Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00616-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00616-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00616-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00616-00 (5591-2022)
Demandante: Marco Antonio Guerrero Barros
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y departamento del
Magdalena
Tema: Deber de actualizar el manual de funciones antes de convocar
el concurso de méritos.
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Acuerdo CNSC
20191000004476 del 14 de mayo de 2019, «[p]or el cual se convoca y se establecen
las reglas del Proceso de Selección para proveer definitivamente los empleos
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Gobernación del Magdalena – Convocatoria No. 1303 de 2019 –
Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena», suscrito por la Comisión Nacional del
Servicio Civil (en adelante, CNSC) y el departamento del Magdalena.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor afirmó que el acto administrativo enjuiciado se expidió con infracción
de las normas en que debía fundarse, en particular de los artículos 2.2.3.9, 2.2.3.5
(parágrafo 4) y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, pues las entidades demandadas
omitieron el deber de actualizar el manual de funciones contenido en el Decreto 362
de 2014, que sirvió de sustento para la oferta de empleos de la planta de personal
de la Secretaría de Educación Departamental.
2. Indicó que esa falta de actualización desconoció «un requisito necesario para
la formación» del acuerdo demandado y ocasionó inconvenientes en la ubicación
real de los empleos y en los perfiles de desempeño. Añadió que tales
inconsistencias y la necesidad de ajustar el manual se advertían en distintos
documentos internos, entre los que se destaca el oficio del 26 de abril de 2022
dirigido a la Asamblea Departamental, en el marco de un control político, en el cual
se admitió la falta de actualización del Decreto 362 de 2014.
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Demandante: Marco Antonio Guerrero Barros
3. Asimismo, mencionó que el «deber funcional de actualización» era exigible
tanto para el departamento del Magdalena como para la CNSC, toda vez que el
proceso de planeación de la convocatoria debía adelantarse de manera conjunta y
armónica. En ese sentido, sostuvo que correspondía a ambas entidades advertir la
falencia alegada y abstenerse de estructurar la oferta de empleos con fundamento
en un manual desactualizado.
Contestaciones de la demanda
4. La CNSC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
argumentando que el acuerdo acusado fue expedido conforme a la Constitución y
la ley, en ejercicio de sus competencias como responsable de la administración y
vigilancia del sistema general de carrera administrativa. Señaló que el proceso de
selección se estructuró con base en los empleos vacantes incluidos en la Oferta
Pública de Empleos de Carrera (en adelante, OPEC) reportada por la entidad
territorial.
5. En ese marco, indicó que la elaboración y actualización de los manuales de
funciones, la definición de requisitos y perfiles de los empleos y el reporte de la
OPEC en Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (en
adelante, SIMO) son obligaciones a cargo de la entidad territorial, mientras que la
actuación de la CNSC se circunscribe a adelantar el concurso con fundamento en
la información suministrada.
6. Relató que la convocatoria fue precedida por un proceso de planeación
coordinado entre la CNSC y la Gobernación del Magdalena, en el cual se
adelantaron actividades preparatorias y se definieron las reglas del proceso de
selección. Agregó que, para ese efecto, la entidad territorial aportó los insumos
requeridos, entre ellos el manual de funciones y el pago de los costos a su cargo
para financiar la convocatoria.
7. Como excepciones propuso: (i) inexistencia de causales de nulidad en el
acto acusado, al estimar que no se configuró ninguna causal del artículo 137 del
CPACA y que no se desvirtuó la presunción de legalidad; (ii) cumplimiento de un
deber legal, por cuanto actuó en ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales; (iii) incumplimiento de la carga probatoria, al considerar que no existe
ninguna prueba que acredite el supuesto fáctico en que se sustenta el cargo; y (iv)
la innominada.
8. Finalmente, pidió condenar en costas a la parte actora.
9. El departamento del Magdalena solicitó negar las pretensiones de la
demanda. Sostuvo que no es cierto que el manual de funciones deba actualizarse
por el solo hecho de ofertar un empleo en concurso, pues el principio de planeación
supone, entre otros aspectos, la realización de estudios de cargas laborales y la
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definición del perfil, requisitos y competencias del cargo, sin que ello implique la
expedición de un acto administrativo con una fecha actualizada.
10. Manifestó que esta exigencia procede cuando se presentan cambios
relevantes en el empleo, como su naturaleza, denominación, funciones,
competencias o requisitos, o cuando el manual vigente no se ajusta a la realidad
del cargo o a la normativa aplicable. Por ello, aseguró que lo determinante no es la
antigüedad del documento sino la correspondencia de su contenido con el empleo
y el cumplimiento de las exigencias legales.
11. Adujo que el artículo 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015 prevé un término
para ajustar los manuales en el orden territorial y dispone que los manuales
vigentes continuarán rigiendo mientras se ajustan total o parcialmente, de modo
que, en su criterio, el transcurso del tiempo no les resta validez.
12. Expuso además que, si el sustento del actor radica en que el manual de
funciones del empleo ofertado no cumple los requisitos legales, esto es, estudio de
cargas, perfil, competencias, requisitos o denominación, la controversia debía
dirigirse contra ese acto administrativo y no contra la convocatoria.
13. Por último, agregó que el acuerdo enjuiciado goza de presunción de
legalidad, la cual, a su juicio, no fue desvirtuada por el actor.
Trámite de sentencia anticipada
14. Mediante auto del 30 de noviembre de 2023 se dispuso el trámite de
sentencia anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 1 de esa
disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el
litigio. Posteriormente, en providencia del 24 de julio de 2025, se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
15. El departamento del Magdalena y la CNSC reiteraron los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda. De manera unánime, indicaron que
la convocatoria estuvo precedida por una etapa de planeación, en la que se
suministraron los insumos necesarios para estructurar el proceso de selección y
que, como resultado de ese trabajo, la Sala Plena de la CNSC aprobó las reglas
del proceso en sesiones del 2 y 14 de mayo de 2019.
16. También señalaron que, en el presente asunto, no se configuraba ninguna
de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA y, por esa razón,
las pretensiones no estaban llamadas a prosperar.
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17. En lo demás, la CNSC reiteró que es competencia exclusiva de la entidad
nominadora el registro de vacantes y el reporte de la OPEC en la plataforma SIMO,
de modo que el desarrollo del proceso de selección se sujetó a la información
reportada y certificada por la entidad territorial.
18. Por su parte, el departamento del Magdalena insistió en que el artículo
2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015 impone la obligación de ajustar el manual de
funciones de una entidad hasta el 1 de junio de 2015 y prevé que, en caso de no
realizarse, continúan rigiendo los manuales vigentes, por lo que, en su criterio, se
mantiene incólume la presunción de legalidad de estos.
19. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó no acceder a las
pretensiones de la demanda. Como sustento, señaló que los cuestionamientos del
actor se formularon en términos generales y no precisó cuáles empleos ni qué
aspectos específicos, como nomenclatura, grado, asignación, requisitos o
funciones, se encontraban desactualizados.
20. Mencionó que los oficios internos aportados dan cuenta de ciertas
dificultades administrativas en la gestión del personal por la ausencia de un acto de
distribución de la planta, pero no acreditan que los empleos ofertados carecieran
de la descripción funcional y técnica requerida.
21. Añadió que el artículo 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015 permitió a las
entidades territoriales mantener vigentes sus manuales con posterioridad al 1 de
junio de 2015, de modo que su ajuste quedó supeditado a la decisión de la
administración territorial competente, lo cual ocurrió en el caso concreto.
22. Por último, concluyó que la convocatoria se estructuró mediante un proceso
de planeación conjunta entre la CNSC y el departamento del Magdalena,
adelantado en distintas etapas y culminado satisfactoriamente.
23. En esta etapa procesal, el demandante allegó, a través de la ventanilla
virtual de SAMAI, un pantallazo de un correo electrónico titulado «documento de
alegatos de conclusión», así como varios documentos adicionales que pretende
hacer valer como prueba; sin embargo, estos no serán tenidos en cuenta por la
Sala, por cuanto no fueron aportados en la etapa procesal pertinente.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
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del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
Problema jurídico
25. La Sala deberá establecer si el Acuerdo CNSC 20191000004476 de 14 de
mayo de 2019, al estructurar la oferta de empleos de la planta de personal de la
Gobernación del Magdalena, vulneró el deber de planeación y, con ello, los
artículos 2.2.3.9, 2.2.3.5 y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, al no haberse
actualizado el manual de funciones (Decreto 362 de 2014) de la entidad beneficiaria
como presupuesto previo de la convocatoria al concurso de méritos.
Análisis del problema jurídico
26. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque no se acreditó que
para la expedición del acuerdo acusado se hubiera incumplido el deber de
actualizar el manual de funciones en los términos planteados por el demandante.
En efecto, se advierte que la convocatoria estuvo precedida por una etapa de
planeación en la que participaron conjuntamente ambas entidades y, además, el
actor no expuso las razones concretas por las cuales consideraba desactualizado
el Decreto 362 de 2014.
Desconocimiento del deber de actualizar el manual especifico de funciones y
competencias laborales
27. El demandante afirmó que el Acuerdo CNSC 20191000004476 de 14 de
mayo de 2019 quebrantó las normas superiores porque antes de ofertar a concurso
los empleos adscritos a la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena,
incluidos en la Convocatoria 1303 de 2019, no se actualizó el manual específico de
funciones y de competencias laborales.
28. En concreto, sostuvo que la convocatoria se sustentó en el Decreto 362 de
2014, pese a que ese instrumento no fue actualizado, en contravía de lo previsto
en los artículos 2.2.3.9, 2.2.6.34 y en el parágrafo 4 del artículo 2.2.3.5 del Decreto
1083 de 2015, disposiciones que, a su juicio, imponían a las entidades demandadas
el deber de revisar y ajustar dicho manual antes del proceso de planeación.
29. Al respecto, el artículo 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015 dispuso que los
organismos y entidades del orden territorial debían ajustar sus manuales
específicos de funciones y competencias laborales hasta el 1 de junio de 2015, y
precisó que los manuales vigentes continuarían rigiendo hasta que se ajustaran
total o parcialmente.
30. A su vez, el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el
artículo 3 del Decreto 51 de 2018, impuso a los jefes de personal o a quienes hagan
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sus veces el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva en el
aplicativo OPEC, con la periodicidad y los lineamientos que establece la CNSC.
31. En esa misma disposición se indicó que las entidades deben participar con
la CNSC de manera conjunta y armónica en el proceso de planeación del concurso
de méritos y que, «previo al inicio de la planeación del concurso, la entidad deberá
tener actualizado su manual de funciones y competencias laborales y definir los
ejes temáticos».
32. Por su parte, el parágrafo 4 del artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015
dispone que los procesos de selección en curso al 1 de diciembre de 2014
continuarán desarrollándose con sujeción a los requisitos académicos establecidos
en los manuales específicos vigentes a la fecha de la convocatoria y que, para las
convocatorias que se adelanten a partir del 2 de diciembre de 2014, se deberán
actualizar los manuales respectivos.
33. De las disposiciones reseñadas se advierte que la actualización del manual
y el reporte de la OPEC se ubican en la etapa previa a la planeación del concurso,
dentro del marco de colaboración conjunta entre la entidad territorial y la CNSC. En
consecuencia, para resolver el cargo, la Sala examinará, de un lado, lo que el
acuerdo demandado consigna sobre la etapa de planeación y la certificación de la
OPEC y, de otro, los documentos aportados por el demandante para sustentar que
el Decreto 362 de 2014 se encontraba desactualizado al momento de estructurar la
convocatoria.
34. En el Acuerdo CNSC 20191000004476 de 14 de mayo de 2019 se consignó
que la CNSC adelantó juntamente con delegados de la Gobernación del Magdalena
la etapa de planeación del proceso de selección. También se indicó que la entidad
territorial consolidó en SIMO la OPEC, certificada por su representante legal y su
jefe de talento humano, y la remitió a la Comisión, con un total de ciento noventa
empleos y trescientas vacantes. Con fundamento en ese reporte, la Sala Plena de
la CNSC, en sesiones del 2 y 14 de mayo de 2019, aprobó las reglas del proceso
de selección.
35. Por su parte, el actor allegó al expediente las siguientes documentales:
(i) Oficio E-2019-022508 del 30 de diciembre de 2019, suscrito por la jefe de la
Oficina de Talento Humano de la Gobernación del Magdalena, en respuesta a
una petición presentada por funcionarios de la Secretaría de Educación en la
que solicitaron la exclusión de la OPEC del proceso de selección y la
modificación del manual de funciones.
En ese documento se indicó, entre otros aspectos, que para esa fecha no se
había adoptado una decisión orientada a ajustar el manual específico de
funciones, requisitos y competencias laborales de la Secretaría de Educación
y que, por tal razón, continuaba rigiendo «con plena aplicabilidad, vigencia y
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por ende legalidad» el instrumento con base en el cual se había efectuado el
reporte para la convocatoria.
(ii) Oficio E-2020-002055 del 14 de febrero de 2020, suscrito por una profesional
de Talento Humano de la Secretaría de Educación, en respuesta a una solicitud
presentada por el sindicato SINALTROADICOL. En ese escrito se informó que
en la entidad no existía un acto administrativo mediante el cual se distribuyera
la planta de personal, de modo que cada funcionario y cargo quedara ubicado
en una dependencia o área específica.
Asimismo, se señaló que el manual de funciones había sido modificado en
varias oportunidades mediante los Decretos 687 de 2011, 516 de 2013 y 362
de 2014, circunstancia que había incidido en la reducción del número de
empleados adscritos a algunas áreas y generado dificultades para establecer
qué cargos y funcionarios resultaron afectados con las modificaciones
introducidas por la entidad territorial.
Finalmente, se mencionó que la Secretaría de Educación celebró un contrato
con un tercero con el objeto de ajustar el manual de funciones contenido en el
Decreto 362 de 2014, en especial en lo relacionado con los perfiles y funciones
de servidores que, según allí se indicó, no se ajustaban a los fines misionales
de la entidad; y que, en desarrollo de esa iniciativa, se presentaron distintos
proyectos de actos administrativos al despacho de la Gobernación, además de
adelantarse su socialización con las organizaciones sindicales y con
funcionarios de la entidad, sin que para ese momento se hubiera obtenido
respuesta.
(iii) Informe presentado el 21 de junio de 2021 por el secretario de Educación del
departamento del Magdalena ante el Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes de Santa Marta, dentro del radicado
47001311800120210004000, en el que expuso las razones por las cuales
desde el año 2014 no se habían realizado ajustes al manual de funciones ni a
la distribución del personal de planta de esa entidad.
En dicho documento se relató que el 10 de abril de 2019 se celebró el Contrato
0589 con la empresa Sistemas Universales, con el objeto de ajustar el manual
de funciones de la planta de personal de la Secretaría de Educación
Departamental. Asimismo, se señaló que, en ejecución de ese contrato, se
adelantaron actividades de levantamiento de información, diagnóstico y
socialización de la propuesta con las organizaciones sindicales y con los
funcionarios de la entidad, y que el proyecto de acto administrativo fue remitido
a la Oficina Jurídica, sin que se hubiera obtenido respuesta.
(iv) El oficio del 26 de abril de 2022, mediante el cual la Secretaría de Educación
del departamento del Magdalena dio respuesta a un cuestionario formulado por
la Asamblea Departamental. En lo pertinente, en ese documento se afirmó que,
al revisar las actuaciones de administraciones anteriores en relación con el
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manual de funciones contenido en el Decreto 362 de 2014, «no se hallaron
actualizaciones formales».
Se informó que la secretaría había propuesto a la administración departamental
adelantar la actualización correspondiente, pero que esa solicitud no prosperó,
pese a que se celebraron contratos de apoyo orientados a la actualización de
la planta de personal.
También se señaló que, aunque en el año 2017 se concedieron facultades a la
gobernadora para la modificación, ajuste, actualización y adición de los
manuales de funciones de la planta de personal de las distintas dependencias,
la solicitud elevada por el área de Talento Humano de la Secretaría de
Educación para adelantar ese proceso no fue atendida.
36. Del examen de las documentales allegadas por el demandante se
advierte que estas se orientan a dar cuenta de gestiones internas,
comunicaciones y pronunciamientos institucionales en los que se alude a la
necesidad de revisar o ajustar el MEFCL adoptado mediante el Decreto 362 de
2014.
37. En esa misma línea, el oficio dirigido a la Asamblea Departamental da
cuenta de gestiones adicionales que la Secretaría de Educación elevó ante la
administración departamental para impulsar la actualización del manual, incluyendo
solicitudes que no fueron atendidas pese a que en 2017 se concedieron facultades
a la gobernadora para ese efecto.
38. Cabe destacar, además, que, en atención a las dificultades descritas, la
entidad territorial surtió actividades tendientes a actualizar el manual de funciones
contenido en el Decreto 362 de 2014. Con ese propósito celebró el Contrato 0589
con la empresa Sistemas Universales, en ejecución del cual se adelantaron labores
de levantamiento de información, diagnóstico y socialización con las organizaciones
sindicales y con los funcionarios de la entidad, y se elaboró un proyecto de decreto
de ajuste que fue remitido a la Gobernación en agosto de 2019.
39. Sin embargo, esas gestiones fueron posteriores a la expedición del acuerdo
acusado en mayo de ese año y no produjeron un acto administrativo en firme. Ese
hecho queda corroborado por el propio Oficio E-2019-022508 del 30 de diciembre
de 2019, en el que la jefe de Talento Humano de la Gobernación precisó que a esa
fecha no se había adoptado decisión alguna de ajustar el manual y que este
continuaba rigiendo con plena vigencia y legalidad.
40. Ahora bien, del contenido del acuerdo demandado se desprende que la
Gobernación del Magdalena certificó ante la CNSC que la OPEC reportada
correspondía a la información consignada en el manual de funciones vigente,
certificación suscrita por su representante legal y su jefe de talento humano. Sobre
esa base, y como resultado de la planeación conjunta adelantada en las sesiones
del 2 y 14 de mayo de 2019, la CNSC aprobó las reglas del proceso de selección.
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41. Sobre el particular, esta Corporación ha precisado que el suministro de la
OPEC a la CNSC constituye un elemento indispensable para adelantar los
concursos y, a su vez, una manifestación de los deberes de colaboración y
coordinación propios de la etapa de planeación, pues «la información que se
consolida en la oferta es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos
para los empleos por proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si
no se contara con ella, el certamen no podría llevarse a cabo»1.
42. En ese sentido, esta Subsección ha destacado la importancia de la OPEC
en los siguientes términos:
El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para
elaborar la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la
OPEC definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema
del mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria.
Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña
la convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas2.
43. De lo expuesto se desprende que la elaboración y reporte de la OPEC
constituye una carga propia de la entidad territorial, en cuanto comprende la definición,
verificación y certificación de la información relativa a los empleos vacantes con
fundamento en el manual de funciones vigente.
44. De ahí que, antes de iniciar la etapa de planeación del concurso, el
departamento del Magdalena debía actualizar dicho manual e incorporar en la OPEC
las vacantes definitivas conforme a esa información. Incluso, antes del inicio de las
inscripciones, podía introducir cambios sustanciales en el proceso de selección, entre
ellos los derivados de una modificación del manual de funciones, siempre que ello se
materializara mediante el correspondiente acto administrativo3.
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022,
radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-
2018).
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2026, radicado
11001032500020220032100 (2612-2022).
3 Artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015. Modificación de la convocatoria. Antes de iniciarse las
inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la entidad que adelanta el
proceso de selección. Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto
al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, por la entidad
responsable de realizar el concurso. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas
inicialmente en la convocatoria.»
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45. Sin embargo, en el proceso no obran elementos probatorios que permitan
constatar que el manual de funciones hubiese sido modificado o actualizado antes de
la expedición de la convocatoria. Por el contrario, está acreditado que la entidad
territorial certificó a la CNSC que la OPEC reportada correspondía a la información
consignada en el manual vigente.
46. En un asunto similar, en el que también se alegó la falta de actualización del
manual de funciones, esta Corporación señaló:
Si bien, a juicio de la parte demandante, no se había ajustado el manual específico
de funciones y competencias laborales por parte de la administración cuando se
publicó la convocatoria, esta situación, no vicia la validez del acto que convocó al
concurso de méritos, pues se insiste, el acto reglamentario del concurso se encuentra
conforme con lo reportado en su momento por el ente territorial. Y, en todo caso, el
supuesto error concerniente a la configuración de la planta de personal y modificación
del manual de funciones podría ajustarse con posterioridad a la provisión de los
empleos con ocasión del tan mentado proceso de selección […].4
47. Ese lineamiento jurisprudencial resulta aplicable al presente asunto, pues el
Acuerdo CNSC 20191000004476 del 14 de mayo de 2019 se expidió con
fundamento en la OPEC reportada por el departamento del Magdalena, la cual
correspondía al manual de funciones vigente, según lo certificó la propia entidad.
48. Bajo ese marco normativo y jurisprudencial, la Sala concluye que no
prospera el cargo de nulidad formulado por la parte actora, según el cual la falta de
actualización del MEFCL vició la convocatoria y desconoció el principio de
planeación. Por el contrario, se acreditó que el departamento del Magdalena y la
CNSC actuaron de manera coordinada en la estructuración del acuerdo
demandado, con base en la OPEC reportada por la entidad territorial, sin que obre
prueba de observaciones u objeciones que desvirtuaran su correspondencia con el
manual vigente.
49. A ello se suma que el actor omitió argumentar si el MEFCL desatendió
criterios técnicos para su expedición o si asignó funciones y cargas de trabajo de
manera incorrecta; tampoco identificó cuáles requisitos académicos o de
experiencia pudieron verse afectados por la falta de actualización ni demostró el
impacto que esa omisión tuvo en el certamen. Su reproche se limitó a afirmar
simplemente que el manual era obsoleto y desactualizado.
50. Sobre este punto, el Consejo de Estado ha precisado:
Los accionantes sostuvieron que el acuerdo cuestionado se fundó en un manual de
funciones desactualizado; sin embargo, omitieron indicar en qué sentido los requisitos
para ocupar los empleos, las funciones asignadas, el nivel, las competencias
requeridas y demás aspectos inherentes a dicho documento eran obsoletos o
desajustados frente a la normativa superior.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de julio de 2024, radicado
11001-03-25-000-2021-00316-00 (1717-2021).
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00616-00 (5591-2022)
Demandante: Marco Antonio Guerrero Barros
De esta manera, el anterior argumento resulta insuficiente para anular el acto
demandado. En efecto, esta corporación en varias oportunidades ha negado la
nulidad de actos administrativos cuando los actores no esgrimen razones claras,
suficientes y fundadas para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones. Al
respecto, se ha explicado que si bien la jurisdicción de lo contencioso está facultada
para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del demandante de
alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de la demanda.5
51. En consecuencia, el demandante no sustentó de manera clara, específica
y suficiente las razones por las cuales el manual de funciones contenido en el
Decreto 362 de 2014 se encontraba desactualizado, ni acreditó que esa
circunstancia hubiera incidido en la legalidad del acto acusado. Por ello, el reproche
formulado resulta genérico e insuficiente para desvirtuar la presunción de legalidad
de la convocatoria.
52. Por lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia. La
pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
54. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
55. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra el
acto administrativo demandado que debieron ser analizados tanto al decidir la
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de julio de 2023, radicado
11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020).
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00616-00 (5591-2022)
Demandante: Marco Antonio Guerrero Barros
medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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