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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00659-00

Fecha
4 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00659-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el Acuerdo CNSC-20191000004926 del 14 de mayo de 2019 [modificado por el Acuerdo 20211000018706 del 21 de mayo de 2021] y del anexo Etapas Proceso de Selección, expedido en julio de 2019 por la CNSC, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Reconocer al abogado Yimi Hernán Sánchez Osorio, quien se identifica con cédula de ciudadanía 18904284 30 y Tarjeta Profesional 268255, como apoderado del municipio de San Alberto. Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00659-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020210065900 (3347-2021)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y municipio de San
Alberto

Temas: Concurso de méritos

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1.Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Hermann Gustavo Garrido Prada contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC), y el municipio de San Alberto.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el señor Hermann Gustavo Garrido Prada, actuando en nombre propio,
presentó demanda en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos: i)
Acuerdo CNSC-20191000004926 del 14 de mayo de 2019, «por el cual se convoca
y se establecen las reglas del Proceso de Selección para proveer definitivamente
los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO-CESAR-
Convocatoria No. 1276 de 2019-Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena», proferido
por la CNSC y el municipio de San Alberto, Cesar; ii) Anexo Etapas Proceso de
Selección, expedido en julio de 2019; y iii) Acuerdo No. 20211000018706 del 21 de
mayo de 2021 «por el cual se modifica el artículo 17 del Acuerdo No. CNSC-
20191000004926 del 14 de mayo de 2019», suscrito por la CNSC.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante alegó que los actos enjuiciados vulneraron los artículos 6, 29, 121
y 125 de la Constitución Política; 5 de la Ley 489 de 1998; 7, 11 y 29 de la Ley 909

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

de 2004; 263 de la Ley 1955 de 2019; los Decretos 1083 de 2015, 51 y 815 de 2018;
el Acuerdo 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019 y la Circular
20191000000157 del 18 de diciembre de 2019, expedidos por la CNSC.

4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:

i) El municipio de San Alberto incumplió el deber de actualizar el manual
específico de funciones y competencias laborales antes de convocar a concurso
de méritos, conforme lo ordenaron los artículos 2.2.4.8 y 2.2.6.34 del Decreto
1083 de 2015, el primero modificado por el Decreto 51 de 2018. De ahí que
tampoco se socializó con las organizaciones sindicales.

ii) La ESAP2 no participó en la estructuración del concurso enjuiciado, pese a
que San Alberto es un municipio de sexta categoría, de manera que se
desconoció la Ley 1955 de 2019 en tanto dispuso que «los procesos de selección
para proveer las vacantes en los empleos de carrera administrativa en los
municipios de quinta y sexta categoría serán adelantados por la CNSC, a través
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), como institución
acreditada ante la CNSC para ser operador del proceso. La ESAP asumirá en su
totalidad, los costos que generen los procesos de selección».

iii) La CNSC incurrió en una falsedad ideológica al enumerar el acto de la
convocatoria, pues desconoció el artículo 6 del Acuerdo 060 de 2001,3 expedido
por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. Es así como dicha
norma prevé que los actos administrativos solo se pueden enumerar y fechar
después de su firma; sin embargo, en este caso a la convocatoria se le asignó
una numeración y una fecha de expedición anteriores a la firma efectiva del acto
por parte de los representantes de la CNSC y del municipio de San Alberto.

iv) La anterior irregularidad condujo a un desconocimiento de la normativa
aplicable, ya que la convocatoria quedó con fecha del 14 de mayo de 2019, a
pesar de que para ese momento no había sido firmada ni publicada, pues esto
último ocurrió el 19 de julio de 2019. Así se soslayaron los mandatos de normas
expedidas con posterioridad como las Leyes 1955 del 25 de mayo de 2019 y 1960
del 27 de junio de 2019 que regularon lo referente a la protección de los
prepensionados y los concursos de ascenso.

v) La convocatoria acusada desconoció los artículos 2.2.6.5 y 2.2.6.6. del
Decreto 1083 de 2015, pues el municipio de San Alberto certificó que aquella no
fue publicada en su página web ni en la sede física.

2 Escuela Superior de Administración Pública.
3 Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades

públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

1.2. Contestación de la demanda

5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento a que el
acto de convocatoria controvertido se presume legal, ya que se expidió respetando
la normatividad establecida para los concursos de méritos. El municipio de San
Alberto no contestó la demanda.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

6. Por auto del 17 de abril de 2023, se admitió la demanda.

7.A través de providencia del 28 de marzo de 2025, se negó la solicitud de medida
cautelar presentada por la accionante.

8. Mediante auto del 29 de agosto de 2025, el despacho evidenció la posibilidad de
emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de la audiencia inicial prevista
en el artículo 180 ibidem; b) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; c)
fijar el litigio; d) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar
alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

9. El municipio de San Alberto sostuvo que la entidad territorial participó en la etapa
de planeación del certamen, oportunidad en la que reportó las vacantes conforme a
la planta de vigente.

10. Asu vez, la CNSC manifestó que no cuenta con atribuciones ni funciones
atinentes a la coadministración de la planta de personal de las instituciones
beneficiarias del concurso, así como tampoco le compete la actualización del
manual de funciones pues la obligación es competencia de los representantes
legales de las entidades convocantes. La parte actora guardó silencio en esta etapa
procesal.

2.3. Ministerio Público

11. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

12. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes:

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Cuestión previa

13. El demandante en su escrito de medida cautelar agregó argumentos distintos a

los expuestos en el libero introductorio, a saber:

a) Existe una nómina paralela en el municipio de San Alberto, pues cerca de
100 personas fueron vinculadas a la administración mediante contratos u órdenes
de prestación de servicios que esconden una verdadera relación laboral.

b) El Decreto Legislativo 491 de 2020 ordenó el aplazamiento de los procesos
de selección mientras permaneciera el Estado de emergencia declarado por el
COVID-19 para garantizar la participación en los concursos sin discriminaciones
y propiciar el distanciamiento social; sin embargo, el Decreto 1754 de 2020
reanudó el desarrollo de los procesos de selección, es decir, que contradijo ese
mandato, así como la Sentencia C-242 de 2020,3 y fue falsamente motivado, por
lo cual debe aplicarse la excepción de ilegalidad. Además, el Consejo de Estado,
mediante auto del 6 de junio de 2022, declaró la suspensión provisional de este
último.4 En lo que atañe a la convocatoria demandada, los participantes se vieron
obligados a presentar las pruebas escritas el 25 de julio de 2021, en medio de la
emergencia sanitaria y la cual solo se superó hasta el 1 de julio de 2022.

c) El certamen enjuiciado fue financiado ilegalmente y no hubo coordinación
entra la CNSC y el municipio de San Alberto para diseñarlo; por el contrario, la
CNSC se limitó a expedir unas circulares dirigidas a las entidades por ella
vigiladas para conminarlas a cumplir con las normas que gobiernan los concursos
de méritos, advirtiéndoles que su desatención les acarrearía sanciones, de ahí
que «la Alcaldía de San Alberto, Cesar, cumplió por demás tardíamente el
cronograma trazado por la CNSC».

14. Ahora bien, ninguno de los citados reproches fue expuesto por el demandante en

su escrito inicial de demanda. En efecto, los reparos resultan completamente
novedosos al debate en tanto el medio de control radicado no expuso argumentos
sobre la existencia de una nómina paralela, la suspensión de los procesos de
selección con ocasión a la expedición del Decreto Legislativo 491 de 2020 y la falta
de planeación del certamen.

15. En consecuencia, la Sala se abstendrá de estudiar estos nuevos motivos de

inconformidad contra los actos enjuiciados, en aras de garantizar el debido proceso
de la parte accionada y el principio de congruencia.

4 Consejo de Estado, Sala Diecisiete de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000-

2021-04664-00.

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3.2. Problema jurídico

16. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación, le

corresponde a la Sala determinar si el Acuerdo CNSC-20191000004926 del 14 de
mayo de 2019 [modificado por el Acuerdo 20211000018706 del 21 de mayo de
2021] y el Anexo Etapas Proceso de Selección, expedido en julio de 2019 están
viciados de nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debía
fundarse, en los términos alegados por el accionante.

3.3. Texto de los actos demandados

17. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente los actos acusados en

razón a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes
relevantes al sub lite, cuyo tenor es el siguiente:

ACUERDO CNSC-20191000004926 DEL 14-05-2019

" Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección para
proveer definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN
ALBERTO - CESAR - Convocatoria No. 1276 de 2019 — Territorial Boyacá, Cesar y
Magdalena”

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 11,12 y 30 de la Ley 909 de
2004 y en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, y
[…]
ACUERDA:
[…]

ARTÍCULO 1.- CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para proveer de
manera definitiva NUEVE (9) empleos; con NUEVE (9) vacantes" pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE SAN ALBERTO - CESAR, que se identificará como "Convocatoria
No. 1276-de 2019-Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena".

PARÁGRAFO: Hace parte integral del presente Acuerdo, el ANEXO que contiene de
manera detallada las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del
proceso de selección. El Acuerdo y su ANEXO son normas reguladoras del proceso
de selección y obligan tanto a la entidad objeto del mismo, a la CNSC, o Institución
de Educación Superior que lo desarrolle, como a los participantes inscritos.

ARTÍCULO 2°- ENTIDAD RESPONSABLE. El Proceso de Selección por mérito que
se desarrollará para proveer NUEVE (9) empleos; con NUEVE (9) vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO - CESAR correspondientes a los
niveles Profesional, Técnico y Asistencial, estará bajo la directa responsabilidad de la
CNSC, quien en virtud de sus competencias legales podrá suscribir contratos o
convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases con universidades
públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por la misma

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CNSC para realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en el artículo 30 de la
Ley 909 de 2004

ACUERDO No. 20211000018706 DEL 21-05-2021

"Por el cual se modifica el artículo 17 del Acuerdo No. CNSC - 20191000004926 del
14 de mayo de 2019, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del
Proceso de Selección para proveer los empleos en vacancia definitiva
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de ALCALDÍA DE SAN ALBERTO-CESAR-Proceso de Selección No. 1276
-Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena"
[…]
ACUERDA:
[…]

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo 17 del Acuerdo No. CNSC -
20191000004926 del 14 de mayo de 2019, por las consideraciones expuestas en la
parte motiva del presente Acuerdo, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 17°- CIUDAD DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las ciudades y
municipios de presentación de las pruebas para el Proceso de Selección serán:
Bogotá, D.C, en el Departamento de Boyacá: Tunja, Chiquinquirá, Soatá, Garagoa,
Sogamoso y Duitama; en el Departamento del Cesar: Valledupar y Aguachica; y en
el Departamento del Magdalena: Santa Marta, El Plato y El Banco”.

ARTÍCULO SEGUNDO. El cambio del sitio de presentación de las Pruebas Escritas
derivado de la ampliación de los sitios de aplicación referidos a los que se refiere el
artículo anterior, sólo aplica para aquellos aspirantes que escogieron como lugar de
aplicación de las mismas el municipio de Tunja, quienes podrán cambiar este sitio por
una única vez y solamente para Bogotá, D.C., Duitama o Sogamoso, conforme a los
argumentos esbozados en la parte motiva del presente Acuerdo.
[…]

3.4. Generalidades del sistema de carrera administrativa

18. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los

empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

19. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema

técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.

20. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En

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especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.

3.5. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad

21. A continuación, se estudiarán en forma agrupada los cargos de nulidad expuestos

por la accionante con miras a resolver integralmente el debate.

3.5.1. Falta de actualización del manual de funciones

22. El actor indicó que el municipio de San Alberto incumplió el deber de actualizar

el manual específico de funciones y competencias laborales antes de convocar a
concurso de méritos, conforme lo ordenaron los artículos 2.2.4.8 y 2.2.6.34 del
Decreto 1083 de 2015, modificados por los Decretos 51 y 815 de 2018. De ahí que
tampoco se socializó con las organizaciones sindicales.

23. De acuerdo con la normativa invocada por el actor, «las entidades y organismos

del orden nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia del presente
decreto, deberán adecuar sus manuales específicos de funciones y de
competencias a lo dispuesto en el presente decreto. Las entidades y organismos
del orden territorial, deberán adecuarlos dentro del año siguiente a la entrada en
vigencia del presente decreto». El Decreto 815 de 2018 fue expedido y publicado el
8 de mayo de 2018, es decir, que la entidad destinataria del concurso tenía hasta el
8 de mayo de 2019 para modificar su manual de funciones.

24. En un caso con supuestos fácticos similares al presente, el Consejo de Estado

concluyó:5

En el sub examine, el primer acto de convocatoria al concurso enjuiciado, esto es, el
Acuerdo 20191000004936 de la CNSC, se expidió el 14 de mayo de 2019. Sin
embargo, llama la atención que, en su parte motiva, aquel acto señala que «[l]a Sala
Plena de la CNSC, en sesiones del 02 y 14 de mayo de 2019 aprobó las reglas
del proceso de selección para proveer por mérito los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la ALCALDÍA DE DUITAMA – BOYACÁ […]»81.

Visto lo anterior, aunque formalmente la convocatoria se profirió cuando había
vencido el término que permitía acudir a un manual de funciones no actualizado frente
a las competencias del Decreto 815, el despacho no puede desconocer que,
materialmente, el proceso de aprobación del acuerdo comenzó el 2 de mayo de 2019,
fecha en la cual la CNSC habría empezado a debatir y votar el contenido del acto
administrativo en cuestión.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de 2023, radicado 11001-03-25-000-

2021-00209-00 (1324-2021).

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Esta hermenéutica es la que más se ajusta al orden constitucional ya que analiza el
contexto real en el que se produjo el acto de convocatoria al concurso, priorizando la
satisfacción del principio del mérito y derechos constitucionales como el trabajo, la
participación ciudadana y el derecho de acceso a cargos públicos.

Además, bajo esa lógica, se considera importante tener en cuenta que el mismo
Decreto 815 de 2018 admitió la aplicación diferida del nuevo esquema de
competencias laborales que introdujo al ordenamiento jurídico, contemplando la
posibilidad de que, al menos transitoriamente, existieran procesos de selección en los
que se aplicaran las competencias anteriores. De allí que en un caso límite como el
que se estudia, prima facie, no resulte razonable ni proporcional sostener la ilegalidad
del concurso con el argumento que aducen los demandantes.

No obstante, es de resaltar, tal y como lo hizo la CNSC en su contestación de la
demanda, que las reglas de la convocatoria, particularmente las contenidas en el
artículo 5° del Acuerdo 20191000004936 del 14 de mayo de 2019 y en el anexo
técnico que hace parte integral de esta6, consagran expresamente que esta se rige
por lo previsto en el Decreto 815 de 2018, por lo que es posible afirmar que, antes de
contradecir dicha norma, la Convocatoria n.° 1170 de 2019 la observó.

Igualmente, es menester advertir que la parte demandante no expresó razones
tendientes a demostrar que las competencias laborales bajo las cuales se configuró
el concurso de méritos en estudio no se ajustaron al aludido Decreto 815 y, bajo esa
circunstancia, no es posible desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
acusados en lo relativo a este tema.

25. De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, el proceso de aprobación

del acuerdo enjuiciado comenzó el 2 de mayo de 2019, esto es, antes de la fecha
límite con la que contaba el municipio de San Alberto para actualizar el manual de
funciones (8 de mayo de 2019). En efecto, en la parte considerativa del Acuerdo
CNSC-20191000004926 del 14 de mayo de 2019 se dejó constancia de que «la
Sala Plena de la CNSC, en sesiones del 02 y 14 de mayo de 2019 aprobó las reglas
del proceso de selección para proveer por mérito los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO CESAR».

26. Además, el artículo 8 de la convocatoria dispuso que, «en caso de presentarse

diferencias entre el manual de funciones suministrado por la entidad pública y la ley,
prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior»; por lo tanto, se
presume que dicha directriz fue tenida en cuenta durante el desarrollo del certamen
y, en especial al momento de verificar los requisitos mínimos para desempeñar los
cargos ofertados.

27. A su turno, el actor no indicó qué aspectos específicos del manual de funciones

eran contrarios a las normas superiores y omitió argumentar si el documento
desatendió criterios técnicos para su expedición, si asignó funciones o cargas de

6 El cual se encuentra entre los anexos de la demanda en el índice 3 del expediente digital y dispone que la

prueba sobre Competencias Comportamentales se basa en lo preceptuado en los artículos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del
Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 815 de 2018.

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trabajo incorrectamente; como tampoco identificó cuáles requisitos académicos o
de experiencia pudieron verse afectados por la falta de actualización y mucho
menos demostró el impacto que esa omisión tuvo en el certamen.7

3.5.2. Publicación de la convocatoria

28. El accionante afirmó que la convocatoria acusada desconoce los artículos
2.2.6.5, 8 y 2.2.6.69 del Decreto 1083 de 2015, pues el municipio de San Alberto
certificó que aquella no fue publicada en su página web ni en la sede física.

29. Ahora bien, respecto de la publicación de las convocatorias de los concursos de

méritos, el Consejo de Estado ha sostenido:10

En lo que respecta a la vulneración del derecho a la igualdad para la Sala los actos
acusados no lo vulneran ni formal ni materialmente, en tanto la utilización del medio
electrónico como la web de la entidad demandada es un mecanismo válido
constitucionalmente para el cumplimiento de los fines del Estado, tal como se
expuso en el acápite sobre la administración electrónica.

Ahora bien en lo atinente a la igualdad material, los actos acusados al establecer que
a través de la página electrónica de la CNSC se deberían realizar los trámites de la
Convocatoria, no están discriminando a ningún sector de la población, en razón de su
ubicación geográfica o sus conocimientos, esto es así, en tanto, la divulgación (esto
es el anuncio público y generalizado de la convocatoria) según lo ordenado en el
artículo 15 del Decreto 1227 de 2005, se realiza en prensa, radio o televisión.

Así las cosas con la referida divulgación se satisface el derecho a la igualdad
en cuanto al ser comunicados ampliamente los términos generales de la
convocatoria, todas las personas que estén interesadas en participar deben
someterse a las reglas especiales establecidas en la misma, siendo una de ellas

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de julio de 2023, radicado 11001-03-

25-000-2020-00648-00 (1806-2020).
8 ARTÍCULO 2.2.6.5 Divulgación de la convocatoria. La divulgación de las convocatorias será efectuada por

la entidad a la cual pertenece el empleo a proveer utilizando como mínimo uno de los siguientes medios:
1. Prensa de amplia circulación nacional o regional, a través de dos avisos en días diferentes.
2. Radio, en emisoras oficialmente autorizadas y con cubrimiento nacional o regional en la respectiva
circunscripción territorial, al menos tres veces diarias en horas hábiles durante dos días.
3. Televisión, a través de canales oficialmente autorizados, al menos dos veces en días distintos en horas
hábiles.
4. En los municipios con menos de veinte mil (20.000) habitantes podrán utilizarse los bandos o edictos, sin
perjuicio de que la divulgación se pueda efectuar por los medios antes señalados.
Por bando se entenderá la publicación efectuada por medio de altoparlantes ubicados en sitios de concurrencia
pública, como iglesias, centros comunales u organizaciones sociales o sindicales, entre otros, por lo menos tres
veces al día con intervalos, como mínimo, de dos horas, durante dos días distintos, uno de los cuales deberá
ser de mercado. De lo anterior se dejará constancia escrita, con inclusión del texto del anuncio, firmada por
quien lo transmitió y por dos testigos.
Parágrafo. En los avisos de prensa, radio y televisión se dará la información básica del concurso y se informará
a los aspirantes los sitios en donde se fijarán o publicarán las convocatorias y quién adelantará el proceso de
selección.
9 Artículo 2.2.6.6 Publicación de la convocatoria. El aviso de convocatoria, en su totalidad, se publicará con

una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de iniciación de las inscripciones, en un lugar de
fácil acceso al público de la entidad para la cual se realiza el concurso, de la gobernación y de alcaldía
respectivas y en las páginas web de las mismas, si las hubiere, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, del
Departamento Administrativo de la Función Pública y de la entidad contratada para la realización del concurso.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2011, radicado 11001-

03-25-000-2006-00018-00 (0300-06); 11001-03-25-000-2006-00036-00(0763-06).

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que algunos de los trámites como la inscripción, la consulta de los resultados
y otros se realicen a través de la página web de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
[…]

ii) Presunto desconocimiento del artículo 33 de la Ley 909 de 2004.

Estiman los actores que del artículo 33 de la Ley 909 de 2001 no se deduce que los
medios electrónicos sean el único mecanismo del que se pueda servir la Comisión
Nacional del Servicio Civil para dar a conocer los trámites en el concurso de méritos.
En lo concerniente a este punto, a partir de la lectura del artículo 33 se observa que
la norma regula los mecanismos de publicidad en las convocatorias con el propósito
de que se garantice su conocimiento y se permita la libre concurrencia, para el
cumplimiento del referido fin, el legislador habilitó a las entidades convocantes para
utilizar de manera preferente su[s] respectivas páginas electrónicas en el trámite de
las convocatorias.

Bajo estos supuestos se impone consultar la definición de la palabra “preferencia” que
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa “Elección de alguien
o algo entre varias personas o cosas.”11, de donde es claro que el legislador habilitó
a las entidades para escoger entre la página electrónica y otros medios para efectuar
la publicidad de las convocatorias.

Por tanto, si la entidad dentro de la habilitación que le otorgó el legislador elige
mediante acto reglamentario realizar la publicación de las convocatorias a través de
la página web, en nada se está desconociendo lo estipulado por la norma
reglamentada, pues está actuando en virtud de la facultad concedida por la ley.

Visto lo anterior, no le asiste razón a la parte actora, en cuanto al desconocimiento
que atribuye a los actos administrativos acusados, en atención a que es claro que el
artículo 33 de la Ley 909 de 2004, no prohíbe que la entidad haga uso solamente
de la página web para la publicidad de las convocatorias. [Resalta la Sala].

30. De acuerdo con este contexto normativo y jurisprudencial, la entidad
administradora del concurso, que en este caso es la CNSC, para efectos de dar
publicidad a las convocatorias, puede hacer uso de su página web, toda vez que i)
es una posibilidad prevista por el legislador y ii) representa un medio idóneo para
hacer difusión efectiva del proceso de selección, sin perjuicio de que también se
utilicen otros mecanismos para potencializar la transmisión de la información.12

31. Ahora bien, en el expediente obra el informe técnico aportado por la CNSC13 en

el cual detalló que a través de aviso informativo del 19 de julio de 2019 a los
ciudadanos les comunicó que se publicarían los acuerdos de la convocatoria
incluido el anexo en el enlace https://historico.cnsc.gov.co/index.php/avisos-
informativos-1137-a-1225-1227-a-1298-y-1300-a-1304-de-2019
convocatoriaterritorial-2019?start=33

11 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=preferente. Consultada el 14/10/11
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 14 de noviembre de 2019, radicado 11001-03-

25-000-2018-01386-00 (4618-2018).
13 Visible en el archivo titulado «040_MemorialWeb_Otro-INFORMETECNICODED», índice 42 de Samai.

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32. De otro lado, la dependencia sostuvo que se adelantaron múltiples estrategias de

divulgación del proceso de selección, tales como: i) publicación en el botón de
convocatorias de la página web del Departamento Administrativo de la Función
Pública14; ii) cuñas radiales en las emisoras radiales Milenio Comunicaciones SAS,
Organización Radial la Joya SAS, Buturama Stereo y la Voz del Cañaguate; iii)
pautas comerciales en canales públicos y privados del país; iv) eventos de
socialización llevados a cabo en los municipios de Valledupar y Aguachica durante
los días 29 y 31 de enero de 2020, respectivamente; v) publicaciones en redes
sociales.

33. Ciertamente, mediante Oficios 20201000400821 del 13 de mayo de 2020 15 y

20202330535291 del 16 de julio de 202016, la CNSC le respondió al actor que la
convocatoria demandada fue publicada en los términos del artículo 33 de la Ley 909
de 2004 y también fue adelantada una jornada de capacitación en el auditorio
Consuelo Araújo Noguera de la biblioteca departamental Rafael Carrillo Lúquez, en
la ciudad de Valledupar.

34. Demanera que las pruebas aportadas al plenario permiten concluir que la
convocatoria tuvo suficiente publicidad, pues no solo se dio a conocer en la página
web de la CNSC, sino también en otros medios de amplia difusión.

35. Igual conclusión se predica de las demás etapas del proceso de selección, pues

las fechas de su realización y resultados fueron debidamente publicados en la
página web de la CNSC.

36. Por lo tanto, no prospera el cargo propuesto por el accionante relativo a la falta

de publicación de la convocatoria a concurso de méritos.

3.5.3. Numeración de la convocatoria

37. El actor expresó que la CNSC incurrió en una falsedad ideológica al enumerar el

acto de la convocatoria, pues desconoció el artículo 6 del Acuerdo 060 de 2001,
expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, en tanto prevé
que los actos administrativos solo se pueden enumerar y fechar después de su
firma; sin embargo, en este caso a la convocatoria se le asignó una numeración y
una fecha de expedición anteriores a la firma efectiva del acto por parte de los
representantes de la CNSC y del municipio de San Alberto.

38. Ahora bien, la Corte Constitucional17 y el Consejo de Estado18 han resaltado que

la CNSC goza de independencia y autonomía, la cual se refleja en un amplio margen

14
DAFP.
15 Visto en las páginas 215 a 217 del archivo titulado «1_DemandaWeb_Demanda-», índice 3 de Samai.
16 Visible en las páginas 215 a 217 del archivo titulado «1_DemandaWeb_Demanda-», índice 3 de Samai.
17 Sentencia C-172 de 2021.
18 Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-

2016).

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de discrecionalidad administrativa para elaborar las convocatorias de los concursos
públicos, en razón a que es el ente rector de la carrera administrativa y la encargada
de administrar, resguardar y vigilar los procesos de selección, por lo que es la única
facultada para dictar reglas de obligatoria observancia.

39. A su vez, en la medida en que un asunto no haya sido exhaustivamente regulado

por el ordenamiento superior, se amplían las facultades de la CNSC para diseñar
los procesos de selección.19

40. Igualmente, la Sentencia C-372 de 199920 reafirmó que la CNSC tiene la jerarquía

de un órgano autónomo y permanente, goza de independencia y autonomía, por lo
que ejerce sus atribuciones «sin sujeción al Gobierno ni a pautas distintas de las
que la misma Carta y la ley señalen, y con la estructura y fuerza institucional
necesarias para lograr que el engranaje de la carrera opere con seguridad y
efectividad, y exclusivamente dentro de los criterios constitucionales».

41. De esta manera, no podría sostenerse que la aparente vulneración del
mencionado acuerdo se traduzca en una vulneración de normas superiores, pues
la CNSC también goza de autonomía para establecer sus procedimientos internos
en aras de adelantar los concursos de méritos.

42. En tal sentido, se destaca que, por Oficio 20201000400821 del 13 de mayo de

202021, respecto al trámite de expedición de acuerdos de convocatoria, la CNSC le
explicó al actor que «la Oficina Asesora de Planeación asigna el número de la
Convocatoria, en orden consecutivo. Posteriormente, a través del Sistema de
Gestión Documental -ORFEO- se hace la radicación de los Acuerdos de
Convocatoria, uno para cada una de las entidades participantes en el proceso, luego
de lo cual se imprimen y se firman por el Comisionado que esté fungiendo como
Presidente. Seguidamente, y para el caso concreto de las Convocatorias objeto de
su requerimiento, se remitieron a las entidades para recoger las firmas de los
respectivos Representantes Legales 22 . Después de tener firmados todos los
Acuerdos se publicaron en la página www.cnsc.gov.co, enlace Convocatorias/En
Desarrollo. A partir de este momento inicia la etapa de difusión».

43. En este orden de ideas, para la época en que se profirió el acuerdo demandado,

la CNSC tenía implementado un sistema propio para la expedición de sus actos
administrativos, el cual se presume era adecuado para el ejercicio de las funciones
que le fueron asignadas a esa entidad para la administración de los procesos de
selección. Además, el accionante no demostró que el sistema de gestión

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado: 11001-

03-25-000-2018-00890-00 (3125-2018).
20 Proferida por la Corte Constitucional.
21 Visto en las páginas 215 a 217 del archivo titulado «1_DemandaWeb_Demanda-», índice 3 de Samai.
22 A partir de la Sentencia C-183-19 de 8 de mayo de 2019 de la Corte Constitucional, “(…) el jefe de la entidad

u organismo puede suscribir el auto de convocatoria, como manifestación del principio de colaboración
armónica, (…)”.

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documental ORFEO fuera inadecuado para la numeración y, en general, la
expedición de los actos administrativos por parte de la CNSC.

44. Igualmente, es pertinente recordar que «no cualquier irregularidad puede afectar

la validez del acto administrativo, pues, las formas no son un fin en sí mismo, sino
un medio para materializar el derecho objetivo».23

45. De otro lado, en la solicitud de suspensión provisional de los actos opugnados el

accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
medio de control de cumplimiento, 24 en sentencia del 17 de febrero de 2022
concluyó que la CNSC desconoció el artículo 6 del Acuerdo 060 de 2001, por lo cual
ordenó que «en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta
decisión, realice las gestiones correspondientes para ajustar, bien sea en los
sistemas “ORFEO” u “OnBase” o internamente, la forma y el momento como se
numeran los actos administrativos expedidos por la autoridad administrativa, como
lo dispone la citada normativa».

46. Sin embargo, el planteamiento fue decidido en el auto del 28 de marzo de 2025

en el sentido de indicar que no se allegó copia de la decisión, imposibilitándose
conocer el contenido integral y tener certeza respecto de si ésta fue apelada o
adquirió firmeza. De ahí que, la Sala se abstendrá de pronunciarse frente al
argumento en esta oportunidad, teniendo en cuenta que el accionante no lo propuso
como cargo en la demanda. Lo anterior, a fin de garantizar el derecho al debido
proceso de la parte demandada y el principio de congruencia.

47. En todo caso, el actor advirtió en la demanda de la referencia que también radicó

una acción de cumplimiento con el objeto de obtener que la CNSC acatara el artículo
6 del Acuerdo 060 de 2001 a la cual se le asignó el radicado 25000-23-41-000-2020-
000379-00; no obstante, conforme lo expuso el sujeto procesal, mediante el fallo
emanado el 29 de octubre de 2020 se declaró improcedente «el presente medio de
control respecto del cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo 60 de 2001 ante la
existencia de otro instrumento judicial para lograr la correcta expedición de los actos
administrativos, como lo es el medio de control de simple nulidad establecido en el
artículo 137 del CPACA».

48. Por las anteriores razones, no tiene vocación de prosperidad el cargo de nulidad

por indebida numeración de la convocatoria.

3.5.4. Desconocimiento de las Leyes 1955 y 1960 de 2019
49. El actor expresó que la convocatoria demandada vulneró las Leyes 1955 y 1960

de 2019, referentes a la participación del DAFP en la estructuración de los procesos

23 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado 11001-03-28-000-2019-

00059-00.
24 Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, actor: Hermann Gustavo Garrido

Prada, radicado 25000-23-41-000-2020-000518-00.

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de selección, el análisis de la situación de los prepensionados y la implementación
de los concursos de ascenso.

50. Al respecto, es pertinente anotar que un acto administrativo solamente puede

vulnerar una disposición superior que se encuentre vigente al momento de su
expedición, pero esta condición no se cumple en el sub lite, toda vez que el acuerdo
enjuiciado fue suscrito el 14 de mayo de 2019, mientras que las normas invocadas
como quebrantadas se profirieron el 25 de mayo25 y el 27 de junio de 2019;26 por lo
tanto, no es válido sostener que la convocatoria cuestionada debía acatar unos
mandatos que no habían nacido a la vida jurídica.

51. Aunado a lo anterior, conforme se explicó en precedencia, el acto de convocatoria

materialmente nace a la vida jurídica con la aprobación de la Sala Plena de la CNSC
y, por lo tanto, el estudio de su legalidad solo puede hacerse a la luz de las normas
vigentes para ese momento. Esta premisa fue reiterada por el DAFP y la CNSC en
la Circular 20191000000117 del 29 de julio de 2019, en los siguientes términos:

El artículo 7° de la Ley 1960 de 2019, prevé: "(...) La presente ley rige a partir de su
publicación (...)", hecho que acaeció con la publicación realizada en el Diario Oficial
No. 50997 del 27 de junio de 201927.

Conforme con las etapas definidas en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y el
precedente jurisprudencial28, los procesos de selección existen jurídicamente desde
el momento en que son aprobados por la Sala Plena de la CNSC, como consecuencia
del agotamiento de la etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional.

Los procesos aprobados en sesión de Comisión hasta antes del 27 de junio de 2019,
podrán ser modificados, corregidos o aclarados en cualquiera de sus aspectos en los
términos de la normatividad que se encontraba vigente antes de la expedición de la
Ley 1960 de 2019.

Con fundamento en lo antes citado, los procesos de selección aprobados antes del
27 de junio de 2019 se regirán por el artículo 29 de la Ley 909 de 2004 vigente antes
de su modificación.

52. Se resalta que la citada Circular fue demandada ante esta jurisdicción, pero al

revisar el aplicativo SAMAI, no se observa que a la fecha hubiera sido anulada o
suspendida.29

3.6. Condena en costas
53. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se

25 Ley 1955 de 2019.
26 Ley 1960 de 2019.
27
De conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 numeral 1º de la Ley 4 de 1913
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Segunda, Sentencia de 31 de enero de

2019, radicado 11001- 03-25-000-2016-01017, número interno 4574-2016, Consejero Ponente Dr. César
Palomino Cortés.
29 Consejo de Estado, sección Segunda, Subsección A, auto del 9 de diciembre de dos 2022, radicado 11001

03 25 000 2020 00317 00 (0587-2020).

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ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

54. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el
Acuerdo CNSC-20191000004926 del 14 de mayo de 2019 [modificado por el
Acuerdo 20211000018706 del 21 de mayo de 2021] y del anexo Etapas Proceso de
Selección, expedido en julio de 2019 por la CNSC, en atención a lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Reconocer al abogado Yimi Hernán Sánchez Osorio, quien se identifica
con cédula de ciudadanía 18904284 30 y Tarjeta Profesional 268255, como
apoderado del municipio de San Alberto.

Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

30 Certificado de Vigencia 189192.

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