Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00456-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00456-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00456-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022)
Acumulado:
| 11001-03-25-000-2022-00459-00 (4745-2022)
Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y Sucel Leonor Meléndez
Gómez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y Distrito Especial Industrial
y Portuario de Barranquilla
Temas: Deber de planeación en los concursos públicos de méritos.
Actualización del manual específico de funciones y
competencias laborales como presupuesto previo a la
convocatoria. Alcance del aplazamiento de los procesos de
selección durante la emergencia sanitaria declarada con ocasión
de la pandemia por COVID-19.
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Acuerdo 221 del 3 de
mayo de 20221, el anexo del 8 de marzo de 20222 y los actos modificatorios 332 del
31 de mayo del 20223 y 336 del 31 de mayo del 20224.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte actora afirmó que los actos administrativos demandados fueron
expedidos de manera irregular y con desconocimiento de las normas en que debían
fundarse, en particular, los artículos 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política, el
1 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades
Ascenso y Abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General
de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía Distrital De Barranquilla -Atlántico-
Proceso de Selección Entidades del Orden Territorial No. 2289 de 2022».
2 «Por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de
selección entidades del orden territorial 2022, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer
los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de
sus plantas de personal».
3 «Por el cual se modifican parcialmente los numerales 4 y 4.4 del anexo de los acuerdos del proceso
de selección entidades del orden territorial 2022».
4 «Por el cual se modifica el artículo 8 del acuerdo No. CNSC-221 del 3 de mayo de 2022».
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
2022-00459-00 (4745-2022)
Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020, el artículo 31 de la Ley 909 de
2004, los artículos 2.2.2.6.1 y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, el artículo 196 de
la Ley 1955 de 2019, el Decreto 2365 de 2019, el Decreto 1415 de 2021 y la
Directiva Presidencial 01 de 2020.
2. En primer lugar, señaló que el Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022
desconoció el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020, al haber sido
expedido durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada con ocasión de
la pandemia por COVID-19, la cual fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2022
mediante la Resolución 666 del 28 de abril de 2022.
3. Mencionó que dicha disposición imponía el aplazamiento de los procesos de
selección que se encontraran en etapa de reclutamiento o aplicación de pruebas,
hasta tanto se superara dicha emergencia, condición que no se había cumplido al
momento de la expedición de los actos acusados.
4. Asimismo, indicó que los actos acusados desconocieron el deber de
planeación previsto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado
por el artículo 3 del Decreto 051 de 2017, según el cual, antes de iniciar la
planeación del concurso, la entidad debía tener actualizado el Manual Específico
de Funciones y Competencias Laborales (en adelante, MEFCL) y definir los ejes
temáticos.
5. Explicó que dicho deber no se cumplió, pues el Decreto 0299 del 19 de mayo
de 2022, mediante el cual la Alcaldía ajustó los requisitos de formación académica
de varios empleos en el MEFCL, fue expedido con posterioridad a la suscripción
del Acuerdo 221, que data del 3 de mayo de 2022.
6. En ese mismo sentido, sostuvo que el MEFCL y sus actos modificatorios no
fueron socializados previamente con las organizaciones sindicales ni publicados en
la Gaceta Distrital, con lo cual se desconoció el deber establecido en el artículo
2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 051 de
2017.
7. De otra parte, alegó que el acuerdo demandado omitió reservar el diez por
ciento (10%) de los empleos del nivel profesional para jóvenes entre 18 y 28 años
sin experiencia, en contravención del artículo 196 de la Ley 1955 de 2019,
reglamentado por el Decreto 2365 de 2019 y la Directiva Presidencial 01 de 2020.
8. Adujo también que el Acuerdo 221 de 2022 incluyó en la oferta pública
empleos ocupados por servidores en condición de prepensionados, con
desconocimiento del parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 y del
artículo 2.2.12.1.2.4 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 1415 de
2021. Según la parte actora, esas disposiciones prevén que dichos empleos solo
pueden ser ofertados una vez el servidor cause el respectivo derecho pensional.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
2022-00459-00 (4745-2022)
Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
9. Añadió que los actos acusados vulneraron el principio de igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto se
fundamentaron en un MEFCL que contenía cargos técnicos y profesionales que
cumplían funciones idénticas, pero con remuneración y requisitos diferenciados, así
como empleos cuya área de conocimiento convocaba simultáneamente a
profesionales de disciplinas incompatibles entre sí.
10. Finalmente, expresó que el Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022 estaba
viciado de falsa motivación, porque en su parte considerativa aseguró el
cumplimiento del deber de planeación conjunta y armónica entre la CNSC y la
Alcaldía Distrital de Barranquilla, pese a que el concurso se estructuró a partir de
un MEFCL que no se encontraba actualizado ni había sido socializado y publicado
en debida forma.
Contestaciones de la demanda
11. La CNSC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
argumentando que los actos acusados fueron expedidos conforme a la Constitución
y la ley, en ejercicio de sus competencias de administración y vigilancia de la carrera
administrativa. Aclaró que el proceso de selección se estructuró con fundamento
en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (en adelante, OPEC), consolidada y
certificada por la Alcaldía Distrital de Barranquilla y en el MEFCL vigente reportado
por dicha entidad.
12. Expuso que carece de competencia para elaborar, modificar o actualizar
los MEFCL, pues dichas actuaciones corresponden exclusivamente a la entidad
nominadora. En ese sentido, apuntó que cualquier inconsistencia u omisión
relacionada con la OPEC o con el MEFCL era responsabilidad de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, máxime cuando tales instrumentos gozan de presunción
de legalidad mientras no sean anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
13. Frente al cargo por desconocimiento del deber de planeación, resaltó que
la convocatoria estuvo precedida de una actuación conjunta y armónica entre la
CNSC y la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Explicó que la entidad territorial registró
en SIMO la OPEC, certificada por su representante legal y el jefe de talento
humano, y que, con base en esos insumos, la Sala Plena de la CNSC aprobó el
proceso de selección en sesión del 8 de marzo de 2022.
14. En cuanto a la falta de socialización sindical y publicación del MEFCL,
mencionó que no le constaba dicha circunstancia por tratarse de actuaciones
propias de la entidad territorial. En todo caso, sostuvo que la legalidad del manual
no estaba condicionada en los términos planteados por la parte actora, pues el
Decreto 1083 de 2015 reconoce la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo,
actualizarlo o modificarlo.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
2022-00459-00 (4745-2022)
Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
15. En relación con el reproche fundado en artículo 14 del Decreto Legislativo
491 de 2020, dijo que el Decreto 1754 de 2020 reactivó las etapas de reclutamiento,
aplicación de pruebas y periodo de prueba de los procesos de selección. Añadió
que, aunque dicho acto fue anulado por el Consejo de Estado, esa decisión produjo
efectos hacia futuro y no afectó las situaciones jurídicas consolidadas durante su
vigencia.
16. Manifestó que la emergencia sanitaria finalizó el 30 de junio de 2022, razón
por la cual las decisiones judiciales relacionadas con el Decreto 1754 de 2020 no
invalidaban el desarrollo del «Proceso de Selección Entidades del Orden Territorial
2022». También destacó que las etapas de inscripción en las modalidades de
ascenso y abierto fueron informadas oportunamente mediante avisos publicados
en la página web de la CNSC.
17. En cuanto al cargo relativo a los servidores prepensionados, adujo que
correspondía a la Alcaldía Distrital de Barranquilla identificar y reportar a la CNSC
los empleos ocupados por personas en esa condición antes de incluirlos en la
OPEC. Sin embargo, sostuvo que no se acreditó que la entidad territorial hubiera
informado la existencia de vacantes que no debían ofertarse por esa razón, ni que
la parte actora hubiera probado haber solicitado el reconocimiento de dicha
condición.
18. En ese contexto, propuso como excepciones la inexistencia de causales de
nulidad, la legalidad y validez de los actos acusados, el incumplimiento de la carga
argumentativa y probatoria, la improcedencia de la acusación por ausencia de
contradicción entre los actos demandados y las normas invocadas como
vulneradas, la inexistencia de ilegalidad por desconocimiento del principio de
planeación, la improcedencia del control judicial frente a la actualización del MEFCL
por no corresponder a una obligación de la CNSC, la improcedencia del cargo
relativo a los servidores prepensionados y la excepción innominada.
19. Por su parte, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
solicitó negar las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte actora no
explicó de manera clara y suficiente el concepto de violación ni aportó pruebas que
permitieran acreditar que las entidades demandadas hubieran omitido o excedido
sus competencias en la expedición de los actos acusados.
20. Afirmó que, si bien el Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022 fue expedido
durante la emergencia sanitaria, el aplazamiento previsto en el artículo 14 del
Decreto Legislativo 491 de 2020 solo aplicaba a los procesos que se encontraran
en etapa de reclutamiento o aplicación de pruebas, lo cual no ocurría en el proceso
de selección objeto de estudio, pues dichas etapas se surtieron con posterioridad
al levantamiento de aquella, concretamente, a partir de «julio de 2022».
21. Explicó que la Alcaldía Distrital de Barranquilla sí contaba con el MEFCL
actualizado antes de la suscripción del Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022, pues
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
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Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
el Decreto Distrital 0299 del 19 de mayo de 2022 no introdujo una modificación
sustancial, sino que se limitó a subsanar errores de transcripción encontrados en
dicho instrumento.
22. También precisó que el Decreto Distrital 0299 de 2022 fue publicado en la
página web de la entidad a través de la Gaceta Distrital núm. 912 del 15 de julio de
2022, de modo que no se desconoció el deber de publicidad invocado por la parte
actora.
23. Señaló que en la planta de personal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla
no existían empleos en vacancia definitiva que no requirieran experiencia
profesional o que permitieran la aplicación de equivalencias, razón por la cual no
había lugar a efectuar reporte alguno. Añadió que el Decreto 2365 de 2019 regula
supuestos relativos a la modificación de plantas de personal, la creación de
empleos o su provisión, los cuales no resultan aplicables al caso concreto.
24. Aseguró que el ente territorial sí reportó la existencia de servidores públicos
en condición de prepensionados y que esa información fue considerada en el
Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022. Además, adujo que la protección invocada
por la parte actora solo cobija a quienes fueron vinculados en provisionalidad antes
de diciembre de 2018 y, para la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, se
encontraban a tres años o menos de causar el derecho pensional.
25. Finalmente, propuso la excepción de inexistencia de causal de nulidad del
acto administrativo demandado.
Trámite en única instancia
26. Mediante providencia del 3 de junio de 2025 el despacho ordenó acumular
el proceso núm. 11001-03-25-000-2022-00459-00 (4745-2022) al expediente núm.
11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022), al evidenciar que en ambos se
pretende la nulidad del Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022 y en ninguno se había
programado la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA.
27. En auto del 9 de abril de 2026 se dispuso el trámite de sentencia anticipada
en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la concurrencia de las
causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de esa disposición. En
consecuencia, se prescindió de las audiencias inicial y de pruebas; se decidió sobre
las pruebas aportadas y solicitadas; se fijó el litigio; y se corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente.
Alegatos de conclusión
28. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
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Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
29. El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla insistió en que
las pretensiones debían negarse porque la parte demandante no cumplió la carga
de explicar de manera clara y suficiente el concepto de violación ni acreditó que los
actos acusados estuvieran incursos en alguna de las causales de nulidad previstas
en el artículo 137 del CPACA.
30. Reiteró que los actos administrativos demandados se encuentran
amparados por la presunción de legalidad y que correspondía a la parte
demandante desvirtuarla, lo cual no ocurrió, pues los cargos relacionados con la
falta de socialización, la ausencia de publicidad y las presuntas incongruencias
entre funciones, requisitos y núcleos básicos de conocimiento fueron formulados
sin sustento probatorio.
31. Asimismo, indicó que no se configuró violación del Decreto Legislativo 491
de 2020, pues la nulidad del Decreto 1754 de 2020 declarada por el Consejo de
Estado el 3 de junio de 2022, produjo efectos únicamente hacia futuro, de modo
que las actuaciones surtidas con anterioridad a esa fecha conservaron plena
validez. Agregó que el aplazamiento de los procesos de selección previsto en el
Decreto 491 de 2020 rigió hasta el 30 de junio de 2022, con el fin de la emergencia
sanitaria, y que la etapa de reclutamiento inició el 19 de julio de 2022, es decir, con
posterioridad al levantamiento de aquella.
32. Por último, mencionó que la Alcaldía Distrital de Barranquilla ha garantizado
el acceso de los jóvenes a cargos en la entidad, pues desde la entrada en vigor de
la Ley 1955 de 2019 vinculó 65 jóvenes a la planta de personal y, al momento de
presentar el escrito de alegatos, contaba con 110 funcionarios entre los 18 y 28
años. Añadió que los cargos existentes ya habían sido reportados a la CNSC,
estaban provistos mediante encargo o provisionalidad y no correspondían a nuevas
vacantes.
33. La CNSC solicitó negar las pretensiones de la demanda y condenar en
costas a la parte demandante. En sustento, explicó que la estructuración del
proceso de selección obedeció a un esquema de distribución de competencias en
el que la Alcaldía Distrital de Barranquilla tenía a su cargo la elaboración, adopción,
modificación y actualización del MEFCL, así como la identificación de las vacantes
definitivas a proveer, mientras que la Comisión ejercía funciones de administración
y vigilancia del sistema de carrera administrativa.
34. En ese sentido, señaló que no podía atribuírsele un vicio de ilegalidad
derivado de la supuesta desactualización del MEFCL, pues la OPEC fue certificada
por el representante legal y el jefe de talento humano de la entidad territorial,
quienes garantizaron su correspondencia con el manual vigente. Por ello, afirmó
que actuó con fundamento en la información suministrada y bajo los principios de
buena fe y confianza legítima.
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Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
35. Insistió en que no se desconoció el principio de planeación conjunta y
armónica, porque el proceso de selección fue el resultado de una articulación
institucional en la que la entidad territorial suministró los insumos técnicos y
jurídicos requeridos para estructurar la convocatoria, entre ellos la OPEC
certificada, y la CNSC aprobó el proceso de selección en Sala Plena con
fundamento en dicha información.
36. Manifestó que el Decreto 1754 de 2020 permitió la reactivación de las
etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba de los procesos
de selección, y que la posterior declaratoria de nulidad de dicha norma no afectó
las actuaciones adelantadas durante su vigencia, pues sus efectos operaron hacia
futuro y dejaron a salvo las situaciones consolidadas bajo el principio de confianza
legítima.
37. Sobre el cargo de falsa motivación, sostuvo que no se acreditó la ilegalidad
del MEFCL ni la existencia de inconsistencias en la OPEC que sirvió de base para
la convocatoria. En su criterio, los actos acusados se apoyaron en información
verificable y certificada por la entidad competente, de modo que la discrepancia de
los actores con el contenido de la convocatoria no configura un vicio de nulidad.
38. Por último, insistió en que el proceso de selección garantizó los principios
de libre concurrencia, publicidad, transparencia e imparcialidad, y que todos los
aspirantes participaron en igualdad de condiciones. Advirtió que una eventual
declaratoria de nulidad afectaría los derechos de quienes participaron de buena fe,
superaron las etapas del concurso y adquirieron una expectativa legítima derivada
del mérito.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
39. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
Cuestión previa
40. La parte actora cuestionó que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla no socializó con las organizaciones sindicales el MEFCL ni sus actos
modificatorios, ni los publicó en la Gaceta Distrital. A su juicio, esa omisión
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Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
desconoció el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015,
adicionado por el artículo 1 del Decreto 051 de 2017.
41. Sin embargo, ese reproche no será objeto de pronunciamiento en esta
decisión judicial, pues en este proceso no se demandó el MEFCL de la entidad
demandada, sino los actos que convocaron y regularon el proceso de selección
núm. 2289 de 2022.
42. Por lo tanto, el cargo de nulidad por falta de socialización y publicación del
MEFCL y de sus actos modificatorios no controvierte, en estricto sentido, la
convocatoria ni sus requisitos de existencia, validez, eficacia u oponibilidad. En ese
sentido, los demandantes debieron cuestionar la legalidad de estos actos, omisión
que no puede ser suplida por este juez colegiado dado el carácter rogado de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
43. Igual consideración merece el reparo relativo al desconocimiento del
artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 2365 de 2019 y la Directiva
Presidencial 01 de 2020, según el cual los actos acusados son nulos porque no se
reservó el diez por ciento (10%) de los empleos del nivel profesional para jóvenes
entre 18 y 28 años sin experiencia.
44. Al revisar el contenido de las normas invocadas, la Sala advierte que el
deber allí previsto no recae sobre la convocatoria al concurso de méritos, sino sobre
las entidades públicas cuando adelantan modificaciones a su planta de personal.
45. En efecto, el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019 dispone que, en ese
escenario, las entidades deberán garantizar que el diez por ciento (10%) de los
nuevos empleos no exija experiencia profesional, con el fin de que puedan ser
provistos con jóvenes egresados de programas técnicos, tecnológicos y de
pregrado. En el mismo sentido, el inciso primero del artículo 2.2.1.5.2 del Decreto
2365 de 2019 y la Directiva Presidencial 01 de 2020 desarrollan esa obligación en
el ámbito de la creación y modificación de plantas de personal.
46. En consecuencia, el acto llamado a satisfacer esa exigencia es aquel
mediante el cual se modifica la planta de personal o se crean los nuevos empleos,
y no la convocatoria al concurso de méritos. Al dirigirse el reproche contra los actos
que convocaron y regularon el proceso de selección núm. 2289 de 2022, y no contra
el Decreto Distrital 0802 de 2020, mediante el cual se estableció la planta de
personal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, que era el acto llamado a observar
ese deber, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo sobre este
cargo.
47. Distinto ocurre con el reproche relativo a la actualización del MEFCL, pues
el demandante ha sostenido de manera clara y contundente que la convocatoria
cuestionada está viciada de nulidad porque se basó en un manual desactualizado,
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lo que eventualmente podría incidir en la legalidad de este acto por el
desconocimiento del deber de planeación.
48. En efecto, si bien no se controvirtió el MEFCL, su posible desactualización
en los términos propuestos en la demanda podría tener incidencia en la
convocatoria y la OPEC que se tomó como referencia. Por lo anterior, este cargo
será estudiado de fondo por la Sala.
Problemas jurídicos
49. La Sala deberá resolver si los actos demandados fueron expedidos con
desconocimiento del deber de planeación previsto en el artículo 2.2.6.34 del
Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, en la
medida en que se estructuraron en un MEFCL que se encontraba desactualizado.
50. También se estudiará si los actos acusados fueron expedidos con
infracción de las normas en que debían fundarse, al: (i) adelantar las etapas del
proceso de selección durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada con
ocasión de la pandemia por COVID-19, en contravención del artículo 14 del Decreto
Legislativo 491 de 2020; (ii) incluir en la OPEC empleos ocupados por servidores
en condición de prepensionados, con desconocimiento del parágrafo 2 del artículo
263 de la Ley 1955 de 2019 y del artículo 2.2.12.1.2.4 del Decreto 1083 de 2015,
adicionado por el Decreto 1415 de 2021; y (iii) vulnerar el principio de igualdad
previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, al sustentarse en un MEFCL
que habría previsto funciones idénticas con remuneración y requisitos
diferenciados, así como áreas de conocimiento incompatibles entre sí.
51. Finalmente, la Sala deberá determinar si el Acuerdo 221 del 3 de mayo de
2022 incurrió en falsa motivación al declarar el cumplimiento del deber de
planeación conjunta y armónica entre la CNSC y la Alcaldía Distrital de Barranquilla,
pese a que, según la parte actora, esa afirmación no correspondía a la realidad,
debido a las irregularidades alegadas en la actualización, socialización y
publicación del MEFCL.
Análisis de los problemas jurídicos
52. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos acusados. En efecto, se acreditó que la
Alcaldía Distrital de Barranquilla contaba con un MEFCL adoptado y ajustado antes
de la expedición del Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022 y que la OPEC fue
certificada por la entidad territorial como correspondiente al manual vigente, de
manera que no se demostró el desconocimiento del deber de planeación conjunta
y armónica.
53. Asimismo, la expedición del acuerdo durante la emergencia sanitaria no
infringió el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020, pues la convocatoria no
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
2022-00459-00 (4745-2022)
Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
hacía parte de las etapas de reclutamiento o aplicación de pruebas cobijadas por
la medida de aplazamiento. Tampoco prosperan los cargos relativos a los
servidores prepensionados y al principio de igualdad, dado que la parte actora no
identificó los empleos concretamente afectados ni acreditó la incidencia de tales
reproches en la legalidad del certamen.
54. Finalmente, no se configuró falsa motivación, pues no se probó divergencia
entre los motivos expuestos en el acto acusado y la realidad fáctica del proceso de
selección.
Deber de planeación en los concursos públicos de méritos
55. El artículo 125 de la Constitución Política establece que, por regla general,
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción
de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no ha sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público de méritos.
56. En desarrollo de ese mandato, la Ley 909 de 2004 regula la carrera
administrativa como un sistema técnico de administración de personal que tiene por
objeto la eficiencia de la Administración Pública y reconoce el mérito como garante
de los principios de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso,
permanencia y ascenso en el servicio público.
57. De otra parte, el artículo 130 de la Constitución Política atribuye a la CNSC,
como órgano autónomo e independiente, la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, con excepción de aquellas de carácter especial.
Esta función se desarrolla en la Ley 909 de 2004, que la define como un órgano
permanente del orden nacional, independiente de las ramas del poder público,
orientado a garantizar la plena vigencia del principio del mérito.
58. El Consejo de Estado ha precisado que, si bien la CNSC tiene a su cargo
la administración y vigilancia de los concursos públicos de méritos, la entidad
beneficiaria del proceso de selección también debe intervenir en la etapa previa a
la expedición de la convocatoria5. Esa participación comprende actuaciones
concretas de coordinación y colaboración dirigidas a suministrar la información
necesaria para estructurar el concurso.
59. La planeación del proceso de selección constituye una expresión de los
principios de coordinación y colaboración armónica previstos en los artículos 113 y
209 de la Constitución Política y, en materia de concursos de méritos, se concreta
en las actuaciones previas que deben adelantar conjuntamente la CNSC y la
entidad nominadora para hacer posible la expedición de la convocatoria.
5Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 31 de enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016).
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
2022-00459-00 (4745-2022)
Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
60. El artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3
del Decreto 051 de 2018, desarrolló ese mandato al imponer a las entidades
territoriales el deber de «participar con la Comisión Nacional del Servicio Civil en el
proceso de planeación conjunta y armónica». En esa misma disposición se
estableció que, previo al inicio de dicha etapa, la entidad deberá tener actualizado
su MEFCL y definir los ejes temáticos.
61. De las disposiciones reseñadas se advierte que la actualización del manual
y el reporte de la OPEC se ubican en la etapa previa a la planeación del concurso,
dentro del marco de colaboración conjunta entre la entidad territorial y la CNSC. En
consecuencia, para resolver el cargo, la Sala examinará, de un lado, lo que el
acuerdo demandado consigna sobre la etapa de planeación y la certificación de la
OPEC y, de otro, las documentales allegadas al expediente.
62. En el Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022 se estableció que la CNSC
adelantó juntamente con la Alcaldía Distrital de Barranquilla la etapa de planeación
del proceso de selección. También se indicó que la entidad territorial consolidó en
SIMO la OPEC, certificada por su representante legal y su jefe de talento humano,
y la remitió a la Comisión. Con fundamento en ese reporte, la Sala Plena de la
CNSC, en sesiones del 8 de marzo y 3 de mayo de 2022, aprobó las reglas del
proceso de selección, para un total de setenta y nueve empleos y doscientas
cincuenta vacantes en la modalidad abierta, y cincuenta y dos empleos y ciento
siete vacantes en la modalidad de ascenso.
63. En el expediente obra la Resolución 0028 del 26 de febrero de 2021 6,
mediante la cual la Alcaldía Distrital de Barranquilla adoptó el MEFCL para los
empleos de la planta de personal, en el marco de la transformación y modernización
administrativa adelantada por el Distrito.
64. Dicho MEFCL fue modificado mediante el Decreto 0182 del 30 de agosto
de 20217. En dicho acto se señaló que, por requerimiento de la CNSC, resultaba
necesario ajustar lo relacionado con la formación académica, específicamente «en
la definición de los núcleos básicos y áreas de conocimiento para cada empleo de
los niveles técnico y profesional», conforme al Decreto 2484 de 2014.
65. Luego, mediante la Resolución 0236 del 19 de octubre de 20218, la entidad
territorial ajustó nuevamente el MEFCL respecto de algunos empleos, en atención
a una solicitud elevada por la CNSC en una mesa de trabajo realizada durante «el
proceso de planeación de la nueva convocatoria para proveer las vacantes
definitivas» del Distrito.
6 Folios 8 a 13, índice 17. Proceso acumulado. Anexos Contestación CNSC.
7 Folios 1 a 2, ibidem.
8 Folios 3 a 7, ibidem.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
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Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
66. Posteriormente, mediante el Decreto 0299 del 19 de mayo de 2022 9, la
Alcaldía Distrital de Barranquilla ajustó el MEFCL en lo relativo a la formación
académica de algunos empleos, debido a que, por «error de transcripción», se
habían omitido algunas profesiones requeridas con su respectivo núcleo básico de
conocimiento.
67. De lo reseñado se advierte que, para la fecha en que se expidió el Acuerdo
221 del 3 de mayo de 2022, la Alcaldía Distrital de Barranquilla contaba con un
MEFCL adoptado y ajustado en dos oportunidades durante el año 2021, incluso a
partir de requerimientos efectuados por la CNSC en la etapa de planeación.
68. Si bien el Decreto 0299 del 19 de mayo de 2022 fue expedido con
posterioridad al Acuerdo 221 del 3 de mayo de ese año, esa sola circunstancia no
demuestra que la Alcaldía Distrital de Barranquilla hubiera desconocido el deber de
actualización del MEFCL antes de la planeación del concurso.
69. Además, del contenido del acuerdo demandado se desprende que la
Alcaldía Distrital de Barranquilla certificó ante la CNSC que la OPEC reportada
correspondía a la información consignada en el manual de funciones vigente,
certificación que fue suscrita por su representante legal y su jefe de talento humano.
Sobre esa base, y como resultado de la planeación conjunta adelantada en las
sesiones del 8 de marzo y 3 de mayo de 2022, la CNSC aprobó las reglas del
proceso de selección núm. 2289.
70. Sobre el particular, esta Corporación ha precisado que el suministro de la
OPEC a la CNSC constituye un elemento indispensable para adelantar los
concursos y, a su vez, una manifestación de los deberes de colaboración y
coordinación propios de la etapa de planeación, pues «la información que se
consolida en la oferta es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos
para los empleos por proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si
no se contara con ella, el certamen no podría llevarse a cabo»10.
71. En ese sentido, esta Subsección ha destacado la importancia de la OPEC
en los siguientes términos:
El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para
elaborar la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la
OPEC definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema
del mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria.
Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
9 Folios 18 a 19, ibidem.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y
11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
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Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña
la convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas11.
72. De lo expuesto se concluye que la elaboración y reporte de la OPEC
constituye una carga propia de la entidad territorial, en cuanto comprende la definición,
verificación y certificación de la información relativa a los empleos vacantes con
fundamento en el manual de funciones vigente.
73. De ahí que, antes de iniciar la etapa de planeación del concurso, el Distrito
debía actualizar dicho manual e incorporar en la OPEC las vacantes definitivas
conforme a esa información. En este caso, como quedó expuesto, antes de la
expedición del Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022 la Alcaldía Distrital de Barranquilla
había adoptado el MEFCL y lo había ajustado en dos oportunidades durante el año
2021. Asimismo, certificó ante la CNSC que la OPEC reportada correspondía al
manual vigente.
74. Bajo ese marco normativo y jurisprudencial, la Sala concluye que no prospera
el cargo de nulidad formulado por la parte actora, según el cual la falta de actualización
del MEFCL vició la convocatoria y desconoció el principio de planeación. Por el
contrario, se acreditó que la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la CNSC actuaron de
manera coordinada en la estructuración del acuerdo demandado, con base en la
OPEC reportada por la entidad territorial, sin que obre prueba de observaciones u
objeciones que desvirtuaran su correspondencia con el manual vigente.
75. A ello se suma que los demandantes omitieron argumentar si el MEFCL
integrado vía OPEC desatendió criterios técnicos para su expedición o si asignó
funciones y cargas de trabajo de manera incorrecta; tampoco identificaron cuáles
requisitos académicos o de experiencia pudieron verse afectados por la falta de
actualización ni demostraron el impacto que esa omisión tuvo en el certamen. Su
reproche se limitó a afirmar simplemente que el manual era obsoleto y desactualizado.
76. Sobre este punto, el Consejo de Estado ha precisado:
Los accionantes sostuvieron que el acuerdo cuestionado se fundó en un manual de
funciones desactualizado; sin embargo, omitieron indicar en qué sentido los requisitos
para ocupar los empleos, las funciones asignadas, el nivel, las competencias
requeridas y demás aspectos inherentes a dicho documento eran obsoletos o
desajustados frente a la normativa superior.
De esta manera, el anterior argumento resulta insuficiente para anular el acto
demandado. En efecto, esta corporación en varias oportunidades ha negado la
nulidad de actos administrativos cuando los actores no esgrimen razones claras,
suficientes y fundadas para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones. Al
respecto, se ha explicado que si bien la jurisdicción de lo contencioso está facultada
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 26 de febrero de 2026, radicado 11001-03-25-000-2022-00321-00 (2612-2022).
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
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Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del demandante de
alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de la demanda12.
77. En consecuencia, los actores no sustentaron de manera clara, específica
y suficiente las razones por las cuales el MEFCL adoptado por la Alcaldía Distrital
de Barranquilla se encontraba desactualizado, ni acreditaron que esa circunstancia
hubiera incidido en la legalidad del acto acusado. Por ello, el reproche formulado
resulta genérico e insuficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de la
convocatoria.
Expedición del Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022 durante la vigencia de la
emergencia sanitaria
78. La parte actora sostuvo que el Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022
desconoció el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020 porque fue expedido
mientras se encontraba vigente la emergencia sanitaria declarada con ocasión de
la pandemia por COVID-19.
79. Para resolver el cargo, es necesario precisar el alcance de la medida de
aplazamiento prevista en dicha disposición, pues no recayó sobre todos los
procesos de selección ni sobre cualquier actuación relacionada con los concursos
de méritos, sino sobre aquellos certámenes que se estuvieran adelantando y se
encontraran en etapas específicas. La norma dispuso lo siguiente:
Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación
de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento
social, se aplazarán los procesos de selección que actualmente se estén adelantando
para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o
específico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de
pruebas.
Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere
la Emergencia Sanitaria.
80. De la disposición transcrita se desprende que el aplazamiento previsto no
operaba respecto de cualquier actuación preparatoria o de planeación de un
concurso de méritos, sino únicamente frente a los procesos de selección en curso
que se encontraran en etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas.
81. En el presente asunto, el Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022, por medio
del cual se convocó y se fijaron las reglas del proceso de selección núm. 2289 de
2022, fue expedido durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Sin embargo, la
convocatoria constituye la primera etapa del concurso y precede al reclutamiento y
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 13 de julio de 2023, radicado 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020).
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
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Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
a la aplicación de pruebas, que son precisamente las etapas a las que se refería el
mandato de aplazamiento del artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020. Por
tanto, su expedición no estaba comprendida en dicha medida.
82. Esa conclusión se refuerza con lo señalado por el Distrito tanto en la
contestación de la demanda como en sus alegatos de conclusión, en el sentido de
que las etapas del proceso de selección núm. 2289 de 2022 sujetas al mandato de
aplazamiento se surtieron con posterioridad al levantamiento de la emergencia
sanitaria, y que concretamente la etapa de reclutamiento inició el 19 de julio de 2022.
Ese hecho no fue controvertido ni desvirtuado por los demandantes en el curso del
proceso.
83. Además, la parte actora no explicó cuáles etapas del concurso se habrían
surtido en contravía de la norma de aplazamiento ni aportó elementos que
permitieran acreditar que el certamen se encontraba en etapa de reclutamiento o de
aplicación de pruebas al momento de la expedición de los actos acusados.
84. Por consiguiente, este cargo no está llamado a prosperar.
Protección de los funcionarios en provisionalidad en condición de
prepensionados
85. La parte demandante afirmó que el Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022
desconoció el régimen de protección de los servidores en provisionalidad en
condición de prepensionados, porque incluyó en la OPEC empleos ocupados por
personas próximas a causar el derecho pensional.
86. Sobre el particular, la Sala ha explicado que, si bien pueden existir
empleados en provisionalidad que se encuentren en situaciones particulares que
ameriten un tratamiento diferencial, dicha circunstancia no puede desplazar el
derecho que adquiere quien ha superado todas las etapas de un concurso de
méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual aspiró13. En este sentido, el hecho
de ofertar cargos ocupados por personas en condiciones especiales no vicia de
nulidad la convocatoria.
87. En todo caso, los actores no identificaron cuáles empleos ofertados
estaban ocupados por servidores en condición de prepensionados, ni aportaron
actos, certificaciones o informes que permitieran verificar esa circunstancia.
Tampoco explicaron de qué manera la inclusión de esos cargos en la OPEC
desconoció concretamente el parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 o
el artículo 2.2.12.1.2.4 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 1415
de 2021.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001
03 25 000 2023 00042 00 (0818-2023).
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Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
88. Por el contrario, en los considerandos del Acuerdo 221 del 3 de mayo de
2022 se dejó expresa constancia de que la Alcaldía Distrital de Barranquilla reportó
la existencia de servidores públicos en condición de prepensionados, en
cumplimiento del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 y del artículo 2 del Decreto
1415 de 2021. Esa constancia desvirtúa el reproche formulado por la parte actora,
pues acredita que las entidades demandadas tuvieron en cuenta esa información al
estructurar el proceso de selección.
89. Así las cosas, este cargo tampoco está llamado a prosperar.
Vulneración del principio de igualdad
90. Los demandantes indicaron que los actos acusados vulneraron el principio
de igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, al sustentarse en
un MEFCL que habría previsto funciones idénticas con remuneración y requisitos
diferenciados, así como áreas de conocimiento incompatibles entre sí.
91. Sin embargo, esas afirmaciones no están respaldadas en ningún medio de
prueba, pues los demandantes no identificaron los empleos que tenían funciones
idénticas ni explicaron en qué consistía esa identidad funcional, como tampoco
señalaron cuáles áreas de conocimiento resultaban incompatibles entre sí ni
expusieron la razón por la cual esas circunstancias generaban un trato desigual
relevante para el proceso de selección.
92. Además, no demostraron que las diferencias alegadas en materia de
remuneración, requisitos o áreas de conocimiento hubieran incidido en las
condiciones de participación de los aspirantes, en la conformación de la OPEC o en
el desarrollo del certamen.
93. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar, pues la parte
actora formuló un reproche genérico que no permite desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos acusados.
Falsa motivación
94. La parte actora aseguró que el Acuerdo 221 del 3 de mayo de 2022 está
viciado de falsa motivación, porque en su parte considerativa se indicó que la CNSC
y la Alcaldía Distrital de Barranquilla adelantaron de manera conjunta y armónica la
etapa de planeación del proceso de selección, afirmación que, a su juicio, no
correspondía a la realidad, dado que la convocatoria se habría estructurado con
fundamento en un MEFCL desactualizado.
95. La falsa motivación, establecida como causal de nulidad en el artículo 137
del CPACA, guarda relación directa con el principio de legalidad y con el deber de
la Administración de solventar de forma fidedigna sus decisiones. Esta figura se
presenta cuando existe «un yerro en la escogencia o determinación de los motivos»,
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es decir, que la realidad fáctica o jurídica difiere de la consignada en el acto
administrativo14.
96. En ese marco, esta Sección ha precisado que este vicio invalidante se
configura por «[…] la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica
y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y la efectiva
demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se
encuentra falsamente motivado […]»15.
97. En el presente caso no se configura dicho vicio, porque, como se explicó
al resolver el cargo por desconocimiento del deber de planeación, las pruebas
obrantes en el expediente muestran que la expedición del Acuerdo 221 del 3 de
mayo de 2022 estuvo precedida por actuaciones de coordinación entre la CNSC y
la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
98. En efecto, la Alcaldía había adoptado el MEFCL mediante la Resolución
0028 de 2021, lo ajustó en dos oportunidades durante ese mismo año a partir de
requerimientos efectuados por la CNSC y certificó que la OPEC reportada
correspondía al manual vigente. Con fundamento en esa información, la Sala Plena
de la CNSC aprobó las reglas del proceso de selección.
99. En consecuencia, al no acreditarse la divergencia entre los motivos
expresados en el acto enjuiciado y la realidad fáctica del proceso, este cargo
tampoco prospera.
100. Por lo expuesto, como no se demostró ninguna de las causales de nulidad
invocadas por el demandante, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
101. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de agosto de 2023, rad. núm. 66001-23-33-000-2020-00354-01 (5720-2022).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 17 de marzo de 2016, rad. núm. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00456-00 (4741-2022) y acumulado 11001-03-25-000-
2022-00459-00 (4745-2022)
Demandantes: Robert David Bermúdez Hernández y otro
102. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
103. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general al
abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra el
acto administrativo demandado que debieron ser analizados en la sentencia. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
Ausente con permiso
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
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