Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00147-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00147-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00147-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00147-00 (1842-2023)
Demandantes: Ricardo Andrés Ceballos Botero y otros
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y municipio de
Rionegro (Antioquia)
Temas: Concurso de méritos. Deber de socializar el manual específico
de funciones y competencias laborales de manera previa a su
expedición con las organizaciones sindicales. ACCEDE A LAS
PRETENSIONES.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), promovido por los señores Ricardo
Andrés Ceballos Botero, Ferney Mauricio Ospina Henao, John Esteban Mejía
Rodríguez, Nelson Enrique Gómez García, Cecilia Ospina Ríos, Wilson Augusto
Ciro Idárraga, Yolima Andrea Castro Castaño, Jorge Eduardo López Bermúdez,
Carlos Enrique Palacio Zuluaga, Alejandro Montoya Montoya, Sindi Yuleni Franco
Ciro, Luis Javier Beltrán Muñoz, Jairo Alberto Vallejo Cardona, Juan Felipe
Restrepo Rodríguez, Samuel Alirio Rivillas Arias, Jhon Edwin Marín Bedoya,
Sandra Liliana Arbeláez González, Juan Carlos Echeverri Castaño, Edwin
Velásquez Medina, Liliana Rendon Suarez, Ramon Henao Otalvaro, Juan
Guillermo Arteaga Ceballos, Carlos Mario Gómez Foronda, Santiago González
Ríos, Melissa Ramírez Agudelo, María Fernanda Marín Galeano, Esneider
Mauricio López Henao y Edwin Alonso Gallego Ospina con el fin de que se acceda
a las siguientes:
PRETENSIONES1
1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Acuerdo CNSC 20191000001266 del 4 de marzo de 2019 «por el cual se
convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito
para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al
1 Índice 3 Samai.
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Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
Alcaldía de Rionegro (Antioquia) – Convocatoria 990 de 2019- Territorial
2019», expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el municipio
de Rionegro.
• Resolución 706 del 5 de julio de 2019 «por la cual se ajusta el manual de
funciones y competencias laborales, para los empleos de planta de
personal del municipio de Rionegro. Antioquia», proferida ese ente
territorial.
HECHOS
2. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que con ocasión de la etapa de planeación realizada entre la Comisión
Nacional del Servicio Civil y el municipio de Rionegro, se expidió el acuerdo que
estableció las reglas del concurso de méritos para proveer los empleos vacantes
de la planta de personal de dicho ente territorial, el cual fue publicado en la página
web www.cnsc.gov.co.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Los demandantes consideraron vulnerados los artículos: 2, 3, 4, 6, 13, 23, 25,
28, 53, 58, 113, 115, 121, 125, 189-1, 209, 218, 230 y 241 de la Constitución
Política; 7,11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004; 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015
(adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018); 2 de la Ley 1960 de 2019; y
4 del Decreto 498 de 2020.
5. Argumentaron que el manual específico de funciones y de competencias
laborales (en adelante MEFCL) del ente territorial demandado, es nulo porque
omitió realizar la socialización que ordena la ley, circunstancia que impidió la
participación de la ciudadanía.
6. Que el estudio técnico requerido para la expedición del manual no tuvo en
cuenta las competencias del empleo, formación académica, experiencia, número
de cargos ofertados, y no fueron realizados por una entidad idónea para este tipo
de labores.
7. Afirmaron que la actuación administrativa adelantada por las entidades
demandadas presentó inconsistencias presupuestales, específicamente se
advierten irregularidades en el rubro asignado para el pago de la convocatoria.
8. Que el municipio de Rionegro no informó los empleos que debían ser
excluidos de la OPEC porque estaban ocupados por personas que ostentan
condiciones especiales, tales como madres o padres cabeza de familia sin
alternativa económica, prepensionados, víctimas de violencia, entre otros.
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9. Acerca de la aplicación de pruebas escritas, indicaron que las preguntas no
siguieron normas convencionales, formales, semánticas y gramaticales del
español. Que muchas de las expresiones en los textos resultaron poco claras,
inconclusas y ambiguas. Que en lo que tiene que ver con la valoración de
antecedentes de los participantes que superaron las pruebas escritas, se
incumplieron los requisitos mínimos exigidos.
10. Que a pesar de que el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1754
del 22 de diciembre de 2020, al considerar que la reactivación del concurso de
méritos, en un periodo de emergencia sanitaria y social iba en contravía del
ordenamiento superior; las entidades demandadas no garantizaron el principio del
mérito, porque los aspirantes no estaban en óptimas condiciones para continuar
en el certamen.
11. El 30 de enero de 2024 se admitió la demanda, y se corrió traslado de la
solicitud de medida cautelar, la cual fue resuelta por auto del 20 de junio de 2024.
Notificado el medio de control, las entidades demandadas se pronunciaron en
tiempo.
12. Comisión Nacional del Servicio Civil2. Manifestó que el acuerdo demandado
y sus modificatorios3 no se encuentran afectados por vicio de nulidad alguno, pues
fueron expedidos en uso de las facultades constitucionales y legales conferidas
por el ordenamiento jurídico. Que adelantó de manera coordinada con el municipio
de Rionegro, la etapa de planeación del proceso de selección y de acuerdo con la
Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) reportada por dicho ente territorial
13. Que, si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1754 de
2020, las entidades debían efectuar los nombramientos en periodo de prueba,
pues esta etapa no estaba suspendida con ocasión de la declaratoria de la
emergencia sanitaria. Agregó que finalizado el certamen se expidieron 150 listas
de elegibles el 18 de noviembre de 2021, por lo que existen situaciones jurídicas
consolidadas.
14. Argumentó que las entidades regidas por los sistemas de carrera que
administra y vigila la CNSC, deben reportar todos los empleos que se encuentren
en vacancia definitiva, independientemente que estén provistos de manera
transitoria, mediante encargo o en provisionalidad con una persona en calidad de
prepensionado u otra condición especial.
15. Formuló las excepciones denominadas indebida escogencia de medio de
control y caducidad; inexistencia de causales de nulidad; cumplimiento de un
deber legal; buena fe y presunción de legalidad.
2 Índices 24 a 32, ibid.
3 Acuerdos CNSC 20191000007406 del 16 de julio de 2019 y CNSC 20191000009196 del 19 de noviembre de
2019.
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16. Municipio de Rionegro4. Expuso que el MEFCL fue proferido conforme al
ordenamiento jurídico vigente y por lo tanto goza de presunción de legalidad, en
consecuencia, la parte actora tiene la carga probatoria de demostrar los vicios que
alega. Que no se vulneró el debido proceso, pues a los interesados se les permitió
participar activamente del proceso meritocrático, aportar pruebas y en general,
llevar a cabo todas actuaciones procesales, además, se les dio respuesta de
fondo a las solicitudes invocadas dentro de los términos legales.
17. Afirmó que la Resolución 706 del 5 de julio de 2019 que adoptó el MEFCL y
que integró la OPEC fue debidamente socializado, pues el estudio técnico que le
dio origen se publicó en la plataforma G+ de la entidad, a la cual tienen acceso
todos los servidores, tanto en carrera administrativa como en provisionalidad. Que
dispuso de los recursos necesarios para adelantar la respectiva convocatoria
mediante la Resolución 169 de 2019 y el CDP 1412 de 2018, lo cual garantizó su
adecuado desarrollo.
18. Propuso las excepciones de legalidad en la actuación administrativa; y la
entidad territorial garantizó el debido proceso.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
19. El 12 de noviembre de 2024 se negó la solicitud de indebida escogencia del
medio de control y su consecuente caducidad formulada por la CNSC. Por auto
del 4 de febrero de 2025 se evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada
en los términos del artículo 182A del CPACA, se prescindió de la audiencia inicial
prevista en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, se decretaron las pruebas y se
fijó el correspondiente litigio. El 3 de marzo de 2025 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
20. El municipio de Rionegro5. Reiteró las razones expuestas en la contestación
de la demanda y agregó que ya se efectuó el nombramiento de la totalidad de
servidores que quedaron en listas de elegibles en los 220 empleos ofertados,
circunstancia que genera derechos adquiridos.
21. La parte demandante, la CNSC y el Ministerio Público guardaron silencio.
22. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
23. Se deberá determinar si la Resolución 706 del 5 de julio de 2019 que adoptó el
MEFCL, fue expedida de forma irregular porque: i) no fue socializada antes de su
4 Índice 34 ibid.
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Índice 59 ibid.
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expedición con los empleados vinculados en provisionalidad ni con la organización
sindical; y ii) el estudio técnico que le sirvió de soporte no tuvo en cuenta las
competencias de los empleos, la formación académica, la experiencia ni el número
de cargos y, además, no se elaboró por una entidad idónea.
24. También, si el acto de convocatoria desconoció las normas en que debía
fundarse, pues según se afirma: a) no tuvo en cuenta las medidas afirmativas para
las personas con debilidad manifiesta al momento de ofertar las vacantes; b)
deficiencias en las pruebas escritas; c) se inobservó el cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos en la valoración de antecedentes; y d) no se dio
aplicación al artículo 2 de la Ley 1960 de 2019. Igualmente, si se presentaron
inconsistencias presupuestales.
Validez de los actos administrativos
25. La validez de un acto administrativo hace alusión a la conformidad que este
tiene con el ordenamiento jurídico, consecuencia del respeto a la legalidad o del
sometimiento a las exigencias del derecho vigente, o, en otras palabras, se refiere
al valor que tiene el acto administrativo cuando es confrontado con los preceptos
legales, los cuales generan acatamiento por parte de los administrados en la
medida en que rigen las relaciones entre ellos y el Estado6.
26. Se requiere entonces que el acto administrativo reúna las siguientes
condiciones: i) que se haya dictado por autoridad competente; ii) que su contenido
se ajuste a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente; iii) que su
expedición se haya hecho de manera regular; iv) que los motivos que lo
justifican resultan acordes con la realidad; y v) que el ejercicio de la atribución con
base en la cual se profirió, satisfaga intereses públicos o los específicos a los que
responde dicha competencia.
27. Los vicios invalidantes de los actos administrativos en nuestro ordenamiento
jurídico aluden a todas aquellas circunstancias que tienen la capacidad de
suprimirles validez a las manifestaciones de voluntad de la administración como
consecuencia del incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para
que estas se produzcan conforme a derecho.
28. Respecto de la clasificación de estos vicios, el profesor Jaime Orlando
Santofimio Gamboa7 analiza los elementos del acto administrativo que resultan
afectados con la irregularidad que corresponda. Por la pertinencia de este aporte
para lo que es objeto de estudio, se puede sintetizar de la siguiente manera:
29. a) Elementos externos, entendidos como irregularidades que se predican del
sujeto activo o autoridad que profiere la decisión. Causales:
6
Carlos Ariel Sánchez Flores. Acto Administrativo. Teoría General. Editorial Legis. 2004. Pág. 98.
7
Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Acto administrativo: Procedimiento, eficacia y validez. Universidad
Externado de Colombia.
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• Falta de competencia;
• Desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa;
• Voluntad de la administración: i) error, ii) fuerza, y iii) dolo;
• De forma o de procedimiento: i) sustanciales -conducen a su nulidad- y ii)
de forma -no generan nulidad-. (Se destaca).
30. b) Elementos internos, se trata de defectos que afectan propiamente el acto
administrativo. Causales:
• Respecto de su objeto: i) imposibilidad, ii) ilicitud, iii) indeterminación e vi)
inexistencia;
• En relación con sus motivos: falsa motivación e inexistencia de ella;
• En cuanto a su finalidad: desviación de poder.
31. En relación con los vicios sustanciales, esta corporación8 ha señalado que son
invalidantes del acto y se deben entender como «el preámbulo, el contenido, los
argumentos o razones, la motivación, la parte dispositiva y los recursos
procedentes»; por el contrario, los de forma o accidentales, son aquellos que «no
son sustanciales al trámite o al debido proceso del acto, de aquéllos que sí lo son,
para determinar que los primeros no tienen la virtud de generar la anulación del
acto que lo padece».
Irregularidades del manual de funciones – deber de socializar de manera
previa con las organizaciones sindicales
32. Para la parte actora, el MEFCL no fue socializado antes de su expedición con
los empleados vinculados en provisionalidad de la planta de personal del
municipio de Rionegro ni con los miembros de la organización sindical antes de
ser expedido, circunstancia que, según afirma, desconoció los fines esenciales del
Estado de derecho, en lo que se refiere a facilitar la participación de todos en las
decisiones de la administración.
33. Al respecto, el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 9,
adicionado por el Decreto 051 de 2018 y vigente para la fecha en que se adoptó el
manual de funciones demandado, impuso a las entidades el deber de publicar las
modificaciones o actualizaciones de aquel por el término previsto en su
reglamentación y, además, de socializarlas con las organizaciones sindicales
antes de expedir el correspondiente acto administrativo.
34. En concordancia con lo anterior, la Circular Externa 100-09 de 2015 del
Departamento Administrativo de la Función Pública estableció que las entidades
de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial que adelantaran procesos de
rediseño institucional, modificación de la estructura interna o reforma de la planta
de empleos debían garantizar «la participación efectiva de las organizaciones
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado: 11001-
03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016).
9 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública». Antes de la
modificación del artículo 4 del Decreto 498 de 2020.
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sindicales de la respectiva entidad, con el fin de escuchar sus inquietudes y
sugerencias».
35. Sobre el particular, esta corporación10 ha sostenido que de esta disposición se
desprende la intención del Ejecutivo de democratizar el procedimiento
administrativo, el cual, tiene como objetivo facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan, lo que permite que el acto administrativo tenga en
consideración los intereses de los grupos sindicales.
36. En todo caso, esta garantía no influye en la unilateralidad que caracteriza al
acto administrativo, pues las observaciones y sugerencias de los interesados
carecen de efectos vinculantes para las autoridades quienes solo están sujetos a
la Constitución, a la ley, y en general a los principios que rigen la función
administrativa. De esta manera se prevé en el Decreto 051 de 2018 cuando
establece que la socialización se realiza sin perjuicio de la autonomía del jefe del
organismo que lo expide.
37. Ahora bien, la Sala observa que lo alegado por la parte demandante encuentra
fundamento, pues no se probó que, previo a la expedición de la Resolución 706
del del 5 de julio de 2019, se garantizaron espacios para la participación de los
sindicatos de la entidad en la configuración de dichos actos.
38. Nótese que, si bien el municipio de Rionegro afirmó en la contestación de la
demanda que dicho acto fue socializado con los servidores de la entidad, así como
con los integrantes de los sindicatos, por medio de la plataforma G+, lo cierto es
que no allegó medio probatorio alguno que permita demostrarlo.
39. Así, ante la petición formulada por la apoderada de la parte demandante
tendiente a que, entre otros, se le suministrara «copia de […] evidencia y/o soporte
de consulta, implementación y socialización del manual de funciones con los
empleados con vinculación provisional dentro de la planta de personal y con los
miembros de la organización sindical»11 que conformó la OPEC para la
convocatoria 990 de 2019, la entidad mediante Oficio 1160-11-1293 del 15 de
diciembre de 2022, «el manual de funciones y competencias laborales fue
publicado en el portal web institucional»12, el cual podía ser consultado por los
servidores.
40. Sin embargo, se insiste, no aportó elemento probatorio alguno que permita
verificarlo, y el cumplimiento de dicho presupuesto tampoco se advierte de la parte
motiva de la resolución municipal. En todo caso, la publicación posterior del acto
no suple el deber legal de que los sindicatos lo conozcan, analicen y puedan
sugerir los ajustes que consideren respecto de los nuevos perfiles o requisitos de
los empleos.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del 26 de mayo de 2022. Exp. 11001-03-
25-000-2019-00347-00 (2234-2019). C.P. William Hernández Gómez y del 16 de febrero de 2026. Exp. 11001-
03-25-000-2019-00295-00 (1892-2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
11 Archivo 6 del índice 3 Samai.
12 Archivo 8 ibid.
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41. En este orden de ideas, no se observa medio de convicción que dé cuenta de
que se dio a conocer a los sindicatos el alcance de la actualización del manual,
que le permitiera a este grupo de servidores presentar sus opiniones, sugerencias,
propuestas e inquietudes, frente a las modificaciones proyectadas.
42. La Sala echa de menos las correspondientes actas, registros de asistencia o
cualquier otro soporte documental que dé cuenta de la realización de espacios de
socialización con las organizaciones sindicales o de su intervención en el proceso
de adopción del manual, como lo exige el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 051 del 16 de enero de 2018.
43. En este sentido, el municipio de Rionegro no acreditó el cumplimiento del
deber de socialización del MEFCL en los términos exigidos por la normativa
aplicable. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de la Resolución 706 del
del 5 de julio de 2019, y por sustracción de materia se relevará de realizar el
estudio de los demás cargos planteados por la parte actora frente a este acto
administrativo.
44. En virtud de la facultad de la Sala para modular los efectos en el tiempo de
sus decisiones13 y con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de
la entidad y el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, se
diferirán los efectos de la nulidad por el término de seis (6) meses contados a
partir de la ejecutoria de esta providencia.
45. Término dentro del cual, el municipio de Rionegro deberá expedir un nuevo
MEFCL con observancia de los requisitos legales, en especial uno debidamente
socializado con las organizaciones sindicales, salvo que para la fecha de esta
sentencia ya hubiere adoptado uno ajustado a derecho.
46. En un asunto de contornos similares al aquí estudiado, esta Subsección14
consideró la procedencia de esta modulación porque «de retirarse del
ordenamiento jurídico el MEFCL sin ningún tipo de salvedad sobre los efectos de
esta providencia, los funcionarios de la entidad territorial demandada no tendrían
ninguna norma que establezca sus funciones y obligaciones, lo que afectaría el
cumplimiento del servicio público, por lo que es necesario diferir los efectos de
nulidad del manual».
47. Ahora bien, la parte demandante estimó que las irregularidades advertidas en
el MEFCL tienen la vocación de viciar de nulidad el acuerdo de convocatoria
demandado por haberse fundamentado en aquel. Al respecto, la jurisprudencia de
13 Sobre los efectos de las sentencias de nulidad y la posibilidad de modularlos se puede consultar: Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2017. Exp. 11001-03-25-000-2013-
01087-00 (2512-2013). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2026. Exp. 11001 03 25
000 2023 00042 00 (0818-2023). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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esta corporación ha precisado15:
«Si bien el acto administrativo que crea, actualiza, adiciona o modifica el
manual de funciones es independiente y autónomo de la decisión
administrativa que convoca a concurso de méritos, lo cierto es que el MEFCL
no solamente genera impacto en la provisión de empleos o en la configuración
y estructura de la autoridad administrativa, dado que el MEFCL de cara al
concurso de méritos tiene una trascendencia directa, pues la elaboración del
proceso de selección, la OPEC y los mecanismos de evaluación de los
participantes se fundamentan en éste».
48. En este sentido, a pesar de que el MEFCL y el acuerdo de convocatoria no
conforman un acto complejo, aquel sí constituye una herramienta fundamental
para la gestión del talento humano en las entidades, que permite establecer con
claridad las responsabilidades, tareas y competencias asociadas a cada empleo,
así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás características
exigidas para su desempeño, parámetros relevantes para la conformación de la
OPEC y la evaluación de los aspirantes.
49. El deber de socialización de los proyectos de modificación de los manuales de
funciones con las organizaciones sindicales es un proceso de concertación y
diálogo social, y tiene como objetivo principal garantizar la transparencia y la
participación de los trabajadores, permitiendo a estos grupos conocer, analizar y
proponer ajustes sobre las nuevas responsabilidades, perfiles y requisitos de los
cargos.
50. Así, resulta esencial su correcta elaboración, actualización y aplicación que
permita a la administración, realizar los ajustes propios del proceso deliberativo y
participativo que es consecuencia de la socialización previa.
51. Este vicio en el manual de funciones demandado tiene una clara incidencia en
la convocatoria cuestionada, tal como lo consideró recientemente esta Sala16 al
señalar que «la nulidad del MEFCL no recae sobre un aspecto aislado carente de
incidencia en las OPEC o en las reglas del concurso, sino sobre un vicio que
compromete la legalidad de la convocatoria, al tratarse de un defecto que
repercute en las funciones y requisitos de los cargos ofertados».
52. En consecuencia, el Acuerdo 20191000001266 del 4 de marzo de 2019 debe
ser retirado del ordenamiento jurídico, en tanto se fundamentó en un manual de
funciones expedido con desconocimiento de las normas que regulaban su
formación, al no haber sido socializado previamente con las organizaciones
sindicales.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
12 de marzo de 2026. Exp.11001-03-25-000-2021-00534-00 (2560-2021).
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2026. Exp. 11001 03 25
000 2023 00042 00 (0818-2023). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00147-00 (1842-2023)
Efectos de la nulidad
53. De conformidad con la jurisprudencia de esta corporación17, se precisa que los
efectos de la nulidad declarada en la presente providencia son de carácter ex tunc,
es decir, retroactivos. Sin embargo, téngase en cuenta que el acto administrativo
de convocatoria se presumió válido desde su expedición y hasta esta decisión. En
dicho intervalo de tiempo, produjo efectos y tuvo la potencialidad de crear,
modificar o extinguir situaciones jurídicas particulares y concretas que, estando
consolidadas, no se alteran en virtud de este pronunciamiento.
54. Con ocasión del principio de seguridad jurídica, la nulidad del Acuerdo
20191000001266 del 4 de marzo de 2019 solo puede afectar situaciones jurídicas
no consolidadas, es decir, aquellas que al momento de proferirse el fallo se
debatían o son susceptibles de debatirse ante la entidad estatal o la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.
Condena en costas
55. El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá condena
en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace
referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al
abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en
favor de un sujeto determinado.
56. En el caso concreto, se tiene que el medio de control fue presentado en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular
a la general al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra
los actos administrativos demandados que debieron ser analizados tanto al decidir
la medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 4 de julio de 2019. Rad. 11001-03-25-
000-2013-00369-00 (0793-2013); Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 de
abril de 2017. Exp. 11001-03-25-000-2013-01087-00 (2512-2013). C.P. Sandra Lisset Ibarra Velez;
Subsección A. Sentencias del 23 de octubre de 2024. Exp. 63001-23-33-000-2022-00099-01 (7138-2023) y
del 2 de mayo de 2025. Exp. 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez;
entre otras.
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10
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00147-00 (1842-2023)
FALLA
Primero. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 706 del 5 de julio de 2019
que ajustó el manual específico de funciones y competencias laborales del
municipio de Rionegro, Antioquia, y del Acuerdo CNSC 20191000001266 del 4 de
marzo de 2019, según las consideraciones que anteceden.
La declaratoria de nulidad de la Resolución solo producirá efectos una vez
transcurridos seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.
Dentro de ese término, el municipio de Rionegro deberá expedir un nuevo acto
administrativo contentivo del manual específico de funciones y competencias
laborales, con observancia de todos los requisitos legales, salvo que para la fecha
de esta sentencia ya hubiere adoptado uno ajustado a derecho.
Tercero. La presente decisión solo puede afectar situaciones jurídicas no
consolidadas, es decir, aquellas que al momento de proferirse el fallo se debatían
o son susceptibles de debatirse ante la entidad estatal o la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Cuarto. Cuarto. SIN CONDENA en costas.
Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, REALIZAR
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el
expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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