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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00608-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00608-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor Oscar David Melo Rodríguez en contra del Acuerdo CNSC - 20191000000596 del 4 de marzo de 2019, «[p]or el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la (sic) Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Casanare - INDERCAS (CASANARE) – Convocatoria No. 1070 de 2019 – TERRITORIAL 2019», suscrito por la presidenta de la CNSC y el representante legal de INDERCAS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00608-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro

Temas: Convocatoria a concurso de méritos

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por el señor Oscar David Melo Rodríguez contra la Nación, Comisión
Nacional del Servicio Civil - CNSC y el Instituto para la Recreación, el Deporte, la
Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Casanare -
INDERCAS.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el ciudadano antes mencionado, actuando en nombre propio, solicitó
declarar la nulidad del Acuerdo CNSC - 20191000000596 del 4 de marzo de 2019,
«[p]or el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por
mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la (sic)
Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Casanare - INDERCAS (CASANARE) –
Convocatoria No. 1070 de 2019 – TERRITORIAL 2019», suscrito por la presidenta de
la CNSC y el representante legal de INDERCAS.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

El demandante sostuvo que el acuerdo acusado quebrantó el preámbulo y los
artículos 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política; 9 de la Ley 1006 de 2006;
263 de la Ley 1955 de 2019; y 2 de la Ley 1960 de 2019.

Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos de
nulidad contra el Acuerdo CNSC - 20191000000596 de 2019:

i) La convocatoria enjuiciada infringió el artículo 9 de la Ley 1006 de 2006.2

ii) El artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 ordenó que en los procesos de selección
por méritos debía convocarse el 70% de las vacantes por concurso abierto de
ingreso y el 30% por concurso de ascenso; sin embargo, el acuerdo demandado
incrementó el primer porcentaje al 76%.

Además, en este caso se cumplían todos los presupuestos para efectuar el
concurso de ascenso, pues las vacantes a proveer «pertenecen a la misma planta
de personal, las plantas de personal del sector administrativo o cuadro funcional
de empleos, en los niveles asesor, profesional, técnico o asistencial». Igualmente,
existían servidores con derechos de carrera que cumplían los requisitos para
ocupar las referidas plazas.

iii) El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que debían adoptarse acciones
afirmativas para los servidores en condiciones especiales, en situación de
discapacidad, madres o padres de cabeza de familia que fueran a ser
desvinculados en razón al nombramiento de las personas que ganaron un
concurso de méritos; empero, el acto acusado no previó medidas de protección
tendientes a reubicar a los aludidos empleados.

2 El demandante se limitó a transcribir la referida disposición.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

iv) El departamento de Casanare vulneró la buena fe, confianza legítima, igualdad,
y debido proceso de los aspirantes al certamen acusado, ya que cambió
intempestivamente las reglas fijadas en la convocatoria a concurso. En efecto, la
Asamblea Departamental expidió la Ordenanza 6 de 2019 en la cual creó nuevos
cargos en las distintas áreas de la gobernación. Asimismo, la administración
modificó los manuales de funciones de los cargos ofertados. Entonces, se debe
suspender el proceso de selección hasta cuando culmine la reorganización
institucional.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La CNSC, por intermedio de apoderada, contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes
razonamientos:3

i) La CNSC no es coadministradora de las plantas de personal de las entidades
beneficiarias de los concursos de méritos, pues se trata de una responsabilidad
exclusiva de sus representantes legales.

ii) La Constitución Política radicó en la CNSC la función de administrar y vigilar la
carrera administrativa. Esta competencia es exclusiva e indivisible; por lo tanto, no
puede compartirse con otros organismos.

iii) El Acuerdo 20191000000596 de 2019 respetó los principios que orientan el
ingreso a los empleos públicos de carrera administrativa, las reglas que disciplinan
los procesos de selección y se ajustó a la oferta pública de empleos que consolidó
INDERCAS.

iv) La Ordenanza Departamental 6 de 11 de julio de 2019 se expidió con
posterioridad a la adopción del manual de funciones que sirvió de base para la
conformación de la OPEC y cuya estructuración era responsabilidad de la Oficina

3 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

de Talento Humano de INDERCAS.

v) Los empleos de la gobernación son de elección popular o de libre
nombramiento y remoción, por ende, los cambios introducidos a estos no pueden
afectar la legalidad del certamen demandado.

vi) El 1 de agosto de 2019, la CNSC emitió criterio unificado en el sentido de indicar
que permanecerían incólumes los procesos de selección aprobados antes de la
expedición de la Ley 1960 de 2019 (27 de junio de 2019). Entonces, como el
concurso demandado fue aprobado en sala plena del 12 de febrero de 2019 no
resulta aplicable la referida ley.

vii) La Ley 909 de 2004 obliga a todas las entidades públicas a reportar los
empleos que se encuentren en vacancia definitiva sin importar que estén siendo
ocupados en provisionalidad por servidores próximos a pensionarse, mujeres en
estado de embarazo, madres o padres cabeza de familia, personas con dictamen
de discapacidad laboral o empleados amparados con fuero sindical. A su vez, las
autoridades judiciales deberán adoptar la decisión que corresponda en caso de
que lleguen a colisionar determinados derechos.

viii) La CNSC expidió la Circular 2019100000097 del 28 de junio de 2019, en la cual
fijó los lineamientos para aplicar la protección prevista en el artículo 263 de la Ley
1955 de 2019 respecto de los procesos de selección iniciados a partir del 25 de
mayo de 2019; sin embargo, estas directrices no pueden extenderse al presente
asunto porque el certamen se convocó con anterioridad a fecha indicada, por
ende, INDERCAS no estaba obligado a informar la condición de prepensionado de

quienes desempeñaban las vacantes ofertadas.

1.2.2. INDERCAS, actuando por intermedio de apoderada, solicitó que se negaran
las súplicas de la demanda, con base en los siguientes argumentos: 4

4 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

i) La Resolución 311 del 29 de diciembre de 2016 estableció el manual especifico
de funciones y competencias laborales para los empleados de INDERCAS, por lo
que cumplió con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1006 de 2006.

ii) La Ley 1960 de 2019 dispuso que los concursos de ascenso debían realizarse
cuando en las entidades existieran servidores con derechos de carrera que
cumplieran los requisitos para desempeñar los empleos en los que serían
promovidos y agregó que su número debía ser igual o superior al de los cargos a
proveer; sin embargo, el primer proceso de selección por mérito que realizó
INDERCAS corresponde al ahora demandado, es decir, que la entidad no contaba

con personal de carrera que reuniera las calidades para un ascenso y, por lo tanto,
la referida norma resultaba inaplicable.

iii) El artículo 263 de la ley 1955 de 2019 no estableció que las convocatorias a
concursos de méritos debían adoptar medidas afirmativas para las personas en
condición de vulnerabilidad, sino que son las entidades nominadoras las llamadas
a hacerlo cuando la necesidad lo amerite. Además, los derechos de quienes
conforman las listas de elegibles gozan de especial protección.5

iv) Los cargos ofertados en la convocatoria enjuiciada no estaban ocupados en
provisionalidad por personas que pudieran oponer una estabilidad laboral
reforzada por ser madres cabeza de familia, prepensionados o estar en situación
de discapacidad.

1.3. Medida cautelar y sentencia anticipada

Por auto del 22 de julio de 2021, el magistrado conductor del proceso negó la
medida cautelar solicitada por el demandante, en consideración a que la CNSC e
INDERCAS se sujetaron al ordenamiento superior para adelantar el proceso de

selección enjuiciado.6

5 La entidad fundó su defensa en la Sentencia SU-446 de 2011, proferida por la Corte Constitucional.
6 Folios 19 a 26, cuaderno de medida cautelar.

5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

Por auto del 4 de mayo de 2022, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se

prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio
en la siguiente forma:7

i) Si el Acuerdo CNSC-2019100000596 del 4 de marzo de 2019 se expidió o no con
infracción de las normas en las que debería fundarse; en especial, el Preámbulo y
los artículos 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política; 263 de la Ley 1955 de
2019 y 2 de la Ley 1960 del mencionado año, que modificó el artículo 29 de la Ley
909 de 2004.

ii) Si, por el contrario, el referido acto administrativo está ajustado a derecho, por
estar en consonancia con los artículos 122, 125, 130 y 209 de la Constitución
Política; y 7 y 28 de la Ley 909 de 2004; y si le son o no aplicables las disposiciones
señaladas en las Leyes 1955 y 1960, ambas de 2019.

1.4. Alegatos de conclusión

El demandante e INDERCAS guardaron silencio. La CNSC reiteró los argumentos
expuestos en las respectivas etapas del proceso.8

1.5. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Conforme a la fijación del litigio efectuada en el sub lite, el problema jurídico
consiste en determinar si el Acuerdo CNSC - 20191000000596 del 4 de marzo de
2019, a través del cual se convocó a concurso de méritos para proveer los cargos

7 Folios 37 a 41.
8 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

de carrera administrativa de la planta de personal de INDERCAS, está viciado de
nulidad por infringir las normas superiores invocadas por el demandante.

2.2. Contenido de la norma acusada9

Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón
a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su contenido.
En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub lite, cuyo
tenor es el siguiente:

ACUERDO No. CNSC – 20191000000596 DEL 04-03-2019
[…]
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
[…]
ACUERDA:
[…]
ARTÍCULO 1°. CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para proveer de
manera definitiva seis (6) empleos con siete (7) vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto
para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre en el Casanare - INDERCAS (CASANARE), que se identificará como
“Convocatoria No. 1070 de 2019 – TERRITORIAL 2019”.
[…]
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C. el 4 de marzo de 2019

LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ EDGAR SANTIAGO MARÍN
Presidente CNSC [original firmado] Representante Legal – Instituto para la
Recreación, el Deporte, la Educación
Extraescolar y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre en el Casanare -
INDERCAS (CASANARE) [original firmado]

2.3. Marco normativo

El artículo 130 de la Constitución Política le encargó a la CNSC la responsabilidad
de administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos, con excepción de
aquellas que tuvieran carácter especial.

9 Folios 16 a 27.

7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.

A su turno, en lo que atañe al sub lite, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso
que la convocatoria constituye la primera etapa de los procesos de selección, es
norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las
entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes.

Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que la
convocatoria viene precedida de diferentes etapas de planeación y concertación, en
las cuales la CNSC y las entidades beneficiarias de los concursos participan
activamente y cooperan para que estos puedan desarrollarse de manera eficiente
con miras a la selección del recurso humano mejor capacitado para la prestación del
servicio público.

En tal sentido se ha explicado que la convocatoria «connota el compromiso efectivo
de las entidades involucradas en el proceso de selección, para que, trabajando
coordinadamente, cooperen a efectos de llevarlo a su terminación con observancia
de los principios de la administración pública y el cumplimiento de los fines del
Estado».10

Por su parte, el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el
Decreto 51 de 2018, radicó en cabeza de las entidades públicas el deber de elaborar
la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC, en los siguientes términos:

Artículo 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los
jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los
sistemas general de carrera y específico o especial de origen legal vigilados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de

10 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda: i) del 13 de mayo de 2021, radicado 11001-03-

25-000-2017-00767-00 (4044-2017 y acumulados); ii) del 31 de enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017-
00 (4574-16).

8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta
establezca.

Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el
proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La convocatoria
deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la entidad
pública respectiva.

Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su
manual de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos.
[…]

El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para
elaborar la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en
la OPEC definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del
sistema del mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto
preparatorio expedido dentro del marco del proceso de planeación y colaboración
armónica que debe surtirse para la suscripción de la convocatoria.11

Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña
la convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas.12

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

A continuación, se analizarán los cargos de nulidad expuestos por el demandante
frente al Acuerdo CNSC - 20191000000596 de 2019, en el siguiente orden:

2.4.1. Infracción del artículo 9 de la Ley 1006 de 2006

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-

00204-00 (1330-2019).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-03-25-000-

2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

El actor sostuvo que la convocatoria acusada infringió el artículo 9 de la Ley 1006
de 2006, pero no explicó las razones de esta presunta vulneración, sino que se
limitó a transcribirlo. El texto corresponde al siguiente:

Artículo 9. Para el ejercicio de empleos de carácter administrativo en las entidades
del Estado en cualquiera de los niveles territoriales, se incluirá la profesión de
Administrador Público en los manuales de funciones de dichas entidades como una
de las profesiones requeridas para el ejercido del cargo.

Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Colegio
Colombiano del Administrador Público vigilarán el cumplimiento del presente
artículo.

Al tenor de la anterior disposición, las entidades territoriales deben incluir en sus
manuales de funciones la profesión de administrador público para el ejercicio de
empleos de carácter administrativo, por lo que solo ese documento sería pasible
de ser demandado por incurrir en una omisión en tal sentido.

En este orden de ideas, no es viable endilgar un vicio de nulidad a la convocatoria
al proceso de selección ahora enjuiciado bajo el argumento de que desconoció el
artículo 9 de la Ley 1006 de 2006, pues no era ese el acto llamado a cumplirlo,
sino el manual de funciones de INDERCAS, pero este no fue acusado en el sub lite.

Ahora bien, para ahondar en razonamientos y teniendo en cuenta que la OPEC
hace parte integral de la convocatoria, es relevante anotar que la disposición antes
citada no define el concepto de «empleos de carácter administrativo», por lo que
las entidades cuentan con un amplio margen al momento de configurar el perfil de
los cargos.

Al respecto, esta corporación ha expresado que «la ubicación de los empleos
ofrece diversas interpretaciones, puesto que en la norma están descritos como
administrativos en cualquiera de los niveles territoriales, sin discriminar si la
exigencia está destinada en sentido estricto a cargos administrativos directivos o

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Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

asesores del sector territorial o si también se comprenden los mismos del nivel
central que se hallan desconcentrados territorialmente».13

Además, al revisar la convocatoria se observa que entre los cargos ofertados se
encuentra el profesional universitario 219, grado 6 y en el manual de funciones se
indicó que para su desempeño se requería tener título profesional «en disciplina
académica perteneciente al Núcleo Básico del Conocimiento -NBC- en: Deportes,
Educación Física y Recreación, o Administración, o Contaduría Pública,
Economía, o Ingeniería Industrial y afines o Psicología, o Sociología, Trabajo
Social y Afines, o Comunicación Social, Periodismo y Afines».14

Así las cosas, uno de los cargos ofertados dentro del certamen demandado
permitía acreditar la carrera de administración para cumplir con el requisito de
formación académica, por lo que la OPEC tampoco vulneró el artículo 9 de la Ley
1006 de 2006.15

2.4.2. Infracción a los artículos 263 de la Ley 1955 de 2019 y 2 de la Ley 1960
de 2019

El accionante sostuvo que la convocatoria acusada desconoció los artículos 263
de la Ley 1955 de 2019 y 2 de la Ley 1960 de 2019, que regularon la protección
de los servidores en provisionalidad que estaban en condiciones especiales de
vulnerabilidad y establecieron las condiciones para surtir los concursos públicos
abiertos y de ascenso para acceder a los empleos de carrera administrativa.

Ahora bien, es pertinente recordar que el artículo 137 del CPACA prevé que los
actos administrativos pueden incurrir en causal de nulidad «cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse».

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de octubre de 2021, radicado 11001-03-25-000-

2014-01250-00 (4045-2014).
14 Resolución 311 del 29 de diciembre de 2016. Aportada como anexo en la contestación de la demanda de INDERCAS.
15 Un asunto similar se analizó en la sentencia del 21 de octubre de 2021, radicado 11001-03-25-000-2014-01250-00

(4045-2014), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

Esta Corporación ha señalado que el vicio aludido se configura por vulneración
directa de una norma, siempre que ocurra en una de las siguientes situaciones: «i)
falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii) interpretación errónea».16

De igual manera, la jurisprudencia ha precisado que la referida causal de nulidad
exige demostrar que las disposiciones alegadas como vulneradas son las
aplicables al caso sub judice,17 por ende, constituye presupuesto indispensable
que las leyes estén sancionadas y promulgadas, pues así lo exige el artículo 11
del Código Civil, en tanto preceptúa que «[l]a ley es obligatoria y surte sus efectos
desde el día en que ella misma se designa, y en todo caso después de su
promulgación».

Bajo este escenario, un acto administrativo solamente puede vulnerar una
disposición superior que se encuentre vigente al momento de su expedición, pero
esta condición no se cumple en el sub lite, toda vez que el acuerdo enjuiciado fue
suscrito el 4 de marzo de 2019 y publicado el 10 de mayo siguiente,18 mientras
que las normas invocadas como quebrantadas se profirieron el 25 de mayo19 y el
27 de junio de 2019;20 por lo tanto, no es válido sostener que la convocatoria
cuestionada debía acatar unos mandatos que no habían nacido a la vida jurídica.

Un entendimiento distinto quebrantaría los pilares del Estado Social y Democrático
de Derecho como lo son la legalidad y la seguridad jurídica, pues se estarían
cambiando las reglas bajo las cuales los particulares y la administración actúan en
determinado momento al amparo de los principios de buena fe y confianza
legítima.

Es pertinente aclarar que el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que los
empleos de carrera que estuvieran siendo desempeñados por servidores

16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2012, radicado 25000-23-27-000-2004-92271-02

(16660).
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de febrero de 2018, radicado 25000-23-24-000-2011-00789-01.
18https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-990-a-1131-1135-1136-de-2019-convocatoria-territorial-

2019/casanare-normatividad-990-a-1131-1135-1136-1306-a-1332-de-2019-convocatoria-territorial-2019
19 Ley 1955 de 2019.
20 Ley 1960 de 2019.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

provisionales «antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley les falten tres (3) años o menos para causar el
derecho a la pensión de jubilación, serán ofertados por la CNSC una vez el servidor
cause su respectivo derecho pensional». Respecto de este mandato, la Sala
insiste en que la CNSC no estaba llamada a obedecerlo, por cuanto la Ley se
profirió con posterioridad a la suscripción de la convocatoria.

Ahora bien, la disposición en comento también previó que «[p]ara los demás
servidores en condiciones especiales, madres, padres cabeza de familia y en
situación de discapacidad que vayan a ser desvinculados como consecuencia de
aplicación de una lista de elegibles, la administración deberá adelantar acciones
afirmativas para que en lo posible sean reubicados en otros empleos vacantes o
sean los últimos en ser retirados, lo anterior sin perjuicio del derecho preferencial
de la persona que está en la lista de ser nombrado en el respectivo empleo».

Frente a este segundo supuesto, se advierte que la CNSC no es la encargada de
cumplir con las medidas de protección y mucho menos de establecerlas en el
acuerdo de convocatoria; por el contrario, el legislador radicó dicha obligación en
la autoridad nominadora y determinó que debía acatarla al momento de proveer
los cargos por el sistema del mérito.

Entonces, el proceso de selección sigue su curso y cuando se conforme la lista de
elegibles será procedente analizar las situaciones particulares, de modo que se
protejan de la mejor manera posible los derechos de quienes ganaron el concurso,
así como a las personas que se encuentran en una especial condición que amerite
la adopción de medidas tendientes a su reubicación o cualquier otra que la
administración estime pertinente.

2.4.3. Infracción a la convocatoria como ley del concurso

El demandante sostuvo que el departamento de Casanare cambió
intempestivamente las reglas fijadas en la convocatoria al proceso de selección
enjuiciado, ya que expidió la Ordenanza 6 del 11 de julio de 2019 en la cual creó

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

nuevos cargos en las distintas áreas de la gobernación. Además, la administración
modificó los manuales de funciones de los cargos ofertados.

Al plenario se allegó la ordenanza en comento, por la cual «se establece la
estructura administrativa de la Gobernación del departamento de Casanare y se
señalan las funciones generales de sus dependencias».21

La referida ordenanza no introdujo modificación alguna a la planta de personal de
INDERCAS, por lo que tampoco impactó la OPEC, ni las etapas en las que debía

desarrollarse el proceso de selección de los empleos de carrera del referido
instituto. En consecuencia, carecen de fundamento los reproches que hace el
actor en el sentido de indicar que la Ordenanza 6 de 2019 varió las reglas fijadas
en la convocatoria demandada, pues ese acto reestructuró una entidad diferente a
la beneficiaria del certamen.

En cuanto a la presunta modificación del manual de funciones de los empleos
ofertados en el acuerdo demandado, la Sala observa que el interesado no hizo un
esfuerzo por demostrar tal afirmación, pues al plenario únicamente se aportó el
manual de funciones contenido en la Resolución 311 del 29 de diciembre de 2016,
esto es, el que se encontraba vigente para el momento en que se suscribió la
convocatoria ahora cuestionada. En consecuencia, no es posible verificar si dicho
manual tuvo alguna variación y mucho menos que ello hubiera afectado el proceso
de selección.

Inclusive, el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 dispuso que, antes de iniciarse las
inscripciones al concurso de méritos, la convocatoria podría ser modificada o
complementada en cualquier aspecto, por lo que también sería viable ajustar el
manual de funciones antes de esa etapa.22

21 Aportada como anexo en la contestación de la demanda de la CNSC.
22 En igual sentido puede consultarse la sentencia del 5 de noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección A, radicado 11001-03-25-000-2014-00025-00 (0064-14).

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

A lo anterior se agrega que esta corporación en varias oportunidades ha negado la
nulidad de actos administrativos cuando los actores no esgrimen razones claras,
suficientes y fundadas para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones.
Al respecto, se ha explicado que si bien «la jurisdicción de lo contencioso está
facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
la demanda».23

Así las cosas, los cargos de nulidad endilgados por el señor Oscar David Melo
Rodríguez al acuerdo demandado carecen de soporte fáctico y jurídico, por lo que
debe mantenerse incólume su presunción de legalidad.

2.5. La condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.24

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y en el acervo probatorio, se
concluye que el demandante no logró desvirtuar la legalidad del acuerdo
enjuiciado y, en consecuencia, se deberán negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado 11001-03-25-000-

2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por esta
corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018); ii) del 3 de febrero de
2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de marzo de 2013, radicado 63001-23-31-
000-2010-00110-01 (19136).
24 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00608-00 (1488-2020)
Demandante: Oscar David Melo Rodríguez

F A L L A:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor
Oscar David Melo Rodríguez en contra del Acuerdo CNSC - 20191000000596 del 4
de marzo de 2019, «[p]or el cual se convoca y se establecen las reglas del
proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta
de personal de la (sic) Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación
Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Casanare - INDERCAS
(CASANARE) – Convocatoria No. 1070 de 2019 – TERRITORIAL 2019», suscrito por la
presidenta de la CNSC y el representante legal de INDERCAS, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

16

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