Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00281-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2022-00281-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00281-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00281-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00281-00 (2131-2022)
Demandante: Luis Isaac Jiménez Melo
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y municipio de El
Tambo (Nariño)
Temas: Deber de planeación conjunta en los procesos de selección para
proveer cargos de carrera. La falta de publicación de los actos
administrativos demandados de carácter general afecta su eficacia,
mas no su validez.
Decisión: Niega pretensiones de la demanda.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Acuerdo 2005 del 28 de mayo
de 2021, «[p]or el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección,
en la modalidad de Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la Alcaldía de El Tambo – Nariño, Proceso de Selección No. 2143 de 2021 – Municipios
de 5ª y 6ª Categoría», emitido por la CNSC y de los «actos ejecutivos» subsiguientes al
citado acuerdo.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La demanda de nulidad contra los actos administrativos controvertidos se
interpuso con fundamento en los siguientes hechos y cargos:
2. Mediante el Acuerdo 1013 del 29 de abril de 2021, la CNSC dio apertura al proceso
de selección para proveer los empleos vacantes del sistema general de carrera
administrativa de la planta de personal de la alcaldía del municipio de El Tambo (Nariño).
3. Posteriormente, mediante el Acuerdo 2013 del 28 de mayo de 2021 se derogó el
acto de apertura del proceso referenciado en el párrafo anterior. Ese mismo día se expidió
el Acuerdo 2005 por medio del cual se convocó y se establecieron las nuevas reglas del
aludido proceso de selección.
4. La parte demandante sostiene que, como consecuencia de los hechos descritos,
se iniciaron las inscripciones al proceso de selección sin que existiera un acto de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00281-00 (2131-2022)
Demandante: Luis Isaac Jiménez Melo
convocatoria vigente, lo que generó incertidumbre respecto de las reglas y condiciones
del procedimiento administrativo. En particular, afirma que no existía claridad sobre la
entidad responsable del concurso, su estructura, las normas aplicables, la financiación,
los requisitos de participación, las causales de exclusión, los empleos convocados y los
requisitos mínimos para su provisión.
5. El alcalde del municipio de El Tambo se negó a suscribir el acuerdo demandado
al considerar que las inscripciones para ese proceso ya habían iniciado. Además,
manifestó que varios de los cargos reportados en las OPEC no podían ser ofertados
debido a situaciones administrativas particulares de quienes los ocupaban en
provisionalidad, tales como estar próximos a pensionarse o encontrarse en condición de
discapacidad.
Concepto de la violación
6. El actor sostiene que el Acuerdo 2005 del 28 de mayo de 2021 fue expedido de
manera irregular, pues para la fecha de su emisión y publicación ya se había iniciado la
etapa de inscripciones del concurso de méritos que pretendía regular, circunstancia que,
en su criterio, vulneró el derecho al debido proceso de las personas interesadas.
7. Adujo que el acto demandado es ilegal por desconocer el artículo 31 de la Ley 909
de 2004 al no estar suscrito por el alcalde de El Tambo (Nariño). En su criterio, ello
configuró una extralimitación de funciones por parte de la CNSC, por cuanto no debía
expedirse el acuerdo sin la firma del representante legal de la entidad beneficiaria del
proceso de selección.
8. Asimismo, afirma que se vulneró el principio de planeación porque el proceso de
selección se adelantó sin el consentimiento del ente territorial y se desatendió la expresa
solicitud del alcalde municipal de no adelantar el proceso de selección. En este sentido,
se adujo que con la expedición del acto acusado se incurrió en falsa motivación porque
no es cierto que se haya cumplido con el principio de planeación y coordinación entre el
ente territorial y la CNSC.
9. Finalmente, sostuvo que el acuerdo desconoció lo previsto en los artículos 7, 11,
28 y 29 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 y el artículo 2.2.6.34
del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018; por
cuanto no se ofertó la totalidad de empleos vacantes y no se actualizó el manual de
funciones como lo ordena el Decreto Ley 785 de 2005.
Contestaciones de la demanda
10. El municipio de El Tambo presentó escrito mediante el cual informó que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 175 del CPACA, allegaba los
antecedentes administrativos que obraban en su poder respecto del proceso de selección
en cuestión. Asimismo, manifestó que ejercía su derecho a no pronunciarse de fondo
sobre la demanda, en atención a la posición institucional previamente asumida frente al
concurso, sin que ello implicara allanamiento a las pretensiones, en los términos del
artículo 176 del CPACA.
2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00281-00 (2131-2022)
Demandante: Luis Isaac Jiménez Melo
11. La CNSC se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por el
accionante y para tal fin alegó que la demanda no era clara, cierta o concreta, lo que a
su juicio impide realizar un juicio abstracto de legalidad.
12. Además, señaló que no se acreditó una vulneración directa de las disposiciones
superiores invocadas, por cuanto el demandante se limitó a transcribir algunos
enunciados normativos sin desarrollar el concepto de la violación. En particular, afirmó
que no se demostró el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909
de 2004.
Trámite de sentencia anticipada
13. Mediante auto del 27 de julio de 2023 se dispuso el trámite de sentencia anticipada,
en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la concurrencia de las causales
previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de dicha disposición. Para el efecto, se
resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el litigio. Posteriormente, en providencia del
19 de octubre de 2023, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
14. El municipio de El Tambo presentó memorial en el que manifestó que su
representante legal no suscribió el acto demandado porque cuando fue expedido se
encontraba abierta la etapa de inscripciones para el concurso de méritos, lo que a su
juicio vulneró el derecho al debido proceso de las personas que se registraron sin tener
unas reglas claras y preestablecidas.
15. Indicó que el municipio solicitó a la CNSC la suspensión o derogatoria del
procedimiento administrativo, debido a que varios de los cargos ofertados estaban siendo
ocupados por personas en situaciones administrativas especiales, tales como estar
próximas a pensionarse o encontrarse en condición de discapacidad.
16. La CNSC sostuvo que el concurso de méritos fue convocado inicialmente
mediante el Acuerdo 1013 del 29 de abril de 2021, el cual fue derogado en atención a la
solicitud del municipio tendiente a eliminar una vacante incluida en la OPEC. Precisó que
el nuevo acto administrativo —cuestionado en el presente asunto— incorporó únicamente
la modificación solicitada, sin alterar las demás reglas establecidas en el Acuerdo 1013
del 29 de abril de 2021.
17. La parte demandante reiteró el argumento expuesto en la demanda consistente
en que el acto acusado desconoció el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y el deber de
planeación dado que no fue suscrito por el alcalde del municipio de El Tambo, entidad
territorial que expresamente pidió la suspensión o derogatoria del proceso de selección.
18. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó no acceder a las
pretensiones de la demanda. Para fundamentar su solicitud señaló, en primer lugar, que
la Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible el artículo 31 de la Ley 909
3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00281-00 (2131-2022)
Demandante: Luis Isaac Jiménez Melo
de 2004 bajo el entendido de que el principio de colaboración armónica implica que el
representante legal de la entidad beneficiaria puede suscribir el acto de convocatoria y
en caso de no hacerlo la CNSC debe continuar con el concurso siempre que se
demuestre que cumplió con el deber de planeación junto con la entidad beneficiaria.
19. En este caso afirmó que existían pruebas de la planeación conjunta del concurso
de méritos, pues estaba demostrado que el alcalde del municipio de El Tambo, mediante
escrito del 7 de mayo de 2021, solicitó a la CNSC excluir una vacante de la relación de
los cargos a proveer, petición que fue aprobada por la Sala Plena de la CNSC, por lo que
se derogó el Acuerdo 1013 del 29 de abril de 2021 y se procedió a expedir el acto
demandado en este proceso.
20. Indicó que, pese a que la entidad territorial se negó a suscribir el acuerdo
demandado, previamente el municipio, a través de la Jefatura de la Unidad de Personal,
registró la información en el SIMO sobre los empleos a proveer y sus requisitos. Señaló
que esa información fue remitida por el mandatario municipal, tal como consta en los
incisos 27 y 28 de la parte motiva del acuerdo demandado.
21. Finalmente, sostuvo que, en virtud de lo establecido en el artículo 263 de la Ley
1955 de 2019, al ser el municipio de El Tambo de categoría sexta, el concurso debe
adelantarse por la CNSC y la aplicación de la prueba corresponde a la ESAP, institución
que asume los costos que genere el proceso de selección. Añadió que lo anterior resulta
relevante porque flexibiliza el deber de planeación, en la medida en que el componente
económico no constituye un aspecto que deba ser acordado entre el Municipio y la CNSC.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en única
instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del
orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan
funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que la Sección Segunda está
facultada para decidir los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen
sobre asuntos laborales.
Problemas jurídicos
23. De conformidad con los cargos formulados por el demandante, los argumentos de
defensa expuestos por la entidad accionada y el auto que fijó el litigio, los problemas
jurídicos que la Sala deberá resolver son los siguientes:
• ¿El Acuerdo 2005 del 28 de mayo de 2021 es ilegal por desconocer el artículo 31
de la Ley 909 de 2004 y el principio de planeación, al no haber sido suscrito por el
alcalde del municipio de El Tambo?
4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00281-00 (2131-2022)
Demandante: Luis Isaac Jiménez Melo
• ¿El acuerdo demandado es ilegal porque para la fecha en que fue expedido y
publicado ya había empezado la etapa de inscripción para el proceso de selección
que pretendía regular? ¿Tal circunstancia vulneró el derecho al debido proceso de
las personas que se inscribieron al concurso?
• ¿El acto controvertido es ilegal porque se basó en un manual de funciones que no
fue actualizado conforme lo establece el Decreto Ley 785 de 2005?
• ¿Se desconocieron los artículos 7, 11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2
de la Ley 1960 de 2019 y el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, al expedir
el acuerdo de convocatoria sin ofertar la totalidad de los empleos vacantes?
• ¿Se debe declarar la nulidad de «los actos ejecutivos» del concurso como
consecuencia de las irregularidades que se le imputan al Acuerdo 2005 del 28 de
mayo de 2021?
Análisis de los problemas jurídicos
24. La Sala negará las pretensiones de la demanda por no encontrar probado que el
Acuerdo 2005 del 28 de mayo de 2021 hubiera desconocido las normas invocadas por la
parte demandante.
Desconocimiento del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y del deber de planeación
25. El artículo 125 de la Constitución Política establece que, por regla general, los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley. Igualmente, dispuso que los funcionarios, cuyo sistema de
nombramiento no ha sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por
concurso público de méritos.
26. Por su parte, la Ley 909 de 2004 regula la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
Administración Pública. A su vez, reconoce el mérito como garante de los principios de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.
27. De conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política, la
CNSC es un órgano autónomo e independiente responsable de la administración y
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con excepción de aquellas que
tengan carácter especial. A su turno, la Ley 909 de 2004 la define como un órgano
permanente del orden nacional, independiente de las demás ramas del poder público,
cuyo propósito es garantizar la plena vigencia del principio del mérito.
28. Si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso que la
convocatoria a concurso de méritos debía ser suscrita por la CNSC y el jefe de la entidad
u organismo cuyas vacantes debían proveerse, también lo es que, conforme a la
5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00281-00 (2131-2022)
Demandante: Luis Isaac Jiménez Melo
Sentencia C-183 de 20191 la suscripción del acto de convocatoria por parte del jefe de la
entidad beneficiaria del concurso es apenas una posibilidad, pero no una exigencia cuyo
incumplimiento pueda generar por sí sola alguna irregularidad sustancial que conlleve a
su nulidad.
29. No se requiere la firma del representante legal de la entidad beneficiaria del
concurso porque lo realmente relevante es que exista una etapa de planeación conjunta
entre la CNSC y la entidad beneficiaria, en atención a los principios de coordinación y
colaboración armónica entre los poderes públicos2.
30. En este caso, se encuentra demostrado que la CNSC y el municipio de El Tambo
realizaron de manera conjunta la etapa de planeación para adelantar el proceso de
selección para proveer los cargos de carrera vacantes en la alcaldía municipal de esa
entidad territorial. En desarrollo de esa labor, el municipio registró en el SIMO la OPEC
con la que se adelantó el concurso.
31. Posteriormente, mediante comunicación del 7 de mayo de 2021, el municipio
solicitó a la CNSC la eliminación de una vacante de la OPEC, lo que dio lugar a que la
entidad demandada derogara el acto de convocatoria 1013 de 29 de abril de 2021 y, en
su lugar, expidiera el Acuerdo 2005 del 28 de mayo de 2021.
32. En términos materiales, ambos actos regulan el mismo objeto: el concurso de
méritos para proveer cargos de carrera vacantes en el municipio de El Tambo, y
únicamente difieren en el número de empleos ofertados. En efecto, en el Acuerdo 1013
se ofertaron cinco cargos del nivel técnico, mientras que en el Acuerdo 2005 se ofertaron
cuatro. En lo demás, ambos actos son sustancialmente idénticos y establecen el proceso
con los mismos requisitos y condiciones.
33. Así las cosas, para la Sala es evidente que el deber de planeación conjunta entre
el municipio y la CNSC está plenamente probado y fruto de este se expidió el acuerdo
demandado. Con el Acuerdo 2005 del 28 de mayo de 2021, la CNSC se limitó a ajustar
la convocatoria al requerimiento formulado por el Municipio, lo que constituye prueba del
cumplimiento de los deberes de planeación y coordinación entre ambas entidades .
34. La abstención del alcalde de El Tambo de suscribir el acuerdo demandado y su
posterior oposición al proceso de selección no tiene la entidad suficiente para desvirtuar
la presunción de legalidad del acto demandado, ni evidencia el desconocimiento del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
35. El simple hecho de que una entidad no desee continuar con el proceso de
selección no es suficiente para que la CNSC suspenda dicho procedimiento, pues ello
dejaría en manos de los entes territoriales y demás entidades beneficiarias de los
concursos la posibilidad de vetar o paralizar el trámite, lo que desnaturalizaría las
funciones y potestades que el artículo 130 de la Constitución Política y el artículo 7 de la
1 Proferida por la Corte Constitucional.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-03-25-
000-2020-00325-00 (0621-2020).
6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00281-00 (2131-2022)
Demandante: Luis Isaac Jiménez Melo
Ley 909 de 2004 le atribuyen a la CNSC, única autoridad encargada de adelantar estos
procesos de selección.
36. La CNSC debe analizar las solicitudes que le presenten las entidades beneficiarias
de los concursos y darles el trámite que corresponda según el marco normativo vigente,
lo que no implica ni la obliga a suspender o dejar sin efectos el proceso cada vez que así
se lo soliciten. En cada caso, la entidad demandada deberá examinar la petición y
otorgarle el trámite que estime ajustado a la ley.
37. En definitiva, el cargo no tiene vocación de prosperidad porque la sola ausencia
de suscripción del acuerdo demandado por parte del alcalde de El Tambo no da lugar a
que se configure la nulidad del acuerdo controvertido. Además, está probado que en este
caso se respetó el deber de planeación y coordinación conjunta entre la CNSC y la
entidad territorial.
Publicación del acuerdo demandado
38. La parte actora sostiene que el acuerdo demandado fue publicado cuando ya se
encontraban abiertas las inscripciones del concurso público en cuestión, por lo que
considera que dicha circunstancia afecta su legalidad.
39. Para la Sala este cargo no está llamado a prosperar porque de las pruebas
obrantes en el proceso, como los certificados de inscripción al concurso, incluido el
correspondiente al señor Jiménez Melo, consta que la etapa de inscripción fue abierta en
una fecha posterior a la que se expidió el acuerdo demandado. En efecto, todas las
inscripciones de los participantes del proceso de selección fueron realizadas en las dos
primeras semanas del mes de julio del 2021, mientras que el acto controvertido fue
publicado el 28 de mayo de ese mismo año.
40. En el mismo sentido, la fecha del registro de inscripción de los participantes guarda
plena correspondencia con el informe técnico rendido por la CNSC en el que se señaló
que para el concurso objeto del presente litigio las inscripciones se iniciaron el 28 de junio
de 2021.
41. En definitiva, no existe prueba de que la etapa de inscripciones fuese abierta con
anterioridad a la expedición del acto acusado. En todo caso, en gracia de discusión, dado
que el contenido del acto demandado reproduce íntegramente el que regulaba
previamente el proceso de selección, tampoco se advertiría la configuración de
irregularidad sustancial si las inscripciones hubieran empezado con posterioridad a la
fecha de publicación de la convocatoria derogada y antes de la expedición del acuerdo
demandado. Lo anterior porque en el primer acuerdo se establecieron unas reglas que
—se insiste— fueron reproducidas en su integridad por el acto acusado (excepto el
número de cargos ofertados en el nivel técnico).
42. Finalmente, en relación con este cargo, la Sala considera oportuno reiterar que de
conformidad con lo establecido en el artículo 65 del CPACA la falta de publicidad de los
actos administrativos de carácter general solo afecta su eficacia y no su validez. Por ello,
si el acto administrativo es de contenido general su vinculatoriedad acaecerá a partir de
7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00281-00 (2131-2022)
Demandante: Luis Isaac Jiménez Melo
su publicación, mientras que, si la decisión es de tipo particular y concreto, su oponibilidad
se dará desde su notificación, comunicación o ejecución.
43. Esta Corporación ha explicado que la publicidad constituye un elemento de la
eficacia y no de la validez de los actos administrativos. En efecto, se ha precisado que la
publicidad reviste una importancia significativa en el ejercicio de la función administrativa;
sin embargo, su inobservancia no genera nulidad, en la medida en que no afecta la
existencia ni la validez de la decisión. Por lo tanto, «su ausencia o las irregularidades que
se lleguen a cometer en ese sentido no vician de nulidad el acto administrativo, sino que
conducen a su ineficacia o inoponibilidad»3.
44. Por todo lo expuesto se denegará este cargo, pues de las pruebas obrantes en el
proceso se colige que todas las personas se inscribieron con posterioridad a la fecha de
publicación del acto acusado y en todo caso los problemas de publicidad de los actos
administrativos de contenido general no afectan la validez sino la eficacia de la decisión
de la administración.
Deber de actualizar el manual de funciones como requisito para convocar a
concurso de méritos y la obligación de ofertar todos los cargos vacantes
45. El demandante sostiene que el acuerdo controvertido es ilegal porque se basó en
un manual de funciones desactualizado, lo que implicaría el desconocimiento de varias
disposiciones que imponen este deber.
46. Al respecto, la Sala advierte que el accionante omitió argumentar en qué sentido
el manual de funciones en el que basó la OPEC desatendió criterios técnicos para su
expedición y asignó funciones o cargas de trabajo incorrectamente; como tampoco
identificó cuáles requisitos académicos o de experiencia pudieron verse afectados por la
falta de actualización y mucho menos demostró el impacto que esa omisión tuvo en el
certamen. Por el contrario, el reproche se limitó a señalar de manera genérica que el
manual de funciones era obsoleto y desactualizado.
47. Sobre este punto, en un caso similar al examinado en este asunto, el Consejo de
Estado determinó que:
Los accionantes sostuvieron que el acuerdo cuestionado se fundó en un manual de
funciones desactualizado; sin embargo, omitieron indicar en qué sentido los requisitos para
ocupar los empleos, las funciones asignadas, el nivel, las competencias requeridas y demás
aspectos inherentes a dicho documento eran obsoletos o desajustados frente a la normativa
superior.
De esta manera, el anterior argumento resulta insuficiente para anular el acto demandado.
En efecto, esta corporación en varias oportunidades ha negado la nulidad de actos
administrativos cuando los actores no esgrimen razones claras, suficientes y fundadas para
obtener una sentencia favorable a sus pretensiones. Al respecto, se ha explicado que, si
bien la jurisdicción de lo contencioso está facultada para interpretar la demanda, no es
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2020, radicado: 11001-
03-25-000-2014-00675-00 (2084-14).
8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00281-00 (2131-2022)
Demandante: Luis Isaac Jiménez Melo
posible suplantar la obligación del demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y
de probar los supuestos de la demanda4.
48. De esta manera, la parte demandante no sustentó las razones por las que
considera que el manual de funciones está desactualizado, pues su planteamiento es
genérico; por ello, no es posible profundizar en el análisis de este reproche.
49. No reposa en el expediente elemento probatorio que evidencie la postura que se
expuso en la demanda y el incumplimiento de la carga probatoria que recaía sobre la
parte accionante impide a la Sala corroborar la veracidad de los hechos que fundamentan
el cargo.
50. Por otra parte, también se acusó al acuerdo demandado de ilegal por no haber
ofertado todos los cargos vacantes en la entidad beneficiaria del concurso. Este cargo no
está llamado a prosperar porque, de conformidad con el régimen de carrera
administrativa, corresponde a las entidades públicas identificar y reportar a la CNSC la
OPEC, esto es, los empleos vacantes en forma definitiva susceptibles de provisión
mediante concurso de méritos.
51. En ese contexto, la CNSC estructura la convocatoria con base en la información
certificada por la entidad titular de la planta de personal. Por tanto, la circunstancia de
que eventualmente existieran otros empleos vacantes que no fueron reportados a la
OPEC no implica, por sí misma, la ilegalidad del acuerdo de convocatoria, pues la
determinación de los cargos que se ofertan en el concurso depende del reporte efectuado
por la entidad respectiva. En todo caso nada impide que con posterioridad se oferten en
un nuevo proceso de selección los cargos no reportados en las OPEC y, por ende, no
ofertados en la convocatoria. En consecuencia, no se evidencia la vulneración de las
disposiciones invocadas por la parte demandante5.
52. Finalmente, la segunda pretensión de la demanda, consistente en la declaratoria
de nulidad de los «actos ejecutivos» del Acuerdo 2005, se encuentra supeditada a la
prosperidad de la nulidad del acto acusado. Como ninguno de los cargos formulados
contra dicho acuerdo prosperó, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento
adicional al respecto.
Condena en costas
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma no significó un apartamiento o
alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia. La pretensión del legislador fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de julio de 2023, radicado 11001-
03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020).
5 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsecciones A y B: i) del 13 de julio de 2023, radicado 11001-03-25-000-2020-00648-00 (1806-2020); ii)
del 2 de febrero de 2023, radicado 68001-23-33-000-2015-01239-01 (1200-2018); y iii) del 7 de noviembre
de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-00146-00 (0658-16)].
9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00281-00 (2131-2022)
Demandante: Luis Isaac Jiménez Melo
legal, únicamente en asuntos de interés público; creando así una excepción a la regla
general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
54. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no
habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace referencia
a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al abordar asuntos de
provecho general o común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no
persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor de un sujeto determinado.
55. En el caso concreto, se tiene que la acción fue incoada en ejercicio del medio de
control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general al abordar asuntos
de interés común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no persigue el
reconocimiento de derecho subjetivo alguno. Adicionalmente, no se advierte que la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal, toda vez que se
plantearon sendos cuestionamientos jurídicos contra los actos administrativos
demandados que debieron ser analizados tanto al decidir la medida cautelar como en la
sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el presente
proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.