Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00203-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00203-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00203-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00203-00 (2380-2023)
Demandantes: Sindicato de Servidores Públicos Provisionales y de Carrera
Administrativa de la Alcaldía de Valledupar (SINSERPROCAV)
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y municipio de
Valledupar
Temas: Concurso de méritos en municipios priorizados. Correcta
publicación de la convocatoria en los procesos de selección.
ACCEDE A LAS PRETENSIONES.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), promovido por el Sindicato de Servidores
Públicos Provisionales y de Carrera Administrativa de la Alcaldía de Valledupar
(SINSERPROCAV), a través de apoderado, con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES1
2. Que se declare la nulidad del Acuerdo 2018000008206 del 7 de diciembre de
2018, «por el cual se convoca y se establecen las reglas para el concurso abierto
de méritos, para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía
de Valledupar- Cesar, Proceso de Selección 894 de 2018– Municipios Priorizados
para el post conflicto (Municipios de 1ª a 4ª categoría)», y su modificatorio, Acuerdo
37 del 27 de febrero de 2020.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
3. Que con ocasión del proceso de selección demandado se convocó a
concurso de méritos para proveer la planta de personal del municipio de Valledupar.
1 Índices 3 -demanda- y 14 -subsanación- Samai.
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Que, este ente territorial fue incluido por el Gobierno nacional en el Decreto Ley 893
de 2017 dentro de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (en adelante
PDET).
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. La parte demandante consideró vulnerados el preámbulo y los artículos 1, 2,
3, 4, 13, 22, 39, 48, 49, 53, 93, 121, 122, 209 y 313 (numeral 6) de la Constitución
Política; Convenios 79, 87 y 169 de la OIT, 6.3.2 (literal a) del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto; 9 de la Ley 489 de 1998, 24, 26 y 33 de la Ley 909 de
2004; 3 y 91 (numeral 2) de la Ley 1437 de 2011; 3 de la Ley 1448 de 2011;
2.2.36.3.2. (numeral 7) del Decreto 1083 de 2015; 3.1 (numerales 1 y 2) del Decreto
893 de 2017; 3.1 (numerales 1 y 2) del Decreto1293 de 2017 y Decreto 1500 de
2018.
5. Argumentó que la convocatoria se fundó en que el municipio de Valledupar
fue priorizado en el marco del acuerdo final y la construcción de una paz estable y
duradera; sin embargo, el Decreto Ley 893 de 2017, que definió los municipios con
PDET agregó un asterisco (*) a ese ente territorial, lo cual significa que la
priorización solo opera en su zona rural. En consecuencia, el proceso de selección
no podía recaer sobre los cargos ubicados en el casco urbano del ente territorial.
6. Que se vulneró el derecho de las víctimas a ser reparadas integralmente a
través de la prestación de servicios a cargo de la entidad territorial, porque en
ninguno de los empleos ofertados se incluyeron funciones relacionadas con
atención a las víctimas y mejora de las condiciones sociales.
7. Que no fue realizada la consulta previa de carácter especial como lo exige el
artículo 6.3.2 literal a) del Acuerdo Final y el Convenio 169 de 1989. En efecto, la
norma obliga a que en los municipios priorizados PDET donde existe presencia de
grupos étnicos como el caso de Valledupar, debe aplicarse este mecanismo de
carácter especial, deber que no atendió la convocatoria.
8. Agregó que es un hecho notorio que el ente territorial tiene asentamientos de
grupos indígenas y, por tanto, les asiste el derecho a ser consultados. Igualmente,
se advierte la presencia de asociaciones, comunidades negras, raizales y
palenqueras, una de ellas denominada Los Cardonales que fue sujeto de reparación
colectiva en el año 2018 por la Unidad de Atención para las Víctimas.
9. Que el señor Álvaro Corzo Luquez, quien actuó como delegado del municipio
de Valledupar para llevar a cabo el proceso de selección, es un técnico operativo
de la Secretaría de Hacienda, tal como lo certificó la Oficina de Talento Humano. En
este sentido, es claro que el mencionado empleado carece de calidades y atributos
jurídicos para adelantar las funciones que realizó, pues, conforme a la prueba
documental aportada no fue delegado, comisionado o encargado de esas funciones.
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10. Que no se cumplió el deber de publicar el certamen a través de medios
electrónicos y de amplia circulación en la región tal como lo exige, entre otros, el
artículo 2.2.36.3.2 (numeral 7) del Decreto 1083 de 2015. Que esta omisión además
de vulnerar principios constitucionales y de la función pública, se acreditó con las
pruebas documentales aportadas.
11. Que el proceso de selección no previó acciones afirmativas para las personas
en condiciones de debilidad manifiesta como padres o madres cabeza de familia,
prepensionados, en condición de discapacidad, personas con enfermedades
catastróficas o degenerativas, o familiares en esta última condición que dependan
económicamente de los agremiados en la organización sindical.
12. Manifestó que el derecho de asociación fue vulnerado, porque, varios de los
integrantes del sindicato demandante obtuvieron resultados precarios en las
pruebas de conocimiento al haber sido obligados a participar en estado de
convalecencia. Que esta transgresión también se predica de la ausencia de
acciones afirmativas en favor de las personas en condiciones especiales lo cual
causó zozobra a un número de integrantes del sindicato.
13. Que el señor Albeiro Calderón Rodríguez quien para la época de la
expedición del acto se desempeñaba como comisario segundo de familia, código
202, grado 03 le impidieron realizar la prueba de conocimiento y competencias, pues
la ESAP afirmó que no estaba inscrito, lo cual es falso, pues realizó la inscripción a
través de la plataforma SIMO. Agregó que la lista de elegibles amenaza los empleos
de los integrantes del sindicato, quienes en su gran mayoría se encuentran ubicados
en cargos en provisionalidad.
14. Que el Decreto 1293 de 2018 que adoptó el manual específico de funciones
y competencias laborales (en adelante MEFCL) sobre el cual se surtió la
convocatoria, se expidió con desconocimiento de las facultades constitucionales
reguladas en el artículo 313 (numeral 6) atribuidas al Concejo Municipal de
Valledupar. Tampoco fue socializado con las organizaciones sociales y mucho
menos se realizaron las modificaciones para atender a la población asentada en la
zona rural del municipio de Valledupar compuesta por 25 corregimientos.
15. El 30 de enero de 2024 se admitió la demanda, y se corrió traslado de la
solicitud de medida cautelar, la cual fue resuelta por auto del 20 de junio de 2024.
Notificado el medio de control, las entidades demandadas se pronunciaron de la
siguiente manera.
16. Comisión Nacional del Servicio Civil2. Manifestó que el acuerdo
demandado y su modificatorio no se encuentran afectados por vicio de nulidad
2 Índice 27, ibid.
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alguno, pues fueron expedidos en uso de las facultades constitucionales y legales
conferidas por el ordenamiento jurídico. Que adelantó de manera coordinada con el
municipio de Valledupar, la etapa de planeación del proceso de selección, y de
acuerdo con la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) reportada por dicho
ente territorial.
17. Afirmó que, si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1754
de 2020, las entidades debían efectuar los nombramientos en periodo de prueba,
pues esta etapa no fue suspendida con ocasión de la emergencia sanitaria, y, en
todo caso, la nulidad decretada surtió efectos hacia futuro. Agregó que finalizado el
certamen se expidieron las correspondientes listas de elegibles respecto de los
empleos ofertados, por lo que existen situaciones jurídicas consolidadas.
18. Que las entidades regidas por los sistemas de carrera que administra y vigila
la CNSC tiene la obligación de reportar todos los empleos que se encuentren en
vacancia definitiva, independientemente que estén provistos de manera transitoria,
mediante encargo o en provisionalidad con una persona en calidad de
prepensionado u otra condición especial. De ahí, que los nombramientos en
provisionalidad cuentan con una estabilidad laboral precaria que debe ceder ante el
mérito.
19. Formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa en la expedición
del MEFCL; ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, legalidad de
los actos administrativos; presunción de legalidad y buena fe.
20. El municipio de Valledupar no contestó la demanda.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
21. El 29 de octubre de 2024 se declaró no probada la excepción de ineptitud de
la demanda por falta de requisitos formales propuesta por la CNSC. Por auto del 26
de febrero de 2025 se evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada en los
términos del artículo 182A del CPACA, se prescindió de la audiencia inicial prevista
en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, se decretaron las pruebas y se fijó el
correspondiente litigio. El 26 de marzo de 2025 se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
22. La parte demandante3. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y
añadió que de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se
acreditaron todos los cargos de nulidad, por lo que se debe acceder a las
pretensiones.
3 Índice 53 ibid.
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23. El municipio de Valledupar4. Que las aseveraciones realizadas por la parte
actora en cuanto a que varios de los participantes fueron obligados a presentar las
pruebas bajo graves condiciones de salud carecen de sustento, y, en todo caso son
situaciones particulares ajenas al medio de control invocado.
24. La CNSC5. Insistió en los razonamientos referidos en la contestación de la
demanda.
25. El Ministerio Público6. La Procuraduría Delegada de Intervención 7
Segunda ante el Consejo de Estado, luego de realizar una síntesis de lo discurrido
en el proceso, solicitó negar las pretensiones de la demanda, pues los cargos de
publicidad y comunicación son actuaciones posteriores que no comprometen la
validez del acto demandado; sin embargo, la CNSC indicó que se surtieron las fases
de divulgación. Agregó que la publicación por parte del ente territorial no era
procedente porque el acto no fue expedido por aquel.
26. Que el acuerdo de convocatoria tuvo como fundamento el Decreto 1038 de
2018 que, entre otros, establece requisitos de ingreso, selección, capacitación y
estímulos para los empleados de los municipios priorizados; así como la
competencia de la CNSC para llevar a cabo el proceso de selección, motivo por el
cual, no se advierte falsa motivación ni falta ausencia de esta como lo señaló la
parte demandante.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Del objeto de pronunciamiento
27. La parte actora cuestionó que el municipio de Valledupar no socializó con las
organizaciones sindicales el MEFCL y que omitió el trámite previo a su expedición,
esto es, las facultades que debió conferir el Concejo Municipal de Valledupar al
alcalde del ente territorial.
28. Al respecto, se advierte que estos cargos no serán objeto de
pronunciamiento, pues en este proceso no se demandó el MEFCL del municipio de
Valledupar, sino los actos que convocaron y regularon el proceso de selección 894
de 2018.
29. Es pertinente anotar, que lo relevante en el proceso de selección es la Oferta
Pública de Empleos de Carrera (OPEC), mediante la cual las entidades beneficiarias
4 Índice 55 ibid.
5 Índice 63 ibid.
6 Índice 62 ibid.
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le comunican al ente responsable de la elaboración del concurso, las plazas que se
encuentran vacantes definitivamente, con la identificación detallada de los empleos
a proveer, la descripción de su contenido funcional y el perfil de competencias
necesarias para ocupar los cargos, buscando que estos sean provistos a través del
respectivo certamen.
30. En este sentido, los cargos de nulidad formulados no controvierten en estricto
sentido a la convocatoria ni a sus requisitos de existencia, validez, eficacia u
oponibilidad.
De la excepción propuesta
31. La Comisión Nacional del Servicio Civil formuló la excepción de falta de
legitimación por pasiva. Esta figura jurídica hace referencia a la posibilidad que
tienen las partes de proponer o controvertir las pretensiones planteadas en la
demanda, al ser sujetos procesales con interés, por activa, en el caso de la parte
demandante, o pasiva, en el de la demandada, en la relación jurídico sustancial que
se ventila en el proceso. Se ha explicado que la legitimación en la causa se puede
abordar desde dos perspectivas7.
32. a) De hecho. Se configura una vez se traba la litis con la notificación del auto
admisorio de la demanda y permite a los sujetos actuar dentro del proceso para
ejercer su defensa; y b) material. Se predica de la efectiva titularidad del derecho
reclamado (por activa) y, por pasiva, de quien tiene a su cargo la obligación, es
decir, que concierne a la posibilidad de que la pretensión salga avante y que sea
quien deba responder por las resultas del proceso.
33. La CNSC manifestó que los reproches de la demanda están dirigidos al
manual de funciones, asunto sobre el cual no tiene competencia. Al respecto, si bien
es dable afirmar que la parte actora endilgó varios cargos en contra del Decreto
1293 de 2018, los actos demandados son los acuerdos que convocaron el proceso
de selección 894 de 2018 expedidos por la CNSC, y, en todo caso, existe conexidad
entre el acuerdo de convocatoria y el acto que actualizó y ajustó el mencionado
manual.
34. Lo anterior, por cuanto, como se explicó anteriormente el MEFCL fue el
insumo para desarrollar la etapa de planeación del concurso, pues la convocatoria
se surtió con base en la OPEC reportada por el municipio de Valledupar, situación
que condujo a que la CNSC estimara el documento idóneo para estructurar el
certamen. En consecuencia, no prospera la excepción propuesta.
7 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 5 de abril de 2018. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En: Sección Primera. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Exp. 05001-23-31-000-2008-00576-01. C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez.
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Asunto por resolver
35. Se deberá determinar si el Acuerdo 2018000008206 del 7 de diciembre de
2018, modificado por el Acuerdo 37 de 2020 deben declararse nulos al haber sido
expedidos de forma irregular por vulnerar el ordenamiento constitucional y legal.
El régimen de la carrera administrativa
36. El artículo 125 constitucional prevé el principio del mérito a través del sistema
de carrera, último que se establece como la regla general del empleo público, con
excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. De igual manera, esta
norma dispone que todo tipo de cargo cuyo nombramiento no se encuentre regulado
en la Constitución o en la ley debe hacerse mediante concurso público.
37. La Ley 909 de 20048, en su artículo 27, definió la carrera administrativa como
un sistema técnico de administración de personal en el que el ingreso, la
permanencia y el ascenso deben obedecer íntegramente al mérito, lo que se logra
a través de procesos de selección objetivos.
38. Así, el mérito es un principio que, por disposición del constituyente y del
legislador, se encuentra inserto en la esencia misma de los empleos de carrera,
emergiendo como una de las formas en las que se proyecta la satisfacción de las
necesidades del servicio y de los intereses de la comunidad pues, el hecho de que
las calidades intelectuales, académicas y laborales aparezcan como criterios
inherentes en su provisión, se encuentra tanto a favor de los empleados como en
beneficio del Estado.
39. En lo que respecta al presente asunto, se encuentra que el Decreto Ley 894
de 20179 introdujo algunas modificaciones para el ingreso al sistema de carrera
administrativa en los denominados «municipios priorizados».
40. Con ocasión de la suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante el Acuerdo
Final), se expidió el Decreto Ley 893 de 2017 mediante el cual se crearon
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET con miras a cumplir los
compromisos pactados.
41. En efecto, en el artículo 3 se dispuso que se desarrollarían 16 PDET, en 170
municipios, dentro de los cuales se incluyó el municipio de Valledupar, el cual se
marcó con un asterisco (*). Al respecto, la norma prevé que «los municipios
8
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones». Modificada por el artículo 4 Ley 2418 de 2024.
9 «Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la implementación
y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera».
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marcados con asterisco serán atendidos únicamente en su zona rural».
42. Igualmente, el legislador extraordinario a través del Decreto 894 de 2017,
facultó a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que, en coordinación con las
entidades territoriales, elabore y ejecute procesos de selección objetivos con
criterios diferenciales, que tengan en cuenta las particularidades de la población en
sus dimensiones «económicas, sociales, educativas y culturales», como parte de
los planes y programas de implementación del acuerdo de paz, para el ingreso por
mérito al empleo público en los municipios priorizados.
43. Con fundamento en lo anterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1038
de 2018 y adicionó el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con los requisitos
para el ingreso a los empleos de los municipios priorizados.
De la publicación de los acuerdos de convocatoria en los municipios
priorizados
44. Para la parte demandante el proceso de selección es nulo porque el proceso
no se publicó en un diario de amplia circulación de conformidad con los artículos 33
de la Ley 909 de 2004 y 2.2.36.3.2 (numeral 7) del Decreto 1083 de 2015. Esta
circunstancia, vulneró los principios de confianza legítima y buena fe, así como los
que rigen la función pública.
45. El artículo 28 de la Ley 909 de 200410 define el principio de publicidad como
«la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que permitan ser
conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales». En similar sentido, el
artículo 33 de la misma disposición, señala que la página web de cada entidad
pública, del DAFP y de las entidades contratadas, será el medio preferente de
publicación de todos los actos, decisiones y actuaciones relacionadas con los
concursos.
46. Al respecto se destaca que, si bien esta Sección11 ha precisado que la
publicidad es un elemento de la eficacia y no de la validez de los actos
administrativos, en reciente providencia esta Sala consideró que dicha postura
debía ser reexaminada en materia de concursos de méritos para la provisión de
empleos oficiales, pues para éstos la publicidad de la convocatoria resulta
indispensable y esencial de cara a la efectividad del derecho constitucional a la
participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, teniendo en
cuenta que una de las formas en que se ejerce dicho derecho es a través del acceso
«al desempeño de funciones y cargos públicos»12.
10 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
se dictan otras disposiciones».
11
Al respecto ver, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 13 de octubre de 2016.
Exp. 68001-23-31-000-2008-00129-01(4357-13); y del 3 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-01551-
00 (5060-18) y del 30 de abril de 2020. Exp. 11001-03-25-000- 2014-00675-00 (2084-14).
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2026. Exp.
11001032500020210025700 (1501-2021). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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47. Esta consideración es aún más importante en el caso bajo estudio, pues para
los municipios priorizados, el artículo 2.2.36.3.2 del Decreto 1083 de 2015
adicionado por el Decreto 1038 de 201813, establece que la convocatoria deberá
tener amplia divulgación, no solo por medios virtuales, sino en periódicos de
circulación local y cualquier otro mecanismo que permita atraer e inscribir el
mayor número de aspirantes.
48. De esta manera, la divulgación del proceso de selección no solo garantiza la
libre concurrencia, igualdad, transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia,
confiabilidad y mérito que orientan los concursos públicos; sino que al preverse que
se realice en un medio de amplia circulación, tiene la finalidad de que en estos
municipios de difícil acceso a las tecnologías, ausencia del Estado y afectados por
el conflicto armado, la CNSC lleve a cabo los procesos de selección de manera
objetiva e imparcial con un enfoque diferencial14, que tenga en cuenta las
particularidades económicas, sociales, educativas y culturales de la población.
49. En efecto, la adecuada divulgación de la convocatoria permite lograr el
principio del mérito, ya que su publicación se traduce en el reclutamiento de un
mayor número de aspirantes que, en igualdad de condiciones, presenten las
diferentes pruebas previstas en los procesos de selección para proveer los empleos
oficiales con quienes ocupen los primeros lugares en las listas de elegibles.
50. Con la contestación de la demanda la CNSC solo aportó como pruebas los
actos demandados, la guía del aspirante, y el protocolo de bioseguridad para
efectos del certamen; sin embargo, la Sala echa de menos el correspondiente
soporte documental que dé cuenta del cumplimiento de la divulgación de la
convocatoria y su modificatorio en un medio de circulación local, además de la
publicación virtual.
51. Por el contrario, con la demanda se aportó Oficio AM-SGM-CI-03 del 25 de
enero de 2023, mediante el cual la Oficina de Sistemas Municipal de Valledupar
hizo constar que no se encontró remisión alguna por parte de la Secretaría de
Talento Humano en donde se solicite la publicación del acuerdo de convocatoria del
proceso de selección 894 de 201815.
13 «Por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo
relacionado con los requisitos de ingreso, selección, capacitación y estímulos para los empleos de los municipios
priorizados en el Decreto-ley 893 de 2017».
14
La Corte Constitucional, en sentencia T-010 de 2015 señaló que el enfoque diferencial es un desarrollo del
principio de igualdad, en tanto trata diferencialmente a sujetos desiguales, buscando proteger a las personas
que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, de manera que se logre una
verdadera igualdad real y efectiva, con los principios de equidad, participación social e inclusión.
15 Archivo pdf índice 3 Samai.
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52. Revisada la página de la CNSC, se encuentra que la convocatoria inició su
etapa de inscripciones el 16 de marzo de 2020,16 la cual estuvo aplazada desde el
25 de marzo del mismo año hasta el 3 de enero de 2021 con ocasión de la
Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno nacional y según lo dispuesto en
el artículo 14 del Decreto 491 de 2020. Sin embargo, en virtud del Decreto 1754 de
2020, el 4 de enero de 2021 se reactivó dicha etapa hasta el 20 de febrero de 2021,
día de cierre para las inscripciones.17. Mediante Acuerdo 37 de 2020 se modificó la
convocatoria, respecto de los cargos a proveer de 103 a 114, y el número de
vacantes de 305 a 310.
53. Al respecto, se observa que los acuerdos enjuiciados y cada una de sus
etapas del proceso de selección fueron divulgados únicamente en la página web de
la CNSC tal como lo dispuso el artículo 60 del Acuerdo 2018000008206 del 7 de
diciembre de 201818. Así las cosas, resulta evidente que la actuación administrativa
demandada vulneró el artículo 2.2.36.3.2 (numeral 7) del Decreto 1083 de 2015.
54. En este sentido, la inadecuada publicación de los acuerdos demandados
constituyó una irregularidad insubsanable que vicia de nulidad integralmente el
certamen, por lo que se declarará su nulidad. Por sustracción de materia, la Sala se
relevará de estudiar los demás cargos formulados.
55. Igualmente, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación19, la
declaratoria de nulidad solo puede afectar situaciones jurídicas no consolidadas.
Condena en costas
56. El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá
condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace
referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al
abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor
de un sujeto determinado.
57. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue presentada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general al
16https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/municipios-pdet-priorizados-para-el-
posconflicto?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=64
17 Ibdi.
18 Si bien el artículo 12 de dicho acto dispuso que el municipio de Valledupar divulgaría la convocatoria, lo cierto
es que ello tampoco se probó, por el contrario, se allegó medio de convicción que señala que no se cumplió la
obligación legal señalada.
19 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Subsecciones A y B: i) del 12 de junio de 2025. Exp.
11001-03-25-000-2021-00468-00 (2277-2021); ii) del 4 de julio de 2019. Exp. 11001-03-25-000-2013-00369-00
(0793-2013); iii) del 27 de abril de 2017. Exp. 11001-03-25-000-2013-01087-00 (2512-2013). Asimismo, puede
verse la Sentencia T-121 de 2016, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00203-00 (2380-2023)
abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra los
actos administrativos demandados que debieron ser analizados tanto al decidir la
medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR la nulidad de los Acuerdos 2018000008206 del 7 de
diciembre de 2018 y 37 del 27 de febrero de 2020, expedidos por la Comisión
Nacional del Servicio Civil; según las consideraciones expuestas.
Segundo. La anterior declaración de nulidad solo puede afectar situaciones
jurídicas no consolidadas.
Tercero. SIN CONDENA en costas.
Cuarto. Reconocer personería al abogado Braulio Julio Sánchez Mosquera
identificado con cédula de ciudadanía 1.026.257.041 y portador de la tarjeta
profesional 198.367 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la
CNSC, según poder a él conferido (índice 63 Samai).
Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, REALIZAR
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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