Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00317-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00317-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00317-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00317-00 (0587-2020)
Demandante: Jairo Díaz Hernández
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros1
Tema: Efectos erga omnes de las sentencias de nulidad. Cosa juzgada.
Concurso de ascenso y presupuestos para su convocatoria.
Decisión: Declarar configurada la cosa juzgada respecto del numeral 6 de
la Circular 20191000000117 del 29 de julio de 2019 y se está a
lo resuelto en la sentencia del 12 de marzo de 2026. Negar las
pretensiones dirigidas contra el artículo 8 del Acuerdo CNSC –
20191000006556 del 4 de julio de 2019.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el numeral 6 de la Circular
20191000000117 del 29 de julio de 20192, emitida por la Comisión Nacional del
Servicio Civil (en adelante, CNSC) y el Departamento Administrativo de la Función
Pública (en adelante, DAFP) y el artículo 8 del Acuerdo CNSC – 20191000006556
del 4 de julio de 20193, proferido por la CNSC y el municipio de Puerto Boyacá.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se solicitó la nulidad de las siguientes disposiciones:
(i) Numeral 6 de la Circular 20191000000117 del 29 de julio de 2019, en
cuanto dispuso:
6. Vigencia del artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de
2019 y procesos de selección a los que aplica.
1 El Departamento Administrativo de la Función Pública y el municipio de Puerto Boyacá.
2 «Por la cual se imparten lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la
Ley 1960 de 27 de junio de 2019, en relación con la vigencia de la ley - procesos de selección,
informe de las vacantes definitivas y encargos».
3 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección para proveer
definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta
de persona de la ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ -BOYACÁ – Convocatoria No. 1206 de 2019 –
Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena», suscrito por la CNSC y el referido ente territorial».
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Demandante: Jairo Díaz Hernández
El artículo 7 de la Ley 1960 de 2019 prevé “(…) La presente ley rige a partir de su
publicación (…)”, hecho que acaeció con la publicación realizada en el Diario Oficial
No. 50997 del 27 de junio de 20194.
Conforme con las etapas definidas en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y el
precedente jurisprudencial5, los procesos de selección existen jurídicamente desde el
momento en que son aprobados por la Sala Plena de la CNSC, como consecuencia
del agotamiento de la etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional.
Los procesos aprobados en sesión de Comisión hasta antes del 27 de junio de 2019,
podrán ser modificados, corregidos o aclarados en cualquiera de sus aspectos en los
términos de la normatividad que se encontraba vigente antes de la expedición de la
Ley 1960 de 2019.
Con fundamento en lo antes citado, los procesos de selección aprobados antes del
27 de junio de 2019 se regirán por el artículo 29 de la Ley 909 de 2004 vigente antes
de su modificación.
(ii) Artículo 8 (parcial) del Acuerdo CNSC – 20191000006556 del 4 de julio
de 2019, cuyo tenor es el siguiente:
ARTÍCULO 8°. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera -OPEC- que se convocaron para este proceso de
selección son:
NIVEL NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
PROFESIONAL 5 5
TÉCNICO 5 10
ASISTENCIAL 19 31
TOTAL 29 46
[…].
2. El actor afirmó que las disposiciones acusadas se expidieron con
desconocimiento de las normas en que debían fundarse, en particular el artículo
125 de la Constitución Política y el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado
por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019.
3. En relación con la Circular 20191000000117 del 29 de julio de 2019, sostuvo
que la CNSC desconoció la vigencia de la Ley 1960 de 2019, pues esta empezó a
regir el 27 de junio de 2019 y, desde esa fecha, resultaba aplicable a los procesos
de selección que se encontraran en curso.
4. Señaló que el artículo 125 de la Constitución Política reserva a la ley la
definición de los requisitos y condiciones para el ingreso y el ascenso en los cargos
de carrera administrativa. En ese sentido, indicó que la CNSC no podía, mediante
4 De conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 numeral 1° de la Ley 4 de 1913.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 31 de
enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017, número interno 4574-2016, Consejero
Ponente Dr. César Palomino Cortés.
Corte Constitucional, sentencia C-183 de 2019.
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Demandante: Jairo Díaz Hernández
una circular, introducir un criterio distinto al previsto por el legislador para
determinar la procedencia del concurso de ascenso.
5. Explicó que el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2
de la Ley 1960 de 2019, estableció los presupuestos para los cuales procede el
concurso de ascenso y dispuso que, cuando estos se acrediten, debe convocarse
en esa modalidad el treinta por ciento (30%) de las vacantes a proveer. Por ello,
consideró que la procedencia del concurso de ascenso dependía exclusivamente
del cumplimiento de tales requisitos y no de la fecha en que la Sala Plena de la
CNSC hubiera aprobado internamente el proceso de selección.
6. En ese contexto, adujo que el numeral 6 de la referida circular desconoció la
reserva legal prevista en el artículo 125 superior al permitir que los procesos
aprobados por la CNSC antes del 27 de junio de 2019 se modificaran, corrigieran o
aclararan con fundamento en la normativa anterior a la Ley 1960 de 2019. A su
juicio, la entidad sustituyó el criterio previsto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004,
según el cual la convocatoria constituye la primera etapa del proceso de selección,
por uno de creación administrativa referido a la fecha de aprobación interna del
proceso, sin respaldo legal.
7. En cuanto al Acuerdo CNSC – 20191000006556 del 4 de julio de 2019, el
demandante indicó que la CNSC omitió convocar el concurso de ascenso respecto
del treinta por ciento (30%) de las vacantes ofertadas para el municipio de Puerto
Boyacá, pese a que se encontraban acreditados los requisitos previstos en el
artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de
2019.
8. Sobre el particular, mencionó que de acuerdo con la certificación expedida
por el profesional universitario del área de personal del municipio de Puerto Boyacá,
para la Convocatoria 1239 de 2019 se cumplían los presupuestos legales para
adelantar el concurso de ascenso respecto de empleos de los niveles técnico y
profesional. No obstante, el artículo 8 del acuerdo acusado convocó la totalidad de
las vacantes bajo la modalidad abierta.
9. A partir de lo anterior, aseguró que la CNSC debía verificar la procedencia
del concurso de ascenso con base en los presupuestos fijados por la Ley 1960 de
2019 y no acudir a la regla prevista en el numeral 6 de la circular demandada, según
la cual los procesos aprobados antes del 27 de junio de 2019 podían regirse por la
normativa anterior.
10. Finalmente, manifestó que el acuerdo de convocatoria incurrió en falsa
motivación, por cuanto la CNSC estructuró el proceso de selección bajo la
modalidad de concurso abierto pese a que, para la fecha de su expedición, la Ley
1960 de 2019 se encontraba vigente y le imponía la obligación de verificar si parte
de las vacantes debía proveerse mediante la modalidad de ascenso.
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Contestaciones de la demanda
11. El municipio de Puerto Boyacá guardó silencio.
12. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que
los actos acusados fueron expedidos conforme a la Constitución y la ley, en
ejercicio de sus competencias como responsable de la administración y vigilancia
del sistema general de carrera administrativa.
13. Relató que la Convocatoria Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena fue
precedida de una etapa de planeación conjunta con las entidades participantes
desde el año 2018. Como resultado de ese proceso, la Sala Plena de la CNSC
aprobó en sesiones del 2 y 14 de mayo de 2019 las reglas aplicables a los procesos
de selección dirigidos a proveer los empleos vacantes de las entidades vinculadas
a dicha convocatoria.
14. En relación con la aplicación de la Ley 1960 de 2019, expuso que el artículo
2 de esa ley rige hacia el futuro y solo resulta aplicable a los procesos de selección
aprobados por la Sala Plena de la CNSC con posterioridad al 27 de junio de 2019.
Por ello, afirmó que la Convocatoria Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena no
estaba sujeta a dicha regulación, ya que sus lineamientos fueron aprobados los
días 2 y 14 de mayo de 2019.
15. Explicó que el Acuerdo CNSC – 20191000006556 del 4 de julio de 2019 y
su anexo hacen parte de un proceso de selección previamente aprobado por la Sala
Plena de la CNSC, motivo por el cual las reglas aplicables eran las vigentes al
momento de dicha aprobación y no las introducidas posteriormente por la Ley 1960
de 2019. A su juicio, modificar esas condiciones habría desconocido el principio de
seguridad jurídica.
16. De otro lado, propuso como excepción la indebida integración del
litisconsorcio necesario, al estimar que la demanda aludía de manera indistinta a
información de los procesos de selección de las alcaldías de Tenza y Puerto
Boyacá, lo cual generaba incertidumbre sobre la entidad territorial que debía
integrar el contradictorio. También mencionó que la Circular 20191000000117 de
2019 fue expedida por la CNSC y el DAFP y pese a ello únicamente se demandó a
la primera.
17. Asimismo, adujo que la demanda no cumplía las exigencias del numeral 3
del artículo 162 del CPACA, porque no relacionó de manera determinada,
clasificada y numerada los hechos y omisiones que servían de fundamento a las
pretensiones.
18. Sostuvo además que la parte demandante no explicó de forma clara y
suficiente las razones jurídicas por las cuales los actos acusados vulneraban las
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normas superiores invocadas ni aportó pruebas que demostraran la configuración
de alguna de las causales previstas en el artículo 137 del CPACA.
19. Por último, agregó que el actor individualizó indebidamente el acto
demandado, pues se refirió al Acuerdo CNSC – 20191000006556 del 4 de julio de
2019 como si correspondiera a la Convocatoria 1239 de la Alcaldía de Tenza,
cuando en realidad regula el proceso de selección del municipio de Puerto Boyacá,
identificado como Convocatoria 1206 de 2019.
20. El DAFP se opuso a las pretensiones de la demanda, particularmente, a la
petición de nulidad del numeral 6 de la Circular 20191000000117 del 29 de julio de
2019.
21. Como sustento, afirmó que la referida circular no es un acto administrativo
susceptible de control judicial, pues corresponde a un instrumento de naturaleza
informativa dirigido a brindar orientaciones e instrucciones sobre la aplicación de la
Ley 1960 de 2019 y no a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas.
22. Agregó que la CNSC y el DAFP tenían competencia para expedir la circular
cuestionada, en tanto la primera puede impartir instrucciones para la correcta
aplicación de las normas de carrera administrativa y el segundo cumple funciones
de asesoría y apoyo en materia de empleo público.
23. En ese contexto, propuso como excepciones la ineptitud de la demanda por
ausencia de requisitos formales y por dirigirse contra una circular que, a su juicio,
no era susceptible de control judicial.
Decisión de excepciones previas
24. Mediante auto del 25 de noviembre de 2024 se declararon no probadas las
excepciones previas de indebida integración del litisconsorcio necesario e ineptitud
de la demanda por ausencia de requisitos formales, propuestas por la CNSC y el
DAFP.
Trámite de sentencia anticipada
25. Mediante auto del 19 de marzo de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al evidenciarse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
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26. El actor, la CNSC, el municipio de Puerto Boyacá y el Ministerio Público
guardaron silencio.
27. El DAFP reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda. En síntesis, sostuvo que la Circular 20191000000117 del 29 de julio de
2019 no es susceptible de control judicial porque «no produjo efectos jurídicos
externos», sino que se limitó a impartir instrucciones para la correcta aplicación de
la Ley 1960 de 2019.
28. Insistió en que la Ley 909 de 2004 faculta a la CNSC para expedir circulares
instructivas sobre la correcta aplicación de las normas de carrera administrativa y
atribuye al DAFP funciones de asesoría y apoyo en materia de empleo público.
29. En consecuencia, solicitó proferir fallo inhibitorio o negar las pretensiones
de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
Problemas jurídicos
31. La Sala deberá establecer, en primer lugar, si respecto del numeral 6 de la
Circular 20191000000117 de 2019 se configura la cosa juzgada, en atención a una
providencia reciente de la Sección Segunda de esta Corporación que estudió la
legalidad de esa misma disposición.
32. En caso de no configurarse la cosa juzgada, corresponderá determinar si
el numeral 6 de la Circular 20191000000117 de 2019 debe declararse nulo por
infracción de las normas en que debía fundarse, en particular de los artículos 125
de la Constitución Política y 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2
de la Ley 1960 de 2019, al excluir de la aplicación de esta última ley a los procesos
de selección aprobados por la Sala Plena de la CNSC antes del 27 de junio de
2019.
33. En segundo lugar, la Sala deberá establecer si el artículo 8 del Acuerdo
CNSC – 20191000006556 del 4 de julio de 2019 debe declararse nulo por infracción
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de las normas en que debía fundarse y falsa motivación, al haber convocado la
totalidad de las vacantes bajo la modalidad abierta y omitir la modalidad de
ascenso, pese a que, según el demandante, para la fecha de expedición del acto
se encontraban vigentes y cumplidos los presupuestos previstos en el artículo 29
de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019.
Análisis de los problemas jurídicos
34. La Sala declarará la configuración del fenómeno jurídico de la cosa juzgada
respecto del numeral 6 de la Circular 20191000000117 del 29 de julio de 2019, pues
mediante la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B se declaró su nulidad6. En consecuencia, se
estará a lo resuelto en esa providencia.
35. Por otro lado, se negarán las pretensiones dirigidas contra el artículo 8 del
Acuerdo CNSC – 20191000006556 del 4 de julio de 2019 porque no se acreditó el
cumplimiento concurrente de los presupuestos previstos en el artículo 29 de la Ley
909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, para que el proceso de selección
debiera convocarse en modalidad de ascenso.
Cosa juzgada respecto del numeral 6 de la Circular 20191000000117 de 2019
36. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual las
decisiones judiciales adquieren carácter inmutable, vinculante y definitivo. Este
fenómeno impide que el juez conozca de una nueva controversia al advertir que la
misma fue resuelta previamente por otra autoridad judicial competente, mediante
decisión en firme.
37. Tiene por finalidad garantizar el principio de seguridad jurídica, en cuanto
asegura la estabilidad de las decisiones judiciales, evita la reiteración indefinida de
litigios sobre un mismo asunto, asegura la coherencia del sistema jurídico al impedir
que se puedan proferir decisiones eventualmente contradictorias y delimita la
competencia del juez para emitir un nuevo pronunciamiento de mérito. En tal
sentido, la cosa juzgada cumple una función negativa, consistente en prohibir a los
funcionarios judiciales conocer, tramitar y decidir sobre lo ya resuelto, y una función
positiva, orientada a dotar de estabilidad a las relaciones jurídicas.
38. Para que una decisión judicial adquiera el carácter de cosa juzgada se
requiere: (a) identidad de partes, esto es, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que
constituye cosa juzgada, (b) identidad de causa petendi, entendida como la
coincidencia de los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y de la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada; (c) identidad de objeto, lo que implica que la
6 Proceso con número de radicado 11001-03-25-000-2020-00392-00 (0848-2020).
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demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual
se predica la cosa juzgada.
39. La jurisprudencia ha precisado que el requisito de la identidad de parte
demandante no resulta aplicable a los procesos de nulidad simple en la medida en
que no se promueve la defensa de un interés particular sino del ordenamiento
jurídico en general7. En efecto, todas las personas están legitimadas para interponer
demandas en salvaguardia del ordenamiento jurídico como manifestación del
derecho fundamental a la participación política, establecido en el artículo 40 de la
CP. Por ende, para declarar la cosa juzgada, no se requiere identidad de partes,
sino que se trate del mismo acto o disposición normativa demandada y en uno y
otro caso coincidan los cargos en que se sustentan las pretensiones anulatorias.
40. Por otra parte, es relevante resaltar que el artículo 189 del CPACA dispone
que: «La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso
tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida
producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi
juzgada […]». Ello implica que, una vez declarada la nulidad de un acto
administrativo, esta decisión tendrá efectos erga omnes, es decir, que será oponible
a todos, por lo que no será posible efectuar un nuevo pronunciamiento respecto del
acto que judicialmente fue retirado del ordenamiento jurídico.
41. En el presente caso se advierte que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a través de la sentencia del 12 de marzo de 2026, emitida dentro del
proceso de simple nulidad núm. 11001-03-25-000-2020-00392-00 (0848-2020),
declaró «la nulidad del numeral 6 de la Circular 20191000000117 del 29 de julio de
2019, proferida conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el
Departamento Administrativo de la Función Pública […]».
42. Las principales consideraciones expuestas en la citada providencia se
sintetizan así:
(i) La Circular 20191000000117 del 29 de julio de 2019 era susceptible de
control judicial porque no se limitó a reproducir el contenido de la Ley 1960
de 2019, sino que en su numeral 6 adoptó una regla interpretativa con
efectos jurídicos generales sobre los procesos de selección aprobados por
la Sala Plena de la CNSC antes del 27 de junio de 2019.
(ii) La regla de inaplicabilidad temporal prevista en el numeral acusado, según
la cual los procesos aprobados antes del 27 de junio de 2019 se regirían
íntegramente por el artículo 29 de la Ley 909 de 2004 vigente antes de su
modificación, carecía de sustento normativo, pues ninguna disposición de
la Ley 1960 de 2019, de la Ley 909 de 2004 ni del Decreto 1083 de 2015
establecía esa exclusión.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 3 de
abril de 2025, radicado 11001-0324-000-2016-00539-00.
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(iii) La providencia precisó que la Ley 1960 de 2019 rige desde su publicación
y que si bien la modalidad de ascenso requería un desarrollo reglamentario
para su implementación efectiva, esa circunstancia no autorizaba a excluir
su aplicación frente a convocatorias aprobadas antes de su vigencia.
(iv) También señaló que el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015 permite
modificar las convocatorias en cualquier aspecto antes del inicio de las
inscripciones. Por tanto, la fecha de aprobación del proceso por la Sala
Plena de la CNSC no era suficiente para descartar la aplicación de la Ley
1960 de 2019.
(v) En esa línea, indicó que lo procedente no era inaplicar la Ley 1960 de 2019
con fundamento en un criterio cronológico referido a la aprobación interna
del proceso, sino verificar si en cada caso se cumplían los requisitos
previstos en el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo
2 de dicha ley, para habilitar la modalidad de ascenso.
(vi) Finalmente, declaró la nulidad del numeral 6 de la Circular
20191000000117 del 29 de julio de 2019, al encontrar acreditada la causal
de infracción de normas superiores por desconocimiento del artículo 2 de
la Ley 1960 de 2019.
43. En el presente caso, se advierte que el objeto del litigio coincide
plenamente con el analizado en la sentencia del 12 de marzo de 2026, en tanto
recae sobre el mismo numeral 6 de la Circular 20191000000117 de 2019, y los
cargos formulados —relativos a la inaplicación de la Ley 1960 de 2019 y a la fijación
de un criterio temporal no previsto por el legislador— son sustancialmente idénticos,
razón por la cual se configura la cosa juzgada.
44. Toda vez que en la sentencia del 12 de marzo de 2026 se declaró la nulidad
del mismo numeral aquí demandado, dicha decisión produjo efectos erga omnes
en los términos del artículo 189 del CPACA. Por tanto, la Sala se estará a lo resuelto
en esa providencia respecto del numeral 6 de la Circular 20191000000117 de 2019.
Alcance del concurso en modalidad de ascenso y presupuestos normativos
45. El actor afirma que el artículo 8 del Acuerdo CNSC – 20191000006556 del
4 de julio de 2019 se expidió con desconocimiento de las normas en que debía
fundarse y con falsa motivación. A su juicio, la CNSC convocó la totalidad de las
vacantes bajo la modalidad abierta y omitió la modalidad de ascenso, pese a que
se encontraban cumplidos los presupuestos previstos en el artículo 29 de la Ley
909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019.
46. El artículo 125 de la Constitución Política establece que, por regla general,
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción
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de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, dispuso que los funcionarios
cuyo sistema de nombramiento no ha sido determinado por la Constitución o la ley,
serán nombrados por concurso público de méritos.
47. En desarrollo de ese mandato, la Ley 909 de 2004 regula la carrera
administrativa como un sistema técnico de administración de personal que tiene por
objeto la eficiencia de la Administración Pública y reconoce el mérito como garante
de los principios de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso,
permanencia y ascenso en el servicio público.
48. De otra parte, el artículo 130 de la Constitución Política atribuye a la CNSC,
como órgano autónomo e independiente, la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, con excepción de aquellas de carácter especial.
Esta función se desarrolla en la Ley 909 de 2004, que la define como un órgano
permanente del orden nacional, independiente de las ramas del poder público,
orientado a garantizar la plena vigencia del principio del mérito.
49. En particular, el artículo 29 ibidem, modificado por el artículo 2 de la Ley
1960 de 2019, prevé que la provisión definitiva de los empleos de carrera se
adelanta mediante procesos de selección, los cuales pueden ser abiertos o de
ascenso, según las condiciones previstas por el legislador.
50. De acuerdo con esta norma, el concurso de ascenso tiene como finalidad
permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma
entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos.
Además, define los eventos en los que el concurso será de ascenso y prevé que,
verificados sus presupuestos, se convocará en esa modalidad el treinta por ciento
(30%) de las vacantes a proveer, mientras que el setenta por ciento (70%) restante
se proveerá mediante concurso abierto. En lo pertinente, dispone:
[…]
El concurso será de ascenso cuando:
1. La vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, las
plantas de personal del sector administrativo, o cuadro funcional de empleos, en los
niveles asesor, profesional, técnico o asistencial.
2. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en los sistemas
específicos o especiales de origen legal, que cumplan con los requisitos y
condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso.
3. El número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el sector
administrativo que cumplen con los requisitos y condiciones para el desempeño de
los empleos convocados a concurso es igual o superior al número de empleos a
proveer.
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Si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de ascenso el
(30%) de las vacantes a proveer. El setenta (70%) de las vacantes restantes se
proveerán a través de concurso abierto de ingreso.
[…]
51. De lo anterior se desprende que el concurso de ascenso se supedita a la
verificación de los presupuestos normativos previstos para su convocatoria. En ese
orden, la disposición exige que las vacantes a proveer correspondan a cargos de
la misma planta de personal, del sector administrativo o del cuadro funcional de
empleos; en los niveles asesor, profesional, técnico o asistencial; y que existan
servidores públicos con derechos de carrera que cumplan los requisitos y
condiciones para su desempeño, en un número igual o superior al de empleos
ofertados en esa modalidad.
52. En otras palabras, la inclusión de la modalidad de ascenso en la
convocatoria exige verificar, a partir de la OPEC y de los documentos que la
respaldan, el cumplimiento de los requisitos descritos. Si tales condiciones no se
acreditan, no se habilita dicha modalidad.
53. En el presente asunto, mediante el Acuerdo CNSC – 20191000006556 del
4 de julio de 2019, la CNSC estableció las reglas del concurso abierto para proveer
definitivamente empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa
de la planta de personal de la Alcaldía de Puerto Boyacá, dentro del Proceso de
Selección núm. 1206 de 2019.
54. En el artículo 8 del citado acuerdo se consignó la OPEC del proceso de
selección, con el siguiente número de empleos y vacantes por nivel jerárquico:
NIVEL NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
PROFESIONAL 5 5
TÉCNICO 5 10
ASISTENCIAL 19 31
TOTAL 29 46
55. Por su parte, el demandante sostuvo que, según certificación expedida por
el municipio de Puerto Boyacá, para la Convocatoria 1206 de 2019 se cumplían los
presupuestos legales para adelantar el concurso de ascenso respecto de empleos
de los niveles técnico y profesional.
56. Sobre el particular, se observa que al expediente se allegó la certificación
expedida el 25 de noviembre de 2019 por la profesional universitaria de la
Secretaría General y de Servicios Administrativos – Área de Personal de la Alcaldía
de Puerto Boyacá. En dicho documento se indicó que, mediante la Circular 15-1-1-
047 del 7 de octubre de 2019, se invitó a los empleados públicos con derechos de
carrera administrativa a manifestar si acreditaban los requisitos y condiciones para
participar en el concurso de ascenso, conforme a la Ley 1960 de 2019 y al Acuerdo
CNSC 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019.
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57. También se certificó que la oficina de personal evaluó las hojas de vida de
los servidores que manifestaron su interés, con la participación de la Comisión de
Personal, a fin de determinar si acreditaban los requisitos y condiciones para
participar en dicha modalidad. Como resultado de esa verificación, se obtuvo la
siguiente información:
NIVEL NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE EMPLEADOS
EMPLEOS MANIFESTACIONES CON REQUISITOS Y
Y DOCUMENTOS CONDICIONES
PROFESIONAL 5 2 2
TÉCNICO 5 2 2
58. De la información anterior se desprende que la Alcaldía de Puerto Boyacá
adelantó una verificación interna para identificar servidores con derechos de carrera
que pudieran participar en la modalidad de ascenso. Esa revisión permitió
establecer que dos empleados del nivel profesional y dos del nivel técnico cumplían
los requisitos y condiciones exigidos para los empleos correspondientes.
59. No obstante, esa constatación no resulta suficiente para tener por
acreditados todos los presupuestos previstos en el artículo 29 de la Ley 909 de
2004, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, pues como ya se explicó,
la norma exige que las vacantes pertenezcan a la misma planta de personal, que
existan servidores con derechos de carrera que cumplan los requisitos y
condiciones para su desempeño; y que la cantidad de dichos servidores sea igual
o superior al número de empleos a proveer.
60. En este caso, aunque la certificación da cuenta de dos empleados
habilitados para el nivel profesional y dos para el nivel técnico, el Acuerdo CNSC –
20191000006556 del 4 de julio de 2019 ofertó cinco empleos en cada uno de esos
niveles, correspondientes a cinco vacantes profesionales y diez vacantes técnicas,
de manera que el número de servidores que cumplían los requisitos no era igual ni
superior al número de empleos a proveer.
61. En ese contexto, aunque el Acuerdo CNSC – 20191000006556 del 4 de
julio de 2019 se expidió en vigencia de la Ley 1960 de 2019, que modificó el artículo
29 de la Ley 909 de 2004, el cargo no prospera porque la parte actora no acreditó
el cumplimiento concurrente de los presupuestos exigidos para habilitar la
modalidad de ascenso. En particular, la certificación aportada no demuestra que el
número de servidores con derechos de carrera que cumplían los requisitos fuera
igual o superior al número de empleos a proveer en los niveles profesional y técnico.
62. Por la misma razón, tampoco se configura la falsa motivación alegada, pues
el reproche del demandante parte de que la CNSC omitió la modalidad de ascenso
pese a estar obligada a convocarla, sin embargo, esa premisa no quedó
demostrada en el expediente. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones
dirigidas contra el artículo 8 del Acuerdo CNSC – 20191000006556 del 4 de julio
de 2019.
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Condena en costas
63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
64. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
65. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra el
acto administrativo demandado que debieron ser analizados tanto al decidir la
medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
Primero. DECLARAR configurado el fenómeno de cosa juzgada respecto del
numeral 6 de la Circular 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
Segundo. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de
simple nulidad núm. 11001-03-25-000-2020-00392-00 (0848-2020).
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Tercero. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto. Sin condena en costas.
Quinto. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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