

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10

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00538-00 (2571-2021)
Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

55. En ese marco, esta Sección ha precisado que este vicio invalidante se
configura por «[…] la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica
y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y la
efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado […]»12.

56. En el presente caso no se configura el vicio de falsa motivación, porque las
pruebas obrantes en el expediente muestran que la expedición del Acuerdo 533 del
10 de febrero de 2015 estuvo precedida por actuaciones de coordinación entre la
CNSC y el INVÍAS. En esas condiciones, no es contrario a la realidad señalar, como
se hizo en la parte considerativa del acto demandado, que la etapa de planeación
de la convocatoria se adelantó con delegados de esa entidad.

57. En consecuencia, al no acreditarse la divergencia entre los motivos
expresados en el acto enjuiciado y la realidad fáctica del proceso, este cargo
tampoco prospera.

58. Por lo expuesto, como no se demostró ninguna de las causales de nulidad
invocadas por el demandante, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.

60. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.

61. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 17 de marzo de 2016, rad. núm. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).

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11

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00538-00 (2571-2021)
Demandante: Milton César Reyes Bohórquez

al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra el
acto administrativo demandado que debieron ser analizados en la sentencia. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el presente proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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