Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00257-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00257-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00257-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020210025700 (1501-2021)
Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado
(SUNET)-Subdirectiva Departamental del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina
Demandado: Nación - Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Temas: Concurso de méritos
Decisión: Accede a pretensiones
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado
(SUNET)-Subdirectiva Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina contra la Nación-Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el Sindicato SUNET), actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda en orden a que se anulen los siguientes actos: i) Acuerdo CNSC-
20191000001636 del 4 de marzo de 2019, «por el cual convoca y se establecen las
reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la planta
de personal de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina-Convocatoria No. 1110 de 2019-Territorial 2019»; ii) Acuerdo CNSC-
20191000008226 del 19 de julio de 2019, que modificó el artículo 23 del anterior
acto; iii) Acuerdo CNSC-20191000009106 del 19 de noviembre de 2019, que
modificó los artículos 1, 2 y 7 del Acuerdo No 20191000001636; y iv) CNSC-
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.
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Radicado: 11001032500020210025700 (1501-2021)
Demandante: SUNET
20191000009376 del 5 de diciembre de 2019, que modificó nuevamente los
aludidos artículos.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3.El demandante alegó que los actos opugnados vulneraron los artículos 29 y 53
de la Constitución Política; las Leyes 1567 de 1998, 47 de 2003, 909 de 2004, 1437
de 2011 y 1960 de 2019; el Decreto Ley 785 de 2005; y los Decretos 2762 de 1991,
0429 y 6429 de 2018.
4.Al desarrollar el concepto de violación, el accionante planteó los siguientes
cargos:
i) La CNSC omitió publicar los actos demandados en el idioma inglés
comúnmente hablado en el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, esto es, creole. Tal situación desconoció los
artículos 42, 44 y 45 de la Ley 47 de 1993 e impidió a los raizales y nativos del
territorio insular conocer el contenido de la convocatoria y sus actos posteriores.
ii) La OPEC2 exigió experiencia profesional, pero el Decreto 429 de 2018, que
contiene el MEFCL3 del ente territorial, únicamente se refirió a experiencia; por lo
tanto, el jefe de personal y la CNSC modificaron el MEFCL sin competencia y con
violación al debido proceso.
iii) La modificación de la OPEC ocurrió el 5 de diciembre de 2019, es decir, 8
meses después de la publicación del acuerdo (4 de marzo de 2019).
iv) Los actos enjuiciados omitieron ofertar cargos en curso de ascenso,
conforme lo prevé la Ley 1960 de 2019.
v) Conforme al artículo 42 de la Ley 47 de 1993, el idioma inglés comúnmente
hablado en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina no es un requisito habilitante para participar en un proceso de selección,
sino «una competencia debidamente evaluada y comprobada con criterios de
capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante».
1.2. Contestación de la demanda
5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, en razón a que los actos
administrativos enjuiciados se expidieron con base en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes al momento de su expedición, se motivaron y
fueron proferidos por la autoridad competente.
2 Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa.
3 Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
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Demandante: SUNET
6. El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por los siguientes motivos:
i) Se proponen las siguientes excepciones: a) ineptitud de la demanda; b) falta
de legitimación en la causa por pasiva; c) falta de poder para demandar; y d)
carencia de elementos probatorios.
ii) La demanda carece de argumentos que refuten si la categoría de experiencia
en el MEFCL con el que se confeccionó la OPEC desconoció los criterios de
funcionalidad y cargas de trabajo o si fueron privilegiadas determinadas
personas.
II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
7. Por auto del 10 de agosto de 2023, se admitió la demanda.
8.A través de providencia del 22 de julio de 2024, se negó la solicitud de medida
cautelar presentada por el actor.
9. Mediante auto del 25 de julio de 2025, el despacho evidenció la posibilidad de
emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) negar las excepciones de ineptitud de la
demanda y falta de poder para demandar; b) diferir para el momento de dictar la
sentencia correspondiente, la resolución de la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva, propuesta por el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina; c) prescindir de la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 ibidem; d) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; e) fijar el
litigio; f) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos
de conclusión y concepto, respectivamente.
2.2. Alegatos de conclusión
10. La CNSC y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
reiteraron los argumentos expuestos al contestar la demanda. La parte actora
guardó silencio en esta etapa procesal.
2.3. Ministerio Público
11. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
12. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
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Demandante: SUNET
III. CONSIDERACIONES
3.1. Cuestión previa - Falta de legitimación en la causa
13. Mediante auto del 25 de julio de 2025, el despacho ponente difirió para el
momento de dictar sentencia la resolución de la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, propuesta por el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
14. Al respecto, la entidad territorial aseguró que no expidió los actos administrativos
enjuiciados y en esa medida no debía continuar interviniendo en el proceso.
15. Ahora bien, la legitimación en la causa se ha entendido como el vínculo de los
sujetos procesales frente a la pretensión, es decir, que concierne a la posibilidad de
formular u oponerse a las pretensiones de la demanda, según se trate del sujeto
activo o pasivo «con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el
proceso».4
16. En este caso se encuentra acreditado que el concurso de méritos demandado se
dirigió a proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema
general de carrera administrativa de la planta de personal del departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
17. Por lo tanto, la entidad es la legitimada en la causa por pasiva para ejercer la
defensa en el presente proceso, ya que, fue la destinataria del concurso y en la
parte considerativa del Acuerdo CNSC-20191000001636 del 4 de marzo de 2019
se indicó que aquella participó en la planeación y configuración de la convocatoria.
18. En los anteriores términos, se resuelve desfavorablemente la excepción de falta
de legitimación en la causa formulada por el aludido ente territorial.
3.2. Problema jurídico
19. Lecorresponde a la Sala determinar si los actos acusados quebrantaron el
ordenamiento superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por el
accionante.
3.3. Texto de los actos demandados
20. Es preciso aclarar que no se transcribirán integralmente los actos enjuiciados en
razón a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes
relevantes al sub lite, cuyo tenor es el siguiente:
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 25 de septiembre de 2013, radicado: 25000 23 26 000
1997 5033 01 (20.420).
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Demandante: SUNET
ACUERDO No. CNSC -20191000001636 DEL 04-03-2019
"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por
mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACIÓN
DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -
Convocatoria No. 1110 de 2019 - TERRITORIAL 2019”
[…]
ACUERDA:
[…]
ARTÍCULO 1°.- CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para proveer
de manera definitiva ciento treinta y un (131) empleos con doscientas treinta y
site (237) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de
la planta de personal de la GOBERNACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, que se identificará como "Convocatoria No.
1110 de 2019 - TERRITORIAL 2019".
[…]
ARTÍCULO 7º.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera -OPEC- que se convocan para este proceso de
selección son:
Nivel Denominación Código Grado Número de empleos Número de vacantes
Profesional […] […] […] […] […]
Técnico […] […] […] […] […]
Asistencial […] […] […] […] […]
Total 131 237
[…]
ARTÍCULO 8°. DIVULGACIÓN. El Acuerdo de la presente Convocatoria se divulgará
en el sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO y en el sitio web de la entidad objeto
del proceso de selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de
2004 y el artículo 44 de la Ley 47 de 1993, a partir de la fecha que establezca la
CNSC, y permanecerá publicada durante el desarrollo de la misma.
[…]
ACUERDO No. CNSC - 20191000008226 DEL 19-07-2019
“Por el cual se modifica el artículo 23° del Acuerdo No. 20191000001636 del 04 de
marzo de 2019, de la GOBERNACIÓN DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA, en el marco del proceso de selección adelantado a través de la
Convocatoria No. 1110 de 2019 - TERRITORIAL 2019"
[…]
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el artículo 23° del Acuerdo No. 20191000001636
del 04 de marzo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo, el cual quedará así:
ARTÍCULO 23°.- CIUDADES DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas
previstas para el presente proceso, serán aplicadas únicamente en las ciudades de:
MEDELLÍN (Antioquia), PUERTO NARE (Antioquia), YARUMAL (Antioquia),
ARAUCA (Arauca), TAME (Arauca), YOPAL (Casanare), VILLANUEVA (Casanare),
PAZ DE ARIPORO (Casanare), POPAYÁN (Cauca), GUAPI (Cauca), EL BORDO
PATIA (Cauca), MONTERÍA (Córdoba), LORICA (Córdoba), INIRIDA (Guainía), SAN
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Radicado: 11001032500020210025700 (1501-2021)
Demandante: SUNET
ANDRÉS (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), SINCELEJO
(Sucre), SAN MARCOS (Sucre), QUIBDÓ (Chocó), BAHÍA SOLANO (Chocó),
ISTMINA (Chocó), MOCOA (Putumayo), SIBUNDOY (Putumayo) y PUERTO ASIS
(Putumayo)
ACUERDO No. CNSC - 20191000009106 DEL 19-11-2019
[…]
ACUERDA:
ARTICULO 1°.- Modificar el artículo 1° del Acuerdo No. 20191000001636 del 04 de
marzo de 2019, el cual quedara así:
ARTÍCULO 1°.- CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para proveer
de manera definitiva de ciento treinta y siete (137) empleos con doscientas
cuarenta y tres (243) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACION DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, que se identificará como "Convocatoria No.
1110 de 2019 – TERRITORIAL 2019.
[…]
ARTICULO 3°.- Modificar el artículo 7° del Acuerdo No. 20191000001636 del 04 de
marzo de 2019, el cual quedara así:
ARTÍCULO 7º.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta
Pública Empleos de Carrera -OPEC-, que se convocan para este proceso de
selección son:
Nombre Empleos Vacantes
Entidad
Gobernación Asesor Asistencial Profesional Técnico Total Asesor Asistencial Profesional Técnico Total
de San 0 38 75 24 137 0 102 83 58 243
Andrés,
Providencia y
Santa
Catalina
ACUERDO No. CNSC - 20191000009376 DEL 05-12-2019
[…]
ACUERDA:
ARTICULO 1°.- Modificar el artículo 1° del Acuerdo No. 20191000001636 del 04 de
marzo de 2019, el cual quedara así:
ARTICULO 1°.- CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para
proveer de manera definitiva ciento cuarenta y un (141) empleos con doscientas
cuarenta y siete (247) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACION DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, que se identificara como "Convocatoria No.
1110 de 2019 - TERRITORIAL 2019.
[…]
ARTICULO 3°.- Modificar el artículo 7° del Acuerdo No. 20191000001636 del 04 de
marzo de 2019, el cual quedara así:
Nombre Empleos Vacantes
Entidad
Asesor Asistencial Profesional Técnico Total Asesor Asistencial Profesional Técnico Total
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Radicado: 11001032500020210025700 (1501-2021)
Demandante: SUNET
Gobernación 0 38 79 24 141 0 102 87 58 247
de San
Andrés,
Providencia y
Santa
Catalina
[…]
3.4. Generalidades del sistema de carrera administrativa
21. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
22. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.
23. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.
3.5. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad
24. El actor indicó que la CNSC omitió publicar los actos demandados en el idioma
inglés comúnmente hablado en el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, esto es Creole o Kriol. Tal situación desconoció los
artículos 42, 44 y 45 de la Ley 47 de 1993 e impidió a los raizales y nativos del
territorio insular conocer el contenido de la convocatoria y sus actos posteriores.
25. Al respecto, el artículo 42 de la Ley 47 de 1993 preceptuó que «son oficiales en
el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el
castellano y el inglés comúnmente hablado por las comunidades nativas del
Archipiélago».
26. El artículo 44 ibidem determinó que «todas las leyes, decretos, resoluciones,
ordenanzas, acuerdos, circulares e informaciones al público, relacionados con el
departamento, emanadas de las entidades públicas del orden nacional,
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departamental o municipal, deberán ser publicados en los idiomas, castellano e
inglés».
27. A su turno, el artículo 45 5 ibidem dispuso que «los empleados Públicos que
ejerzan sus funciones dentro del territorio del Departamento Archipiélago y tengan
relación directa con el público, deberán hablar los idiomas castellano e inglés».
28. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-086 de 1994, declaró exequible
el artículo 42 de la Ley 47 de 1993, teniendo en cuenta que la población raizal es
un grupo étnico perfectamente definido, como lo evidencian su aspecto físico, sus
costumbres, su idioma y su pertenencia mayoritaria al protestantismo. De ahí que
no podía obligarse a los isleños a abandonar su lengua, pues conformaba su
herencia cultural.
29. Asimismo, la Sentencia T-599 de 2016 expresó que hacen parte de las
características identitarias del pueblo raizal la mixtura de la composición
demográfica, con ancestro indígena, afro y europeo, especialmente británico; la
religión protestante (principalmente bautista); el idioma inglés y el creole local; las
bajas tasas de analfabetismo y su hermandad con las islas de las Antillas.
30. Además, a partir del análisis conjunto de los artículos 42 y 45 de la Ley 47 de
1993, la Sentencia C-530 de 1996 concluyó que una de las características del
pueblo raizal es su relación con el idioma inglés, por lo que era lógico exigir el
conocimiento de esa lengua a quienes ocupaban cargos en la isla.
31. En este contexto, la Ley 47 de 1993 estableció acciones afirmativas de protección
a la población raizal, a saber: i) determinó que los idiomas oficiales del
departamento de San Andrés son el castellano y el inglés comúnmente hablado; ii)
implementó el deber de publicar las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas,
acuerdos, circulares e informaciones al público en los idiomas castellano e inglés; y
iii) garantizó que la población pudiera recibir una atención en los idiomas castellano
e inglés por parte de los empleados públicos.
32. Descendiendo al caso concreto, y conforme a las pruebas aportadas al plenario
y la información que reposa en la página web de la CNSC,6 se encuentra acreditado
que: i) el acuerdo de convocatoria demandado fue publicado en los idiomas
castellano e inglés; ii) los tres acuerdos modificatorios de la convocatoria fueron
publicados solamente en idioma castellano.
5
El artículo 45 de la legislación señaló que «todas las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos,
circulares e informaciones al público, relacionados con el departamento, emanadas de las entidades públicas
del orden nacional, departamental o municipal, deberán ser publicados en los idiomas, castellano e inglés».
6 Consultado el 23 de febrero de 2026 en el siguiente enlace: https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/990-1131-
1135-1136-1306-1332-de-2019-proceso-de-seleccion-territorial-
2019?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65
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33. Así las cosas, resulta evidente que la actuación administrativa enjuiciada vulneró
la Ley 47 de 1993, pues desconoció el deber de publicar los acuerdos modificatorios
de la convocatoria en los idiomas castellano e inglés.
34. Es pertinente anotar que, en anteriores oportunidades esta Subsección había
expresado que la publicidad es un elemento de la eficacia y no de la validez de los
actos administrativos. De ahí que «su ausencia o las irregularidades que se lleguen
a cometer en ese sentido no vician de nulidad el acto administrativo sino que
conducen a su ineficacia o inoponibilidad».7
35. Sin embargo, la Sala considera que dicha postura debe ser reexaminada en
materia de concursos de méritos para la provisión de empleos oficiales, pues para
éstos la publicidad de la convocatoria resulta indispensable y esencial de cara a la
efectividad del derecho constitucional a la participación en la conformación, ejercicio
y control del poder político, teniendo en cuenta que una de las formas en que se
ejerce dicho derecho es a través del acceso «al desempeño de funciones y cargos
públicos».
36. Asimismo, la adecuada divulgación de la convocatoria permite lograr el principio
del mérito, ya que su publicación se traduce en el reclutamiento de un mayor número
de aspirantes que, en igualdad de condiciones, presenten las diferentes pruebas
previstas en los procesos de selección para proveer los empleos oficiales con
quienes ocupen los primeros lugares en las listas de elegibles.
37. De esta manera, la correcta publicación de la convocatoria es un presupuesto
para la libre concurrencia, igualdad, transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia,
confiabilidad y mérito que orientan los concursos públicos.
38. Este criterio es consonante con la Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, ya que la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y
obliga tanto a la administración, como a los participantes. Por lo que sus
modificaciones deben ser «plenamente publicitadas a los aspirantes para que, de
esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la convocatoria para
proveer los cargos de carrera administrativa». 8 Estas medidas confieren orden y
certeza a las etapas del proceso de selección.
39. En similar sentido, esta corporación ha expresado que «las modificaciones a las
reglas de la convocatoria sí son posibles, siempre y cuando se hagan en
condiciones de objetividad, igualdad y transparencia, respetando el debido proceso
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2020, radicado: 11001-03-
25-000-2014-00675-00 (2084-14).
8 Sentencia T- 682 de 2016.
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de todos los interesados, sin afectar las expectativas o derechos de los
involucrados».9
40. Así las cosas, la publicidad de las convocatorias en los concursos de méritos
materializa los postulados de la democracia participativa, en tanto garantiza la
efectiva intervención de la ciudadanía, pues si la población está debida y
suficientemente enterada de la existencia del certamen, cualquier persona que
cumpla los requisitos y condiciones para ejercer los empleos ofertados podrá tomar
parte en el respectivo proceso de selección.
41. Entonces, la publicidad, transparencia y formalización del proceso de selección
incentivan la participación ciudadana, permiten un control ciudadano y efectivizan el
principio del mérito en la provisión de los empleos públicos. Es por ello, que la
Sección Quinta del Consejo de Estado ha enfatizado en las consecuencias
anulatorias que pueden provenir del desconocimiento de los términos vinculantes
de la convocatoria y de las falencias en su publicidad.10
42. Bajo esta línea de intelección, la inadecuada publicación de los tres acuerdos
modificatorios de la convocatoria enjuiciada constituyó una irregularidad
insubsanable que vicia de nulidad integralmente el certamen, pues las
modificaciones se realizaron sobre aspectos medulares del proceso de selección.
43. En efecto, mediante los acuerdos modificatorios se introdujeron ajustes relativos
a las ciudades de aplicación de las pruebas, así como a la OPEC, específicamente
en los niveles de los empleos ofertados y el número de vacantes.
44. Es pertinente recordar que la OPEC es un elemento indispensable para impulsar
los concursos, pues «la información que se consolida en la oferta es la que permite
conocer cuáles son los perfiles requeridos para los empleos por proveer mediante
el concurso de méritos. De esta manera, si no se contara con ella, el certamen no
podría llevarse a cabo».11
45. En tal sentido, esta Subsección ha enfatizado en la importancia de la OPEC en
los siguientes términos:12
El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para elaborar
la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la OPEC
definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema del
mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2019, radicado 11001-03-28-000-2018-
00602-00.
10
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de octubre de 2025, radicado 25000-23-41-000-2024-
01030-02 (principal) y 25000-23-41-000-2024-00772-00 (acumulado).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-
03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
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Radicado: 11001032500020210025700 (1501-2021)
Demandante: SUNET
dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria.13
Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña la
convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas.14
46. Así las cosas, las modificaciones efectuadas a la convocatoria encaminada a
proveer por el sistema del mérito los empleos vacantes de la Gobernación del
Archipiélago de San Andrés, eran esenciales para dar continuidad al certamen y
dotar de transparencia el proceso de selección, por ende, los actos modificatorios
estaban llamados a seguir la regla prevista en el artículo 44 de la Ley 47 de 1993,
esto es, que debían publicarse en los idiomas castellano e inglés, pero como solo
fueron divulgados en el primer idioma se impone declarar la nulidad del certamen.
47. Igualmente, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación,15 en virtud de la
facultad de la Sala para modular los efectos en el tiempo de sus decisiones, la
declaratoria de nulidad únicamente tendrá efectos a partir de la fecha de ejecutoria
de la decisión y en adelante, de manera que se mantengan a salvo las situaciones
jurídicas consolidadas.
48. Comoquiera que se declarará la nulidad de las disposiciones demandadas, la
Sala se relevará del estudio de los demás cargos formulados.
3.6. Condena en costas
49. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
50. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-
25-000-2019-00204-00 (1330-2019).
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-
03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
15 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Subsecciones A y B: i) del 12 de junio de 2025, radicado
11001-03-25-000-2021-00468-00 (2277-2021); ii) del 4 de julio de 2019, radicado 11001-03-25-000-2013-
00369-00 (0793-2013); iii) del 27 de abril de 2017, radicado 11001-03-25-000-2013-01087-00 (2512-2013).
Asimismo, puede verse la Sentencia T-121 de 2016, proferida por la Corte Constitucional.
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Demandante: SUNET
FALLA
Primero. Declarar la nulidad de los Acuerdos CNSC-20191000001636 del 4 de
marzo de 2019, CNSC-20191000008226 del 19 de julio de 2019, CNSC-
20191000009106 del 19 de noviembre de 2019 y CNSC-20191000009376 del 5 de
diciembre de 2019 expedidos por la CNSC, por los motivos expresados en esta
sentencia.
Segundo. La anterior declaración de nulidad solo tendrá efectos a partir de la fecha
de ejecutoria de la presente sentencia y únicamente puede afectar situaciones
jurídicas no consolidadas.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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