Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00578-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2024-00578-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00578-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00578-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros1
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y Área Metropolitana del
Valle de Aburrá
Temas: Principio de planeación conjunta de los concursos de méritos.
Decisión: Negar las pretensiones.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra los Acuerdos 135 del 21
de diciembre de 20232 y 97 del 5 de junio de 20243, expedidos por la Comisión
Nacional del Servicio Civil (en adelante, CNSC) dentro del Proceso de Selección
2575 de 2023 – Antioquia 3, convocado para proveer los empleos en vacancia
definitiva de la planta de personal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (en
adelante, AMVA).
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte actora pretende la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos acusados porque, en su criterio, fueron expedidos con infracción de
las normas en que debían fundarse4.
2. Relató que en el segundo semestre de 2021 el AMVA reportó a la CNSC, a
través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (en
adelante, SIMO), los empleos en vacancia definitiva de su planta de personal,
contenida para entonces en el Acuerdo Metropolitano 6 de 2013 y sus
modificaciones. Señaló que, mientras se adelantaban las gestiones previas al
concurso, la Junta Metropolitana expidió los Acuerdos 10, 11 y 12 del 6 de junio de
2023, mediante los cuales estableció una nueva estructura organizacional, adoptó
la escala de remuneración, aprobó una nueva planta de empleos, y que mediante
1 Marcela Arboleda Acevedo y Juan Sebastián Gómez Arias.
2 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades
de Abierto y Ascenso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal del ÁREA METROPOLITANA VALLE DE
ABURRÁ – Proceso de Selección No. 2575 de 2023 - ANTIOQUIA 3».
3 «Por el cual se modifica el artículo 8° del Acuerdo CNSC No. 135 del 21 de diciembre de 2023».
4 Preámbulo y artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 122, 125, 130 y 209 de la Constitución Política; artículos
7, 11, 12, 19, 27, 28, 29 y 31 de la Ley 909 de 2004; artículos 2.2.6.3, 2.2.6.29 y 2.2.6.34 del Decreto
1083 de 2015; y artículo 71 del Decreto 111 de 1996.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
la Resolución 1629 del 26 de junio de 2023 se expidió un nuevo manual específico
de funciones y competencias laborales (en adelante, MEFCL).
3. Sostuvo que el AMVA omitió informar a la CNSC la reforma de su planta de
personal y de su manual de funciones en desconocimiento del parágrafo 2 del
artículo 8 de la convocatoria, conforme al cual el representante legal de la entidad
debía comunicar a la CNSC, antes del inicio de la etapa de inscripciones, cualquier
modificación de la información registrada en el SIMO por errores en el reporte,
ajustes del MEFCL o movimientos en la planta de personal.
4. Agregó que la omisión desconoció que la Circular Externa 100-006-2023 del
Departamento Administrativo de la Función Pública impide modificar el contenido
funcional y las competencias de los cargos incluidos en la Oferta Pública de
Empleos de Carrera (en adelante, OPEC) «hasta que el empleado supere el periodo
de prueba, no exista, se haya agotado o perdido vigencia la lista de elegibles».
5. En segundo lugar, señaló que la convocatoria fue expedida sin certificado de
disponibilidad presupuestal en tanto la reserva destinada a financiarlo debió
constituirse y actualizarse en cada una de las vigencias fiscales transcurridas entre
2021 y 2024, conforme a los artículos 71 del Decreto 111 de 1996, 9 de la Ley 1033
de 2006 y 263 de la Ley 1955 de 2019.
6. En tercer lugar, manifestó que el director del AMVA no suscribió el acto de
convocatoria, como lo exige el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
Precisó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 y del Consejo de Estado6
han sostenido que solo se exime de esa obligación cuando se acredita una
comunicación fluida y una planeación conjunta entre la entidad beneficiaria y la
CNSC, presupuestos que, en su criterio, no concurren en este caso.
7. Por último, adujo que la información de la OPEC registrada en el SIMO no
corresponde a la planta de personal ni al manual de funciones vigentes. Al respecto,
indicó que el número de vacantes ofertadas en algunas OPEC7 difiere del número
de plazas del respectivo empleo previsto en el MEFCL; que las OPEC 207199 y
207213 no reflejan el número de personas que ejercen esas funciones en la planta;
que en la OPEC 208448 las funciones publicadas difieren de las que en realidad se
ejecutan, y que el área funcional de la OPEC 207175 reportada en el aplicativo no
coincide con la señalada en el manual.
Contestaciones de la demanda
8. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá se opuso a las pretensiones y
propuso la excepción de caducidad con sustento en que la acción procedente era
la de nulidad y restablecimiento del derecho porque los tres demandantes ocupan
en provisionalidad empleos ofertados en el concurso, de manera que la anulación
5 Corte Constitucional, sentencia C-183 de 2019.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado interno 4574-
2016.
7 En particular, las OPEC 207160, 207175, 207178, 207218, 207231, 207232, 207240 y 207155.
2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
de la convocatoria les reportaría el beneficio automático de permanecer en sus
cargos; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de 4
meses previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
9. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que los actos acusados se expidieron
en cumplimiento del deber constitucional de proveer por mérito los empleos de
carrera administrativa previsto en el artículo 125 superior, máxime cuando la entidad
no realizaba un concurso desde el año 2005.
10. Explicó que informó oportunamente a la CNSC del proceso de modernización
institucional porque puso en su conocimiento la reestructuración que adelantaba la
Universidad de Antioquia en virtud del contrato interadministrativo 240 de 2022.
Además, le remitió el nuevo MEFCL y la nueva planta adoptados mediante la
Resolución 1629 de 2023 y el Acuerdo Metropolitano 12 del mismo año. Agregó que
la CNSC le indicó que los ajustes a la OPEC derivados de la modernización debían
efectuarse al menos 15 días antes del inicio de las inscripciones8, condición que se
satisfizo porque la reforma culminó en junio de 2023 y las inscripciones se surtieron
en agosto de 2024.
11. Adujo que entre 2021 y 2025 las entidades intercambiaron más de dieciocho
comunicaciones y sostuvieron reuniones de trabajo sobre la planeación del
concurso, y que los días 27 y 28 de marzo de 2025 validaron, aprobaron y
suscribieron los ejes temáticos de la convocatoria.
12. En cuanto a la financiación, indicó que expidió los certificados de
disponibilidad presupuestal 977 y 1012 de 2022 y 1263 de 2023, ordenó los pagos
mediante las Resoluciones Metropolitanas 3563 de 2022 y 3632 de 2023 y transfirió
efectivamente los recursos a la CNSC.
13. Admitió que su director no suscribió el acto de convocatoria, pero sostuvo
que esa omisión no lo invalida porque existió una colaboración institucional efectiva
durante la etapa de planeación.
14. Por último, señaló que la entidad cuenta con una planta global, de manera
que en el SIMO solo se reportan los empleos de carrera en vacancia definitiva y no
la totalidad de las plazas previstas en el manual, lo que explica las diferencias
numéricas invocadas en la demanda.
15. La Comisión Nacional del Servicio Civil se opuso a las pretensiones y
formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva con sustento en
que la consolidación y estructuración del manual de funciones y de la OPEC
corresponden estrictamente al AMVA, por lo que no le es atribuible responsabilidad
alguna por las supuestas inconsistencias de la información reportada.
16. Respecto del fondo del caso, explicó que adelantó de manera conjunta con
el AMVA la etapa de planeación del proceso de selección, con acompañamiento
8 Mediante oficio 00-018164 del 19 de mayo de 2023.
3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
técnico, proyección del número de vacantes definitivas, elaboración del proyecto de
acuerdo de convocatoria y coordinación del cargue de la información en el SIMO.
17. Señaló que el reporte, la modificación y el retiro de empleos en el SIMO son
facultades exclusivas de la entidad territorial, que no requiere autorización de la
Comisión ni está obligada a notificarle las modificaciones de su planta de personal;
que la OPEC fue certificada por el representante legal y por el jefe de la unidad de
personal del AMVA, quienes asumieron la responsabilidad por cualquier inexactitud,
equivocación o falsedad de la información; y que el aplicativo no tiene por objeto
reflejar la totalidad de la planta de personal, sino los empleos de carrera en vacancia
definitiva autorizados para ser provistos mediante concurso.
18. Sostuvo que ninguna disposición legal o reglamentaria exige la actualización
del manual de funciones como requisito previo para la apertura de un proceso de
selección, pues lo relevante es que el concurso se adelante con fundamento en el
manual vigente al momento de la etapa de inscripciones.
19. Frente a la financiación, precisó que expidió las resoluciones de recaudo
17422 del 31 de octubre de 2022 y 17441 del 24 de noviembre de 2023, por sumas
que fueron pagadas por el AMVA el 30 de enero y el 28 de diciembre de 2023,
respectivamente. Además, respecto de la firma del acto de convocatoria, indicó que
no constituye un requisito sine qua non de su existencia y validez cuando se acredita
la actuación administrativa conjunta y coordinada de las entidades9.
Trámite en única instancia
20. El 13 de febrero de 2025 se admitió la demanda.
21. Mediante providencia del 24 de junio de 2026 se dispuso el trámite de
sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
configuración de las causales previstas en los literales a), b) y d) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, así como al
Ministerio Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
22. La parte demandante guardó silencio.
23. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.
24. La Comisión Nacional del Servicio Civil también insistió en lo señalado en
la contestación. Agregó que, con posterioridad a la reforma de junio de 2023, el
AMVA actualizó la OPEC, que pasó de un reporte inicial de 84 empleos con 137
vacantes a una oferta definitiva de 105 empleos con 160 vacantes, y certificó su
9Citó la sentencia C-183 de 2019 de la Corte Constitucional y la sentencia de la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado del 31 de enero de 2019, radicado interno 4574-2016.
4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
correspondencia con el manual de funciones vigente, de manera que la
convocatoria no se estructuró sobre información desactualizada. Añadió que la parte
actora no individualizó ninguna incongruencia subsistente entre la oferta definitiva y
la Resolución 1629 de 2023 ni desvirtuó la certificación expedida por los
funcionarios competentes de la entidad.
25. Asimismo, señaló que la satisfacción del principio de coordinación también
se evidencia en que la actualización de la OPEC produjo un incremento del costo
estimado del concurso, que pasó a calcularse sobre 160 vacantes. En
consecuencia, fue necesario complementar los recursos inicialmente transferidos y
el AMVA efectuó el pago adicional.
26. Indicó que la financiación del concurso quedó asegurada con la transferencia
efectiva de $597.072.000, valor total estimado para las 160 vacantes, sin que el
artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 exija reproducir anualmente el certificado
de disponibilidad presupuestal después de la transferencia de los recursos.
27. Explicó que, si bien existe una relación instrumental entre el MEFCL y la
convocatoria, ello no conduce a que la nulidad del primero produzca
automáticamente la invalidez de la segunda. En este sentido, sostuvo que ni los
acuerdos metropolitanos que adoptaron la nueva planta ni el manual de 2023 han
sido anulados por esta jurisdicción; por ende, continúan amparados por la
presunción de legalidad.
28. En consecuencia, señaló que la parte demandante omitió demostrar que,
pese a la actualización y certificación efectuadas, determinados empleos fueron
incorporados con funciones, requisitos, denominaciones, códigos o grados
pertenecientes al manual anterior.
29. El Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.
Problemas jurídicos
31. En primer lugar, la Sala resolverá si en este asunto se configura i) la
caducidad toda vez que para el AMVA la demanda persigue el restablecimiento
automático de un derecho, y ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
CNSC en tanto, a su juicio, no puede atribuirse a esa entidad la responsabilidad por
5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
una eventual inexactitud en la información suministrada por la entidad beneficiaria
(MEFCL y OPEC) para el desarrollo del concurso de méritos.
32. Resuelto lo anterior, la Sala determinará si los Acuerdos 135 de 2023 y 97 de
2024 deben declararse nulos por desconocer el principio de planeación previsto en
el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 o por haber sido expedidos
irregularmente, debido a que: i) se sustentaron en una planta de personal y un
manual de funciones presuntamente desactualizados, ante la supuesta omisión del
AMVA de informar a la CNSC la reforma efectuada antes de la convocatoria; ii) no
contaron con certificado de disponibilidad presupuestal actualizado para cada
vigencia fiscal; y iii) no fueron suscritos por el director del AMVA.
33. Por último, se resolverá si los actos demandados deben declararse nulos por
desconocer el artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015 en tanto algunas OPEC
incorporadas en el SIMO no reflejan las reformas realizadas al manual de funciones.
Análisis de los problemas jurídicos
34. La Sala declarará no probadas las excepciones propuestas por las entidades
demandadas porque i) el asunto fue promovido adecuadamente a través del medio
de control de nulidad, en tanto de la eventual anulación de los actos acusados no
se deriva un restablecimiento automático de un derecho en favor de los
demandantes, de manera que no operó la caducidad alegada; y ii) la CNSC se
encuentra legitimada en la causa por pasiva por ser la autoridad que expidió los
acuerdos demandados.
35. En cuanto al fondo, se negarán las pretensiones de la demanda con
fundamento en que i) el AMVA sí informó a la CNSC la reforma administrativa de
2023 y la convocatoria se expidió con base en la OPEC actualizada y certificada
conforme al manual de funciones vigente; ii) el certificado de disponibilidad
presupuestal no es un requisito de validez del acto de convocatoria y, en todo caso,
la financiación del proceso de selección quedó plenamente acreditada; iii) la falta de
suscripción de los actos demandados por el director del AMVA no configura una
irregularidad sustancial ante la planeación conjunta probada entre ambas entidades.
36. Además, la OPEC solo comprende los empleos en vacancia definitiva, por lo
que la falta de coincidencia numérica con la planta de personal no vicia los actos
acusados y las inconsistencias puntuales alegadas no se demostraron.
Caducidad del medio de control
37. El AMVA propuso la excepción de caducidad con sustento en que el medio
de control procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho porque los
tres demandantes ocupan en provisionalidad empleos ofertados en el concurso, de
manera que la anulación de la convocatoria les reportaría el beneficio automático
de permanecer en sus cargos. En consecuencia, estimó que la demanda debió
presentarse dentro del término de 4 meses previsto en el literal d) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA.
6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
38. Al respecto, el parágrafo del artículo 137 del CPACA establece que, si de la
demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento de un derecho, el
asunto se tramitará conforme a las reglas del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
39. En este caso se controvierten actos administrativos de carácter general y la
Sala considera que no se evidencia el restablecimiento automático de un derecho
en tanto de la eventual nulidad de los actos acusados no se deriva beneficio
particular que se concrete de manera inmediata en favor de los demandantes. En
efecto, la anulación de la convocatoria no comporta su nombramiento en empleo
alguno ni les otorga derechos de carrera o estabilidad en los cargos que ocupan en
provisionalidad, cuya situación permanecería sujeta a las reglas generales de
provisión de los empleos públicos.
40. En efecto, la permanencia de los demandantes en los empleos que ocupan
en provisionalidad no constituye un derecho subjetivo cuyo restablecimiento se
produzca como consecuencia directa de la eventual nulidad de la convocatoria.
Esta decisión únicamente excluiría del ordenamiento los actos que regulan el
proceso de selección, sin definir por sí misma la forma en que posteriormente deban
proveerse esos cargos ni conferir a sus actuales ocupantes derecho alguno a
permanecer en ellos. Por tanto, entre la pretensión anulatoria y el eventual beneficio
que los actores pudieran obtener no existe la relación directa e inmediata exigida
para considerar que se persigue automáticamente un restablecimiento del derecho.
41. En consecuencia, el asunto fue promovido adecuadamente a través del
medio de control de nulidad, en el que no existe término de caducidad, por lo que
se declarará no probada la excepción.
Falta de legitimación en la causa por pasiva de la CNSC
42. La CNSC formuló esta excepción con sustento en que la consolidación y
estructuración del manual de funciones y de la oferta pública de empleos
corresponden estrictamente al AMVA, por lo que no le es atribuible responsabilidad
alguna por las supuestas inconsistencias de la información reportada.
43. La Sala declarará no probada la excepción toda vez que la CNSC es la
entidad que expidió los actos acusados y, en esa medida, es la llamada a
comparecer como demandada para defender su legalidad.
44. Ahora bien, se precisa que no son objeto de la presente demanda de nulidad
ni los acuerdos metropolitanos que reestructuraron la entidad y adoptaron su planta
de personal, ni la resolución que expidió el nuevo manual de funciones. En
consecuencia, no serán objeto del control las presuntas irregularidades en las que
se pudo incurrir en su expedición.
Presunta desactualización del manual de funciones y la omisión de informar
su reforma
7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
45. La parte actora afirmó que los actos acusados se fundaron en una planta de
personal y en un manual de funciones desactualizados porque el AMVA omitió
informar a la CNSC la reforma administrativa que culminó en junio de 2023, en
desconocimiento del principio de planeación previsto en el artículo 2.2.6.34 del
Decreto 1083 de 2015 y del parágrafo 2 del artículo 8 de la convocatoria.
46. El artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del
Decreto 51 de 2018, dispuso que las entidades beneficiarias del proceso de
selección deben participar con la CNSC de manera conjunta y armónica en la
planeación del concurso de méritos y que, «previo al inicio de la planeación del
concurso, la entidad deberá tener actualizado su manual de funciones y
competencias laborales y definir los ejes temáticos».
47. De esta disposición se extrae que la actualización del manual y el reporte de
la OPEC son parte de la planeación del concurso, dentro del marco de colaboración
conjunta entre la entidad territorial y la CNSC.
48. En consonancia, el parágrafo 2 del artículo 8 de la convocatoria demandada10
estableció que cualquier modificación a la información registrada en SIMO que el
AMVA requiriera realizar con ocasión del ajuste del MEFCL para las vacantes de
los empleos reportados debía informarse a la CNSC antes del inicio de la etapa de
inscripciones y mediante comunicación oficial.
49. Sobre el particular, esta Corporación ha precisado que el suministro de la
OPEC a la CNSC constituye un elemento indispensable para adelantar los
concursos y, a su vez, una manifestación de los deberes de colaboración y
coordinación propios de la etapa de planeación, pues «la información que se
consolida en la oferta es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos
para los empleos por proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si
no se contara con ella, el certamen no podría llevarse a cabo»11.
50. En ese sentido, esta Subsección ha destacado la importancia de la OPEC,
pues constituye un acto preparatorio expedido en el marco del proceso de
planeación y colaboración armónica que precede a la convocatoria, así como el
insumo a partir del cual esta se diseña, en cuanto permite conocer la denominación,
nivel, grado, asignación salarial y número de cargos ofertados, además de los
10 Acuerdo 135 de 2023. Parágrafo 2 del artículo 8: Es responsabilidad del Representante Legal de
la Entidad informar mediante comunicación oficial a la CNSC, antes del inicio de la Etapa de
Inscripciones de este proceso de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la
información registrada en SIMO con ocasión a errores en el reporte o del ajuste del MEFCL para las
vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva planta de personal. En todos
los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada en SIMO los debe realizar la misma
entidad, igualmente, antes del inicio de la referida Etapa de Inscripciones. Con esta misma
oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNSC le solicite por imprecisiones que llegase a
identificar en la OPEC registrada.
Iniciada la Etapa de Inscripciones y durante la vigencia de las Listas de Elegibles de la entidad pública
no podrá modificar la información registrada en SIMO para este proceso de selección.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2022, radicados
11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
requisitos mínimos para su desempeño, las competencias y las funciones
asignadas12.
51. De lo expuesto se desprende que la elaboración y el reporte de la OPEC
constituyen una carga propia de la entidad territorial, en cuanto comprenden la
definición, verificación y certificación de la información relativa a los empleos
vacantes con fundamento en el manual de funciones vigente.
52. De ahí que, antes de iniciar la etapa de planeación del concurso, el AMVA
debía actualizar dicho manual e incorporar en la OPEC las vacantes definitivas
conforme a esa información. Incluso, antes del inicio de las inscripciones, podía
introducir cambios sustanciales en el proceso de selección, siempre que ello se
materializara mediante el correspondiente acto administrativo13.
53. Revisado el expediente de la referencia, la Sala encuentra lo siguiente:
i) Mediante la comunicación 00-027253 del 6 de octubre de 2022, el AMVA
advirtió a la CNSC que el manual de funciones y la planta de personal serían
ajustados con ocasión del contrato interadministrativo 240 de 2022,
celebrado con la Universidad de Antioquia14.
ii) Mediante la Resolución 17422 del 31 de octubre de 2022 se dispuso el
recaudo de los recursos apropiados por el AMVA para financiar los costos
correspondientes a 84 empleos con 137 vacantes, por valor de
$429.145.50015.
iii) El 6 de junio de 2023 se expidieron los Acuerdos Metropolitanos 10, 11 y 12,
por los cuales se estableció la estructura organizacional del AMVA 16, se
aprobó la escala de remuneración para las distintas categorías de empleos y
se definió el sistema de valoración de los empleos de la entidad17, y se aprobó
la nueva planta de personal. Respecto de esta última, se indicó que estaba
conformada por 247 plazas en total18.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2026,
radicado 11001-03-25-000-2022-00321-00 (2612-2022).
13 Artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015. «Modificación de la convocatoria. Antes de iniciarse las
inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la entidad que adelanta el
proceso de selección. Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto
al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, por la entidad
responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas
inicialmente en la convocatoria».
14 Ese contrato tuvo por objeto «realizar los estudios técnicos para el proceso de reestructuración y
modernización del área metropolitana del Valle de Aburrá», dentro del cual una de las actividades
principales, posterior al estudio técnico, es «Elaborar los proyectos de actos administrativos de
estructura administrativa, planta de empleos, manual específico de funciones y de competencias
laborales de los empleos de la planta aprobada por la entidad, y escala salarial». Páginas 52 y 53.
Índice 26 Samai.
15 Páginas 520 y 522. Índice 27 Samai.
16 Páginas 656 a 669. Índice 3 Samai.
17 Páginas 670 a 683. Ibidem.
18 Páginas 684 a 689. Ibidem.
9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
iv) A través de la Resolución 1629 del 26 de junio de 2023 se profirió el nuevo
manual de funciones19.
v) Mediante la comunicación 00-017793 del 7 de julio de 2023, el AMVA remitió
a la CNSC los documentos correspondientes a la nueva planta de empleos y
el nuevo MEFCL de la entidad20.
vi) La Resolución 17441 del 24 de noviembre de 2023 señaló, en su parte
motiva, que el AMVA realizó la actualización de la OPEC en el aplicativo
SIMO, donde registró un reporte definitivo de 105 empleos con 160 vacantes,
por lo cual se incrementó el valor estimado del proceso de selección a
$597.072.000. En consecuencia, se dispuso el recaudo de los recursos
apropiados por el AMVA para financiar los costos faltantes, por valor de
$126.877.80021.
vii) Por último, en el Acuerdo 135 del 21 de diciembre de 2023 (primer acto
demandado) se convocó y se establecieron las reglas del proceso de
selección objeto de estudio. En su artículo 8 se precisó que eran 105 empleos
y 160 vacantes en total los que se ofertaron22.
54. De lo anterior se extrae que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el
AMVA sí informó a la CNSC del proceso de reestructuración de la entidad y del
ajuste a la planta y al manual de funciones. Además, la convocatoria se profirió con
posterioridad a la actualización de la OPEC, de conformidad con la nueva planta y
el nuevo manual de funciones. En esa medida, el número de empleos pasó de 84 a
105 y el número de vacantes de 137 a 160, lo cual se reflejó en la convocatoria.
55. Sumado a ello, la Sala observa que de la convocatoria se desprende que el
AMVA certificó ante la CNSC que la OPEC reportada correspondía a la información
consignada en el manual de funciones vigente, certificación suscrita por su
representante legal y su jefe de talento humano. Sobre esa base y como resultado
de la planeación conjunta adelantada, la Sala Plena de la CNSC aprobó las reglas
del proceso de selección en sesión del 19 de diciembre de 2023.
56. Así, los elementos probatorios antes expuestos permiten constatar que el
MEFCL fue actualizado antes de la expedición de la convocatoria y que la entidad
territorial certificó a la CNSC que la OPEC reportada correspondía a la información
consignada en el manual vigente.
57. Además, se constata que todos los ajustes a la OPEC cumplieron el límite
establecido en el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015 comoquiera que se
realizaron con anterioridad al inicio de la etapa de inscripciones, tanto así que las
modificaciones efectuadas con ocasión de la reestructuración de la entidad se
llevaron a cabo antes de la expedición del acto demandado.
19 Páginas 152 a 623. Ibidem.
20 Página 244. Índice 26 Samai.
21 Páginas 527 a 530. Índice 27 Samai.
22 Páginas 531 a 547. Ibidem.
10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
58. En esa medida, no prospera el cargo de nulidad formulado por la parte actora
de que la actualización del MEFCL vició la convocatoria y desconoció el principio de
planeación. Por el contrario, se acreditó que el AMVA y la CNSC actuaron de
manera coordinada en la estructuración del acuerdo demandado, con base en la
OPEC reportada por la entidad territorial, sin que obre prueba de observaciones u
objeciones que desvirtuaran su correspondencia con el manual vigente.
59. Por otra parte, la parte demandante se limitó a afirmar que el manual era
obsoleto y desactualizado, sin identificar qué requisitos para ocupar los empleos,
funciones asignadas, niveles, competencias requeridas o demás aspectos
inherentes a dicho documento eran obsoletos o se encontraban desajustados frente
a la normativa superior, ni demostró el impacto que esa supuesta omisión tuvo en
el certamen.
60. Por ello, este reproche resulta genérico e insuficiente para desvirtuar la
presunción de legalidad de la convocatoria.
Disponibilidad presupuestal
61. La parte actora sostuvo que la convocatoria se expidió sin certificado de
disponibilidad presupuestal pues, en su criterio, la reserva destinada a financiar el
concurso debía constituirse y actualizarse en cada una de las vigencias fiscales
transcurridas entre 2021 y 2024.
62. De conformidad con el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, los costos que
genere la realización de los concursos deben ser asumidos con cargo a los
presupuestos de las entidades que requieran la provisión de los empleos. A su vez,
el artículo 71 del Decreto 111 de 199623, compilatorio del Estatuto Orgánico del
Presupuesto, dispone que todo acto administrativo que afecte las apropiaciones
presupuestales24 debe contar con certificado de disponibilidad previo.
63. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reitera la posición asumida de tiempo atrás
según la cual la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal no es un
requisito de validez del acto de convocatoria25. Por ello, su eventual ausencia no
constituye, por sí misma, un vicio de formación o validez del acto de convocatoria,
sin perjuicio de las consecuencias que pudiera generar respecto de la ejecución
presupuestal del proceso de selección26.
23 Normatividad aplicable a las entidades territoriales de conformidad con lo dispuesto en el artículo
109 ibid.
24 El artículo 89 del Decreto 111 de 1996 define a las apropiaciones como las autorizaciones máximas
de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal
respectiva.
25 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2017, exp. 25000-23-24-000-2007-00203-02 (3756-
2015), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez y, ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 25 de abril de 2024, exp. 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019), M.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
26 Véase: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2026, exp. 11001-03-25-000-2021-00621-00 (3011-
2021) y, ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, 5 de noviembre de 2020, exp: 11001 03 25 000 2014 00025 00 (0064-2014).
11
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
64. En ese contexto, el certificado de disponibilidad presupuestal constituye un
instrumento propio de la fase de ejecución del gasto público, orientado a garantizar
la existencia de apropiación presupuestal suficiente para respaldar compromisos
económicos, pero no un elemento estructural del acto administrativo de
convocatoria. Por ello, su ausencia no incide en la formación ni en la validez del acto
acusado, sino en la oportunidad y condiciones de su ejecución.
65. En todo caso, como quedó expuesto en el acápite anterior, en los
antecedentes administrativos de los actos demandados obran las resoluciones
mediante las cuales la CNSC dispuso el recaudo de los recursos apropiados por el
AMVA y destinados a financiar los costos del proceso de selección objeto de
estudio. En la parte motiva de dichos actos se dejó constancia de que el ente
territorial remitió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal núm. 977 de 2022
y 1263 de 2023 a efectos de cubrir el valor de la convocatoria por los valores
correspondientes a los recursos disponibles para esas vigencias.
66. Así las cosas, este cargo tampoco prospera porque la falta del certificado de
disponibilidad presupuestal no afecta la validez del acto de convocatoria y, además,
está plenamente probado que la entidad territorial efectuó la provisión de los
recursos financieros necesarios para la realización del proceso de selección.
Falta de suscripción de los actos demandados por el director del AMVA
67. La parte actora manifestó que el director del AMVA no suscribió los actos de
convocatoria, como lo exige el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, y
que la jurisprudencia solo releva de esa firma cuando se acredita una comunicación
fluida y una planeación conjunta entre la entidad beneficiaria y la CNSC,
presupuestos que, en su criterio, no concurren en este caso.
68. Si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso que la
convocatoria a concurso de méritos debía ser suscrita por la CNSC y el jefe de la
entidad u organismo cuyas vacantes debían proveerse, también lo es que, conforme
a la Sentencia C-183 de 201927, la suscripción del acto de convocatoria por parte
del jefe de la entidad beneficiaria del concurso constituye una posibilidad, mas no
una exigencia cuya inobservancia genere, por sí sola, una irregularidad
sustancial que conduzca a la nulidad de la convocatoria.
69. No se requiere la firma del representante legal de la entidad beneficiaria del
concurso porque lo realmente relevante es que exista una etapa de planeación
conjunta entre la CNSC y la entidad beneficiaria, en atención a los principios de
coordinación y colaboración armónica entre los poderes públicos28.
70. En este caso se encuentra demostrado que la CNSC y el AMVA realizaron
de manera conjunta la etapa de planeación del proceso de selección. En desarrollo
27 Proferida por la Corte Constitucional.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022,
radicado 11001-03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
12
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
de esa labor, el ente territorial registró en el SIMO la OPEC con la que se adelantó
el concurso.
71. Posteriormente, mediante comunicación 00-002055 del 24 de enero de
202429, el AMVA solicitó a la CNSC que, respecto de un empleo en particular, se
cambiara la modalidad del concurso de abierto a ascenso y se adicionara una
vacante, lo que dio lugar a que la entidad demandada modificara el acto de
convocatoria en cuanto a la OPEC mediante el Acuerdo 97 del 5 de junio de 2024
(segundo acto demandado). En lo demás, ambos actos son sustancialmente
idénticos y regulan el proceso con los mismos requisitos y condiciones.
72. Así las cosas, la Sala concluye que el deber de planeación conjunta entre el
AMVA y la CNSC está plenamente probado y que como consecuencia de este se
expidieron los actos demandados. Con el Acuerdo 97 de 2024, la CNSC se limitó a
ajustar la convocatoria al requerimiento formulado por la entidad territorial, lo que
constituye prueba adicional del cumplimiento de los deberes de planeación y
coordinación entre ambas entidades.
73. En ese orden, la abstención del director del AMVA de suscribir los actos
demandados no tiene la entidad suficiente para desvirtuar su presunción de
legalidad ni evidencia el desconocimiento del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
74. El simple hecho de que una entidad beneficiaria se abstenga de suscribir el
acto de convocatoria o de que solicite posteriormente su suspensión, como ocurrió
en este caso mediante las comunicaciones 00-014982 del 27 de junio de 202430 y
00-008676 del 3 de mayo de 202431, no es suficiente para que la CNSC suspenda
dicho procedimiento porque ello dejaría en manos de los entes territoriales y demás
entidades beneficiarias de los concursos la posibilidad de vetar o paralizar el trámite,
lo que desnaturalizaría las funciones y potestades que el artículo 130 de la
Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 le atribuyen a la CNSC,
única autoridad encargada de adelantar estos procesos de selección.
75. La CNSC debe analizar las solicitudes que le presenten las entidades
beneficiarias de los concursos y darles el trámite que corresponda según el marco
normativo vigente, sin que ello implique la obligación de suspender o dejar sin
efectos el proceso cada vez que así se lo soliciten. En cada caso, la entidad
demandada deberá examinar la petición y otorgarle el trámite que estime ajustado
a la ley.
76. En definitiva, el cargo no tiene vocación de prosperidad porque la sola
ausencia de suscripción de los acuerdos demandados por parte del director del
AMVA no da lugar a la configuración de la nulidad alegada. Además, está probado
que en este caso se respetó el deber de planeación y coordinación conjunta entre
la CNSC y la entidad territorial.
29 Página 132. Índice 26 Samai.
30 Páginas 1187 y 1188. Índice 26 de Samai.
31 Páginas 1196 y 1197. Ibidem.
13
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
Correspondencia entre la OPEC registrada en el SIMO y el manual de
funciones
77. Finalmente, la parte actora adujo que algunas OPEC incorporadas en el
SIMO no reflejan las reformas realizadas al manual de funciones. En primer lugar,
reprochó que el número de vacantes ofertadas en algunas OPEC32 difiere del
número de plazas de los respectivos empleos previstos en el MEFCL
78. Al respecto, debe distinguirse entre el número total de cargos que integran la
planta de personal y aquellos que se encuentran en vacancia definitiva y, por esa
razón, son susceptibles de ser reportados en la OPEC. En consecuencia, la sola
circunstancia de que el número de plazas previstas para determinada denominación
en la planta sea superior al número de vacantes ofertadas no demuestra una
inconsistencia, pues la OPEC no tiene por objeto reproducir integralmente la planta
de personal, sino identificar los empleos de carrera cuya provisión definitiva debe
adelantarse mediante concurso.
79. Por ello, para demostrar la irregularidad alegada no bastaba comparar el
número total de plazas previstas en el MEFCL o en la planta con las vacantes
incorporadas al proceso de selección. Era necesario acreditar que existían vacantes
definitivas que, pese a reunir las condiciones para ser provistas mediante el
concurso, fueron omitidas o reportadas de manera contraria a la información
vigente, circunstancia que no fue demostrada por la parte actora.
80. Asimismo, los demandantes afirmaron que el número de vacantes reportadas
en las OPEC 207199 y 207213 no corresponde con las personas que desempeñan
esas funciones en la Subdirección Ambiental. Sin embargo, además de que esa
circunstancia no fue acreditada, la comparación propuesta no permite, por sí misma,
demostrar una irregularidad en la OPEC, pues el número de servidores que presta
sus servicios en una dependencia no necesariamente coincide con el número de
empleos de carrera que se encuentran en vacancia definitiva y deben ser provistos
mediante concurso.
81. En segundo lugar, los demandantes alegaron que las funciones publicadas
en la OPEC 208448 difieren de las que en realidad son ejecutadas por quien ejercía
el empleo ofertado. Al respecto, la Sala advierte que las funciones reportadas en la
OPEC se limitan a replicar lo dispuesto en el MEFCL vigente, de ahí que el hecho
de que aquellas presuntamente no se ajusten a la realidad constituye un reproche
contra el manual de funciones, lo que desborda el objeto del presente proceso en
tanto ese acto no fue demandado.
82. Por último, la parte actora sostuvo que la dependencia reportada en la OPEC
207175 no coincide con el área funcional señalada para ese empleo en el manual
de funciones. En cuanto a este reproche, una vez contrastada la mencionada OPEC
32 En particular, las OPEC 207160, 207175, 207178, 207218, 207231, 207232, 207240 y 207155.
14
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
con el MEFCL correspondiente33, la Sala encuentra que, contrario a lo afirmado por
los demandantes, sí existe coincidencia entre ambos actos pues tanto en el manual
de funciones como en la OPEC se señaló que su dependencia o área funcional
corresponde a la Subdirección General.
83. En consecuencia, este cargo tampoco está llamado a prosperar.
Condena en costas
84. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público, creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
85. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general,
no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público;
y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario
cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma
hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular
al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor
de un sujeto determinado.
86. En el caso concreto, la demanda fue promovida en ejercicio del medio de
control de nulidad, el cual trasciende la esfera particular y se proyecta sobre asuntos
de interés general, puede ser ejercido por cualquier persona y no persigue el
reconocimiento de derechos subjetivos. Adicionalmente, no se advierte una
carencia manifiesta de fundamento legal, pues los cargos formulados contra los
actos acusados plantearon cuestionamientos jurídicos razonables, serios y
plausibles, sustentados en una argumentación suficiente para controvertir su
legalidad, sin que se observe que hubieran desconocido, sin justificación, reglas
jurisprudenciales consolidadas aplicables al asunto. En consecuencia, se
prescindirá de la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
33 A través de la página oficial del SIMO se contrastó la OPEC 207175 con el manual de funciones
correspondiente. A la fecha de esta providencia, esa información se encuentra disponible para su
consulta en el siguiente enlace: https://simo.cnsc.gov.co/#historicoOfertaEmpleo.
15
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00578-00 (6651-2024)
Demandantes: Juliana Vélez Lopera y otros
PRIMERO. DECLARAR no probadas las excepciones de caducidad y falta de
legitimación en la causa por pasiva propuestas por el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá y la Comisión Nacional del Servicio Civil.
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
CUARTA. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
16
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.