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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00561-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00561-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE 16 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2021-00561-00 (2681-2021) Demandante: Sindicato de Trabajadores Públicos de Boyacá PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00561-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00561-00 (2681-2021)
Demandantes: Sindicato de Trabajadores Públicos de Boyacá
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y municipio de Tunja (Boyacá)

Temas: Deber de socializar previamente con las organizaciones sindicales
las modificaciones al manual de funciones. Información sobre
ubicación de los empleos en las OPEC y plantas globales.
Decisión: Niega pretensiones de la demanda.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta por el Sindicato de Trabajadores
Públicos de Boyacá (en adelante, SINTRAOPUBOY) contra los Decretos 0184 del 24 de
mayo de 2019, 207 del 18 de junio de 2019, 426 del 23 de diciembre de 2019 y 004 del
2 de enero de 2020 expedidos por el municipio de Tunja1; y el Acuerdo No. CNSC –
20191000008506 del 6 de agosto de 20192 emitido por la Comisión Nacional del Servicio
Civil (en adelante, CNSC).

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte demandante interpuso demanda de nulidad contra los actos
administrativos controvertidos, con fundamento en los siguientes motivos:

2. En relación con los decretos que modificaron el manual de funciones de la Alcaldía
de Tunja, se afirmó que no fueron socializados con las organizaciones sindicales
presentes en la entidad territorial, lo cual desconoció el derecho de participación. En
consecuencia, se sostuvo que tales actos vulneraron el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1
del Decreto 1083 de 2015, de conformidad con la modificación realizada por el Decreto
051 de 2018.

1 Mediante los cuales se modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los

empleos de la planta de personal de la Alcaldía Mayor de Tunja.
2 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección para proveer definitivamente

los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
ALCALDÍA DE TUNJA – BOYACÁ – Convocatoria No. 1247 de 2019 – Territorial Boyacá, Cesar y
Magdalena.»

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Demandante: Sindicato de Trabajadores Públicos de Boyacá

3. Asimismo, se alegó la vulneración del derecho al debido proceso, por cuanto se
habría pretermitido una etapa previa del procedimiento administrativo, consistente en la
socialización de las modificaciones y actualizaciones del manual de funciones.

4. En cuanto al acuerdo de convocatoria al concurso de méritos se afirmó que es
ilegal por haberse cimentado en el manual de funciones acusado, el cual —según la
demanda— fue expedido de manera irregular. Además, se sostuvo que, de declararse la
nulidad de dicho manual, la convocatoria perdería fuerza ejecutoria por desaparición de
sus fundamentos de derecho, en los términos del numeral 2 del artículo 91 del CPACA.

5. También se sostuvo que el acto de convocatoria desconoció el Acuerdo Colectivo
Nacional del 24 de mayo de 2019, suscrito entre el Gobierno nacional y las centrales
obreras, de las cuales es filial SINTRAOPUBOY. En dicho acuerdo, el Gobierno se
comprometió a reglamentar los Decretos Ley 770 y 785 de 2005, en el sentido de permitir
que los empleados de los niveles asistencial y técnico, cuyos requisitos fueron
modificados con la expedición de tales decretos, participaran en los concursos para
proveer sus cargos sin que se les exigieran requerimientos distintos a los acreditados al
momento de su posesión.

6. Según la demanda, el desconocimiento del Acuerdo Colectivo Nacional vulneró
los derechos al trabajo, a la confianza legítima, a la libre concurrencia y a la libertad de
acceso al empleo público de los servidores del nivel asistencial y técnico vinculados antes
de 2005, quienes pretendían participar en el concurso acreditando únicamente los
requisitos exigidos al momento de su posesión.

7. A juicio de la parte accionante el acto de convocatoria desconoció el inciso primero
del parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 y el parágrafo 4 del artículo
2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, toda vez que se ofertaron empleos que estaban
siendo ocupados por personas próximas a pensionarse, quienes habrían adquirido el
estatus de prepensionados. En este punto, acusó a la alcaldía de no identificar a estos
servidores y, en consecuencia, no tenerlos en cuenta al momento de reportar las OPEC.

8. Por otra parte, se alegó que la convocatoria vulneró el numeral 5 del artículo
2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015 y el derecho de los aspirantes a conocer las condiciones
del empleo ofertado, en tanto 31 de las 39 OPEC no especificaron la ubicación de la
vacante, lo que impedía identificar la dependencia en la cual se ejercerían las funciones.

9. Finalmente, se adujo que la convocatoria no tuvo en cuenta el parágrafo del
artículo 7 de la Ley 1310 de 2009 por cuanto se «creó la vacante de agente de tránsito»
sin hacer la evaluación exigida en la precitada norma, encaminada a determinar la
conveniencia y oportunidad de este tipo de cargos en las entidades territoriales en función
del número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan.

Contestaciones de la demanda

10. La CNSC propuso las excepciones de incumplimiento de la carga probatoria, al
señalar que el accionante no allegó elemento probatorio que respalde los hechos en que
se fundamenta la demanda.
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11. Respecto del fondo del asunto señaló que el establecimiento del manual de
funciones es competencia de la autoridad destinataria del concurso y, en ese sentido, la
CNSC no tiene injerencia alguna frente a ese acto administrativo.

12. Manifestó que no era obligatoria la socialización de las modificaciones al manual
de funciones con las organizaciones sindicales porque esa es una regla establecida
solamente para las entidades del orden nacional, de conformidad con el Título 2 del
Decreto 1083 de 2015.

13. Reconoció que la convocatoria se basó en el manual de funciones demandado, no
obstante, aseguró que este último gozaba de presunción de legalidad al momento de ser
allegado a la CNSC. Asimismo, precisó que la determinación de los empleos a proveer
corresponde a la entidad destinataria del proceso de selección. En este contexto,
defendió la legitimidad de la convocatoria porque se basó en las vacantes válidamente
reportadas por el municipio en la oferta pública de empleos de carrera.

14. Señaló que el Decreto 498 de 2020, mediante el cual se reglamentaron las
garantías en favor de los servidores de los niveles técnico y asistencial vinculados antes
del 2005, entró en vigor con posterioridad a la expedición del acuerdo de convocatoria y,
por tanto, no resultaba aplicable al proceso de selección.

15. Finalmente, indicó que para la fecha de contestación de la demanda ya se habían
conformado y publicado las listas de elegibles, efectuado los nombramientos en período
de prueba y posesionado los servidores seleccionados de ese concurso. En
consecuencia, estimó que se consolidaron derechos particulares y concretos a favor de
dichos funcionarios.

16. La Alcaldía Mayor de Tunja sostuvo que todos los decretos demandados con los
que se modificó el manual de funciones de ese ente territorial fueron debidamente
socializados con las organizaciones sindicales reconocidas por dicha entidad antes de
ser expedidos.

17. Aseveró que los requisitos para los funcionarios del nivel técnico y asistencial
vinculados antes del año 2005 eran iguales o incluso más flexibles que los previstos
cuando fueron vinculados y, en esa medida, estaban plenamente habilitados para
participar en la convocatoria.

18. En cuanto a los servidores vinculados en provisionalidad que ostentaban la
condición de prepensionados, sostuvo que la entidad territorial analizó su situación
particular e identificó a quienes se encontraban en dicha circunstancia. En consecuencia,
se abstuvo de reportar los empleos que desempeñaban para que no fueran ofertados en
la convocatoria. Adicionalmente, adujo que la estabilidad laboral reconocida a los
funcionarios en provisionalidad es relativa, limitada en el tiempo y cede frente al principio
del mérito que gobierna el sistema de carrera administrativa.

19. Frente a la presunta falta de información sobre la ubicación de las vacantes,
explicó que la Alcaldía cuenta con una planta de personal global, en la cual se prevé un
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número determinado de empleos por cada denominación, que pueden ser distribuidos y
reorganizados por el jefe del organismo según las necesidades del servicio. En
consecuencia, no era exigible ofertarlos con una destinación específica

20. Respecto a la falta del estudio requerido para la creación de vacantes de agente
de tránsito, precisó que no se instauraron cargos nuevos de este tipo, sino que se
adecuaron los ya existentes a las reglas establecidas en la Ley 1310 de 2009, que el
demandante aduce infringida. Para ello, fue necesario suprimir estos empleos en el nivel
asistencial mediante el Decreto 180 de 2019 y crearlos en el nivel técnico, siendo estos
últimos los que se ofertaron en la convocatoria.

Traslado de las excepciones

21. El demandante no se pronunció frente a las excepciones propuestas por las
entidades demandadas.

Decisión de las excepciones previas

22. Mediante auto proferido el 13 de julio de 2023, se declaró no probada la excepción
previa de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales formulada
por la CNSC porque se consideró que la parte accionante expuso con suficiencia y
claridad los supuestos fácticos que sustentan la demanda.

Trámite de sentencia anticipada

23. Mediante auto del 12 de septiembre de 2024 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la concurrencia de
las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de dicha disposición. Para
el efecto, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el litigio. Posteriormente, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir
concepto.

Alegatos de conclusión

24. El sindicato demandante guardó silencio. Por su parte, dentro del término
concedido, ambas entidades demandadas presentaron alegatos de conclusión.

25. La CNSC reiteró su falta de competencia frente a los actos administrativos que
modificaron el manual de funciones, así como la presunción de legalidad de tales
actuaciones durante el proceso de selección. Adicionalmente, citó jurisprudencia de esta
corporación conforme a la cual la nulidad de los actos que contienen el manual de
funciones no tiene la virtualidad de afectar la legalidad del acuerdo de convocatoria.

26. La Alcaldía Mayor de Tunja señaló que para la fecha de presentación de los
alegatos de conclusión se habían culminado todas las etapas del proceso de selección y
85 funcionarios fueron nombrados en período de prueba.

Concepto del Ministerio Público
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27. El Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Problemas jurídicos

28. En primer lugar, se deberá determinar si los Decretos 0184 del 24 de mayo de
2019, 207 del 18 de junio de 2019, 426 del 23 de diciembre de 2019 y 004 del 2 de enero
de 2020 que modificaron el manual de funciones de la Alcaldía de Tunja son nulos por
contravenir el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015. Lo anterior al
no haber sido previamente socializados con las organizaciones sindicales con presencia
en la entidad territorial.

29. En caso de encontrarse viciados de nulidad los referidos decretos, se deberá
establecer si esta circunstancia afecta la legalidad del acuerdo de convocatoria3.

30. Adicionalmente, se deberá analizar si el acuerdo de convocatoria es nulo por haber
infringido las normas en que debía fundarse. En particular, se estudiará si se desconoció:

• El Acuerdo Colectivo Nacional del 24 de mayo de 20194 porque a los
funcionarios del nivel técnico y asistencial vinculados antes del año 2005 que
deseaban participar en el concurso de méritos para su mismo cargo se les
exigieron la totalidad de los requisitos previstos en el manual de funciones vigente,
sin permitirles acreditar únicamente los que ostentaban al momento de su
posesión.

• Los artículos 263 de la Ley 1955 de 2019 y 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de
2015 toda vez que se ofertaron empleos que estaban siendo ocupados en
provisionalidad por funcionarios en condición de prepensionados.

• El numeral 5 del artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015 y el derecho de
los participantes a conocer las condiciones del empleo ofertado, en tanto 31 de las
39 OPEC no especificaron la ubicación de la vacante a efectos de saber cuál sería
la dependencia en que se ejercería el cargo.

• El parágrafo del artículo 7 de la Ley 1310 de 2009 por cuanto el acuerdo de
convocatoria «creó la vacante de agente de tránsito», sin hacer el estudio previo
exigido por la precitada norma.

Análisis de los problemas jurídicos

31. La Sala negará las pretensiones de la demanda por no encontrar probado que los
actos administrativos demandados hubiesen desconocido las normas invocadas por el
sindicato demandante.

3 Acuerdo No. CNSC – 20191000008506 del 6 de agosto de 2019 concertado por la CNSC y la Alcaldía

Mayor de Tunja.
4 Suscrito entre el Gobierno nacional y las centrales obreras, de las que es filial SINTRAOPUBOY.

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Demandante: Sindicato de Trabajadores Públicos de Boyacá

Nulidad de los Decretos 0184 del 24 de mayo de 2019, 207 del 18 de junio de 2019,
426 del 23 de diciembre de 2019 y 004 del 2 de enero de 2020 por incumplir el deber
de socialización previa con las organizaciones sindicales

32. El parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 vigente para la fecha
de expedición de los decretos demandados5, establecía que:

PARÁGRAFO 3. En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las
entidades deberán publicar, por el término señalado en su reglamentación, las modificaciones
o actualizaciones al manual específico de funciones y de competencias laborales. La
administración, previo a la expedición del acto administrativo lo socializará con las
organizaciones sindicales. Lo anterior sin perjuicio de la autonomía del jefe del organismo para
adoptarlo, actualizarlo o modificarlo. (Subrayado propio).

33. Por su parte, el artículo 2.2.2.1.16 del mismo Decreto 1083 de 2015 dispone que
el título del que hace parte la precitada norma cobija primordialmente las autoridades del
orden nacional y no se extiende a las entidades territoriales. No obstante, esta subsección
ha considerado que la obligación de socializar los proyectos de modificación de los
manuales de funciones con las organizaciones sindicales es igualmente aplicable al
orden territorial7.

34. Ello es así porque el numeral 8 del artículo 8 del CPACA8 es de obligatorio
cumplimiento para todas las entidades públicas y no solamente para aquellas que
pertenezcan al nivel nacional. Por otra parte, habida cuenta que las obligaciones de
publicidad allí dispuestas constituyen una manifestación del principio de democracia
participativa y persiguen la democratización del procedimiento administrativo, el cual se

5 Adicionado por el artículo 1 del Decreto 51 de 2018, antes de ser modificado por el artículo 4 del Decreto

498 de 2020.
6 Artículo 2.2.2.1.1. Ámbito de aplicación. El presente Título roge para los empleos públicos

pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del
Orden Nacional.
Las disposiciones contenidas en el presente Título serán aplicables, igualmente, a las entidades que
teniendo sistemas especiales de nomenclatura y clasificación de empleos, se rigen por las disposiciones
contenidas en la Ley 909 de 2004, así como para aquellas que están sometidas a un sistema específico
de carrera.
El presente Título no se aplica a los organismos y entidades cuyas funciones y requisitos están o sean
definidas por la Constitución o la ley.
7 Véanse, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A: 16 de febrero de 2023, 11001-03-25-000-2019-00295-00 (1892-2019),
C.P. Gabriel Valbuena Hernández; 6 de julio de 2023, rad. núm. 11001-03-25-000-2019-00339-00 (2215 -
2019), C.P. William Hernández Gómez; 13 de julio de 2023, rad. núm. 11001-03-25-000-2020-00648-00
(1806-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
8 «Artículo 8. Deber de información al público. […] 8. Los proyectos específicos de regulación y la

información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas
alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones,
de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión
que a su juicio sirva mejor el interés general. […]»
6

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extiende a todos los trámites de la administración pública sin atención al orden en el que
se adelanten9.

35. Las anteriores consideraciones se traducen en la necesidad de conceder un trato
igualitario a todos los interesados en las gestiones administrativas que concluyen con
decisiones públicas de orden general que les afectan, sin que para el efecto se observe
el nivel de gobierno al que pertenecen. Siendo así, no es válido ni justificable vedar a las
organizaciones sindicales presentes en las entidades públicas del orden territorial de su
derecho a participar en el trámite de modificación del manual de funciones de la
respectiva autoridad.

36. En este sentido, el Departamento Administrativo de la Función Pública en la
Circular Externa No. 100-09-2015 indicó como obligación que:

Las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial que inicien
procesos de rediseño institucional o modificación de la estructura interna y/o de reforma de
planta de empleos, deberán garantizar en dicho proceso la participación efectiva de las
organizaciones sindicales de la respectiva entidad, con el fin de escuchar sus inquietudes y
sugerencias sobre el particular.

37. De la precitada normativa y su respectivo desarrollo jurisprudencial se colige que
todas las entidades públicas del orden nacional y territorial que adelanten el proceso de
modificación de su manual de funciones están obligadas a hacer partícipes de dicho
proceso a las organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad. La
socialización a la que se hace referencia corresponde a la promoción y ejecución de
entornos idóneos de participación que permitan a estos grupos de servidores exponer
sus observaciones, inquietudes y sugerencias frente a las modificaciones proyectadas
antes de su consolidación.

38. Al amparo de lo anterior, lo que corresponde en este caso es determinar si la
Alcaldía Mayor de Tunja socializó con las organizaciones sindicales presentes en ese
ente territorial los proyectos de modificación de su manual de funciones que culminaron
con la expedición de los decretos demandados; o si, por el contrario, desconoció lo
preceptuado en las normas citadas.

39. Al respecto la entidad territorial aseguró que sí agotó esta etapa del procedimiento
y aportó como pruebas diversos documentos. Al respecto, allegó:

• Oficio 1.3.1-3-1-1118 del 21 de mayo de 2019 suscrito por Jenny Carolina Suárez
Mesa, como secretaria administrativa de la Alcaldía Mayor de Tunja y dirigido a los
señores Luis Antonio Correa Lozano y Aura Cleotilde Leal Cocunubo, en su calidad
de presidentes de las organizaciones sindicales SUNET10 BOYACÁ y
SINTRAOPUBOY, respectivamente, en el cual se manifestó:

Conociendo la importancia de las Organizaciones Sociales que ustedes representan, la
Secretaría Administrativa invita a reunión programada para el día 22 de mayo de 2019, a

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Ídem.
10 Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado.

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las 2:30 de la tarde en el Despacho de esta Sectorial, con el fin de socializar la
modificación parcial al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la
entidad. Esperamos su puntual asistencia toda vez que es de vital importancia para el
proceso de mejoramiento continuo de la Administración Municipal.

• Correo electrónico de remisión del Oficio 1.1.1-3-1-1118 del 21 de mayo de 2019 con
fecha de ese mismo día y asunto «COMUNICACIÓN JORNADA DE
SOCIALIZACIÓN», destinado a los buzones «sunetboyaca@gmail.com» y
«auraclaotilde@yahoo.com».

• Control de asistencia a reunión celebrada el 22 de mayo de 2019 a las 2:30pm en la
Secretaría Administrativa de la Alcaldía Mayor de Tunja, con tema «socialización
modificación parcial manual de funciones». En este documento consta la participación
de: 1) Aura Cleotilde Leal, de SINTRAOPUBOY; 2) Wilson López Torres, 3) Luis
Antonio Correa y 4) Juan Pablo Montañez, de SUNET; 5) Camilo Andrés Ávila y 6)
Jenny Carolina Suárez de la Secretaría Administrativa.

• Acta de la reunión del 22 de mayo de 2019, cuyo objeto fue la «SOCIALIZACIÓN CON
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN
PARCIAL DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA LOS CARGOS EN VACANCIA
DEFINITIVA QUE SERÁN REPORTADOS A LA OPEC» y está firmada por todos los
asistentes.

Allí se registró el desarrollo de la reunión, en la cual la entidad expuso el fundamento
normativo de la diligencia y las modificaciones que serían practicadas al manual de
funciones para posteriormente convocar concurso de méritos; un representante del
SUNET manifestó varias inquietudes que fueron atendidas por los funcionarios de la
alcaldía; finalmente, se procedió con la lectura del proyecto de acto administrativo y se
consignó la «concertación de cada contenido funcional del manual».

40. Con posterioridad se realizaron nuevas reuniones de socialización, de las cuales
se aportaron:

• Oficio 1.3.1-2-1335 del 14 de junio de 2019 suscrito por Jenny Carolina Suárez Mesa,
como secretaria administrativa de la Alcaldía Mayor de Tunja y dirigido a los señores
Luis Antonio Correa Lozano y Aura Cleotilde Leal Cocunubo, en su calidad de
presidentes de las organizaciones sindicales SUNET BOYACÁ y SINTRAOPUBOY,
respectivamente, en el cual se indicó:

Conociendo la importancia de las Organizaciones Sindicales que ustedes representan, la
Secretaria (sic) Administrativa invita a reunión programada para el día 14 de junio de 2019
a las 4:30 de la tarde en el Despacho de esta Sectorial, con el fin de socializar aspectos
relacionados con el Acuerdo No. 003 de 2019 “por el cual se modifica parcialmente la
estructura orgánica de la Alcaldía Mayor de Tunja”, […]. Esperamos su puntual asistencia
toda vez que es de vital importancia para el proceso de mejoramiento continuo de la
Administración Municipal.

• Comunicación del mismo 14 de junio de 2019 suscrita por Luis Antonio Correa
Lozano, presidente de SUNET, y dirigido a la secretaria administrativa Jenny Carolina
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Suárez Mesa en la que manifestó «delegar a los directivos de SUNET: Juan Pablo
Montañez Prieto y Wilson López Torres, para que asistan a las reuniones que se
efectuarán con el objeto de socializar aspectos relacionados con el Acuerdo No. 003
de 2019».

• Acta de la reunión del 14 de junio de 2019, cuyo objeto fue la «SOCIALIZACIÓN CON
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA LOS
CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL QUE FUERA MODIFICADA MEDIANTE
DECRETO 0202 DE 2019». En el apartado introductorio se afirmó la asistencia de: 1)
Aura Cleotilde Leal, de SINTRAOPUBOY; 2) Wilson López Torres y 3) Juan Pablo
Montañez, de SUNET; 4) Camilo Andrés Ávila y 5) Jenny Carolina Suárez, de la
Secretaría Administrativa. En el apartado final reposan las firmas de Aura Cleotilde
Leal, Juan Pablo Montañez, Wilson López y Camilo Ávila.

Allí se registró el desarrollo de la reunión, en la cual la entidad explicó los antecedentes
de las modificaciones y expuso uno a uno los cargos creados que serían adicionados
en el manual de funciones; un representante del SUNET elevó sugerencias para varios
de los perfiles y solicitó que se incluyeran las equivalencias de los cargos, estas fueron
preliminarmente respondidas por la entidad.

• Comunicación fechada el 14 de junio de 2019, pero con sello de radicación del 17 de
junio de 2019, con los mismos remitente y destinatarios, en la que se citó a una nueva
reunión con ese objeto para el 17 de junio de 2019 a las 10:30am.

• Acta de reunión del 17 de junio de 2019, cuyo objeto fue la «CONTINUACIÓN DE
REUNIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL 14 DE JUNIO DE 2019 CON LA
SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DE LA PLANTA DE PERSONAL
MODIFICADA MEDIANTE DECRETO 202 DE 2019» y está firmada por: 1) Aura
Cleotilde Leal, de SINTRAOPUBOY; 2) Juan Pablo Montañez, de SUNET; y 3) Jenny
Carolina Suárez, de la Secretaría Administrativa.

La diligencia se centró en las sugerencias hechas en la anterior reunión por los
representantes de SUNET; se expusieron las reformas que se practicaron sobre el
proyecto con fundamento en aquellas y las apreciaciones finales de cada parte. En
este contexto, la representante de SINTRAOPUBOY recordó que «de acuerdo al
Decreto 1083 de 2015, los artículos 2.2.2.4.4, 2.2.2.4.5 y 2.2.2.4.6 establecen los
requisitos para los empleos de nivel profesional, técnico y asistencial,
correspondientemente, especificando que la experiencia se establece de la misma
forma o por encima de lo que establece la norma en cita».

41. De lo anterior se colige que previa expedición del acto administrativo se convocó
a las organizaciones sindicales presentes en la entidad territorial para socializar el
proyecto, que las reuniones fueron efectivamente celebradas en la fecha y hora
programadas, y que a ellas asistieron representantes de las organizaciones sindicales
SUNET y SINTRAOPUBOY.

42. En definitiva, se evidencia que el proyecto de modificación fue socializado con las
organizaciones sindicales no solamente en una, sino en dos reuniones a las que fueron
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convocadas y asistieron representantes de SUNET y SINTRAOPUBOY. En las actas
constan la lectura del proyecto inicial de modificación, los cambios propuestos por los
representantes de SUNET, y la realización y socialización de ajustes con fundamento en
estos últimos.

43. Según consta en la referida documentación, la presidente de SINTRAOPUBOY
asistió a todas las reuniones e, incluso, en una de ellas expuso sus consideraciones frente
a las modificaciones al manual de funciones. A pesar de lo anterior, en este escenario
judicial ese mismo sindicato persigue la nulidad de los decretos que las contienen
aduciendo que dichos actos administrativos no fueron socializados con las
organizaciones sindicales.

44. Lo cierto es que, contrario a lo alegado en el escrito de la demanda, de la totalidad
de las pruebas allegadas al plenario por el ente territorial demandado se concluye que
esa entidad sí puso en conocimiento de las organizaciones sindicales los proyectos de
acto administrativo que derivaron en los decretos que modificaron el manual de funciones
y promovió espacios de participación en los cuales estas tuvieron la oportunidad de
exponer sus observaciones, inquietudes y sugerencias.

45. No está probado, entonces, que la Alcaldía Mayor de Tunja haya omitido su
obligación de garantizar la participación de las organizaciones sindicales durante los
procesos de formación y expedición de los decretos que modificaron el manual de
funciones de la planta de personal de ese ente territorial y que, en esa medida, haya
desconocido el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015. En
consecuencia, la Sala negará las pretensiones de nulidad elevadas contra estos actos
administrativos.

46. Toda vez que los decretos que modificaron el manual de funciones en los que se
cimenta la convocatoria no son nulos, no hay lugar a estudiar si la irregularidad invocada
tiene la vocación de afectar la legalidad del acuerdo de convocatoria.

Nulidad del Acuerdo No. CNSC – 20191000008506 del 6 de agosto de 2019
concertado por la CNSC y la Alcaldía Mayor de Tunja

• Requisitos exigidos a los funcionarios del nivel técnico y asistencial vinculados
desde antes del año 2005

47. El sindicado demandante señaló que mediante Acuerdo Colectivo Nacional
suscrito el 24 de mayo de 2019 entre las centrales obreras, de las que es filial
SINTRAOPUBOY, y el Gobierno nacional, este último se comprometió a reglamentar los
Decretos Ley 77011 y 78512 de 2005 en el sentido de que «los empleados de los niveles
asistencial y técnico cuyos requisitos se modificaron con la expedición de los citados
decretos, participen en los concursos que se convoquen para proveer sus cargos por el

11 «Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos

correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional,
a que se refiere la Ley 909 de 2004».
12 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales

de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004».
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sistema de méritos, sin que se les exijan requisitos diferentes a los acreditados en el
momento de la posesión» (subrayado propio).

48. Indicó que, a pesar de lo pactado, a los servidores vinculados antes del año 2005
que deseaban participar en el concurso de méritos para su mismo cargo se les exigieron
la totalidad de los requisitos previstos en el manual de funciones vigente, sin permitirles
acreditar únicamente los que ostentaban al momento de su posesión. Por ello, estimó
vulnerado el acuerdo nacional, el derecho al trabajo y los principios de progresividad y no
menoscabo de los derechos de los trabajadores, confianza legítima, libre concurrencia y
libertad de ingreso al empleo público.

49. Tanto la CNSC como la alcaldía pusieron de presente que el decreto con el que el
Gobierno nacional reglamentó lo pactado con las organizaciones sindicales, Decreto 498
del 30 de marzo de 202013, entró en vigor después de la consolidación del acuerdo de
convocatoria y por ello no le era aplicable al acto administrativo con el que se convocó y
establecieron las reglas del proceso de selección.

50. En este contexto, es preciso señalar que el Acuerdo Colectivo Nacional dispuso la
expedición de una norma reglamentaria en la cual se incorporara la garantía invocada
por el demandante, mas no consagró directamente dicha garantía. En consecuencia, su
exigibilidad no se origina en el pacto colectivo, sino en la norma reglamentaria expedida
en cumplimiento de este.

51. En ese orden, corresponde determinar si el Decreto 498 de 2020, mediante el cual
se reglamentó lo acordado colectivamente, resultaba aplicable a la convocatoria
demandada.

52. Ahora bien, tal como lo señalaron ambas entidades accionadas en sus escritos de
defensa, el precitado reglamento no se encontraba vigente para la fecha en que fue
expedido el acto administrativo demandado; pues el acuerdo de convocatoria data del 6
de agosto de 2019, mientras que el Decreto 498 de 2020 entró en vigor el 30 de marzo
de 2020.

53. El principio de irretroactividad supone que las disposiciones jurídicas rigen a partir
del momento en que entraron en vigor, de manera que solamente regulan situaciones de
hecho ocurridas bajo su vigencia14. En este contexto, tratándose del acto administrativo
mediante el cual se convoca un concurso de méritos para proveer vacantes de carrera
administrativa, este debe expedirse con estricto apego al régimen jurídico vigente para la
fecha de su expedición15.

54. En esa medida, el decreto en comento no le era aplicable a la convocatoria
demandada porque entró en vigor con posterioridad a su expedición; en tal sentido, es

13 «Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función

Pública».
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 4 de febrero
de 2010, rad. núm. 11001-03-27-000-2008-00018-00(17146). C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 25 de septiembre de 2025, rad. núm. 11001-03-25-000-2020-00181-00. C.P. Juan Camilo Morales
Trujillo.
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plausible afirmar que la regla que se estima vulnerada no produce efectos sobre el acto
administrativo acusado.

55. En definitiva, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

• Oferta de empleos ocupados en provisionalidad por personas en estatus de
prepensionados

56. El accionante consideró vulnerados el inciso primero del parágrafo 2 del artículo
263 de la Ley 1955 de 2019 y el parágrafo 4 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de
2015, toda vez que se ofertaron en la convocatoria empleos que estaban siendo
ocupados en provisionalidad por funcionarios prepensionados.

57. De la precitada normativa se advierte que el parágrafo 4 del artículo 2.2.5.3.2. del
Decreto 1083 de 201516 no estaba vigente para la fecha de expedición del acuerdo de
convocatoria, puesto que fue adicionado con posterioridad por el artículo 1 del Decreto
498 de 2020 y por esa razón no le era aplicable. Como ya fue señalado en líneas
anteriores, este último decreto entró en vigor el 30 de marzo de 2020 y no podía tener
efectos retroactivos sobre el acuerdo de convocatoria fechado el 6 de agosto de 2019.
En consecuencia, no hay lugar a contrastar el acto administrativo demandado con esta
disposición.

58. En cuanto al inciso primero del parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019,
este dispone que:

Ley 1955 de 2019. Artículo 263. […] Parágrafo 2. Los empleos vacantes en forma definitiva
del sistema general de carrera, que estén siendo desempeñados con personal vinculado
mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley le falten tres (3) años o menos para causar el derecho
a la pensión de jubilación, serán ofertados por la CNSC una vez el servidor cause su respectivo
derecho pensional.

59. En relación con las obligaciones previstas en la citada norma, el sindicato
demandante se limitó a alegar su incumplimiento sin aportar información ni pruebas que
permitan a la autoridad judicial concretar tal acusación. Se extraña, a modo apenas
ilustrativo, la identificación de los empleos ofertados que presuntamente adolecieron de
esta irregularidad o de los servidores prepensionados que resultaron afectados por ella.

60. No se puede perder de vista que la acusación presentada por la parte demandante
no constituye una negación o afirmación indefinida por la cual se hubiera invertido la
carga de la prueba17, de manera que era su deber demostrar su dicho. A pesar de lo

16 Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.5.3.2. […] «Parágrafo 4. La administración antes de ofertar los

empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberá identificar los empleos que están ocupados por
personas en condición de prepensionados para dar aplicación a lo señalado en el parágrafo 2 del artículo
263 de la Ley 1955 de 2019».
17 «Sobre este aspecto han sido unánimes las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y del

Consejo de Estado al, considerar que las afirmaciones o negaciones indefinidas son aquellas que ni
indirecta o implícitamente conllevan ninguna afirmación o negación opuesta: que no sólo son
indeterminables en el tiempo y en el espacio, sino que, en la práctica, no son susceptibles de probar por

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anterior, no reposa en el expediente elemento probatorio alguno que evidencie la postura
que expuso en el escrito de la demanda.

61. Por su parte, la CNSC no se pronunció, mientras que el ente territorial manifestó
haber atendido a cabalidad tal mandato al identificar a los funcionarios en provisionalidad
prepensionados y excluir de la convocatoria los empleos que ocupaban. Si bien tampoco
aportó pruebas de tales afirmaciones, téngase en cuenta que la parte demandante no se
pronunció frente a las excepciones formuladas por las accionadas ni presentó alegatos
de conclusión en los que las desvirtuara o se opusiera a ellas.

62. El incumplimiento de la carga probatoria que recaía sobre la parte demandante y
su silencio frente a lo manifestado por la entidad territorial accionada impiden a la Sala
corroborar la veracidad de los hechos que fundamentan el cargo. Esta circunstancia
acarrea de suyo la imposibilidad de efectuar el análisis sustancial del caso pretendido,
encaminado a determinar si el acuerdo de convocatoria demandado desconoció las
garantías previstas en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 a favor de los funcionarios
que ejercen empleos en provisionalidad y ostentan la condición de prepensionados.

63. Por lo anterior, este cargo tampoco prospera.

• Información sobre la ubicación de los empleos ofertados

64. El demandante alegó la vulneración del numeral 5 del artículo 2.2.6.3 del Decreto
1083 de 2015 y del derecho de los participantes a conocer las condiciones del empleo
ofertado, en tanto 31 de las 39 OPEC no especificaron la ubicación de la vacante a
efectos de saber cuál sería la dependencia en que se ejercería el cargo. La CNSC no se
pronunció sobre el particular; por su parte, la alcaldía explicó que su planta de personal
es global y por esa razón no era dable ofertar los empleos con una destinación específica.

65. La norma invocada dispone que la convocatoria al concurso de méritos debe
contener como mínimo, entre otros, la identificación del empleo, de la cual hace parte su
«ubicación». En tal virtud, el accionante aportó como prueba las 31 OPEC ofertadas18 en
la convocatoria en las que no se indica la dependencia en la cual se ejercerá el empleo,
sino que señala que será «DONDE SE UBIQUE EL CARGO».

66. Ahora bien, la indeterminación de la dependencia en la cual se ejercerá el empleo
ofertado de ninguna manera desconoce lo previsto en el Decreto 1083 de 2015 y, por
ende, tampoco constituye un vicio de nulidad del acuerdo de convocatoria. Ello es así por
cuanto, tal como lo expuso el ente territorial, su planta de personal es global y, en esa
medida, los empleos no necesariamente deben ser convocados con una destinación
particular porque no están adscritos a un área interna específica.

medio alguno. En estos casos, de acuerdo a las reglas generales sobre la carga de la prueba, el fardo
probatorio se invierte, correspondiéndole a la parte demandada probar el supuesto de hecho contrario»
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 7 de octubre
de 1992, rad. núm. 4442. C.P. Álvaro Lecompte Luna).
18 109798, 109172, 109210, 109171, 109202, 109167, 109174, 109192, 110740, 109069, 109165, 109333,

109479, 109163, 109177, 109203, 109208, 109205, 109200, 109204, 109206, 109106, 109190, 109207,
109173, 109193, 109195, 109198, 109170, 109164 y 109197.
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67. Esta corporación ha definido la planta de personal global como aquella en la que
se establece una relación detallada de los empleos requeridos para el cumplimiento de
las funciones de la entidad, sin identificar su ubicación en las unidades o dependencias
que hacen parte de la organización interna de la institución19. En estos casos, los empleos
se conciben de manera genérica para desempeñarse en cualquiera de las áreas según
la necesidad del servicio y por esa razón pueden ser reubicados sin que con ello se
modifiquen sus características esenciales; así lo ha reconocido esta subsección:

Bajo dicho entendido, es claro que en virtud de la reubicación de empleados, lo que se
pretende es que exista una laxitud en la ubicación de aquellos para laborar en diferentes
dependencias de la entidad, pero sin que se presente una variación en la naturaleza,
denominación ni clasificación del cargo ocupado por el servidor público, sino solo en la
dependencia para la cual se ejercerán las funciones y labores propias de su posición, aunque
con la posibilidad de que las tareas como tal puedan variar en cuanto a su objetivo ante la
especialidad de cada área de servicio20.

68. Este instrumento flexibiliza el traslado de funcionarios entre áreas a fin de
garantizar los objetivos institucionales, pues la movilidad del recurso humano de la
entidad ya no está sujeta a un proceso de reestructuración institucional, sino a la mera
voluntad administrativa encaminada a atender las necesidades cambiantes de los
objetivos misionales a su cargo21.

69. Al tenor del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, el manual de funciones,
que a la postre constituye el insumo principal de los empleos ofertados en el acuerdo de
convocatoria, describe las funciones que corresponden a los empleos de la planta de
personal y determina los requisitos exigidos para su ejercicio. Luego, la determinación de
estos elementos tampoco impone su asignación a una dependencia específica de la
autoridad de que se trate, en tanto pueden existir cargos cuyas características y requisitos
sean transversales a varias o incluso todas las áreas del ente público.

70. En esa medida, el requisito comprendido en la norma invocada por el demandante
de identificar el empleo y en tal virtud señalar su ubicación en la estructura orgánica de
la entidad no puede entenderse obligatorio para los casos en que la planta de personal
es global. En este tipo de escenarios se flexibiliza tal exigencia y se admite la omisión de
esta información, sin que pueda pretermitirse ninguna otra y, en todo caso, la
identificación del empleo incluya la denominación, código, grado salarial, asignación
básica, número de empleos por proveer, funciones y perfil de competencias.

71. Descendiendo al caso concreto, la Sala corroboró que, en efecto, la planta de
personal de la Alcaldía Mayor de Tunja es global22, de manera que no estableció la
ubicación de los empleos. Si bien el ente territorial no aportó al expediente los actos

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B. Sentencia del 10 de julio de

2020, rad. núm. 11001-03-25-000-2017-00422-00 (1984-2017). C.P. César Palomino Cortés.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A. Sentencia del 11 de noviembre

de 2021, rad. núm. 66001-23-33-000-2016-00237-01 (5465-2019). C.P. William Hernández Gómez.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A. Sentencia del 14 de mayo de

2020, rad. núm. 47001-23-33-000-2017-00088-01(5429-18). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
22 Se consultaron los Decretos 271 de 2005, 170 de 2019, 180 de 2019, 202 de 2019, 407 de 2019, 0002

de 2023, 187 de 2023 y 685 de 2023, mediante los cuales se establece la planta de personal y se modifican,
crean o suprimen los empleos allí concebidos.
14

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administrativos que la consagran, estos se encuentran publicados en su página web23 y
pueden ser valorados en el proceso al tenor del inciso final del artículo 177 del CGP24.

72. Por su parte, el manual de funciones delimitó someramente las dependencias a
las que estaría adscrito cada empleo en atención a las funciones a su cargo. Así pues,
en algunos casos se refirió de manera genérica a las «secretarías de despacho y oficinas
asesoras», mientras que en otros especificó una o varias dependencias. Tan es así, que
todos los empleos ofertados en la convocatoria podían ser contrastados con el manual
de funciones de la entidad a efectos de consultar la dependencia a la que estaría adscrita
la posición para la que concursarían; en algunos casos indeterminada, mientras que en
otros especificada.

73. De lo anterior se colige que la planta de personal y, respecto de algunos empleos,
el manual de funciones de la alcaldía omitió establecer con exactitud la ubicación de los
cargos previstos; circunstancia legítima que obedeció a la naturaleza global de la
estructura de funcionarios de la entidad. Siendo así, no le era exigible al ente territorial
que reportara en las OPEC una destinación específica para cada vacante, porque ello
puede variar según la necesidad del servicio.

74. En definitiva, este cargo tampoco prospera.

• Creación de cargos de agentes de tránsito y transporte en las entidades
territoriales

75. La parte demandante sostuvo que el acuerdo de convocatoria «creó las vacantes
de agente de tránsito en el concurso que hoy es objeto de estudio», sin que se hubiera
realizado el análisis previo exigido por el parágrafo del artículo 7 de la Ley 1310 de 2009.
Dicha disposición establece que «[p]ara la creación de los cargos de agentes de tránsito
y transporte de las entidades territoriales deberá evaluarse la conveniencia y oportunidad
según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio».

76. Al respecto, es preciso señalar que la regla en cita resulta aplicable al acto
mediante el cual se crean estos empleos en la planta de personal del respectivo ente
territorial, y no al manual de funciones que describe sus responsabilidades, ni al acuerdo
de convocatoria mediante el cual pretende proveer estos cargos. En otras palabras,
cuando se alega el incumplimiento de esta disposición, el reproche recae sobre el acto
que define la planta de personal y no sobre el manual de funciones ni sobre el acuerdo
de convocatoria.

77. Si bien las vacantes a proveer en el concurso de méritos emanan de la información
reportada por la entidad destinataria, la cual se fundamenta en la planta de empleos y en
el manual de funciones, en el presente asunto únicamente se controvirtieron el manual
de funciones y el acuerdo de convocatoria, mas no el acto que estableció la planta de
personal.

23 https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/tema/normatividad/decretos
24 Artículo 177. «Prueba de normas jurídicas. […] Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares

y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será necesaria su presentación cuando
estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente».
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78. En ese orden, y en gracia de discusión, el acto que eventualmente podría estar
viciado de nulidad sería aquel mediante el cual se crearon los cargos de agente de
tránsito en la planta de personal del municipio. En todo caso, el ente territorial explicó que
las vacantes ofertadas fueron inicialmente suprimidas en el Decreto 180 de 2019 para
modificar su nivel asistencial y posteriormente fueron creadas en el nivel técnico a través
del Decreto 202 de 2019. Según indicó, la modificación obedeció a la necesidad de
cambiar el nivel del empleo y ajustarse a los parámetros de la Ley 1310 de 2009.

79. En definitiva, este reproche tampoco prospera porque los actos controvertidos no
crearon los cargos de agentes de tránsito y con las modificaciones de la planta de
personal solo cambió el nivel del cargo de los agentes de tránsito.

Condena en costas

80. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma no significó un apartamiento o
alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia. La pretensión del legislador fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, únicamente en asuntos de interés público; creando así una excepción a la regla
general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

81. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no
habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace referencia
a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al abordar asuntos de
provecho general o común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no
persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor de un sujeto determinado.

82. En el caso concreto, se tiene que la acción fue incoada en ejercicio del medio de
control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general al abordar asuntos
de interés común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no persigue el
reconocimiento de derecho subjetivo alguno. Adicionalmente, no se advierte que la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal, toda vez que se
plantearon sendos cuestionamientos jurídicos contra los actos administrativos
demandados que debieron ser analizados tanto al decidir la medida cautelar como en la
sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el presente
proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

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PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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