Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00072-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2024-00072-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00072-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00072-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y departamento del Magdalena
– Gobernación del Magdalena
Tema: Principio de planeación en los concursos públicos de méritos para
proveer cargos de carrera administrativa.
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Acuerdo 433 del 20 de
diciembre del 2022 «por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de
Selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en
vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la Gobernación del Magdalena - Proceso de Selección No. 2418
de 2022 –Territorial 8», expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante,
CNSC).
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. En primer lugar, la parte actora alegó que el acto administrativo demandado fue
expedido con desconocimiento del principio de planeación dado que la CNSC convocó al
concurso de méritos sin que la entidad territorial contara con el certificado de
disponibilidad presupuestal para tal efecto.
2. Señaló que el departamento del Magdalena incumplió el deber de actualizar el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales (en adelante, MEFCL) antes
de convocar a concurso de méritos, conforme lo disponen los artículos 2.2.4.8 y 2.2.6.34
del Decreto 1083 de 2015. De ahí que tampoco se socializó con las organizaciones
sindicales con presencia en la entidad territorial.
3. Adujo que la convocatoria acusada desconoció los artículos 2.2.6.5 y 2.2.6.6 del
Decreto 1083 de 2015 dado que se omitió su divulgación y publicación oportuna en las
páginas web del departamento del Magdalena, el Departamento Administrativo de la
Función Pública y de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, ente
operador del concurso.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
4. También indicó que el acto demandado transgredió el artículo 8 de la Ley 2040 de
2020 y el Decreto 1415 de 2021 porque se ofertaron cargos que se encontraban
ocupados por funcionarios prepensionados.
5. Igualmente, sostuvo que el acuerdo controvertido está incurso en el vicio de falsa
motivación porque se fundamentó en hechos contrarios a la realidad al afirmar que se
cumplían los presupuestos necesarios para adelantar el proceso de selección objetiva.
En similar sentido, afirmó que el acto demandado se expidió con desviación de las
atribuciones propias de quien lo profirió pues, en su criterio, encubrió una finalidad
subjetiva y contraria a los principios de la función pública y la carrera administrativa.
6. Finalmente, arguyó que se presentaron irregularidades en i) la acreditación de la
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano ante la CNSC; ii) la formulación,
aplicación y calificación de las pruebas escritas; iii) la elaboración de las guías de
orientación al aspirante y iv) la gestión de las reclamaciones contra los resultados de
dichas pruebas.
Contestación de la demanda
7. El departamento del Magdalena guardó silencio.
8. La Comisión Nacional del Servicio Civil se opuso a las pretensiones de la
demanda con sustento en que el acuerdo controvertido se expidió conforme a los
artículos 125 y 130 de la Constitución Política y, 7 y 11 de la Ley 909 de 2004.
9. En cuanto a la etapa de planeación del concurso, manifestó que esta se adelantó
de manera coordinada con el departamento del Magdalena. Adujo que mediante
Certificado núm. 432 del 10 de abril de 2024 el ente territorial acreditó la disponibilidad
presupuestal por un valor de $309.731.100 para financiar los costos del proceso de
selección objeto de estudio. En consecuencia, expidió la Resolución núm. 9766 del 24 de
abril de 2024, mediante la cual se dispuso el recaudo de dichos recursos, cuyo valor fue
cancelado oportunamente.
10. Precisó que el reporte de las Ofertas Públicas de Empleos de Carrera (en
adelante, OPEC) se soportó en el MEFCL que fue remitido por la entidad nominadora,
respecto del cual la CNSC no tiene injerencia en su expedición, modificación ni
actualización.
11. Explicó que la CNSC realizó la divulgación de las OPEC y la publicación del
acuerdo de convocatoria correspondientes al proceso de selección objeto de controversia
a través de la página web de dicha entidad. Igualmente, puso de presente que se acordó
efectuar la divulgación de la convocatoria demandada en los canales nacionales privados
y el Centro de Emisión de Radio Televisión de Colombia.
12. Argumentó que el mérito es el eje rector de acceso al empleo público y la
provisionalidad solo otorga una estabilidad laboral relativa, por lo que la protección de los
funcionarios provisionales en condición de prepensionados no impide la realización del
concurso ni la expedición del acuerdo de la convocatoria, en tanto la aplicación de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
acciones afirmativas a su favor es responsabilidad exclusiva de la entidad nominadora al
momento de efectuar los nombramientos en periodo de prueba.
13. Afirmó que la motivación del acto administrativo demandado obedeció a la
aplicación de la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, los Decretos Ley 760 de
2005, 1083 de 2015, 648 de 2017, 51 de 2018 y las demás normas que regulan los
procesos de selección y el acuerdo de convocatoria.
14. Por último, negó la existencia de irregularidades en la elaboración, aplicación,
calificación y revisión de las pruebas escritas dentro del proceso de selección y sostuvo
que la institución operadora del concurso se encontraba debidamente acreditada para
adelantar el proceso. En consecuencia, sostuvo que los cuestionamientos del
demandante correspondían a apreciaciones subjetivas que no desvirtuaban la legalidad
del proceso.
Trámite en única instancia
15. El 25 de abril de 2024 se admitió la demanda y se requirió a las entidades
demandadas para que allegaran los antecedentes administrativos del acto controvertido.
Posteriormente, mediante providencia del 26 de marzo de 2026, se dispuso el trámite de
sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
configuración de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de esa
disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó el litigio y
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir
concepto.
Alegatos de conclusión
16. La parte demandante, el departamento del Magdalena y el Ministerio Público
guardaron silencio.
17. Por su parte, la CNSC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en única
instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del
orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones
administrativas en el mismo orden.
Problemas jurídicos
19. A la Sala le corresponde determinar si el Acuerdo 433 de 2022 se encuentra
viciado de nulidad por desconocimiento del principio de planeación en tanto dicho acto: i)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
se expidió sin certificado de disponibilidad presupuestal previo; ii) se basó en un Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales desactualizado; iii) no fue divulgado
ni publicado de manera oportuna y iv) ofertó cargos que se encontraban ocupados por
funcionarios en provisionalidad en condición de prepensionados.
20. En segundo lugar, se resolverá si la convocatoria demandada es ilegal por haber
sido expedida mediante falsa motivación al invocar en su parte motiva el literal c) del
artículo 11 de la Ley 909 de 2004, a pesar de que, en criterio del demandante, los
presupuestos normativos y fácticos exigidos para adelantar el proceso de selección no
se cumplieron realmente.
21. En tercer lugar, se establecerá si el Acuerdo 433 del 20 de diciembre del 2022 es
ilegal por haber sido expedido con desviación de las atribuciones propias de quien lo
profirió al encubrir, a juicio del demandante, una finalidad subjetiva contraria a los
principios de la función pública y la carrera administrativa.
22. Por último, se decidirá si el acuerdo controvertido debe declararse nulo por las
deficiencias atribuidas a la elaboración, aplicación, calificación y revisión de las pruebas
escritas del proceso de selección y por la presunta falta de acreditación de la institución
operadora del concurso de méritos.
Análisis de los problemas jurídicos
23. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque con la expedición del
acuerdo acusado no se vulneró el principio de planeación, toda vez que i) la falta del
certificado de disponibilidad presupuestal no tiene la potencialidad de afectar la validez
de la convocatoria, ii) no se acreditó la incidencia de la falta de actualización del manual
de funciones en la legalidad del acto demandado, iii) se acreditó que el acuerdo
controvertido fue divulgado y publicado debidamente por la CNSC y iv) no se demostró
que en la convocatoria acusada se ofertaron cargos ocupados por personas
prepensionadas.
24. Sumado a ello, la parte actora incumplió la carga argumentativa que le asistía de
sustentar con claridad y precisión los cargos de falsa motivación y desviación de poder,
respecto de los cuales se limitó a realizar afirmaciones genéricas que resultan
insuficientes para que la Sala pueda efectuar un análisis de fondo.
25. Lo anterior se evidencia igualmente respecto de los reproches relacionados con la
acreditación del operador del concurso, la formulación y elaboración de las pruebas
escritas, la construcción de la guía de orientación y la gestión de las reclamaciones, frente
a los cuales no se demostró que tales irregularidades hubieran tenido lugar ni se precisó
de qué manera incidieron en la legalidad del acto de convocatoria acusado.
Disponibilidad presupuestal
26. De conformidad con el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, los costos que genere la
realización de los concursos deben ser asumidos con cargo a los presupuestos de las
entidades que requieran la provisión de los empleos. A su vez, el artículo 71 del Decreto
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
111 de 19961, compilatorio del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dispone que todo acto
administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales2 debe contar con certificado
de disponibilidad previo.
27. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reitera la posición asumida de tiempo atrás
según la cual la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal no es un requisito
de validez del acto de convocatoria3. En esta línea, su ausencia no compromete la
presunción de legalidad del acto ni constituye una irregularidad sustancial que derive
necesariamente en la nulidad de la convocatoria a concurso de méritos para la provisión
de cargos de carrera4.
28. En ese contexto, conviene precisar que el certificado de disponibilidad
presupuestal constituye un instrumento propio de la fase de ejecución del gasto público,
orientado a garantizar la existencia de apropiación presupuestal suficiente para respaldar
compromisos económicos, mas no un elemento estructural del acto administrativo de
convocatoria. Por ello, su ausencia no incide en la formación ni en la validez del acto
acusado, sino, en la oportunidad y condiciones de su ejecución.
29. En todo caso, en los antecedentes administrativos del acto demandado obra la
Resolución 9766 del 24 de abril de 20245, mediante la cual la CNSC dispuso el recaudo
de los recursos apropiados por la Gobernación del Magdalena y destinados a financiar
los costos del proceso de selección objeto de estudio. En la parte motiva de dicho acto
se dejó constancia de que el ente territorial, mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestal núm. 432 del 10 de abril de 2024, informó a la CNSC sobre la reserva de
los recursos en dicha vigencia fiscal para financiar la totalidad de los costos del proceso
de selección.
30. Así las cosas, este cargo no está llamado a prosperar porque la falta del certificado
de disponibilidad presupuestal no afecta la validez del acto de convocatoria. En todo caso,
está plenamente probado que la entidad territorial efectuó la provisión de los recursos
financieros necesarios para la realización del proceso de selección.
La falta de actualización del manual específico de funciones y competencias
laborales
31. Este cargo no está llamado a prosperar porque la parte actora no demandó de
manera expresa el MEFCL, ni evidenció que las irregularidades que le imputa a ese acto
tengan incidencia en la convocatoria cuestionada.
1 Normatividad aplicable a las entidades territoriales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 ibid.
2 El artículo 89 del Decreto 111 de 1996 define a las apropiaciones como las autorizaciones máximas de
gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.
3 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2017, exp. 25000-23-24-000-2007-00203-02 (3756-15), M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez y, ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de
abril de 2024, exp. 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
4 Véase: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 19 de marzo de 2026, exp. 11001-03-25-000-2021-00621-00 (3011-2021) y, ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, 5 de noviembre de 2020,
exp: 11001 03 25 000 2014 00025 00 (0064-14).
5 Índice 20 Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
32. En efecto, pese a demandarse solo la convocatoria, en relación con este cargo la
parte demandante se limitó a manifestar que el MEFCL era obsoleto y no había sido
actualizado por el ente territorial, por lo que se habría infringido el deber establecido en
el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015.
33. Para la Sala, en este reproche general, no se precisó qué aspectos específicos del
manual eran contrarios a las normas superiores, cuáles requisitos académicos o de
experiencia pudieron verse afectados por la falta de actualización, si dicho documento
desconoció criterios técnicos para su expedición o, si asignó funciones o cargas de
trabajo incorrectamente6.
34. Adicionalmente, no se explicó ni se demostró cuál fue el impacto de la supuesta
desactualización del MEFCL en el acto de convocatoria controvertido en este proceso.
35. En consecuencia, la parte actora no sustentó de manera clara, específica y
suficiente las razones por las cuales el manual de funciones se encontraba
desactualizado, ni acreditó que tal circunstancia hubiese incidido en la legalidad del
acto acusado. Por ello, el reproche formulado resulta genérico e insuficiente para
desvirtuar la presunción de legalidad de la convocatoria. Como quiera que no se
evidenció o demostró la necesidad de actualizar el MEFCL, no era pertinente realizar
la socialización de dicho acto con las organizaciones sindicales presente en la entidad
territorial.
Publicación y divulgación de la convocatoria
36. La parte actora alegó que la convocatoria acusada no fue divulgada ni publicada
oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.6.5 y 2.2.6.6 del
Decreto 1083 de 2015.
37. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la utilización de la página web de
la CNSC es un mecanismo válido para efectos de dar publicidad a las convocatorias toda
vez que i) es una posibilidad prevista por el legislador y ii) representa un medio idóneo
para hacer difusión efectiva del proceso de selección, sin perjuicio de que también se
utilicen otros mecanismos para potencializar la transmisión de la información7.
6
En caso similar, esta Sala sostuvo: «Los accionantes afirmaron que el acuerdo cuestionado se fundó en
un manual de funciones desactualizado; sin embargo, omitieron indicar en qué sentido los requisitos para
ocupar los empleos, las funciones asignadas, el nivel, las competencias requeridas y demás aspectos
inherentes a dicho documento eran obsoletos o desajustados frente a la normativa superior. De esta
manera, el anterior argumento resulta insuficiente para anular el acto demandado. En efecto, esta
corporación en varias oportunidades ha negado la nulidad de actos administrativos cuando los actores no
esgrimen razones claras, suficientes y fundadas para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones.
Al respecto, se ha explicado que si bien la jurisdicción de lo contencioso está facultada para interpretar la
demanda, no es posible suplantar la obligación del demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y
de probar los supuestos de la demanda». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de julio de 2023, radicado 11001-03-25-000-2020-
00648-00 (1806-2020).
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 14
de noviembre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2018-01386-00 (4618-2018).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
38. En este caso, obra en el expediente prueba que a través de aviso informativo del
27 de diciembre de 2022, la CNSC le comunicó a los ciudadanos que el día 28 del mismo
mes y año iniciaba la divulgación de los empleos y vacantes ofertados en el marco de los
Procesos de Selección 2408 a 2434 – Territorial 8, con la publicación de las respectivas
OPEC en la página web oficial del Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad (SIMO), así como de los acuerdos de convocatoria y el anexo técnico en el
portal web de la CNSC.
39. Igualmente, tras consultarse el micrositio oficial de la CNSC destinado a brindar
información general sobre el proceso de selección bajo estudio8, la Sala encuentra que
las inscripciones para la Convocatoria Territorial 8 comenzaron en la modalidad de
ascenso el 23 de enero de 2023 y en la modalidad de concurso abierto el 6 de febrero
del mismo año.
40. De lo anterior se colige que la publicación de la convocatoria se realizó con una
antelación no inferior a cinco días hábiles a la fecha de iniciación de inscripciones, tal
como lo ordena el artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015.
41. Por otro lado, al contestar la demanda, la entidad allegó constancias de haber
solicitado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la asignación de espacios
institucionales destinados a la divulgación del proceso de selección, tanto en canales
privados y públicos de orden nacional como en canales públicos regionales y locales.
Asimismo, aportó las respuestas de dicha Comisión mediante las cuales se autorizaron
tales emisiones9.
42. En consecuencia, las pruebas obrantes en el plenario permiten concluir que la
convocatoria contó con una publicidad suficiente y adecuada, no solo a través de la
página web de la CNSC, sino también mediante otros medios de amplia difusión.
43. Igual conclusión se predica de las demás etapas del proceso de selección, cuyas
fechas y resultados fueron debidamente publicados. Por lo tanto, no prospera el cargo
formulado por el actor relativo a la falta de publicación y divulgación de la convocatoria.
Protección de los funcionarios en provisionalidad en condición de prepensionados
44. La parte actora reprocha que de la oferta de cargos de la convocatoria no se
excluyeron los empleos ocupados por servidores en provisionalidad que estaban en
condición de prepensionados.
45. Al respecto, la Sala ha explicado que, si bien pueden existir empleados en
provisionalidad que se encuentren en situaciones particulares que ameriten un
tratamiento diferencial, dicha circunstancia no puede desplazar el derecho que adquiere
quien ha superado todas las etapas de un concurso de méritos y debe ser nombrado en
8 A la fecha de esta providencia, la información sobre el proceso de selección bajo análisis se encuentra
disponible para su consulta en: https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/territorial-
8?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65.
9 Índice 20 de Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
el cargo al cual aspiró10. En este sentido, el hecho de ofertar cargos ocupados por
personas en condiciones especiales no vicia de nulidad la convocatoria.
46. Aunque la parte demandante sostuvo que la convocatoria controvertida
desconoció el mandato de protección establecido en favor de los funcionarios en
provisionalidad en condición de prepensionados en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019
y en el artículo 2.2.12.1.2.4 del Decreto 1083 de 2015, se advierte que para fundamentar
este cargo se limitó a señalar de manera genérica que no se tuvo en cuenta a las
personas próximas a pensionarse.
47. En esa medida, el accionante no allegó actos, certificaciones o informes que
permitieran constatar que mediante la convocatoria demandada se ofertaron cargos
ocupados por servidores en condición de prepensionados.
48. En relación con el cargo de falsa motivación, se reitera que esta causal de nulidad
de los actos administrativos se configura cuando existe una divergencia entre los hechos
que sirven de fundamento a la decisión y la realidad fáctica o jurídica que la sustenta,
bien sea porque los supuestos invocados no ocurrieron, fueron apreciados de manera
errónea o resultan jurídicamente insuficientes para soportar la decisión adoptada. En tal
medida, no basta la simple inconformidad del demandante con la decisión administrativa,
sino que se requiere acreditar de manera concreta la existencia de dicho desajuste.
49. La Sala denota que la parte actora se limitó a afirmar de manera genérica el
supuesto incumplimiento de los presupuestos normativos y fácticos exigidos para
adelantar el proceso de selección objetiva, sin desarrollar argumentos concretos. En tal
medida, se incumplió la carga procesal que le asistía a la parte demandante de sustentar
el cargo de manera suficiente.
50. En cuanto a la desviación de poder, esta Corporación ha señalado de manera
reiterada que su configuración exige la demostración de que la autoridad administrativa
ejerció sus competencias con una finalidad distinta a la prevista en el ordenamiento
jurídico, lo cual implica demostrar de forma clara y suficiente el propósito indebido que
orientó la expedición del acto. Se trata de una causal de nulidad de carácter subjetivo que
no se presume y cuya demostración no puede fundarse en afirmaciones genéricas o
conjeturas.
51. Frente a este cargo se observa que la parte demandante no explicó ni demostró
su afirmación según la cual el concurso habría tenido una finalidad subjetiva contraria a
los principios de la función pública y de la carrera administrativa. En consecuencia, ante
la ausencia de una argumentación mínima, la Sala negará el cargo de desviación de
poder.
52. Finalmente, se pone de presente que los reproches relacionados con la
acreditación del operador del concurso, la formulación y elaboración de las pruebas
escritas, la construcción de la guía de orientación y la gestión de las reclamaciones
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001
03 25 000 2023 00042 00 (0818-2023).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
tampoco fueron desarrollados con suficiente argumentación toda vez que la parte actora
omitió explicar y demostrar de qué manera tales presuntas irregularidades, propias de la
etapa de ejecución del proceso de selección, tuvieron la entidad de afectar la legalidad
del acuerdo de convocatoria.
Condena en costas
53. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma no significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia. La pretensión del legislador fue instar la
condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento legal
únicamente en asuntos de interés público, creando así una excepción a la regla general
según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
54. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no
habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace referencia
a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al abordar asuntos de
provecho general o común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no
persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor de un sujeto determinado.
55. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del medio
de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general al abordar
asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no
persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno. Adicionalmente, no se advierte
que la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal, toda vez que se
plantearon cuestionamientos jurídicos contra los actos administrativos demandados que
debieron ser analizados tanto al decidir la medida cautelar como en la sentencia. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.