Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00042-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00042-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00042-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001 03 25 000 2023 00042 00 (0818-2023)
Demandantes: Jhon Alexánder Rozo Contreras y otros1
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y municipio de Villavicencio
Tema: Deber de socializar el manual de funciones de manera previa a
su expedición con las organizaciones sindicales.
Decisión: Accede a las pretensiones y declara la nulidad de los actos
acusados.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Acuerdo CNSC -
20191000006436 del 2 de julio de 20192, suscrito por la Comisión Nacional del
Servicio Civil (en adelante, CNSC) y el municipio de Villavicencio y el Decreto 1000-
21/282 de junio 20193, emitido por el referido ente territorial.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte actora afirmó que los actos administrativos demandados fueron
proferidos de manera irregular y con desconocimiento de las normas en que debían
1 Luz Mireya López Baquero, Andrea Paola Zuleta, Julio César Urueña Aragón, Carol Viviana Chisco
Rojas, Sandra Patricia Roa Hernández, María Florinda Velásquez, Diana Rocío Mendoza Ríos,
Claudia Urrego Chávez, Rubiela Rojas Vargas, Martha Lucía Daza Villamil, Didier Baudilio Albarracín
García, Andrea Carolina Lombo Brijalba, Marianela Roa Sánchez, Elizabeth Amaya Suárez, Floridey
Hernández Silva, Antonio Manuel Calle Bolívar, Nubia Stella Herrera Jiménez, Hildebrando Daza
Daza, Emilce Pineda Cortés, Gina Paola Giraldo Marín, Samara Yasmín Romero Ruiz, Gloria Eddie
Noguera Rico, Germán Ricardo Melo Vargas, Melba Beltrán Ladino, Martha Patricia Vaca Penagos,
Martha Maritza Giraldo León, María Nory Corredor Leguizamo, William Alexander Correa, Elizabeth
González López, Brigite Leandra Ruiz Gómez, Sonia Patricia Aguilar López, Heidy Gómez Flórez,
Concepción Sanabria Pabón, Angélica María Rincón Hernández, Viviana Vélez Castaño, Diana
Macol Díaz Porras, Wilson Erney Sucunchoque Gutiérrez, José Audolonio Gutiérrez Bolívar, Erica
María Barreto Castro, Janneth Constanza Bedoya Medina, Karen Yuraima Serrano Torres, Adriana
Betancourt Álvarez, Gilberto Aponte Rey, Ovidio Rodríguez Higuera, Fredy Alfonso Gutiérrez
Romero, Luz Helena Cruz Rojas, Yoiny Raquel Alonso Vanegas, Claudia Isabel Caicedo Ramírez,
Magda Yanet Riaño Cifuentes e Ignacio Silva Flórez.
2 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección para proveer los
empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la Alcaldía de Villavicencio - Convocatoria No. 1335 de 2019 - Territorial 2019
• II».
3 «Por medio del cual se adopta el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos
de la Alcaldía del Municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones».
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Demandantes: Jhon Alexánder Rozo Contreras y otros
fundarse4. En concreto, señaló que el Decreto 1000-21/282 de junio de 2019, por
medio del cual se adoptó el manual específico de funciones y competencias
laborales (en adelante, MEFCL), no fue socializado antes de su expedición con los
empleados vinculados en provisionalidad, ni con las organizaciones sindicales.
2. Indicó que el estudio técnico requerido para la expedición del MEFCL no tuvo
en cuenta las competencias de los empleos, formación académica, experiencia,
número de cargos, ni fue elaborado por una entidad idónea.
3. Igualmente, manifestó que las entidades demandadas profirieron el Acuerdo
20191000006436 del 2 de julio de 2019 pese a las inconsistencias presupuestales
que, a su juicio, existían en el rubro destinado a financiar el proceso de selección,
de manera que el concurso de méritos se convocó sin que el municipio contara con
los recursos para asumir los costos.
4. Adujo que en la aplicación de las pruebas escritas para los empleos de los
niveles asistencial, técnico, profesional y asesor «no se siguieron normas
convencionales, formales, semánticas y gramaticales del español» y que, además,
en la valoración de antecedentes de los participantes que las aprobaron se
inobservó el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos.
5. También sostuvo que la comisión de personal del municipio de Villavicencio
no informó los cargos que debían ser excluidos de la OPEC porque los servidores
que los venían ocupando tenían situaciones especiales, a saber: personas en
condición de discapacidad o con enfermedades laborales, integrantes de
comunidades étnicas, madres o padres cabeza de familia, prepensionados,
víctimas de la violencia, mujeres embarazadas y las personas cobijadas por fuero
sindical.
6. Finalmente, agregó que el Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020
porque la reactivación del concurso de méritos durante la emergencia sanitaria
desconocía la Constitución Política y vulneraba el principio del mérito en la función
pública.
Contestaciones de la demanda
7. El municipio de Villavicencio se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda argumentando, en primer lugar, que los actos
administrativos acusados fueron expedidos conforme a la Constitución y la ley y,
por ende, no estaban incursos en las causales de nulidad previstas en el artículo
137 del CPACA.
4 Artículos 2, 3, 4, 6, 13, 23, 25, 28, 53, 58, 113, 115, 121, 125, 189-1, 209, 218, 230 y 241de la
Constitución Política; 7,11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004; 137, 149 y 162 de la Ley 1437 de 2011;
2 de la Ley 1960 de 2019; 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto
051 de 2018; y 4 del Decreto 498 de 2020, modificó el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015.
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8. Expuso que el MEFCL fue «debidamente socializado» el 4 de junio de 2019
y que de ello se dejó constancia en el considerando quinto del decreto. Añadió que
el estudio técnico que sirvió de soporte para la expedición del Decreto 1000-21/282
de junio de 2019 fue elaborado por la Escuela Superior de Administración Pública
(en adelante, ESAP) en desarrollo del Convenio Administrativo 652 de 2017 y que
ese documento contenía las razones de modernización administrativa.
9. En esa misma línea, aseguró que no era cierto que el estudio técnico
hubiera omitido las competencias de los empleos, la formación académica, la
experiencia o el número de cargos ofertados. También sostuvo que la valoración
de antecedentes se efectuó en debida forma y que sí reportó a la CNSC las
situaciones especiales de algunos servidores, entre ellas la de los prepensionados.
10. Explicó que no existieron irregularidades en la financiación de la
convocatoria, pues se realizaron pagos con cargo a gastos de funcionamiento y
vinculación de personal con fuente de recursos propios, además de haberse
efectuado la socialización de la convocatoria por dependencias.
11. Por último, añadió que no le constaba el reproche relacionado con la
elaboración de las pruebas escritas, dado que esa labor no estuvo a cargo del
municipio, y que las pruebas realizadas en el año 2021 tuvieron en cuenta los
protocolos de bioseguridad.
12. La CNSC solicitó negar las pretensiones de la demanda. En sustento,
señaló que el acuerdo acusado fue expedido conforme a la Constitución y la ley, en
cumplimiento de la finalidad del concurso de méritos, esto es, proveer las vacantes
de la planta de personal de la Alcaldía de Villavicencio con los participantes que
superen las etapas del proceso y, de ese modo, permitir el acceso a derechos de
carrera administrativa.
13. Precisó que el municipio de Villavicencio consolidó en el aplicativo SIMO la
Oferta Pública de Empleos de Carrera (en adelante, OPEC), la cual fue certificada
por el representante legal y el jefe de talento humano de la entidad. Agregó que el
MEFCL fue actualizado por el ente territorial y remitido a la CNSC para que sirviera
de insumo en la estructuración del proceso de selección.
14. En ese contexto, sostuvo que la consolidación y el reporte de los empleos
a proveer, así como la actualización y modificación del MEFCL, estaban a cargo del
municipio de Villavicencio, por lo que su actuación se limitó a adelantar el concurso
con base en la OPEC reportada por la entidad territorial.
15. Indicó que la aplicación de las pruebas escritas se realizó en cumplimiento
a lo establecido en el Decreto 1754 de 20205, pues la universidad donde se llevaron
5 «Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado
con la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los
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a cabo respetó los protocolos de bioseguridad y los lineamientos dados por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
16. Finalmente, aclaró que la CNSC no tiene a su cargo la obligación de asumir
los gastos que se causan con ocasión del proceso de selección, pues la
financiación de los concursos de méritos proviene de los derechos de inscripción
pagados por los aspirantes y de los aportes que deben efectuar las entidades
convocantes.
Trámite en única instancia
17. Mediante providencia del 30 de noviembre de 2023 se admitió la demanda.
18. En auto del 25 de abril de 2024 el despacho denegó la medida cautelar de
suspensión provisional de los actos acusados. Contra esta decisión, la parte actora
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
19. Mediante auto del 25 de julio de 2024, se resolvió no reponer el auto del 25
de abril de 2024 y se adecuó el recurso de apelación al de súplica, por ser el
procedente de conformidad con el numeral 2 del artículo 246 del CPACA. En
consecuencia, en el ordinal segundo de dicha providencia se ordenó a la Secretaría
de la sección que, una vez ejecutoriada la decisión, remitiera el cuaderno de medida
cautelar al despacho del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez para que se
estudiara el citado recurso.
20. En auto del 19 de marzo de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al evidenciarse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.
21. Adicionalmente, en esa providencia se advirtió que el cuaderno de medidas
cautelares no había sido remitido al despacho del magistrado Jorge Iván Duque
Gutiérrez para la decisión sobre el recurso de súplica, motivo por el cual se ordenó
a la Secretaría de la sección, por segunda vez, proceder con dicha remisión.
Alegatos de conclusión
22. Los demandantes y el Ministerio Público guardaron silencio.
23. La CNSC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda. En síntesis, sostuvo que la parte actora no desvirtuó la presunción de
legalidad que ampara los actos administrativos enjuiciados, pues no cumplió con la
procesos de selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y
específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria».
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carga procesal de formular una acusación clara, pertinente y conducente que
permitiera al juez adelantar el control abstracto de legalidad.
24. El municipio de Villavicencio solicitó negar las pretensiones de la
demanda al considerar que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad que ampara el acto administrativo acusado ni acreditar la configuración
de la causal de nulidad invocada.
25. Enfatizó en que el material probatorio allegado al expediente daba cuenta
de que realizó el reporte de la OPEC, socializó el MEFCL antes de su expedición,
en concreto el 4 de junio de 2019 y contó con un estudio técnico elaborado por la
ESAP para sustentar su adopción.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.
Cuestión previa
27. Como ya fue anticipado, mediante autos del 25 de julio de 2024 y 19 de
marzo de 2026, se ordenó a la Secretaría de la sección remitir el cuaderno de
medidas cautelares del expediente de la referencia para efectos de resolver el
recurso de súplica interpuesto por la parte actora contra el auto del 25 de julio de
2024, por medio del cual no se repuso la providencia del 25 de abril del mismo año,
que a su vez negó la solicitud de suspensión provisional de los actos demandados.
28. Revisado el informe rendido por la Secretaría de esta Sección, se advierte
que solo hasta el 28 de abril de 2026 se materializó la orden de remitir el cuaderno
de medidas cautelares al Despacho del Dr. Duque Gutiérrez para resolver el
recurso de súplica.
29. Ahora bien, esta circunstancia no impide proferir la decisión de fondo. En
efecto, de conformidad con los artículos 229 y 230 del CPACA, las medidas
cautelares tienen naturaleza provisional, instrumental y accesoria, y su finalidad
consiste en «proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia».
30. De ello se sigue que la controversia cautelar no posee autonomía material
frente al litigio principal, pues se justifica únicamente en cuanto resulte necesario
adoptar una protección transitoria mientras se dicta el fallo. Por tanto, cuando el
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proceso se encuentra en estado de decisión, la sentencia satisface de manera
plena y definitiva la finalidad que provisionalmente podía cumplir la medida cautelar,
en tanto resuelve la controversia y define con autoridad la situación jurídica
debatida.
31. En consecuencia, aunque el trámite de la súplica no se hubiere agotado,
en virtud del principio de economía procesal6, la Sala encuentra que no hay razón
para diferir el fallo, pues este pone fin al litigio y torna inocua cualquier decisión
pendiente sobre una pretensión de naturaleza provisional.
Problemas jurídicos
32. La Sala deberá resolver, en primer lugar, si el Decreto 1000-21/282 de
junio de 2019 fue expedido de manera irregular y con desconocimiento de las
normas en que debía fundarse, en la medida en que (i) no fue socializado antes de
su expedición con los empleados vinculados en provisionalidad ni con la
organización sindical y (ii) el estudio técnico que le sirvió de soporte no tuvo en
cuenta las competencias de los empleos, la formación académica, la experiencia ni
el número de cargos y, además, no fue elaborado por una entidad idónea.
33. A continuación, se determinará si el Acuerdo 20191000006436 del 2 de
julio de 2019 es ilegal por haberse expedido sin certificado de disponibilidad
presupuestal previo y por haber ofertado empleos ocupados por personas en
condición de debilidad manifiesta, sin que el ente territorial hubiera reportado
oportunamente las vacantes que debían excluirse ni adoptado acciones afirmativas
en favor de esos servidores.
34. Finalmente, la Sala deberá estudiar si el proceso de selección objeto de
control debe declararse nulo por las deficiencias atribuidas a la formulación de las
pruebas escritas y por la falta de verificación de los requisitos mínimos en la etapa
de valoración de antecedentes.
Análisis de los problemas jurídicos
35. La Sala declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, al
encontrar acreditada la causal de infracción de normas superiores. En efecto, no
obra en el expediente prueba que acredite que, antes de la expedición del Decreto
1000-21/282 de junio de 2019, el municipio de Villavicencio hubiera cumplido el
deber de socializar el MEFCL con las organizaciones sindicales, de conformidad
con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015,
adicionado por el Decreto 051 de 2018.
6 Al respecto, esta Corporación en un caso similar al presente encontró procedente proferir sentencia
pese a tener pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto contra un auto que resolvió
sobre una medida cautelar, con fundamento en el principio de economía procesal y lo dispuesto en
el inciso 6 del artículo 323 del CGP. Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de septiembre de 2025, radicado
76001-23-33-000-2018-01318-02 (2061-2024).
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36. Igualmente, se declarará la nulidad del Acuerdo 20191000006436 del 2 de
julio de 2019, en la medida en que se fundamentó en un MEFCL expedido con
desconocimiento del deber legal de socialización. Esa irregularidad se proyecta
sobre la convocatoria, pues el manual constituía el instrumento a partir del cual se
definían las funciones y los requisitos de los empleos ofertados.
Deber de socializar el MEFCL con las organizaciones sindicales de manera
previa a su expedición
37. La parte actora afirmó que el Decreto 1000-21/282 de junio de 2019, por
medio del cual se adoptó el MEFCL de la Alcaldía de Villavicencio, no fue
socializado antes de su expedición con los empleados vinculados en
provisionalidad ni con la organización sindical. Como sustento de este reproche,
indicó que en el trámite de elaboración y discusión del manual no obraban actas ni
otros soportes que permitieran verificar esa actuación ni que dieran cuenta de su
motivación, de las necesidades del servicio o de las razones de la modernización
administrativa.
38. Sobre el particular, el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083
de 20157, adicionado por el Decreto 051 de 2018 y vigente para la fecha en que se
adoptó el MEFCL demandado, impuso a las entidades el deber de publicar las
modificaciones o actualizaciones del manual por el término previsto en su
reglamentación y, además, de socializarlas con las organizaciones sindicales antes
de expedir el correspondiente acto administrativo.
39. En armonía con ese mandato, la Circular Externa 100-09 de 2015 del
Departamento Administrativo de la Función Pública estableció que las entidades de
la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial que adelantaran procesos de
rediseño institucional, modificación de la estructura interna o reforma de la planta
de empleos debían garantizar «la participación efectiva de las organizaciones
sindicales de la respectiva entidad, con el fin de escuchar sus inquietudes y
sugerencias sobre el particular».
40. De lo expuesto se desprende que todas las entidades públicas del orden
nacional y territorial que adelanten el proceso de modificación de su MEFCL están
obligadas a hacer partícipes de dicho trámite a las organizaciones sindicales de la
respectiva entidad. Para el efecto, deben promoverse entornos idóneos de
participación que permitan a estos grupos de servidores exponer sus
observaciones, inquietudes y sugerencias frente a las modificaciones proyectadas.
7 «Parágrafo 3. En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades deberán
publicar, por el término señalado en su reglamentación, las modificaciones o actualizaciones al
manual especifico de funciones y de competencias laborales. La administración, previo a la
expedición del acto administrativo lo socializara con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin
perjuicio de la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo».
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41. De esta manera, más allá de especificar en qué escenarios y de qué manera
se debe conceder la participación a las organizaciones sindicales, la norma persigue
que se den de manera efectiva los espacios de participación en los cuales se
conozca la posición del sindicato frente a las modificaciones al manual de funciones
pretendidas por la entidad8.
42. Bajo ese entendido, corresponde determinar si el municipio de Villavicencio
garantizó la participación de las organizaciones sindicales durante el proceso de
adopción del MEFCL, con el fin de permitirles formular observaciones, inquietudes
y sugerencias, o si, por el contrario, desconoció lo previsto en las disposiciones
citadas.
43. Para arribar a una conclusión, es necesario examinar el material probatorio
allegado al expediente. Por un lado, la CNSC aportó (i) el Acuerdo CNSC-
20191000008766 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se modificaron
algunos artículos del acuerdo de convocatoria; (ii) el Acuerdo CNSC-
20191000006436 del 2 de julio de 2019, junto con su anexo de especificaciones
técnicas; y (iii) el informe rendido en el marco de esta actuación judicial, en el que
esa entidad precisó que la competencia para elaborar, actualizar y modificar el
MEFCL recae exclusivamente en la entidad territorial convocante.
44. En dicho informe, la CNSC realizó además un recuento de las etapas del
proceso de selección y de sus respectivas fechas de ejecución, y precisó que las
listas de elegibles de la Convocatoria Territorial 2019-II se encuentran en firme, «por
lo cual han surgido derechos para quienes ocuparon posiciones meritorias, siendo
nombrados y posesionados en las vacantes y empleos convocados».
45. Por otro lado, el municipio de Villavicencio allegó el reporte de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera Administrativa - OPEC, suscrito por el
representante legal y el jefe de talento humano de la entidad, así como copia de los
actos demandados. Entre estos documentos se destaca el considerando quinto del
MEFCL, en el que se indicó que, de «conformidad con lo establecido en el artículo
29 del Decreto 1785 de 2014 y la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo, en el numeral 8 de su artículo 8, la administración socializó el
manual de funciones y competencias laborales el día cuatro (4) de junio de 2019».
46. Adicionalmente, aportó (i) comunicaciones intercambiadas con la CNSC
sobre la estructuración y desarrollo del proceso de selección; (ii) documentos
relacionados con la socialización de la convocatoria, entre ellos oficios, circulares
internas y constancias de entrega en distintas dependencias del municipio; (iii)
actos administrativos mediante los cuales se dispuso el traslado de recursos para
sufragar los costos del concurso; y (iv) certificados de disponibilidad presupuestal
expedidos en las vigencias 2019 y 2020 para tal efecto.
8Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 12 de junio de 2025, radicado 11001-03-25-000-2021-00468-00 (2277-2021).
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47. De la relación probatoria anterior se advierte que el municipio de
Villavicencio no acreditó el cumplimiento del deber de socialización del MEFCL en
los términos exigidos por la normativa aplicable. En efecto, si bien allegó copia del
referido manual, en cuyo considerando quinto se afirma que la socialización se
realizó el 4 de junio de 2019, esa manifestación no se encuentra respaldada por
elementos de convicción que permitan verificar que dicha actuación efectivamente
tuvo lugar.
48. En ese sentido, no obran en el expediente actas, registros de asistencia o
cualquier otro soporte documental que dé cuenta de la realización de espacios de
socialización con las organizaciones sindicales ni de su intervención en el proceso
de adopción del manual, como lo exige el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 051 del 16 de enero de 2018.
49. La Sala resalta que los documentos allegados por la entidad territorial se
refieren a la convocatoria del concurso y no al MEFCL. Por tanto, respecto de este
último acto no se acreditó el cumplimiento del deber legal de socialización.
50. Si bien, en principio, corresponde a la parte actora acreditar los hechos en
que funda sus pretensiones, en este asunto la constatación del cumplimiento del
deber de socialización con las organizaciones sindicales dependía de antecedentes
administrativos que debían reposar en poder de las entidades demandadas. Por
ello, desde el auto admisorio se les requirió para que allegaran el expediente de la
actuación cuestionada, en los términos del parágrafo 1 del artículo 175 del CPACA.
51. En ese contexto, la falta de soportes que den cuenta de la socialización
del MEFCL impide tener por demostrado que el municipio de Villavicencio hubiera
cumplido ese deber antes de expedir el Decreto 1000-21/282 de junio de 2019.
52. No puede perderse de vista que la acusación formulada por la parte
demandante constituye una negación indefinida, esto es, la afirmación de que el
municipio de Villavicencio no socializó el MEFCL con las organizaciones sindicales
de manera previa a su expedición, lo cual, conforme a las reglas de la carga de la
prueba, trasladaba a las entidades demandadas el deber de acreditar que sí
cumplieron con esas obligaciones9. Sin embargo, ninguna de ellas allegó elemento
probatorio alguno encaminado a desvirtuar ese señalamiento, pese a haber sido
expresamente requeridas para ello.
9 «Sobre este aspecto han sido unánimes las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado al, considerar que las afirmaciones o negaciones indefinidas son aquellas que ni
indirecta o implícitamente conllevan ninguna afirmación o negación opuesta: que no sólo son
indeterminables en el tiempo y en el espacio, sino que, en la práctica, no son susceptibles de probar
por medio alguno. En estos casos, de acuerdo a las reglas generales sobre la carga de la prueba, el
fardo probatorio se invierte, correspondiéndole a la parte demandada probar el supuesto de hecho
contrario». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia
del 7 de octubre de 1992, radicado 4442.
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53. En esas condiciones, se concluye que el Decreto 1000-21/282 de junio de
2019 fue expedido con infracción de normas superiores, en particular del parágrafo
3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 051
del 16 de enero de 2018, al no acreditarse que, con anterioridad a su expedición,
el MEFCL hubiera socializado con las organizaciones sindicales.
54. Por consiguiente, la Sala declarará la nulidad del Decreto 1000-21/282 de
junio de 2019 y se relevará del estudio de los demás reparos formulados en su
contra.
55. No obstante, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento
de la entidad y el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, la Sala
diferirá los efectos de la nulidad por el término de seis (6) meses contados a partir
de la ejecutoria de esta providencia. En efecto, de retirarse del ordenamiento
jurídico el MEFCL sin ningún tipo de salvedad sobre los efectos de esta providencia,
los funcionarios de la entidad territorial demandada no tendrían ninguna norma que
establezca sus funciones y obligaciones, lo que afectaría el cumplimiento del
servicio público, por lo que es necesario diferir los efectos de nulidad del manual.
56. Dentro del lapso de seis (6) meses otorgados el municipio de Villavicencio
deberá expedir un nuevo MEFCL con observancia de los requisitos legales, en
especial uno debidamente socializado con las organizaciones sindicales.
57. Superado lo anterior, corresponde establecer si la irregularidad derivada
del incumplimiento del deber de socialización previa del MEFCL con las
organizaciones sindicales se proyecta sobre la legalidad del Acuerdo
20191000006436 del 2 de julio de 2019.
58. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado10:
Si bien el acto administrativo que crea, actualiza, adiciona o modifica el manual de
funciones es independiente y autónomo de la decisión administrativa que convoca a
concurso de méritos, lo cierto es que el MEFCL no solamente genera impacto en la
provisión de empleos o en la configuración y estructura de la autoridad administrativa,
dado que el MEFCL de cara al concurso de méritos tiene una trascendencia directa,
pues la elaboración del proceso de selección, la OPEC y los mecanismos de
evaluación de los participantes se fundamentan en éste.
59. Bajo ese entendido, aunque el MEFCL y el acuerdo de convocatoria no
conforman un acto complejo, aquel sí constituye uno de los insumos jurídicos y
técnicos sobre los cuales se estructura el proceso de selección, en tanto a partir de
su contenido se definen los empleos ofertados, sus funciones, requisitos y, en
general, los parámetros relevantes para la conformación de la OPEC y la evaluación
de los aspirantes.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónSegunda, Subsección A.
Sentencia del 12 de marzo de 2026, radicado 11001-03-25-000-2021-00534-00 (2560-2021).
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60. Con el deber de socialización se pretende que los proyectos de
modificación de los manuales de funciones sean objeto de escrutinio y deliberación
con el propósito de realizar las correcciones, los ajustes y las mejoras que sean
pertinentes y que la Administración solo puede advertir como consecuencia del
diálogo entablado con las organizaciones interesadas.
61. En este orden, la convocatoria demandada integró unas OPEC que
tomaron como referencia un MEFCL que no fue objeto de escrutinio público ni sobre
el cual se pudo hacer los ajustes propios del proceso deliberativo y participativo que
es consecuencia de la socialización previa.
62. En efecto, las funciones y los requisitos de los cargos ofertados en el
concurso en cuestión no fueron socializados previamente, por lo que el vicio del
MEFCL tiene una clara incidencia en la convocatoria cuestionada.
63. En definitiva, la nulidad del MEFCL no recae sobre un aspecto aislado
carente de incidencia en las OPEC o en las reglas del concurso, sino sobre un vicio
que compromete la legalidad de la convocatoria, al tratarse de un defecto que
repercute en las funciones y requisitos de los cargos ofertados.
64. En consecuencia, el Acuerdo 20191000006436 del 2 de julio de 2019 debe
ser retirado del ordenamiento jurídico, en tanto se fundamentó en un MEFCL
expedido con desconocimiento de las normas que regulaban su formación, al no
haber sido socializado previamente con las organizaciones sindicales.
Efectos en el tiempo de la decisión de nulidad
65. Con el fin de determinar el alcance temporal de la presente decisión, la
Sala advierte que, de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente, el
proceso de selección objeto de controversia avanzó hasta la conformación de listas
de elegibles mediante distintos actos administrativos expedidos en el año 2021 11.
Esta circunstancia hace necesario pronunciarse sobre la modulación de los efectos
en el tiempo de la presente sentencia.
66. En relación con la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de
carácter general, la jurisprudencia contenciosa administrativa ha precisado que, por
regla general, la invalidez de la actuación tiene efectos retroactivos que se remontan
11 Concretamente, mediante las Resoluciones 2021RES-400.300.24-7937, 2021RES-400.300.24-
7952, 2021RES- 400.300.24-8069, 2021RES-400.300.24-7906, 2021RES-400.300.24-8041,
2021RES-400.300.24- 8032, 2021RES-400.300.24-8034, 2021RES-400.300.24-8087, 2021RES-
400.300.24-7959, 2021RES- 400.300.24-8044, 2021RES-400.300.24-11193, 2021RES-400.300.24-
8098,, 2021RES-400.300.24- 7956, 2021RES-400.300.24-7940, 2021RES-400.300.24-7969,
2021RES-400.300.24-7964, 2021RES- 400.300.24-7954, 2021RES-400.300.24-7885, 2021RES-
400.300.24-7980, 2021RES-400.300.24- 2021RES-400.300.24-8071 2021RES-400.300.24-8103,
2021RES-400.300.24-8068, 2021RES-400.300.24-7916 2021RES-400.300.24-7910, 2021RES-
400.300.24-7900 y 2021RES- 400.300.24-7990 del 11 y 18 de noviembre de 2021
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al momento mismo en que nació a la vida jurídica; y que, excepcionalmente, tendrá
efectos únicamente hacia el futuro frente a situaciones jurídicas consolidadas12.
67. Tratándose de la nulidad de los acuerdos de convocatoria, esta
Subsección ha considerado que la precitada excepción es aplicable a los casos en
que ya se han consolidado listas de elegibles, habida cuenta que las personas que
las conforman han adquirido derechos de carrera administrativa como resultado del
concurso de méritos que se está declarando nulo13.
68. En ese orden, los actos acusados se presumieron válidos desde su
expedición y, en dicho intervalo, produjeron efectos y tuvieron la potencialidad de
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas particulares y concretas que, de
encontrarse consolidadas, no pueden ser alteradas en virtud del presente
pronunciamiento.
69. Así las cosas, en virtud del principio de seguridad jurídica, la nulidad de los
actos administrativos demandados no podrá afectar los derechos de las personas
que integren las listas de elegibles emitidas en el proceso de selección adelantado
en el marco de los acuerdos demandados.
Condena en costas
70. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el
que se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR la nulidad del Acuerdo CNSC - 20191000006436 del 2 de
julio de 2019, suscrito por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el municipio de
Villavicencio, así como del Decreto 1000-21/282 de junio 2019, emitido por el
referido ente territorial.
La declaratoria de nulidad del Decreto 1000-21/282 de junio de 2019 solo producirá
efectos una vez transcurridos seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de
esta providencia. Dentro de ese término, el municipio de Villavicencio deberá
expedir un nuevo acto administrativo contentivo del manual específico de funciones
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 19 de
abril de 2023, radicado 68001-2331-000-2008-00558-01 (54328).
13 Véanse, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 12 de junio de 2025, radicado 11001-0325-000-2021-00468-00 (2277-
2021) y auto del 5 de junio de 2025, radicado 15001-2331-000-1995-15757-01 (0141-2007).
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y competencias laborales, con observancia de todos los requisitos legales, salvo
que para la fecha de esta sentencia ya hubiere adoptado uno ajustado a derecho.
SEGUNDO. La presente decisión no afecta los derechos adquiridos por las
personas que integren las listas de elegibles emitidas en el proceso de selección
adelantado en el marco de los acuerdos demandados.
TERCERO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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