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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01717-00

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
36 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01717-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Denegar las pretensiones de las demandas objeto de este medio de control, presentadas por los señores Pedro Antonio Sánchez Rojas y Alexander Morales Lora, en contra de la CNSC y el Municipio de Jamundí. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y acumulado Demandante: Pedro Antonio Sánchez Rojas y otro Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01717-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

23 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD
Radicados: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018)
11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018)1
Demandante: PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ ROJAS Y OTRO2
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) Y
OTRO3

Temas: Suscripción conjunta de las convocatorias de carrera administrativa.
Características de la delegación. Publicidad de la Oferta Pública de Empleos de Carrera
(OPEC).

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-008-2022

1. ASUNTO

La Sala dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el proceso judicial de la
referencia tramitado en virtud del medio de control de nulidad simple, consagrado
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).

2. DEMANDAS4

2.1. Pretensiones

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la
Comisión Nacional del Servicio Civil:

1
Este expediente fue acumulado mediante auto del 28 de junio de 2021, visible en el índice 39 del
expediente electrónico del proceso principal.
2
Alexander Morales Lora.
3
Municipio de Jamundí, Valle del Cauca.
4
En el expediente 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018), la demanda obra entre los folios
100 y 169 del cuaderno físico principal y fue admitida mediante auto del 15 de noviembre de 2018,
que obra en el folio 176 ibidem. En el expediente 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) la
demanda obra entre los folios 12 y 29 del cuaderno físico principal y fue admitida mediante auto del
4 de abril de 2019, que obra los folios 38 y 39 ibidem.

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1

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y acumulado
Demandante: Pedro Antonio Sánchez Rojas y otro

(i) El Acuerdo CNSC-20171000000446 del 28 de noviembre de 2017 «[p]or el cual
se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Jamundí “Proceso
de Selección n.° 437-2017 – Valle del Cauca”»5

(ii) Acuerdo CNSC-20181000001256 del 15 de junio de 2018, proferido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, «[p]or el cual se modifican y aclaran los
artículos 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 39 y 41 del Acuerdo n.° 20171000000446 que rige
el proceso de selección n.° 437 de 2017 –Valle del Cauca– correspondiente a la
Alcaldía de Jamundí»6.

2.2. Normas violadas y concepto de violación

2.2.1. Expediente 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018)

El señor Alexander Morales Lora sostuvo que el Acuerdo CNSC-20171000000446
del 28 de noviembre de 2017 fue expedido contrariando los artículos 1, 6, 121, 123
y 287 (numeral 2) de la Constitución Política; los artículos 11 (literal c) y 31 de la
Ley 909 de 2004; el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012; los artículos 7 y 13
del Decreto 1227 de 2005 (modificado por el artículo 1 del Decreto 1894 de 2012);
y finalmente, el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 (adicionado por el
artículo 3 del Decreto 051 de 2018). Según el demandante, la citada transgresión
se explica en las siguientes razones:

• Quebrantamiento del principio constitucional de legalidad por falta de
competencia en la expedición del acto, en la medida en que el numeral 1.° del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 señala que la convocatoria debe ser firmada
conjuntamente por la CNCS y por el jefe o representante legal de la entidad
beneficiaria del concurso de méritos, sin embargo, en este caso, el acto tan solo
fue suscrito por la entonces presidenta de la CNSC.

• Transgresión del artículo 29 de la Constitución sobre el debido proceso, toda vez
que el Acuerdo 20171000000446 del 28 de noviembre de 2017 de la CNSC no
incorporó en su contenido la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) de la
Alcaldía de Jamundí y esta tampoco fue publicada el 15 de enero de 2018 cuando
se difundió la información de la convocatoria en la página web de la CNSC ni del
SIMO7. Además, dos días antes de la presentación de la demanda, esto es, el 12
de marzo de 2018, todavía no se le había dado publicidad a dicha información,
situación que podría implicar la comisión del delito de falsedad ideológica en
documento público por parte de quien entonces ostentaba el cargo de presidente
de la CNSC, porque en el artículo 10 del acto administrativo demandado afirmó que
la convocatoria ya estaba publicada.

5
Este acto fue demandado en el proceso 1846-2018.
6
Este acto fue demandado en el proceso 6225-2018.
7
Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad.

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2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y acumulado
Demandante: Pedro Antonio Sánchez Rojas y otro

• Incumplimiento de lo dispuesto en el literal c del artículo 11 de la Ley 909 de
2004 y en el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005, porque el acuerdo demandado
no tiene el contenido mínimo previsto en el referido artículo 13, que reglamentó el
literal c del artículo 11 de la Ley 909 de 2004. En ese sentido, en el acto
administrativo la CNSC omitió incluir: (i) El número de la convocatoria, pues el que
allí quedó consignado (437 de 2017) corresponde por igual a todos los municipios
del Valle del Cauca y no se refiere de manera específica al concurso de carrera de
la Alcaldía de Jamundí; (ii) La OPEC con la identificación de las principales
características y requerimientos de los empleos; (iii) La información sobre la fecha,
hora, lugar de recepción de las inscripciones y la fecha de sus resultados; (iv) Los
datos sobre la fecha, hora y lugar de aplicación de las pruebas.

• Contravención del artículo 7.° del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo
1.° del Decreto 1984 de 2012, y del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 que
fue modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017. Esto lo explicó en que la
Convocatoria 437 de 2017 de la CNSC para los municipios del Valle del Cauca,
incluido Jamundí, en la práctica representa un «concurso público de méritos
generales» con agrupación de entidades, y no un proceso de selección específico
para la entidad y los cargos respectivos, tal y como lo preceptúan las normas
invocadas. De esa manera, el contenido de los acuerdos de la Comisión que
reglamentaron las convocatorias para esos entes territoriales es prácticamente el
mismo, con excepción de los nombres de las entidades beneficiarias y el número
de empleos a proveer, ignorando así las diferencias que existen entre una alcaldía
como la de Cali, con una planta de personal de 1.600 empleos, con otras que
pertenecen al mismo departamento y que no cuentan con una estructura tan
compleja. Lo que, en su sentir, resta eficacia y confiabilidad a los instrumentos de
selección por méritos.

• Violación del artículo 229 del Decreto Ley 19 de 2012 porque el acto administrativo
demandado, en su artículo 17 dispuso que, si el aspirante obtuvo su título
profesional en una fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley 842 de 2003, su
experiencia se empezaría a contar a partir de la expedición de la matrícula
profesional, lo cual va en contravía de lo consagrado en el artículo 229 del Decreto
Ley 19 de 2012, que señala que «para el ejercicio de las diferentes profesiones
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se
computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico de
educación superior». Esto, con excepción de las profesiones relacionadas con el
sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia se computa a partir de la
inscripción o registro profesional.

2.2.2. Expediente 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018)

El apoderado del señor Pedro Antonio Sánchez Rojas consideró que el Acuerdo
CNSC-20181000001256 del 15 de junio de 2018 desconoce los artículos 1, 6, 121,
123 y 287 ordinal 2.º de la Constitución Política, así como el artículo 31 de la Ley

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y acumulado
Demandante: Pedro Antonio Sánchez Rojas y otro

909 de 2004 y el 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015. Los argumentos que
justificarían dicha transgresión, pueden resumirse en la alegada falta de
competencia de la presidenta de la CNSC para expedir dicho acto por sí sola.

Sobre el particular, adujo que las disposiciones del numeral 1.° del artículo 31 de la
Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 (adicionado por el
artículo 3.° del Decreto 51 de 2018), imponen que la convocatoria para el concurso
de méritos sea suscrita por la CNSC y por el jefe de la entidad a la que pertenecen
los cargos a proveer.

3. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

En ambas demandas se pidió la suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos acusados, solicitudes que fueron resueltas en forma negativa
mediante los autos proferidos el 14 de noviembre8 y el 2 de diciembre de 20199.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1. Municipio de Jamundí

No contestó las demandas.

4.2. Comisión Nacional del Servicio Civil

• Expediente 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018)10. El abogado de la
CNSC sostuvo que la interpretación literal del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 que
defiende la parte demandante es errada, porque implica la violación de lo
consagrado en el artículo 130 de la Constitución, sobre la competencia de la
Comisión para administrar y vigilar el sistema general de carrera administrativa.
Además, aseguró, dicha interpretación restaría eficacia a los mandatos que
consagran el deber de poner en funcionamiento el régimen de carrera para el
acceso a los cargos públicos.

En la misma línea, expuso que en la sentencia C-183 de 2019, la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 31 de la Ley 909,
bajo el entendido de que, para adelantar los concursos de la carrera administrativa,
deben converger diversas competencias que han de ser ejercidas de manera
coordinada, pero ello no significa que la suscripción de la convocatoria por el jefe
de la entidad beneficiaria sea un requisito de su validez.

8
En el expediente 1846-2018.
9
En el expediente 6225-2018.
10
Folios 134-149 del cuaderno físico principal.

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4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y acumulado
Demandante: Pedro Antonio Sánchez Rojas y otro

Igualmente, señaló que mediante auto del 27 de junio de 201811, la Subsección B
de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, concluyó, en un caso similar a este, que la ausencia de la firma en el
acuerdo de convocatoria del jefe de la entidad a la que está dirigido el concurso, no
acarrea necesariamente su ilegalidad, pues los principios constitucionales de
colaboración y coordinación interinstitucional, que busca salvaguardar lo previsto
en el numeral 1.° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, se pueden cumplir con otro
tipo de actuaciones, que demuestren la participación activa del ente beneficiado en
la configuración y ejecución del concurso.

• Expediente 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018). La entidad
demandada reiteró los argumentos expresados en la contestación de la demanda
del expediente 1846- 2018 y precisó que, con posterioridad a la expedición del
Acuerdo CNSC20181000001256 del 15 de junio de 2018, el municipio modificó la
OPEC en lo relativo a la cantidad de cargos ofertados, razón por la cual fue emitido
el Acuerdo CNSC-20181000007096 del 13 de noviembre de 2018.

5. DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS

La CNSC propuso como excepción previa en cada una de las contestaciones el
incumplimiento de los requisitos formales de las demandas. Surtido el respectivo
traslado sin pronunciamiento alguno, mediante auto del 11 de octubre de 202112, el
despacho sustanciador declaró no probadas las mencionadas excepciones de
ineptitud de las demandas por falta de requisitos formales.

6. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE SENTENCIA ANTICIPADA

Mediante auto del 21 de enero de 202013, el consejero sustanciador determinó darle
aplicación a lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo
42 de la Ley 2080 de 2021, a efectos de emitir sentencia anticipada antes de que
se celebre la audiencia inicial. De acuerdo con ello, decretó como pruebas las
aportadas por las partes en las demandas y las contestaciones. Seguidamente,
procedió a la fijación del litigio en los siguientes términos:

[…] 1. ¿Los acuerdos demandados fueron expedidos con falta de
competencia, al haber sido firmados únicamente por el presidente de la CNSC
y no junto con el alcalde del Municipio de Jamundí, como entidad beneficiaria
del concurso de méritos?

2. ¿El Acuerdo CNSC-20171000000446 del 28 de noviembre de 2017 fue
expedido irregularmente porque este no incorporó en su contenido la OPEC

11
Radicado 11001032500020170086900 (4757-2017), acumulado con el 110010325000201700670
00 (3297-2017).
12
Índice 46 del expediente electrónico.
13
Índice 51 ibidem.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y acumulado
Demandante: Pedro Antonio Sánchez Rojas y otro

de la Alcaldía de Jamundí y esta no fue publicada oportunamente en la página
web de la CNSC?

3. ¿El Acuerdo CNSC-20171000000446 del 28 de noviembre de 2017 fue
proferido con violación de las normas en que debía fundarse? La respuesta a
este interrogante depende de la solución de los siguientes subproblemas
jurídicos:

3.1. ¿El vicio se configuró por el desconocimiento de lo dispuesto en el literal
c del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 13 del Decreto 1227
de 2005, sobre el contenido mínimo de las convocatorias adelantadas por
la CNSC?

3.2. ¿Al proferirse el acto administrativo demandado se violó lo preceptuado
en el artículo 7.° del Decreto 1227 de 2005 (modificado por el artículo 1.°
del Decreto 1984 de 2012) y en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de
2015, modificado y adicionado por el artículo 1.° del Decreto 648 de 2017,
debido a que la convocatoria 437 de 2017 para los municipios del Valle
del Cauca representa en la práctica un «concurso público de méritos
generales»?

3.3. ¿El acuerdo acusado viola el artículo 229 del Decreto Ley 19 de 2012 por
prever en su artículo 17 que la experiencia profesional de los aspirantes
que obtuvieron su título profesional en una fecha posterior a la entrada en
vigor de la Ley 842 de 2003, se debía contar a partir de la expedición de
la matrícula profesional? […]

En auto del 14 de marzo de la presente anualidad, se corrió traslado para alegar
por escrito y para que el Ministerio Público rindiera su concepto14.

7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

7.1. Parte demandante

El señor Alexander Morales Lora guardó silencio. Por su parte, el señor Pedro
Antonio Sánchez Rojas, a través de apoderado, presentó sus alegatos de
conclusión15 para insistir, con los mismos argumentos de la demanda, en el vicio
de nulidad por violación de las normas superiores en que debía fundarse el Acuerdo
CNSC-20181000001256 del 15 de junio de 2018.

7.2. Parte demandada

Ni el municipio de Jamundí ni la CNSC hicieron uso de esta oportunidad procesal.

14
Índice 58, expediente electrónico.
15
Índice 65, ibidem.

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8. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO16

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado se pronunció para
solicitar que se denieguen las pretensiones de la demanda, para lo cual apeló a los
siguientes argumentos.

En primer lugar, adujo que la falta de firma es tan solo en elemento o presupuesto
dentro de todo el proceso de selección de personal, cuya omisión no es
demostrativa de que se hubiera incumplido el principio de colaboración entre la
CNSC y la entidad beneficiaria del concurso, pues en este caso se adelantaron las
etapas previas a la convocatoria de manera coordinada, con una participación
activa del municipio demandado. Sobre el particular, aludió a varios
pronunciamientos del Consejo de Estado con apoyo en los cuales concluyó que la
exigencia prevista en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 no tiene el alcance que
pretende otorgarle la parte demandante.

Seguidamente, aludió al artículo 10 del Acuerdo CNSC-20171000000566 del 28 de
noviembre de 2017 y al 33 de la Ley 909 de 2004 para desestimar el reproche
concerniente a la falta de inclusión de la OPEC en los acuerdos demandados y su
no publicación oportuna en la página web de la CNSC. Al respecto, sostuvo que la
publicación que se realice en las páginas web de las entidades que intervienen en
la convocatoria es válida y legal, por lo que tal y como se observó, la OPEC
reseñada fue publicada en el SIMO y en la página del municipio de Jamundí,
cumpliendo así con la prescripción legal.

Frente a la censura por la presunta falta en el contenido mínimo de la convocatoria,
el Ministerio Público sostuvo que sus artículos 13, 14 y 15 indicaron las fases del
proceso, la forma en que se desarrollarían, los requisitos para acceder a esta,
remitiendo siempre a todos los interesados a consultar la página web de la CNSC
y/o el enlace SIMO, pues allí se divulgaría todo lo referente al proceso conforme a
lo señalado en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004.

Por último, negó que existiera el término «concurso público de méritos generales»
que reprocharon los demandantes y, en todo caso, señaló que no había en el
ordenamiento jurídico una norma que prohibiera la realización de una sola
convocatoria que agrupe a diferentes entidades.

9. CONSIDERACIONES

9.1. Competencia

De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los
artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201917, proferido por la Sala

16
Índice 63, expediente electrónico.
17
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para dictar la
sentencia de única instancia que en derecho corresponde.

9.2. Problemas jurídicos

A continuación, la Sala procede a estudiar y resolver los interrogantes jurídicos que
se determinaron en la etapa de fijación del litigio.

9.2.1. Primer problema jurídico

¿Los acuerdos demandados fueron expedidos con falta de competencia, al haber
sido firmados únicamente por el presidente de la CNSC y no junto con el alcalde
del Municipio de Jamundí, como entidad beneficiaria del concurso de méritos?

Tesis de la Sala: La causal de anulación por falta de competencia no se configura
porque, si bien los Acuerdos CNSC-20171000000446 del 28 de noviembre de 2017
y CNSC-20181000001256 del 15 de junio de 2018 están firmados únicamente por
quienes en ese entonces fungieron como presidentes de la CNSC, el Municipio de
Jamundí participó de manera activa y concurrente en el proceso de selección
reglamentado por los actos acusados.

Para resolver este subproblema se estudiarán los siguientes temas: (i) la
competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos; (ii) la
Comisión Nacional del Servicio Civil como ente rector de la carrera administrativa
en Colombia; (iii) exposición del criterio jurisprudencial respecto de la firma conjunta
de la convocatoria en los concursos de mérito; y (iv) caso concreto.

(i) La competencia como presupuesto de validez de los actos
administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere18.

Así pues, la competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que

18
«Respecto del elemento subjetivo la jurisprudencia del Consejo de Estado ha expresado que el
requisito de la competencia del órgano o funcionario como elemento del acto significa que éste debe
emanar de un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa y dentro de los límites de su
competencia (auto de marzo 9 de 1971, Anales de 1971, Tomo 80, página 367). Es, en otros
términos, lo que establece nuestra Constitución cuando dispone que no habrá ningún empleo
público que no tenga las funciones señaladas por ley o reglamento [Cfr. artículo 122 de la
Constitución de 1991]»: Miguel Largacha Martínez y Daniel Posse Velásquez, Causales de
anulación de los actos administrativos, Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 1988, pp. 19-20.

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ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

A efectos de garantizar derechos fundamentales como el debido proceso y la
seguridad jurídica, las normas que fijan competencias deben ser expresas, claras
y anteriores a la expedición del acto administrativo de que se trate, lo que
demuestra la íntima conexión que tiene el concepto objeto de estudio con el
principio de legalidad; además, el fundamento constitucional de ambas figuras
reside en los artículos 2.°19, 6.°20, 12121, 12222 12323 y 20924 Superiores. Así, la
competencia implica que quienes ejercen función pública solo pueden hacer lo que
el ordenamiento jurídico les permite, al contrario de los particulares, que pueden
hacer todo lo que no les está jurídicamente prohibido25.

En este punto, conviene anotar que las normas que deben considerarse a efectos
de estudiar la competencia, como presupuesto de validez de los actos
administrativos, son aquellas vigentes en el momento de hacer uso de la respectiva
facultad de producción normativa26.

Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación

19
CP, art. 2: «Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».
20
CP, art. 6: «Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones».
21
CP, art. 121: «Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le
atribuyen la Constitución y la ley».
22
CP, art. 122: «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente».
23
CP, art. 123: «Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento […]».
24
CP, art. 209: «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley».
25
Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá: Librería
Ediciones del Profesional, 2016, p. 120.
26
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que
«[…] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano
estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante
el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su
fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]».

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de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico27, el material28, el territorial29 y
en algunos casos el temporal30.

En ese orden de ideas, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA consagra la falta de este
elemento como uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos, el cual,
según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno de los más graves31 y, por lo
tanto, no puede ser saneado32.

(ii) La Comisión Nacional del Servicio Civil como ente rector de la carrera
administrativa en Colombia

En el ámbito de la función pública, el concurso de méritos puede definirse como un
proceso de selección para el desempeño del empleo público, llevado a cabo con
plena garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad, en el que
la escogencia del aspirante que habrá de ocuparlo se realiza exclusivamente con
base en el mérito33, entendido este como el reconocimiento que le corresponde a
una persona en razón de las capacidades, competencias y aptitudes que ha
demostrado tener para el desempeño del contenido funcional del cargo de que se
trate.

27
Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura
organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de
funciones administrativas: Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
28
Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente
asignada a la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
29
Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio
geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus
funciones: Cfr. ibidem, pp. 124-125.
30
Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone
un límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp.
125-127.
31
Esto, según lo señaló la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo: «La Sala recuerda que la incompetencia del órgano administrativo, con ocasión de
la usurpación de las atribuciones que corresponden a otra autoridad, es sin duda una de las formas
de ilegalidad más grave que puede ostentar un acto administrativo. Esta circunstancia entraña la
infracción manifiesta de uno de los principios medulares de todo estado de derecho: el de legalidad»
(Negrita propia del texto): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2011, rad. 25000-23-26-000-2000-00580-
02(23650)..
32
De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «[F]rente a vicios o
defectos como la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la
falta de competencia no es posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-
03-15-000-1998-0782-01(S-782).
33
Así lo establece el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 cuando regula el concurso público de méritos
como mecanismo de provisión de los empleos públicos de carrera.

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Este mecanismo debe utilizarse (i) siempre que se trate de la selección de personal
que ha de desempeñar cargos de carrera y (ii), en el caso de empleos públicos de
otra naturaleza, cuando la Constitución o la ley no hayan determinado un sistema
de provisión distinto34 o cuando expresamente hayan consagrado la aplicación del
concurso público de méritos35.

En este contexto, la Constitución Política de 1991, en el artículo 130, dispuso la
creación de la Comisión Nacional del Servicio Civil como entidad responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con excepción
de las de carácter especial.

Sobre la naturaleza de la Comisión, interesa destacar con apoyo en el artículo 7.°
de la Ley 909 de 200436 que se trata de «[…] un órgano de garantía y protección
del sistema de mérito en el empleo público […] dotada de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio […]», además sus actuaciones se
rigen por «[…] los principios de objetividad, independencia e imparcialidad […]».

Con base en esta caracterización, la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar
que la independencia y autonomía de que goza la CNSC se refleja en el amplio
margen de discrecionalidad administrativa y presupuestal con el que cuenta, lo que
le permite ejercer las funciones que le han sido atribuidas sin injerencia o sujeción
a alguna otra autoridad37.

Ahora bien, en virtud de la competencia que se le atribuyó para administrar la
carrera administrativa, la CNSC es, por excelencia, la autoridad encargada de
regular y adelantar los concursos públicos de mérito. Así lo disponen los artículos
29 y 30 de la mencionada Ley 909, al igual que su artículo 11, último que le asigna
las siguientes funciones:

«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión

34
Artículo 125 de la Constitución Política.
35
Aunque en principio la naturaleza del cargo público define su forma de provisión en los términos
anotados, es factible que en algunos empleos que no son de carrera las vacantes sean provistas a
través de la realización de un concurso público de mérito. En otras palabras, a pesar de que este
último es el proceso de selección obligatorio para los empleos de carrera, no es exclusivo de estos
ya que también es viable que la Constitución o la ley dispongan su aplicación para cargos de otra
índole. Se ha abierto paso a esta posibilidad bajo el entendido de que el concurso público es la
forma de provisión del empleo que materializa en mayor medida el mérito. Así, siendo este un
principio rector de la función pública que concreta otros principios como los de transparencia,
moralidad, imparcialidad e igualdad, toda vez que permite asegurar que aquella sea desarrollada
por los mejores y más capacitados funcionarios, la consagración del concurso público para la
provisión de empleos diferentes a los de carrera aunque no devenga forzosa sí resulta razonable.
Según la regla jurisprudencial sentada por la Corte Constitucional en la sentencia T-329 del 14 de
mayo de 2009 en la materia, excepción hecha de los cargos elegidos a través del ejercicio del
derecho al voto, en el caso de los empleos públicos sometidos a un periodo fijo y de los de libre
nombramiento y remoción, el concurso público aparece como un proceso de selección admisible,
aunque no obligatorio.
36
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones»
37
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1230 del 29 de noviembre de 2005.

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de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica
la presente ley;

b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de
la presente ley;

c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan
la presente ley y el reglamento;
[…]
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través
de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior,
que contrate para tal fin […]».

Finalmente, hay que anotar que, sin perjuicio de la independencia y autonomía que
caracterizan a la Comisión, bajo la premisa del funcionamiento armónico entre los
diferentes órganos estatales contemplada en el artículo 113 superior y en
cumplimiento de los principios que según el artículo 209 ibidem rigen la función
administrativa, es importante que dicha entidad desarrolle las competencias que le
han sido asignadas en coordinación con los demás organismos con los que se vea
llamada a interactuar.

(iii) Exposición del criterio jurisprudencial respecto de la firma conjunta de
la convocatoria en los concursos de mérito

El fundamento legal a partir del cual se ha discutido lo concerniente a la
competencia para firmar el acto de convocatoria a los concursos de mérito
descansa en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, que al regular las etapas de las
que se compone el concurso dispuso lo siguiente en su numeral 1:

[…] La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo
concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas
para la realización del concurso y a los participantes […]

La redacción de esta norma fue motivo de importantes dudas interpretativas
respecto de quién debía suscribir la convocatoria y, con ello, sobre el alcance de la
atribución que le fue asignada a la CNSC para adelantar los concursos públicos de
mérito, lo que ha dado lugar a diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional.

Una primera posición, fue la que adoptó la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado por medio del Concepto 2307 del 19 de agosto de 2016, según
el cual «[…] la expresión utilizada por el legislador (“deberá ser suscrita por”) es imperativa
y no admite en este punto una interpretación diferente […]». En ese orden de ideas,
concluyó que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 contemplaba como requisito
obligatorio de la convocatoria la concurrencia de firmas por parte de los
representantes de CNSC y de la entidad beneficiaria del concurso.

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En un principio, este criterio tuvo eco en la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Corporación pues, con base en él, en el año 2018, las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda ordenaron la suspensión provisional de varios procesos de
selección38. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se moderara dicha
postura bajo el entendido que, aunque el artículo 31 de la Ley 909 de 2004
consagraba un requisito formal de obligatorio cumplimiento, resultaba de suma
importancia valorar si la entidad beneficiaria había participado en la etapa de
planeación y ejecución del concurso39. De esta forma se fue allanando el camino
hacia un cambio de postura.

Así, en sentencia del 31 de enero de 201940, la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado fijó el criterio interpretativo del numeral 1 del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 para concluir que cuando este precepto:

[…] se refiere a suscripción de la convocatoria, implica que tanto la CNSC
como la entidad beneficiaria deben adelantar ineludiblemente una etapa previa
de planeación y coordinación interinstitucional por la implicaciones
administrativas y presupuestales que ello comporta, sin que este proceso de
participación e interrelación implique necesariamente que ambas entidades, a
través de sus representantes legales, deban concurrir con su firma en el acto
administrativo que incorpora la convocatoria al proceso de selección o
concurso […]

Para arribar a esta conclusión, la sentencia aclaró, con fundamento en los artículos
130 Superior, 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, que la construcción del acto
administrativo que contiene la convocatoria al concurso público de méritos es una
potestad propia de la CNSC, como ente rector de la carrera administrativa y al que
le corresponde la administración, guarda y vigilancia de aquellos procesos de
selección41.

No obstante, también explicó que, sin perjuicio de dicha atribución, la entidad
beneficiaria del concurso debe hacerse partícipe del proceso que conduce a que
se profiera aquel acto, adelantando todas las gestiones pertinentes para que, en un

38
Entre los procesos judiciales en los que se dispuso, a modo de cautela, la suspensión provisional
de las convocatorias, se encuentran aquellos identificados con los siguientes números de
radicación: 11001032500020160118900 (5266-2016); 11001032500020170032600 (1563-2017),
11001032500020160107100 (4780-16), 11001032500020180018800 (0690-18) y
11001032500020160118900 (5266-2016).
39
Sobre el particular, pueden consultarse los procesos con radicado 11001032500020170021200
(1219-2017) y 11001032500020180089400 (3138-2018).
40
Rad. 11001032500020160101700 (4574-16).
41
Sobre el particular, precisó la providencia en comento: «67. Al ser la CNSC el ente rector de la
carrera administrativa y la encargada de la administración, guarda y vigilancia de los procesos de
concurso públicos de méritos, como claramente se establece a partir de los artículos 130 de la
Constitución política, 11 y 30 de la Ley 909 de 2004; se constituye en la única autoridad con
capacidad jurídica, autonomía y competencia administrativa para dictar reglas y regulaciones en la
materia que ostenten el carácter de vinculantes, tanto para la entidad beneficiaria de la provisión de
empleos, las instituciones, universidades contratadas para la realización del concurso y los
participantes. Por ende, en el iter de construcción del acto administrativo contentivo de la
convocatoria a concurso es la CNSC la que se constituye como el órgano dotado de potestad para
darle existencia a dicha manifestación de voluntad.».

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marco de cooperación interinstitucional, pueda efectuarse la selección de los
concursantes que, en virtud del mérito, han de ocupar los cargos de carrera en
vacancia42.

En resumen, a partir de entonces la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
interpretado que el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 no exige que la
convocatoria sea firmada por el jefe de la entidad beneficiaria como un requisito
ineludible de su existencia ni de su validez. Lo realmente importante es que se
pueda acreditar la aquiescencia de dicha autoridad pública en la celebración del
concurso de méritos, de lo que podrá dar cuenta no solo la suscripción del acto sino
también todas las demás gestiones que, de manera inequívoca, demuestren su
participación activa y concurrente con la CNSC para que esta última, dentro del
marco de las competencias que le asignan los artículos 130 Superior, 11 y 30 de
la Ley 909 de 2004, elabore la convocatoria y adelante el concurso de méritos.

Posteriormente, la Corte Constitucional dirimió cualquier duda en cuanto al alcance
del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 mediante la sentencia C-183
de 2019, en la que estudió la constitucionalidad de la expresión «[…] el Jefe de la
entidad u organismo […]», contenida en aquel precepto.

Para emprender aquel juicio, ante la inusual redacción del artículo43, la Corte partió
de la premisa según la cual, la coma que, en dicho enunciado normativo, separa a
«la Comisión Nacional del Servicio Civil» del «Jefe de la entidad u organismo» debe
entenderse como una «y», lectura que, según advirtió, daría lugar a dos
posibilidades hermenéuticas. Una primera, que sostiene que la firma de la
convocatoria por aquel servidor público es necesaria para la validez de dicho acto
y otra de acuerdo con la cual el criterio que permite evaluar tal aspecto es la
convergencia de competencias y su ejercicio de manera coordinada entre ambas
entidades.

Tras realizar el respectivo estudio de constitucionalidad, optó por la defensa del
segundo criterio, indicando lo siguiente sobre el particular:

[…] La ratio de esta decisión, que es el precedente a seguir en este caso, es
la de que al concurrir en el proceso de la convocatoria funciones asignadas a
órganos diferentes a la CNSC, estos órganos participan de la convocatoria,
pero de manera estrictamente limitada a sus funciones, sin afectar en modo

42
En este sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 precisó: «69. Por su parte, la entidad
beneficiaria del concurso, participa del iter o camino para la producción de la convocatoria, llevando
a cabo actividades que se enmarcan propiamente en el ámbito de la cooperación interinstitucional
para el buen y correcto cumplimiento de los fines del Estado; de manera que la entrega del estudio
de las cargas de personal, listado de vacantes, la emisión del certificado de disponibilidad y registro
presupuestal, se constituyen en acciones de planeación y concertación en el marco de los principios
de la función pública, que se erigen en manifestación inequívoca de su voluntad concurrente para
la suscripción del acto administrativo que incorpora la convocatoria a concurso.».
43
«ARTÍCULO 31. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN O CONCURSO. El proceso de
selección comprende: 1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso
y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso
y a los participantes […]».

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alguno la competencia constitucional exclusiva y excluyente de la CNSC para
administrar las carreras de los servidores públicos, “excepción hecha de las
que tengan carácter especial”, valga decir, para la carrera general y las
carreras específicas.

Así, pues, bien sea con la firma de la convocatoria o bien con la ejecución de
actos dirigidos a participar de manera armónica y coordinada en la realización
del concurso, el jefe de la entidad u organismo, e incluso las UPE y el DAFP
contribuyen al logro de los fines del Estado. La inclusión de dicho jefe de la
entidad u organismo entre quienes suscriben la convocatoria, hecha por la
norma demandada, tiene que ver con esta participación, pero no implica, de
ningún modo, que 1) él o las UPE o el DAFP puedan ejercer las competencias
constitucionales exclusivas y excluyentes de la CNSC, o 2) compartir de algún
modo las funciones que se derivan de ellas, o 3) obstruir u obstaculizar el
ejercicio de dichas funciones.

Por tanto, que dicho jefe de la entidad u organismo suscriba o no la
convocatoria, no afecta la validez de la misma, en tanto norma reguladora del
concurso […]

Con base en ello, la mencionada sentencia declaró exequible de manera
condicionada la expresión «el jefe de la entidad u organismo» contenida en el
numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, bajo el entendido que:

[…] (i) el jefe de la entidad u organismo puede suscribir el acto de convocatoria,
como manifestación del principio de colaboración armónica, y (ii) en todo caso
la Comisión Nacional de Servicio Civil no puede disponer la realización de un
concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad destinataria los
presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley […]44

Siguiendo esta línea, en sentencia del 18 de noviembre de 2021, en la que resolvió
una demanda de nulidad simple contra la expresión «La Convocatoria deberá ser
firmada por la Comisión Nacional del Servicio Civil y por el jefe de la entidad pública
respectiva», contenida en el artículo 3 del Decreto 051 de 201845, esta Subsección
la consideró ajustada al ordenamiento jurídico superior siempre y cuando, en su
interpretación y aplicación, se sigan los derroteros que fijó la Corte Constitucional
en la Sentencia C-183 de 201946.

En conclusión, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han desvirtuado que
la firma o suscripción de la convocatoria por parte del representante legal de la
entidad beneficiaria del concurso sea un requisito de validez de dicho acto
administrativo, pues lo que interesa analizar es que las actuaciones desplegadas
por la entidad denoten cooperación en la realización del concurso y, con ello, se
hace evidente su voluntad inequívoca para que este se lleve a cabo, planteamiento
que resulta acorde con el principio del efecto útil de las normas y que, sin duda
alguna, favorece la realización del mérito como principio transversal de la
Constitución de 1991.

44
Corte Constitucional. Sentencia C-183 del 8 de mayo de 2019.
45
«Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector
de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009».
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
radicado 11001-03-25-000-2019-00039-00 (0102-2019).

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(iv) Caso concreto

De acuerdo con los parámetros que se acaban de enunciar, la Sala considera que
en el presente asunto no hay lugar a declarar la nulidad de los acuerdos acusados,
porque si bien solo están firmados por quienes en su momento se desempeñaban
como presidentes de la Comisión47, las pruebas que obran en el expediente dan
cuenta de que el Municipio de Jamundí participó activamente de la etapa de
planeación del concurso y consolidó y entregó la OPEC a la CNSC48. Igualmente,
es posible observar que el alcalde de ese ente territorial suscribió, junto con el
presidente de la CNSC, un aviso dirigido a toda la ciudadanía para convocarla a
participar en el concurso de méritos del Proceso de Selección n.° 437 de 201749.

Además, es menester tener en cuenta que luego de la emisión de los actos
administrativos objeto de este proceso, fueron proferidos los Acuerdos CNSC-
20181000003666 del 11 de septiembre de 201850, que compiló las reglas del
concurso, y CNSC-20181000007096 del 13 de noviembre del mismo año51, a través
del cual se aclararon los artículos 3 y 10 del anterior. Estos acuerdos fueron
firmados conjuntamente por el presidente de la Comisión y por el alcalde del
municipio de Jamundí52.

Estas actuaciones por parte de la entidad territorial reflejan la observancia de los
principios de coordinación y colaboración interinstitucional, pues el suministro de la
OPEC a la CNSC era un elemento indispensable para impulsar el procedimiento de
selección aquí demandado, ya que la información que se consolida en la oferta es

47
Las firmas de los acuerdos demandados pueden observarse en los folios 10 del cuaderno físico
principal 6225-2018 y 15 del 1846-2018.
48
De ello dan cuenta las consideraciones del Acuerdo n.° 20171000000446 del 28 de noviembre de
2017, que en su tercera página señala lo siguiente: «[…] Siendo así, la ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
consolidó la Oferta Pública de Empleos de Carrera que en adelante se denominará OPEC en el
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, que adelante se denominará SIMO,
la cual fue certificada por el representante legal y el jefe de talento humano o quien haga sus veces
y enviada por la entidad referida a la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Radicado n.°
20176000538482 de fecha 11 de agosto de 2017 compuesta por ochenta (80) empleos, distribuidos
en doscientas quince (215) vacantes». Ver folio 2 del cuaderno físico principal del expediente 1846-
2018. En la misma línea, las consideraciones del Acuerdo 20181000001256 del 15 de junio de 2018
explican que, posteriormente, «[…] la ALCALDÍA DE JAMUNDÍ realizó modificación a la Oferta
Pública de Empleos de Carrera – OPEC, inicialmente reportada a la CNSC, presentándose una
variación tanto en el número de empleos como en el número de vacantes […]», el primero pasó a
ser de 83 mientras que las vacantes ascendieron a un total de 243. Ver folio 5 del cuaderno físico
principal del expediente 6225-2018.
49
El aviso puede consultarse en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil en el
siguiente link: https://historico.cnsc.gov.co/index.php/suscripciones-437-de-2017-valle-del-cauca.
50
«Por el cual se compilan los Acuerdos n.° 20171000000446 del 28 de noviembre de 2017,
20182000001256 del 15 de junio de 2018 y 20181000002386 del 12 de julio de 2018, que regulan
las reglas del Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
ALCADÍA DE JAMUNDÍ, “Proceso de Selección n.° 437 de 2017 – Valle del Cauca”».
51
«Por el cual se aclaran los artículos 3.° y 10º del Acuerdo n.° 20181000003666 del 11 de
septiembre de 2018, por el cual se compilan las reglas del concurso que rigen el Proceso de
Selección n.° 437 – Valle del Cauca correspondiente a la ALCADÍA DE JAMUNDÍ».
52
Dichos acuerdos pueden consultarse en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil
en el siguiente link: https://historico.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-437-de-2017-valle-del-
cauca#

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la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos para los empleos por
proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si no se contara con
ella, el certamen no podría llevarse a cabo.

En la misma línea de ideas, la invitación a participar en el concurso para toda la
ciudadanía y la suscripción conjunta de los Acuerdos CNSC-20181000003666 y
CNSC-2018100000709611 de 2018 son actuaciones que dan cuenta del
asentimiento del alcalde de Jamundí con la convocatoria reglamentada en los actos
demandados y, por lo tanto, en el caso sub examine, la Subsección entiende que
la entidad beneficiaria del proceso de selección lo aceptó expresamente. En
consecuencia, por el motivo estudiado no hay lugar a anular los actos
administrativos que lo reglamentaron.

En conclusión: La causal de anulación por falta de competencia no se configura
porque, si bien los Acuerdos CNSC-20171000000446 del 28 de noviembre de 2017
y CNSC-20181000001256 del 15 de junio de 2018 están firmados únicamente por
el presidente de la CNSC, el Municipio de Jamundí participó de manera activa y
concurrente en el proceso de selección reglamentado por los actos acusados.

9.2.2. Segundo problema jurídico

¿El Acuerdo CNSC-20171000000446 del 28 de noviembre de 2017 fue expedido
irregularmente porque este no incorporó en su contenido la OPEC de la Alcaldía de
Jamundí y esta no fue publicada oportunamente en la página web de la CNSC?

Tesis de la Sala: La expedición del acuerdo en cuestión fue regular puesto que la
OPEC se publicó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909
de 2004. Para resolver este problema se abordarán las siguientes materias: (i) El
vicio de expedición irregular; (ii) publicidad de la OPEC en las convocatorias; y (iii)
caso concreto.

(i) El vicio de expedición irregular

Este vicio o causal de nulidad de los actos administrativos se predica de los
defectos en el elemento formal del acto, el cual comprende dos aspectos a saber:
el procedimiento y la forma de la declaración53. Sobre lo primero, la expedición
irregular se configura cuando se incumplen las condiciones y fases previstas en el
ordenamiento jurídico para la formación del acto. Y frente a lo segundo, el vicio se
presenta en los casos en los que la manifestación unilateral de voluntad de la
administración adolece de formalidades esenciales para su validez, tales como la
motivación.

53
Cfr. Miguel Largacha Martínez y Daniel Posse Velásquez, op. cit, p. 27.

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En ese sentido, el elemento formal del acto que protege esta causal de nulidad,
obedece tanto a razones de orden interno de la administración, como al respeto de
las garantías y derechos de las personas54, lo cual puede referirse a requisitos
tendientes a garantizar cuestiones como la igualdad y la participación de los
interesados en la formación del acto, otorgar las oportunidades que correspondan
para el ejercicio de los derechos a la defensa o contradicción y también para
asegurar la autenticidad o veracidad del acto administrativo.

No obstante, es necesario precisar que, tanto esta Corporación como la doctrina,
han señalado de manera reiterada que, en virtud de los principios constitucionales
de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal55 y de eficacia de la función
administrativa56, las irregularidades formales que no tengan trascendencia en los
derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, pueden ser
subsanadas y no implican necesariamente la anulación del acto. Así, la
irregularidad que tiene vocación de llevar al juez a declarar la nulidad es la que
compromete un presupuesto básico de la decisión o la que tuvo incidencia en su
sentido final57.

En efecto, en el Consejo de Estado se ha dicho al respecto que58:

«La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se
configura cuando la decisión de la administración viola las normas de orden
adjetivo que establecen el procedimiento para su formación o la forma como
éste debe presentarse. Cuando el acto es expedido con vicios en el trámite
debe verificarse si éstos son de una suficiencia tal que afecten el sentido
de la decisión. Si la irregularidad en el proceso logra afectar la decisión por
cuanto es sustancial o trascendente, el acto será anulable por expedición
irregular, caso contrario, es decir, cuando el defecto es formal e
intrascendente, no hay lugar a decretar su anulación». (Negrita fuera de texto).

Y desde la doctrina, Largacha Martínez y Posse Velásquez indicaron lo siguiente59:

«[D]ebe precisarse que no toda irregularidad en la forma que afecte los
anteriores principios da lugar a la invalidez o ineficacia del acto […] los vicios
de carácter puramente accidental, instituido solamente en beneficio de la
administración, son irregularidades que no alcanzan a desvirtuar la naturaleza
de los procedimientos, luego no son causal de nulidad, sino cuando sea

54
Ibidem.
55
CP, art. 228: «La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca
la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo». (Negrita fuera de texto).
56
CP, art. 209: «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad […]».
57
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 18 de
enero de 1994, rad. 2779 y en la doctrina: Cfr. Miguel Largacha Martínez y Daniel Posse Velásquez,
op. cit., p. 87 y Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., pp. 551-552.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de
enero de 2011, rad. 11001-03-28-000-2010-00007-00.
59
Miguel Largacha Martínez y Daniel Posse Velásquez, op. cit., p. 98

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razonable suponer que de haberse cumplido con esta formalidad
accidental se habría producido un cambio en el contenido de la voluntad
administrativa». (Negrita fuera de texto).

Ahora bien, para definir la trascendencia de la irregularidad que puede llevar a la
anulación del acto administrativo es posible acudir, inicialmente, a un criterio
eminentemente normativo, según el cual, si un precepto jurídico positivo le da el
carácter de esencial a una formalidad, su incumplimiento puede generar la nulidad
del acto60; esto ocurre, por ejemplo, con la consulta previa61.

Luego, de no existir disposiciones en el anterior sentido, la determinación de la
importancia de los requisitos formales en un caso concreto puede ser objeto de
ponderación, esto es, de un ejercicio comparativo en el que se busca un equilibrio
práctico62 entre, por un lado, los principios o derechos que subyacen a las reglas
sobre las formalidades a las que debía sujetarse la manifestación unilateral de
voluntad de la administración y, por el otro, de los que, en sentido contrario, buscan
la eficacia de la actuación administrativa en un caso concreto.

(ii) Publicidad de la OPEC en las convocatorias

El artículo 33 de la Ley 909 de 2004 consagra lo siguiente:

«Artículo 33. Mecanismos de publicidad. La publicidad de las convocatorias
será efectuada por cada entidad a través de los medios que garanticen su
conocimiento y permitan la libre concurrencia, de acuerdo con lo establecido
en el reglamento.

La página web de cada entidad pública, del Departamento Administrativo de la
Función Pública y de las entidades contratadas para la realización de los
concursos, complementadas con el correo electrónico y la firma digital, será el
medio preferente de publicación de todos los actos, decisiones y actuaciones
relacionadas con los concursos, de recepción de inscripciones, recursos,
reclamaciones y consultas.

La Comisión Nacional del Servicio Civil publicará en su página web la
información referente a las convocatorias, lista de elegibles y Registro Público
de Carrera».

De acuerdo con lo anterior, la página web de las entidades involucradas en los
concursos de méritos organizados por la CNSC es el medio preferente de
publicidad de todos los actos, decisiones y actuaciones relacionadas con las
respectivas convocatorias, dentro de lo cual puede incluirse la divulgación de la
Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa (OPEC).

60
Ibidem, p. 99.
61
CPACA, art. 46: «Consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de
una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse
dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que
se llegare a adoptar». (Negrita fuera de texto).
62
Corte Constitucional, sentencia T-425 de 1995.

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En este sentido, la Subsección B de esta Sección del Consejo de Estado, en sala
unitaria, y en un caso similar al que aquí se analiza, precisó lo siguiente63:

«[…] Además de lo expuesto, otro argumento para desestimar el cargo
propuesto por los actores, tiene que ver con que para el sub examine existe
norma especial contenida en la Ley 909 de 2004, cuyo artículo 33, que se
denomina “mecanismos de publicidad”, señala que la página web de la
entidad, así como el correo electrónico y la firma digital, “será el medio
preferente de publicación de todos los actos, decisiones y actuaciones
relacionadas con los concursos”.

En el presente caso, revisada la Convocatoria n.º 431 de 2016 –Distrito Capital,
y la actuación administrativa que la rodea, se encuentra que en su artículo 12
se señala que todos los actos administrativos que interesan al proceso de
selección, así como la convocatoria misma, serían publicados en la página web
de la CNSC y/o en el enlace SIMO (Sistema de Apoyo, para la igualdad, el
Mérito y la Oportunidad).

Así mismo, el artículo 14 de la Convocatoria señala, que era deber de cada
aspirante verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos para
el desempeño del empleo al cual se inscribió, para lo cual debía consultar la
Oferta Pública de Empleo, también publicada en la página web de la CNSC,
en la que se encontraban definidos los perfiles de acuerdo a los Manuales de
Funciones de las entidades convocantes.

Así las cosas, en el marco de la Convocatoria n.° 431 de 2016, se cumplió con
la normatividad especial aplicable a los concursos de méritos, en materia de
publicidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo del proceso de
selección, contenidas en la Ley 909 de 2004. […]».

De esta manera, según el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia que
sobre el tema existe en esta Sección, resulta válida la publicación de la OPEC en
la página web de las entidades involucradas en los concursos de méritos, sin que
sea necesario que esta se incluya en el texto de los acuerdos que reglamentan las
convocatorias.

(iii) Caso concreto

La Sala considera que en lo relativo a este problema jurídico tampoco le asiste
razón a la parte demandante, porque en el parágrafo 1.° del artículo 10 del Acuerdo
CNSC-20171000000446 del 28 de noviembre de 2017 se previó que los aspirantes
debían consultar bajo su responsabilidad la OPEC registrada por la Alcaldía de
Jamundí y que esta estaba «debidamente publicada en la página web de la
Comisión Nacional del Servicio Civil www.cnsc.gov.co enlace: SIMO»64.

Además, en el aviso público suscrito por el presidente de la CNSC y el alcalde de
Jamundí, en el que se invitaba a toda la ciudadanía a participar en el Proceso de
Selección 437 de 2017, se advirtió claramente lo siguiente:

63
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 27 de junio de 2018, rad.
11001032500020170021200 (1219-2017).
64
Folio 3 ·vuelto) del cuaderno físico principal expediente 1846-2018.

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«Para consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera- OPEC* (*Detalle de
OPEC: denominación, código, grado salarial, asignación básica, número de
empleos a proveer, ubicación, funciones y perfil de competencias requerido en
términos de estudios, experiencia, conocimientos, habilidades y aptitudes), así
como las fechas de inscripción y pruebas del concurso ingrese al aplicativo
SIMO, habilitado en la página: www.cnsc.gov.co en el link
http://simo.cnsc.gov.co/»65.

Esto, para la Subsección, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909
de 2004 y a lo indicado por la jurisprudencia de esta Sección, y no representa
ninguna vulneración al debido proceso para quienes estuvieron interesados en
participar en el concurso de méritos de la Alcaldía de Jamundí, pues no se les ocultó
la información acerca de los empleos ofertados por el ente territorial.

En conclusión: La expedición de los acuerdos acusados fue regular, ya que la
OPEC se publicó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909
de 2004.

9.2.3. Tercer problema jurídico

Subproblema 1. ¿El Acuerdo CNSC-20171000000446 del 28 de noviembre de
2017 fue proferido con violación de las normas en que debía fundarse por
desconocimiento del literal c del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y del artículo 13
del Decreto 1227 de 2005, sobre el contenido mínimo de las convocatorias
adelantadas por la CNSC?

Tesis de la Sala: El acto administrativo demandado reúne los requisitos sobre el
contenido mínimo de las convocatorias que exige el artículo 2.2.6.3 del Decreto
1083 de 2015, que compiló lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005
y, por lo tanto, no violó las disposiciones invocadas en este aspecto. Esta tesis se
fundamenta en lo siguiente:

Sobre el contenido mínimo de la convocatoria, el Decreto 1083 de 2015, único
reglamentario del Sector Administrativo de la Función Pública, compiló en su
artículo 2.2.6.3 el contenido del artículo 13 del Decreto 1227 de 2005 y dispuso lo
siguiente:

«ARTÍCULO 2.2.6.3. Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del
Servicio Civil elaborar y suscribir las convocatorias a concurso, con base en
las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los empleos
definidos por la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual
específico de funciones y requisitos.

La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión
Nacional del Servicio Civil, a la administración, a la entidad que efectúa el

65
El aviso puede consultarse en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil en el
siguiente link: https://historico.cnsc.gov.co/index.php/suscripciones-437-de-2017-valle-del-cauca.

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concurso, a los participantes y deberá contener mínimo la siguiente
información:

1. Fecha de fijación y número de la convocatoria.
2. Entidad para la cual se realiza el concurso, especificando si es del orden
nacional o territorial y el municipio y departamento de ubicación.
3. Entidad que realiza el concurso.
4. Medios de divulgación.
5. Identificación del empleo: denominación, código, grado salarial,
asignación básica, número de empleos por proveer, ubicación, funciones
y el perfil de competencias requerido en términos de estudios, experiencia,
conocimientos, habilidades y aptitudes.
6. Sobre las inscripciones: fecha, hora y lugar de recepción y fecha de
resultados.
7. Sobre las pruebas a aplicar: clase de pruebas; carácter eliminatorio o
clasificatorio; puntaje mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias;
valor de cada prueba dentro del concurso; fecha, hora y lugar de
aplicación.
8. Duración del período de prueba;
9. Indicación del organismo competente para resolver las reclamaciones que
se presenten en desarrollo del proceso, y
10. Firma autorizada de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

PARÁGRAFO. Además de los términos establecidos en este decreto para
cada una de las etapas de los procesos de selección, en la convocatoria
deberán preverse que las reclamaciones, su trámite y decisión se efectuarán
según lo señalado en las normas procedimentales».

Al respecto, el señor Alexander Morales Lora consideró que el Acuerdo CNSC-
20171000000446 del 28 de noviembre de 2017 no satisfizo los requisitos de ley por
no haber contemplado el número de la convocatoria; la OPEC con la identificación
de las principales características y requerimientos de los empleos; al igual que la
fecha, hora y lugar tanto de las inscripciones como de la aplicación de las pruebas.
En tales condiciones, la Sala procederá a estudiar cada uno de los aspectos
cuestionados por el demandante.

En cuanto al requisito relativo a la asignación del número de la convocatoria, se
encuentra satisfecho, lo cual puede constatarse en el artículo 1 del mencionado
acuerdo que expresamente especifica que el concurso de méritos «[…] se identificará
como “Proceso de Selección No. 437 de 2017 – Valle del Cauca”». Ahora bien, el hecho
de que la Convocatoria 437 de 2017 para el Valle del Cauca se hubiera realizado a
través del modelo de agrupación de entidades para ahorrar costos, y que el mismo
número de convocatoria comprende todos los organismos incluidos en ella, no
afecta la legalidad del acto administrativo demandado toda vez que: (i) no hay
norma expresa que prohíba realizar los procesos de selección bajo este modelo;
(ii) por el contrario, este se ajusta a los principios de economía en la función
administrativa (CP, art. 209) y de eficiencia en la ejecución de los procesos de
selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera
administrativa (L. 909/2004, art. 28, lit. i); y (iii) el concurso de la Alcaldía de
Jamundí se realizó de conformidad con las reglas específicas para ese ente
territorial.

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Por otra parte, en relación con el requisito de que trata el numeral 5.° del artículo
2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, relativo a la identificación de los empleos, se
observa que en el artículo 10 del acuerdo acusado se indicaron los niveles de los
empleos, el número de estos y de vacantes puestas a concursar, y además, no era
menester que la información detallada de la OPEC quedara consignada en el texto
del acto administrativo y bastaba su publicación en la página web de la CNSC, que,
según el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, es el medio de publicidad preferente en
las convocatorias.

De otro lado, el demandante sostuvo que la convocatoria no había previsto la fecha,
hora y lugar de las inscripciones. Frente a esto, se recuerda que el artículo 1566 del
acto acusado dio las pautas temporales de divulgación de la información del inicio
de la etapa de inscripciones, que fueron cumplidas por la CNSC, garantizando los
derechos de los aspirantes.

Similar previsión hizo respecto de la citación de la prueba escrita, al precisar en su
artículo 26 que «[…] La CNSC y/o la universidad o institución de educación que se
contrate para el desarrollo del concurso, informarán a través de su página web, la fecha a
partir de la cual los aspirantes admitidos en la etapa de verificación de requisitos mínimos
del “Proceso de Selección n.° 437 de 2017-Valle del Cauca”, deben ingresar con su usuario
y contraseña al SIMO o su equivalente, para consultar la fecha, hora y lugar de
presentación de las pruebas […]». Visto lo precedente, es plausible concluir que, si
bien el acuerdo no fijó fecha, hora y lugar exactos para llevar a cabo las
inscripciones y la aplicación de las pruebas, lo cierto es que sí se ocupó de
reglamentar expresamente la materia al disponer un procedimiento para darles a
conocer dicha información a los concursantes y, de esta forma, respetar las
garantías del debido proceso y de publicidad.

En conclusión: El acto administrativo demandado reúne los requisitos sobre el
contenido mínimo de las convocatorias que exige el artículo 2.2.6.3 del Decreto
1083 de 2015, que compiló lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005
y, por lo tanto, no violó las disposiciones invocadas en este aspecto.

Subproblema 2. ¿Al proferirse el acto administrativo demandado se violó lo
preceptuado en el artículo 7.° del Decreto 1227 de 2005 (modificado por el artículo
1.° del Decreto 1984 de 2012) y en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015,
modificado y adicionado por el artículo 1.° del Decreto 648 de 2017, debido a que
la convocatoria 437 de 2017 para los municipios del Valle del Cauca representa en
la práctica un «concurso público de méritos generales»?

Tesis de la Sala: Las normas invocadas como sustento de este subproblema
jurídico, que están relacionadas con el orden para la provisión definitiva de los
empleos de carrera, no fueron violadas por la CNSC y, por el contrario, el

66
Este artículo contempló el cronograma para la etapa de inscripciones, señalando frente al periodo
de ejecución que «[…] La Comisión informará con al menos diez (10) días hábiles de antelación, la
fecha de inicio y duración de esta actividad […]».

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reglamento de la convocatoria respetó estos preceptos, ya que estableció́ que las
listas de elegibles solo se utilizaran para proveer los empleos reportados en la
OPEC del proceso de selección específico de la Alcaldía de Jamundí.

Lo primero que hay que señalar es que, en realidad, las disposiciones invocadas
respecto de este problema jurídico se reducen a una sola, que es el artículo
2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, que compiló lo previsto en el artículo 7.° del
Decreto 1227 de 2005 (en su versión modificada por el artículo 1.° del Decreto 1984
de 2012), y que en el momento de la expedición del acto acusado había sido
modificado por el artículo 1.° del Decreto 648 de 201767. Aclarado lo anterior, se
transcribe lo estatuido en este precepto:

«Artículo 2.2.5.3.2 Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera.
La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en
cuenta el siguiente orden:
1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera
y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.
2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su
condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley
387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el
cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a
empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el
presente decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento
ocupe el primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue
objeto de convocatoria para la respectiva entidad.

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo
deberá́ adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad.
[...]».

El señor Alexander Morales Lora sostuvo que en el año 2012, con la expedición del
Decreto 1894, se eliminaron los órdenes de provisión de empleos contenidos en los
numerales 7.568 y 7.669 del artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, impidiendo el uso
de las listas de elegibles generales para proveer vacantes en el mismo empleo o
en empleos equivalentes, lo cual se incumplió por parte de la CNSC con el
adelantamiento de una convocatoria que incluía a todo el departamento del Valle
del Cauca.

Frente a esto, la Sala considera que no le asiste razón al demandante en la medida
en que, como se mencionó en el anterior problema jurídico, no existe ningún
impedimento para realizar las convocatoria mediante el modelo de agrupación de

67
Debe tenerse en cuenta que esta disposición fue objeto de una modificación posterior por el
artículo 1.º del Decreto 498 de 2020.
68
«7.5. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer
puesto en lista de elegibles vigente, resultado de un concurso general».
69
«7.6. Con la persona que haga parte del Banco de Lista de Elegibles, de acuerdo con el
reglamento que establezca la Comisión Nacional del Servicio Civil»

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entidades y no existe ninguna disposición en el acuerdo acusado que deje entrever
que los cargos de carrera administrativa objeto del concurso de méritos no vayan a
ser ocupados con la persona que en el momento en que deba producirse el
nombramiento ocupe el primer puesto en la lista de elegibles, para el empleo
específico que fue objeto de convocatoria en la respectiva entidad.

Por el contrario, el parágrafo del artículo 54 del acuerdo compilatorio del concurso
de la Alcaldía de Jamundí consagra que «las listas de elegibles solo se utilizarán para
proveer los empleos reportados en la OPEC de este proceso de Selección, con fundamento
en lo señalado en el Decreto 1894 de 2012, mientras este se encuentre vigente». Por lo
precedente, en lo relativo a este problema jurídico tampoco se configura la violación
normativa alegada.

En conclusión: Las normas invocadas como sustento de este problema jurídico,
que están relacionadas con el orden para la provisión definitiva de los empleos de
carrera, no fueron violadas por la CNSC y, por el contrario, el reglamento de la
convocatoria respetó estos preceptos, ya que estableció́ que las listas de elegibles
solo se utilizarán para proveer los empleos reportados en la OPEC del proceso de
selección específico de la Alcaldía de Jamundí.

Subproblema 3. ¿El Acuerdo CNSC-20171000000446 del 28 de noviembre de
2017 viola el artículo 229 del Decreto Ley 19 de 2012 por prever en su artículo 17
que la experiencia profesional de los aspirantes que obtuvieron su título profesional
en una fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley 842 de 2003, se debía contar
a partir de la expedición de la matrícula profesional?

Tesis de la Sala: El acuerdo acusado no viola el artículo 229 del Decreto Ley 19
de 2012 pues se ajusta a los parámetros de cómputo de la experiencia profesional
para la función pública que prevé esa norma y, en lo relacionado con la Ley 842 de
2003, esta se aplica como precepto especial únicamente para las disciplinas
académicas o profesiones relacionadas con la ingeniería. Esto, con base en lo que
se expone a continuación:

La Ley 842 de 2003, «Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el
Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones», previó lo siguiente en
su artículo 12 respecto de la experiencia profesional:

«Artículo 12. Experiencia profesional. Para los efectos del ejercicio de la
ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la
experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición
de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional,
respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de
inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a
la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen
auténticas». (negrilla fuera del texto original)

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En la sentencia C-296 de 2012, que declaró exequible el citado artículo 12 de la
Ley 842 de 2003, la Corte Constitucional explicó que, aunque la norma prevé la
exigencia de mayores requisitos en el cómputo de la experiencia profesional,
esta se justifica en la necesidad de verificar el grado de idoneidad y experticia
respecto de la práctica de la profesión pues la ingeniería y profesiones afines

«[…] implican un mayor riesgo para la sociedad que se determina por el
alto grado de confianza y responsabilidad que se deposita en las
personas que llevan a cabo dichas actividades. Además, no puede
dejarse de lado el hecho de que, aún los pequeños errores de diseño,
cálculo, planeación y mantenimiento pueden producir consecuencias
graves e irremediables para los ciudadanos como son pérdidas en vidas
humanas, lesiones a la integridad personal y daños materiales
considerables […]»

Dentro de ese contexto, la providencia destacó que la Ley 842 de 2003 es una
norma especial y que requisitos como los contenidos en su artículo 12 resultan
acordes con el artículo 26 de la Constitución Política que faculta al legislador para
exigir títulos de idoneidad frente al ejercicio de ciertas profesiones en cuanto
impliquen un riesgo social.

Dicho lo anterior, es importante señalar que el Decreto Ley 19 de 201270, al
ocuparse de trámites, procedimientos y regulaciones del sector administrativo de la
función pública, previó que la experiencia profesional se contabilizaría así:

«ARTÍCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las
diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la
experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior.

Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema
de seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se
computará a partir de la inscripción o registro profesional».

Una lectura armónica de los artículos previamente citados, que además tenga en
consideración los motivos a los que obedecen, conduce a concluir que ambas
normas se encuentran vigentes. Mientras que el Decreto Ley 019 prevé de manera
general la forma en que debe efectuarse el conteo de la experiencia profesional
para ocupar un empleo público, la Ley 842 da cuenta de una norma especial que
regula un grupo específico de profesiones como la ingeniería y otras que le sean
afines.

Esa hermenéutica no resulta extraña a esta Corporación pues fue adoptada por la
Sección Quinta en sentencia del 13 de diciembre de 201671 y, más recientemente,

70
«Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública».
71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de
diciembre de 2016, radicado 76001-23-33-000-2016-00525-01.

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en auto del 2 de octubre de 2017, proferido en sala unitaria por la Sección Primera.
En este último se indicó lo siguiente sobre el particular:

«[P]or regla general, como requisito para desempeñar empleos públicos, la
experiencia profesional es la que se adquiere a partir de la terminación y
aprobación del pénsum académico de la respectiva formación profesional, a
menos de que la ley disponga otra cosa. […]

Ahora bien, La Ley 842 modificó la reglamentación del ejercicio de la
ingeniería, de sus profesiones afines y auxiliares y adoptó el Código de Ética
Profesional. A partir de su vigencia, para el ejercicio de empleos públicos en
ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, solo se
contabiliza como experiencia profesional la obtenida después del otorgamiento
de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, tal como
se establece en el artículo 12 de dicha disposición.

Es decir, que se trata de una norma especial, por lo que, en principio, no
aparecen razones suficientes para considerar que el Decreto proferido con
posterioridad la haya derogado, dado que, de una parte, la experiencia
profesional para la ingeniería y carreras afines se encuentra específicamente
definida en la Ley 842 y, de otra, el Decreto 019 de 2012 se refirió a los
procedimientos de la «función pública», tal y como lo dispone el Capítulo XIX,
en el cual se encuentra el artículo 229 invocado por los demandantes […]»72
(Negrita fuera de texto).

En el caso concreto, el artículo 17 del Acuerdo CNSC-20171000000446 del 28 de
noviembre de 2017 consagra las definiciones de los conceptos asociados a la
convocatoria del concurso de méritos que aquí se estudia y, sobre la experiencia
profesional, señala lo que se transcribe a continuación:

«Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y
aprobación del pénsum académico de la respectiva formación profesional, en
el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica
exigida para el desempeño del empleo.

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el
Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se
computará a partir de la inscripción o registro profesional de conformidad con
la Ley 1164 de 2007.

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con
Ingeniería, la experiencia profesional se computará de la siguiente manera:

• Si el aspirante obtuvo su título profesional antes de la vigencia de la
Ley 842 de 2003, la experiencia profesional se computará a partir de la
terminación y aprobación del pensum académico respectivo.
• Si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la
Ley 842 de 2003, la experiencia profesional se computará a partir de la
fecha de expedición de la matricula profesional.
• En caso de que el empleo ofertado contemple como requisito de
estudios, además de la Ingeniería y Afines, otros Núcleos Básicos del
Conocimiento diferentes a este, la experiencia profesional para ese

72
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 2 de octubre
de 2017, radicado 11001-03-24-000-2015-00502-00.

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empleo se computará a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior o el diploma.

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará
experiencia profesional. […]».

De lo anterior se puede observar que lo que hizo el acuerdo enjuiciado fue replicar
lo previsto en el artículo 229 del Decreto Ley 19 de 2012 que prevé como regla
general el cómputo de la experiencia profesional desde el momento en que se
termina y aprueba el pensum académico. Ahora, como una excepción a dicha regla,
el mismo acto dispuso que tratándose de las disciplinas académicas o profesiones
relacionadas con la ingeniería el conteo de dicha experiencia sería a partir de la
expedición de la matrícula para quienes obtuvieron el título después de la entrada
en vigor de la Ley 842 de 2003. Esto, según se expuso, resulta acorde con el criterio
de especialidad que hace que, en el caso de la ingeniería y afines, deban preverse
estándares más altos para minimizar los riesgos sociales asociados al ejercicio de
dichas profesiones.

De esta manera, dado que el acto administrativo acusado cumplió con lo
consagrado en las normas que le son superiores respecto del cómputo de la
experiencia profesional, tampoco hay lugar a acceder a las pretensiones elevadas
por los cargos estudiados en este subproblema jurídico.

En conclusión: El Acuerdo CNSC-20171000000446 del 28 de noviembre de 2017
no viola el artículo 229 del Decreto Ley 19 de 2012 pues se ajusta a los parámetros
de cómputo de la experiencia profesional para la función pública que prevé esa
norma y, en lo relacionado con la Ley 842 de 2003, esta se aplica como precepto
especial únicamente para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas
con la ingeniería.

10. DECISIÓN

Por las anteriores consideraciones, se denegarán las pretensiones de las
demandas instauradas en ejercicio del medio de control de nulidad simple,
tramitadas mediante los procesos con radicados 11001-03-25-000-2018-01717-00
(6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Denegar las pretensiones de las demandas objeto de este medio de
control, presentadas por los señores Pedro Antonio Sánchez Rojas y Alexander
Morales Lora, en contra de la CNSC y el Municipio de Jamundí.

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Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático Samai de esta Corporación.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
(En comisión)

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