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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06078-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06078-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la CNSC, la Universidad Nacional de Colombia, el DAFP y la Gobernación del Cesar. SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Hermann Gustavo Garrido Prada por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06078-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06078-00
Demandante: HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 3 de agosto de 2026, el señor Hermann Gustavo
Garrido Prada, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se le aplique el principio
al mérito y se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia y de acceso a cargos públicos.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del
30 de octubre de 2025, con la cual se denegaron las pretensiones del medio de
control de nulidad con radicado 11001-03-25-000-2019-00890-00, promovido por él
contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el municipio de Aguachica (Cesar).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad de HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de única instancia proferida el 30 de
octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro
del expediente 11001-03-25-000-2019-00890-00 (6383-2019).

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06078-00

TERCERA. ORDENAR a la Sala accionada que, dentro del término que se le señale,
profiera nueva sentencia en la que: (i) examine de manera autónoma el cumplimiento
de los deberes de divulgación y publicación que los artículos 2.2.6.5 y 2.2.6.6 del
Decreto 1083 de 2015 imponen al Municipio de Aguachica, al Departamento
Administrativo de la Función Pública y a la entidad contratada para adelantar el
concurso; (ii) valore expresamente los oficios expedidos por el Alcalde de Aguachica el
2 de marzo y el 11 de mayo de 2020; y (iii) se pronuncie sobre la falta de publicación
del Anexo Etapas Proceso de Selección.

CUARTA. ORDENAR el desarchivo del expediente 6383-2019 para el cumplimiento
de lo dispuesto.

1.3. Hechos

El tutelante se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Relató que acudió a la jurisdicción, a través del medio de control de nulidad, para
controvertir el Acuerdo CNSC 20191000004496 del 14 de mayo de 2019 1; la
Resolución CNCS – 20192330020555 del 1 de abril de 20192; los Decretos 214 del
5 de junio de 2018 y 003 del 8 de enero de 20193; y el certificado de disponibilidad
presupuestal CDP0545 del 13 de junio de 2018, actos expedidos, en su orden, por
la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) y el municipio de
Aguachica – Secretaría de Hacienda.

Narró que, por proveído del 24 de febrero de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, (i) escindió la demanda por razones de competencia; (ii)
remitió al Juzgado Administrativo del Circuito de Valledupar las pretensiones
relativas a tres actos de contenido presupuestal —los Decretos 214 del 5 de junio
de 2018 y el 003 del 8 de enero de 2019- y el certificado de disponibilidad
presupuestal -CDP0545 del 13 de junio de 2018—; y (iii) admitió el medio de control,
en única instancia, respecto del Acuerdo CNSC 20191000004496 y las
Resoluciones CNSC 20182330068875 y CNSC 20192330020555.

Detalló que, por auto del 10 de noviembre de 2022, esta corporación admitió su
reforma de la demanda4.

Refirió que, por providencia del 15 de septiembre de 2023, se denegó la medida
cautelar de urgencia solicitada, consistente en la suspensión provisional de los actos
administrativos enjuiciados, ya que por la «índole y trascendencia del asunto, es

1 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección para proveer
definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta
de personal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUACHICA – CESAR – Convocatoria No. 1263 de
2019 – Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena».
2 «Por la cual se modifica la Resolución No. CNCS-20182330068875 y se dispone el reintegro de un

valor adicional consignado a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC por parte de la Alcaldía
del municipio de Aguachica, departamento del Cesar, identificado con NIT. 800.096.561-4. Expedida
por el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC».
3 Por el cual se constituyen las cuentas por pagar del Municipio de Aguachica, a corte 31 de diciembre

de 2018».
4 Pidió (i) la nulidad del Acuerdo CNSC 20191000004496 de 2019 y del anexo etapas del proceso

de selección expedido en el mes de julio de 2019; y (ii) la compulsa de copias a la Fiscalía General
de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

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preciso conocer la posición de la entidad demandada respecto a la medida cautelar
deprecada».

Expuso que, por auto de 28 de marzo de 2025, entre otras medidas, se prescindió
de las audiencias inicial y de pruebas; se fijó el objeto del litigio5; y se corrió traslado
a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que rinda concepto.

Reseñó que, a través de la sentencia del 30 de octubre de 2025, se denegaron las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se acreditaron los cargos
de nulidad propuestos.

Precisó que la anterior decisión fue notificada por correo electrónico, el 2 de febrero
de 2026.

1.4. Sustento de la vulneración

El actor aseveró que en el concurso se desconocieron los artículos 2.2.6.3, 2.2.6.5,
2.2.6.6, 2.2.6.7, 2.2.6.9, 2.2.6.11 y 2.2.6.12 del Decreto 1083 de 2015, por cuanto
(i) la divulgación de la convocatoria no fue efectuada por la entidad destinataria del
concurso por prensa, radio o televisión, y (ii) el aviso de aquella no se publicó con
una antelación no inferior a 5 días hábiles al inicio de las inscripciones, en un lugar
de fácil acceso al público de la alcaldía de Aguachica y de la gobernación del César,
ni en las páginas web del Departamento Administrativo de la Función Pública (en
adelante DAFP) y de la Universidad Nacional de Colombia.

Evidenció que el artículo 9º del Acuerdo 20191000004496 dispuso que «El Acuerdo
de la presente Convocatoria y su respectivo ANEXO se divulgarán en la página
www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, en la página web de la entidad objeto del
proceso de selección y en la web del Departamento Administrativo de la
Función Pública». Añadió que ninguno de esos dos últimos deberes se cumplió.

Estimó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, por cuanto
«del hecho de que la CNSC hubiera publicado la convocatoria en su portal y
gestionado espacios radiales, dedujo que el deber de divulgación del ente territorial
quedó cumplido». Puso de relieve que la sentencia del 9 de julio de 2026 examinó
de manera autónoma el deber del ente territorial y anuló el certamen precisamente
porque su cumplimiento «tampoco se probó».

Al respecto, mostró que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
dentro del expediente 11001-03-25-000-2023-00203-00 (2380-2023), aplicó un
nuevo criterio y anuló los acuerdos de convocatoria del Proceso de Selección 894
de 2018 de la Alcaldía de Valledupar. En efecto, asignó a la administración la carga
de acreditar la divulgación y que su ausencia «era jurídicamente idóneo para

5 El objeto de la controversia consistió en «determinar si los actos demandados vulneraron los
artículos 6, 29, 121 y 125 de la Constitución Política; 5 de la Ley 489 de 1998; 7, 11 literal c) y 29
[modificado por la Ley 1960 de 2019] de la Ley 909 de 2004; 263, parágrafo 2, de la ley 1955 de
2019; el Acuerdo No 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019, expedido por la CNSC; la
Circular No 20191000000157 del 18 de diciembre de 2019 expedida por la CNSC y el DAFP; y el
Decreto 1083 de 2015, modificado por los Decretos 051 y 815 de 2018, conforme a los cargos
formulados por el accionante».

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producir la nulidad del certamen», lo cual no se acompasa con lo decidido en su
caso.

Arguyó que, de igual forma, también incurrió en defecto fáctico por cuanto no valoró
certificaciones que daban cuenta que la Alcaldía de Aguachica (oficio del 11 de
mayo de 2020), el Departamento del Cesar (oficios del 20 de febrero y del 30 de
junio de 2020), el DAFP (radicado 20202060068442 del 18 de febrero de 2020) y la
Universidad Nacional de Colombia (oficio B.CID-198-20 del 3 de abril de 2020) no
efectuaron la publicación que les competía. Añadió que, a ello, se suma «el Oficio
CNSC 20202330433551 del 27 de mayo de 2020, en el que la codemandada
reconoce carecer de soporte documental de la divulgación, y el Oficio CNSC
20202330521281 del 10 de julio de 2020, que sitúa la publicación del Anexo
únicamente en el portal de la CNSC».

Reiteró que «enlaces a medios radiales, periódicos y redes sociales, y el audio de
una cuña, acreditan a lo sumo que se dispuso de instrumentos de divulgación. No
acreditan la difusión efectiva en el territorio del municipio de Aguachica, ni el número
de emisiones, ni la antelación exigida por el artículo 2.2.6.6 [del Decreto 1083 de
2015], ni la publicación en los lugares que la norma enumera».

Afirmó que la sentencia cuestionada no se pronunció respecto de que el log de
actividad del portal municipal registra un único cargue el 25 de julio de 2019,
correspondiente solo al acuerdo, y la CNSC certificó que el anexo de etapas del
proceso de selección se publicó exclusivamente en su propio sitio.

Puso de manifiesto que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
la sentencia cuestionada, omitió pronunciarse respecto de algunos argumentos
determinantes sobre la divulgación o publicación, así:

REPROCHE ENUNCIADO EN EL TRATAMIENTO EN LOS PÁRRAFOS 48
PÁRRAFO 47 A 51
Divulgación por prensa, radio o televisión a Se responde con la gestión de la CNSC, no
cargo de la entidad destinataria del con la del Municipio de Aguachica.
concurso (art. 2.2.6.5).
Publicación del aviso con antelación no No analizado.
inferior a cinco días hábiles al inicio de las
inscripciones (art. 2.2.6.6).
Publicación en lugar de fácil acceso al No analizado.
público de la alcaldía y de la gobernación.
Publicación en la página web del No analizado, pese a que la CNSC certificó
Departamento Administrativo de la Función no haber dirigido comunicación alguna a
Pública. esa entidad.
Publicación en la página web de la No analizado.
Universidad Nacional de Colombia, entidad
contratada.
Publicación del formulario de inscripción No analizado.
Publicación de la lista de admitidos y no No analizado.
admitidos.
No publicación del ANEXO ETAPAS Ni siquiera enunciado.
PROCESO DE SELECCIÓN en la página
web de la Alcaldía.
Contenido mínimo del acto: entidad que Ni siquiera enunciado.
realiza el concurso, medios de divulgación
y organismo competente para las
reclamaciones (art. 2.2.6.3, nums. 3, 4 y 9)

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Incumplimiento del artículo 9.º del propio Ni siquiera enunciado.
Acuerdo, que ordenó divulgar el Acuerdo y
su Anexo en las webs de la entidad objeto
del proceso y del DAFP

Puntualizó que el artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015 no admite la sustitución
de un sujeto obligado por otro. En efecto, la norma exige la publicación del aviso,
en su totalidad, en un lugar de fácil acceso al público de la entidad para la cual se
realiza el concurso, de la gobernación y de la alcaldía respectivas, y en las páginas
web de esas entidades, de la CNSC, del DAFP y de la universidad contratada.

Precisó que los anteriores deberes son concurrentes, radicados en cabeza de
sujetos distintos. De ahí que el hecho de que la CNSC haya publicado en su propio
portal no satisface los demás imperativos ni releva a las autoridades de cumplirlos.

Enfatizó que la autoridad judicial, del mismo modo, violó de forma directa la
constitución, pues acogió una interpretación que vació «de contenido el derecho de
acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (artículo 40, numeral 7) y el
principio del mérito (artículo 125)». Lo anterior, si se considera que «la publicidad
de la convocatoria es presupuesto de la libre concurrencia y del mérito, porque solo
la difusión efectiva permite el reclutamiento de un mayor número de aspirantes en
igualdad de condiciones».

1.5. Trámite y contestaciones

Por proveído del 10 de agosto de 2026, se declaró infundado el impedimento que
manifestó el magistrado ponente con fundamento en la causal prevista en el
numeral 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Mediante auto del 26 de agosto de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

Así mismo, se ordenó vincular al presidente de la CNSC y al alcalde de Aguachica
(Cesar), en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.

De igual forma, se denegó el decreto de la medida cautelar solicitada por el actor,
según lo expuesto en esta providencia.

A través de la providencia del 7 de septiembre de 2026, se dispuso vincular al
gobernador del Cesar, al director del DAFP y al rector de la Universidad Nacional
de Colombia.

Por medio del proveído del 24 de septiembre de 2026, se declaró infundado el
impedimento que manifestó la magistrada Gloría María Gómez Montoya con
fundamento en la causal prevista en el numeral 5º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

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1.5.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, señaló que en el
fallo del 30 de octubre de 2025 se analizaron los cargos presentados como concepto
de violación en la demanda; se valoraron los elementos probatorios recaudados en
el proceso; y se atendió la normativa y la jurisprudencia rectora.

Detalló que del escrito de tutela no se advierte la configuración de alguna de las
causales de procedibilidad específicas con lo que pueda predicarse la vulneración
de un derecho fundamental o la existencia de un perjuicio irremediable. En esa
medida, consideró que este mecanismo es improcedente.

Pidió que se declare la improcedencia del amparo, pues la intención del accionante
es convertir la tutela en una instancia adicional, para insistir en argumentos
resueltos en el proceso ordinario.

1.5.2. La CNSC indicó que sus actuaciones se encuentran ajustadas a derecho y
no existe vulneración a los derechos fundamentales invocados.

Especificó que no tiene legitimación en la causa por pasiva dado que no es la
llamada a resolver el problema jurídico planteado por el tutelante ni los interrogantes
puestos de presente.

Explicó que, la única actuación que desplegó y está relacionada con el objeto del
litigio, consistió en la publicación del acuerdo enjuiciado y de su anexo en el propio
portal web el 19 de julio de 2019. Aclaró que esa gestión, correspondiente al deber
de divulgación radica en cabeza de la entidad conforme al artículo 2.2.6.6 del
Decreto 1083 de 2015; empero, lo realmente objeto de reproche es el supuesto
incumplimiento de los deberes de difusión del municipio de Aguachica, la
gobernación del Cesar, el DAFP y la Universidad Nacional de Colombia, y contra la
manera en que la autoridad judicial accionada abordó esa omisión.

Puso de relieve que el actor no figura como aspirante en ningún proceso de
selección de la CNSC, de ahí que el derecho invocado de acceso al desempeño de
funciones y cargos públicos y el principio del mérito no están comprometidos en su
caso.

Evidenció que las listas de elegibles de los empleos ofertados en el marco del
proceso de selección Boyacá, Cesar y Magdalena, grupo al que pertenece el
proceso de selección 1263 de 2019, se encuentran en firme. Con fundamento en
ellas, las entidades nominadoras, entre ellas, la alcaldía de Aguachica, ya
efectuaron los nombramientos y las posesiones correspondientes.

Destacó que debe examinarse, con especial prudencia, la pretensión de dejar sin
efectos una sentencia en firme que negó la nulidad del acto del proceso de
selección, ya que de por medio existen nombramientos y posesiones ya
perfeccionados al amparo de la presunción de legalidad.

Subrayó que los cargos formulados por el accionante exponen una discrepancia
interpretativa sobre el alcance de los artículos 2.2.6.5 y 2.2.6.6 del Decreto 1083 de
2015 y una disconformidad con la manera en que la subsección accionada ponderó
las pruebas obrantes en el expediente, que no logran configurar un defecto
constitucionalmente relevante que autorice dejar sin efectos un fallo amparado por

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la cosa juzgada.

Acentuó que la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye una
instancia adicional dentro del proceso ordinario y que el juez constitucional no puede
reemplazar al natural de la causa para revisar nuevamente asuntos de legalidad o
probatorios que fueron oportunamente planteados, analizados y decididos.

Pidió que se declare la improcedencia de este mecanismo.

1.5.3. La Universidad Nacional de Colombia indicó que no tiene legitimación en
la causa por pasiva y, por ello, solicita su desvinculación.

Precisó, en todo caso, su participación se circunscribió estrictamente al
cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato 681 de 2019,
celebrado con la CNSC, en el marco de las Convocatorias 1137 a 1298 y 1300 a
1304.

Aclaró que su colaboración en determinadas actividades de la convocatoria no le
confiere competencia para adoptar, modificar, revocar o dejar sin efectos las
decisiones administrativas emitidas por la CNSC, ni para intervenir en situaciones
jurídicas definidas posteriormente por dicha entidad o por las autoridades judiciales
competentes.

Evidenció que el vínculo contractual que tenía con la CNSC culminó y fue objeto de
liquidación.

1.5.4. El DAFP manifestó que no participó en la estructuración del concurso; «toda
vez que son las entidades públicas quienes deben adelantar las convocatorias de
oferta pública de empleo en coordinación con la CNSC».

Recalcó que este mecanismo es improcedente, por cuanto se funda en una
apreciación subjetiva del tutelante de cara a la decisión de un operador judicial, que
goza de autonomía y actuó conforme a la Constitución y a la ley. Agregó que el actor
intenta utilizar la acción de tutela como un recurso adicional para controvertir
decisiones judiciales.

Mencionó que la acción de tutela tampoco cumple el requisito de inmediatez, ya que
el escrito inicial se presentó pasados 11 meses «desde que se profirió la sentencia
cuestionada».

1.5.5. La Gobernación del Cesar expresó que no está legitimada en la causa por
pasiva ya que no desplegó ninguna acción u omisión vulneradora de los derechos
fundamentales invocados.

Destacó que la difusión y el desarrollo de la Convocatoria 1263 de 2019 competían
a la CNSC y al municipio de Aguachica, de ahí que no existe vínculo de causalidad
ni deber legal omitido por parte de esa entidad.

Alegó que la acción de tutela es improcedente por cuanto es empleada como una
tercera instancia «para reabrir la discusión probatoria y legal sobre los deberes de
difusión de la convocatoria 1263 de 2019, asunto que ya fue resuelto con tránsito a

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cosa juzgada legal por su juez natural en la sentencia del 30 de octubre de 2025».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Cuestión previa

La CNSC, la Universidad Nacional de Colombia, el DAFP y la Gobernación del
Cesar solicitaron ser desvinculados de la presente acción constitucional por
considerar que no tienen legitimación en la causa por pasiva.

Estas solicitudes serán denegadas por cuanto dichas autoridades fueron vinculadas
debido al interés que les asiste en el presente trámite constitucional, en la medida
en que fungieron como demandadas en el proceso ordinario o están cuestionadas
directamente por supuestamente incumplir el deber de divulgación o publicación de
la Convocatoria 1263 de 2019, así que podrían verse afectadas con cualquier
decisión que se adopte en este asunto.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el actor, el material probatorio
recaudado y los informes presentados, la sala deberá establecer si el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, desconoció el principio al mérito y vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y de acceso a cargos públicos, con ocasión de la
sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida dentro del medio de control de
nulidad con radicado 11001-03-25-000-2019-00890-00.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos adjetivos de
procedibilidad y finalmente, de encontrarse superados se abordará (iii) el caso
concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha

6 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[...] el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados

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por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto que ocupa a la sala, el señor Hermann Gustavo Garrido Prada presentó
acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
porque en la sentencia del 30 de octubre de 2025, ignoró que el municipio de
Aguachica, la gobernación del Cesar, el DAFP, la Universidad Nacional de Colombia
incumplieron sus deberes de divulgación o publicación de la Convocatoria 1263 de
2019, en los términos de los artículos 2.2.6.3, 2.2.6.5, 2.2.6.6, 2.2.6.7, 2.2.6.9,
2.2.6.11 y 2.2.6.12 del Decreto 1083 de 2015, y 9º del Acuerdo 20191000004496.
Irregularidad que, de una manera u otra, limitó el reclutamiento de un mayor número
de aspirantes.

Para descender al caso concreto, se observa que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, a través del fallo del 30 de octubre de 2025, negó las
pretensiones de la demanda, porque no se acreditaron los cargos de nulidad
propuestos por el accionante, relativos a: la actualización del manual de funciones
y su posterior modificación; la planeación y financiamiento de la convocatoria; la
publicidad, inscripciones, lista de admitidos y reclamaciones; la numeración de la
convocatoria; el desconocimiento de las Leyes 1955 y 1960 de 2019; y la
suspensión del proceso de selección.

En lo que concierne a la publicidad de la convocatoria, dicha sentencia, puso de
presente que la CNSC, como entidad administradora del concurso, puede hacer uso
de su página web para publicitar las convocatorias, máxime cuando así lo posibilita
el legislador y, de acuerdo con las reglas de la experiencia, representa un medio
idóneo para hacer difusión efectiva de los procesos de selección.

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También señaló que, conforme a las pruebas aportadas al plenario, se estableció
que la convocatoria tuvo suficiente publicidad, pues no solo se dio a conocer en la
página web de la CNSC, sino también en la del municipio de Aguachica y en otros
medios de amplia difusión. En lo relevante, se destaca:

El accionante sostuvo que los actos acusados quebrantaron los artículos 2.2.6.3,
2.2.6.5, 2.2.6.6, 2.2.6.7, 2.2.6.9, 2.2.6.11 y 2.2.6.12 del Decreto 1083 de 2015 sobre
publicación de la convocatoria, inscripciones, lista de admitidos y reclamaciones.

En cuanto al requisito de publicidad, se reprochó lo siguiente: a) no se señaló que la
divulgación de la convocatoria debía ser efectuada por la entidad destinataria del
concurso por radio, prensa o televisión y tampoco se surtió tal publicación; b) ni se
indicó que el aviso de la convocatoria se debía publicar con una antelación no inferior
a 5 días hábiles a la fecha de iniciación de las inscripciones, en un lugar de fácil acceso
al público y en la página web de la entidad destinataria del concurso, de la CNSC, del
DAFP y de la Universidad Nacional; c) el formulario de inscripción tampoco se publicó
en las páginas web del DAFP, la Alcaldía de Aguachica, la Gobernación del Cesar y la
aludida Universidad; c) no se publicó la lista de admitidos y no admitidos, indicando en
este último caso los motivos de su no admisión en la página web de la Alcaldía de
Aguachica, tampoco se publicó en un lugar visible de la Gobernación del Cesar.
[…]

De acuerdo con este contexto normativo y jurisprudencial, la entidad administradora
del concurso, que en este caso es la CNSC, para efectos de dar publicidad a las
convocatorias, puede hacer uso de su página web, toda vez que i) es una posibilidad
prevista por el legislador y ii) representa un medio idóneo para hacer difusión efectiva
del proceso de selección, sin perjuicio de que también se utilicen otros mecanismos
para potencializar la transmisión de la información.

Ahora bien, en el expediente obran respuestas a derechos de petición en los que se
indica que la convocatoria demandada no fue publicada por la entidad territorial
beneficiaria del concurso, ni el DAFP o el departamento del Cesar; sin embargo, la
CNSC en el memorial de oposición a la medida cautelar aportó varios enlaces que dan
cuenta de la publicidad requerida en diferentes medios radiales, periódicos, redes
sociales. Igualmente, con la contestación de la demanda se allegó el audio de una cuña
radial.

De manera que las pruebas aportadas al plenario permiten concluir que la convocatoria
tuvo suficiente publicidad, pues no solo se dio a conocer en la página web de la CNSC,
sino también en la del municipio de Aguachica y en otros medios de amplia difusión.

Igual conclusión se predica de las demás etapas del proceso de selección, pues las
fechas de su realización y resultados fueron debidamente publicados en la página web
de la CNSC.

Al respecto, la sala encuentra que los argumentos que expone el tutelante no
cuentan con la carga argumentativa para ser estudiados, en el marco de la
trasgresión de derechos fundamentales, porque además de ser una reiteración de
lo ya manifestado en sede ordinaria, están encaminados a controvertir las
conclusiones a las que arribó la Sección Segunda, Subsección A accionada.

Acorde con lo analizado, se hace evidente que el señor Garrido Prada busca que
se haga una nueva valoración probatoria que le permita imponer su criterio, el cual
estima más acertado, sobre el de esta corporación, lo cual denota un desconcierto
respecto al sentido de la decisión, máxime cuando esa autoridad judicial abordó lo
relativo a la publicidad de la convocatoria y su suficiencia.

Al respecto, se advierte que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,

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circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela.

Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de
este mecanismo constitucional y la desarticulación de la organización judicial.

En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por el actor no satisface el
requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos legales y probatorios que ya fueron abordados y zanjados por el juez
natural, en el marco del medio de control de nulidad.

Para la sala no es suficiente que el interesado refiera, como en este caso, que con
la decisión judicial se le transgredieron determinadas garantías superiores, sino que
debe argumentar el concepto de la violación que se deriva de una providencia
judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique por
parte de este juez un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el
máximo órgano en esta materia.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, dictada por una corporación de cierre, requieren con mayor énfasis que el
accionante ejecute una exposición que demuestre, de forma coherente, el
engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible afectación de las
garantías fundamentales en su núcleo esencial.

Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación
iusfundamental alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le
permita al juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de la providencia dictada por
la autoridad censurada.

Finalmente, el señor Garrido Prada también señaló que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida
en el marco de un medio de control de nulidad con radicado 11001-03-25-000-2023-
00203-00 (2380-2023), adoptó una posición distinta en relación con la publicidad de
las convocatorias, como un intento más por imponer su posición, sin esbozar porqué
ese caso es similar y sin considerar que ese pronunciamiento no es anterior a la
providencia que cuestiona.

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la acción por no
cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la CNSC, la
Universidad Nacional de Colombia, el DAFP y la Gobernación del Cesar.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor
Hermann Gustavo Garrido Prada por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente el
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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