Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00637-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00637-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00637-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00637-00 (6925-2024)
Demandantes: Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
de la Defensoría del Pueblo y otro1
Demandado: Defensoría del Pueblo
Tema: Requisitos de comparecencia sindical en la negociación
colectiva de empleados públicos.
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra la decisión oral del 24 de
mayo de 2023, proferida por el secretario general de la Defensoría del Pueblo,
mediante la cual se excluyó al Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos de la Defensoría del Pueblo (en adelante, SINDHEP) del proceso de
negociación colectiva de empleados públicos de ese año.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se reprocha el siguiente aparte de la decisión oral del 24 de mayo de 2023:
[…] Oscar Julián Valencia: Retomamos la presente sesión siendo las 10:34 de la mañana y
luego de realizar el análisis correspondiente que le compete a la administración en el sentido de
validar el cumplimiento de los requisitos, dando lectura en este caso al artículo 8 en su primer
inciso. Abro comillas «condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación.
Para la comparecencia sindical a la negociación se deben cumplir las siguientes condiciones y
requisitos». Esto es lo que estaba verificando la administración hace un momento, en cuanto a
su cumplimiento.
Con SINTRAPROCURADURÍA no encontramos ningún inconveniente, se cumplen en este
caso, las condiciones previstas por la ley, obviamente con respecto de la revisión que se ha
realizado en este momento. En ASDEP, solicitamos simplemente que el documento contentivo
del acta sea firmado por personas que dicen suscribirlo para tener esa veracidad, o esa
constancia. Lo mismo que con ASENDEP, el acta pues va acompañada por el listado incluso
1 Carlos Ernesto Castañeda Ravelo.
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Humanos de la Defensoría del Pueblo y otro
de los participantes, pero sí necesitamos que sea firmada por quienes dan fe del contenido de
ese documento. Entonces solo sería agregarle la firma para que ellos sean los competentes en
este caso, verificar la organización de esa reunión.
Y en cuanto a SINDHEP, y esto está siendo grabado, nos permitimos dar lectura completa ahora
sí al artículo 8. «Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación. Para
la comparecencia sindical a la negociación, se definen las siguientes condiciones y requisitos:
i) Dentro de la autonomía sindical, en casos de pluralidad y organizaciones sindicales de
empleados públicos, estas deberán realizar previamente actividades de coordinación para la
integración de solicitudes con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración
de las comisiones negociadoras y asesoras; ii) Los negociadores deben ser elegidos en
asamblea; iii) El pliego de solicitud debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los dos
meses siguientes a la realización de la misma; iv) El escrito sindical por el cual se presenta y
anexa el pliego a las entidades de las autoridades públicas competentes, deberá ir con copia al
Ministerio de Trabajo e indicar la fecha de la asamblea sindical y los nombres de los
negociadores designados».
Del artículo 8 del Decreto 160 del 2014, infortunadamente, lo que nosotros advertimos de los
documentos allegados por parte de la organización SINDHEP, vemos que tiene fecha de
negociación la asamblea respectiva el día 21 de octubre del año 2022, lo cual significa en este
caso que no se está dando cumplimiento al requisito contemplado en el numeral iii) del artículo
8 del Decreto 160 de 2014, a cuya letra se lee «el pliego de solicitudes debe adoptarse en
asamblea y presentarse dentro de los dos meses siguientes a la realización de la misma». La
asamblea en este caso se llevó a cabo el día 21 de octubre de 2022 y el pliego que nos llegó a
nosotros en la primera versión tiene fecha del día 7 de marzo de 2023.
De acuerdo con esta circunstancia, no se cumple la temporalidad o la condición en lo que
respecta a los tiempos que establece expresamente el decreto al que he dado lectura, para
efectos de presentar en debida forma un pliego en el marco de una negociación sindical.
Entonces, tenemos en este caso que la verificación documental que permitimos hacer respecto
al documento allegado por SINDHEP da cuenta en efecto de la organización de una asamblea,
pero en esa asamblea no se pudo discutir en el marco del pliego de condiciones que se ha
presentado a la administración el día 7 de marzo de 2023, como quiera que la misma fue llevada
a cabo terminada, siendo las 6:25 de la tarde del día 21 de octubre del 2022 del cual da cuenta
Carolina Fernández Tovar, secretaria general de SINDHEP.
Para la administración entonces, reiteramos que siendo un requisito estrictamente jurídico, que
no tiene apreciaciones subjetivas ni interpretaciones, no se está dando cumplimiento en este
caso al parámetro temporal que bien exige el Decreto 160 de 2014. Repito, el pliego de
solicitudes primero debe adoptarse en asamblea y en todo caso presentarse dentro de los dos
meses siguientes de la realización de la misma. Y tenemos que la asamblea que dice SINDHEP,
se llevó a cabo para adoptar el pliego, fue fechada de octubre de 2022, obviamente no se cumple
el parámetro temporal como quiera que el documento contentivo del pliego de condiciones fue
presentado ante la administración el día 7 de marzo del año 2023.
No estaría de esta manera cumpliéndose el requisito legal y por lo tanto, cuando la entidad es
la encargada de evaluar esa circunstancia, pues no puede tampoco suplir ni mucho menos pasar
por el alto el cumplimiento de esos requisitos que le corresponden a cada organización sindical.
De acuerdo a la revisión documental que se hizo, SINTRAPRODUCRADURÍA cumple, ASDEP
cumple, ASHENDEP cumple, pero SINDHEP no cumple el parámetro temporal dispuesto en el
artículo 8 del decreto 160 de 2014, por lo tanto no cumplió los requisitos para comparecer a la
negociación de la Defensoría del Pueblo del año 2023.
[…] (se resalta el aparte demandado)
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Humanos de la Defensoría del Pueblo y otro
2. La parte actora afirmó que el secretario general de la Defensoría del Pueblo
carecía de competencia para decidir la exclusión de SINDHEP del proceso de
negociación colectiva de empleados públicos correspondiente al año 2023, pues
las controversias relacionadas con la participación de las organizaciones sindicales
son de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria laboral, de conformidad
con el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo.
3. Añadió que la entidad podía controvertir la validez de las actuaciones
sindicales mediante la impugnación de los actos de asamblea y solicitar las
medidas cautelares correspondientes, en lugar de excluir directamente a la
organización sindical.
4. También cuestionó que el acto administrativo se hubiera expedido de
manera irregular y con desconocimiento de las normas superiores2, pues la
Defensoría del Pueblo aplicó de forma estricta el plazo previsto en el numeral 3 del
artículo 8 del Decreto 160 de 2014, sin considerar que la presentación del pliego
unificado estuvo precedida por las actividades de coordinación entre las
organizaciones sindicales y por el cumplimiento de una orden judicial que había
suspendido la negociación.
5. Sostuvo que el artículo 8 del Decreto 160 de 2014 no regulaba con claridad
la forma de contabilizar el término para presentar el pliego en escenarios de
pluralidad sindical, por lo que debía interpretarse de manera favorable al ejercicio
del derecho de negociación colectiva y a la participación de las organizaciones
sindicales.
6. Señaló que esa interpretación vulneró los derechos a la igualdad,
participación, debido proceso y negociación colectiva, ya que a las demás
organizaciones sindicales se les permitió continuar en la mesa pese a que el pliego
unificado fue presentado después del primer bimestre de 2023. Agregó que la
exclusión arbitraria también desconoció los principios de buena fe y confianza
legítima, pues la Defensoría del Pueblo había instalado la negociación con la
participación de SINDHEP y luego lo excluyó sin permitirle controvertir previamente
las razones de la decisión.
7. Indicó además que la determinación cuestionada estuvo viciada por
desviación de poder, pues la Defensoría del Pueblo invocó el cumplimiento de los
plazos normativos como fundamento aparente para excluir a SINDHEP del proceso
de negociación colectiva.
8. Finalmente, expresó que el acto acusado se encontraba viciado de falsa
motivación porque la entidad demandada justificó «la exclusión de SINDHEP del
2 Artículos 1, 2, 3, 4, 13, 25, 29, 40.2, 53, 55, 83, 93, 152 de la Constitución Política; Convenios OIT
87, 98, 151 y 154; 433 del Código Sustantivo del Trabajo; 382 del Código General del Proceso; Ley
270 de 1996; 3 de la Ley 1437 de 2011; 8 y 11 del Decreto 160 de 2014.
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proceso de negociación colectiva con argumentos contrarios a la realidad y
simulando fundamentos aparentemente válidos».
Contestación de la demanda
9. La Defensoría del Pueblo se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, al considerar que la decisión de excluir a SINDHEP del proceso de
negociación colectiva se encontraba fundamentada en la Constitución y la ley.
10. En primer lugar, aclaró que la exclusión de SINDHEP no obedeció a una
decisión personal o unilateral del secretario general, sino al ejercicio de las
funciones que le habían sido delegadas para representar a la entidad en la mesa
de negociación colectiva, con fundamento en las normas sobre delegación, entre
ellas el Decreto 25 de 2014 y la Ley 489 de 1998.
11. Mencionó que, para verificar el cumplimiento de los requisitos de
comparecencia sindical previstos en el artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 20153,
que compiló el artículo 8 del Decreto 160 de 2014, el secretario general debía actuar
«en representación de la entidad (por delegación o designación del Defensor del
Pueblo), como en efecto ocurrió».
12. En respaldo de esa actuación, invocó la Circular Conjunta 10-003-2023 del
6 de marzo de 2023, expedida por el Ministerio del Trabajo y el Departamento
Administrativo de la Función Pública, mediante la cual se convocó a las entidades
públicas a instalar las mesas de negociación colectiva, previa verificación de los
requisitos de comparecencia sindical.
13. Explicó que el pliego de solicitudes al que se refiere el numeral 3 del artículo
2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015, es aquel que cada organización sindical adopta
en asamblea antes de adelantar las actividades de coordinación destinadas a
integrar el pliego unificado. Por ello, afirmó que su aprobación en asamblea y
presentación dentro de los dos meses siguientes constituyen «requisitos de validez
del pliego de condiciones» que habilitan la comparecencia del sindicato a la
negociación.
14. A partir de esa interpretación, expuso que la situación de SINDHEP no era
comparable con la de ASDEP4, ASEMDEP5 y SINTRAPROCURADURÍA6, pues
estas organizaciones sí acreditaron el cumplimiento del requisito previsto en el
numeral 3 del artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015. En particular, sostuvo
3 Esta es la numeración vigente al momento de los hechos. El Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 fue posteriormente modificado en su integridad por el Decreto
243 de 2024, que reordenó la numeración de los artículos del capítulo.
4 Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo.
5 Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo en Colombia.
6 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio
Público.
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que sus asambleas aprobaron el pliego de solicitudes presentado ante la
Defensoría del Pueblo el 7 de marzo de 2023 dentro del término previsto en la
norma.
15. Por el contrario, señaló que el único soporte allegado por SINDHEP fue el
acta de la asamblea celebrada el 21 de octubre de 2022, en la cual se ratificó un
pliego de negociación colectiva de esa organización. Por tanto, al haberse
presentado el pliego unificado el 7 de marzo de 2023, había transcurrido un término
superior a los dos meses previstos en la norma, sin que se acreditara la celebración
de una asamblea posterior que aprobara ese documento.
16. Añadió que la aprobación del pliego en asamblea y su presentación
oportuna garantizan que las solicitudes sometidas a negociación reflejen la voluntad
actual de los afiliados y respeten los principios democráticos que rigen la
organización sindical. En ese sentido, el incumplimiento advertido no correspondía
a una mera formalidad, sino a la falta de acreditación de una condición necesaria
para comparecer a la negociación colectiva.
17. Finalmente, puso de presente que SINDHEP promovió una acción de tutela
por estos mismos hechos, resuelta a favor de la Defensoría del Pueblo en ambas
instancias. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, mediante sentencia del 13 de julio de 2023, y el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, mediante sentencia del 31 de agosto de 2023, concluyeron que la
organización sindical no acreditó el requisito de comparecencia y que no recibió un
trato discriminatorio frente a los demás sindicatos, que sí cumplieron esa exigencia.
Trámite de sentencia anticipada
18. Mediante auto del 14 de mayo de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al evidenciarse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó
el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
19. La parte actora ratificó lo expuesto en el escrito de demanda. Insistió en
que la delegación conferida al secretario general para representar a la entidad en
la mesa de negociación es distinta de la facultad de calificar la validez de los actos
de asamblea sindical o de excluir a una organización de la negociación, y que ni el
Decreto 25 de 2014 ni la Ley 489 de 1998 le atribuyen esta última. Añadió que la
Circular Conjunta 10-003-2023 tampoco puede crear una competencia que la ley
no reconoce.
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20. Sostuvo que las sentencias de tutela invocadas por la Defensoría no hacen
tránsito a cosa juzgada frente al presente medio de control, pues resolvieron la
eventual vulneración de derechos fundamentales por vía subsidiaria y no
efectuaron un juicio objetivo de legalidad del acto, y que en todo caso no
examinaron ni la falta de competencia ni la desviación de poder ni la asimetría de
trato alegadas en la demanda.
21. Reiteró que ASDEP, ASEMDEP y SINTRAPROCURADURÍA presentaron
el pliego unificado después del primer bimestre de 2023 sin ser excluidas, mientras
que a SINDHEP sí se le aplicó el término del numeral 3 del artículo 8 del Decreto
160 de 2014, y que ese trato diferenciado configura una vulneración al derecho a
la igualdad.
22. Mencionó que la asamblea de SINDHEP del 21 de octubre de 2022 y la
radicación posterior del pliego unificado obedecieron al cumplimiento de la orden
judicial de unidad de pliego dictada en el trámite de tutela de 2022, contexto que la
Defensoría omitió valorar al aplicar el término del artículo 8.
23. La Defensoría del Pueblo solicitó negar las pretensiones de la demanda,
al considerar que el acto acusado se ajustó a la Constitución y la ley. Reiteró que
el derecho de negociación colectiva de los empleados públicos no es absoluto y
que su ejercicio está sujeto al cumplimiento de los requisitos de comparecencia
sindical previstos en el Decreto 160 de 2014, compilado en el Decreto 1072 de
2015.
24. Sostuvo que SINDHEP no acreditó el cumplimiento de tales exigencias,
pues presentó como soporte el acta de una asamblea celebrada el 21 de octubre
de 2022, mientras que el pliego unificado fue radicado el 7 de marzo de 2023,
cuando ya había vencido el término previsto en la normativa.
25. En ese sentido, aclaró que la exclusión de SINDHEP no obedeció a una
actuación arbitraria o discriminatoria, sino al incumplimiento objetivo del requisito
temporal previsto para la comparecencia sindical. Agregó que permitir su
participación pese a esa circunstancia habría desconocido el principio de legalidad
y generado un trato desigual frente a las organizaciones que sí acreditaron las
exigencias normativas.
26. Asimismo, sostuvo que las sentencias de tutela proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado respecto de los mismos
hechos respaldaron la actuación de la entidad, pues concluyeron que SINDHEP
incumplió el requisito de comparecencia y que su exclusión no vulneró los derechos
de asociación sindical, negociación colectiva o debido proceso.
27. Finalmente, afirmó que acceder a las pretensiones podría afectar la
estabilidad jurídica de una negociación colectiva culminada y de los acuerdos
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celebrados con las demás organizaciones sindicales, cuyos afiliados cumplieron los
requisitos exigidos para participar en ese proceso.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.
Problemas jurídicos
29. La Sala deberá establecer, en primer lugar, si el secretario general de la
Defensoría del Pueblo carecía de competencia para decidir sobre la exclusión de
SINDHEP del proceso de negociación colectiva de empleados públicos
correspondiente al año 2023, por cuanto las controversias relacionadas con la
comparecencia de las organizaciones sindicales son de competencia exclusiva de
la jurisdicción ordinaria laboral.
30. De superarse lo anterior, deberá establecer si el acto acusado se expidió
de manera irregular y con desconocimiento de las normas superiores, en particular:
(i) el derecho a la igualdad, al haberse aplicado el requisito previsto en el numeral
3 del artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015 de manera distinta frente a
SINDHEP que frente a ASDEP, ASEMDEP y SINTRAPROCURADURÍA; y (ii) el
principio de confianza legítima, al haberse excluido a SINDHEP más de un mes
después de haber sido admitida su participación en la instalación de la mesa de
negociación colectiva.
31. Asimismo, la Sala deberá establecer si el acto acusado fue expedido con
desviación de poder, al haberse invocado el cumplimiento de los plazos normativos
como fundamento para excluir a SINDHEP del proceso de negociación colectiva.
32. Finalmente, determinará si el acto demandado estuvo viciado de falsa
motivación, al fundarse en el incumplimiento del requisito temporal previsto para la
comparecencia sindical, pese a las circunstancias que, según la parte actora,
rodearon la presentación del pliego unificado.
Análisis de los problemas jurídicos
33. La Sala negará las pretensiones de la demanda al concluir que el secretario
general de la Defensoría del Pueblo no ejerció una competencia reservada a la
jurisdicción ordinaria laboral al verificar los requisitos de comparecencia sindical y
que SINDHEP incumplió el término previsto para presentar el pliego después de su
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aprobación en asamblea. Asimismo, se establecerá que su situación no era
comparable con la de las demás organizaciones sindicales, que no se vulneró el
principio de confianza legítima y que tampoco se acreditaron los vicios de
desviación de poder y falsa motivación.
Falta de competencia del secretario general
34. La parte actora sostuvo que el secretario general de la Defensoría del
Pueblo carecía de competencia para excluir a SINDHEP del proceso de
negociación colectiva de empleados públicos correspondiente al año 2023. A su
juicio, la facultad para resolver las controversias relacionadas con la comparecencia
de las organizaciones sindicales corresponde de manera exclusiva a la jurisdicción
ordinaria laboral, en los términos del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo.
35. En esa línea, afirmó que la Defensoría del Pueblo debía acudir a los
mecanismos judiciales previstos para controvertir la validez de las actuaciones
sindicales, como la impugnación de los actos de asamblea y la solicitud de las
medidas cautelares correspondientes, en lugar de excluir directamente a SINDHEP
de la negociación colectiva.
36. El artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, invocado por la parte
actora como fundamento de la incompetencia alegada, regula la etapa de arreglo
directo de los conflictos colectivos de trabajo, esto es, el inicio de las
conversaciones entre las partes. En concreto, la disposición establece:
ARTÍCULO 433. Iniciación de conversaciones. <Artículo modificado por el artículo 27 del
Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:>
1. El empleador o la representante, están en la obligación de recibir a los delegados de los
trabajadores dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación oportuna del pliego
de peticiones para iniciar conversaciones. Si la persona a quién se presentare el pliego
considerare que no está autorizada para resolver sobre él debe hacerse autorizar o dar
traslado al empleador dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación del pliego,
avisándolo así a los trabajadores. En todo caso, la iniciación de las conversaciones en la etapa
de arreglo directo no puede diferirse por más de cinco (5) días hábiles a partir de la
presentación del pliego.
2. <Numeral modificado por el artículo 21 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:>
El empleador que se niegue o eluda iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del
término señalado será sancionado por las autoridades del trabajo con multas equivalentes al
monto de cinco (5) a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora,
a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Para interponer los recursos legales
contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a
órdenes de dicho establecimiento.
37. De la disposición transcrita no se desprende una regla que atribuya a la
jurisdicción ordinaria laboral la competencia para verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos a las organizaciones sindicales de empleados públicos para
comparecer a un proceso de negociación colectiva. Por tanto, el artículo 433 del
Código Sustantivo del Trabajo no es una disposición que permita sustentar la falta
de competencia alegada por la parte actora.
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38. Por otra parte, el numeral 3 del artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 20157,
vigente para la época de los hechos, establecía como condición para la
comparecencia sindical que el pliego de solicitudes fuera adoptado en asamblea y
presentado dentro de los dos meses siguientes a su realización. Este plazo no es
arbitrario ni capricho y tiene como finalidad garantizar que las exigencias que la
organización sindical le presenta al empleador corresponden con la voluntad de sus
miembros.
39. Por ende, la constatación de ese presupuesto forma parte de las
actuaciones necesarias para determinar si una organización satisface las
condiciones previstas por el ordenamiento para participar en la negociación
colectiva, sin que ello comporte, por sí mismo, resolver una controversia
jurisdiccional sobre la validez de sus actuaciones internas.
40. Por esa razón, tampoco prospera el argumento relacionado con la
impugnación de los actos de asamblea. La Defensoría del Pueblo no controvirtió la
validez de la asamblea celebrada por SINDHEP el 21 de octubre de 2022, sino que
tomó su fecha como referente para verificar si el pliego había sido presentado
dentro del término previsto en la norma superior.
41. A lo anterior se suma que la verificación cuestionada fue adelantada en el
marco de la comisión negociadora constituida por el defensor del pueblo mediante
la Resolución 304 del 1 de marzo de 2023, en la que participaron las cuatro
organizaciones sindicales concurrentes, incluida SINDHEP. Durante las sesiones
celebradas los días 17 y 24 de abril y 10 y 17 de mayo de 2023 no se formularon
objeciones respecto de la legitimidad de quienes integraban dicha comisión.
42. En ese contexto, la verificación documental de los requisitos de
comparecencia sindical se llevó a cabo dentro del marco de una comisión
reconocida por todas las partes del proceso de negociación y no como resultado de
una atribución personal o arbitraria del secretario general.
43. En consecuencia, el cargo de falta de competencia no está llamado a
prosperar.
7 ARTÍCULO 2.2.2.4.7. Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la
negociación. Para la comparecencia sindical a la negociación se deben cumplir las siguientes
condiciones y requisitos: 1. Dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones
sindicales de empleados públicos, estas deberán realizar previamente actividades de coordinación
para la integración de solicitudes, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de
integración de las comisiones negociadoras y asesoras. 2. Los negociadores deben ser elegidos en
Asamblea Estatutaria. 3. El pliego de solicitudes debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro
de los dos meses siguientes a la realización de la misma. 4. El escrito sindical por el cual se presenta
y anexa el pliego a las entidades y autoridades públicas competentes, deberá ir con copia al
Ministerio del Trabajo e indicar la fecha de la asamblea sindical y los nombres de los negociadores
designados.
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Expedición irregular y desconocimiento de normas superiores del acto
acusado
44. La parte actora cuestionó que el acto acusado se hubiera expedido de
manera irregular y con desconocimiento de las normas superiores, al considerar
que la Defensoría del Pueblo aplicó de forma estricta el término previsto en el
numeral 3 del artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015, sin tener en cuenta que
la presentación del pliego unificado estuvo precedida por actividades de
coordinación entre las organizaciones sindicales, así como por el cumplimiento de
la orden judicial que había suspendido la negociación de la vigencia 2022 hasta
que estas concurrieran en unidad de pliego.
45. Sostuvo, además, que la citada disposición no regulaba con claridad la
forma de contabilizar el término en escenarios de pluralidad sindical, por lo que
debía interpretarse de manera favorable al ejercicio del derecho de negociación
colectiva y a la participación de las organizaciones sindicales.
46. Con fundamento en lo anterior, señaló que la aplicación del requisito
vulneró el derecho a la igualdad, pues a ASDEP, ASEMDEP y
SINTRAPROCURADURÍA se les permitió continuar en la negociación pese a que
el pliego unificado fue presentado después del primer bimestre de 2023, mientras
que a SINDHEP se le excluyó por no cumplir el término del numeral 3 del artículo
2.2.2.4.7.
47. El artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015, vigente para el momento en
que se profirió el acto acusado, establecía que cuando existiera pluralidad de
organizaciones sindicales de empleados públicos, el reglamento distingue dos
momentos. El primero corresponde a las actividades de coordinación encaminadas
a integrar un pliego unificado y conformar una comisión negociadora única. El
segundo se refiere a los requisitos que cada organización sindical debe acreditar
para comparecer a la negociación, entre ellos, que el pliego de solicitudes haya sido
adoptado en asamblea y presentado dentro de los dos meses siguientes a su
realización.
48. En ese sentido, el numeral 1 regula el deber de coordinación entre las
organizaciones sindicales en escenarios de pluralidad, mientras que el numeral 3
establece un requisito temporal asociado a la asamblea en la que cada organización
adopta su pliego. La disposición no prevé que las actividades de coordinación o la
presentación de un pliego unificado alteren el punto de partida o suspendan el
término de dos meses previsto para la comparecencia sindical.
49. A partir de esa lectura, no se advierte la falta de claridad alegada por la
parte actora. La existencia de pluralidad sindical exige adelantar actividades de
coordinación para integrar las solicitudes, pero no elimina ni modifica el requisito
temporal previsto para la adopción y presentación del pliego. En este sentido, para
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la Sala una vez realizadas las actividades previas de coordinación, cada
organización deberá someter lo aprobado a su respectiva asamblea general y luego
presentar el pliego unificado al empleador.
50. Por consiguiente, el hecho de que la integración del pliego unificado
requiriera actuaciones previas entre las organizaciones sindicales no implicaba, por
sí mismo, que el término previsto en el numeral 3 quedara suspendido, se reiniciara
o debiera contabilizarse de manera distinta.
51. Así las cosas, se encuentra acreditado que ASEMDEP celebró su asamblea
el 20 de febrero de 2023, SINTRAPROCURADURÍA el 23 de febrero siguiente y
ASDEP el día 24 del mismo mes. Las tres organizaciones concurrieron a la
presentación del pliego unificado el 7 de marzo de 2023, esto es, dentro de los dos
meses siguientes a sus respectivas asambleas. SINDHEP, por su parte, celebró la
asamblea en la que ratificó su pliego el 21 de octubre de 2022, de manera que para
el 7 de marzo de 2023 habían transcurrido más de cuatro meses.
52. Por tanto, la situación de SINDHEP no era comparable con la de las demás
organizaciones sindicales frente al requisito previsto en el numeral 3 del artículo
2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015. Mientras ASEMDEP, ASDEP y
SINTRAPROCURADURÍA concurrieron a la presentación del pliego dentro de los
dos meses siguientes a sus respectivas asambleas, SINDHEP superó ese término.
En consecuencia, no se acreditó un trato diferente ni arbitrario entre sujetos que se
encontraran en la misma situación fáctica frente al requisito cuya aplicación se
cuestiona.
53. El hecho de que las cuatro organizaciones sindicales, incluida SINDHEP,
hubieran presentado el pliego unificado después del primer bimestre del año,
término previsto en el numeral 1 del artículo 11 del Decreto 160 de 2014 8, no
desvirtúa la conclusión anterior, pues esa circunstancia fue común a todas y no
constituyó el fundamento de la exclusión cuestionada. El requisito previsto en el
numeral 3 del artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015 sí revelaba una diferencia
fáctica entre SINDHEP y las demás, ya que solo aquella había superado el término
de dos meses contado desde la celebración de su asamblea, de manera que no se
advierte una aplicación desigual de una misma exigencia normativa.
54. En consecuencia, el cargo relacionado con la vulneración del derecho a la
igualdad no está llamado a prosperar.
55. Por otra parte, los demandantes aseguraron que el acto acusado
desconoció el principio de confianza legítima, pues la Defensoría del Pueblo instaló
la mesa de negociación colectiva con la participación de SINDHEP el 17 de abril de
8 ARTÍCULO 11. Términos y etapas de la negociación. La negociación del pliego se desarrollará
bajo los siguientes términos y etapas: 1. Los pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre
del año.
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2023, sin formular objeción alguna a su comparecencia, y solo hasta la sesión del
24 de mayo siguiente, más de un mes después, decidió excluirla.
56. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado que la confianza
legítima protege al administrado frente a cambios bruscos e inesperados de las
autoridades públicas9. En el presente caso, la comparecencia de las organizaciones
sindicales a la negociación colectiva estaba sujeta desde antes de la instalación de
la mesa a la verificación de las condiciones previstas en el numeral 3 del artículo
2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015. La Circular Conjunta núm. 10-003-2023 del 6
de marzo de 2023 ya advertía que la instalación se cumpliría «una vez verificados
los requisitos de comparecencia», de manera que la eventual consecuencia de no
acreditarlos era previsible desde el inicio del proceso, y no el resultado de un cambio
abrupto en la actuación de la administración.
57. Esa exigencia fue además objeto de tratamiento expreso y reiterado en las
sesiones previas a la exclusión. Del registro de la sesión del 24 de mayo de 2023
se advierte que, antes del receso en el que se produjo la verificación documental, el
secretario general de la Defensoría del Pueblo señaló a las organizaciones
sindicales que la exigencia de acreditar la realización de la asamblea de afiliados y
la aprobación del pliego «se había anunciado en la reunión anterior», y advirtió
expresamente que la falta de acreditación de ese requisito acarrearía, «so pena de
aplicar en este caso las consecuencias legales», la imposibilidad de continuar en la
mesa de negociación.
58. En esa misma sesión, SINDHEP tuvo la oportunidad de aportar la
documentación que consideró pertinente para acreditar el requisito, y en efecto lo
hizo, allegando la parte correspondiente del acta de su asamblea y una certificación
de su secretaria general. Fue precisamente el contenido de esa documentación,
aportada con oportunidad de contradicción, el que la Defensoría del Pueblo valoró
y encontró insuficiente para acreditar el cumplimiento del término previsto en el
numeral 3 del artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015.
59. En este contexto, la instalación de la mesa de negociación el 17 de abril de
2023 no generó una expectativa legítima de permanencia de SINDHEP en el
proceso, pues la comparecencia de las organizaciones sindicales estuvo desde
antes de esa instalación sujeta a una verificación anunciada, reiterada en las
sesiones sucesivas y resuelta con oportunidad de contradicción documental. No se
configura entonces una ruptura del principio de confianza legítima ni una actuación
contradictoria de la administración.
Desviación de poder
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 9 de febrero de 2017, radicado: 85001-23-33-000-2015-00170-01(2458-16).
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60. La parte actora indicó que el acto acusado se encontraba viciado por
desviación de poder, pues la Defensoría del Pueblo invocó el cumplimiento de los
plazos previstos para la comparecencia sindical como fundamento aparente para
excluir a SINDHEP del proceso de negociación colectiva.
61. En cuanto a la desviación de poder, esta Corporación ha señalado de
manera reiterada que su configuración exige la demostración de que la autoridad
administrativa ejerció sus competencias con una finalidad distinta a la prevista en el
ordenamiento jurídico, lo cual implica probar de forma clara y suficiente el propósito
indebido que orientó la expedición del acto. Se trata de una causal de nulidad de
carácter subjetivo que no se presume y cuya demostración no puede fundarse en
afirmaciones genéricas o conjeturas10.
62. En el presente asunto no se advierten elementos que permitan concluir que
la decisión cuestionada hubiera perseguido un propósito distinto al de verificar el
cumplimiento de las condiciones exigidas para la comparecencia sindical. Como se
explicó, la exclusión se sustentó en que entre la asamblea celebrada por SINDHEP
el 21 de octubre de 2022 y la presentación del pliego unificado el 7 de marzo de
2023 transcurrió un término superior al previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.4.7
del Decreto 1072 de 2015.
63. Tampoco se acreditó que la invocación de ese requisito hubiera servido
para encubrir una finalidad dirigida específicamente a impedir la participación de
SINDHEP. Por el contrario, la verificación comprendió a las organizaciones
sindicales concurrentes y, como quedó establecido, la diferencia en el resultado
obedeció a que la situación de SINDHEP frente al término de dos meses no era
equivalente a la de ASDEP, ASEMDEP y SINTRAPROCURADURÍA.
64. En consecuencia, al no demostrarse que la Defensoría del Pueblo hubiera
ejercido sus atribuciones con una finalidad distinta de la prevista en el ordenamiento,
el cargo de desviación de poder no está llamado a prosperar.
Falsa motivación
65. Finalmente, la parte actora afirmó que el acto demandado está viciado de
falsa motivación porque la Defensoría del Pueblo invocó la extemporaneidad del
pliego de SINDHEP como fundamento de su exclusión, cuando a su juicio esa
circunstancia obedeció al proceso de coordinación adelantado entre las cuatro
organizaciones sindicales para integrar el pliego unificado, y no a una conducta
imputable de forma exclusiva a SINDHEP.
66. La falsa motivación, establecida como causal de nulidad en el artículo 137
del CPACA, guarda relación directa con el principio de legalidad y con el deber de
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 14 de mayo de 2026, radicado: 11001-03-25-000-2024-00072-00 (1152-2024).
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la Administración de solventar de forma fidedigna sus decisiones. Esta figura se
presenta cuando existe «un yerro en la escogencia o determinación de los motivos»,
es decir, que la realidad fáctica o jurídica difiere de la consignada en el acto
administrativo11.
67. En ese marco, esta Sección ha precisado que este vicio invalidante se
configura por «[…] la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica
y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y la
efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado […]»12.
68. En el presente caso no se configura el vicio de falsa motivación, pues el
fundamento fáctico de la decisión correspondió a una circunstancia acreditada en
el expediente, esto es, que SINDHEP celebró la asamblea en la que aprobó su
pliego el 21 de octubre de 2022 y concurrió a la presentación del pliego unificado el
7 de marzo de 2023, cuando ya había transcurrido el término de dos meses
previstos en el numeral 3 del artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015. El hecho
de que durante ese período se hubieran adelantado actividades de coordinación
entre las organizaciones sindicales no desvirtúa esa realidad ni modifica el cómputo
del plazo, como se explicó previamente.
69. En consecuencia, al no acreditarse la divergencia entre los motivos
expresados en el acto enjuiciado y la realidad fáctica del proceso, este cargo
tampoco prospera.
70. Por lo expuesto, como no se demostró ninguna de las causales de nulidad
invocadas por el demandante, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 31 de agosto de 2023, rad. núm. 66001-23-33-000-2020-00354-01 (5720-2022).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 17 de marzo de 2016, rad. núm. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).
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72. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
73. En el caso concreto, la demanda fue promovida en ejercicio del medio de
control de nulidad, el cual trasciende la esfera particular y se proyecta sobre asuntos
de interés general, puede ser ejercido por cualquier persona y no persigue el
reconocimiento de derechos subjetivos. Adicionalmente, no se advierte una
carencia manifiesta de fundamento legal, pues los cargos formulados contra el acto
acusado plantearon cuestionamientos jurídicos razonables, serios y plausibles,
sustentados en una argumentación suficiente para controvertir su legalidad, sin que
se observe que hubieran desconocido, sin justificación, reglas jurisprudenciales
consolidadas aplicables al asunto. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00637-00 (6925-2024)
Demandantes: Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos
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autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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