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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00673-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00673-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formuladas contra el Decreto 20 del 20 de febrero de 2015 y del Acuerdo CNSC 20191000005916 del 14 de mayo de 2019, suscritos por el municipio de Sampués y la Comisión Nacional del Servicio Civil, respectivamente, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. 22 Consejo de Estado, Sala Diecisiete de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000- 2021-04664-00. Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 11001-03-25-000-2022-00673-00 (6163-2022) Demandante: Benjamín Antonio Cabrales Camargo y otros Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00673-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00673-00 (6163-2022)
Demandante: Benjamín Antonio Cabrales Camargo y otros
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y municipio de
Sampués

Temas: Concurso de méritos

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Benjamín Antonio Cabrales Camargo y otros contra
la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), y el municipio de Sampués.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA, 1 el señor Benjamín Antonio Cabrales Camargo y otros 2 , actuando
mediante apoderada, presentaron demanda en orden a que se anulen los siguientes
actos: i) Acuerdo CNSC 20191000005916 del 14 de mayo de 2019, «por el cual se
convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DE SAMPUÉS (SUCRE)-
Convocatoria No. 1315 de 2019-TERRITORIAL 2019», suscrito por CNSC; ii)
Decreto 20 del 20 de febrero de 2015, proferido por el municipio de Sampués, «por
medio del cual se ajusta el manual específico de funciones y de competencias
laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de
Sampués Sucre».

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.
2 Lacides Gastelbondo de Hoyos, Rafael Antonio García Palencia, Diana María Acuña Álvarez, Luis Cesar

Gómez Martínez, Yolanda Isabel Ríos Rojas, Nina Paola Chima Muñoz y Carmen María Otero Paternina.

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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00673-00 (6163-2022)
Demandante: Benjamín Antonio Cabrales Camargo y otros

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Los demandantes alegaron que los actos enjuiciados vulneraron los artículos 2,
3, 4, 6, 13, 23, 25, 28, 53, 58, 113, 115, 121, 125, 189-1, 209, 218, 230 y 241 de la
Constitución Política; 7,11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004; 137, 149 y 162 de la Ley
1437 de 2011; 2 de la Ley 1960 de 2019; 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015
[modificado por el artículo 4 del Decreto 498 de 2020] y 2.2.6.34 del Decreto 1083
de 2015 [adicionado por el artículo 3 del Decreto 51 de 2018].

4.Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes
cargos:

i) El municipio de Sampués omitió socializar el manual de funciones con sus
empleados y el sindicato. Además, ese documento no estaba actualizado.

ii) El estudio técnico requerido para la promulgación del manual de funciones
se entregó de manera incompleta en lo que respecta a las madres o padres
cabeza de familia sin alternativa económica; prepensionados; víctimas de la
violencia; personas con enfermedades terminales o con limitación física, mental,
visual o auditiva; mujeres embarazadas; y servidores con fuero sindical.

iii) Los requisitos de los empleos no se ajustaron al ordenamiento superior.
Específicamente, se observan las siguientes irregularidades:

a) El manual de funciones estableció que los profesionales universitarios
de la Secretaría de Hacienda tendrían la función de entablar juicios ejecutivos
por jurisdicción coactiva, «lo cual no se puede exigir a un Contador, ya que la
persona habilitada para realizar ese tipo de trámites es el profesional en
derecho».

b) Al profesional universitario, código 219, grado 08 (página 105), se le
exige conocer sobre procesos de estratificación urbana y rural, metodología
general ajustada, derecho laboral y seguridad social, es decir, que para ese
cargo solo es competente un abogado. Sin embargo, el perfil admite varias
profesiones.

c) El profesional universitario, código 219, grado 08 (página 112), no
establece clara y específicamente los requisitos de estudio y experiencia, «ya
que simplemente pide experiencia de 1 año en actividades públicas o privadas
relacionadas con el cargo».

iv) El manual de funciones modificó de manera irregular los requisitos de
formación académica y experiencia para quienes venían laborando en el
municipio, lo cual desconoció los Decretos 2484 de 2014 y 1083 de 2015, en

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tanto previeron que los cambios allí introducidos para ocupar empleos públicos
no aplicarían para quienes en ese momento estuvieren vinculados a la
administración.

v) El número de cargos que el municipio de Sampués reportó en la OPEC 3 no
concuerda con el número de cargos de la alcaldía, ni con los ocupados por
personas próximas a pensionarse. De esta manera se desconoció el artículo
2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051
de 2018, que impone a los jefes de personal de las entidades estatales el deber
de reportar verazmente la OPEC de los empleos que se encuentren vacantes de
manera definitiva y el Decreto Ley 785 de 2005, que establece la obligación de
actualizar los manuales de funciones.

vi) Se desconoció el principio de colaboración armónica, ya que el municipio de
Sampués, previo a la expedición del acuerdo demandado, había solicitado a la
CNSC ampliación del plazo para reportar la OPEC, pues se encontraba en un
proceso de reestructuración y modernización administrativa y estaba en curso la
modificación y unificación del manual de funciones y competencias laborales; sin
embargo, estas solicitudes no fueron atendidas.

vii) El Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020, ya que «la aplicación
de las pruebas respectivas en un periodo de emergencia sanitaria y social van en
contravía del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 y por tanto no se
estaría garantizando el principio del mérito en la función pública y obligar a los
aspirantes a realizar este tipo pruebas era violatorio de sus derechos
fundamentales».

viii) El manual de funciones demandado estableció funciones idénticas para
distintas denominaciones del cargo en el nivel asistencial.

ix) El referido manual excedió los límites de la experiencia relacionada para los
empleos de técnicos operativos.

1.2. Contestación de la demanda

5.El municipio de Sampués no contestó la demanda. De otro lado, la CNSC se
opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento a las siguientes razones:

i) La entidad tiene en cuenta la oferta pública de empleos de carrera-OPEC
reportada por las dependencias nominadoras conforme a su MEFCL; 4 sin
embargo, la CNSC no participa ni interviene en la adopción del documento,
además en sus funciones constitucionales y legales no se encuentra la vigilancia

3 Oferta Pública de Empleos de Carrera.
4 Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

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del MEFCL de las entidades destinatarias de los certámenes. En todo caso, el
manual de funciones se presume legal hasta en tanto la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo adopte una decisión sobre este.

ii) La anulación del Decreto 1754 de 2020 surtió efectos hacia futuro, de ahí que
la decisión adoptada por el Consejo de Estado no afecta las actuaciones surtidas
en los procesos de selección que se encontraban en curso.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

6. Por auto del 7 de junio de 2024, se admitió la demanda.

7.A través de providencia del 4 de abril de 2025, se negó la solicitud de medida
cautelar presentada por la accionante.

8. Mediante auto del 26 de septiembre de 2025, el despacho evidenció la posibilidad
de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A
del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 ibidem; b) resolver sobre las pruebas aportadas y
solicitadas; c) fijar el litigio; d) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para
presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

9. Los sujetos procesales guardaron silencio en esta etapa procesal.

2.3. Ministerio Público

10. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

11. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación, le

corresponde a la Sala determinar si el Acuerdo CNSC 20191000005916 del 14 de
mayo de 2019 expedido por la CNSC y el Decreto 20 del 20 de febrero de 2015
signado por el alcalde del municipio de Sampués están viciados de nulidad por

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violación al ordenamiento constitucional y legal en que debía fundarse, en los
términos alegados por los accionantes.

3.2. Texto de los actos demandados

13. Es preciso aclarar que no se transcribirán integralmente los actos enjuiciados en

razón a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes
relevantes al sub lite, cuyo tenor es el siguiente:

ACUERDO CNSC-20191000005916 DEL 14-05-2019

" Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección para
proveer definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DE SAMPUÉS (SUCRE) -
Convocatoria No. 1315 de 2019-Territorial 2019”

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 11,12 y 30 de la Ley 909 de
2004 y en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
[…]
ACUERDA:
[…]

ARTÍCULO 1.- CONVOCATORIA. Convocar al proceso de selección para proveer de
manera definitiva veintiséis (26) empleos con treinta (30) vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA
DE SAMPUÉS (SUCRE), que se identificará como “Convocatoria No. 1315 de 2019-
TERRITORIAL 2019”

ARTÍCULO 2°- ENTIDAD RESPONSABLE. El Proceso de Selección por mérito que
se desarrollará para proveer veintiséis (26) empleos con treinta (30) vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la ALCALDÍA DE SAMPUÉS (SUCRE) correspondientes a los niveles Profesional,
Técnico y Asistencial; estará bajo la directa responsabilidad de la CNSC, quien en
virtud de sus competencias legales podrá suscribir contratos o convenios
interadministrativos para adelantar las diferentes fases con universidades públicas o
privadas o instituciones de educación superior acreditadas por la misma CNSC para
realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en el artículo 30 de la Ley 909 de
2004.
[…].

DECRETO No. 020 de febrero 20 de 2005

“Por medio del cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de
Sampués Sucre”

El Alcalde Municipal de Sampués Sucre, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y en especial de las conferidas por la Constitución Política en el Artículo 315,

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Numeral 7.; por la Ley 136 de junio 2 de 1994 en su Artículo 91, Literal D), Numeral
4; artículo 74 de la Ley 617 de 2000 en especial el Decreto 785 del 17 de marzo de
2005, Artículos 13, 28 y las facultades otorgadas por el Concejo Municipal y,

CONSIDERANDO:

[…]

Que se hace necesario ajustar el Manual Específico de Funciones y requisitos a
efectos de aplicar el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos del Decreto
785/05.

Que se hace necesario adoptar la nueva estructura en el manual de funciones acorde
con los lineamientos del Decreto 2539 de 2005, para determinación de las
competencias comportamentales y funcionales por nivel jerárquico.

Que para ajustar las funciones de los diferentes empleos que constituyen los empleos
de carrera de la Administración Municipal de Sampués Sucre, se requiere estructurar
el Manual de Funciones y Competencias Laborales para incluir las responsabilidades
asociadas a los sistemas implementados ó en proceso de implementación para el
cumplimiento de la normatividad legal ó para el mejoramiento de los procesos.

Que se hace necesario expedir el manual especifico de funciones y competencias
laborales de los empleos, adscritos a la Planta de la Administración Central del
Municipio de Sampués Sucre a efectos de dar cumplimiento a lo señalado en las
normas legales que regulan la materia, así como a las circulares emitidas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública y por supuesto, adecuarlo a
escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo
efectuada a partir del mes de abril de 2011. […]

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

Artículo 1. Modificar el Manual Específico de Funciones, requisitos y Competencias
Laborales, para los niveles jerárquicos y empleos que conforman la planta de personal
de la Administración Municipal de Sampués Sucre, nivel central – alcaldía, las cuales
deben ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden
al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan,
así:
[…].

3.3. Generalidades del sistema de carrera administrativa

14. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los

empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

15. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema

técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la

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administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.

16. Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas
o instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.

3.4. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad

17. A continuación, se estudiarán en forma agrupada los cargos de nulidad expuestos

por los demandantes con miras a resolver integralmente el debate.

3.4.1. Irregularidades del manual de funciones, la OPEC reportada por el ente
territorial a la CNSC y en la etapa de formación de la convocatoria

18. Los actores alegaron que el municipio de Sampués omitió socializar el manual de

funciones con sus empleados y el sindicato; además, que ese documento no estaba
actualizado.

19. En primer lugar, se verificará el artículo 29 del Decreto 1785 de 2014, norma

vigente para la fecha de expedición del Decreto 20 del 20 febrero de 2015 «por
medio del cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de
Sampués Sucre». En lo relevante al presente asunto, la norma dispuso:

Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente decreto
expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal
y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el presente Decreto.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo
o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o
adición del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el
cumplimiento de las disposiciones aquí previstas.

20. En ese sentido, al momento de expedición del MEFCL, el municipio de Sampués

no tenía el deber de socializar con las organizaciones sindicales el acto

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administrativo que lo adoptara, al amparo de la normativa invocada por los
demandantes.

21. Al respecto, es pertinente anotar que un acto administrativo solamente puede

vulnerar una disposición superior que se encuentre vigente al momento de su
expedición, pero esta condición no se cumple en el sub lite, toda vez que el acto
administrativo enjuiciados fue suscrito el 20 de febrero de 2015, mientras que la
norma invocada como quebrantada se publicó en el diario oficial el 16 de enero de
20185, por lo tanto, no es válido sostener que la convocatoria cuestionada debía
acatar unos mandatos que no habían nacido a la vida jurídica.

22. Entonces, no está llamado a prosperar el cargo de anulación basado en que el

ente territorial omitió socializar el manual de funciones con sus empleados y el
sindicato.

23. En segundo lugar, los demandantes alegaron la falta de actualización del MEFC.

Sobre el punto, en un caso con contornos similares al presente en el cual se alegó
la falta de actualización del manual de funciones, la corporación señaló:

Los accionantes sostuvieron que el acuerdo cuestionado se fundó en un manual de
funciones desactualizado; sin embargo, omitieron indicar en qué sentido los requisitos
para ocupar los empleos, las funciones asignadas, el nivel, las competencias
requeridas y demás aspectos inherentes a dicho documento eran obsoletos o
desajustados frente a la normativa superior.

De esta manera, el anterior argumento resulta insuficiente para anular el acto
demandado. En efecto, esta corporación en varias oportunidades ha negado la
nulidad de actos administrativos cuando los actores no esgrimen razones claras,
suficientes y fundadas para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones. Al
respecto, se ha explicado que si bien la jurisdicción de lo contencioso está facultada
para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del demandante de
alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de la demanda.6

24. El anterior lineamiento jurisprudencial resulta aplicable al asunto, pues los
interesados únicamente manifestaron que el MEFCL no fue actualizado por el ente
territorial.

25. De esa manera, los demandantes no indicaron qué aspectos específicos del
manual de funciones eran contrarios a las normas superiores y omitieron identificar
cuáles requisitos académicos o de experiencia pudieron verse afectados por la falta
de actualización y mucho menos demostraron el impacto que esa omisión tuvo en
el certamen.7

5
Al respecto, el Decreto 051 de 2018 que estableció el requisito de socializar con las organizaciones sindicales
el manual de funciones o su modificación, se publicó en el diario oficial 50.478 del 16 de enero de 2018.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de julio de 2023, radicado 11001-03-

25-000-2020-00648-00 (1806-2020).
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de julio de 2023, radicado 11001-03-

25-000-2020-00648-00 (1806-2020).

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26. A su vez, los accionantes manifestaron que el estudio técnico requerido para la

promulgación del manual de funciones se entregó de manera incompleta en lo que
respecta a las madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica;
prepensionados; víctimas de la violencia; personas con enfermedades terminales o
con limitación física, mental, visual o auditiva; mujeres embarazadas; y servidores
con fuero sindical.

27. Sin embargo; dicho razonamiento resulta genérico, ya que no se contrastaron los

empleos y perfiles de empleos ocupados por personas en condiciones de especial
protección que, en sentir de los actores, debían incluirse en el estudio técnico que
condujo a la expedición del MEFLC, por lo que no es posible ahondar en
explicaciones frente a este reparo.

28. En todo caso, la Corte Constitucional ha señalado que, en el sistema de carrera

administrativa, por regla general, los cargos oficiales deben ser provistos mediante
un concurso público de méritos. De ahí que los nombramientos en provisionalidad
o encargo son una excepción.8

29. No obstante, se ha determinado que los nombramientos en provisionalidad son

transitorios y otorgan a los empleados una estabilidad laboral relativa o intermedia,
de ahí que, estos pueden ser desvinculados por medio de acto motivado9.

30. Estacorporación, con base en lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-446 de 2011, ha considerado que la garantía de que gozan las
personas constitucionalmente protegidas «consiste en que deben ser los últimos en
ser desvinculados y, si es posible, nuevamente ser vinculados en forma provisional
en cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando, para lo cual
deberán acreditar su situación para la época de desvinculación o en el momento del
posible nombramiento».10

31. En consecuencia, si bien es cierto que pueden existir empleados que estén
vinculados en provisionalidad y se encuentren en situaciones particulares que los
hagan merecedores de un tratamiento diferencial, tal circunstancia no puede
desplazar el derecho que adquiere quien ha superado todas las etapas de un
concurso de méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual aspiró. 11 De ahí que,

8 Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-290 de 2007, C-1177 de 2001, C-973

de 2001, C-973 de 2001, C-963 de 2003 y C-1230 de 2005.
9 Sobre el particular, en la sentencia T-245 de 2007, se explicó que «, la situación en que se encuentran estos

funcionarios está amparada por lo que se ha conocido como el ‘fuero de estabilidad’, el cual protege,
precisamente, dicha estabilidad intermedia de la que gozan estos trabajadores, la cual se opone a la posibilidad
de ser removidos sin que medie una justa causa que tenga como fundamento la calificación de desempeño, la
comisión de faltas disciplinarias o la provisión del cargo por concurso de méritos».
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 6 de febrero de 2025, radicado 11001-03-25-

000-2022-00266-00 (1630-2022).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001 03 25 000

2023 00042 00 (0818-2023).

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia
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Demandante: Benjamín Antonio Cabrales Camargo y otros

ofertar los cargos ocupados por personas en condiciones especiales no vició de
nulidad la convocatoria.

32. De otro lado, los demandantes expresaron que el número de cargos reportados

por el municipio de Sampués en la OPEC no concuerda con el número de cargos
de la alcaldía, ni con los ocupados por personas próximas a pensionarse.

33. Sin embargo, no allegaron los actos o informes que precisaran cuáles cargos

estaban ocupados en provisionalidad, en propiedad o por personas prepensionadas
para poder verificar si coincidían los empleos en vacancia definitiva con los
reportados en la OPEC y cómo se analizó la situación de los sujetos de especial
protección.

34. Asimismo, los actores alegaron que se desconoció el principio de colaboración

armónica, ya que el municipio de Sampués, previo a la expedición del acuerdo
demandado, había solicitado a la CNSC ampliación del plazo para reportar la OPEC,
pues se encontraba en un proceso de reestructuración y modernización
administrativa y estaba en curso la modificación y unificación del manual de
funciones y competencias laborales; empero, estas solicitudes no fueron atendidas.

35. No obstante, la parte demandante incumplió la carga procesal de allegar las
comunicaciones entre el ente territorial y la CNSC para verificar la veracidad de las
anteriores afirmaciones.

36. En todo caso, el acuerdo demandado dejó constancia de que «la CNSC realizó

conjuntamente con delegados de la entidad, la etapa de planeación para adelantar
el proceso de selección con el fin de proveer los empleos en vacancia definitiva del
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA
DE SAMPUÉS (SUCRE)» y, en virtud de ello, el ente territorial reportó la OPEC. De
ese modo, el acto administrativo detalló que «la entidad objeto de la presente
convocatoria, consolidó la […] OPEC, la cual fue certificada por el representante
legal y el jefe de talento humano […]».

37. Lo
anterior evidenció la participación activa de la CNSC y el municipio de
Sampués en la construcción y definición de los ejes temáticos.

38. Así las cosas, esta corporación ha expresado que el suministro de la OPEC a la

CNSC es un elemento indispensable para impulsar los concursos y es un reflejo de
la colaboración y coordinación en la etapa de planeación, pues «la información que
se consolida en la oferta es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos
para los empleos por proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si
no se contara con ella, el certamen no podría llevarse a cabo».12

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-

03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).

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39. En tal sentido, esta Subsección ha enfatizado en la importancia de la OPEC en

los siguientes términos:13

El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para elaborar
la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la OPEC
definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema del
mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria.14

Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña la
convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas.15

40. Así las cosas, no está llamado a prosperar el cargo de anulación basado en que

durante la etapa de planeación del proceso de selección no actuaron
coordinadamente la CNSC y el municipio de Sampués.

3.4.2. Cambios en el manual de funciones a servidores vinculados

41. Los actores expresaron que el MEFCL modificó de manera irregular los requisitos

de formación académica y experiencia para quienes venían laborando en el
municipio, lo cual desconoció los Decretos 2484 de 2014 y 1083 de 2015, en tanto
previeron que los cambios allí introducidos para ocupar empleos públicos no
aplicarían para quienes en ese momento estuvieren vinculados a la administración.

42. En efecto, el artículo 10 del Decreto 2484 de 2014, norma vigente para la fecha

en que se expidió el manual de funciones acusado, dispuso que «a los empleados
públicos que al entrar en vigencia este decreto estén desempeñando empleos de
conformidad con normas anteriores, para todos los efectos legales, y mientras
permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o incorporados a cargos
equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no se les exigirán
los requisitos establecidos en el presente decreto».

43. Dicha norma buscó salvaguardar la estabilidad laboral de aquellos empleados

que se encontraban laborando para el momento en que se cambiaron los requisitos
de formación y experiencia para acceder a los cargos públicos; sin embargo, en lo
que atañe al sub lite, se observa que los demandantes no hicieron ningún esfuerzo

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-

25-000-2019-00204-00 (1330-2019).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-

03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).

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por demostrar cuáles fueron los cambios que introdujo el nuevo MEFCL respecto
del anterior y tampoco existen pruebas que permitan inferir que se desconoció dicha
protección.

44. Además, el nuevo manual no indica la forma en que se aplicaría a los servidores

que venían prestando sus servicios, por lo cual no es posible estudiar con mayor
profundidad este argumento y, en todo caso, el examen de posibles afectaciones a
situaciones particulares escapa a la naturaleza del medio de control incoado.

45. En tal sentido, esta corporación ha explicado que la demanda de simple nulidad

se encamina a restaurar el ordenamiento jurídico que ha sido quebrantado por la
administración al expedir actos violatorios de normas superiores, mientras que la de
nulidad y restablecimiento del derecho, además de la anotada finalidad, se orienta
a restablecer un derecho subjetivo que resultó afectado por los actos de la
administración.16

46. Bajo este contexto, la Sala carece de competencia para revisar las situaciones

particulares anotadas por los actores, pues ello no guarda congruencia con el
interés general y la salvaguarda del principio de legalidad que reivindica este medio
de control.

3.4.3. Cargo sin requisitos

47. Los accionantes señalaron que el cargo de profesional universitario, código 219,

grado 08 (página 112), no establece clara y específicamente los requisitos de
estudio y experiencia, «ya que simplemente pide experiencia de 1 año en
actividades públicas o privadas relacionadas con el cargo».

48. La corporación se aparta del anterior razonamiento, ya que al revisar el MEFCL

se observa que el empleo cuenta con los siguientes elementos: a) identificación; b)
propósito principal; c) funciones esenciales; d) criterios de desempeño; e)
conocimientos básicos o esenciales; f) evidencias requeridas; y g) requisitos de
estudio y experiencia. En cuanto a estos últimos, se determinaron los siguientes:

MÍNIMO: Título de tecnólogo o de profesional y experiencia de un año en actividades
públicas o privadas relacionadas con el cargo.
MÁXIMO: Título profesional, título de posgrado y experiencia de un año en
actividades públicas o privadas relacionadas con el cargo.

49. En consecuencia, el MEFCL sí estableció los elementos del empleo, cosa distinta

es que los actores consideren que el requisito de experiencia debió ser otro.
Además, los interesados no aludieron a un requerimiento alternativo y que pudiera

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 11 de febrero de 2014,

radicado 54001 23 33 000 2012 00089 01 (19830).

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considerarse más correcto que el escogido por la administración. De ahí que no
logre advertirse una irregularidad en este aspecto.

50. Por lo tanto, este cargo no cuenta con la fuerza argumentativa suficiente para

controvertir la presunción de legalidad y acierto de los actos demandados.

3.4.4. Empleos que requieren título profesional en derecho

51. Los actores expresaron que el manual de funciones estableció que los
profesionales universitarios que se desempeñaran en la Secretaría de Hacienda
tenían la función de entablar juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva, «lo cual no
se puede exigir a un Contador, ya que la persona habilitada para realizar ese tipo
de trámites es el profesional en derecho».

52. Igualmente, advirtieron que, al profesional universitario, código 219, grado 08

(página 105), se le exige conocer sobre procesos de estratificación urbana y rural,
metodología general ajustada, derecho laboral y seguridad social, es decir, que para
ese cargo solo es competente un abogado. Sin embargo, el perfil admite varias
profesiones.

53. En suma, los interesados consideran que los referidos cargos tienen asignadas

unas funciones que solo pueden ser desarrolladas por profesionales del derecho.

54. Por su parte, el parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto 2484 de 2014 dispuso que,

en las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de carrera, se
indicarán los núcleos básicos del conocimiento de acuerdo con la clasificación
contenida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES),
o bien las disciplinas académicas o profesiones específicas que se requieran para
el desempeño del empleo, de las previstas en el respectivo manual específico de
funciones y de competencias laborales, de acuerdo con las necesidades del servicio
y de la institución.

55. A su turno, el Consejo de Estado ha concluido que la disposición en comento

«admite que, a efectos de la convocatoria al concurso de méritos, se indiquen
facultativamente los núcleos básicos del conocimiento o las disciplinas
académicas o profesiones específicas que se requieran para el desempeño del
cargo».17 Además, cada entidad está llamada a verificar que la disciplina académica
o profesión que se exija como requisito de formación pertenezca efectivamente al
correspondiente núcleo básico del conocimiento señalado en el manual, para lo cual
deberán tenerse en cuenta las funciones del empleo o área de desempeño.18

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, radicado
11001032500020210020900 (1324-2021).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado

11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados.

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56. Asimismo, el DAFP19 ha expresado que las entidades públicas están habilitadas

para determinar cuáles núcleos del conocimiento son los más adecuados para el
desempeño de los diferentes cargos. Al respecto, se ha indicado:

[…] la Administración puede definir en el manual de funciones, los Núcleos Básicos
de Conocimiento - NBC, que considere necesarios para el ejercicio de un determinado
empleo, inclusive si pertenecen a áreas de conocimiento diferentes, siempre y cuando
ellos estén relacionados con la naturaleza de las funciones del empleo. Es decir, el
registro de varios núcleos de conocimiento para una determinada ficha de
empleo es perfectamente válido.
[…]
En síntesis, los núcleos básicos del conocimiento se definirán en torno al área de
desempeño, su descripción funcional, sus conocimientos básicos, sus requisitos,
entre otros. […]. [Resalta la Sala].

57. En este orden de ideas, no es posible concluir que los cargos de profesional

universitario del municipio de Sampués, a los que aluden los actores, solo puedan
ser desempeñados por abogados; por el contrario, el ente territorial gozaba de
amplias facultades para determinar el perfil del empleo dependiendo de las
necesidades del servicio, las funciones a desempeñar y área al que serían
asignados.

58. Los actores tampoco hicieron un contraste entre el pénsum académico de las

diferentes profesiones en aras de explicar y demostrar con exactitud por qué
únicamente la formación en derecho es idónea para ejercer esos empleos.

59. Además, al plenario no se allegó el estudio técnico que precedió la expedición

del manual demandado, de manera que la Sala carece de insumos suficientes para
hacer un análisis más profundo en aras de determinar si exclusivamente un
profesional del derecho tendría las capacidades y habilidades para ejercer dichos
cargos, como lo sugieren los accionantes.

3.4.5. Funciones del nivel asistencial y requisitos del técnico operativo

60. Losdemandantes afirmaron que el manual de funciones acusado estableció
funciones idénticas para distintas denominaciones del cargo en el nivel asistencial.

61. Ahora bien, según consta en el referido documento, los cargos del nivel
asistencial son los siguientes:

Cargo Nivel Código Grado
Auxiliar administrativo Asistencial 407 3
Auxiliar administrativo Asistencial 407 3
Auxiliar administrativo Asistencial 407 4
Auxiliar administrativo Asistencial 407 2
Auxiliar administrativo Asistencial 407 1

19 Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Auxiliar administrativo Asistencial 407 1
Auxiliar administrativo Asistencial 407 1
Auxiliar administrativo Asistencial 407 1
Auxiliar administrativo Asistencial 407 1
Auxiliar administrativo Asistencial 407 1
Secretario ejecutivo despacho alcalde Asistencial 438 4
Secretaria ejecutiva Asistencial 425 4
Secretaria ejecutiva Asistencial 425 4
Secretaria ejecutiva Asistencial 425 4
Secretaria ejecutiva Asistencial 425 4
Secretario Asistencial 440 3
Secretario Asistencial 440 3
Secretario Asistencial 440 3
Conductor Asistencial 480 5
Conductor Asistencial 480 5
Celador Asistencial 477 1
Celador Asistencial 477 1
Celador Asistencial 477 1
Celador Asistencial 477 1
Celador Asistencial 477 1
Auxiliar de servicios generales Asistencial 470 1
Auxiliar de servicios generales Asistencial 470 1
Ayudante Asistencial 472 1

62. Como se observa, en el municipio de Sampués existen 28 cargos del nivel
asistencial, los cuales cuentan con diferentes denominaciones, códigos y grados.
Ante esta amplitud del objeto de estudio, los actores debieron hacer un esfuerzo
argumentativo para explicar cuáles cargos específicamente tenían funciones
idénticas.

63. En tal sentido, se echa de menos el estudio técnico que permitiera establecer si

ello tendría justificación, máxime cuando la planta es global y flexible, es decir, que
los empleos, por regla general, no están asignados a una sola dependencia y ello
podría justificar que ejerzan idénticas funciones, pero para el área al cual son
asignados; por el contrario, se efectuaron reparos genéricos que imposibilitan el
análisis del despacho frente a este aspecto.

64. Así las cosas, es pertinente recordar que, si bien «la jurisdicción de lo contencioso

está facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
la demanda».20

65. Iguales conclusiones se predican del argumento según el cual el manual excedió

los límites de la experiencia relacionada para los empleos de técnicos operativos,
pues los actores no indicaron si dicha irregularidad se predica de los requisitos

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado
1100103-25-000-2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias
proferidas por esta corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-
2018); ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de
marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136).

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mínimos, de los máximos o de ambos, según los define el Decreto Ley 785 de 2005.
Como tampoco indicaron cuál era la categoría del municipio de Sampués para el
momento en que se expidió dicho manual, pese a que se trata de un dato esencial
para poder verificar cuáles son los requisitos de formación y experiencia para los
diferentes niveles de empleo.

66. En todo caso, al consultar la página web del ente territorial,21 en la cual consta

que es de sexta categoría. Así, al contrastar los requisitos del Decreto Ley 785 de
2005 con los del manual, se observa que se respetaron los límites mínimos y
máximos para el nivel técnico, conforme se ilustra en el siguiente cuadro:

Requisitos Decreto Ley 785 de 2005 Manual de funciones demandado
Terminación y aprobación de cuatro (4) años Terminación y aprobación de cuatro (4) años
de educación básica secundaria y curso de educación básica secundaria y curso
Mínimos específico, mínimo de sesenta (60) horas específico, mínimo de sesenta (60) horas
relacionado con las funciones del cargo. relacionado con las funciones del cargo.
Título de formación tecnológica y experiencia o
Al fijar el requisito específico podrá optar por
terminación y aprobación del pensum
título de formación tecnológica y experiencia
académico de educación superior en
o terminación y aprobación del pénsum
Máximos formación profesional y experiencia de un año
académico de educación superior en
en entidades públicas o privadas con
formación profesional y experiencia.
funciones relacionadas a las del cargo.

67. De esa manera, no tiene vocación de prosperidad el cargo expuesto por los
actores.

3.4.6. Suspensión del proceso de selección

68. Los demandantes indicaron que el Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de

2020, Consejo de Estado anuló el Decreto 1754 de 2020, ya que «la aplicación de
las pruebas respectivas en un periodo de emergencia sanitaria y social van en
contravía del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 y por tanto no se
estaría garantizando el principio del mérito en la función pública y obligar a los
aspirantes a realizar este tipo pruebas era violatorio de sus derechos
fundamentales».

69. Al respecto, el Decreto 491 de 2020 dispuso el aplazamiento de los procesos de

selección por la pandemia del COVID-19, particularmente en el artículo 14
estableció lo siguiente:

Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación
de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento
social, se aplazaran los procesos de selección que actualmente se estén adelantando
para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o

21 https://www.sampues-sucre.gov.co/normatividad/decreto-no-190-de-2024

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especifico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de
pruebas.

Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere
la Emergencia Sanitaria.

70. En ese sentido, la normativa sólo suspendió los certámenes que se encontraran

en las etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas.

71. A su vez, el Decreto 1754 de 2020 reactivó las etapas de reclutamiento y
aplicación de pruebas a partir del 22 de diciembre de 2020.

72. Nótese que los accionantes no explicaron con detalle ni aportaron pruebas de

cuáles etapas se surtieron en contravía del decreto que suspendió el desarrollo de
los concursos mientras estuviera vigente el aludido Estado de excepción, por lo cual,
se carece de los elementos probatorios que acrediten en cuáles fechas se adelantó
el proceso de selección.

73. Es pertinente anotar que el Decreto 1754 de 2020 fue anulado por esta
corporación, mediante sentencia del 3 de junio de 2022,22 con la aclaración de que
«los efectos de la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, operan
únicamente desde el momento de emisión de esta sentencia y hacia el futuro o ex
nunc».

3.5. Condena en costas

74. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se

ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

75. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formuladas contra el
Decreto 20 del 20 de febrero de 2015 y del Acuerdo CNSC 20191000005916 del 14
de mayo de 2019, suscritos por el municipio de Sampués y la Comisión Nacional
del Servicio Civil, respectivamente, en atención a lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

22 Consejo de Estado, Sala Diecisiete de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000-

2021-04664-00.

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Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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