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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05969-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05969-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la CNSC, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05969-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05969 00
Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Hermann Gustavo Garrido
Prada contra la providencia del 26 de febrero de 2026 proferida por la Subsección “A” de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad con
radicado núm. 11001 03 25 000 2021 00659 00.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra de la
precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de única instancia de 26 de
febrero de 2026, registrada el 4 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del expediente 11001-03-25-000-
2021-00659-00 (3347-2021).

TERCERA. ORDENAR a la Sala accionada que, dentro del término que se le
señale, profiera nueva sentencia en la que valore las certificaciones expedidas por
la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre la fecha de suscripción del acuerdo
acusado y sobre la fecha de expedición del Anexo Etapas Proceso de Selección,
y se pronuncie expresamente sobre el argumento relativo al carácter de acto
administrativo complejo del Acuerdo CNSC-20191000004926 de 2019 y su
incidencia en la determinación del régimen normativo aplicable; y examine el cargo
relativo al incumplimiento del deber de publicación a cargo del municipio de San
Alberto, valorando la certificación expedida por dicha entidad.

CUARTA. ORDENAR el desarchivo del expediente 3347-2021 para el
cumplimiento de lo dispuesto.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05969 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05969 00
Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”

2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
nulidad, contra el Acuerdo CNSC-20191000004926 del 14 de mayo de 20192, su Anexo
Etapas Proceso de Selección, expedido en julio de 2019, y el Acuerdo 20211000018706
del 21 de mayo de 2021.

Señaló que al proceso le correspondió el radicado 11001 03 25 000 2021 00659 00 y que
fue repartido a la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Precisó que, una vez surtido el trámite procesal correspondiente, la autoridad judicial
accionada, mediante sentencia del 26 de febrero de 2026, negó las pretensiones de la
demanda.

Expuso que uno de los cargos centrales de la demanda consistió en que la convocatoria
había desconocido los Decretos 051 y 815 de 2018 y las Leyes 1955 y 1960 de 2019. Al
respecto, sostuvo que estas disposiciones resultaban aplicables, pues, aunque el
Acuerdo CNSC-20191000004926 estaba fechado el 14 de mayo de 2019, había sido
suscrito el 31 de mayo de ese año y se integraba con el Anexo de Etapas del Proceso de
Selección, expedido en julio de 2019. En ese sentido, argumentó que, al tratarse de un
acto administrativo complejo, su expedición solo podía entenderse perfeccionada una vez
se hubieran cumplido los requisitos procedimentales y formales necesarios para su
conformación, lo que, a su juicio, ocurrió en julio de 2019.

Afirmó que la sentencia cuestionada resolvió este cargo bajo la consideración de que el
acto administrativo había nacido jurídicamente con la aprobación de la Sala Plena de la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, por lo que su legalidad debía examinarse
a partir de las normas vigentes en ese momento. Al efecto, aseguró que la autoridad
judicial accionada omitió pronunciarse sobre el carácter complejo de la convocatoria, la
integración del Anexo al acuerdo, la circunstancia de que este había sido expedido en
julio de 2019 y las razones por las cuales el acto habría nacido jurídicamente en mayo de
ese año.

A juicio del accionante, dicha omisión era determinante, pues de la fecha de expedición
de la convocatoria dependía la aplicación de las Leyes 1955 y 1960 de 2019. Agregó que
las circunstancias relevantes se encontraban acreditadas documentalmente y habían
sido reconocidas por la propia CNSC, particularmente en lo relacionado con la
suscripción del acuerdo el 31 de mayo de 2019 y la expedición del Anexo en julio del
mismo año.

También indicó que la controversia acerca de la fecha de nacimiento jurídico de la
convocatoria no era pacífica, pues otra Subsección de la Sección Segunda, en un
proceso relacionado con la Convocatoria 1276 de 2019, había considerado que la
cuestión relativa a la aplicabilidad de la Ley 1955 de 2019 debía resolverse al momento
de dictar sentencia. Por ello, sostuvo que el argumento que, en su criterio, fue omitido
exigía un pronunciamiento expreso y debidamente razonado.

Añadió que el propio despacho judicial accionado, mediante auto del 29 de agosto de
2025, había considerado que la demanda se encontraba suficientemente sustentada y
2 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección para proveer definitivamente

los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
Alcaldía Municipal de San Alberto – Cesar – Convocatoria No. 1276 de 2019 – Territorial Boyacá, Cesar y
Magdalena”.
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que los cargos formulados permitían confrontar los actos acusados con el ordenamiento
superior. En consecuencia, afirmó que la autoridad judicial no podía posteriormente dejar
de resolver uno de esos cargos sin explicar las razones de tal proceder.

De otro lado, manifestó que la demanda había formulado un cargo relacionado con la
publicación de la convocatoria, por el presunto desconocimiento de los artículos 2.2.6.5
y 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015 y explicó que el Municipio de San Alberto había
certificado que la convocatoria no fue publicada en su página web ni en su sede física,
pese a que dichas disposiciones establecían deberes específicos de publicación. No
obstante, sostuvo que la autoridad judicial accionada se limitó a valorar las estrategias
generales de divulgación adelantadas por la CNSC y concluyó que había existido
suficiente publicidad, sin pronunciarse sobre la certificación expedida por el municipio ni
sobre el deber específico de publicación que constituía el objeto del cargo.

En ese contexto, sostuvo que la sentencia cuestionada omitió el análisis de argumentos
y elementos probatorios relevantes para determinar la legalidad de la convocatoria,
particularmente los relacionados con su fecha de expedición y con el cumplimiento de las
reglas de publicación, aspectos que, a su juicio, podían incidir directamente en el sentido
de la decisión.

Como fundamento de la acción de tutela, sostuvo que se encontraba satisfecho el
requisito de relevancia constitucional, en tanto atribuyó a la sentencia cuestionada la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Precisó que su inconformidad no obedecía a una simple
discrepancia con la interpretación adoptada por el juez natural, sino a la presunta omisión
en el análisis de cargos que consideraba determinantes para resolver la controversia y a
la falta de valoración de pruebas obrantes en el expediente.

Asimismo, señaló que se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que la providencia
controvertida había sido proferida en única instancia por el Consejo de Estado dentro del
medio de control de nulidad, por lo que no procede recurso ordinario alguno en su contra
y, agregó, que el recurso extraordinario de revisión tampoco resulta idóneo para formular
los reparos planteados en la solicitud de amparo.

En cuanto a la inmediatez, manifestó que la sentencia fue notificada el 13 de marzo de
2026 y que la presente acción constitucional fue instaurada el 28 de julio siguiente, esto
es, dentro de un término que consideró razonable de conformidad con la jurisprudencia
constitucional.

Afirmó que identificó de manera clara los hechos que, en su criterio, dieron lugar a la
vulneración alegada y los derechos fundamentales presuntamente afectados. Asimismo,
precisó que la tutela no se dirigía contra una sentencia de la misma naturaleza.

Anotó que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, al afirmar que el Acuerdo
CNSC-20191000004926 había sido suscrito el 14 de mayo de 2019, pese a que en el
expediente obraban certificaciones expedidas por la propia Comisión Nacional del
Servicio Civil que daban cuenta de que la suscripción ocurrió el 31 de mayo de ese año.
En su criterio, ello implicó tener por acreditado un hecho contrario a la prueba documental
recaudada.

Asimismo, afirmó que la autoridad judicial dejó de valorar los documentos que
acreditaban que el Anexo Etapas Proceso de Selección, integrante del acuerdo

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demandado, había sido expedido en julio de 2019. Consideró que tales elementos
resultaban determinantes para establecer el momento de expedición del acto y, por
consiguiente, la normativa aplicable al proceso de selección.

Alegó también que la providencia incurrió en una decisión sin motivación suficiente,
debido a que no examinó el argumento central de la demanda según el cual el Acuerdo
CNSC-20191000004926 constituía un acto administrativo complejo, integrado por el
correspondiente anexo. En su criterio, la sentencia no explicó por qué dicha circunstancia
carecía de relevancia para determinar la fecha de expedición del acto.

De igual manera, manifestó que la autoridad judicial guardó silencio frente al cargo
relacionado con el incumplimiento del deber de publicación de la convocatoria por parte
del municipio de San Alberto. Indicó que, aunque en el expediente obraba una
certificación expedida por dicha entidad sobre la ausencia de publicación en su sede
física y página web, la sentencia resolvió el asunto con fundamento en las actuaciones
de divulgación atribuidas a la CNSC, sin examinar específicamente el reproche
formulado.

Finalmente, adujo que la decisión incurrió en defecto sustantivo, al fundamentar la
determinación del momento de expedición del acto administrativo en una circular
administrativa expedida por la propia CNSC, en lugar de acudir a las disposiciones
normativas y a los documentos que, según afirmó, regulaban dicha materia y obraban en
el expediente.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 28 de julio de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto de 4 de agosto de 20264 la admitió y dispuso notificar5 a la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como autoridad judicial
accionada; así como vincular a la CNSC y al municipio de San Alberto (César), como
terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió a la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado para que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso de
nulidad, identificado con radicado núm. 11001 03 25 000 2021 00659 00.

3.2. La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado6 presentó informe
en el que solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que los
argumentos planteados en esta corresponden a cuestionamientos que ya fueron
formulados y resueltos en el proceso ordinario.

Expuso que no se configuraba ninguna causal específica de procedibilidad ni se advierte
la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Agregó que la tutela pretende

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05969 00.
4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05969 00.
5 Esta orden se cumplió el 6 de agosto de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05969 00.
6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05969 00.
4

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convertirse en una instancia adicional para insistir en argumentos ya examinados por el
juez natural, sin que se acreditara la relevancia constitucional necesaria para habilitar el
estudio de la providencia cuestionada.

3.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil7 rindió informe en el que solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que las pretensiones se dirigen contra la sentencia proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado y buscan que dicha autoridad
emita un nuevo pronunciamiento.

Sostuvo que ninguna actuación u omisión vulneradora de los derechos fundamentales
invocados le resulta atribuible, pues su intervención se limita a la expedición de las
certificaciones que deberán ser valoradas por la autoridad judicial accionada.

Asimismo, señaló que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni los
requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente el amparo y, subsidiariamente, negarlo por
no configurarse los defectos alegados ni la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

3.4. El municipio de San Alberto (Cesar) guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 8 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,9 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202110, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201911, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

La Sala observa que la CNSC, al rendir el informe dentro del presente trámite
constitucional, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y,
en consecuencia, su desvinculación del proceso.

Al respecto, se considera que no hay lugar a acceder a dicha solicitud, toda vez que la
entidad fue vinculada por haber integrado el extremo pasivo del proceso de nulidad en el
que se profirió la providencia hoy acusada.

7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05969 00.
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
9 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
10 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria, no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
salvaguardar los principios de contradicción y defensa, permitiéndole ejercer su derecho
de defensa y pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.

4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente12:

4.3.1. El señor Hermann Gustavo Garrido Prada, actuando en nombre propio, promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad contra la CNSC y el municipio de
San Alberto (Cesar), con el propósito de obtener la nulidad de los siguientes actos: i)
Acuerdo CNSC-20191000004926 del 14 de mayo de 2019, “por el cual se convoca y se
establecen las reglas del Proceso de Selección para proveer definitivamente los empleos
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO-CESAR Convocatoria No. 1276 de 2019-
Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena”, proferido por la CNSC y el municipio de San
Alberto (Cesar); ii) Anexo Etapas Proceso de Selección, expedido en julio de 2019; y iii)
Acuerdo No. 20211000018706 del 21 de mayo de 2021 “por el cual se modifica el artículo
17 del Acuerdo No. CNSC20191000004926 del 14 de mayo de 2019”, suscrito por la
CNSC.

4.3.2. El conocimiento de la demanda correspondió a la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que, mediante sentencia de única instancia de 26 de
febrero de 2026, negó las pretensiones.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

12 Lo que se desprende del expediente del proceso ejecutivo identificado con radicado núm. 11001 03 25

000 2021 00659 00.
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[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades13:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 14. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a
los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal”
(…)15. (Se destaca) […].

13 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
14 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

En el presente asunto, la Sala advierte que la controversia planteada no reviste relevancia
constitucional, pues las inconformidades de la parte accionante se circunscriben a
cuestionar las conclusiones jurídicas y probatorias a las que arribó la autoridad judicial
accionada al resolver el proceso de nulidad.

Del análisis del escrito de tutela se observa que los reparos del accionante se dirigen, en
primer lugar, contra la conclusión de la sentencia según la cual el Acuerdo CNSC-
20191000004926 fue suscrito el 14 de mayo de 2019, pese a que, según las
certificaciones obrantes en el expediente, la firma habría ocurrido el 31 de mayo de ese
año.

Asimismo, reprochó que no se hubieran valorado las pruebas que acreditaban que el
Anexo Etapas Proceso de Selección, integrante del acuerdo, fue expedido en julio de
2019 y, a partir de ello, sostuvo que la sentencia omitió analizar su planteamiento acerca
de que la convocatoria constituía un acto administrativo complejo y que, por tanto, la
determinación de su fecha de expedición resultaba relevante para establecer la normativa
aplicable al proceso de selección.

De otro lado, consideró que la providencia omitió valorar elementos probatorios y resolver
argumentos que, a su juicio, podían incidir en la legalidad de la convocatoria. Según el
accionante, aunque en el expediente obraba una certificación del municipio de San
Alberto en la que constaba que la convocatoria no fue publicada en su página web ni en
su sede física, la autoridad judicial se limitó a valorar las actuaciones generales de
divulgación adelantadas por la CNSC, sin pronunciarse sobre dicha certificación ni sobre
los deberes específicos de publicación previstos en los artículos 2.2.6.5 y 2.2.6.6 del
Decreto 1083 de 2015.

Como consecuencia de lo anterior, señaló que la providencia acusada adolece de los
defectos fáctico, de “decisión sin motivación” y sustantivo que, en su criterio,
comprometen sus derechos fundamentales.

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Accionante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”

Ahora bien, de la lectura de la providencia del 26 de febrero de 2026, la Sala observa que
la autoridad judicial accionada agrupó los cargos de nulidad y examinó, entre otros
aspectos, la publicación de la convocatoria, la numeración del acto y el presunto
desconocimiento de las Leyes 1955 y 1960 de 2019.

Respecto de la publicación de la convocatoria, la Subsección accionada examinó los
artículos 2.2.6.5 y 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015 y consideró que la CNSC podía
utilizar su página web como mecanismo de divulgación. Asimismo, valoró el informe
técnico aportado por la entidad, en el que se relacionaron diferentes estrategias de
publicidad del proceso de selección, entre ellas la publicación en la página web del
Departamento Administrativo de la Función Pública, cuñas radiales, pautas comerciales,
eventos de socialización y publicaciones en redes sociales. Con fundamento en estos
elementos, concluyó que la convocatoria había tenido suficiente publicidad y, por tanto,
desestimó el cargo relacionado con su falta de publicación.

Frente al cuestionamiento sobre la numeración de la convocatoria, la autoridad accionada
consideró que la CNSC, en ejercicio de su autonomía, contaba con facultades para
establecer sus procedimientos internos para la expedición de los actos administrativos.
En ese sentido, explicó el procedimiento utilizado por la entidad para numerar, radicar,
suscribir y publicar los acuerdos y señaló que el demandante no demostró que el sistema
empleado resultara inadecuado. Por ello, concluyó que la irregularidad alegada no tenía
la entidad suficiente para afectar la validez del acto administrativo.

Finalmente, frente al presunto desconocimiento de las Leyes 1955 y 1960 de 2019, la
Subsección sostuvo que un acto administrativo solo puede vulnerar las disposiciones
superiores vigentes al momento de su expedición. Como el acuerdo fue suscrito el 14 de
mayo de 2019 y las referidas leyes fueron expedidas posteriormente, concluyó que estas
no podían constituir normas superiores desconocidas por la convocatoria. Añadió que,
materialmente, el proceso de selección había nacido a la vida jurídica con su aprobación
por la Sala Plena de la CNSC, de manera que su legalidad debía examinarse conforme
al ordenamiento vigente para ese momento. Para sustentar esta conclusión, hizo
referencia, además, a la Circular 20191000000117 del 29 de julio de 2019 y al precedente
de esta Corporación sobre el momento a partir del cual existe jurídicamente el proceso
de selección.

A partir de ese contexto, esta Sala observa que los planteamientos formulados por la
parte accionante para sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
no evidencian, prima facie, una controversia constitucional autónoma, sino que se dirigen
a cuestionar las conclusiones jurídicas y probatorias a las que arribó la autoridad judicial
accionada al resolver el proceso de nulidad.

En efecto, frente al momento en que nació jurídicamente la convocatoria y la consecuente
aplicación de las Leyes 1955 y 1960 de 2019, la Subsección examinó el asunto y explicó
las razones por las cuales consideró que el proceso de selección había nacido a la vida
jurídica con su aprobación por la Sala Plena de la CNSC, por lo que su legalidad debía
analizarse conforme a las normas vigentes para ese momento.

De igual manera, respecto del cargo relacionado con la publicación de la convocatoria, la
autoridad judicial examinó el marco normativo aplicable y valoró los elementos
probatorios relacionados con las diferentes actuaciones de divulgación adelantadas
durante el proceso de selección, para concluir que este había tenido suficiente publicidad.

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De esta manera, los reparos formulados en la tutela no se encaminan a demostrar que la
autoridad judicial hubiera omitido el estudio de los asuntos planteados, sino que expresan
su desacuerdo con la manera en que fueron interpretadas las normas aplicables y
valorados los elementos probatorios incorporados al proceso. En particular, pretende que
el juez constitucional examine nuevamente la fecha en que nació jurídicamente la
convocatoria, determine el alcance que debía otorgarse al Anexo Etapas Proceso de
Selección y establezca si las pruebas relacionadas con la publicidad del concurso
resultaban suficientes para desvirtuar el cargo de nulidad.

Por consiguiente, para acceder a los planteamientos del accionante sería necesario
reabrir el debate jurídico y probatorio que fue sometido al conocimiento del juez natural,
con el propósito de establecer si la interpretación adoptada respecto de la vigencia de las
Leyes 1955 y 1960 de 2019 era la correcta y si la valoración efectuada sobre las pruebas
de divulgación de la convocatoria resultaba acertada.

En ese sentido, el accionante en ningún momento pone de presente que la autoridad
judicial accionada hubiera incurrido en una arbitrariedad, ni desarrolla una exposición de
la que se desprenda que el caso exija interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política, o definir el alcance de un derecho fundamental, como tampoco justifica de
manera razonable una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

En consecuencia, al no evidenciarse una controversia de relevancia constitucional, sino
una simple discrepancia con el criterio jurídico expuesto en la providencia cuestionada,
la Sala concluye que no se satisface este requisito general de procedencia, razón
suficiente para declarar improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la CNSC, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 27 de
agosto de 2026.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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