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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00020-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00020-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00020-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00020-00 (0464-2023)
Demandantes: Tania Paola García Buelvas y otros1
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y el municipio de El Roble (Sucre)

Temas: Irregularidades en el manual de funciones. Principio de planeación
conjunta en los concursos de Méritos.
Decisión: Negar las pretensiones.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 070 del 1 de junio
de 20152, emitido por la Alcaldía Municipal de El Roble y el Acuerdo 20191000001896
del 4 de marzo de 20193, suscrito por la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante,
CNSC) y el referido ente territorial.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte actora pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
demandados porque, en su criterio, fueron proferidos de manera irregular y con
desconocimiento de las normas en que debían fundarse4.

2. En relación con el Decreto 070 de 2015, afirmó que la Alcaldía Municipal de El
Roble omitió su consulta y socialización con las organizaciones sindicales y los
empleados vinculados en provisionalidad. Como sustento de este reproche, indicó que
en el trámite de elaboración y discusión del manual no obran actas ni otros soportes que
permitan verificar esa actuación ni que den cuenta de su motivación, de las necesidades
del servicio o de las razones de la modernización administrativa.

3. Además, indicó que el estudio técnico requerido para la expedición del Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales (en adelante, MEFCL) no tuvo en

1 Lucía Esther Atencia Arrieta, Norma Isabel Vargas Arroyo y Nixon Fernando Vergara Salgado.
2 «Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos

de la Planta de Personal de Municipio de El Roble (Sucre)».
3 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer

definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la Alcaldía de El Roble (Sucre) – Convocatoria No. 1115 de 2019 – Territorial 2019».
4 Artículos 2, 3, 4, 6, 13, 23, 25, 28, 53, 58, 113, 115, 121, 125, 189-1, 209, 218, 230 y 241 de la Constitución

Política; 7,11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004; 137, 149 y 162 de la Ley 1437 de 2011; 2 de la Ley 1960 de
2019; 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018; y 4 del
Decreto 498 de 2020 que modificó el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015.

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Demandantes: Tania Paola García Buelvas y otros

cuenta las competencias de los empleos, formación académica, experiencia y número
de cargos, ni fue elaborado por una entidad idónea.

4. En cuanto al Acuerdo 20191000001896 de 2019, sostuvo que la CNSC convocó
al concurso de méritos sin que la entidad territorial hubiera expedido el certificado de
disponibilidad presupuestal para tal efecto.

5. Igualmente, adujo que la CNSC ofertó empleos que estaban ocupados por sujetos
de especial protección constitucional sin que se hubieran adoptado acciones afirmativas
en su favor. Lo anterior, debido a que el ente territorial no reportó oportunamente las
vacantes susceptibles de exclusión por dicha circunstancia.

6. También señaló que durante el proceso de selección se aplicaron pruebas escritas
con deficiencias en su formulación y se efectuó la valoración de antecedentes sin verificar
el cumplimiento de los requisitos mínimos a los participantes.

Contestaciones de la demanda

7. El municipio de El Roble se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que los actos demandados se expidieron en ejercicio de su competencia, en
amparo del debido proceso, así como con apego a los procedimientos y requisitos
legales para tal efecto. Al respecto, sostuvo la correcta publicación y socialización previa
con los interesados.

8. Afirmó que la parte demandante omitió probar que el Decreto 070 de 2015 debió
ser objeto de consulta, implementación y socialización y que esas supuestas falencias
no desvirtúan la legalidad del decreto acusado.

9. Señaló que la parte actora asume erróneamente que el MEFCL es un acto
preparatorio de la convocatoria cuando, en su criterio, constituye un requisito porque toda
entidad estatal debe mantener actualizado su manual y ello es distinto a que la ley exija
una revisión antes de convocar a un concurso de méritos.

10. Por último, adujo que las presuntas irregularidades del Decreto 070 de 2015
debieron alegarse al momento de su publicación; sin embargo, los demandantes solo
manifestaron su inconformidad una vez perdieron el concurso de méritos controvertido.

11. La Comisión Nacional del Servicio Civil se opuso a las pretensiones de la
demanda con sustento en que actuó dentro de su competencia para adelantar los
procesos de selección y la etapa de planeación del concurso, el cual se adelantó de
manera conjunta con el municipio de El Roble, ente territorial que reportó la Oferta
Pública de Empleos de Carrera (en adelante, OPEC) en el Sistema de Apoyo para la
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, certificada por su representante legal y el jefe de
talento humano.

12. Puso de presente que el reporte de la OPEC es responsabilidad exclusiva de la
entidad nominadora, según lo dispuesto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015.
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En consonancia con ello, explicó que la CNSC carece de injerencia en la expedición,
modificación y actualización del MEFCL de conformidad con lo previsto en el artículo 32
de la Ley 785 de 2005. Por consiguiente, la CNSC profiere los acuerdos de convocatoria
con base en la OPEC reportada, en ejercicio del principio de buena fe y bajo el entendido
de que los MEFCL se presumen legales.

13. En relación con el deber de socializar el MEFCL de manera previa a su expedición,
indicó que, conforme a lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto
1083 de 2015, ello solo es exigible con los sindicatos más no con los funcionarios
vinculados en provisionalidad y que el jefe del organismo dispone de la autonomía para
adoptarlo, actualizarlo o modificarlo.

14. Sobre la financiación del proceso de selección, sostuvo que la Alcaldía de El Roble
remitió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal núm. 06-473 del 27 de junio de
2018, frente al cual la CNSC expidió la Resolución núm. 20182130133715 del 11 de
octubre de 2018. Agregó que la suma indicada fue transferida el día 19 del mismo mes
y año, de acuerdo con la información suministrada por la Tesorería de la Dirección de
Apoyo Corporativo de la entidad.

15. En cuanto al deber del ente territorial de reportar los cargos susceptibles de
exclusión por tener condiciones especiales, señaló que en este proceso eso no era
exigible toda vez que el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 tiene efectos hacia el futuro
y, en su criterio, solo aplica a los procesos aprobados por la Sala Plena de la CNSC con
posterioridad al 25 de mayo de 2019, mientras que el proceso de selección No. 1115 de
2019 fue aprobado el 12 de febrero de 2019.

16. Finalmente, indicó que la CNSC y el operador del proceso garantizaron el debido
proceso de los demandantes, quienes contaron con las mismas oportunidades que los
demás participantes para conocer y controvertir los resultados, y precisó que solo uno
de los cuatro actores admitidos presentó reclamaciones contra los resultados de las
pruebas escritas, y que la demandante Lucía Esther Atencia Arrieta, aunque integra las
listas de elegibles, no tiene posición de mérito.

Trámite en única instancia

17. El 1 de junio de 2023 se admitió la demanda y se requirió a las entidades
accionadas para que allegaran los antecedentes administrativos de los actos
controvertidos que se encontraran en su poder, con la advertencia de que el
incumplimiento de este deber legal podría configurar falta gravísima de conformidad con
el parágrafo 1 del artículo 175 del CPACA.

18. Mediante providencia del 10 de abril de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la configuración de
las causales previstas en los literales a), b) y d) del numeral 1 de esa disposición. En
consecuencia, se resolvió sobre el decreto de pruebas, se fijó el litigio y se corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.

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Alegatos de conclusión

19. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

20. El municipio de El Roble reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda. Al respecto, añadió que, en virtud del principio del mérito establecido en
el artículo 125 de la Constitución Política, la confianza legítima no protege expectativas
indefinidas de permanencia en cargos provisionales ni puede convertirse en una barrera
para la realización de concursos de méritos.

21. Sumado a ello, pidió que se declare probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva del ente territorial en atención a que no expidió el acuerdo de convocatoria
demandado y su actuación se limitó al cumplimiento de los deberes legales de reporte y
colaboración institucional.

22. Asimismo, alegó la indebida escogencia del medio de control y la caducidad al
estimar que de las pretensiones se desprende el restablecimiento automático de un
derecho, por ende, el asunto debió tramitarse conforme a las reglas del artículo 138 del
CPACA y, en esa medida, operó la caducidad porque la demanda se presentó una vez
vencido el término de cuatro meses previsto en dicha disposición.

23. Por su parte, la CNSC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda. Además, señaló que los reproches en contra del estudio técnico, las pruebas
escritas y la valoración de antecedentes se formularon de manera general, sin soporte
probatorio suficiente y sin que se precisaran los supuestos defectos que habrían incidido
en la legalidad del proceso de selección. De la misma manera, adujo que tampoco se
individualizaron los casos concretos en los cuales presuntamente se ofertaron empleos
ocupados por personas en condiciones de debilidad manifiesta ni se demostró que la
CNSC hubiera sido informada oportunamente de tales circunstancias por el ente
territorial.

24. Agregó que la eventual existencia de servidores vinculados en provisionalidad
no conduce automáticamente a la nulidad del concurso de méritos pues dicha
circunstancia no convierte la estabilidad de esos funcionarios en absoluta ni suspende
indefinidamente la obligación constitucional de proveer los empleos de carrera por
mérito; lo que impone, cuando sea procedente, es la adopción de medidas afirmativas
razonables por parte de la entidad nominadora.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en única
instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del
orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan
funciones administrativas en el mismo orden.
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Cuestión previa: falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de El
Roble y caducidad del medio de control

26. Para la Sala el Municipio de El Roble está legitimado en la causa por pasiva
comoquiera que expidió uno de los decretos demandados (Decreto 070 del 1 de junio del
2015) y respecto de la convocatoria tiene interés directo en el resultado del proceso por
ser la entidad beneficiaria del concurso cuya legalidad se discute.

27. Por otra parte, las entidades demandadas alegaron la indebida escogencia del
medio de control de nulidad y la consiguiente configuración del fenómeno jurídico de la
caducidad. Al respecto, la Sala considera que este asunto fue promovido válidamente
como de simple nulidad y no es necesario adecuarlo a nulidad y restablecimiento del
derecho porque de accederse a las pretensiones de la demanda no se produce ningún
restablecimiento automático del derecho en favor de los actores.

28. En efecto, la eventual declaratoria de nulidad de los actos demandados no da
lugar a que a los accionantes se les nombre en algún cargo de la entidad territorial o si
fueron retirados tampoco se produciría un reintegro automático a los empleos que
ocupaban. En definitiva, no es procedente tramitar este proceso conforme a las reglas
del artículo 138 del CPACA ni resulta exigible el término de caducidad de cuatro meses
propio de ese medio de control.

Problemas jurídicos

29. Aclarado lo anterior, la Sala deberá determinar si el Decreto 070 del 1 de junio
del 2015 es ilegal por haber sido expedido de forma irregular al i) omitirse su socialización
previa con los sindicatos y empleados vinculados en provisionalidad y ii) no haberse
elaborado el estudio técnico por una entidad idónea ni haberse atendido a las
competencias del empleo, formación académica, experiencia, número de cargos
ofertados y vacantes.

30. En segundo lugar, se resolverá si el Acuerdo 20191000001896 del 4 de marzo
de 2019 es ilegal por haber sido expedido con desconocimiento del principio de
planeación conjunta y de manera irregular en tanto i) la entidad beneficiaria no contó con
certificado de disponibilidad presupuestal previo y ii) se ofertaron empleos ocupados por
personas en condición de debilidad manifiesta.

31. Por último, se establecerá si el proceso de selección objeto de control debe
declararse nulo por las deficiencias atribuidas a la formulación de las pruebas escritas y
por la falta de verificación de los requisitos mínimos en la etapa de valoración de
antecedentes.

Análisis de los problemas jurídicos

32. La Sala negará las pretensiones de la demanda con fundamento en que i) el
Municipio de El Roble no tenía la obligación de socializar el Decreto 070 del 1 de junio
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del 2015 con los sindicatos de manera previa a su expedición y ii) el reproche en contra
del estudio técnico no satisface la carga argumentativa suficiente para desvirtuar la
presunción de legalidad del acto demandado.

33. Sumado a ello, el Acuerdo 20191000001896 del 4 de marzo de 2019 fue
expedido al amparo del principio de planeación conjunta toda vez que i) la falta de
certificado de disponibilidad presupuestal no tiene la potencialidad de afectar la validez
de la convocatoria, ii) no se acreditó que en la convocatoria acusada se ofertaron cargos
ocupados por sujetos de especial protección constitucional y iii) tampoco se demostró
que las presuntas irregularidades en las pruebas escritas y en la valoración de
antecedentes hubieran tenido lugar ni se precisó de qué manera incidieron en la legalidad
del acto de convocatoria acusado.

Irregularidades del manual de funciones

34. La parte actora alegó que el municipio de El Roble omitió socializar el manual de
funciones con los empleados vinculados en provisionalidad y las organizaciones
sindicales, antes de su expedición y que, por esa razón, se habría desconocido el
mandato establecido en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015.

35. Sobre el particular, es importante resaltar que el texto original del artículo
2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 no contenía la obligación que echa de menos la parte
demandante. En efecto, solo con la modificación realizada a la referida disposición por
el Decreto 051 de 2018, se estableció el deber de socializar los proyectos de manual de
funciones con las organizaciones sindicales con presencia en la entidad.

36. En ese sentido, al momento de la expedición del MEFCL demandado (Decreto 070
de 2015), el Municipio de El Roble no tenía el deber de socializar con las organizaciones
sindicales el proyecto de acto administrativo que lo adoptara.

37. Al respecto, es pertinente anotar que un acto administrativo solamente puede
vulnerar una disposición superior vigente al momento de su expedición. Esta condición
no se cumple en el sub lite toda vez que el acto administrativo enjuiciado fue suscrito el
1 de junio de 2015 mientras que la norma que consagró esa exigencia se publicó en el
Diario Oficial el 16 de enero de 20185, por lo tanto, no es válido sostener que el manual
de funciones cuestionado debía acatar unos mandatos que no habían nacido a la vida
jurídica.

38. Por otro lado, los actores manifestaron que el estudio técnico que precedió al
manual de funciones no fue elaborado por una entidad idónea ni tuvo en cuenta las
competencias del empleo, formación académica, experiencia y número de cargos.

39. Al respecto, la Sala encuentra que dicho planteamiento resulta genérico en tanto
se omitió contrastar los empleos y perfiles que, en sentir de los actores, desconocieron

5 El Decreto 051 de 2018, que estableció el requisito de socializar con las organizaciones sindicales el

manual de funciones o su modificación previo a su expedición, se publicó en el diario oficial 50.478 del 16
de enero de 2018.
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los requisitos previstos por el legislador para su desempeño. Por ende, no es posible
ahondar en razonamientos frente a este reparo.

40. Igualmente, la parte demandante no demostró la falta de idoneidad de la entidad
que realizó el estudio previo para la modificación del MEFCL, pues se limitó a señalar
que esta no era idónea sin explicar el porqué de su dicho.

41. En consecuencia, no está llamado a prosperar el cargo contra el Decreto 070 del
1 de junio del 2015 dado que ninguna de las irregularidades alegadas se logró demostrar.

Disponibilidad presupuestal

42. De conformidad con el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, los costos que genere la
realización de los concursos deben ser asumidos con cargo a los presupuestos de las
entidades que requieran la provisión de los empleos. A su vez, el artículo 71 del Decreto
111 de 19966, compilatorio del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dispone que todo acto
administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales7 debe contar con certificado
de disponibilidad previo.

43. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reitera la posición asumida de tiempo atrás
según la cual la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal no es un requisito
de validez del acto de convocatoria8. En esta línea, su ausencia no compromete la
presunción de legalidad del acto ni constituye una irregularidad sustancial que derive
necesariamente en la nulidad de la convocatoria a concurso de méritos para la provisión
de cargos de carrera9.

44. En ese contexto, el certificado de disponibilidad presupuestal constituye un
instrumento propio de la fase de ejecución del gasto público, orientado a garantizar la
existencia de apropiación presupuestal suficiente para respaldar compromisos
económicos, pero no un elemento estructural del acto administrativo de convocatoria. Por
ello, su ausencia no incide en la formación ni en la validez del acto acusado, sino en la
oportunidad y condiciones de su ejecución.

45. En todo caso, en los antecedentes administrativos del acto demandado obra la
Resolución 20182130133715 del 11 de octubre de 2018, mediante la cual la CNSC
dispuso el recaudo de los recursos apropiados por la Alcaldía Municipal de El Roble y
destinados a financiar los costos del proceso de selección objeto de estudio. En la parte
motiva de dicho acto se dejó constancia de que el ente territorial remitió el Certificado de

6 Normatividad aplicable a las entidades territoriales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 ibid.
7 El artículo 89 del Decreto 111 de 1996 define a las apropiaciones como las autorizaciones máximas de

gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.
8 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2017, exp. 25000-23-24-000-2007-00203-02 (3756-15), M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez y, ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de
abril de 2024, exp. 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9 Véase: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 19 de marzo de 2026, exp. 11001-03-25-000-2021-00621-00 (3011-2021) y, ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, 5 de noviembre de 2020,
exp: 11001 03 25 000 2014 00025 00 (0064-14).
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Disponibilidad Presupuestal núm. 06-473 del 27 de junio de 2018 a efectos de cubrir el
valor de la convocatoria por el valor de $28.000.000, correspondiente a los recursos
disponibles para esa vigencia.

46. Así las cosas, este cargo tampoco prospera porque la falta del certificado de
disponibilidad presupuestal no afecta la validez del acto de convocatoria y, además, está
plenamente probado que la entidad territorial efectuó la provisión de los recursos
financieros necesarios para la realización del proceso de selección.

Protección de funcionarios vinculados en provisionalidad

47. La parte actora afirmó que de la oferta de cargos de la convocatoria no se
excluyeron los empleos ocupados por servidores en provisionalidad que estaban en
condiciones de debilidad manifiesta.

48. Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que en el sistema de carrera
administrativa los cargos oficiales deben ser provistos, por regla general, mediante un
concurso público de méritos. De ahí que los nombramientos en provisionalidad o encargo
sean una excepción10.

49. Por ende, los nombramientos en provisionalidad son transitorios y otorgan a los
empleados una estabilidad laboral relativa o intermedia, lo que implica que estos pueden
ser desvinculados por medio de acto motivado11.

50. Bajo esas consideraciones, esta Corporación ha explicado que, si bien pueden
existir empleados en provisionalidad que se encuentren en situaciones particulares que
ameriten un tratamiento diferencial, dicha circunstancia no puede desplazar el derecho
que adquiere quien ha superado todas las etapas de un concurso de méritos y debe ser
nombrado en el cargo al cual aspiró12. En consecuencia, el hecho de ofertar cargos
ocupados por personas en condiciones especiales no vicia de nulidad la convocatoria.

51. Sumado a lo anterior, se advierte que la parte actora se limitó a afirmar de manera
genérica que se ofertaron empleos ocupados por personas en condiciones de debilidad
manifiesta. No obstante, no se allegaron actos, certificaciones o informes que permitieran
constatar tal circunstancia.

Pruebas escritas y valoración de antecedentes

52. Los demandantes alegaron que las pruebas escritas adolecieron de deficiencias
en su formulación y que en la etapa de valoración de antecedentes no se verificó el

10 Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-290 de 2007, C-1177 de 2001, C-

973 de 2001, C-973 de 2001, C-963 de 2003 y C-1230 de 2005.
11 Sobre el particular, en la sentencia T-245 de 2007, se explicó que «la situación en que se encuentran

estos funcionarios está amparada por lo que se ha conocido como el ‘fuero de estabilidad’, el cual protege,
precisamente, dicha estabilidad intermedia de la que gozan estos trabajadores, la cual se opone a la
posibilidad de ser removidos sin que medie una justa causa que tenga como fundamento la calificación de
desempeño, la comisión de faltas disciplinarias o la provisión del cargo por concurso de méritos».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001

03 25 000 2023 00042 00 (0818-2023).
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cumplimiento de los requisitos mínimos a los participantes.

53. Al respecto, la Sala encuentra que estos reproches no tienen vocación de
prosperidad toda vez que no fueron desarrollados con una argumentación suficiente. En
efecto, la parte actora omitió explicar y demostrar i) cuáles parámetros lingüísticos y
exigencias académicas o de experiencia fueron desconocidos concretamente y ii) de qué
manera esas presuntas irregularidades, propias de la etapa de ejecución del proceso de
selección, tuvieron la entidad de afectar la legalidad del acuerdo de convocatoria.

Condena en costas

54. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de conformidad
con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
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