Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00880-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00880-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00880-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
19 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00880-00 (4802-2017)
Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
Demandado: Universidad Tecnológica del Chocó
Temas: Concurso de méritos
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Gilson Steven Cetre Ledezma contra la
Universidad Tecnológica del Chocó.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el señor Gilson Steven Cetre Ledezma, actuando en nombre propio,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 5124 del 9 de septiembre de 2016,
5596 del 27 de septiembre de 2016, 0293 del 7 de febrero de 2017 y 3861 del 5 de
julio de 2017. Mediante los referidos actos, el rector de la Universidad Tecnológica
1
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00880-00 (4802-2017)
Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
del Chocó convocó a concurso de méritos al personal no docente, estableció el
cronograma para surtir las etapas de certamen y diseñó los instrumentos de
selección para conformar las listas de elegibles.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, el actor solicitó lo siguiente: i)
dejar sin efectos el concurso objeto de enjuiciamiento, celebrado en el marco de la
Convocatoria 1 de 2016; ii) efectuar una nueva convocatoria respetuosa del
derecho al debido proceso y del Acuerdo 0019 de 27 de septiembre de 2006, por
el cual se expide el estatuto de carrera administrativa del personal no docente del
ente universitario demandado.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes: 2
i) Ante la Universidad del Chocó se elevaron múltiples quejas relacionadas con la
falta de garantías del concurso convocado, pues «sería manipulado para favorecer
intereses particulares».
ii) Las inscripciones se abrieron entre el 5 y el 13 de octubre de 2016, pero el PIN
debía adquirirse hasta el 12 de ese mes y año.
iii) El 12 de octubre de 2016, el señor Gilson Steven Cetre Ledezma descargó un
recibo para pagar los derechos de participación y obtener el mencionado PIN. La
consignación la realizó en el Banco de Bogotá.
iv) Muchas personas adquirieron el PIN el 12 de octubre de 2016, pero este solo se
activó hasta el 14 siguiente, es decir, con posterioridad al cierre de las
inscripciones para participar en el concurso, razón por la que la Universidad
Tecnológica del Chocó amplió dicha etapa hasta ese día, pero sin adicionar la
convocatoria.
2
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, por lo que se desarrollarán en dicho acápite.
2
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Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
v) El 15 de octubre de 2016, el señor Gilson Steven Cetre Ledezma envió un
correo electrónico al ente universitario accionado con el fin de comunicar que su
PIN nunca se activó. Ese día la parte accionada le informó al actor que incurrió en
un error en el proceso de inscripción y que la página web no presentó
inconvenientes con el registro de los demás interesados.
vi) El 15 de octubre de 2016, el accionante contestó dicho correo con el fin de
manifestar que siguió todos los pasos previstos en el aplicativo, pero el sistema
arrojaba un error de «pago no cargado».
vii) El 18 de octubre de 2016, la Universidad Tecnológica del Chocó le explicó al
actor que el PIN no se pagó con el código de barras del recibo generado para tal
efecto, sino que la consignación se hizo directamente a la cuenta de la
universidad, «por tal motivo no quedó pago el PIN».
viii) En la misma fecha el actor manifestó que comprendía el inconveniente, pero
que tal situación no le era imputable, pues actuó con diligencia para descargar el
recibo, pagarlo, identificar el cargo al cual se iba a inscribir e ingresar a la
plataforma establecida para tal efecto. Además, la falta de sincronización de los
procedimientos entre la universidad y el banco no podían afectar sus derechos.
ix) El 29 de octubre de 2016, ante el silencio del ente universitario demandado, el
señor Gilson Steven Cetre Ledezma manifestó su inconformidad con el hecho de
que el proceso de selección siguiera avanzando sin haber resuelto su caso.
Además, solicitó que se le informaran cuáles eran los errores en que había
incurrido para ser excluido del concurso y por qué no se adoptó un correctivo para
habilitar su participación.
x) El 31 de octubre de 2016, la Universidad Tecnológica del Chocó le solicitó al
demandante la fotocopia de su cédula y constancia del pago de los derechos de
inscripción.
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Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
xi) El 1 de noviembre de 2016, el actor envió los aludidos documentos.
xii) El 3 de noviembre de 2016, el accionante revisó su correo y advirtió que el día
anterior la universidad demandada le había concedido un plazo de dos horas para
informar cuál era el cargo al que deseaba postularse e incluirlo en el listado de
inscritos; sin embargo, se trataba de un plazo irrisorio y del cual se enteró un día
después.
xiii) El 14 de noviembre de 2016, el señor Cetre Ledezma expresó nuevamente a
la mencionada universidad su descuerdo frente al avance del proceso de
selección y que se le respondieran los interrogantes expresados en el correo del
29 de octubre de 2016, así como la indicación de la norma que permitía habilitar
un plazo de dos horas para aportar la información requerida por dicho ente.
Además, requirió que se le explicara por qué no se le habilitó la plataforma para
hacer personalmente la inscripción.
xiv) El listado de admitidos al concurso se expidió sin que se hubieran resuelto los
interrogantes del actor.
xv) El 22 de noviembre de 2016, el actor elevó un derecho de petición reiterando
sus inconformidades.
xvi) El 7 de diciembre de 2016, la Universidad Tecnológica del Chocó absolvió
algunos interrogantes y guardó silencio frente a otros, por lo que el 15 siguiente el
interesado reiteró su petición, la cual fue resuelta el 12 de abril de 2017, en el
sentido de indicar que el concurso se celebró con sujeción a la normativa superior.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
El demandante sostuvo que la disposición acusada violó los artículos 2 y 29 de la
Constitución Política; 37, 53, 65 y 137 del CPACA; 29 de la Ley 30 de 1992; 8, 10 a
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13, 15, 19, 55, 60, 61 y 72 del Acuerdo 0019 del 27 de septiembre de 2006, por el
cual se expide el estatuto de carrera administrativa del personal no docente de la
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.
Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:
i) La Universidad Tecnológica del Chocó incurrió en un error en la planificación de
las inscripciones al concurso de méritos, situación que conduce a restar la
posibilidad de que un mayor número de personas pueda participar y acceder al
empleo público.
ii) Las fechas para las inscripciones únicamente pueden ampliarse a través de la
modificación de la convocatoria; sin embargo, en el sub lite se concedió un día
más al inicialmente previsto para ese efecto, pero no se adicionó el aludido acto
por considerar que el cambio no generaba un trauma significativo que ameritara el
cumplimiento de la anotada formalidad.
iii) El artículo 10 del Acuerdo 0019 de 2006 dispone que las convocatorias a
concurso de méritos deben publicarse 5 días hábiles antes del inicio de las
inscripciones; sin embargo, en el presente caso ello tuvo lugar, a nivel territorial,
dos días después de la apertura a inscripciones y, a nivel nacional, dos días antes.
iv) El artículo 12 ibidem establece que el proceso de reclutamiento e inscripción
debe hacerse por correo físico, electrónico o fax, lo cual permite inferir que la
escogencia de un aplicativo no correspondía a ninguna de esas modalidades y,
por lo tanto, el proceso de inscripción no debió realizarse por esa vía.
v) Contrario a lo previsto por el artículo 72 del mencionado acuerdo, el ente
universitario accionado omitió el deber de publicar el estatuto de carrera para el
personal no docente, pese a que era «el hilo conductor o la fuente misma del
concurso». Esta situación impidió confrontar el acto de convocatoria con el
reglamento en que debía fundarse y hacer las reclamaciones por las
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irregularidades contenidas en aquella.
vi) Hubo inconsistencias en la numeración de los artículos de la convocatoria que
hacen referencia a reclamaciones, listado de admitidos y citación a pruebas, las
cuales pudieron generar confusión en los participantes e inducir a error frente a
una eventual consulta o requerimiento.
vii) La convocatoria omitió citar los medios que serían utilizados para el efecto,
sino que se limitó a indicar que quedaría visible en la página web de la institución,
pese a que también debió referirse a la cartelera principal de la Secretaría
General, medios de comunicación hablados y escritos, periódicos de amplia
circulación local y territorial.
viii) En la convocatoria no se indicó fecha, hora y lugar en que se aplicarían las
pruebas y publicarían los resultados, sino que el participante debía ingresar a la
plataforma de la universidad para consultar esa información. Con el fin de
subsanar esta falencia, una vez advertida por el actor, se profirió la Resolución
0293 de 7 de febrero de 2017.
ix) La universidad permitió que sus servidores nombrados en provisionalidad
hicieran la inscripción sin diligenciar el formulario ni aportar los certificados de
estudio y experiencia laboral, a través del aplicativo exigido para ello en la
convocatoria. Además, se les recibió la documentación con posterioridad al cierre
de inscripciones.
x) La parte accionada adoptó un formato para certificar a los inscritos que les
impedía verificar los documentos cargados, lo cual es fundamental para sustentar
una eventual reclamación por inconsistencias en la evaluación de antecedentes, el
cumplimiento de los requisitos mínimos para acceder a los cargos o determinar los
puntajes asignados en las respectivas etapas.
xi) El concurso demandado se desarrolló sin que previamente se hubieran resuelto
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las inquietudes manifestadas por el actor frente a las irregularidades que le
impidieron inscribirse.
xii) Se incluyó la antigüedad como una variable discriminatoria que otorga ventajas
al personal vinculado en carrera administrativa al interior de la universidad
respecto de los nombrados en provisionalidad y personas externas.
xiii) La Comisión de Carrera Administrativa de la Universidad Tecnológica del
Chocó no adelantó procedimiento alguno ante las múltiples quejas enviadas por
las inconsistencias que se venían presentando en el certamen, por lo que se
abstuvo de desempeñar la función veedora que le asignó el Acuerdo 0019 de
2006.
xiv) Las anomalías anotadas quebrantan los principios del mérito, libre
concurrencia, igualdad, publicidad, transparencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, validez, eficacia, eficiencia y debido proceso. Además, impidieron a
los ciudadanos participar en el proceso de selección y acceder a un empleo oficial.
1.2. Contestación de la demanda
La parte demandada, por intermedio de apoderado, contestó la demanda y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes
razonamientos:3
i) El proceso de selección demandado se desarrolló en forma transparente, con
apego al ordenamiento superior y la convocatoria se publicó el 30 de septiembre
de 2016 en periódicos de circulación local y nacional. A su vez, participaron más
de 700 personas para aspirar a los 107 cargos ofertados, situación que evidencia
que la página web de la universidad funcionó correctamente durante el tiempo en
que estuvo habilitada.
3
Folios 184 a 190.
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ii) El actor realizó su inscripción de manera extemporánea, conforme lo reconoció
la jurisdicción en sede de tutela.
iii) El ente demandado goza de autonomía universitaria, por lo que puede dictarse
sus propios estatutos y configurar su sistema de carrera, conforme se hizo en el
Acuerdo 0019 de 2006 y en caso de existir algún vacío debe acudirse a la Ley 909
de 2004.
iv) La Universidad Tecnológica del Chocó amplió el plazo de inscripciones con el
fin de brindar mayores garantías a los participantes y pudieran concurrir más
personas, ya que la convocatoria tuvo gran acogida.
v) Desde el 26 de septiembre de 2016, la convocatoria se fijó en la cartelera de la
universidad, en su página web y en diferentes medios comunicación
institucionales, por lo que resulta irrelevante que en dicho acto no se hubieran
explicitado los canales de difusión.
vi) Las fechas para aplicación de las pruebas y publicación de resultados se
comunicaron oportunamente a los aspirantes, a través de sus correros personales
y en la página web institucional.
vii) El acuerdo que contiene el estatuto de carrera administrativa fue expedido en
el año 2006 y para esa época no existía la tecnología con la que se cuenta en la
actualidad, por ende, debe entenderse que la universidad habilitó un aplicativo
para la inscripción con el ánimo de facilitar dicho proceso y dotar de mayores
garantías a los interesados.
viii) A los empleados que se encontraban nombrados en provisionalidad se les
analizó directamente la hoja de vida que reposaba en la Oficina de Talento
Humano, toda vez que las entidades públicas no deben requerir a los ciudadanos
documentación que tengan en su poder. El análisis de antecedentes se hizo en
forma rigurosa y con respaldo en las certificaciones laborales de los servidores. En
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consecuencia, en ningún momento se atentó contra la transparencia del certamen
y prueba de ello es que un gran número de ciudadanos que ganaron el concurso
no trabajaban en la institución demandada.
ix) La Comisión de Carrera Administrativa de la Universidad Tecnológica del
Chocó ha desarrollado sus labores con apego a los estatutos internos, por ende,
aquella no reportó anomalías frente al concurso porque no se presentaron.
x) El Acuerdo 0016 de 2006 se encuentra en la página web del ente universitario.
Además, es un documento público que puede ser consultado en cualquier
momento por los ciudadanos.
1.3. Alegatos de conclusión
El demandante guardó silencio. La parte demandada reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.4
1.4. El Ministerio Público
La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
sentido de solicitar que se nieguen las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes razonamientos: 5
i) El ente accionado goza de autonomía universitaria, por lo que está facultado
para dictar sus estatutos. En materia de carrera administrativa es posible acudir a
la Ley 909 de 2004, pero en forma supletoria.
ii) En sede de tutela se negó la protección del derecho al debido proceso del actor,
lo cual constituye un indicio para el presente asunto y permite concluir que la
4
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
5
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
9
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universidad demandada no incurrió en un actuar irregular que le impidiera
participar en el concurso enjuiciado.
iii) El interesado no aportó elementos de juicio tendientes a demostrar las
inconsistencias enrostradas al certamen; por el contrario, se limitó a hacer
aseveraciones subjetivas.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Consiste en establecer si el concurso de méritos adelantado por la Universidad
Tecnológica del Chocó, bajo la Convocatoria 0001 de 2016, se ajustó a derecho o
si, por el contrario, desconoció el Estatuto de Carrera Administrativa del Personal
no Docente de esa institución.
2.2. Marco normativo
El artículo 125 de la Constitución Política de 1991 dispuso que los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera con excepción de los de elección
popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley.
La Corte Constitucional ha expresado que la carrera administrativa persigue los
siguientes fines:6
El sistema de carrera administrativa tiene como finalidad la realización de
los principios de eficacia y eficiencia en la función pública, así como
procurar la estabilidad en los cargos públicos, con base en estos
principios y en la honestidad en el desempeño de los mismos. Se busca
que la administración esté conformada por personas aptas desde los
puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, para que la
función que cumplan sea acorde con las finalidades perfectivas que el
6
C-195 de 1994.
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interés general espera de los empleados que prestan sus servicios al
Estado. El elemento objetivo de la eficiencia es el determinante de la
estabilidad laboral, por cuanto es su principio de razón suficiente. No se
trata de una permanencia en el cargo por razones ajenas a la efectividad
de los buenos resultados, ni el ingreso al empleo sin una vinculación
fundada en motivos diferentes a la capacidad. Igualmente, el retiro se
hará por hechos determinados legalmente, inspirados en la realidad de la
eficiencia laboral. En definitiva, lo que se protege es el interés general.
De acuerdo con el anterior lineamiento, el sistema de carrera administrativa ha
sido entendido como el mecanismo prevalente para garantizar que las personas
más idóneas accedan a la función pública, así como otorgar estabilidad e igualdad
de oportunidades para desempeñar los empleos oficiales.
De esta manera, los cargos de carrera deben proveerse mediante procesos de
selección objetivos y transparentes en los que se privilegie el principio del mérito
por constituir un presupuesto de ingreso, permanencia y ascenso en los cargos
públicos.
Teniendo en cuenta que en el sub lite se demanda un concurso adelantado por la
Universidad Tecnológica del Chocó para proveer cargos adscritos a su planta de
personal no docente, resulta necesario referirse al régimen de carrera que rige a
esa clase de servidores en los entes universitarios autónomos.
En tal sentido, se resalta que el artículo 69 de la Constitución Política estableció la
autonomía universitaria como una garantía que permite a las universidades darse
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
Igualmente, se instó al legislador a establecer un régimen especial para las
universidades del Estado.
En desarrollo del anterior mandato, se expidió la Ley 30 de 1992 que organizó el
servicio público de la educación superior y se refirió a la autonomía universitaria
en los siguientes términos:
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Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de
Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas
y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
[…]
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
[…]
Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes
universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de
Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector
educativo.
[…]
El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales,
comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y
administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen
financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en
salud, de acuerdo con la presente ley .
[…]
La Corte Constitucional ha precisado que la autonomía universitaria se encamina
a que la formación académica y la investigación tengan lugar «dentro de un clima
libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico
como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del
ente educativo».7
En aras de lograr dichos objetivos, «es necesario que sean los mismos centros de
educación superior los que decidan sobre lo relacionado con su personal, con el
fin de evitar injerencias externas que podrían hacer mella en la libertad académica
que debe prevalecer en las universidades»,8 es decir, que este concepto contiene
7
Sentencia T-492 de 1992, citada en la Sentencia C-560 de 2000.
8
Sentencia C-368 de 1999.
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«una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos
superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar
previstas en la ley».9
A partir de este contexto normativo y jurisprudencial, la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado han fijado los siguientes lineamientos en relación con la
carrera del personal administrativo en las instituciones de educación superior:
i) Las universidades públicas tienen la facultad de regular la carrera de su personal
administrativo, esto es, configurar los presupuestos de ingreso, ascenso y retiro de
aquellos.
ii) Los estatutos de los entes universitarios autónomos están llamados a respetar
el artículo 125 de la Constitución Política en tanto privilegia la provisión de los
empleos públicos mediante concursos de méritos; además, deben tener en cuenta
las «normas vigentes sobre las especificidades del régimen de dichos empleados
públicos».10
iii) Los entes universitarios autónomos ostentan un sistema de carrera especial de
origen constitucional,11 por lo que las normas generales se aplican con carácter
supletorio a su personal administrativo, es decir, en caso de presentarse vacíos en
la normativa que los rige.12
iv) Los Consejos Superiores Universitarios son los organismos competentes para
regular, administrar y vigilar la carrera del personal administrativo, mediante los
estatutos y reglamentos de las instituciones.
2.3. Hechos probados
9
Sentencia T-492 de 1992, citada en la Sentencia C-560 de 2000.
10
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 31 de julio de 2008, radicado: 11001-03-
06-000-2008-00043-00 (1906).
11
Sentencias C-746 de 1999 y C-175 de 2006.
12
Artículo 3 de la Ley 909 de 2004.
13
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2.3.1. Desarrollo del concurso
• El 27 de septiembre de 2006, mediante Acuerdo 0019, el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba expidió el estatuto de
carrera administrativa del personal no docente de esa institución.13
• El 9 de septiembre de 2016, por Resolución Rectoral 5124, el mencionado ente
universitario convocó a concurso de méritos abierto y de ascenso para proveer
107 cargos vacantes de la planta de personal, bajo la identificación «Convocatoria
No. 0001 de 2016». 14
• El 27 de septiembre de 2016, a través de la Resolución 5596, la institución
demandada modificó el cronograma de inscripciones.15
• El 30 de septiembre de 2016, se publicó la Convocatoria 0001 de 2016 en los
diarios El Tiempo y Chocó 7 Días. 16
• El 19 de octubre de 2016, el director de Comunicaciones de la emisora Radio
Universidad del Chocó certificó que «por los medios de comunicación
institucionales se publicó el aviso de la Convocatoria 0001 de 2016 remitida por la
oficina de Talento Humano, con el detalle de las especificaciones de cada uno de
los 107 cargos de la misma, incluida una modificación es (sic) la fecha de cierre».
Agregó que la información se dio a conocer en la página web de dicho ente y en la
mencionada emisora, desde el 26 de septiembre al 12 de octubre de 2016.17
13
Folios 21 a 48.
14
Folios 49 a 67.
15
Folios 68 a 69.
16
Folios 178, 179, 183(reverso) y 184.
17
Folio 177.
14
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• El 20 de noviembre de 2016, el actor realizó una captura de pantalla de la página
web de la Universidad Tecnológica del Chocó que contiene un listado de los
Acuerdos del 2005 y 2011 a 2016.18
• El 7 de febrero de 2017, por Resolución 0293, el rector de la universidad
demandada estableció el cronograma de las etapas de pruebas o instrumentos de
selección y conformación de listas de elegibles. 19
• El 5 de junio de 2017, el actor realizó una captura de pantalla en la que se lee lo
siguiente:20
Concurso de Mérito, Abierto y Ascenso
Inicio Registrarse a Convocatoria Iniciar Sesión
Información de interés:
Dado que el cierre de inscripciones fue programado hasta el día 13 de Octubre, pero
decenas de aspirantes cancelaron el precio de sus pines en horario extendido el día
12 de Octubre, lo cual significa que el reporte de ello se hace por parte de la entidad
financiera al terminar la jornada del día siguiente, para estos casos está habilitado
para el registro hasta el día viernes 14 de Octubre.
[…].
• El 5 de julio de 2017, a través de la Resolución 3861, se modificó la Resolución
0293 de 2017 en lo que respecta al cronograma fijado «entre la prueba de análisis
de antecedentes y publicación definitiva de la lista de elegibles». 21
• El 30 de octubre de 2017, el secretario de la Comisión de Carrera Administrativa
de la universidad demandada certificó que en la cartelera principal de la Secretaría
General «fue publicada la Convocatoria 0001 de 2016, con fijación el 26 de
septiembre de 2016, y desfijación el 17 de octubre del mismo año». 22
18
Folio 87.
19
Folios 73 a 75.
20
Folio 89.
21
Folios 70 a 72.
22
Folio 176.
15
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Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
• El 28 de noviembre de 2017, el secretario de la Comisión de Carrera
Administrativa de la Universidad Tecnológica del Chocó, certificó que en la página
web de dicha institución «ha estado publicada la Convocatoria 0001 de 2016, con
fijación el 26 de septiembre de 2016, y permanece la Resolución 5124 de 2016. 23
2.3.2. Reclamaciones frente al desarrollo del concurso
• El 22 de noviembre de 2016, el actor elevó un derecho de petición ante el ente
universitario accionado con el fin de que se le explicaran algunas inconsistencias
que evidenció en el desarrollo del concurso.24 Dicha solicitud fue atendida
mediante el Oficio 520-410 del 7 de diciembre de 2016, conforme a la información
suministrada por la firma contratada para apoyar tecnológicamente las etapas de
convocatoria, divulgación e inscripción del certamen cuestionado.25 Inconforme
con la respuesta, el 15 de diciembre de 2016, el interesado reiteró sus
interrogantes,26 los cuales fueron resueltos por Oficio 520-203 del 21 de marzo de
2017.27
Para efectos ilustrativos, a continuación, se resumen las inquietudes y las
respuestas:
Inquietudes Respuestas
1. El cronograma de la convocatoria no tuvo «Una vez cerrada la convocatoria el día 13
en cuenta que la activación del PIN podía de octubre, los concursantes que habían
tardar hasta 48 horas, por lo que el cierre adquirido el PIN hicieron la inscripción.
de inscripciones el 13 de octubre de 2016 Desconocemos que “muchos concursantes
impidió inscribirse a quienes lo adquirieron hayan quedado por fuera del concurso por
el día anterior. la no activación del PIN”. Los
requerimientos recibidos por esa razón,
fueron satisfechos por la oficina de gestión
tecnológica»
2. ¿Por qué no se adicionó la convocatoria, La universidad no consideró necesario
pese a que se extendió el plazo hasta el 14 adicionar la convocatoria, sino acudir a una
de octubre de 2016? alternativa «para enfrentar traumas
23
Folio 175.
24
Folios 94 a 100.
25
Folios 101 a 102.
26
Folios 103 a 105.
27
Folios 106 a 107.
16
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significativos en el proceso de
convocatoria».
3. ¿Cuáles fueron los errores imputables al El aspirante intentó inscribirse, pero no
accionante en su proceso de inscripción? digitó los 4 números del PIN, sino un
4. ¿Por qué no se tomaron correctivos para número de 10 dígitos entregado por el
permitir la inscripción del actor? banco.
5. ¿Por qué no se le habilitó el aplicativo
para hacer la inscripción personalmente? Por lo anterior, se le otorgó un plazo de 2
horas para incluirlo en el listado de
inscritos, por considerar que era un lapso
suficiente, ya que tenía la información a su
disposición; sin embargo, no la remitió.
La universidad intentó dotar de garantías al
interesado, puesto que no pudo inscribirse
por sus propios medios.
«El aplicativo estuvo a disposición de todos
los interesados durante el período
establecido en el cronograma
correspondiente. Muy mal se procedería
abriéndolo para uno, mientras estaba
cerrado para otros».
6. ¿Por qué se habilitó un aplicativo para Para este proceso se acogió una de las
inscripciones cuando el estatuto de carrera alternativas indicadas por el estatuto
de la universidad prevé que se harían por universitario.
correo electrónico o físico o vía fax?
7. ¿Cuál fue el soporte normativo para Ver respuesta a los interrogantes 3 a 5.
concederle 2 horas en orden a informar el
cargo al que aspiraba?
8. ¿Por qué el estatuto de carrera docente «No se tiene una explicación puntual de
no se encuentra publicado en la página web ello. Se considera una buena inquietud
de la universidad? para aplicar correctivo».
9. ¿Por qué no se corrigió la secuencia de Una vez advertidas dichas inconsistencias
la numeración de la convocatoria entre los formales, se consideró que no afectaban el
artículos 20 a 23 y se dejaron dos artículos certamen, en tanto no generaban confusión
22? ni inducían a error a los participantes.
10. ¿Por qué se le permitió al actor aportar La universidad pretendió dotar de garantías
información en torno a su inscripción sin a los interesados, por ende, «una buena
hacer las modificaciones respectivas y intención en la prestación del servicio no
avisarle a los demás aspirantes, pese a que debe conducir a calificativos como el que
ello cambiaba las bases de la convocatoria? usted hace».
11. Informar cómo se divulgó la La convocatoria se publicó en los
convocatoria. periódicos el Tiempo y Chocó 7 Días.
12. ¿Por qué en la convocatoria no se Fueron utilizados todos los medios
indicaron los medios para su divulgación? requeridos para la publicidad.
13. En la convocatoria no se indicó la fecha, La Resolución 0293 de 2017 hizo el
hora y lugar para aplicar las pruebas y llamado para las pruebas. En todas las
publicar los resultados. citaciones para las diferentes actividades
se indica fecha, hora y lugar. Estos actos
también hacen parte de la convocatoria.
17
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14. ¿Cuál es el soporte normativo para que «La información que se solicitaba en la
los empleados provisionales se inscriban inscripción está a disposición de la
sin aportar los certificados de estudio y Institución, en cuanto a sus servidores
experiencia a través del aplicativo dispuesto públicos se refiere. Así las cosas, la
para ello? administración no debe solicitar información
que tiene en su haber».
15. ¿Cuál es el fundamento jurídico para Esto compete al modelo adoptado a la
que el certificado de inscripción no refleje universidad para adelantar el proceso.
los documentos anexados por los
aspirantes?
16. ¿Por qué se siguió desarrollando el No era posible seguir el concurso con el
certamen, pese a que no se había resuelto actor, por cuanto no logró inscribirse.
la situación del demandante frente a su
inscripción?
17. «¿Qué méritos e imparcialidad hay en la «Es una apreciación personal que se
puntuación de la antigüedad como variable respeta».
en la valoración de los antecedentes, si por
el contrario es un concepto que otorga una
ventaja marcada y significativa al personal
que viene vinculado en carrera (que
probablemente en su cargo en propiedad
vienen desempeñando funciones de mucho
menor jerarquía y no relacionadas con la
misión del cargo al que aspiran) y
discrimina notoriamente al talento humano
que no está vinculado en carrera
administrativa en la entidad?».
18. «Los intervalos de calificación permiten
que dos competidores entre los cuales se
genere solo un punto de diferencia en la Estos reparos serán considerados en la
calificación, terminen distanciándose por eventualidad de presentarse.
cuatro (4) puntos de diferencia en la
valoración y de la misma manera dos «En la universidad aspiramos a que no se
competidores entre los cuales se generen presenten irregularidades en el proceso en
cincuenta puntos de diferencia en la comento, como en ninguno otro de los que
calificación, terminen puntuando la misma se adelantan».
valoración».
19. «¿Por qué se adoptó para la valoración
de la evaluación de méritos el sistema de
puntuación más polémico y complejo
posible, el cual es poco apropiado y se
presta para muchas irregularidades?»
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Previo a resolver las causales de nulidad endilgadas al concurso de méritos objeto
de enjuiciamiento, es necesario indicar que la Sala se abstendrá de analizar los
hechos y cargos que aluden a la situación particular del demandante, pues el
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interesado acudió al medio de control de nulidad simple y no de nulidad con
restablecimiento del derecho.
En efecto, esta corporación ha explicado que la demanda de simple nulidad se
encamina a restaurar el ordenamiento jurídico que ha sido quebrantado por la
administración al expedir actos violatorios de normas superiores, mientras que la
de nulidad y restablecimiento del derecho, además de la anotada finalidad, se
orienta a restablecer un derecho subjetivo que resultó afectado por los actos de la
administración.28
Bajo este contexto, la Sala carece de competencia para analizar las situaciones
particulares del accionante, pues ello no guarda congruencia con el interés general
y la salvaguarda del principio de legalidad que reivindica este medio de control.
A continuación, se hará referencia a las irregularidades que en sentir del
accionante se presentaron en el desarrollo del proceso de selección demandado:
2.4.1. Planificación y modificación de la convocatoria
El demandante sostuvo que la Universidad Tecnológica del Chocó incurrió en un
error en la planificación de las inscripciones al concurso de méritos, situación que
dio lugar a las siguientes inconsistencias: 1) un considerable número de personas
no pudieron participar en el proceso de selección; y 2) se amplió en un día las
fechas de inscripciones sin modificar el acto de convocatoria.
De acuerdo con el marco normativo antes citado, se concluye que para estudiar la
legalidad del certamen es necesario acudir de manera prevalente al Acuerdo 0019
de 2006, que contiene el estatuto de carrera administrativa del personal no
docente de dicha institución y que se refirió al acto de convocatoria en los
siguientes términos:
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 11 de febrero de 2014,
radicado: 54001 23 33 000 2012 00089 01 (19830).
19
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Artículo 8°. Convocatoria al concurso. La convocatoria es norma reguladora de
todo concurso y obliga tanto a la administración como a los participantes. No podrán
cambiarse sus bases una vez iniciada la inscripción de aspirantes; salvo en los
aspectos de sitio y fecha de recepción de inscripciones, fecha, hora y lugar en que
se llevará a cabo la aplicación de pruebas, sitio y fecha en que se publicarán los
resultados, caso en los cuales debe darse aviso oportuno a los interesados.
Las modificaciones a que se refiere este artículo serán dispuestas por el nominador
mediante aviso de adición a la convocatoria.
Ahora bien, la Resolución 5124 del 9 de septiembre de 2016, por la cual se
convocó a proceso de selección para proveer cargos no docentes del ente
universitario accionado, dispuso que el pago de los derechos de participación y
obtención del PIN se efectuaría entre el 4 y el 11 de octubre de 2016. A su vez, la
inscripción y entrega de documentos se realizaría entre el 5 y el 13 de octubre de
2016.
Posteriormente, por Resolución 5596 del 27 de septiembre de 2016, se
modificaron los referidos plazos, «por razones ajenas a la administración de la
Universidad». De esta manera, el pago de los derechos de participación tendría
lugar entre el 5 y el 12 de octubre de 2016 y las inscripciones entre el 6 y el 13 de
octubre de 2016.
Sin embargo, en la página web de la universidad se publicó una «información de
interés» en la que se explicó que «el cierre de inscripciones fue programado hasta
el día 13 de Octubre, pero decenas de aspirantes cancelaron el precio de sus
pines en horario extendido el día 12 de Octubre, lo cual significa que el reporte de
ello se hace por parte de la entidad financiera al terminar la jornada del día
siguiente, para estos casos está habilitado para el registro hasta el día viernes 14
de Octubre».
De acuerdo con lo anterior, se observa que la entidad accionada acató el artículo 8
del Acuerdo 0019 de 2016 en lo que concierne al carácter vinculante de la
convocatoria y la necesidad de modificarla cuando se cambian las fechas de
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inscripciones, conforme lo hizo con la expedición de la Resolución 5596 del 27 de
septiembre de 2016.
Por su parte, la extensión del plazo hasta el 14 de octubre de 2016 no puede
entenderse como una modificación de las bases de la convocatoria ni de las
fechas de inscripciones, pues la universidad informó que se presentaron algunas
inconsistencias en el reporte de la información por parte de las entidades
bancarias, lo cual repercutió en que algunos aspirantes que habían adquirido el
PIN dentro de la oportunidad inicialmente fijada -12 de octubre de 2016- no
pudieron cargar sus documentos al siguiente día y que correspondía al cierre de
esa etapa. Es preciso tener en cuenta que el PIN tenía un período de activación de
entre 24 y 48 horas siguientes a su pago, según se indicó en la convocatoria.
La universidad explicó que solamente para esos casos se habilitaría la plataforma
hasta el 14 de octubre de 2016, es decir, que se trató de solventar una situación
de carácter técnico, pero ello no implicó una ampliación de las fechas de
inscripciones, ya que en ningún momento se permitió adquirir el PIN en días
diferentes a los previstos en la convocatoria, sino que se garantizó el derecho de
participación a los aspirantes que pagaron oportunamente el PIN, pero que tuvieron
inconvenientes para culminar su proceso de inscripción porque no se había
cruzado la información necesaria entre los bancos y la universidad para habilitar el
acceso a la plataforma establecida para ello.
2.4.2. Mecanismos de reclutamiento, publicidad de la convocatoria y del
Acuerdo 0019 de 2006
El demandante sostuvo que el desarrollo del certamen cuestionado estuvo
revestido de irregularidades en cuanto a su publicidad y la plataforma
seleccionada para las inscripciones.
Antes de ahondar en los motivos de inconformidad del interesado, es preciso
reiterar el criterio que ha acogido esta Subsección en el sentido de indicar que no
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toda irregularidad en las actuaciones de la administración conduce
inexorablemente a su anulación. En tal sentido, se resalta el siguiente
pronunciamiento:29
No obstante, es necesario precisar que, tanto esta Corporación como la doctrina,
han señalado de manera reiterada que, en virtud de los principios constitucionales
de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal 30 y de eficacia de la función
administrativa31, las irregularidades formales que no tengan trascendencia en los
derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, pueden ser
subsanadas y no implican necesariamente la anulación del acto. Así, la irregularidad
que tiene vocación de llevar al juez a declarar la nulidad es la que compromete un
presupuesto básico de la decisión o la que tuvo incidencia en su sentido final 32.
[…]
Ahora bien, para definir la trascendencia de la irregularidad que puede llevar a la
anulación del acto administrativo es posible acudir, inicialmente, a un criterio
eminentemente normativo, según el cual, si un precepto jurídico positivo le da el
carácter de esencial a una formalidad, su incumplimiento puede generar la nulidad
del acto33, lo cual ocurre, por ejemplo, con la consulta previa 34. Luego, de no existir
disposiciones en el anterior sentido, la determinación de la importancia de los
requisitos formales en un caso concreto puede ser objeto de ponderación, esto es,
de un ejercicio comparativo en el que se busca un equilibrio práctico 35 entre, por un
lado, los principios o derechos que subyacen a las reglas sobre las formalidades a
las que debía sujetarse la manifestación unilateral de voluntad de la administración
y, por el otro, de los que, en sentido contrario, propugnan por la eficacia de la
actuación administrativa en un caso concreto. […].
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de junio de 2021, radicado: 11001-03-
25-000-2018-01551-00 (5060-2018).
30
CP, art. 228: «La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo». (Negrita fuera de texto).
31
CP, art. 209: «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad […]».
32
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 18 de enero de
1994, rad. 2779 y en la doctrina: Cfr. MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ y DANIEL POSSE VELÁSQUEZ, op. cit., p. 87 y LUIS
ENRIQUE BERROCAL GUERRERO, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá: Librería Ediciones del
Profesional, 2016, pp. 551-552.
33
Ibidem, p. 99.
34
CPACA, art. 46: «Consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una
consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los
términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar».
(Negrita fuera de texto).
35
Corte Constitucional, sentencia T-425 de 1995.
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Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, se concluye que la
ausencia de formalidades en la expedición de las decisiones de la administración
que conducen a su invalidez son aquellas esenciales y que ponen en riesgo la
materialización de los principios que orientan el Estado Social de Derecho y en
especial los derechos fundamentales de los asociados.
2.4.2.1. Mecanismo de reclutamiento. El demandante afirmó que la entidad
accionada desconoció el artículo 12 del Acuerdo 0019 de 2016 en tanto establece
que el proceso de reclutamiento e inscripción debe hacerse por correo físico,
electrónico o fax, es decir, que la escogencia de un aplicativo no correspondía a
ninguna de esas modalidades y, por lo tanto, dicha etapa no debió surtirse por esa
vía. Al respecto, la norma invocada, dispone lo siguiente:
Artículo 12°. Del proceso de inscripción y reclutamiento. La inscripción se hará
dentro del término previsto en la convocatoria, que no podrá ser inferir a cuatro (4)
días hábiles, durante jornadas laborales completas y podrá hacerse personalmente
por el aspirante o por quien fuere encargado por éste, por correo físico o electrónico
o por fax, siempre y cuando la recepción del formulario y de los documentos anexos
se efectúe por la sede dentro del plazo fijado.
En el presente caso, la Universidad Tecnológica del Chocó implementó una
plataforma para adelantar las inscripciones de los aspirantes dentro de la
Convocatoria 0001 de 2016, por lo que le asiste razón al actor en el sentido de
indicar que tal mecanismo no corresponde a ninguno de los señalados en la
norma antes transcrita, esto es, fax o correo físico o electrónico.
No obstante, la Sala considera que la escogencia de una plataforma para efectuar
el proceso de inscripción no invalida el certamen, pues, como lo indicó el ente
universitario al contestar la demanda, el Acuerdo 0019 data del año 2006, por lo
que para el momento en que se celebró el concurso, es decir, 10 años después, la
tecnología facilitaba nuevas herramientas que, dentro de su autonomía, la
institución consideró más idóneas para lograr el reclutamiento de los aspirantes.
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Aunado a ello, el accionante no demostró las razones por las cuales la selección
del referido mecanismo otorgaba menos garantías que la utilización del fax o
correos físicos o electrónicos; por el contrario, según le informó la universidad al
accionante,36 aquella contrató a una empresa para apoyar tecnológicamente las
etapas de convocatoria, divulgación e inscripción del certamen cuestionado,
situación que evidencia el interés de agotar de manera correcta la etapa de
reclutamiento y promover la participación de la comunidad.
2.4.2.2. Publicidad de la convocatoria. El señor Gilson Steven Cetre Ledezma
sostuvo que el proceso de selección desconoció el artículo 10 del Acuerdo 0019
de 2006 en tanto dispuso que «[l]a convocatoria para los concursos abiertos
deberá divulgarse con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de inscripciones».
Contrario a la anterior manifestación, en el plenario se encuentra acreditado que
las inscripciones iniciarían el 6 de octubre de 2016 y la convocatoria se publicó el
30 de septiembre de 2016, en los diarios El Tiempo y Chocó 7 Días. Igualmente,
se fijó en la página web y en la cartelera de la Secretaría General de la
universidad desde el 26 de septiembre de 2016. En consecuencia, se cumplió con
el requerimiento de publicidad establecido en los estatutos universitarios.
Aunado a ello, esta corporación ha precisado que la publicidad es un elemento de
la eficacia y no de la validez de los actos administrativos.37 Al respecto, se ha
explicado que la publicidad tiene especial relevancia en el ejercicio de la función
administrativa; sin embargo, tal requerimiento no presupone la existencia ni la
validez del acto administrativo general, «de manera tal que su ausencia o las
irregularidades que se lleguen a cometer en ese sentido no vician de nulidad el
acto administrativo sino que conducen a su ineficacia o inoponibilidad». 38
36
Folios 101 a 102.
37
Al respecto ver, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, i) providencia del 13 de octubre de
2016, radicado: 68001-23-31-000-2008-00129-01(4357-13); y ii) auto del 14 de noviembre de 2019,
radicado: 11001-03-25-000-2018-01386-00 (4618-2018).
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2020, radicado: 11001-03-
25-000-2014-00675-00 (2084-14).
24
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Así las cosas, la decisión de la administración existe y se reputa válida desde el
momento en que se profiere, pero carece de fuerza vinculante mientras no se
realice su publicación, notificación o comunicación.
El accionante también reprochó que en la convocatoria no se indicaron los medios
para su divulgación, pese a que los artículos 10 y 11 del Acuerdo 0019 de 2016
disponen lo siguiente:
Artículo 10°. Divulgación o publicación. […]
En la cartelera principal de la Secretaría General de la Universidad, en la página
web de la entidad, en los medios de comunicación hablados y escritos de la
Universidad, en un periódico de amplia circulación local y en uno nacional. […].
Artículo 11°. Contenido de la convocatoria. La convocatoria para todo concurso
deberá contener como mínimo, la siguiente información:
[…]
d. Medio de divulgación.
[…]
Ahora bien, la Resolución 5124 del 9 de septiembre de 2016 indicó que, de
conformidad con el artículo 10 del Acuerdo 0019 de 2006, «el aviso de
convocatoria se divulgará con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al
inicio de las inscripciones y permanecerá publicada en el link “Convocatoria No.
0001 de 2016».
Si bien es cierto, que en el referido acto no se aludió expresamente a todos los
medios en que se daría a conocer la apertura al concurso de méritos, también lo
es que sí se remitió al acuerdo en el que se especificaban dichos mecanismos de
difusión y lo más importante es que efectivamente se publicó en radio, en prensa,
en la cartelera de la Secretaría General de la universidad y en su página web. En
consecuencia, se cumplió con la transparencia y publicidad requerida por los
estatutos internos para que la comunidad se enterara oportunamente de la
existencia del proceso de selección.
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2.4.2.3. Publicidad del estatuto de personal. El accionante afirmó que, contrario
a lo previsto por el artículo 72 del Acuerdo 0019 de 2006, el ente universitario
omitió el deber de publicar el estatuto de carrera para el personal no docente,
situación que impidió confrontar el acto de convocatoria con el reglamento en que
debía fundarse y hacer las reclamaciones por las irregularidades contenidas en
aquella. El texto de la norma invocada es el siguiente:
Artículo 72°. Promulgación. El presente estatuto se promulgará mediante su
fijación en la cartelera principal de la Secretaría General, y la página web de la
Institución; dentro de los tres días siguientes a su expedición, la Secretaría General
enviará copia a la presidencia de las organizaciones sindicales de la universidad.
Frente a la ausencia de divulgación del aludido acuerdo en la página web de la
Universidad Tecnológica del Chocó, la Sala reitera que la publicidad de los actos
administrativos es un presupuesto de eficacia y, por ende, el hecho de que aquél
no estuviera visible en la en la página web institucional no conduce a invalidar el
concurso de méritos ahora cuestionado.
Aunado a ello, el actor solo reprochó que el acuerdo no podía consultarse por
internet, pero dejó de lado que también, según los estatutos internos, aquél podía
publicase en la cartelera principal de la universidad, por ende, esta alternativa
también cumplía con el presupuesto de notificación establecido por ese ente.
A su vez, los ciudadanos podían ejercer el derecho de petición de información en
aras de acceder al contendido del referido acuerdo.
2.4.2.4. Errores de digitación. El demandante sostuvo que hubo inconsistencias
en la numeración de los artículos de la convocatoria, las cuales pudieron generar
confusión en los participantes e inducir a error frente a una eventual consulta o
reclamación.
En tal sentido, la Sala advierte que no se siguió la secuencia numérica entre los
artículos 20 a 23, 32 a 35 y se repitió el 22; sin embargo, el contenido de los
26
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artículos está completo y se asignaron a capítulos titulados con la materia objeto
de reglamentación, de la siguiente forma:
• Capítulo I. Generalidades.
• Capítulo II. Empleos convocados.
• Capítulo III. Divulgación de la convocatoria e inscripción.
• Capítulo IV. Solicitud y recepción virtual de la documentación para la verificación
de requisitos mínimos y para la valoración de antecedentes.
• Capítulo V. De las pruebas.
En este orden de ideas, los errores de digitación en el articulado de la
convocatoria no conducen a sostener que se vulneró el derecho de contradicción y
defensa de los aspirantes y el actor tampoco aportó elementos de juicio en aras de
verificar que ello hubiera ocurrido o que se generaron confusiones en la
comunidad frente al proceso de selección.
2.4.2.5. Citación a pruebas y publicación de resultados. El señor Gilson Steven
Cetre Ledezma sostuvo que en la convocatoria no se indicó fecha, hora y lugar en
que se aplicarían las pruebas y publicarían los resultados, sino que el participante
debía ingresar a la plataforma de la universidad para consultar esa información.
En su sentir, se quebrantó el artículo 11 del Acuerdo 0019 de 2006 en tanto
dispone que dicho acto debe contener, entre otros, la siguiente información:
[…]
h. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la aplicación de las pruebas.
i. Fecha y lugar de la publicación de los resultados.
[…]
Al respecto, se observa que en la Resolución 5124 de 9 de septiembre de 2016 no
se consignó en detalle dicha información, pero sí explicitó que cada aspirante
debía «consultar la página www.utch.edu.co en el link “Convocatoria 0001 de
2016” y con su número de cédula y PIN podrá acceder a la información sobre la
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fecha, hora y lugar de presentación de cada una de las pruebas». 39 Además, «[l]a
Comisión de Carrera Administrativa de la universidad determinará la fecha de
publicación de los resultados la página www.utch.edu.co, los cuales podrán ser
consultados por el aspirante con su Número de Identificación Personal – PIN».40
En consonancia con las anteriores previsiones, por Resoluciones 0293 del 7 de
febrero de 2017 y 3861 del 5 de julio de 2017, el rector de la universidad
demandada estableció el cronograma de las etapas de pruebas o instrumentos de
selección y conformación de listas de elegibles, identificando «fecha de realización
o inicio», «fecha de cierre», «lugar o ubicación» y «responsables».
En este orden de ideas, el ente universitario reglamentó las referidas en etapas
mediante actos administrativos generales y dentro del desarrollo del concurso
objeto de enjuiciamiento, es decir, que los participantes pudieron conocer con
antelación, la fecha, hora y lugar en que se practicarían las pruebas y se
publicarían los resultados. Igualmente, se enteraron oportunamente de los
momentos en que podrían presentar reclamaciones y los plazos con los que
contaba la administración para resolverlas.
Así las cosas, los reparos del accionante no tienen la entidad suficiente para
desvirtuar los criterios de transparencia, libre concurrencia y contradicción que
deben orientar los procesos de selección para proveer los empleos oficiales.
2.4.2.5. Irregularidades en el proceso de inscripción. El accionante indicó que
la universidad permitió que sus servidores nombrados en provisionalidad hicieran
la inscripción sin diligenciar el formulario ni aportar los certificados de estudio y
experiencia laboral, a través del aplicativo exigido para ello en la convocatoria.
Además, la constancia de inscripción no indicó la clase de documentos, ni número
de folios aportados por los aspirantes, situación que les impedía verificar los
39
Artículo 22, Capítulo V, de la Resolución 5124 del 9 de septiembre de 2016.
40
Artículo 29, Capítulo V, de la Resolución 5124 del 9 de septiembre de 2016.
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Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
requisitos mínimos para desempeñar los cargos ofertados y presentar las
reclamaciones a que hubiera lugar.
En cuanto a los documentos que deben anexarse en los procesos de selección
por el sistema de méritos, el artículo 13 del Acuerdo 0019 de 2006 dispuso lo
siguiente:
Artículo 13°. Formulario de inscripción. Al formulario de inscripción, el aspirante
deberá anexar el formato de hoja de vida que se utilice para el efecto y los
certificados que acrediten sus estudios y experiencia. Cuando sea necesario, la
universidad solicitará que los certificados de experiencia contengan la descripción
de las funciones de los cargos desempeñados.
Al recibo de la inscripción se deberá consignar en el formato que se establezca y en
el orden que corresponda, el nombre y documento de identidad del aspirante y el
número de folios aportados.
Parágrafo. Cuando el concurso sea de ascenso el aspirante tramitará el formulario
de inscripción y la universidad realizará el análisis de requisitos mínimos con los
documentos que reposan en la hoja de vida del funcionario.
De la anterior disposición se extraen dos reglas relevantes en relación con los
vicios de nulidad endilgados por el accionante frente al proceso de inscripción, a
saber: 1) al momento de recibir la inscripción se debe identificar al aspirante e
indicar el número de folios aportados y 2) en los concursos de ascenso el
cumplimiento de los requisitos mínimos se puede confrontar con los documentos
que conformen la hoja de vida del servidor.
En el presente caso, el actor aportó una captura de pantalla de un certificado de
inscripción de un aspirante al certamen enjuiciado en el que consta su nombre;
documento de identificación; número de PIN; fecha de expedición de la constancia;
cargo, nivel y dependencia al que se encuentra adscrito.
En este orden de ideas, le asiste razón al señor Cetre Ledezma en el sentido de
indicar que la aludida constancia no indicó el número de folios aportados con la
inscripción; sin embargo, esta omisión no tiene la relevancia suficiente para viciar
de nulidad el concurso demandado, pues se celebró con sujeción a todas las
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Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
etapas previstas en los estatutos del ente universitario y desarrolladas en la
convocatoria; igualmente, se valoraron los antecedentes de los aspirantes y las
pruebas presentadas por estos, todo ello dentro del marco del respeto al derecho
de contradicción de los interesados y la salvaguarda de la carrera administrativa
como un sistema técnico de administración de personal.
Además, la norma invocada solamente hace referencia a la indicación del número
de folios aportados, es decir, que no requirió que se detallara la clase de
documentos allegados ni su contenido.
A su vez, en la etapa de inscripciones expresamente se establecieron las fechas
para la publicación del listado de inscritos, presentación de reclamaciones,
oportunidad para responder dichas solicitudes, publicación de la lista definitiva de
inscritos, presentación de reclamaciones de los aspirantes no admitidos, plazo
para resolver estas últimas, fecha para interponer recurso de reposición contra la
respuesta que se otorgara, plazo para resolver los recursos y publicación de la
lista definitiva de admitidos.
Este contexto permite concluir que la enunciación de los folios aportados con la
inscripción constituía una formalidad no esencial al desarrollo del certamen, es
decir, que su omisión no conduce inexorablemente a su anulación, pues la
Universidad Tecnológica dotó a los ciudadanos de todas las garantías para
evaluarles los documentos allegados y que pretendían demostrar el cumplimiento
de los requisitos mínimos para acceder a los cargos ofertados.
De otro lado, el demandante reprochó que se permitió la inscripción de empleados
nombrados en provisionalidad sin requerirles la documentación a través de la
plataforma diseñada para ese fin.
Al respecto, se observa que los estatutos internos de dicha institución permitieron
realizar «el análisis de requisitos mínimos con los documentos que reposan en la
hoja de vida del funcionario», cuando se tratara de concursos de ascenso.
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Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
De la anterior disposición el actor infirió, que tal posibilidad solamente sería
aplicable a los empleados nombrados en carrera que aspiraran a un cargo en
virtud de la figura del ascenso; sin embargo, la Sala se aparta de este
entendimiento, pues la regla se fijó en general para los concursos de ascenso y en
el sub lite el certamen se configuró de manera mixta, esto es, abierto y de
ascenso.
Por lo anterior, resulta razonable el criterio utilizado por la Universidad Tecnológica
del Chocó para analizar la hoja de vida de todos sus servidores sin importar si
pertenecían al sistema de carrera administrativa o estaban vinculados en
provisionalidad, lo cual consistió en aplicar la regla prevista en el artículo 9 del
CPACA en tanto prohíbe a las autoridades «[e]xigir constancias, certificaciones o
documentos que reposen en la respectiva entidad».
A su vez, la aplicación del anterior parámetro permitía realizar el mandato de
igualdad de concurrencia en los concursos de méritos, pues en la universidad
reposaba la hoja de vida de todos sus servidores, por lo que era válido acudir a
esta información sin discriminar la naturaleza de su vinculación, máxime cuando el
certamen era abierto y de ascenso.
2.4.3. Otras inconsistencias. El señor Cetre Ledezma manifestó que algunas
inscripciones se recibieron extemporáneamente; que se incluyó la antigüedad
como una variable discriminatoria que otorga ventajas al personal vinculado en
carrera administrativa al interior de la universidad respecto de los nombrados en
provisionalidad y personas externas; y que la Comisión de Carrera Administrativa
de la Universidad Tecnológica del Chocó no adelantó procedimiento alguno ante
las múltiples quejas enviadas por las inconsistencias que se venían presentando
en el certamen.
Sin embargo, el accionante no aportó ninguna prueba que permita analizar dichas
anomalías, es decir, se abstuvo de demostrar que se recibieron inscripciones por
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Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
fuera de los plazos fijados en la convocatoria, ni se detuvo en explicar en qué
consistió el método de evaluación adoptado por la universidad y por qué pugnaba
con el principio del mérito; por el contrario, llama la atención que el denominado
factor antigüedad fue establecido en el artículo 28 del Acuerdo 0019 de 2006 para
los concursos de ascenso. 41
El actor tampoco aportó quejas interpuestas en el desarrollo del referido certamen,
por lo que no es posible identificar cuáles fueron desatendidas por la Comisión de
Carrera Administrativa del ente universitario. Inclusive, las inconsistencias que el
demandante reportó frente a su proceso de inscripción fueron estudiadas por la
universidad, según da cuenta la documentación allegada al expediente.
Bajo este contexto, la Sala se permite insistir en el deber que le asiste a los
sujetos procesales de demostrar los supuestos de hecho en que edifican su
defensa, conforme lo prevé el artículo 167 del CGP42 al indicar que «[i]ncumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen».
De ahí que los supuestos fácticos alegados por el demandante con los cuales
pretendía demostrar las irregularidades antes descritas, implicaban
necesariamente la obligación de suministrar todos los elementos probatorios que
le generaran al fallador la certeza de lo afirmado, de tal forma que al no cumplirse
con la carga probatoria que le correspondía asumir a la parte actora, forzoso es
41
Artículo 28°. Porcentajes de valoración. […]
TABLA 2
Concurso de ascenso
Nivel Formación Experiencia Evaluación Antigüedad
Académica del desempeño
Asistencial 25 30 25 20
Técnico 30 25 25 20
Profesional 35 20 25 20
42
Código General del Proceso. Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de esta Subsección:
i) del 21 de noviembre de 2021, radicado: 17001-23-33-000-2016-00990-01; ii) del 10 de marzo de 2022,
radicado: 25000-23-42-000-2017-05702-01 (2361-2021).
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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00880-00 (4802-2017)
Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
concluir que no se encuentran acreditados los cargos tendientes a quebrantar la
presunción de legalidad del certamen cuestionado.
2.5. La condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.43
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que el señor Gilson Steven Cetre Ledezma no
logró desvirtuar la legalidad del concurso enjuiciado y, en consecuencia, se
deberán negar las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor
Gilson Steven Cetre Ledezma en contra de las Resoluciones 5124 del 9 de
septiembre de 2016, 5596 del 27 de septiembre de 2016, 0293 del 7 de febrero de
2017 y 3861 del 5 de julio de 2017, expedidas por el rector de la Universidad
43
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00880-00 (4802-2017)
Demandante: Gilson Steven Cetre Ledezma
Tecnológica del Chocó, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
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