Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00648-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2023 › Radicado 11001-03-25-000-2020-00648-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00648-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00648-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
13 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Temas: Convocatoria a concurso de méritos
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por los señores Tania Lucía Muñoz Mier, Cielo Marianella Pérez Arrieta
y Francisco José León Guevara contra la Nación, Comisión Nacional del Servicio
Civil - CNSC y el municipio de San Benito Abad (Sucre).
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 los ciudadanos antes mencionados, actuando en nombre propio,
solicitaron declarar la nulidad del Acuerdo CNSC - 20191000001736 del 4 de marzo
de 2019, «[p]or el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de
selección por mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Alcaldía de SAN BENITO ABAD (SUCRE) – Convocatoria No. 1120 de
2019 – TERRITORIAL 2019», suscrito por la presidente de la CNSC y el alcalde
municipal de San Benito Abad.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
Los demandantes sostuvieron que el acuerdo acusado quebrantó los artículos 2,
13, 25, 29, 83, 130, 209, 229, 298 y 300 de la Constitución Política; 31 y transitorio
de la Ley 909 de 2004; 9 de la Ley 1033 de 2006; 8 del Decreto 1227 de 2005; y
las Leyes 57 de 1985 y 790 de 2002.
Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes
cargos de nulidad contra el acuerdo demandado:
i) La convocatoria enjuiciada es violatoria de los derechos a la igualdad y debido
proceso, toda vez que los accionantes debieron ser inscritos automáticamente en
carrera administrativa. Además, no se ofertaron todos los empleos que estaban
ocupados por servidores provisionales, sino únicamente los de la Secretaría de
Educación del municipio de San Benito Abad.
ii) Para asegurar la realización del concurso, se debieron garantizar los recursos
correspondientes en la vigencia fiscal de 2018, pero ello no sucedió. Inclusive, el
alcalde ha manifestado que desconoce la existencia de la convocatoria.
iii) El manual de funciones y competencias laborales está desactualizado, pues no
ha sido ajustado por el personal idóneo de acuerdo con las verdaderas funciones
que realizan los actuales servidores. Además, no se ha garantizado el derecho de
participación para hacer las reformas pertinentes.
iv) El acuerdo acusado omitió adoptar medidas para proteger a beneficiarios del
retén social, prepensionados y personas que gozan de protección especial como
2
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
las madres cabeza de familia, trabajadores responsables de créditos financieros y
padres con hijos en condición de discapacidad.
v) Los cargos de líder de evaluación y líder de mantenimiento, adscritos al área
de calidad del servicio educativo, deben ser excluidos del proceso de selección
por las siguientes razones: a) sus funciones se desarrollan en establecimientos
educativos del área urbana y rural indígena; b) sus tareas conciernen a los
procesos de evaluación, planes de mejoramiento y caracterización institucional
para la resignificación del PEI o PEC; c) el municipio accionado cuenta con cabildos
indígenas; y d) la CNSC ordenó a los departamentos de Córdoba y Sucre retirar de
la convocatoria los cargos administrativos con funciones relacionadas con planes
de mejoramiento y formulación de proyectos etnocomunitarios.
vi) El artículo 8 del Decreto 1227 de 2005 dispone que, mientras se realiza el
proceso de selección, los empleos pueden ser provistos mediante encargo por un
lapso que no puede superar los 6 meses; sin embargo, la Alcaldía de San Benito
Abad «no cumplió con el reporte de cada cargo dentro de los seis meses
siguientes a los nombramientos en provisionalidad, aquí tampoco existe
responsabilidad de los funcionarios nombrados».
vii) El artículo transitorio de la Ley 909 de 2004 dispuso que la CNSC debía
adelantar los concursos de méritos dentro del año siguiente a la expedición de
dicha norma; sin embargo, en este caso el certamen tuvo una duración superior y,
por lo tanto, dicha comisión perdió la competencia para desarrollarlo.
viii) La CNSC debió ejecutar los concursos cada 1 o 2 años; sin embargo, los
servidores del municipio demandado han tenido nombramientos provisiones por
períodos de 15 a 25 años, por lo que no es correcto que «ahora les vengan a decir
que ya no sirven». Además, los actuales empleados quedaron en desventaja en
relación con los demás aspirantes, pues nunca fueron capacitados por la entidad
empleadora, mientras que sus competidores tienen «conceptos más claros».
3
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La CNSC, por intermedio de apoderada, contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes
razonamientos:2
i) La Constitución Política radicó en la CNSC la función de administrar y vigilar la
carrera administrativa. Esta competencia es exclusiva e indivisible; por lo tanto, no
puede compartirse con otros organismos.
ii) El acuerdo demandado respetó los principios que orientan el ingreso a los
cargos de carrera administrativa, las reglas que disciplinan los procesos de
selección y se ajustó a la oferta pública de empleos que consolidó el municipio de
San Benito Abad, con lo que se demuestra la planeación, colaboración armónica y
cooperación interinstitucional.
iii) El manual específico de funciones no está sujeto al cumplimiento de requisitos
previos; por el contrario, el Decreto 1083 de 2015 dispone que el jefe de la entidad
empleadora es autónomo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo.
iv) El 14 de enero de 2019, la Alcaldía de San Benito Abad, remitió el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal CDP 07-75 del 9 de enero de 2019, por la suma de
$45.000.000, tendiente a sufragar los gastos derivados del concurso y en la
actualidad se encuentra a paz y salvo por ese concepto.
v) Los demandantes se inscribieron al concurso, pero no fueron admitidos porque
no reunían los requisitos de estudio y experiencia requeridos para ocupar los
empleos ofertados.
vi) La Ley 909 de 2004 obliga a todas las entidades públicas a reportar los
2 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
4
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
empleos que se encuentren en vacancia definitiva sin importar que estén siendo
ocupados en provisionalidad por servidores próximos a pensionarse, mujeres en
estado de embarazo, madres o padres cabeza de familia, personas con dictamen
de discapacidad laboral o empleados amparados con fuero sindical. A su vez, las
autoridades judiciales deberán adoptar la decisión que corresponda en caso de
que lleguen a colisionar determinados derechos.
vii) La CNSC expidió la Circular 2019100000097 del 28 de junio de 2019, en la cual
fijó los lineamientos para aplicar la protección prevista en la Ley 1955 de 2019
respecto de los procesos de selección iniciados a partir del 25 de mayo de 2019;
sin embargo, estas directrices no pueden extenderse al presente asunto porque el
certamen se convocó con anterioridad a la fecha indicada, por ende, el ente
territorial accionado no estaba obligado a informar la condición de prepensionados
de quienes desempeñaban las vacantes ofertadas.
1.2.2. El municipio de San Benito Abad se abstuvo de contestar la demanda.
1.3. Medida cautelar y sentencia anticipada
Por auto del 1 de julio de 2021, el magistrado conductor del proceso negó la
medida cautelar solicitada por los actores, en consideración a que la CNSC y el
municipio demandado se sujetaron al ordenamiento superior para adelantar el
proceso de selección enjuiciado.3
Por auto del 7 de abril de 2022, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se
prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio
en la siguiente forma:4
3 Folios 60 a 68, cuaderno de medida cautelar.
4 Folios 37 a 41.
5
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
i) Si el Acuerdo CNSC -20191000001736 del 4 de marzo de 2019, se expidió con
infracción de los artículos 3, 29, 83 y 209 de la Constitución Política; 3, inciso 7, del
Decreto 01 de 1984; artículo transitorio de la Ley 909 de 2004; y de la Ley 57 de
1985;
ii) Si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
al trabajo, por no haberse convocado a todos los empleados nombrados en
provisionalidad;
iii) Si la CNSC y el municipio de San Benito de Abad (Sucre) cumplieron con los
requisitos de planeación y presupuesto para llevar a cabo el proceso de selección
derivado del acto administrativo enjuiciado;
iv) Si se desconocieron los lineamientos relacionados con la oferta de cargos
ocupados por empleados en condición de pre pensionados.
Por el contrario,
v) Si el acto administrativo demandado está ajustado a derecho.
1.4. Alegatos de conclusión
El municipio de San Benito Abad guardó silencio. La CNSC reiteró los argumentos
expuestos en las respectivas etapas del proceso.5
1.5. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el Acuerdo CNSC - 20191000001736
del 4 de marzo de 2019, a través del cual se convocó a concurso de méritos para
proveer los cargos de carrera administrativa de la planta de personal del municipio
de San Benito Abad está viciado de nulidad por i) infringir la normativa superior en
que debía fundarse; ii) desconocer los derechos fundamentales al debido
5 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
6
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
proceso, igualdad y trabajo; iii) quebrantar los principios de planeación y legalidad
del presupuesto; y iv) inaplicar la figura del retén social.
2.2. Contenido de la norma acusada6
Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón
a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su contenido.
En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub lite, cuyo
tenor es el siguiente:
ACUERDO No. CNSC – 20191000001736 DEL 04-03-2019
[…]
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
[…]
ACUERDA:
[…]
ARTÍCULO 1°. CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para proveer de
manera definitiva trece (13) empleos con trece (13) vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía
de SAN BENITO ABAD (SUCRE), que se identificará como “Convocatoria No. 1120 de
2019 – TERRITORIAL 2019”.
[…]
ARTÍCULO 6°.- REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN.
• Para participar en la Convocatoria, se requiere:
[…]
2. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo que escoja el aspirante, señalados
en la OPEC, conforme al Manual de Funciones y Competencias Laborales
actualizado de la entidad.
[…]
• Son causales de exclusión de la Convocatoria, las siguientes:
[…]
2. No cumplir los requisitos mínimos exigidos en la OPEC.
[…]
ARTÍCULO 7°. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de
Empleos de Carrera – OPEC- que se convocan para este proceso de selección son:
6 Visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
7
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
NIVEL DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO NÚMERO DE NÚMERO DE
EMPLEOS VACANTES
PROFESIONAL Comisario De Familia 202 10 1 1
Profesional Universitario 219 10 5 5
Profesional Universitario 219 7 3 3
TÉCNICO Inspector De Policía 3ª 303 9 1 1
A 6ª Categoría
Técnico Administrativo 367 7 3 3
TOTAL 13 13
PARÁGRAFO 1°: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido
suministrada por la Alcaldía de SAN BENITO ABAD (SUCRE) y es de responsabilidad
exclusiva de ésta. Por tanto, en caso de presentarse diferencia por error de
digitación, de transcripción o de omisión de palabras entre ésta y el Manual de
Funciones y Competencias Laborales y/o demás actos administrativos que la
determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el artículo 45
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9° del presente Acuerdo. Así mismo
las consecuencias que se deriven de dichos errores o inexactitudes recaerán en la
entidad que efectuó el reporte.
[…]
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C. el 4 de marzo de 2019
LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ AGUSTÍN VILLAREAL GONZÁLEZ
Presidente CNSC [original firmado] Representante Legal Alcaldía de SAN
BENITO ABAD (SUCRE) [original firmado]
2.3. Marco normativo
El artículo 130 de la Constitución Política le encargó a la CNSC la responsabilidad
de administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos, con excepción de
aquellas que tuvieran carácter especial.
Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.
8
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
A su turno, en lo que atañe al sub lite, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso
que la convocatoria constituye la primera etapa de los procesos de selección, es
norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las
entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes.
Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que la
convocatoria viene precedida de diferentes etapas de planeación y concertación, en
las cuales la CNSC y las entidades beneficiarias de los concursos participan
activamente y cooperan para que estos puedan desarrollarse de manera eficiente
con miras a la selección del recurso humano mejor capacitado para la prestación del
servicio público.
En tal sentido se ha explicado que la convocatoria «connota el compromiso efectivo
de las entidades involucradas en el proceso de selección, para que, trabajando
coordinadamente, cooperen a efectos de llevarlo a su terminación con observancia
de los principios de la administración pública y el cumplimiento de los fines del
Estado».7
Por su parte, el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el
Decreto 51 de 2018, radicó en cabeza de las entidades públicas el deber de elaborar
la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC, en los siguientes términos:
Artículo 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los
jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los
sistemas general de carrera y específico o especial de origen legal vigilados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de
manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta
establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el
proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La convocatoria
deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la entidad
pública respectiva.
7 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda: i) del 13 de mayo de 2021, radicado 11001-03-
25-000-2017-00767-00 (4044-2017 y acumulados); ii) del 31 de enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017-
00 (4574-16).
9
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su
manual de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos.
[…]
El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para
elaborar la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en
la OPEC definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del
sistema del mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto
preparatorio expedido dentro del marco del proceso de planeación y colaboración
armónica que debe surtirse para la suscripción de la convocatoria.8
Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña
la convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas.9
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
A continuación, se analizarán los cargos de nulidad expuestos por los
demandantes frente al Acuerdo CNSC - 20191000001736 del 4 de marzo de 2019,
en el siguiente orden:
2.4.1. Desconocimiento de normas superiores y derechos fundamentales
En el auto que fijó el litigio dentro del sub lite se indicó que los actores estimaron
que el acto acusado i) quebrantó los artículos 3, 29, 83 y 209 de la Constitución
Política; 3 del Decreto 1 de 1984; transitorio de la Ley 909 de 2004; y la Ley 57 de
1985; y ii) vulneró los derechos al debido proceso, igualdad y trabajo.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-
00204-00 (1330-2019).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-03-25-000-
2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
10
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
En este acápite se estudiarán conjuntamente los dos cargos de nulidad por
desconocimiento del ordenamiento superior y de los derechos fundamentales,
toda vez que ambos se sirven de similares argumentos.
En concreto, los actores afirmaron que el acuerdo enjuiciado incurrió en las
siguientes irregularidades: i) desconoció su derecho a ser inscritos
automáticamente en carrera administrativa; ii) omitió ofertar todos los empleos
que estaban provistos en provisionalidad; iii) se fundó en un manual de funciones
y competencias laborales desactualizado y tampoco fue socializado con los
empleados; iv) convocó empleos que debieron ser excluidos; y v) la CNSC celebró
el concurso por fuera del año que le fue concedido en el artículo transitorio de la
Ley 909 de 2004.
Sin embargo, la Sala considera que en el presente caso no se presentaron las
irregularidades antes anotadas, conforme se explicará, a continuación:
2.4.1.1. Inscripción automática en el sistema de carrera administrativa
Los demandantes sostuvieron que el municipio demandado permitió que los
nombramientos en provisionalidad se extendieran por un lapso superior a los 6
meses autorizados por el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005 y que los empleados
ejercieran sus funciones en tal condición por períodos de 15 a 25 años.
Por lo anterior, los interesados consideran que debieron ser inscritos
automáticamente en el sistema de carrera administrativa, pues someterlos a un
proceso de selección desconocía el tiempo que llevaban laborando al servicio del
municipio de San Benito Abad y los ponía en situación de desventaja frente a los
demás participantes que tenían «conceptos más claros».
Estos argumentos denotan que a los accionantes les asiste un interés particular
ajeno a la naturaleza del medio de control incoado. Al respecto, esta corporación
ha explicado que la demanda de simple nulidad se encamina a restaurar el
11
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
ordenamiento jurídico que ha sido quebrantado por la administración al expedir
actos violatorios de normas superiores, mientras que la de nulidad y
restablecimiento del derecho, además de la anotada finalidad, se orienta a
restablecer un derecho subjetivo que resultó afectado por los actos de la
administración.10
Bajo este contexto, la Sala carece de competencia para analizar las situaciones
particulares de los actores, pues ello no guarda congruencia con el interés general
y la salvaguarda del principio de legalidad que reivindica este medio de control.
A lo anterior se agrega, como se explicó en el marco normativo antes desarrollado,
que el principio del mérito es determinante para el acceso, ascenso y permanencia
en los empleos públicos, de manera que la entidad territorial accionada estaba
obligada a reportar las vacantes que venían siendo ocupadas en provisionalidad
para que pudieran ser provistas a través de un concurso en el que hubiera libertad
de concurrencia, con aplicación de reglas uniformes a los participantes y garante
del derecho que les asiste a todos los ciudadanos de participar en igualdad de
condiciones en la conformación, ejercicio y control del poder político, a través del
desempeño de cargos oficiales, conforme lo preceptúa el artículo 40
Constitucional.
2.4.1.2. Omisión de ofertar la totalidad de empleos vacantes
Los demandantes sostuvieron que el municipio de San Benito Abad se abstuvo de
ofertar todos los cargos que estaban provistos en provisionalidad; sin embargo, no
demostraron cuáles eran los empleos de carrera en vacancia definitiva que
debieron ser provistos por el sistema del mérito, por lo que esta Subsección
carece de elementos para verificar el dicho de los accionantes y mucho menos
invalidar el acuerdo enjuiciado al amparo de una afirmación carente de respaldo
probatorio.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 11 de febrero de 2014, radicado
54001 23 33 000 2012 00089 01 (19830).
12
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
Además, conforme lo ha expresado esta corporación en casos similares al
presente, los cargos que eventualmente no hubieran sido ofertados podían serlo
en un proceso de selección que se surtiera con posterioridad.11
2.4.1.3. Irregularidades en el manual de funciones
Los accionantes sostuvieron que el acuerdo cuestionado se fundó en un manual
de funciones desactualizado; sin embargo, omitieron indicar en qué sentido los
requisitos para ocupar los empleos, las funciones asignadas, el nivel, las
competencias requeridas y demás aspectos inherentes a dicho documento eran
obsoletos o desajustados frente a la normativa superior.
De esta manera, el anterior argumento resulta insuficiente para anular el acto
demandado. En efecto, esta corporación en varias oportunidades ha negado la
nulidad de actos administrativos cuando los actores no esgrimen razones claras,
suficientes y fundadas para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones.
Al respecto, se ha explicado que si bien «la jurisdicción de lo contencioso está
facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos
de la demanda».12
Por otra parte, los actores sostuvieron que el manual de funciones no fue
socializado con los servidores del ente territorial accionado. Esta afirmación fue
respaldada por el municipio de San Benito Abad en una respuesta emitida frente a
un derecho de petición que cuestionaba tal omisión.13
11 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A y B: i) del 2 de febrero de 2023,
radicado 68001-23-33-000-2015-01239-01 (1200-2018); y ii) del 7 de noviembre de 2019, radicado 11001-03-25-000-
2016-00146-00 (0658-16).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado 11001-03-25-000-
2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por esta
corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018); ii) del 3 de febrero de
2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de marzo de 2013, radicado 63001-23-31-
000-2010-00110-01 (19136).
13 Folio 23.
13
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
Ahora bien, el Consejo de Estado ha explicado que el deber de garantizar la
participación de los empleados en la modificación de los manuales de funciones
es una manifestación del principio democrático y encuentra apoyo en el artículo 8
del CPACA.
Sin embargo, en casos con contornos similares al presente, se ha concluido que la
omisión de socializar el proyecto de modificación al manual de funciones no es
razón suficiente para anular un concurso de méritos por las siguientes razones:14
Por su parte, de declararse la nulidad de los actos acusados por la razón esgrimida
por la parte demandante, el grado de afectación del principio de eficacia de la
función administrativa sería intenso, ya que una decisión en ese sentido implicaría
invalidar un concurso de méritos que se llevó a cabo hasta su terminación, con la
conformación de las listas de elegibles para ocupar los cargos de carrera
administrativa vacantes en la Alcaldía de Duitama, amparado bajo la presunción de
legalidad de los actos administrativos.
Frente al peso abstracto del principio de participación ciudadana implícito en la regla
de publicación de los proyectos específicos de regulación, esta Sala de Subsección
estima que es medio, por cuanto, como ya se dijo, de la redacción de la norma legal
antes mencionada se puede deducir que la publicación previa del acto
administrativo de carácter general no es un requisito de su esencia, porque en todo
caso la administración puede tomar unilateralmente la decisión que considere legal
o conveniente. Por su parte, respecto del principio de eficacia, también se valora
con un peso medio, toda vez que su aplicación se ve condicionada por normas de
diferente rango, que conducen la actuación administrativa con las garantías de los
derechos de los administrados.
Finalmente, en lo referido a la certeza de las apreciaciones sobre los hechos del
caso, se reitera que en este medio de control no se probó que la omisión del
requisito procedimental en comento haya tenido implicaciones en la decisión final
adoptada por la administración. Así pues, en este trámite, la parte demandante no
explicó ni demostró, por ejemplo, que la expedición del manual específico de
funciones del municipio, que fue tomado como base para la OPEC del concurso de
méritos, se apartó de los criterios de funcionalidad y cargas de trabajo, o que en el
certamen reglamentado por el acuerdo acusado se quisiera privilegiar a
determinadas personas, o que de alguna manera se estuvieran desarrollando las
referidas competencias sin sujeción al principio del interés general. Así pues, por el
contrario, en este caso sí resulta evidente que la anulación de los actos acusados
implicaría la eventual vulneración de derechos y expectativas legítimas de los
concursantes de la Convocatoria n.° 1170 de 2019 de la Alcaldía de Duitama.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, radicado 11001-03-25-000-
2021-00209-00 (1324-2021).
14
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
El anterior lineamiento jurisprudencial resulta aplicable al sub lite, pues los actores
no demostraron que la falta de socialización del proyecto de manual de funciones
repercutió en su contenido final, como tampoco identificaron la forma en que tal
omisión pudo impactar el concurso demandado.
En este escenario, el derecho a la participación debe ceder ante los otros
principios involucrados como el mérito, la eficacia en la función administrativa y el
derecho a ocupar cargos públicos, por ende, resulta imperioso mantener la presunción
de legalidad y acierto que ampara al proceso de selección acusado.
2.4.1.4. Convocatoria de empleos que debieron ser excluidos
Los demandantes sostuvieron que los cargos de líder de evaluación y líder de
mantenimiento, adscritos al área de calidad del servicio educativo, debían ser
excluidos del proceso de selección porque involucraban funciones relacionadas
con comunidades indígenas y proyectos etnocomunitarios.
Sin embargo, al revisar el acto de convocatoria no se observa que los referidos
empleos hubieran sido ofertados; por el contrario, los que aparecen enlistados
son los de comisario de familia, código 202, grado 10; profesional universitario,
código 219, grado 10; profesional universitario, código 219, grado 7; inspector de
policía 3ª a 6ª categoría, código 303, grado 9; y técnico administrativo, código
367, grado 7.
Además, la Sala carece de elementos para estudiar los motivos de inconformidad
de los actores, pues al plenario no se aportaron los manuales de funciones para
identificar las tareas asignadas a los empleos convocados ni a los que aluden los
interesados, como tampoco es posible establecer su área de influencia, la
población destinataria del servicio y mucho menos verificar si en este caso se
pudo haber quebrantado la autonomía que tienen los territorios indígenas, en los
términos de los artículos 286 y 287 de la Constitución Política.
15
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
2.4.1.5. Desarrollo del certamen extemporáneamente
Los accionantes manifestaron que, de acuerdo con el artículo transitorio de la Ley
909 de 2004, la CNSC debía adelantar los concursos de méritos dentro del año
siguiente a la expedición de esa norma; sin embargo, en este caso el certamen
tuvo una duración superior y, por lo tanto, dicha comisión perdió la competencia
para desarrollarlo. La disposición en comento tiene el siguiente tenor:
Artículo transitorio. Convocatorias de los empleos cubiertos por provisionales
y encargos. Durante el año siguiente a la conformación de la Comisión Nacional
del Servicio Civil deberá procederse a la convocatoria de concursos abiertos para
cubrir los empleos de carrera administrativa que se encuentren provistos mediante
nombramiento provisional o encargo.
Una lectura atenta del anterior precepto impide concluir que la CNSC solamente
tenía un año para adelantar los concursos de méritos, contado desde la entrada
en vigencia de la Ley 909 de 2004, pues ello no fue establecido expresamente e
implicaría un vaciamiento de sus competencias.
Por el contrario, el artículo transitorio denota un llamado urgente para que la CNSC
comenzara a ejecutar las funciones inherentes a su misión institucional, con el
objetivo de materializar el principio del mérito en términos oportunos, pero sin que
se generara una pérdida de competencia en el caso de que los certámenes
requirieran un tiempo superior, pues el diseño de estos implica un despliegue
técnico, administrativo y presupuestal que demanda plazos razonables para su
desarrollo.
Al respecto, esta Subsección ha explicado que la competencia de la CNSC para
administrar y vigilar la carrera administrativa de los servidores públicos es de
origen constitucional y no está sometida a un término de caducidad o figura
similar, de conformidad con el artículo 130 de la Carta Política.15
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 14 de julio de 2020, expediente 11001 03 25 000 2019
00601 00 (4727-2019).
16
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
2.4.2. Principios de planeación y legalidad del presupuesto
Los demandantes sostuvieron que para asegurar la realización del concurso, se
debieron garantizar los recursos correspondientes en la vigencia fiscal de 2018,
pero ello no sucedió. Inclusive, el alcalde del ente territorial demandado ha
manifestado que desconoce la existencia de la convocatoria.
La Sala se aparta de los anteriores razonamientos, pues en el presente caso se
encuentra acreditada la voluntad que tuvo el municipio de San Benito Aban de que la
CNSC realizara un proceso de selección para proveer por el sistema del mérito los
cargos que estaban vacantes dentro de su planta de personal. En efecto, se advierte
que dichas entidades adelantaron labores de entendimiento y planeación, lo cual se
deduce de las siguientes actuaciones:16
i) Suscripción conjunta del acuerdo de convocatoria.
ii) Emisión del certificado de disponibilidad presupuestal 07-75 del 9 de enero
de 2019,17 por concepto de «[c]ofinanciación de los costos de la convocatoria
para proveer los empleos de carrera administrativa en el municipio de San
Benito Abad», por la suma de cuarenta y cinco millones quinientos mil pesos ($
45.500.000).
Además, el responsable del presupuesto del municipio certificó que «una vez
revisados los saldos presupuestales correspondientes a la vigencia 2018», se
encontró que existía disponibilidad presupuestal para atender dicho
compromiso.
A su turno, el acuerdo de convocatoria fue expedido el 4 de marzo de 2019, es
decir, que los recursos para financiar el concurso fueron estimados y
presupuestados antes de su apertura.
16 Esta información reposa en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
17 Índice 21 de la plataforma SAMAI.
17
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
iii) Reporte y certificación de la OPEC por parte del representante legal y el jefe
de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de San Benito Abad, en la cual se
indicó lo siguiente:
Los suscritos Representante Legal y Jefe de Talento Humano de la entidad:
ALCALDÍA DE SAN BENITO ABAD, certifican que la información contenida en el
presente reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC,
corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la
fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la
consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
vigente. En consecuencia autorizan la publicación y oferta de los referidos
empleos por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil una vez se dé
apertura a la respectiva Convocatoria a concurso público de méritos. Las
consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la
información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad: ALCALDÍA DE SAN
BENITO ABAD, por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de
algún tipo de responsabilidad frente a terceros por la información reportada.
Se asume igualmente la responsabilidad de informar antes de la apertura de la
Convocatoria a la Comisión Nacional del Servicio Civil cualquier cambio que
se produzca con motivo del ajuste del Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales, o de movimientos en la planta de personal, para
efectuar el correspondiente ajuste de la OPEC. Nos comprometemos a que una
vez se dé apertura a la convocatoria y hasta su culminación, la información
certificada para hacer parte de la OPEC no será modificada por parte de
ALCALDÍA DE SAN BENITO ABAD hasta tanto se realice el concurso y se termine el
período de prueba de los aspirantes que sean nombrados en uso de las
respectivas listas de elegibles. SAN BENITO ABAD, ALCALDÍA DE SAN BENITO
ABAD.18
Las anteriores actuaciones demuestran la voluntad unívoca del ente territorial para
que los cargos vacantes de su planta de personal fueran provistos mediante el
sistema del mérito por intermedio de la CNSC.
En efecto, el municipio de San Benito Abad expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal como una medida tendiente a respaldar financieramente la
actuación. Claro está que el Consejo de Estado ha precisado que el aludido
documento no es requisito de validez del acuerdo de convocatoria del concurso,
por lo que su ausencia no conlleva necesariamente su anulación, ya que tiene el
carácter de preparatorio y no es un elemento integrante de la decisión final; por lo
18 Esta información reposa en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
18
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
tanto, una omisión en ese sentido no puede convertirse en un obstáculo para
entorpecer la competencia exclusiva que se ha conferido a la CNSC para
administrar el sistema de carrera administrativa.19
A su vez, la CNSC respetó las funciones que le correspondían al municipio de San
Benito Abad en lo concerniente a determinar el número, denominación, funciones
y requisitos de los cargos ofertados, lo cual se reflejó en que el ente territorial
aportó la OPEC y esta fue acogida por el acuerdo demandado.
Al respecto, es importarte señalar que el suministro de la OPEC a la CNSC era un
elemento indispensable para impulsar el concurso demandado, pues, como lo ha
sostenido esta Subsección en anteriores oportunidades, «la información que se
consolida en la oferta es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos
para los empleos por proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si
no se contara con ella, el certamen no podría llevarse a cabo».20
Así las cosas, se concluye que las entidades involucradas, en ejercicio de sus
atribuciones legales, adelantaron actuaciones tendientes a permitir el desarrollo
del proceso de selección enjuiciado, por lo que se encuentra demostrado que la
etapa de planeación de la convocatoria contó con la participación del municipio de
San Benito Abad, entidad que manifestó su interés en el proceso y apropió los
recursos necesarios para lograr su correcto desarrollo.
2.4.3. Retén social en concursos de méritos
Los accionantes reprocharon que el acuerdo acusado omitió adoptar medidas para
proteger a beneficiarios del retén social, prepensionados y personas que gozan de
protección especial como las madres cabeza de familia, trabajadores
responsables de créditos financieros y padres con hijos en condición de
19 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias de esta Subsección: i) sentencia del 5 de noviembre de
2020, radicado: 11001 03 25 000 2014 00025 00 (0064-14); y ii) auto del 28 de enero de 2021, expediente 11001-03-25-
000-2019-00835-00 (6080-2019).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-03-25-000-
2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
19
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
discapacidad.
En relación con los concursos y la protección de personas en condiciones
especiales de vulnerabilidad, resulta relevante citar el Decreto 1227 de 2005,
modificado por el artículo 1 del Decreto 1894 de 2012 y compilado en el Decreto
1083 de 2015, en tanto dispuso lo siguiente:
Artículo 7°. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo
en cuenta el siguiente orden:
[…]
Parágrafo 2°. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso
de selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos
ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos
nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales,
deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por:
1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.
2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos
señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las
normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.
En relación con el alcance de la anterior disposición, esta Subsección ha concluido
que «las exigencias normativas relacionadas con el retén social estuvieron
dirigidas a proteger a los empleados provisionales en un momento posterior a la
conformación de las listas de elegibles en los concursos de méritos y, en ese
sentido, no tienen la vocación de afectar la oferta de empleos vacantes de carrera
ni el acto administrativo reglamentario de la convocatoria».21
El anterior entendimiento también resulta consonante con el artículo 263 de la Ley
1955 de 2019, el cual dispuso que para los «servidores en condiciones especiales,
madres, padres cabeza de familia y en situación de discapacidad que vayan a ser
desvinculados como consecuencia de aplicación de una lista de elegibles, la
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-03-25-000-
2019-00601-00 (4727-2019).
20
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo posible sean
reubicados en otros empleos vacantes o sean los últimos en ser retirados, lo
anterior sin perjuicio del derecho preferencial de la persona que está en la lista de
ser nombrado en el respectivo empleo».
Bajo esta línea de intelección, se concluye que la CNSC no es la encargada de
cumplir con las medidas de protección y mucho menos de establecerlas en el
acuerdo de convocatoria; por el contrario, el legislador radicó dicha obligación en
la autoridad nominadora y determinó que debía acatarla al momento de proveer
los cargos por el sistema del mérito.
Entonces, el proceso de selección sigue su curso y cuando se conforme la lista de
elegibles será procedente analizar las situaciones particulares, de modo que se
protejan de la mejor manera posible los derechos de quienes ganaron el concurso,
así como a las personas que se encuentran en una especial condición que amerite
la adopción de medidas tendientes a su reubicación o cualquier otra que la
administración estime pertinente.
Por su parte, el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 también previó que los
empleos de carrera que estuvieran siendo desempeñados por servidores
provisionales «antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley les falten tres (3) años o menos para causar el
derecho a la pensión de jubilación, serán ofertados por la CNSC una vez el servidor
cause su respectivo derecho pensional».
Sin embargo, la CNSC no estaba obligada a obedecer el anterior precepto, por
cuanto la Ley se expidió con posterioridad a la suscripción de la convocatoria.
En efecto, el acuerdo enjuiciado fue suscrito el 4 de marzo de 2019, mientras que
la Ley 1955 de 2019 se profirió el 25 de mayo de 2019; por lo tanto, la
convocatoria cuestionada no estaba llamada a cumplir unos mandatos que no
21
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
habían nacido a la vida jurídica.22
Un entendimiento distinto quebrantaría los pilares del Estado Social y Democrático
de Derecho como lo son la legalidad y la seguridad jurídica, pues se estarían
cambiando las reglas bajo las cuales los particulares y la administración actúan en
determinado momento al amparo de los principios de buena fe y confianza
legítima.
Así las cosas, los cargos de nulidad endilgados por los demandantes al acuerdo
acusado carecen de soporte fáctico y jurídico, por lo que debe mantenerse
incólume su presunción de legalidad.
2.5. La condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.23
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y en el acervo probatorio, se
concluye que los accionantes no lograron desvirtuar la legalidad del acuerdo
enjuiciado y, en consecuencia, se deberán negar las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
22 En similar sentido puede consultarse la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, radicado 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020).
23 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
22
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020)
Demandante: Tania Lucía Muñoz Mier y otros
F A L L A:
Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el
Acuerdo CNSC - 20191000001736 del 4 de marzo de 2019, «[p]or el cual se
convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General
de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de SAN BENITO
ABAD (SUCRE) – Convocatoria No. 1120 de 2019 – TERRITORIAL 2019», suscrito por
la presidente de la CNSC y el alcalde municipal de San Benito Abad, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
23
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.