Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00296-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00296-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2015-00296-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2015-00296-00 (0597-2015)
Demandante: SINTRACOL
Demandado: Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
Temas: Concurso de méritos
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1.Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el Sindicato Nacional de Empleados Públicos de las
Contralorías de Primer Grado y de Rama de Actividad Económica- SINTRACOL
contra la Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,2 el Sindicato Nacional de Empleados Públicos de las Contralorías de
Primer Grado y de Rama de Actividad Económica- SINTRACOL,3 actuando por
intermedio de apoderado, solicitó la nulidad del Acuerdo 463 de 2 de octubre de
2013 «por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes de la Carrera Administrativa de la Contraloría
Distrital de Barranquilla- Convocatoria No. 286 de 2013» proferido por la CNSC.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. La parte demandante señaló que el acto acusado vulnera los artículos 13 y 29 de
la Constitución Política y el Decreto Ley 785 de 2005.
1 Índice 1 del expediente.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.
3 Hoy Sindicato Nacional de servidores públicos del Atlántico y de Colombia, de primer grado y rama de actividad
económica con sigla “SINSERPUACOL” Índice 62 de Samai..
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Demandante: SINTRACOL
4. Al desarrollar el concepto de violación, la parte demandante planteó los
siguientes cargos:
i) El proceso precontractual y contractual que dio lugar a la expedición del
MEFCL4 fue irregular, pues mediante oficio interno SG-012-002-0319-11 del 30
de noviembre de 2011, suscrito por las interventoras del contrato, se indicó que,
a la fecha, el manual de funciones no estaba listo, y que el mismo debía ser
entregado a la CNSC el 30 de diciembre de 2011. Posteriormente, en oficios
presentados el 1 de diciembre de 2011, el contratista solicitó la entrega de una
documentación necesaria para cumplir con sus obligaciones contractuales, pero
ante el incumplimiento renunciaron dos (2) de las cuatro (4) funcionarias
designadas como parte del equipo interventor.
ii) A pesar de lo anterior, el 4 de enero de 2012 se suscribió el acta de recibo a
satisfacción del objeto del contrato 020 de 21 de octubre de 2011, y esta además
de ser expedida «de manera maratónica», fue firmada por «un funcionario al
menos que no suscribió el contrato».
iii) En el mes de enero del año 2012, la entidad profirió varias certificaciones a
diferentes servidores en las que dejó constancia de los requisitos de los cargos y
sus funciones, que eran los mismos establecidos en el manual de funciones
anterior al que se expidió mediante Resolución 001 de 4 de enero de 2012, lo
que demuestra que este último no existía.
iv) En sentencia del 4 de julio de 2013,5 el Consejo de Estado anuló los artículos
8 y 10 del Acuerdo 12 de 1998, proferido por el Concejo de Barranquilla «por
medio de la cual se modifican los presupuestos del Consejo Distrital, Personería
Distrital de Barranquilla y se dicta la Planta de Personal de las mismas y otras
disposiciones» y, en consecuencia, se suprimieron al menos 48 cargos, por lo
que una vez en firme la decisión, deberán implementarse acciones para
reintegrar a los servidores cuyos empleos fueron suprimidos. En ese sentido
varios de los cargos ofertados deberán ser dispuestos para ser provistos por
personas con derecho a ser reintegradas, por lo que debían ser excluidos de la
convocatoria.
v) En la Convocatoria 286 de 2013 se ofertaron cargos que estaban provistos
por quienes estaban protegidos por el retén social, es decir, padres de cabeza de
familia y prepensionados.
vi) El manual de funciones y competencias laborales fue modificado a través de
Resolución 001 del 4 de enero de 2012, que está viciada, pues para su
expedición no se cumplió con las jornadas de trabajo de campo, la socialización
4 Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
5 Radicado 080012331000020090074001(1994-2011)
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Demandante: SINTRACOL
obligatoria y «el levantamiento cabal de los manuales de funcionales y
elaboración de perfiles de cargos y el respectivo diccionario de competencias
laborales».
vii) En la convocatoria se modificaron los perfiles, conocimientos básicos y
funciones esenciales de la totalidad de los empleos ofertados en la OPEC,
después de haberse vencido el término para ello.
viii) En la prueba de conocimiento se evaluó a los participantes de diferentes
OPEC y de distintos niveles bajo los mismos ejes temáticos, lo que vulnera los
principios al debido proceso e igualdad material en tanto que la prueba no era
compatible con el cargo al que se aspiraba y además introdujo temas que no
correspondían con las exigencias que había solicitado la Contraloría Distrital de
Barranquilla en relación con los ejes temáticos.
ix) De acuerdo con los informes que reposan en la página electrónica oficial de
la CNSC, el número de aspirantes citados a presentar la prueba es superior al
que se reportó en la página en el «listado definitivo de admitidos y no admitidos».
x) El acto acusado exigió como requisito sustancial para inscribirse la tarjeta o
matrícula profesional a pesar de que el manual de funciones no lo exigía y de que
el artículo 7 del Decreto Ley 785 de 2005 prevé que los estudios se acreditan con
la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados.
xi) La Ley 842 de 2003 establece que se requiere tramitar y ostentar tarjeta
profesional en todas las profesiones que presupongan un riesgo social, sin
embargo, de acuerdo con la política, misión y visión de la Contraloría Distrital de
Barranquilla, no se desarrollan actividades que generen un riesgo social que
justifique la exigencia de dicho requisito.
1.2. Contestación de la demanda
5. La CNSC6 se opuso a las pretensiones de la demanda en razón a que el acto
enjuiciado se profirió con base a las disposiciones constitucionales y legales
vigentes al momento de su expedición. Al respecto, planteó los siguientes
argumentos:
i) El reporte de la OPEC fue acorde con la información suministrada por la
Contraloría Distrital de Barranquilla, mediante oficio 44513 de 23 de septiembre
de 2013, de tal manera que, si existe un empleo de carrera no ofertado dentro de
la convocatoria, ello no obedece a una omisión de la CNSC, pues esta entidad
no está encargada de la dirección de la planta de personal de la Contraloría.
6 Folio 418 del expediente
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Demandante: SINTRACOL
ii) Las pruebas se agrupan en ejes temáticos, ya que algunos de los empleos
giran en torno a funcionales similares. Esto constituye una herramienta utilizada
por la CNSC para organizar concursos de méritos a través de evaluaciones
específicas dependiendo del propósito y funciones a desempeñar en cada
empleo, de manera que los concursantes participan en condiciones de igualdad.
iii) Los requisitos exigidos para el desempeño de los cargos ofertados
corresponden integralmente a lo señalado por el Manual Específico de Funciones
y de Competencias Laborales vigente. En el acuerdo demandado, se previó como
requisito la obligatoriedad de allegar la tarjeta profesional en los casos previstos
por la Ley, por lo que ésta debía aportarse en tales casos sin que exista
posibilidad de demostrar el cumplimiento de este requisito con la documentación
que a bien tengan los aspirantes.
iv) En desarrollo de la convocatoria demandada se consolidó un número plural
de listas de elegibles que a la fecha se encuentra en firme, por lo que se han
generado derechos subjetivos en cabeza de quienes conforman dichas listas, lo
que implica que en caso de que prosperen las pretensiones de la demanda
puedan afectarse derechos subjetivos de terceros de buena fe.
6. La Contraloría Distrital de Barranquilla no contestó la demanda.
7. Intervención de los coadyuvantes7
8. Los coadyuvantes de la parte demandante solicitaron a la Sala acceder a las
súplicas de la demanda. Al respecto, indicaron que, pesar de las directrices
previstas en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, la convocatoria solo fue suscrita
por la CNSC, mas no por el jefe de la Contraloría Distrital de Barranquilla como
entidad corresponsable del proceso.
II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
9. Por auto del 29 de julio de 2016 esta corporación admitió la demanda.
10. En auto del 15 de agosto de 2025, se reconocieron coadyuvancias8 y se corrió
traslado de la demanda a la Contraloría Distrital de Barranquilla.
7 Índice 42 de Samai.
8 Sandra Araceli Basabe Zabala, William Rafael Mesa Ortiz, Tatiana Bibiana Brugés Obregón, Nidia Esther
Márquez Olayo, Víctor Manuel Bustamante Pedroza, Ricardo Pardo Camargo, Ramón Antonio Serje Peña, Luz
Karime Camacho Galeano, Walter Enrique Gual Molina, Rafael Pulgar Cárcamo, Carlos Cesar Domínguez
Surmay, Jarlynton German Cohen Tobón, Carlos Andrés Gómez Wandurraga, Efraín Antonio Maury Jiménez,
Olga Padilla Elles, Iván Alfredo Carreño Barrios, Candelaria María Ospina Gutiérrez y Tatiana Viana Martínez.
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Demandante: SINTRACOL
11. Mediante auto de 28 de noviembre de 2025, el despacho evidenció la posibilidad
de emitir sentencia anticipada dentro del sub-lite, en los términos del artículo 182A
del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 ibidem; b) resolver sobre las pruebas aportadas y
solicitadas; c) fijar el litigio; d) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para
presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.9
2.2. Alegatos de conclusión
12. Las partes demandante y demandada guardaron silencio.
2.3. Ministerio Público
13. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
14. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Problema jurídico
15. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo 463 de 2 de octubre de
2013 está viciado de nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en
que debía fundarse, en los términos alegados por la parte actora.
3.2. Texto del acto demandado
16. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón
a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al
sub lite, cuyo tenor es el siguiente:
ACUERDO № 463 del 2 de octubre de 2013
Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente
los empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría Distrital de
Barranquilla- Convocatoria No.286 de 2013
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC
En ejercicio de las facultades que le otorga el parágrafo 2, artículo 3 de la Ley 909
de2004 en acatamiento de las sentencias C-073 de 2006 y C-175 de 2006 de la Corte
Constitucional ratificadas por la Sentencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado mediante conceptos de 2013, y
[…]
ACUERDA:
9 Índice 62 de Samai
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Demandante: SINTRACOL
[…]
ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA Convocase a concurso abierto de méritos para
proveer de manera definitiva ciento cinco (105) vacantes de empleos de carrera
administrativa de la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA que se
identificará como
CAPÍTULO II
EMPLEOS Y VACANTES CONVOCADOS
ARTÍCULO 11. OFERTA PÚBLICA: Los empleos vacantes de la oferta Pública de la
CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA que se convoca mediante este
concurso abierto de méritos, es como sigue:
DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO NO. DE VACANTES
NIVEL PROFESIONAL
Profesional Especializado 222 1 2
Profesional Especializado 222 2 5
Profesional Universitario 219 3 16
Profesional Universitario 219 4 21
TOTAL PROFESIONAL 44
NIVEL ASISTENCIAL
Auxiliar Administrativo 407 1 2
Auxiliar Administrativo 407 2 9
Auxiliar Administrativo 407 3 15
Auxiliar Administrativo 407 4 20
Secretario Ejecutivo 425 4 2
Secretario 440 5 3
Auxiliar Administrativo 407 6 4
Operario 487 1 2
Auxiliar de Servicios Generales 470 2 4
TOTAL ASISTENCIAL 61
TOTAL VACANTES A PROVEER 105
[…]
3.3. Generalidades del sistema de carrera administrativa
17. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
18. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.
19. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
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Demandante: SINTRACOL
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.
20. Ahora bien, respecto de la facultad de administrar la carrera administrativa de las
Contralorías Territoriales el parágrafo 2 del artículo 3 de la citada Ley 909 de 2004,
señala lo siguiente:
Artículo 3º. Campo de aplicación de la presente ley.
[…]
Parágrafo 2º. Mientras se expidan las normas de carrera para el personal de las
Contralorías Territoriales y para los empleados de carrera del Congreso de la
República les serán aplicables las disposiciones contenidas en la presente ley.
21.La sección segunda de esta corporación, mediante auto de 15 de junio de
2015,10 señaló que de conformidad con el parágrafo 3 de la Ley 909 de 2004, la
CNSC estaba transitoriamente habilitada para administrar el Sistema Especial de
Carrera Administrativa de las Contralorías Territoriales hasta tanto se expidieran las
normas de carrera para el personal de estas entidades. Al respecto señaló:
Como bien lo anotó esta Corporación, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de
27 de febrero de 2013, con ponencia del magistrado Augusto Hernández Becerra, “si
bien es cierto que la administración y vigilancia del sistema especial de carrera
administrativa es competencia de las mismas Contralorías Territoriales por disposición
constitucional, también es cierto que, mientras se expide la ley especial, la Ley 909 de
2004, dispuso que la Comisión Nacional del Servicio Civil puede extender su campo de
acción a las Contralorías Territoriales con el propósito de salvaguardar los fines
esenciales del Estado y propender por la eficiencia en la gestión del mismo.”.
De acuerdo con lo expuesto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º, parágrafo 3º de
la Ley 909 de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil se encuentra transitoriamente
habilitada para administrar la carrera administrativa especial de las Contralorías
Territoriales, ello mientras se expidan las normas de carrera para el personal de dichas
Contralorías. Es de precisar, que, en desarrollo de dicha tarea principal de administrar la
carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil, por orden del artículo 11,
numerales a) y c), de la Ley 909 de 2004, tiene las funciones de establecer los
lineamientos generales con que se desarrollan los procesos de selección para la
provisión de los empleos de carrera administrativa y elaborar las convocatorias a
concurso para el desempeño de dichos empleos.
3.4. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad
22. A continuación, se estudiarán en forma agrupada los cargos de nulidad expuestos
con miras a resolver integralmente el debate.
10 Auto de 15 de junio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad
110010325500020140129200 (4165-2014). CP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: SINTRACOL
3.4.1. Irregularidades en la expedición del manual de funciones
23. La parte demandante señaló que el proceso precontractual y contractual que dio
lugar a la expedición del MEFCL11 fue irregular, pues mediante oficio interno SG-
012-002-0319-11 del 30 de noviembre de 2011, suscrito por las interventoras del
contrato, se indicó que, a la fecha, el manual de funciones no estaba listo, y que el
mismo debía ser entregado a la CNSC el 30 de diciembre de esa anualidad.
24. Indicó que, con posterioridad, en oficios presentados el 1 de diciembre de 2011,
el contratista solicitó la entrega de una documentación necesaria para cumplir con
sus obligaciones contractuales, pero ante el incumplimiento renunciaron dos (2) de
las cuatro (4) funcionarias designadas como parte del equipo interventor.
25. A pesar de lo anterior, el 4 de enero de 2012 se suscribió el acta de recibo a
satisfacción del objeto del contrato No. 020 de 21 de octubre de 2011, y esta además
de ser expedida «de manera maratónica», fue firmada por «un funcionario al menos
que no suscribió el contrato».
26. Asímismo, la parte demandante indicó que el manual de funciones y
competencias laborales fue modificado mediante Resolución 001 del 4 de enero de
2012, sin embargo, para su expedición no se cumplió con las jornadas de trabajo
de campo, la socialización obligatoria y «el levantamiento cabal de los manuales de
funciones y elaboración de perfiles de cargos y el respectivo diccionario de
competencias laborales, por lo que éste se encuentra viciado»
27. Finalmente manifestó que, el mes de enero del año 2012, la entidad profirió varias
certificaciones a diferentes servidores en las que dejó constancia de los requisitos
de los cargos y sus funciones, que eran los mismos establecidos en el manual de
funciones anterior al que se expidió mediante Resolución 001 de 4 de enero de
2012, lo que demuestra que este último no existía.
28. Ahora bien, se aclara que lo relevante al proceso de selección es la OPEC, en
tanto constituye el elemento mediante el cual se integra el MEFCL al acuerdo de
convocatoria y fue el insumo para desarrollar la etapa de planeación del
concurso, pues la convocatoria se surtió con base en la OPEC reportada por la
Contraloría Distrital de Barranquilla situación que condujo a que la CNSC estimara
el documento idóneo para estructurar el certamen. Además, el demandante no
cuestionó la validez de la resolución que contenía el MEFCL.
29. Porlo tanto, el cargo de anulación por irregularidades en la expedición del
MEFCL no controvierte en estricto sentido a la convocatoria ni a sus requisitos de
existencia, validez, eficacia u oponibilidad. Entendiendo a los primeros como el
órgano que expide la decisión y su contenido; los de validez, que son relativos a la
11 Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
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voluntad y las formalidades o el procedimiento, y la eficacia u oponibilidad, en
relación con las ritualidades necesarias para que sea capaz de producir efectos
jurídicos.
3.4.2. Omisión de acciones para el reintegro de cargos suprimidos
30. La parte demandante señaló que en sentencia de 4 de julio de 2013, el Consejo
de Estado declaró la nulidad de los artículos 8 y 10 del Acuerdo 12 de 1998,
proferido por el Concejo de Barranquilla «por medio de la cual se modifican los
presupuestos del Consejo Distrital, Personería Distrital de Barranquilla y se dicta la
Planta de Personal de las mismas y otras disposiciones», y en consecuencia, se
suprimieron al menos 48 cargos, por lo que una vez firme la decisión, deberán
implementarse acciones para reintegrar a los servidores cuyos empleos fueron
suprimidos. En ese sentido varios de los cargos ofertados deberán ser dispuestos
para ser provistos por personas con derecho a ser reintegradas, por lo que debían
ser excluidos de la convocatoria.
31. Al respecto, la Sala advierte que, en caso de que existan personas con derecho
a ser reintegradas en algunos de los cargos ofertados por la Contraloría Distrital de
Barranquilla, dicho reparo a situaciones particulares cuyo análisis escapa a la
naturaleza del medio de control incoado.
32. En tal sentido, esta corporación ha explicado que la demanda de simple nulidad
se encamina a restaurar el ordenamiento jurídico que ha sido quebrantado por la
administración al expedir actos violatorios de normas superiores, mientras que la de
nulidad y restablecimiento del derecho, además de la anotada finalidad, se orienta
a restablecer un derecho subjetivo que resultó afectado por los actos de la
administración. 12
33. Bajo este contexto, la Sala carece de competencia para revisar las situaciones
particulares anotadas por los actores, pues ello no guarda congruencia con el
interés general y la salvaguarda del principio de legalidad que reivindica este medio
de control.
3.4.3. Protección a sujetos en condición de vulnerabilidad
34. El accionante reprochó que la comisión de personal de la entidad no informó los
cargos que debían ser excluidos de la OPEC porque los servidores se encontraban
en condición de vulnerabilidad y eran sujetos de especial protección.
35. Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que, en el sistema de carrera
administrativa, por regla general, los cargos oficiales deben ser provistos mediante
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 11 de febrero de 2014
radicado 54001233300020120008901.
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Demandante: SINTRACOL
un concurso público de méritos. De ahí que los nombramientos en provisionalidad
o encargo son una excepción.13
36. No obstante, se ha determinado que los nombramientos en provisionalidad son
transitorios y otorgan a los empleados una estabilidad laboral relativa o intermedia,
de ahí que, estos pueden ser desvinculados por medio de acto motivado14.
37. Estacorporación, con base en lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-446 de 2011, ha considerado que la garantía de que gozan las
personas constitucionalmente protegidas «consiste en que deben ser los últimos en
ser desvinculados y, si es posible, nuevamente ser vinculados en forma provisional
en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando, para lo cual
deberán acreditar su situación para la época de desvinculación o en el momento del
posible nombramiento».15
38. En consecuencia, si bien es cierto que pueden existir empleados que estén
vinculados en provisionalidad y se encuentren en situaciones particulares que los
hagan merecedores de un tratamiento diferencial, tal circunstancia no puede
desplazar el derecho que adquiere quien ha superado todas las etapas de un
concurso de méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual aspiró. 16 De ahí que,
ofertar los cargos ocupados por personas en condiciones especiales no vicia de
nulidad la convocatoria.
3.4.4. Modificación de los perfiles y funciones de los empleos ofertados con
posterioridad al inicio de la convocatoria
39. En la convocatoria se modificaron los perfiles, conocimientos básicos y funciones
esenciales de la totalidad de los empleos ofertados en la OPEC, después de
haberse vencido el término para ello.
40. Ahora bien, el artículo 14 del Decreto 1227 de 200517 dispone que la convocatoria
puede ser modificada o complementada en cualquier aspecto, hasta antes de
iniciarse la etapa de inscripciones.
41. En el presente asunto se encuentra probado que el Acuerdo 463 del 2 de octubre
13 Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-290 de 2007, C-1177 de 2001, C-973
de 2001, C-973 de 2001, C-963 de 2003 y C-1230 de 2005.
14 Sobre el particular, en la sentencia T-245 de 2007, se explicó que «, la situación en que se encuentran estos
funcionarios está amparada por lo que se ha conocido como el ‘fuero de estabilidad’, el cual protege,
precisamente, dicha estabilidad intermedia de la que gozan estos trabajadores, la cual se opone a la posibilidad
de ser removidos sin que medie una justa causa que tenga como fundamento la calificación de desempeño, la
comisión de faltas disciplinarias o la provisión del cargo por concurso de méritos».
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 6 de febrero de 2025, radicado 11001-03-25-
000-2022-00266-00 (1630-2022).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001 03 25 000
2023 00042 00 (0818-2023).
17 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998». Esta norma es
anterior a la expedición del artículo 2.2.6.4. del Decreto 1083 «Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública».
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Demandante: SINTRACOL
de 2013 fue modificado mediante el Acuerdo 497 del 25 de octubre de 2013,18 que
precisó que la modificación del primero obedecía a una solicitud de la Contraloría
Distrital de Barranquilla para modificar la OPEC.
42. Así mismo, se encuentra demostrado que la etapa de inscripciones inició el 1 de
noviembre de 2013, pues así se indicó en la constancia proferida el 11 de noviembre
de 2016 por la Gerente de Convocatorias de Contralorías Territoriales de la CNSC19
y en la Resolución 497 del 25 de octubre de 2013, la CNSC, que precisó que
mediante aviso publicado el 25 de octubre de 2013 se informó a los aspirantes que
las inscripciones se realizarían partir de dicha fecha.
43. De acuerdo con lo anterior, la modificación de la convocatoria se realizó antes de
la etapa de inscripciones como lo establece el Decreto 1227 de 2005, ya que la
modificación se produjo mediante Resolución 497 de 25 de octubre de 2013 y las
inscripciones iniciaron el 1 de noviembre de 2013, por lo que este cargo no está
llamado a prosperar.
3.4.5. Irregularidades en las pruebas de conocimiento
44.La parte actora estima que la prueba de conocimiento evaluó a los participantes
de diferentes OPEC y de distintos niveles bajo los mismos ejes temáticos, lo que
vulnera los principios al debido proceso e igualdad material en tanto que la prueba
no era compatible con el cargo al que se aspiraba y, además, introdujo temas que
no correspondían con las exigencias que había solicitado la Contraloría Distrital de
Barranquilla en relación con los ejes temáticos.
45. Para la Sala, las afirmaciones del demandante no se encuentran acreditadas con
las pruebas allegadas al proceso, pues no se aportaron los manuales de funciones
que permitan establecer los perfiles de los empleos ofertados por las demás
contralorías territoriales y, en ese sentido, no es posible determinar si en atención a
las funciones, conocimientos y habilidades requeridos para el desempeño de los
cargos, podían ser evaluadas bajo los mismos ejes temáticos.
46. Las anteriores pruebas resultaban relevantes en atención a que las plantas de
personal y los manuales de funciones de las contralorías territoriales son distintas,
ya que de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 330 de 1996 (norma
vigente durante la expedición del acto acusado), «es atribución de las Asambleas
Departamentales, en relación con las respectivas Contralorías, determinar su
estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, a iniciativa de
los contralores».
18 https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/2025-02/acuerdo497barranquilla.pdf
19 Folio 361 del expediente.
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Demandante: SINTRACOL
47. Aunque se observa que se aportaron las OPEC de los cargos ofertados por otras
Contralorías territoriales que, a criterio de la parte demandante no debían ser
evaluados bajo los mismos ejes temáticos, éstas contienen únicamente los
requisitos de los empleos y las funciones de estos, pero no la información sobre los
conocimientos básicos esenciales para ello, lo que impide determinar bajo qué ejes
temáticos debían ser evaluados.
48. Ahora bien, de acuerdo con la guía de orientación al aspirante «convocatorias
256 a 314 de 2013 Contralorías Territoriales» la prueba sobre competencias básicas
y funcionales tienen como objetivo medir el grado de competencia presentada por
los concursantes en los ejes temáticos básicos requeridos por las contralorías.
49. El componente básico tiene dos núcleos temáticos: el común y el específico, en
el primero, se evalúan «las habilidades y conocimientos básicos que debe poseer
todo concursante en las contralorías independientemente del nivel jerárquico al que
corresponde el empleo por el cual se concurse» mientras que el núcleo específico
«evaluará las habilidades y conocimientos más propiamente relacionado con las
competencias básicas requeridas para el nivel jerárquico profesional, y aquellas
necesarias para determinar un empleo de nivel técnico y asesor».
50. En la misma guía, se indica que en el componente funcional, «tiene como
propósito apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación a los aspirantes al perfil de
los diferentes empleos» y en este, se evalúan «los componentes específicos de
carácter profesional, especializado o técnico inherentes al cargo según la ubicación
y el nivel del empleo convocado». Por ello, «las preguntas tendrán en cuenta los
objetivos del componente misional, el área y los procesos en los que se ubique el
cargo».
51. De acuerdo con lo anterior, para elaboración de las pruebas sobre competencias
básicas- funcionales, no se tienen en cuenta únicamente los requisitos para el
desempeño del empleo y las funciones del mismo, sino también los conocimientos
relacionados con competencias básicas, habilidades, nivel del empleo, su
componente misional y el área y los procesos en los que se ubique, por lo que, los
documentos de la OPEC de otras contralorías territoriales resultan insuficientes en
tanto no contienen esta información.
52. Además, se advierte que la parte demandante no precisó cuáles eran las
temáticas que en la aplicación de pruebas escritas no guardaban relación con los
cargos a proveer y, en su lugar, realizó reparos genéricos que imposibilitan el
análisis del despacho frente a este aspecto.
53. Así las cosas, es pertinente recordar que, si bien «la jurisdicción de lo contencioso
está facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
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Demandante: SINTRACOL
la demanda».20
54. Bajo dicho entendido, se observa que el demandante se limitó a expresar que las
pruebas de conocimiento no eran compatibles con los cargos a los que se aspiraba
y se incluían temas que no correspondían a las exigencias de la entidad, sin
embargo, no se aportaron pruebas tendientes a soportar tales censuras, por lo que
estos razonamientos tampoco tienen vocación de prosperidad.
3.4.6. Inconsistencias entre el número de aspirantes admitidos y los citados a
presentar la prueba
55. La parte demandante indicó que, de acuerdo con los informes que reposan en
la página electrónica oficial de la CNSC, el número de aspirantes citados a presentar
la prueba es superior al que se reportó en la página en el «listado definitivo de
admitidos y no admitidos».
56. En primer lugar, la Sala advierte que no se realizaron reparos frente a las
diferencias entre el número de aspirantes admitidos y los citados a la prueba frente
a un empleo ofertado en particular.
57. A pesar de lo anterior, la Sala advierte que al expediente se allegó el
«Consolidado de admitidos, no admitidos y aspirantes que no cargaron documentos
en la etapa de verificación de requisitos mínimos» de 18 de julio de 2014, expedido
por la CNSC, en el que se indicó el número de admitidos por empleos ofertados. 21
58. Así mismo, se aportó como prueba la «Guia básica de calificación de pruebas
básicas – funcionales» 22 proferida por la misma entidad, que contiene un
consolidado de resultados por empleo y en donde se indica el número de aspirantes
citados para cada uno de ellos.
59. Luego de contrastar lo anteriores documentos se observa que, para algunos
empleos de la Contraloría Distrital de Barranquilla el número de aspirantes que
fueron citados a las pruebas es superior al número de admitidos en el proceso de
selección.
Código del empleo Admitidos Citados
203414 169 90
203415 82 85
203416 249 266
203417 57 62
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado
1100103-25-000-2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias
proferidas por esta corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-
2018); ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de
marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136).
21 Folio 154 del expediente
22 Folio 220 del expediente
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Demandante: SINTRACOL
203418 40 42
203419 199 200
203420 199 205
203421 132 138
203422 4 4
203423 4 4
203424 3 3
203425 5 5
203426 17 17
60. Ahora bien, en la constancia proferida el 11 de noviembre de 2016 por la gerente
de Convocatorias de Contralorías Territoriales de la CNSC, se indicó que la CNSC
publicó el listado de inadmitidos y que otorgó un plazo de 2 días dentro de los cuales
los aspirantes podían reclamar su inclusión al proceso, y que, con posterioridad, se
expidió el listado definitivo de admitidos y no admitidos, que fue publicado el 20 de
agosto de 2014.
61. De acuerdo con lo anterior la Sala advierte que el «Consolidado de admitidos, no
admitidos y aspirantes que no cargaron documentos en la etapa de verificación de
requisitos mínimos de 18 de julio de 2014» no contenía el listado definitivo de los
aspirantes admitidos en la convocatoria, pues este se expidió con posterioridad el
20 de agosto de 2014.
62. Teniendo en cuenta que el listado definitivo de admitidos no se llegó al proceso,
las pruebas señaladas anteriormente permiten a la Sala inferir que la diferencia
entre el número aspirantes de admitidos y el número de citados a la prueba
señalados anteriormente, obedece a la posterior admisión de aspirantes que
inicialmente fueron inadmitidos como consecuencia de la decisión favorable de los
recursos contra la decisión inadmisoria.
63. Bajo las anteriores consideraciones, la Sala estima que éste cargo tampoco está
llamado a prosperar.
3.4.7. Exigencia de la tarjeta profesional
64. La parte demandante señaló que el acuerdo demandado exigió como requisito
sustancial para inscribirse al concurso que los aspirantes aportaran tarjeta o
matrícula profesional, a pesar de que el manual de funciones no exige este requisito
y de que el artículo 7 del Decreto Ley 785 de 2005 prevé que los estudios se
acreditarán con la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos
otorgados.
65. Precisó que la Ley 842 de 2003 establece que se requiere tramitar y ostentar
tarjeta profesional en todas las profesiones que presupongan un riesgo social, sin
embargo, estimó que de acuerdo con la política, misión y visión de la Contraloría
Distrital de Barranquilla, no se desarrollan actividades que generen un riesgo social
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Demandante: SINTRACOL
que justifique la exigencia de dicho requisito
66. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado el ejercicio de algunas
actividades implica riesgo social y por ello, la Constitución autorizó al legislador a
expedir títulos de idoneidad como lo son la tarjeta y/ o matricula profesional. A través
de la exigencia de estos documentos, el Estado garantiza que quien ejerce la
profesión tiene las competencias y aptitudes para ello. Textualmente se ha
expresado: 23
“como el ejercicio de algunas actividades implica riesgo social o requiere una
formación calificada y cierta pericia, la propia Carta autoriza al Legislador para exigir
títulos de idoneidad que den cuenta de la aptitud para su desempeño (CP, artículo
26)”.
[…]
Lo primero que debe señalarse es que el artículo 26 de la Constitución le otorga de
manera explícita al Legislador la facultad de exigir títulos de idoneidad frente a
determinada profesión. Los títulos de idoneidad, tal como lo señaló esta Corporación
en la Sentencia C-594 de 2019, garantizan que quien ejerce una profesión u oficio
tiene las competencias y aptitudes para ello.
166. Desde muy temprano, en la Sentencia T-554 de 1995 esta Corporación se
pronunció sobre la facultad de exigir títulos de idoneidad profesional y afirmó que “[e]n
uso de esa facultad, la ley puede establecer requisitos adicionales al título académico
[…], como, por ejemplo, exigir para el ejercicio de una profesión la matrícula o tarjeta
profesional”. En esta misma providencia la Corte señaló que el Legislador debe
proporcionar los medios y mecanismos administrativos para la obtención de tal
requisito, pues, de no hacerlo, la norma estaría limitando el derecho al trabajo, más
allá de lo permitido por la Constitución.
[…]
En conclusión, el establecimiento de títulos de idoneidad, entendidos como
exigencias adicionales al título académico para el ejercicio de una profesión, está
exclusivamente en cabeza del Legislador. Dado que la tarjeta profesional de
abogado constituye uno de esos títulos de idoneidad mediante el cual el Estado
garantiza que quien ejerce la abogacía tiene las competencias y aptitudes para ello,
su establecimiento está sometido a reserva de ley. [Resalta la Sala].
67. De acuerdo con lo señalado en dicha providencia, el ejercicio de algunas
actividades implica riesgo social o requiere una formación calificada y cierta pericia,
por lo que la Constitución autorizó al legislador para exigir títulos de idoneidad que
den cuenta la aptitud para su desempeño.
68. En cuanto a la noción de riesgo social en el contexto del ejercicio de una profesión
y la facultad del legislador para exigir títulos de idoneidad, se ha señalado lo
siguiente:24
23 Sentencia SU-128 de 2024.
24 Corte Constitucional, Sentencia C-549 de 2019.
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4.5.2. Lo dicho sobre los criterios, se complementa al considerar la noción de riesgo
social en sentido amplio y en sentido restringido25. En el primer sentido, dado que no
hay una profesión cuyo ejercicio no trascienda al individuo, podría decirse que
siempre habrá un riesgo. Por esta razón, la doctrina de este tribunal no ha empleado
este sentido, sino el segundo, que es más restrictivo, según el cual “(…) el concepto
de riesgo social no se refiere a la protección constitucional contra contingencias
individuales eventuales sino al amparo del interés general, esto es, a la defensa y
salvaguarda de intereses colectivos que se materializan en la protección de los
derechos constitucionales de los posibles usuarios del servicio”.26
4.5.3. La noción de riesgo social en sentido restringido, al aplicarse para efectos de
revisar la exigencia legal de títulos de idoneidad, implica considerar unas condiciones
precisas, de las cuales se da cuenta de manera sintética en la Sentencia C-307 de
201327, en los siguientes términos:
“5.2.4. En conclusión, la reglamentación de una profesión u oficio no radica de manera
exclusiva en la libertad y capricho del Legislador, sino en la protección del interés
general de la sociedad frente al riesgo derivado del ejercicio de una profesión, riesgo
que debe reunir las siguientes condiciones: (i) ser de magnitud considerable, respecto
de la capacidad que pueda tener de afectar el interés general y los derechos
fundamentales; (ii) ser susceptible de control o disminución sustantiva con la
formación académica específica; (iii) tener como finalidad la prevención del ejercicio
torpe de un oficio que pueda producir efectos nocivos28.”
69. Por su parte, en lo que concierte a la certificación de la educación formal, el
Decreto Ley 785 de 2005 prevé que «los estudios se acreditarán mediante la
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las
instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y
autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta
profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de
los documentos enunciados anteriormente.
70. Ahora bien, el artículo 20 del Acuerdo 463 de 2 de octubre de 2013, establece
cuáles son los documentos que deberán aportar el aspirante para la verificación de
requisitos mínimos y el su literal B, prevé que deberá allegar tarjeta profesional en
los casos reglamentados por la Ley.
71. Así mismo, el artículo 37 «Factores de mérito para la valoración de la prueba de
análisis de antecedentes» en su numeral 1 literal A) precisó la forma en que se
acreditaría la educación formal e indicó que, en los casos en que se requiera
acreditar la tarjeta o matrícula profesional, dicho requisito podía sustituirse por la
certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, en la cual conste
que dicho documento se encuentra en trámite, siempre que se acredite el respectivo
título o grado cuya expedición no sea superior a tres meses contados a partir del
día en que fue incluido el documento en la etapa de verificación de requisitos
mínimos.
25 Cfr., Sentencias C-296 de 2012 y C-964 de 1999.
26 Sentencia C-296 de 2012, fundamento jurídico 5.15.
27 Lo dicho sobre esta metodología se reitera en las Sentencias C-296 de 2012 y C-964 de 1999.
28 Sentencia C-296 de 2012.
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72. De acuerdo con lo anterior, la tarjeta profesional es un documento que acredita y
habilita a su titular para el ejercicio legal de una profesión, pues a través de esta se
garantiza que el profesional tenga las competencias y aptitudes para ello.
73. Entonces, la Sala concluye que la imposición legal de la tarjeta profesional como
requisito para el ejercicio de determinadas profesiones y oficios con alta
responsabilidad social y que impliquen un riesgo para la comunidad, no depende
del objeto misional de la entidad en la cual se ejercerá dicha profesión u oficio, sino
de las disposiciones que el legislador expida materia de títulos de idoneidad.
74. Teniendo en cuenta que el legislador ha establecido que para ejercer
determinadas disciplinas se requiere la tarjeta profesional y que las normas que
regulan el empleo público prevén dicha exigencia, la Sala estima que se encuentra
ajustado a derecho que la CNSC, en el marco de los concursos de méritos, solicite
a los aspirantes a los cargos que determine la ley la tarjeta profesional o la
constancia de que se encontraba en trámite en la etapa de verificación de requisitos
mínimos.
3.4.8. Suscripción de la Convocatoria
75. Finalmente, los coadyuvantes de la parte demandante en su intervención
manifestaron que el acto demandado fue suscrito únicamente por la CNSC, mas no
por el jefe de la Contraloría Distrital de Barranquilla como entidad corresponsable
del proceso.
76. Ahora bien, la Ley 909 de 2004 preceptuó que la CNSC es un órgano de carácter
permanente de nivel nacional, con independencia de las demás ramas y estamentos
que conforman el poder público. En el desarrollo de sus funciones se encuentra
sometida al cumplimiento de las disposiciones del orden constitucional, legal y
reglamentario.
77. Aunque el artículo 31 de dicha disposición señala que la Convocatoria debía ser
suscrita por la CNSC y el jefe de la entidad u organismo cuyas vacantes debían
proveerse mediante el sistema del mérito, la Corte Constitucional en sentencia C-
183 de 2019, indicó que la suscripción del acto de convocatoria por parte del jefe de
la entidad beneficiaria del concurso es apenas una posibilidad, pero no una
exigencia cuyo incumplimiento pueda generar por sí sola alguna irregularidad
sustancial que conlleve a su nulidad, ya que lo realmente relevante es que exista
una etapa de planeación entre la CNSC y la entidad beneficiaria, en atención a los
principios de coordinación y colaboración armónica.29
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
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78. En ese sentido, la Sala observa que las pruebas allegadas al proceso dan cuenta
que las entidades trabajaron de manera conjunta para llevar a buen fin el proceso
de selección , pues por ejemplo, se observa que en el acto demandado se afirmó
que la Contraloría Distrital de Barranquilla proporcionó la OPEC a la CNSC, que es
un elemento indispensable para impulsar los concursos y es un reflejo de la
colaboración y coordinación en la etapa de planeación, pues «la información que se
consolida en la oferta es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos
para los empleos por proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si
no se contara con ella, el certamen no podría llevarse a cabo».30
79. En tal sentido, esta Subsección ha enfatizado en la importancia de la OPEC en
los siguientes términos:31
El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para elaborar
la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la OPEC
definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema del
mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria.32
Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña la
convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas.33
80. Así las cosas, no está llamado a prosperar el cargo de anulación basado en que
el acuerdo enjuiciado fue suscrito únicamente por la CNSC.
3.5. Condena en costas
81. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
82. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-
03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-
25-000-2019-00204-00 (1330-2019).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-
03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
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FALLA
Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra del
Acuerdo 463 de 2 de octubre de 2013 proferido por la CNSC en atención a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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