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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00890-00

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00890-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el Acuerdo CNSC – 20191000004496 del 14 de mayo de 2019 y el Anexo Etapas Proceso de Selección, proferidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00890-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020190089000 (6383-2019)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y otro

Temas: Concurso de méritos

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
____________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Hermann Gustavo Garrido Prada contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el municipio de Aguachica – Cesar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
del CPACA, 1 el señor Hermann Gustavo Garrido Prada, actuando en nombre
propio, interpuso demanda en orden a que se anulen los siguientes actos: 2 i)
Acuerdo CNSC – 20191000004496 del 14 de mayo de 2019, «por el cual se convoca
y se establecen las reglas del Proceso de Selección para proveer definitivamente
los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA - CESAR -
Convocatoria No. 1263 de 2019 - Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena», proferido
por la CNSC3 y el municipio de Aguachica (Cesar); y ii) Anexo Etapas Proceso de
Selección, expedido en julio de 2019.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante sostuvo que el acto acusado quebrantó los artículos 6, 29,
121 y 125 de la Constitución Política; 5 de la Ley 489 de 1998; 7, 11 literal c) y 29

1
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2
En este caso la demanda fue reformada, por lo cual se resumirán las pretensiones en la forma en que quedaron modificadas,
en tanto delimitan el objeto de debate en esta instancia.
3
Comisión Nacional del Servicio Civil.

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Radicado: 11001032500020190089000 (6383-2019)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

de la Ley 909 de 2004 [modificada por la Ley 1960 de 2019]; 263, parágrafo 2, de
la Ley 1955 de 2019; el Decreto 1083 de 2015, modificado por los Decretos 51 y
815 de 2018; el Acuerdo 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019, expedido
por la CNSC; y la Circular No 20191000000157 del 18 de diciembre de 2019 suscrita
por la CNSC y el DAFP.

4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:4

i) El certamen demandado no contó con la apropiación presupuestal requerida.
Además, el alcalde de Aguachica creó un rubro de «Gastos vinculación de personal
Artículo 30 Ley 909 de 2004», sin la autorización del Concejo Municipal, por lo que
vulneró los principios de legalidad y especialidad del gasto.

ii) Hubo una inadecuada planeación del concurso, al punto que se presupuestó un
gasto para financiar la convocatoria de 51 vacantes, pero posteriormente la CNSC
le devolvió al municipio los dineros correspondientes a 6 vacantes que no fueron
ofertadas.

iii) El municipio de Aguachica no ofertó a concurso público los cargos de la planta
de personal vigente para la época, establecida en el Decreto 727 de 2015; por el
contrario, el concurso se fundó en la estructura que existía con anterioridad, pues el
alcalde consideraba que el referido decreto era ilegal y en ese momento estaba
cursando una demanda de nulidad en su contra.

iv) El aludido ente territorial incumplió el deber de actualizar el manual específico de
funciones y competencias laborales antes de convocar a concurso de méritos,
conforme lo ordenó el artículo 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el
Decreto 51 de 2018.

v) Con posterioridad a la publicación de la convocatoria, se expidieron los Decretos
014 del 7 de enero de 2020 y 041 del 28 de enero de 2020, que cambiaron el manual
de funciones sin haberse publicado previamente el proyecto, ni contar con un
estudio técnico o la socialización con los sindicatos. Esta situación implicó una
variación injustificada y extemporánea de las reglas del certamen, pues ello se hizo
luego de iniciada la etapa de inscripciones, que comenzó el 20 de diciembre de
2019. No obstante, como la OPEC no se modificó, se ofertaron cargos con funciones
diferentes a las que debería ejercer el futuro servidor.

vi) El municipio de Aguachica radicó múltiples correos ante la CNSC en los que
expresó sus dudas en torno al número de cargos ofertados, naturaleza y perfiles;
sin embargo, la CNSC no respondió estos interrogantes. Igualmente, existe un
informe respecto a las irregularidades evidenciadas durante el diseño del concurso,

4
La Sala únicamente tendrá en cuenta los razonamientos que aluden a la ilegalidad de los actos acusados, pues el actor
esgrimió otros razonamientos que atañen a decisiones administrativas distintas a las enjuiciadas en el sub lite.

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2

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pero aquellas no fueron corregidas.

vii) El DAFP5 no participó en la estructuración del concurso enjuiciado, de manera
que se desconoció la Ley 1955 de 2019 en tanto dispuso que las entidades públicas
debían adelantar las convocatorias de oferta pública de empleo en coordinación con
la CNSC y el DAFP.

viii) La CNSC incurrió en una falsedad ideológica al enumerar el acto de la
convocatoria, pues desconoció el artículo 6 del Acuerdo 60 de 2001,6 expedido por
el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. Es así como dicha norma
prevé que los actos administrativos solo se pueden enumerar y fechar después de
su firma; sin embargo, en este caso a la convocatoria se le asignó una numeración
y una fecha de expedición anteriores a la firma efectiva del acto por parte de los
representantes de la CNSC y del municipio de Aguachica.

ix) La anterior irregularidad condujo a un desconocimiento de la normativa aplicable,
pues la convocatoria quedó con fecha del 14 de mayo de 2019, a pesar de que para
ese momento no había sido firmada ni publicada, pues lo primero ocurrió entre el
31 de mayo y el 7 de junio de 2019 y lo segundo tuvo lugar el 19 de julio de 2019,
fecha en que también fue publicado el anexo de la convocatoria que hacía parte
integral de aquella, es decir, que se trataba de un acto administrativo complejo. Así,
se soslayaron los mandatos de normas expedidas con posterioridad como las Leyes
1955 del 25 de mayo de 2019 y 1960 del 27 de junio de 2019 que regularon lo
referente a la protección de los prepensionados y los concursos de ascenso.

x) El Decreto Ley 491 de 2020 y las Resoluciones 4970 del 24 de marzo de 2020 y
5265 del 13 de abril de 2020 ordenaron suspender los procesos de selección debido
a la pandemia del COVID-19; sin embargo, la Universidad Nacional siguió ejecutando
el contrato para adelantar el certamen. Es así como la suspensión debió operar
entre el 24 de marzo y el 26 de abril de 2020; empero, se amplió el tiempo de
inscripción del 21 de febrero al 10 de abril de 2020. Además, el 21 de julio de 2020
se publicaron los resultados preliminares de la etapa de verificación de requisitos
mínimos, activándose la etapa de presentación de reclamaciones entre el 22 de julio
y el 23 de julio de 2020.

xi) Se quebrantaron los artículos 2.2.6.3, 2.2.6.5, 2.2.6.6, 2.2.6.7, 2.2.6.9, 2.2.6.11
y 2.2.6.12 del Decreto 1083 de 2015 sobre publicación de la convocatoria,
inscripciones, lista de admitidos y reclamaciones. En tal sentido, se observa: a) en
la convocatoria no se dijo que la Universidad Nacional de Colombia adelantaría el
proceso de selección y que sería la encargada de resolver las reclamaciones; b) no
se señaló que la divulgación de la convocatoria debía ser efectuada por la entidad
destinataria del concurso por radio, prensa o televisión y tampoco se surtió tal
5
Departamento Administrativo de la Función Pública.
6
Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas.

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publicación; c) ni se indicó que el aviso de la convocatoria se debía publicar con una
antelación no inferior a 5 días hábiles a la fecha de iniciación de las inscripciones,
en un lugar de fácil acceso al público y en la página web de la entidad destinataria
del concurso, de la CNSC, del DAFP y de la Universidad Nacional; d) el formulario
de inscripción tampoco se publicó en las páginas web del DAFP, la Alcaldía de
Aguachica, la Gobernación del Cesar y la aludida Universidad; e) a los aspirantes
se les impidió inscribirse por correo electrónico u ordinario o por fax, en razón a que
las inscripciones solo se permitieron vía web a través de la plataforma SIMO; f) no
se publicó la lista de admitidos y no admitidos, indicando en este último caso los
motivos de su no admisión en la página web de la Alcaldía de Aguachica, tampoco
se publicó en un lugar visible de la Gobernación del Cesar; g) no se les permitió a
los aspirantes presentar las reclamaciones por cualquier medio tal como lo
establece el Decreto Ley 760 de 2005.

xii) La convocatoria les exigió a los aspirantes que se venían desempeñando en
provisionalidad que aportaran documentos que reposaban en su hoja de vida y en
el archivo de la entidad pública oferente. Incluso, muchos participantes fueron
excluidos por no haber cumplido ese deber, pese a que el Decreto Ley 19 de 2012
prohibió este tipo de prácticas. También fueron inadmitidos porque las
certificaciones de experiencia laboral expedidas por la misma entidad no cumplían
con las formalidades requeridas.

1.2. Contestación de la demanda

5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos de defensa:

i) Se propone la excepción de «inexistencia de una acusación clara, cierta,
concreta y verificable que le permita al decisor judicial realizar un juicio abstracto de
legalidad».

ii) Al tenor del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en armonía con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el momento en que sesionó la CNSC
para aprobar la convocatoria cuestionada, se culminó la etapa de planeación y se
dio inicio a la de ejecución.

iii) Las normas aplicables a los procesos de selección son las vigentes al
momento de su aprobación en Sala Plena de la CNSC, comoquiera que desde ese
momento existe y surte efectos el proceso de selección. Por lo tanto, «los Acuerdos
de Convocatoria y el Anexo son parte del proceso de selección aprobado en Sala
Plena de la CNSC y las reglas y lineamientos en ellos contenidas corresponden a
aquellos lineamientos que fueron aprobados el 2 y 14 de mayo de 2019».

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iv) En 2021 la CNSC realizó una transición del sistema de gestión documental
pasando del aplicativo ORFEO a OnBase, el cual es el canal de habilitado para la
producción de los actos administrativos, garantiza el control de su numeración
consecutiva e impide reservar, tachar o enmendar los números.

v) La Circular 20191000000117 de 29 de julio de 2019, expedida por la CNSC
y el DAFP, aclaró que las Leyes 1955 de 2019 y 1960 de 2019 rigen hacia el futuro.
Es decir, que la primera solo es aplicable a los procesos de selección aprobados
por la Sala Plena de la CNSC con posterioridad al 25 de mayo de 2019 y la segunda
a los aprobados luego del 27 de junio de 2019. En consecuencia, los concursos que
fueron aprobados antes de esa fecha se regulan por las normas imperantes en ese
momento, por ello, como la convocatoria cuestionada se aprobó en sesiones del 2
y 14 de mayo de 2019, no puede alegarse el desconocimiento de las referidas leyes,
so pena de vulnerar el principio de seguridad jurídica que orienta estos procesos.

vi) La CNSC se ha sujetado al ordenamiento superior. A su vez, la Alcaldía de
Aguachica entregó a la CNSC el Manual de Funciones y Competencias Laborales,
pagó los costos para financiar la convocatoria, reportó la OPEC, participó en
reuniones, mesas de trabajo y apoyó las actividades requeridas.

vii) Respecto de las etapas de divulgación, inscripción y reclamaciones, se
destacan las siguientes actuaciones: a) desde el 19 de julio de 2019, la CNSC
publicó en la página www.cnsc.gov.co la apertura del concurso; b) la convocatoria
fue divulgada por diferentes medios como Facebook, página Web, emisoras radiales
locales, diarios de amplia circulación en los diferentes territorios, comerciales
emitidos a través de canales públicos y privados, jornadas presenciales de
socialización; c) se publicaron los resultados de la verificación de requisitos
mínimos; d) los aspirantes tuvieron la posibilidad de presentar reclamaciones; e) se
publicaron los resultados definitivos y respuestas a reclamaciones; f) se realizaron
las pruebas, se publicaron sus resultados, los concursantes presentaron
reclamaciones y los resultados definitivos también fueron publicados; g) el proceso
de selección culminó con las listas de elegibles, las cuales generaron derechos de
carrera para sus destinatarios.

viii) El Decreto Legislativo 491 de 2020 ordenó suspender los procesos de
selección que se encontraban en la etapa de reclutamiento o de aplicación de
pruebas, pero el certamen demandado no se encontraba en esos supuestos. Luego,
el Decreto 1754 de 2020, ordenó la reactivación de los concursos y si bien esta
norma fue anulada por el Consejo de Estado, los efectos no cobijan situaciones
consolidadas durante su vigencia.

ix) La CNSC no tiene responsabilidad frente a los actos administrativos que
contienen la planta de personal, el manual de funciones y el reporte de la OPEC,
pues estos aspectos atañen a las entidades destinatarias del concurso.

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6. El municipio de Aguachica se abstuvo de contestar la demanda.

II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

7. Por auto del 24 de febrero de 2021, se dispuso: i) escindir la demanda para
que las pretensiones de nulidad contra los actos expedidos por la Alcaldía y la
Secretaría de Hacienda de Aguachica fueran conocidas por el Juzgado
Administrativo de Valledupar; y ii) admitir la demanda de nulidad simple contra el
Acuerdo CNSC – 20191000004496 del 14 de mayo de 2019 y las Resoluciones
CNSC – 20182330068875 del 9 de julio de 2018 y CNSC – 20192330020555 del 1
de abril de 2019.

8. Mediante auto del 10 de noviembre de 2022, se admitió la reforma de la
demanda, en la cual el accionante precisó que sus pretensiones tendían a la
anulación del Acuerdo CNSC – 20191000004496 del 14 de mayo de 2019 y del
Anexo Etapas Proceso de Selección.

9. Por auto del 28 de marzo de 2025, se negó la solicitud de medida cautelar
presentada por el actor.

10. Mediante auto del 20 de mayo de 2025, el despacho ponente evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar la excepción de
inepta demanda o «inexistencia de una acusación clara, cierta, concreta y verificable
que le permita al decisor judicial realizar un juicio abstracto de legalidad»; b)
prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem; c) resolver sobre
las pruebas aportadas y solicitadas; d) fijar el litigio; e) correr traslado a las partes y
al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

11. La CNSC reiteró los argumentos expuestos en las respectivas etapas del
proceso. Las demás partes guardaron silencio en esta etapa.

2.3. Ministerio Público

12. La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de Estado
rindió concepto en el sentido de solicitar que se nieguen las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:

i) La CNSC y el municipio de Aguachica trabajaron de manera mancomunada
en las diferentes actividades previas a la convocatoria del proceso de selección

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demandado. El ente territorial suministró el manual de funciones, el certificado de
disponibilidad presupuestal y la OPEC.

ii) Según la jurisprudencia, el certificado de disponibilidad presupuestal no es
un requisito de validez del concurso de méritos.

iii) Los manuales de funciones se presumen legales, tiene efectos vinculantes y
la CNSC no debe responder por estos.

iv) El actor omitió explicar en qué forma el acto administrativo acusado violó el
ordenamiento superior, ni «hizo ningún ejercicio argumentativo a través del cual
plantee en qué consiste la supuesta violación de normas constitucionales y legales,
y el por qué se ha causado un perjuicio injustificado».

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Presentación del caso y metodología de decisión

13. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo CNSC –
20191000004496 del 14 de mayo de 2019 y su anexo están viciados de nulidad por
violación al ordenamiento constitucional y legal en que debían fundarse.

14. Para acometer dicho propósito, se abordarán los siguientes aspectos
relevantes: i) texto del acto acusado; ii) generalidades del sistema de carrera
administrativa; iii) el caso concreto - problema jurídico - análisis de los cargos de
nulidad; y iv) costas y agencias en derecho.

3.2. Texto del acto demandado

15. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en
razón a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su
contenido. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub
lite, cuyo tenor es el siguiente:

ACUERDO No. CNSC-20191000004496 DEL 14-05-2019

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección para
proveer definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
AGUACHICA - CESAR - Convocatoria No. 1263 de 2019 - Territorial Boyacá, Cesar
y Magdalena"

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC-

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En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 11, 12 y 30 de la Ley 909 de 2004
y en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
[…]
ACUERDA:
[…]

ARTÍCULO 1º. CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para proveer de
manera definitiva TREINTA Y CINCO (35) empleos, con CUARENTA Y CINCO (45)
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUACHICA - CESAR, que se identificará
como "Convocatoria No. 1263 de 2019 — Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena”.

PARÁGRAFO: Hace parte integral del presente Acuerdo, el ANEXO que contiene de
manera detallada las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del
proceso de selección. El Acuerdo y su ANEXO son normas reguladoras del proceso
de selección y obligan tanto a la entidad objeto del mismo, a la CNSC, o Institución
de Educación Superior que lo desarrolle, como a los participantes inscritos.
[…].

3.3. Generalidades del sistema de carrera administrativa

16. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general,
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción
de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

17. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un
sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de
la administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante
de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en
el servicio público.

18. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC.

3.4. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos de
nulidad

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19. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación,
le corresponde a la Sala determinar si el acto acusado quebrantó el ordenamiento
superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por el accionante, los cuales
serán agrupados con el fin de facilitar el estudio del presente debate.

3.4.1. Actualización del manual de funciones y posterior modificación

20. El actor indicó que el municipio de Aguachica incumplió el deber previsto en
el artículo 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, modificado por los Decretos 51 y 815
de 2018. De acuerdo con esta normativa, «las entidades y organismos del orden
nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia del presente decreto,
deberán adecuar sus manuales específicos de funciones y de competencias a lo
dispuesto en el presente decreto. Las entidades y organismos del orden territorial,
deberán adecuarlos dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del presente
decreto». El Decreto 815 de 2018 fue expedido y publicado el 8 de mayo de 2018,
es decir, que la entidad destinataria del concurso tenía hasta el 8 de mayo de 2019
para modificar su manual de funciones.

21. En un caso con supuestos fácticos similares al presente, el Consejo de
Estado concluyó:7

En el sub examine, el primer acto de convocatoria al concurso enjuiciado, esto es, el
Acuerdo 20191000004936 de la CNSC, se expidió el 14 de mayo de 2019. Sin
embargo, llama la atención que, en su parte motiva, aquel acto señala que «[l]a Sala
Plena de la CNSC, en sesiones del 02 y 14 de mayo de 2019 aprobó las reglas
del proceso de selección para proveer por mérito los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la ALCALDÍA DE DUITAMA – BOYACÁ […]»81.

Visto lo anterior, aunque formalmente la convocatoria se profirió cuando había
vencido el término que permitía acudir a un manual de funciones no actualizado frente
a las competencias del Decreto 815, el despacho no puede desconocer que,
materialmente, el proceso de aprobación del acuerdo comenzó el 2 de mayo de 2019,
fecha en la cual la CNSC habría empezado a debatir y votar el contenido del acto
administrativo en cuestión.

Esta hermenéutica es la que más se ajusta al orden constitucional ya que analiza el
contexto real en el que se produjo el acto de convocatoria al concurso, priorizando la
satisfacción del principio del mérito y derechos constitucionales como el trabajo, la
participación ciudadana y el derecho de acceso a cargos públicos.

Además, bajo esa lógica, se considera importante tener en cuenta que el mismo
Decreto 815 de 2018 admitió la aplicación diferida del nuevo esquema de
competencias laborales que introdujo al ordenamiento jurídico, contemplando la
posibilidad de que, al menos transitoriamente, existieran procesos de selección en los
que se aplicaran las competencias anteriores. De allí que en un caso límite como el
que se estudia, prima facie, no resulte razonable ni proporcional sostener la ilegalidad
del concurso con el argumento que aducen los demandantes.

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de 2023, radicado 11001-03-25-000-2021-00209-00
(1324-2021).

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Radicado: 11001032500020190089000 (6383-2019)
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada

No obstante, es de resaltar, tal y como lo hizo la CNSC en su contestación de la
demanda, que las reglas de la convocatoria, particularmente las contenidas en el
artículo 5.° del Acuerdo 20191000004936 del 14 de mayo de 201982 y en el anexo
técnico que hace parte integral de esta8, consagran expresamente que esta se rige
por lo previsto en el Decreto 815 de 2018, por lo que es posible afirmar que, antes de
contradecir dicha norma, la Convocatoria n.° 1170 de 2019 la observó.

Igualmente, es menester advertir que la parte demandante no expresó razones
tendientes a demostrar que las competencias laborales bajo las cuales se configuró
el concurso de méritos en estudio no se ajustaron al aludido Decreto815 y, bajo esa
circunstancia, no es posible desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
acusados en lo relativo a este tema.

22. De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, en este asunto no es
posible decretar la nulidad del certamen demandado, ya que al igual que el caso
objeto de comparación, el proceso de aprobación del acuerdo enjuiciado comenzó
el 2 de mayo de 2019, esto es, antes de la fecha límite con la que contaba el
municipio de Aguachica para actualizar el manual de funciones (8 de mayo de
2019). En efecto, en la parte considerativa del acto acusado se dejó constancia de
que «la Sala Plena de la CNSC, en sesiones del 02 y 14 de mayo de 2019 aprobó
las reglas del proceso de selección para proveer por mérito los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la ALCALDÍA DE AGUACHICA – CESAR».

23. Al plenario también se allegaron las convocatorias y actas que dan cuenta de
la realización de dichas sesiones.

24. Además, el artículo 8 de la convocatoria dispuso que, «en caso de
presentarse diferencias entre el manual de funciones suministrado por la entidad
pública y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior»;
por lo tanto, se presume que dicha directriz fue tenida en cuenta durante el
desarrollo del certamen y, en especial al momento de verificar los requisitos
mínimos para desempeñar los cargos ofertados.

25. A su turno, el actor no indicó qué aspectos específicos del manual de
funciones era contrarios a las normas superiores.

26. De otro lado, el accionante expuso que, con posterioridad a la publicación de
la convocatoria, se expidieron los Decretos 014 del 7 de enero de 2020 y 041 del 28
de enero de 2020, que cambiaron el manual de funciones sin haberse publicado
previamente el proyecto, ni contar con un estudio técnico o la socialización con los
sindicatos. Esta situación implicó una variación injustificada y extemporánea de las
reglas del certamen, pues ello se hizo luego de iniciada la etapa de inscripciones,

8
El cual se encuentra entre los anexos de la demanda en el índice 3 del expediente digital y dispone que la prueba sobre
Competencias Comportamentales se basa en lo preceptuado en los artículos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015,
modificado por el Decreto 815 de 2018.

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que comenzó el 20 de diciembre de 2019. No obstante, como la OPEC no se
modificó, se ofertaron cargos con funciones diferentes a las que debería ejercer el
futuro servidor.

27. Al respecto, se resalta que las objeciones frente a la falta de publicación del
proyecto de acto, la ausencia del estudio técnico y socialización no atacan la
legalidad de la convocatoria, sino de esos actos y estos no fueron demandados, por
lo que es innecesario ahondar en razonamientos en estos aspectos.

28. Adicionalmente, conforme al artículo 2.2.6.4. del Decreto 1083 de 2015, la
convocatoria puede ser modificada o complementada en cualquier aspecto, hasta
antes de iniciarse la etapa de inscripciones y en este caso dicha etapa sufrió algunas
variaciones y por ello se extendió hasta el 7 de febrero de 2020, esto es, en una
fecha posterior a la que el actor refirió que hubo un cambio en el manual de
funciones.

29. El demandante tampoco indicó cuáles fueron las variaciones específicas al
manual de funciones y que en su sentir pudieron impactar el certamen. En tal sentido
se echa de menos una argumentación clara en relación con los empleos que fueron
objeto de modificación, si aquella versó sobre sus requisitos de acceso, funciones,
denominación, entre otros aspectos, por lo que no es posible estudiar los reparos
que de manera genérica elevó el accionante.

30. Bajo esta línea de intelección, la Sala no cuenta con elementos de juicio
suficientes para establecer con certeza si la eventual modificación al manual de
funciones que alega el demandante pudo haber afectado el proceso de selección.

31. Además, la CNSC al anexar los antecedentes administrativos del acto
acusado, únicamente aportó el manual de funciones contenido en el Decreto
Municipal 728 del 23 de diciembre de 2015, es decir, que el actor no logró demostrar
que los manuales modificatorios de aquel tuvieron incidencia en el certamen
demandado.

3.4.2. Planeación y financiamiento de la convocatoria

32. El accionante sostuvo que certamen demandado no contó con la apropiación
presupuestal requerida. Además, el alcalde de Aguachica creó un rubro de «Gastos
vinculación de personal Artículo 30 Ley 909 de 2004», sin la autorización del
Concejo Municipal, por lo que vulneró los principios de legalidad y especialidad del
gasto.

33. Al respecto, esta corporación ha sostenido que el certificado de disponibilidad
presupuestal no es un requisito de validez del acuerdo de convocatoria del concurso
de méritos, por lo que su ausencia no conlleva, necesariamente, la suspensión de

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dicho acto o del proceso de selección. 9 Además, al expediente se allegaron el
certificado de disponibilidad presupuestal 10 y el comprobante de egreso, 11 los
cuales acreditan que el concurso enjuiciado sí contó con la financiación requerida.

34. El demandante también sostuvo que hubo una inadecuada planeación del
concurso, al punto que se presupuestó un gasto para financiar la convocatoria de
51 vacantes, pero posteriormente la CNSC le devolvió al municipio los dineros
correspondientes a 6 vacantes que no fueron ofertadas. En efecto, en total fueron
convocados 45 cargos.

35. Frente al anterior motivo de inconformidad, la Sala observa que en un
principio la CNSC le solicitó al municipio de Aguachica el financiamiento de 51
vacantes; sin embargo, ante las solicitudes elevadas por el referido ente territorial,12
la CNSC disminuyó dicho número a 45 y así se consignó en el acuerdo de
convocatoria.

36. La anterior situación de ninguna manera refleja falta de planeación; por el
contrario, evidencia una constante comunicación entre la CNSC y la entidad
beneficiaria del certamen, pues la primera estuvo dispuesta a escuchar y atender
las solicitudes presentadas por la segunda.

37. La anterior conclusión también encuentra respaldo en los correos
electrónicos por medio de los cuales el referido municipio envió a la CNSC el manual
de funciones, la OPEC, el certificado de disponibilidad presupuestal para financiar
el proceso de selección y las nóminas de la planta de personal.13

38. También se destacan la invitación a jornadas de planeación del concurso de
méritos 14 y las actas de reunión para coordinar dicho proceso, 15 las cuales
demuestran que la CNSC y el municipio de Aguachica adelantaron labores de
entendimiento y planeación en aras de colaborar armónicamente en la
estructuración del concurso.

39. En cuanto a que el alcalde desconoció los principios de legalidad y
especialidad del gasto, se advierte que estos argumentos atacan directamente las
decisiones que efectuaron la apropiación presupuestal; sin embargo, aquellos no
fueron demandados en el sub lite, por lo que no se ahondará en razonamientos
frente a este aspecto.

40. De otro lado, el actor sostuvo que el municipio de Aguachica no ofertó a

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de mayo de 2023, radicado 11001 03 25 000 2019
00835 00 (6080-2019).
10
Folio 81.
11
Folio 108.
12
Folios 68 a 69.
13
Folios 291 a 294.
14
Folios 322 a 323.
15
Folios 324 a 325 y 328 a 331.

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concurso público los cargos de la planta de personal vigente para la época, sino que
el concurso se fundó en la estructura que existía con anterioridad.

41. Al respecto, la Sala observa que en el expediente no hay evidencia de que
se reportó la planta anterior; por el contrario, los correos electrónicos aportados
demuestran que el municipio efectuó la OPEC al tenor del Decreto 727 de 2015,16
que había establecido la planta vigente para el momento en que se diseñó el
certamen.

42. El accionante también expresó que el municipio de Aguachica radicó
múltiples correos ante la CNSC en los que expresó sus dudas en torno al número
de cargos ofertados, naturaleza y perfiles, pero esos interrogantes no fueron
respondidos. Asimismo, existe un informe respecto a las irregularidades
evidenciadas durante el diseño del concurso, pero aquellas no fueron corregidas.

43. La Sala no comparte las anteriores afirmaciones, ya que los documentos
allegados al proceso demuestran que las dudas fueron respondidas por la CNSC,17
en el sentido de explicar que «a la fecha el acto administrativo que determinó la
planta de cargos de la Alcaldía de Aguachica y que fueron reportados a la CNSC
para ser ofertados en concurso público de méritos, cuenta con la presunción de
legalidad, pues su nulidad no ha sido declarada por la autoridad judicial
correspondiente, por ende, los cargos que conforman la OPEC son los reportados
en su momento por la entidad territorial y son los ofertados a concurso público de
méritos. En caso que la autoridad judicial correspondiente declare la nulidad del acto
administrativo que estableció la planta de cargos de ese municipio, una vez
notificada la CNSC de la decisión en firme, se tomarán las medidas del caso y de
acuerdo con los parámetros establecidos en la decisión judicial».

44. Igualmente, se observa que la CNSC hizo un informe con las inconsistencias
observadas durante la estructuración de la convocatoria, pero en el expediente no
hay prueba de que aquellas no hubieran sido corregidas, máxime cuando ello era
un presupuesto para continuar con el trámite.

45. Es más, los documentos allegados al expediente permiten inferir que las
inconsistencias sí fueron solventadas, pues el municipio de Aguachica remitió un
correo a la CNSC en el que expresó «en los cargos que ya estaban creados le
hicieron algunas modificaciones, tales como cambio en las denominaciones del
empleo, así como también en los requisitos y perfil para acceder a los cargos y con
el fin de cumplir con lo estipulado en la normativa».18

16
Folio 312.
17
Folio 311.
18
Folio 312.

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3.4.3. Publicidad, inscripciones, lista de admitidos y reclamaciones

46. El accionante sostuvo que los actos acusados quebrantaron los artículos
2.2.6.3,19 2.2.6.5,20 2.2.6.6,21 2.2.6.7,22 2.2.6.9,23 2.2.6.1124 y 2.2.6.1225 del Decreto
1083 de 2015 sobre publicación de la convocatoria, inscripciones, lista de admitidos
y reclamaciones.

19
Artículo 2.2.6.3 Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y suscribir las
convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los empleos definidos por
la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual específico de funciones y requisitos. La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la administración,
a la entidad que efectúa el concurso, a los participantes y deberá contener mínimo la siguiente información: 1. Fecha de fijación y número de la convocatoria. 2. Entidad para la cual se realiza el concurso, especificando si es del orden nacional o territorial y el municipio y departamento
de ubicación. 3. Entidad que realiza el concurso. 4. Medios de divulgación. 5. Identificación del empleo: denominación, código, grado salarial, asignación básica, número de empleos por proveer,
ubicación, funciones y el perfil de competencias requerido en términos de estudios, experiencia, conocimientos, habilidades
y aptitudes. 6. Sobre las inscripciones: fecha, hora y lugar de recepción y fecha de resultados. 7. Sobre las pruebas a aplicar: clase de pruebas; carácter eliminatorio o clasificatorio; puntaje mínimo aprobatorio para las
pruebas eliminatorias; valor de cada prueba dentro del concurso; fecha, hora y lugar de aplicación. 8. Duración del período de prueba; 9. Indicación del organismo competente para resolver las reclamaciones que se presenten en desarrollo del proceso, y
10. Firma autorizada de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Parágrafo. Además de los términos establecidos en este decreto para cada una de las etapas de los procesos de selección,
en la convocatoria deberán preverse que las reclamaciones, su trámite y decisión se efectuarán según lo señalado en las
normas procedimentales. 20
ARTÍCULO 2.2.6.5 Divulgación de la convocatoria. La divulgación de las convocatorias será efectuada por la entidad a
la cual pertenece el empleo a proveer utilizando como mínimo uno de los siguientes medios: 1. Prensa de amplia circulación nacional o regional, a través de dos avisos en días diferentes. 2. Radio, en emisoras oficialmente autorizadas y con cubrimiento nacional o regional en la respectiva circunscripción territorial,
al menos tres veces diarias en horas hábiles durante dos días. 3. Televisión, a través de canales oficialmente autorizados, al menos dos veces en días distintos en horas hábiles. 4. En los municipios con menos de veinte mil (20.000) habitantes podrán utilizarse los bandos o edictos, sin perjuicio de que
la divulgación se pueda efectuar por los medios antes señalados. Por bando se entenderá la publicación efectuada por medio de altoparlantes ubicados en sitios de concurrencia pública, como
iglesias, centros comunales u organizaciones sociales o sindicales, entre otros, por lo menos tres veces al día con intervalos,
como mínimo, de dos horas, durante dos días distintos, uno de los cuales deberá ser de mercado. De lo anterior se dejará
constancia escrita, con inclusión del texto del anuncio, firmada por quien lo transmitió y por dos testigos. Parágrafo. En los avisos de prensa, radio y televisión se dará la información básica del concurso y se informará a los
aspirantes los sitios en donde se fijarán o publicarán las convocatorias y quién adelantará el proceso de selección. 21
Artículo 2.2.6.6 Publicación de la convocatoria. El aviso de convocatoria, en su totalidad, se publicará con una antelación
no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de iniciación de las inscripciones, en un lugar de fácil acceso al público de la
entidad para la cual se realiza el concurso, de la gobernación y de alcaldía respectivas y en las páginas web de las mismas,
si las hubiere, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la
entidad contratada para la realización del concurso. 22
Artículo 2.2.6.7 Inscripciones.

Las inscripciones a los concursos se efectuarán ante las entidades que se hayan contratado
para adelantarlos, utilizando el Modelo de Formulario Único de Inscripción elaborado por la Comisión Nacional del Servicio
Civil. El modelo de formulario de inscripción se entregará en las entidades reguladas por la Ley 909 de 2004, y estará disponible
en las páginas web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la entidad
que posee la vacante, la entidad contratada para realizar el concurso y en los demás sitios que disponga la Comisión Nacional
del Servicio Civil. Parágrafo. El término para las inscripciones se determinará en cada convocatoria, el cual no podrá ser inferior a cinco (5)
días. 23
Artículo 2.2.6.9 Inscripción. La inscripción se hará dentro del término previsto en la convocatoria o en el aviso de
modificación, si lo hubiere, durante las horas laborales señaladas en la convocatoria que no podrán ser inferiores a cuatro (4)
diarias. La inscripción podrá hacerse personalmente por el aspirante o por quien fuere encargado por éste o por correo electrónico u
ordinario o por fax. En todo caso, la recepción del formulario y de los documentos anexos, deberá efectuarse durante el plazo
fijado. 24
Artículo 2.2.6.11 Lista de admitidos y no admitidos. Con base en el formulario de inscripción y en la documentación
aportada, cuando haya lugar, se elaborará la lista de admitidos y no admitidos, indicando en este último caso los motivos de
su no admisión. La lista deberá ser publicada en la página web de la entidad que realiza el concurso y en lugar visible de acceso a ella y de
concurrencia pública, en la fecha prevista para el efecto en la convocatoria y permanecerá allí hasta la fecha de aplicación de
la primera prueba. 25
Artículo 2.2.6.12 Reclamaciones. Las reclamaciones que formulen los aspirantes inscritos no admitidos al concurso serán
resueltas por la Comisión Nacional del Servicio Civil o por la entidad delegada, en los términos previstos en el decreto-ley que
fija el procedimiento que debe surtirse ante y por la citada Comisión.

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14

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47. En cuanto al requisito de publicidad, se reprochó lo siguiente: a) no se señaló
que la divulgación de la convocatoria debía ser efectuada por la entidad destinataria
del concurso por radio, prensa o televisión y tampoco se surtió tal publicación; b) ni
se indicó que el aviso de la convocatoria se debía publicar con una antelación no
inferior a 5 días hábiles a la fecha de iniciación de las inscripciones, en un lugar de
fácil acceso al público y en la página web de la entidad destinataria del concurso,
de la CNSC, del DAFP y de la Universidad Nacional; c) el formulario de inscripción
tampoco se publicó en las páginas web del DAFP, la Alcaldía de Aguachica, la
Gobernación del Cesar y la aludida Universidad; c) no se publicó la lista de admitidos
y no admitidos, indicando en este último caso los motivos de su no admisión en la
página web de la Alcaldía de Aguachica, tampoco se publicó en un lugar visible de
la Gobernación del Cesar.

48. Ahora bien, respecto de la publicación de las convocatorias de los concursos
de méritos, el Consejo de Estado ha sostenido:26

En lo que respecta a la vulneración del derecho a la igualdad para la Sala los actos
acusados no lo vulneran ni formal ni materialmente, en tanto la utilización del medio
electrónico como la web de la entidad demandada es un mecanismo válido
constitucionalmente para el cumplimiento de los fines del Estado, tal como se
expuso en el acápite sobre la administración electrónica.

Ahora bien en lo atinente a la igualdad material, los actos acusados al establecer que
a través de la página electrónica de la CNSC se deberían realizar los trámites de la
Convocatoria, no están discriminando a ningún sector de la población, en razón de su
ubicación geográfica o sus conocimientos, esto es así, en tanto, la divulgación (esto
es el anuncio público y generalizado de la convocatoria) según lo ordenado en el
artículo 15 del Decreto 1227 de 2005, se realiza en prensa, radio o televisión.

Así las cosas con la referida divulgación se satisface el derecho a la igualdad
en cuanto al ser comunicados ampliamente los términos generales de la
convocatoria, todas las personas que estén interesadas en participar deben
someterse a las reglas especiales establecidas en la misma, siendo una de ellas
que algunos de los trámites como la inscripción, la consulta de los resultados
y otros se realicen a través de la página web de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

[…]

ii) Presunto desconocimiento del artículo 33 de la Ley 909 de 2004.

Estiman los actores que del artículo 3343 de la Ley 909 de 2001 no se deduce que
los medios electrónicos sean el único mecanismo del que se pueda servir la Comisión
Nacional del Servicio Civil para dar a conocer los trámites en el concurso de méritos.
En lo concerniente a este punto, a partir de la lectura del artículo 33 se observa que
la norma regula los mecanismos de publicidad en las convocatorias con el propósito
de que se garantice su conocimiento y se permita la libre concurrencia, para el
cumplimiento del referido fin, el legislador habilitó a las entidades convocantes para

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2011, radicado 11001-03-25-000-
2006-00018-00 (0300-06); 11001-03-25-000-2006-00036-00(0763-06).

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utilizar de manera preferente su[s] respectivas páginas electrónicas en el trámite de
las convocatorias.

Bajo estos supuestos se impone consultar la definición de la palabra “preferencia” que
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa “Elección de alguien
o algo entre varias personas o cosas.”27, de donde es claro que el legislador habilitó
a las entidades para escoger entre la página electrónica y otros medios para efectuar
la publicidad de las convocatorias.

Por tanto, si la entidad dentro de la habilitación que le otorgó el legislador elige
mediante acto reglamentario realizar la publicación de las convocatorias a través de
la página web, en nada se está desconociendo lo estipulado por la norma
reglamentada, pues está actuando en virtud de la facultad concedida por la ley.

Visto lo anterior, no le asiste razón a la parte actora, en cuanto al desconocimiento
que atribuye a los actos administrativos acusados, en atención a que es claro que el
artículo 33 de la Ley 909 de 2004, no prohíbe que la entidad haga uso solamente
de la página web para la publicidad de las convocatorias. [Resalta la Sala].

49. De acuerdo con este contexto normativo y jurisprudencial, la entidad
administradora del concurso, que en este caso es la CNSC, para efectos de dar
publicidad a las convocatorias, puede hacer uso de su página web, toda vez que i)
es una posibilidad prevista por el legislador y ii) representa un medio idóneo para
hacer difusión efectiva del proceso de selección, sin perjuicio de que también se
utilicen otros mecanismos para potencializar la transmisión de la información.28

50. Ahora bien, en el expediente obran respuestas a derechos de petición en los
que se indica que la convocatoria demandada no fue publicada por la entidad
territorial beneficiaria del concurso, ni el DAFP o el departamento del Cesar; sin
embargo, la CNSC en el memorial de oposición a la medida cautelar aportó varios
enlaces que dan cuenta de la publicidad requerida en diferentes medios radiales,
periódicos, redes sociales. 29 Igualmente, con la contestación de la demanda se
allegó el audio de una cuña radial.

51. De manera que las pruebas aportadas al plenario permiten concluir que la
convocatoria tuvo suficiente publicidad, pues no solo se dio a conocer en la página
web de la CNSC, sino también en la del municipio de Aguachica y en otros medios

27
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=preferente. Consultada el 14/10/11
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 14 de noviembre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2018-
01386-00 (4618-2018).
29
La CNSC relacionó los siguientes enlaces:
https://www.facebook.com/page/663247690474815/search/?q=CNSC
http://cesar.gov.co/d/index.php/es/133-noticias-2016-2019/3190-artbp-0251-2019
https://www.diariodelcesar.com/archivos/75517
https://www.elpoligrafo.co/al-cesar-se-extiende-convocatoria-de-comision-del-servicio- civil-deoferta-
para-2-537-vacantes-de-empleo-publico/
https://www.facebook.com/GobernacionDelCesar/posts/2606899132653449
http://www.aguachica-cesar.gov.co/convocatorias/anexo-etapas-concurso-boyaca- cesar-ymagdalena
https://www.funcionpublica.gov.co/funcion-publica-en-los-medios/-/asset_publisher/
vvF8MwVI723y/content/servicio-de-noticias-martes-4-de-diciembre-de-2020
https://conexioncapital.co/22-357-vacantes-empleo-publico-pais/

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de amplia difusión.30

52. Igual conclusión se predica de las demás etapas del proceso de selección,
pues las fechas de su realización y resultados fueron debidamente publicados en la
página web de la CNSC.

53. El demandante también efectuó los siguientes reparos: a) en la convocatoria
no se dijo que la Universidad Nacional de Colombia adelantaría el proceso de
selección y sería la encargada de resolver las reclamaciones; b) a los aspirantes se
les impidió inscribirse por correo electrónico u ordinario o por fax, en razón a que
las inscripciones solo se permitieron vía web a través de la plataforma SIMO; y c) a
los aspirantes no se les permitió presentar las reclamaciones por cualquier medio
tal como lo establece el Decreto Ley 760 de 2005.

54. En torno al primer motivo de inconformidad, se destaca que el artículo
2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015 indicó cuál debía ser el contenido de las
convocatorias, pero no enlistó el operador que colaboraría en el desarrollo del
certamen, por lo que no puede afirmarse que la convocatoria acusada incumplió con
ese requerimiento.

55. En cuanto a los reproches referentes a que la CNSC únicamente habilitó el
aplicativo SIMO para surtir las inscripciones y reclamaciones, la Corte
Constitucional 31 y el Consejo de Estado 32 han resaltado que la CNSC goza de
independencia y autonomía, la cual se refleja en un amplio margen de
discrecionalidad administrativa para elaborar las convocatorias de los concursos
públicos, en razón a que es el ente rector de la carrera administrativa y la encargada
de administrar, resguardar y vigilar los procesos de selección, por lo que es la única
facultada para dictar reglas de obligatoria observancia.

56. Por su parte, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso que la convocatoria
es la norma reguladora de todo concurso y esta corporación la ha entendido como
«el instrumento jurídico a través del cual se establecen en forma precisa y concreta
las reglas, procedimientos, requisitos y demás condiciones inmodificables que
deben regir las diferentes etapas del proceso de selección».33

57. A su vez, en la medida en que un asunto no haya sido exhaustivamente
regulado por el ordenamiento superior, se amplían las facultades de la CNSC para
diseñar los procesos de selección.34

30 Es pertinente aclarar que el requisito de publicidad objeto de estudio no atañe al proyecto de convocatoria, sino al acuerdo
final, razón por la que no se aborda desde los artículos 8 de la Ley 962 de 2005 y 3.6 y 8.8 del CPACA. Además, el cargo de
anulación se planteó de cara a la publicación de la convocatoria en los términos de Ley 909 de 2004 y sus decretos
reglamentarios.
31
Sentencia C-172 de 2021.
32
Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016).
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado 11001-03-25-000-2018-
00890-00 (3125-2018).
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado: 11001-03-25-000-
2018-00890-00 (3125-2018).

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58. En este caso, la convocatoria demandada fue clara en establecer que la
plataforma SIMO sería el canal autorizado para efectuar las inscripciones,
reclamaciones y demás actuaciones pertinentes al proceso de selección, de manera
que los aspirantes conocían con suficiencia sobre esta determinación y se trataba
de una regla de obligatorio cumplimiento.

59. Además, no se observa que la anterior regla infrinja el orden superior, ya que
si bien el artículo 4 del Decreto Ley 760 de 2005, prevé que las reclamaciones ante
la CNSC y las comisiones de personal pueden presentarse por cualquier medio, el
artículo 9 ibidem desarrolló con mayor especificidad las reclamaciones en el marco
de los procesos de selección, pero no reglamentó los medios para presentarlas, por
lo que podría entenderse que en esta materia la CNSC tenía un mayor margen de
acción.

60. Adicionalmente, el actor no demostró las razones por las cuales la selección
del referido mecanismo otorgaba menos garantías que la utilización del fax o
correos físicos o electrónicos. 35 Incluso, la escogencia de una plataforma
tecnológica para tramitar las reclamaciones garantiza la utilización eficiente de los
recursos humanos, económicos y tecnológicos.

61. En tal sentido, el Consejo de Estado expresó que:36 i) «dentro del proceso de
modernización del Estado, la utilización de medios electrónicos en el desarrollo de
los concursos de méritos, se enmarca dentro de lo que se ha denominado “el
gobierno o administración electrónica”»; ii) dicho proceso de modernización del
Estado a través de utilización de las TIC´s37 busca acercar la administración pública
a las zonas alejadas, garantizar el acceso a la información y a los trámites
administrativos, y salvaguarda los derechos de los asociados, en tanto reduce los
tiempos de espera y los trámites; iii) la utilización de los medios electrónicos por
parte de la administración tiene como objeto garantizar la efectividad de los
principios de la función administrativa (como la eficacia, la economía y la celeridad);
de igual forma los referidos medios constituyen un instrumento razonable y
justificado para el cumplimiento de los fines estatales y su uso obedece a la
necesidad de estar acorde con las exigencias actuales en torno a la inmersión del
Estado en la «sociedad de la información y el conocimiento».

62. Por otra parte, el demandante sostuvo que la convocatoria les exigió a los
aspirantes que se venían desempeñando en provisionalidad que aportaran
documentos que reposaban en su hoja de vida y en el archivo de la entidad pública
oferente. Incluso, muchos participantes fueron excluidos por no haber cumplido ese
deber, pese a que el Decreto Ley 19 de 2012 prohibió este tipo de prácticas.

35
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado 11001-03-25-000-
2017-00880-00 (4802-2017).
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2011, radicado 11001-03-25-000-
2006-00018-00 (0300-06); 11001-03-25-000-2006-00036-00(0763-06).
37
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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También fueron inadmitidos porque las certificaciones de experiencia laboral
expedidas por la misma entidad no cumplían con las formalidades requeridas.

63. Sin embargo, la Sala se abstendrá de estudiar los referidos argumentos, pues
atañen a situaciones particulares que escapan al objeto de análisis en este proceso,
teniendo en cuenta que el medio de control incoado es el de simple nulidad y no el
de nulidad con restablecimiento del derecho y tampoco se encuentran enjuiciados
actos administrativos particulares que habiliten un estudio en tal sentido.

3.4.4. Numeración de la convocatoria

64. El actor sostuvo que la CNSC incurrió en una falsedad ideológica al enumerar
el acto de la convocatoria, pues desconoció el artículo 6 del Acuerdo 60 de 2001, 38
expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, en tanto prevé
que los actos administrativos solo se pueden enumerar y fechar después de su
firma; sin embargo, en este caso a la convocatoria se le asignó una numeración y
una fecha de expedición anteriores a la firma efectiva del acto por parte de los
representantes de la CNSC y del municipio de Aguachica.

65. Como se expuso en acápites precedentes, en armonía con la Sentencia C-
372 de 1999,39 la CNSC tiene la jerarquía de un órgano autónomo y permanente,
goza de independencia y autonomía, por lo que ejerce sus atribuciones «sin
sujeción al Gobierno ni a pautas distintas de las que la misma Carta y la ley señalen,
y con la estructura y fuerza institucional necesarias para lograr que el engranaje de
la carrera opere con seguridad y efectividad, y exclusivamente dentro de los criterios
constitucionales».

66. De esta manera, no podría sostenerse que el desconocimiento del
mencionado acuerdo se traduzca en una vulneración de normas superiores, pues
la CNSC también goza de autonomía para establecer sus procedimientos internos en
aras de adelantar los concursos de méritos.

67. En tal sentido, se destaca que, por Oficio 20202330521291 del 10 de julio de
2020, respecto al trámite de expedición de acuerdos de convocatoria, la CNSC le
explicó al actor que «la Oficina Asesora de Planeación asigna el número de la
Convocatoria, en orden consecutivo. Posteriormente, a través del Sistema de
Gestión Documental -ORFEO- se hace la radicación de los Acuerdos de
Convocatoria, uno para cada una de las entidades participantes en el proceso, luego
de lo cual se imprimen y se firman por el Comisionado que esté fungiendo como
Presidente. Seguidamente, y para el caso concreto de las Convocatorias objeto de
su requerimiento, se remitieron a las entidades para recoger las firmas de los
respectivos Representantes Legales. Después de tener firmados todos los
38
Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas.
39
Proferida por la Corte Constitucional.

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Acuerdos se publicaron en la página www.cnsc.gov.co, enlace Convocatorias/En
Desarrollo. A partir de este momento inicia la etapa de difusión».40

68. En este orden de ideas, para la época en que se profirió el acuerdo
demandado, la CNSC tenía implementado un sistema propio para la expedición de
sus actos administrativos, el cual se presume era adecuado para el ejercicio de las
funciones que le fueron asignadas a esa entidad para la administración de los
procesos de selección. Además, el accionante no demostró que el sistema de
gestión documental ORFEO fuera inadecuado para la numeración y, en general, la
expedición de los actos administrativos por parte de la CNSC.

69. Igualmente, es pertinente recordar que «no cualquier irregularidad puede
afectar la validez del acto administrativo, pues, las formas no son un fin en sí mismo,
sino un medio para materializar el derecho objetivo».41

3.4.5. Desconocimiento de las Leyes 1955 y 1960 de 2019

70. El actor expresó que la convocatoria demandada vulneró las Leyes 1955 y
1960 de 2019, referentes a la participación del DAFP en la estructuración de los
procesos de selección, el análisis de la situación de los prepensionados y la
implementación de los concursos de ascenso.

71. Al respecto, es pertinente anotar que un acto administrativo solamente puede
vulnerar una disposición superior que se encuentre vigente al momento de su
expedición, pero esta condición no se cumple en el sub lite, toda vez que el acuerdo
enjuiciado fue suscrito el 14 de mayo de 2019, mientras que las normas invocadas
como quebrantadas se profirieron el 25 de mayo42 y el 27 de junio de 2019;43 por lo
tanto, no es válido sostener que la convocatoria cuestionada debía acatar unos
mandatos que no habían nacido a la vida jurídica.

72. Aunado a lo anterior, conforme se explicó en precedencia, el acto de
convocatoria nace a la vida jurídica con la aprobación de la Sala Plena de la CNSC
y, por lo tanto, el estudio de su legalidad solo puede hacerse a la luz de las normas
vigentes para ese momento. Esta premisa fue reiterada por el DAFP y la CNSC en
la Circular 20191000000117 del 29 de julio de 2019, en los siguientes términos:

«El artículo 7° de la Ley 1960 de 2019, prevé: "(...) La presente ley rige a partir de su
publicación (...)", hecho que acaeció con la publicación realizada en el Diario Oficial
No. 50997 del 27 de junio de 201944.

Conforme con las etapas definidas en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y el

40
Este documento fue allegado con la reforma de la demanda, visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
41
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado 11001-03-28-000-2019-00059-00.
42
Ley 1955 de 2019.
43
Ley 1960 de 2019.
44
De conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 numeral 1º de la Ley 4 de 1913

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precedente jurisprudencial45, los procesos de selección existen jurídicamente desde
el momento en que son aprobados por la Sala Plena de la CNSC, como consecuencia
del agotamiento de la etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional.

Los procesos aprobados en sesión de Comisión hasta antes del 27 de junio de 2019,
podrán ser modificados, corregidos o aclarados en cualquiera de sus aspectos en los
términos de la normatividad que se encontraba vigente antes de la expedición de la
Ley 1960 de 2019.

Con fundamento en lo antes citado, los procesos de selección aprobados antes del
27 de junio de 2019 se regirán por el artículo 29 de la Ley 909 de 2004 vigente antes
de su modificación».

73. Se resalta que la citada Circular fue demandada ante esta jurisdicción, pero
al revisar el aplicativo SAMAI, no se observa que a la fecha hubiera sido anulada o
suspendida.46

3.4.6. Suspensión del proceso de selección

74. El accionante sostuvo que el Decreto Ley 491 de 2020 y las Resoluciones
4970 del 24 de marzo de 2020 y 5265 del 13 de abril de 2020 ordenaron suspender
los procesos de selección debido a la pandemia del COVID-19; sin embargo, la
Universidad Nacional siguió ejecutando el contrato para adelantar el certamen.

75. Al respecto, se resalta que las mencionadas resoluciones dispusieron
«suspender los cronogramas y términos en los procesos de selección que adelanta
la CNSC, incluidos aquellos atinentes a las reclamaciones, solicitudes de exclusión,
expedición de listas y firmeza individual y general de listas», a partir del 24 de marzo
y hasta el 26 de abril de 2020.

76. Por su parte, el artículo 14 del Decreto 491 de 2020, estableció lo siguiente:

«Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación
de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento
social, se aplazaran los procesos de selección que actualmente se estén adelantando
para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o
especifico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de
pruebas.

Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere
la Emergencia Sanitaria».
[…].

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Segunda, Sentencia de 31 de enero de 2019, radicado
11001- 03-25-000-2016-01017, número interno 4574-2016, Consejero Ponente Dr. César Palomino Cortés.
46
Consejo de Estado, sección Segunda, Subsección A, auto del 9 de diciembre de dos 2022, radicado 11001 03 25 000 2020
00317 00 (0587-2020).

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77. Ahora bien, dicha normativa solo suspendió los certámenes que se
encontraran en las etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas. Al respecto,
la CNSC en la contestación de la demanda sostuvo que el concurso enjuiciado no
se encontraba en dichas fases y, por lo tanto, el Decreto 491 de 2020 no podía
suspender su desarrollo.

78. En tal sentido, la CNSC explicó que entre el 20 de diciembre de 2019 y el 7
de febrero del 2020 se llevó a cabo la etapa de venta de derechos de participación
e inscripciones; sin embargo, entre el 21 de febrero y el 10 de abril del 2020 se
adelantó «la etapa de inscripciones para aquellas OPEC (empleos) sin inscritos o
con un número de inscrito inferior al número de vacantes ofertadas».

79. Ahora bien, el hecho de que entre el 28 de marzo y el 10 de abril de 2020,
mientras regía el Decreto 491 de 2020, no se hubiera aplazado el concurso
demandado no es razón suficiente para decretar su nulidad, pues tal actuación no
afectó la formación del acuerdo de convocatoria demandado y tampoco se
desconoció la finalidad del certamen ni los protocolos de bioseguridad, ya que dicha
inscripción se hizo de manera virtual,47 es decir, que se garantizó el distanciamiento
social que promovía la referida disposición.48

80. Asimismo, la CNSC afirmó que en el concurso demandado contó con «más
de 33 mil aspirantes que superaron las diferentes etapas del proceso de selección
y que conforman las respectivas listas de elegibles»; por lo tanto, la convocatoria
logró la participación requerida para proveer, mediante el sistema del mérito, los
empleos ofertados.

81. Además, se destaca que el Decreto 1754 de 2020 reactivó las etapas de
reclutamiento y aplicación de pruebas de los procesos de selección, por lo que la
CNSC y la Universidad Nacional entendieron válidamente que podían seguir
ejecutando el certamen.

82. Es pertinente anotar que dicha disposición fue anulada por esta corporación,
mediante sentencia del 3 de junio de 2022,49 con la aclaración de que «los efectos
de la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, operan únicamente
desde el momento de emisión de esta sentencia y hacia el futuro o ex nunc».

83. En este orden de ideas, resultaba válido que el proceso de selección hubiera
seguido su curso y, por lo tanto, no se configura una causal de nulidad en los
términos alegados por el accionante.

47
En el anexo de la convocatoria demandada se indicó que «la inscripción al proceso de selección “Convocatoria Territorial
Boyacá, Cesar y Magdalena”, se hará en las fechas establecidas por la CNSC, únicamente de manera virtual a través del
aplicativo SIMO, dispuesto en la página de la CNSC».
48
Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 23 de mayo de 2024, radicado 11001-03-25-000-2022-
00700-00 (6331-2022).
49
Consejo de Estado, Sala Diecisiete de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000-2021-04664-
00.

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3.6. Condena en costas

84. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

85. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el
Acuerdo CNSC – 20191000004496 del 14 de mayo de 2019 y el Anexo Etapas
Proceso de Selección, proferidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA.

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