Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00621-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00621-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00621-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00621-00 (3011-2021)
Demandante: Asociación Sindical Trabajadores Gobernación del Chocó
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y Departamento del Chocó
Tema: Principio de planeación en los concursos públicos de méritos
para proveer cargos de carrera administrativa.
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda porque la solicitud de
suspensión del proceso allegada por la entidad beneficiaria del
concurso no tiene carácter obligatorio para la CNSC; además, se
probó que el proceso de selección fue planeado conjuntamente
por las autoridades demandadas. El acto demandado se expidió
con base a la planta de personal y el manual de funciones
vigentes y la falta del certificado de disponibilidad presupuestal
no tiene la potencialidad de afectar la validez de la convocatoria.
1. La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Acuerdo CNSC
20191000005906 del 14 de mayo de 2019 «Por el cual se convoca y se establecen
las reglas del proceso de selección por méritos para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de
la Planta de Personal de la Gobernación del Chocó - convocatoria 1325 de 2019 -
Territorial 2019», suscrito por la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante,
CNSC) y el Departamento del Chocó.
I. ANTECEDENTES
Demanda
2. La demanda expuso que la Asamblea Departamental del Chocó, mediante la
Ordenanza 012 del 2 de agosto de 2016, facultó al gobernador de ese departamento
para ajustar, revisar y modificar la estructura orgánica de ese ente territorial.
3. El gobernador del Departamento del Chocó emitió el Oficio GDCHO-01-01-
17-044 del 10 de marzo de 2017, por el cual solicitó a la Escuela Superior de
Administración Pública (en adelante, ESAP) apoyo para la elaboración de un estudio
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Demandante: Asociación Sindical Trabajadores Gobernación del Chocó
técnico para la reestructuración administrativa del departamento.
4. La Asamblea prorrogó por 4 meses las facultades otorgadas al gobernador
del Departamento del Chocó para ajustar, revisar y modificar la estructura orgánica
de esa entidad territorial.
5. La ESAP, el 01 de septiembre de 2017, remitió a la gobernación del
Departamento del Chocó el documento denominado «Propuesta técnica para el
Rediseño Institucional de la Administración Central de la Gobernación del Chocó»,
en la que se anunció como plazo de ejecución el término de 6 meses, a partir de la
suscripción del respectivo convenio interadministrativo.
6. El día 10 de noviembre de 2017, la ESAP y el Departamento del Chocó
suscribieron el convenio interadministrativo núm. 790, el cual tenía por objeto:
«Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos para adelantar el estudio
técnico para la reestructuración administrativa de la administración central de la
Gobernación del Departamento del Chocó».
7. Mediante la Circular 20181000000027 del 7 de febrero de 2018, la CNSC
conminó a los representantes legales y jefes de presupuesto de las entidades del
sistema general y especifico de carrera (entre ellos a la gobernación del Chocó)
para apropiar los recursos necesarios para adelantar concurso de méritos para
proveer empleos de carrera administrativa; indicando la priorización de dicho gasto.
8. El gobernador del Chocó, por medio del Decreto 0206 del 27 de julio de 2018,
modificó la estructura orgánica de ese departamento, determinando la nueva
composición de la administración, así como la definición y las funciones de las
dependencias y cargos.
9. Paralelo a los anteriores hechos, la CNSC expidió el Acuerdo
20191000005906 del 14 de mayo de 2019 (controvertido en esta causa judicial), por
el cual se establecieron las reglas para el proceso de selección por méritos para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación del Chocó -
Convocatoria núm. 1325 de 2019- Territorial 2019.
10. El gobernador del Chocó, mediante Oficio GDCH-01-02-19-0457 del 3 de
julio de 2019, solicitó a la CNSC la suspensión del procedimiento para proveer los
empleos en vacancia definitiva del Sistema General de Carrera Administrativa de
esa entidad. Lo anterior porque existía un nuevo decreto que regulaba la planta de
personal, por lo que los cargos ofertados en la convocatoria no correspondían con
la nueva realidad institucional.
11. La CNSC, mediante Oficio 20192130368631 del 15 de julio de 2019, negó la
solicitud de suspensión de la convocatoria con fundamento en lo siguiente:
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Así las cosas, el Departamento en la actualidad tiene una planta de personal
ajustada a la realidad financiera del mismo, por lo que, en reunión sostenida con
usted, se determinó que se ofertaría en el proceso de selección adelantado a través
de la Convocatoria Territorial 2019, las vacantes con la planta y el Manual de
Competencias Laborales Vigentes.
Conforme a lo expuesto, la Gobernación reportó las vacantes definitivas existentes
las cuales se encuentran en la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC,
debidamente certificadas y reflejadas en el Acuerdo de Convocatoria No.
20191000005906 del 14 de mayo de 2019, suscrito por usted como Representante
Legal del Departamento. Por lo tanto, el proceso de selección para la Gobernación
del Chocó debe continuar con las vacantes reportadas.
Concepto de la violación
12. La parte demandante sostuvo que el acto demandado desconoció las
siguientes disposiciones superiores: (i) Constitución Política de Colombia, artículos
29, 130, 209, 241, 345 y 346; (ii) Decreto 111 de 1996, artículos 71 y 110; (ii) Decreto
51 de 2018, artículo 3; (iv) Decreto 1083 de 2015; (v) Ley 1940 de 2018, artículo 57;
(vi) Ley 909 de 2004; (vii) Ley 1769 de 2015 y, (viii) Ley 1033 de 2006.
13. Para fundamentar el concepto de la violación de las normas invocadas adujo
que se desconoció el principio de planeación y con ello el artículo 31 de la Ley 909
de 2004 porque, si bien el gobernador del Chocó suscribió el acuerdo demandado,
luego solicitó su suspensión dado que se había restructurado la planta de personal
y esa reforma no se reflejó en el proceso de selección. En este sentido, sostuvo que
la convocatoria debió realizarse teniendo como base la nueva planta de personal
conformada en el Decreto 0206 de 2018.
14. Por otra parte, señaló que el proceso de selección no contaba con el
certificado de disponibilidad presupuestal, por lo que estima que se desconoció los
artículos 345 y 346 de la Constitución Política, el Decreto 11 de 1996 y el artículo
15 de la Ley 1769 de 2015.
15. Finalmente, se afirmó que se convocaron cargos ocupados en
provisionalidad por personas en situación de prepensionados, lo que desconoció el
deber de especial protección que recaía sobre estos.
Contestaciones de la demanda
16. La CNSC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
porque a su juicio la consolidación y reporte de la OPEC corresponde
exclusivamente a la entidad territorial convocante, en este caso la gobernación del
Chocó. Explicó que no administra las plantas de personal ni define los perfiles de
los empleos, sino que actúa con base en la información certificada por la entidad
respectiva, particularmente la contenida en el manual específico de funciones y
competencias laborales.
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17. En este sentido, sostuvo que la OPEC constituye una transcripción del
reporte realizado por la entidad nominadora, quien certifica la existencia de las
vacantes y los requisitos de cada cargo. Por tanto, considera que cualquier eventual
inconsistencia relacionada con la planta de personal o con el manual de funciones
no le es atribuible.
18. Adujo que el proceso de convocatoria cumplió los presupuestos de
planeación y disponibilidad presupuestal exigidos por la normativa vigente. Explicó,
que, aunque la gobernación del Chocó expidió el Decreto 0206 de 2018 mediante
el cual modificó su estructura administrativa, dicha reforma no se implementó por
falta de recursos económicos, razón por la cual la convocatoria se realizó con base
en la planta de personal y el manual de funciones vigentes.
19. Finalmente, la CNSC informó que las listas de elegibles fueron publicadas y
quedaron en firme el 26 de noviembre de 2021, lo que generó derechos para
quienes obtuvieron posiciones de mérito dentro del concurso. Con base en la
jurisprudencia constitucional, arguyó que dichas listas constituyen actos
administrativos que crean derechos subjetivos, por lo que los aspirantes ubicados
en posición de mérito tienen derecho a ser nombrados y a que se repete esa
decisión administrativa.
20. El Departamento del Chocó solicitó negar las pretensiones de la demanda
porque el proceso de selección convocado mediante el acuerdo demandado ya
surtió todas sus etapas y las personas que quedaron en la lista de elegibles fueron
nombradas en periodo de prueba, por lo que sus derechos no pueden ser afectados.
Trámite de sentencia anticipada
21. Mediante auto del 27 de junio de 2024 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 1 de esa
disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el
litigio. Posteriormente, en providencia del 03 de junio de 2025, se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
22. La CNSC reiteró los argumentos que expuso al momento de contestar la
demanda.
23. El Departamento del Chocó presentó memorial en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda. Para fundamentar su alegato reconoció que en su
momento tenía una planta de personal con 126 empleos, de los cuales 112 estaban
ocupados por servidores en provisionalidad y 14 por funcionarios de carrera. Por lo
anterior, mediante radicado de entrada ORFEO Núm. 20196000458192 del 10 de
mayo de 2019, el jefe de talento humano de la gobernación certificó ante la CNSC
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las OPEC disponibles y ese reporte se hizo en vigencia del anterior manual de
funciones y de la derogada planta de personal.
24. Que si bien es cierto con el Decreto 0226 del 27 de julio de 2018 se estableció
una nueva planta de personal para la entidad, en el artículo 87 de ese acto general
se determinó que los cambios solo entrarían a regir con la publicación del decreto
en la gaceta departamental, circunstancia que solo ocurrió el 23 de mayo de 2021,
fecha en que ya se había expedido la convocatoria demandada en este proceso
judicial.
25. Resaltó que la demora en la publicación del decreto que estableció la nueva
planta de personal obedeció a los problemas presupuestales del departamento y la
falta de recursos para implementar la nueva estructura orgánica, por lo que la
entidad siguió operando con la planta del establecida en el año 2013.
26. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda porque el acuerdo controvertido fue suscrito tanto por
el presidente de la CNSC como por el gobernador del Chocó, lo cual, en su criterio,
demuestra la concurrencia de voluntades exigida por el artículo 31 de la Ley 909 de
2004.
27. Consideró que la comunicación en la que el ente territorial solicitó a la CNSC
suspender el proceso de selección no tiene la naturaleza de un acto administrativo
de revocatoria directa, por lo que no podía alterar la validez de un acto previamente
perfeccionado.
28. Respecto de la nueva planta de personal sostuvo que solo entró en vigor en
el año 2021, por lo que al momento de expedirse la convocatoria esta se basó en la
planta de personal vigente para ese momento y reportada por la entidad beneficiaria
del concurso en la OPEC.
29. Finalmente, respecto de falta de un certificado de disponibilidad fiscal,
sostuvo que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección la falta de registro
presupuestal no acarrea la nulidad del acto que autoriza el gasto, sino que
constituye una irregularidad en la ejecución, susceptible de control fiscal.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
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la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
Problemas jurídicos
31. De conformidad con los cargos formulados por la parte demandante, los
argumentos de defensa expuestos por las entidades demandadas y el auto que fijó
el litigio, la Sala deberá establecer si el acuerdo demandado es ilegal por:
(i.) Desconocer el principio de planeación y lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 909 de 2004, al no suspenderse el proceso de selección ante la solicitud
de la entidad territorial.
(ii.) Haberse sustentado en una planta de personal no vigente, debido a la
reestructuración administrativa adoptada por la entidad territorial mediante el
Decreto 0206 del 27 de julio de 2018.
(iii.) No contar con el certificado de disponibilidad presupuestal y los recursos
financieros necesarios, desconociendo los principios de legalidad del gasto
público y planeación presupuestal.
(iv.) Por haber ofertado cargos ocupados por personas nombradas en
provisionalidad en condición de prepensionados.
Análisis de los problemas jurídicos
32. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque con la expedición del
acuerdo acusado no se vulneró el principio de planeación ni el artículo 31 de la Ley
909 de 2004, ya que la solicitud de suspensión del proceso interpuesta por la entidad
beneficiaria del concurso no tiene carácter obligatorio para la CNSC y, además, se
probó que el proceso de selección fue planeado conjuntamente por las autoridades
demandadas.
33. A su vez, está acreditado que el acto demandado se expidió con base a la
planta de personal y el manual de funciones vigentes porque la reforma
administrativa de la entidad no había entrado a regir. Por otra parte, la falta del
certificado de disponibilidad presupuestal no tiene la potencialidad de afectar la
validez de la convocatoria.
Desconocimiento del deber de planeación y del artículo 31 de la Ley 909 de
2004
34. El artículo 125 de la Constitución Política establece que, por regla general,
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción
de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, esta disposición
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constitucional dispuso que los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no ha
sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público
de méritos.
35. La Ley 909 de 2004 regula la carrera administrativa como un sistema técnico
de administración del personal que tiene por objeto la eficiencia de la Administración
Pública. A su vez, reconoce el mérito como garante de los principios de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.
36. De conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Constitución
Política, la CNSC es un órgano autónomo e independiente responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con excepción
de aquellas que tengan carácter especial. A su turno, la Ley 909 de 2004 define la
entidad como un órgano permanente del orden nacional, independiente de las otras
ramas del poder público, cuyo propósito es garantizar la plena vigencia del principio
del mérito.
37. Por otra parte, la planeación del proceso de selección constituye una
expresión de los principios de coordinación y colaboración armónica previstos en
los artículos 113 y 209 de la Constitución Política y, en materia de concursos de
méritos, se concreta en las actuaciones previas que deben adelantar conjuntamente
la CNSC y la entidad nominadora para hacer posible la expedición de la
convocatoria.
38. Los artículos 31 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015,
adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, desarrollan ese mandato al
imponer a las entidades territoriales el deber de «participar con la Comisión Nacional
del Servicio Civil en el proceso de planeación conjunta y armónica», lo que
comprende, entre otras actuaciones, el reporte de la Oferta Pública de Empleos de
Carrera Administrativa (en adelante, OPEC), la actualización de la planta de
personal y de los manuales de funciones, así como la acreditación de la
disponibilidad presupuestal necesaria para financiar el proceso.
39. Si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso que la
convocatoria a concurso de méritos debía ser suscrita por la CNSC y el jefe de la
entidad u organismo cuyas vacantes debían proveerse, también lo es que, para esta
Corporación, lo relevante es que exista una etapa de planeación conjunta entre la
CNSC y la entidad beneficiaria del concurso, en atención a los principios de
coordinación y colaboración armónica entre los poderes públicos1, reconocidos por
los artículos 113 y 209 de la Constitución Política.
40. En este caso está plenamente probado que se cumplió con el principio de
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022,
radicado 11001-03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
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planeación conjunta, no solo porque el acto de convocatoria fue suscrito por el
representante legal de la CNSC y el gobernador del Departamento del Chocó, sino
también se acreditó que en el acto demandado se ofertaron los cargos que
previamente la entidad territorial registró en la OPEC.
41. Sobre este punto, esta Corporación ha expresado que el suministro de la
OPEC a la CNSC es un elemento indispensable para impulsar los concursos y es
un reflejo de la colaboración y coordinación en la etapa de planeación, pues «la
información que se consolida en la oferta es la que permite conocer cuáles son los
perfiles requeridos para los empleos por proveer mediante el concurso de méritos.
De esta manera, si no se contara con ella, el certamen no podría llevarse a cabo»2.
42. En este sentido, esta Subsección ha resaltado la importancia del registro de
la OPEC en los siguientes términos:3
El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para elaborar
la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la OPEC
definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema del
mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria4.
Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña la
convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas5.
43. Así las cosas, en el asunto objeto de estudio de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 el principio de
planeación conjunta se materializó en el registro y reporte que realizó la gobernación
del Chocó de las OPEC que luego serían ofertadas en la convocatoria, acto que
luego fue suscrito por los representantes legales de ambas entidades.
44. Aunque es cierto que con posterioridad a la expedición del acto de
convocatoria el gobernador del Departamento del Chocó solicitó a la CNSC la
suspensión del proceso de méritos porque en la entidad se había conformado una
nueva planta de personal, también está acreditado que la CNSC fue informada de
la suspensión de la implementación de dicha reforma por los problemas
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022,
radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-
2018).
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022,
radicado 11001-03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado
11001-03-25-000-2019-00204-00 (1330-2019).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022,
radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-
2018).
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presupuestales que alegó el ente territorial.
45. En el expediente obra prueba del certificado de la época del jefe de rentas
del departamento en el que indicó «que el ente territorial no cuenta con los recursos
suficientes para apalancar financieramente una reestructuración de la planta de
personal». A su vez, en el trámite de este proceso el Departamento del Chocó
reconoció que solo inició el proceso de implantación de la nueva planta de personal
en el año 2021.
46. Así las cosas, ante la suspensión indefinida de la implementación de la nueva
planta de personal, la CNSC informó al gobernador del Departamento del Chocó
que continuaría con el procedimiento administrativo, comoquiera que para ese
momento las reformas orgánicas realizadas a la estructura de la administración
departamental no habían sido ejecutadas. Este contexto evidencia que en el
proceso de selección cuestionado y en los actos preparatorios de la convocatoria
demandada la CNSC y la entidad territorial tuvieron una comunicación permanente
y las decisiones administrativas se adoptaron sustentadas en esa realidad.
47. Es importante resaltar que en este asunto no se estaba ante una suspensión
temporal de la reforma a la planta de personal sino indefinida, hasta que la entidad
territorial contara con los recursos para ejecutar los cambios estructurales
realizados en su organización. Por tal razón, desnaturalizaría el sistema de carrera
y la relevancia del principio del mérito la suspensión indeterminada del proceso de
selección del personal por los problemas que tienen las entidades en las reformas
a sus estructuras orgánicas.
48. Para la Sala la decisión de continuar con el concurso con los cargos
reportados por la entidad territorial en la OPEC materializó el principio del mérito y
es acorde con lo establecido en el artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015,
disposición que obliga elaborar y suscribir la convocatoria a concurso con base en
las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los empleos definidos por
la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual específico de
funciones y requisitos vigentes.
49. En definitiva, ante la incertidumbre sobre la fecha en que entraría a regir la
nueva planta de personal, la Sala concluye que la CNSC no desconoció el principio
de planeación ni el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 al continuar el proceso de
selección con las OPEC reportadas por la entidad beneficiaria del concurso y
teniendo como referente la planta de personal y el manual de funciones vigentes
para esa época.
50. En contraste, una suspensión indefinida del concurso de méritos
desconocería la naturaleza de la carrera administrativa y el mérito como elementos
estructurales de nuestra Constitución, pues la realización de este procedimiento
quedaría condicionada a la voluntad de la entidad beneficiaria de implementar la
reforma a su planta de personal.
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Disponibilidad presupuestal
51. El artículo 30 de la Ley 909 de 2004 establece que los costos que genere la
realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades
que requieran la provisión de los empleos. A su vez, el primer inciso del artículo 71
del Decreto 111 de 19966, compilatorio del Estatuto Orgánico del Presupuesto,
prevé que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones
presupuestales deben contar con certificados de disponibilidad previos,
entendiendo por apropiación, la autorización de gasto suficiente para atender las
erogaciones que ellos generen (art. 89 de la misma disposición).
52. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reitera la posición asumida de tiempo atrás
en la que se ha dejado sentado que el certificado de disponibilidad presupuestal no
es un requisito de validez del acto administrativo, por lo que su ausencia no
compromete la presunción de legalidad de la convocatoria7. En esta línea, la
ausencia del certificado de disponibilidad presupuestal no constituye una
irregularidad sustancial que derive necesariamente en la nulidad o suspensión de la
convocatoria a concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera 8.
53. En todo caso, en este asunto obra en el expediente constancia del certificado
de disponibilidad presupuestal por el monto de $ 196.000.000, emitido por el
Coordinador del Grupo de Presupuesto de la Gobernación del Chocó para la
elaboración del concurso de mérito que es objeto de examen en este proceso9.
54. Así las cosas, este cargo no está llamado a prosperar porque el proceso de
selección contó con un certificado de disponibilidad presupuestal y, en todo caso, la
ausencia de este certificado no afectaría la validez del acto de convocatoria.
Protección del personal nombrado en provisionalidad
55. La parte actora reprocha que de la oferta de cargos de la convocatoria no se
excluyeran los ocupados por servidores que se encontraban en condición de
vulnerabilidad y, por lo tanto, eran sujetos de especial protección constitucional
como los prepensionados.
56. Al respecto, la Sala ha explicado que si bien es cierto que pueden existir
6 Según el primer inciso del artículo 109 ibidem, las normas de la Ley Orgánica de Presupuesto,
compiladas en dicho decreto, también son aplicables a las entidades territoriales.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de enero de 2017. Exp.
25000-23-24-000-2007-00203-02 (3756-15). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Tesis que fue reiterada
por la Subsección A. Sentencia del 25 de abril de 2024. Exp. 11001-03-25-000-2019-00829-00
(5999-2019). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020,
radicado: 11001 03 25 000 2014 00025 00 (0064-14).
9 Al respecto, ver certificado que consta en la página 153 del anexo de pruebas del índice 3 de
Samai.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00621-00 (3011-2021)
Demandante: Asociación Sindical Trabajadores Gobernación del Chocó
empleados que estén vinculados en provisionalidad y se encuentren en situaciones
particulares que los hagan merecedores de un tratamiento diferencial, tal
circunstancia no puede desplazar el derecho que adquiere quien ha superado todas
las etapas de un concurso de méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual
aspiró.10 De ahí que, ofertar los cargos ocupados por personas en condiciones
especiales no vicia de nulidad la convocatoria.
57. En este caso, la parte accionante en la demanda no identificó las situaciones
administrativas particulares de los funcionarios en provisionalidad que ameritaría
algún tipo de medida de protección dado que se limitó a señalar de manera genérica
que no se había tenido en cuenta a las personas en condición de prepensionados.
En consecuencia, este cargo tampoco está llamado a prosperar.
Condena en costas
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia. La
pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
59. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general,
no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público;
y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario
cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma
hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular
al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor
de un sujeto determinado.
60. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general al
abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra el
acto administrativo demandado que debieron ser analizados tanto al decidir la
medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001
03 25 000 2023 00042 00 (0818-2023).
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00621-00 (3011-2021)
Demandante: Asociación Sindical Trabajadores Gobernación del Chocó
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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