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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01318-02

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01318-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, contra el señor Ramiro Mondragón Marulanda, de conformidad con lo señalado en precedencia. SEGUNDO.- CONFIRMAR el auto de 6 de diciembre de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a la medida cautelar solicitada por COLPENSIONES, en los términos señalados en precedencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 76001-23-33-000-2018-01318-02 (2061-2024) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones TERCERO.- Teniendo en cuenta que a través de esta providencia se resuelve el recurso de apelación en contra del auto de 6 de diciembre de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se ordena a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que realice las anotaciones pertinentes en el radicado 76001233300020180131801 (2412-2024). CUARTO.- Se condena en costas en esta instancia al demandado, por cuanto se niegan las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo señalado en precedencia. QUINTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-01318-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de septiembre de 2025

Radicación: 76001-23-33-000-2018-01318-02 (2061-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 76001-23-33-000-2018-01318-02 (2061-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Ramiro Mondragón Marulanda
Tema: Reliquidación pensión de invalidez

Decisión. Confirma decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por las
partes en contra de la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.

II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda.1

2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del CPACA,2 Colpensiones, actuando por intermedio de
apoderado, solicitó la nulidad de las Resoluciones GNR 119505 del 31 de mayo de
2013 y GNR 168703 del 9 de junio de 2015, que reliquidaron la pensión de invalidez
del señor Ramiro Mondragón Marulanda, en cumplimiento de un fallo de tutela.

3. A título de restablecimiento del derecho, Colpensiones solicitó que se ordene al
demandado devolver lo percibido por concepto de la reliquidación de la pensión de
invalidez a partir de la fecha en que se le incluyó en la nómina de pensionados en
virtud de la Resolución GNR 119505 del 31 de mayo de 2013 y hasta que se disponga
la suspensión provisional del mismo o se declare su nulidad; lo anterior, con la
indexación correspondiente o el reconocimiento de los intereses a que haya lugar,
teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Asimismo, solicitó

1 Expediente digitalizado sistema SAMAI. Primera instancia. Carpeta «23_ED_7600123330002018.zip», archivo

«004 Cuaderno1.pdf». Folios 10 y s.s. del archivo PDF.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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la suspensión provisional de los actos acusados.

2.1.2. Hechos de la demanda

4. El señor Ramiro Mondragón Marulanda, acreditó un total de 3032 días laborados,
correspondientes a 433 semanas.

5. Mediante la Resolución 602 del 1.° de enero de 2012, se le reconoció una pensión
de invalidez en cuantía de $535.600, con efectividad desde el 8 de febrero de 2011.

6. Contra la anterior decisión el señor Mondragón Marulanda interpuso los recursos de
reposición y apelación.

7. A través de la Resolución 5763 de junio de 2012 se le reconoció la pensión «con los
salarios reales en cuantía inicial a $1´415.567 a partir del 8 de febrero de 2011» y
mediante la Resolución 900698 del 2012 se resolvió el recurso de apelación
confirmando la Resolución 602 del 1.° de enero de 2012.

8. Por medio de la Resolución 119505 del 31 de mayo de 2013 se reliquidó la pensión
de invalidez dando cumplimiento parcial a una sentencia de tutela dictada por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, departamento del Valle del Cauca, a favor
del señor Mondragón Marulanda, en cuantía de $1´870.293.00, efectiva a partir del 17
de noviembre de 2010.

9. Por Resolución GNR 231730 del 11 de septiembre de 2013, se revocó la Resolución
GNR 119505 del 31 de mayo de 2013, dado que en el cumplimiento parcial al fallo no
se tuvo en cuenta que ya se había reconocido con anterioridad la pensión de invalidez
al señor Mondragón Marulanda, motivo por el cual se ordenó descontar por «nota
crédito» la suma de $38´466.245.

10. Mediante la Resolución GNR 168703 del 9 de junio de 2015 se dio cumplimiento
total al fallo judicial proferido por Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar y en
consecuencia reliquidó la prestación de invalidez, en cuantía de $2´109.633 efectiva a
partir del 17 de noviembre de 2010.

11. Mediante Auto APSUB5371 del 19 de diciembre de 2017 se requirió al señor
Mondragón Marulanda, para que, en el término de un mes, allegara autorización
expresa para revocar la Resolución GNR 231730 del 11 de septiembre de 2013 y
GNR168703 del 9 de junio de 2015, conforme a lo indicado en la parte motiva. Pasado
un mes, el señor Mondragón Marulanda, no allegó respuesta.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

12. En la demanda se indicaron como transgredidas, la Constitución Política de
Colombia, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1045 de 1978 y el Decreto 1919 de 2002.

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13. En el concepto de violación se indicó que los actos administrativos, Resolución
GNR 119505 del 31 de mayo de 2013 y Resolución GNR 168703 del 9 de junio de
2015, reliquidaron la pensión de invalidez a favor del señor Ramiro Mondragón
Marulanda, sin que él mismo contara con derecho a ello, toda vez que en la sentencia
de tutela se ordenó la aplicación de los Decretos 1045 de 1978 y 1919 del 2002, pero
sin tener en cuenta que el señor Mondragón Marulanda laboró en el Hospital San
Jorge, por lo que hacía parte del sector público municipal y cuando laboró en el
Hospital Santa Ana hizo parte del sector público distrital o departamental y, por ende,
no correspondía al sector nacional, lo cual hace inaplicable el Decreto 1045 de 1978.
Esto en virtud del artículo 195 de la Ley 100 de 1993.

2.2. Contestación de la demanda

14. El señor Ramiro Mondragón Marulanda contestó la demanda a través de
apoderada3, quien se opuso a las pretensiones formuladas por COLPENSIONES.

15. Al efecto señaló que el señor Mondragón Marulanda obtuvo la reliquidación
pensional a través de una orden judicial proferida el 12 de octubre de 2012, dictada
dentro del proceso radicado 76-100-40-89-001-2012-0205-00, en la que se le
ampararon sus derechos fundamentales y se ordenó al Instituto de los Seguros
Sociales, hoy COLPENSIONES, reliquidar su pensión aplicando todos los factores
salariales, los cuales fueron reconocidos mediante la Resolución GNR 119505 de 31
de mayo de 2013, proferida por el Instituto de los Seguros Sociales, hoy
COLPENSIONES.

16. El señor Ramiro Mondragón Marulanda, se desempeñó como gerente de la
empresa social del Estado Hospital San Jorge de Calima El Darién, por lo tanto, tenía
el carácter de empleado público por disposición de la Ley 100 de 1993, en su artículo
195, según el cual, las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de
empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de
la Ley 10 de 1990.

17. Sostuvo que la Ley 10 de 1990 capítulo IV en el artículo 30, inciso 2, señaló que a
los empleados públicos del sector de la salud de las entidades territoriales y de sus
entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional de los
empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17 de
esa ley. Por tanto, la orden dada por el juez constitucional se ajustó a derecho al aplicar
el Decreto 1045 de 1978, por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de
las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores
oficiales del sector nacional, norma que en su artículo 45, determina los factores de
salario para la liquidación de cesantía y pensiones.

3 Ibidem. Archivo «8_CONTESTACIONDEDEMANDA_CASTILLO760012333.PDF»

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18. Finalmente indicó que éste no es el escenario para provocar una nueva
controversia de los hechos que ya fueron valorados en un trámite de acción de tutela,
que brindó todas las garantías procesales y que arrojó como resultado la sentencia de
tutela número 146 de 12 de octubre de 2012, dictada dentro del proceso 76-100-40-
89-001-2012-0205-00, que se encuentra ejecutoriada e hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional.

19. De otra parte, adujo que Colpensiones nunca cumplió con la exigencia legal de
solicitarle al demandado autorización para revocar dicho acto administrativo.

20. Finalmente propuso las excepciones de «improcedencia por caducidad de la
acción», «improcedencia de la acción por cosa juzgada», «improcedencia de la acción
por no haber agotado el requisito exigido por código de procedimiento administrativo y
de lo contencioso administrativo artículo 97».

2.3. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 30 de noviembre de
2023 accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual declaró la nulidad de los
actos administrativos demandados, ordenó a la parte demandante continuar con el
pago de la pensión de invalidez al señor Ramiro Mondragón Marulanda de acuerdo
con los actos administrativos que le reconocieron esta prestación, proferidos antes del
fallo de tutela del 12 de octubre de 2012 del Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar,
departamento del Valle del Cauca; no ordenó la devolución de suma alguna de dinero
y se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.

22. Para lo anterior especificó que «Como esta fue la orden que se profirió al decretar
la suspensión provisional significa que el restablecimiento del derecho surte efectos
desde la fecha de ejecutoria del auto que la adoptó. La apelación de la medida cautelar
se concedió en el efecto devolutivo que supone “no se suspenderá el cumplimiento de
la providencia apelada, ni el curso del proceso”».

23. En primer lugar, estableció que en ese caso no se estructuró el fenómeno de la
caducidad de la acción por cuanto el artículo 164, numeral 1, literal C del CPACA,
señala que la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho se puede interponer
en cualquier tiempo si se dirige «contra actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas», por tanto como se pretende la nulidad de actos
administrativos que reliquidaron una pensión de invalidez -prestación periódica- la
demanda se podía presentar en cualquier tiempo.

24. Posteriormente se refirió al fenómeno de la cosa juzgada para lo cual estimó que
los actos administrativos proferidos en cumplimiento de sentencias de tutela escapan
a la cosa juzgada constitucional y son susceptibles de control de legalidad por el juez
natural que en este caso es el contencioso administrativo.

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25. Determinó que, de los actos demandados, la Resolución GNR 119505 del 31 de
mayo de 2013, fue revocada en sede administrativa, a través de la Resolución 231730
de 11 de septiembre de 2013, pero era susceptible de control de legalidad mientras
estuvo vigente, porque los efectos de la revocatoria son a futuro.

26. Luego se refirió al marco normativo de la pensión de invalidez y con ello a la Ley
100 de 1993, artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto 691 de 1994 que
estableció que las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de los
servidores públicos referidos en el artículo 1.°, se regirán en un todo por las
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que las
modifiquen, adicionen o reglamenten.

27. Luego citó el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 para referirse a los factores
salariales de liquidación de las pensiones de invalidez de los servidores públicos y con
ello, al Decreto 1158 de 1994.

28. En este sentido estableció que la vinculación laboral del demandado era territorial
descentralizada por servicios y la invalidez se estructuró en vigencia de la Ley 100 de
1993 que cubre la contingencia, por lo tanto, el Decreto 1158 de 1994 sobre los
factores salariales para la base de cotización es el aplicable.

29. En consecuencia, declaró la nulidad de: i) la Resolución GNR 119505 del 31 de
mayo de 2013 porque en su vigencia ordenó el pago de una pensión incluyendo
factores no contemplados por el Decreto 1158 de 1994 y de ii) la Resolución GNR
168703 del 9 de junio de 2015, aún vigente, porque reliquidó la pensión incluyendo
factores no contemplados por el Decreto 1158 de 1994.

30. Finalmente consideró que no se demostró temeridad o mala fe del demandado
para acceder al fallo de tutela que ordenó la reliquidación por lo que no debe devolver
las sumas recibidas en exceso.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte demandante COLPENSIONES4.

31. La apoderada de la entidad demandante interpuso recurso de apelación parcial en
oposición a la sentencia del Tribunal. Específicamente en contra de la negativa frente
a la pretensión de ordenar la devolución de las sumas percibidas por el pensionado
producto de los actos administrativos cuestionados.

32. Como fundamento de su disenso explicó que los certificados laborales entregados
por el ciudadano Ramiro Mondragón Marulanda, permiten ver que laboraba para el
Hospital Santa Ana y el Hospital San Jorge los cuales son empresas sociales del

4 Ibidem. Archivo «052_MemorialWeb_Recurso.pdf».

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Estado, que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1876 de 1994 constituyen
una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por
las asambleas o concejos.

33. Por tanto, el juez de tutela aplicó el Decreto 1919 del 2002, omitiendo la excepción
que este impone en su artículo 2.° según el cual a las personas vinculadas a las
Empresas Sociales del Estado se les continuará aplicando el régimen de prestaciones
sociales de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de conformidad con lo establecido
en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993.

34. A renglón seguido explicó:

« Así las cosas, nuevamente el exjuez […] realiza una interpretación ilegal del decreto
1045 de 1978, pues este fija las reglas generales para la aplicación de las normas sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector
nacional, frente a esto debemos decir que de conformidad con los formatos CLEBP
allegados por el ciudadano RAMIRO MONDRAGÓN MARULANDA, se evidencia que
cuando laboró en el HOSPITAL SAN JORGE, este hacía parte del sector público
municipal y cuando laboró en el HOSPITAL SANTA ANA, este hacía parte del sector
pública departamental o distrital, así las cosas, resulta claro para el caso objeto de
análisis, que el ciudadano RAMIRO MONDRAGÓN MARULANDA no hacia parte de
los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional, lo cual hace
inaplicable el decreto 1045 de 1978».

35. Finalmente señaló que de no ordenarse la devolución de los dineros que percibió
el pensionado puede afectar el principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional.

2.4.2. Apelación de la parte demandada

36. La apoderada del señor Ramiro Mondragón Marulanda señaló5 que la orden dada
por el juez de tutela se ajustó a derecho al aplicar el Decreto 1045 de 1978, el cual
continua vigente, ya que el señor se desempeñaba como gerente de la Empresa Social
del Estado Hospital San Jorge de Calima El Darién y de acuerdo con la naturaleza
jurídica del hospital, con apego a lo dispuesto en los artículos 194, 195 y 197 de la Ley
100 de 1993, el Hospital fue transformado en Empresa Social del Estado.

37. Según lo sostuvo, como el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 estableció que la
prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades
territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen
una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas
o concejos; además, al señalar el régimen jurídico de las Empresas Sociales del
Estado, el artículo 195 Ibidem en su numeral 5 dispuso que «Las personas vinculadas

5 Ibidem. Archivo «057_RECEPCIONRECURSOAPELACION_CASTILLO760012333.pdf».

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a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales,
conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990».

38. Por lo tanto, el señor Ramiro Mondragón Marulanda era empleado de una entidad
territorial, pero por efecto de la Ley 10 de 1990, le asiste el derecho de gozar de todos
los beneficios de un empleado público del nivel nacional, pues dicha norma en su
artículo 30 señala que las entidades públicas de cualquier nivel administrativo que
presten servicios de salud, aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto sean
compatibles, los principios y reglas propios del régimen de carrera administrativa, y les
reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de
1968. Además, a los empleados públicos del sector de la salud de las entidades
territoriales y de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen
prestacional de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 17 de la citada ley.

39. Por tanto, como el accionado fue empleado de una entidad territorial de salud,
gozaba de los beneficios de un empleado público de nivel nacional, por mandato de la
ley, por lo que también debe atenderse a lo señalado en el artículo 1.° del Decreto
1919 de 2002.

40. Adujo que la misma demandante COLPENSIONES, manifiesta que se debe tener
en cuenta lo establecido en el artículo 2.° del Decreto 1919 de 2002, que ordena la
aplicabilidad del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que a su vez establece en su
artículo 5.° la aplicabilidad del CAPÍTULO IV de la Ley 10 de 1990, norma que señala
que las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos
y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del CAPÍTULO IV de la Ley 10 de 1990.

41. Finalmente adujo que los actos demandados no son susceptibles de control judicial
comoquiera que se profirieron para dar cumplimiento a la una orden judicial de tutela
de 12 de octubre de 2012, dictada en el proceso 76-100-40-89-001-2012-0205-00 y
con tales actos no se crearon situaciones nuevas o distintas, a las ordenadas en el
fallo.
2.5. Alegatos en segunda instancia

42. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.
43. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver los

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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recursos de apelación interpuestos.

44. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita
a los argumentos expuestos por el apelante; en el caso de la referencia, ambas partes
presentaron el recurso, por lo que no se encuentra sujeto a limitaciones.

3.2. Aclaración previa – Medida cautelar

45. En el curso de la primera instancia, a través de auto del 6 de diciembre de 2022,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a la medida
cautelar solicitada por COLPENSIONES con los siguientes argumentos:

i) Por Resoluciones 000602 de 2012 y 5761 del 1.° de junio de 2012,
Colpensiones reconoció y ajustó la pensión de invalidez del demandado, al tenor de
las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, teniendo en cuenta que el beneficiario
acreditó 433 semanas cotizadas y presentó una pérdida de la capacidad laboral del
75.05%, estructurada el 17 de noviembre de 2010.

ii) Mediante los actos acusados Colpensiones reliquidó la pensión de invalidez del
señor Ramiro Mondragón Marulanda, en cumplimiento de un fallo de tutela, que
ordenó ajustar la prestación con todos los factores salariales previstos en los
Decretos 1045 de 1978 y 1919 de 2002, devengados «en los últimos años
laborales».

iii) Sin embargo, dicha orden desconoció que el pensionado no estaba amparado
por un régimen especial. Por el contrario, el ingreso base de liquidación de la
pensión de invalidez debía corresponder al promedio de las «cotizaciones de los
últimos diez años, contados desde la fecha de estructuración hacia atrás, o en todo
el tiempo si este fuere inferior».

iv) No ordenó la suspensión de la Resolución GNR 119505 del 31 de mayo de
2013, al advertir que fue revocada por la Resolución GNR 231730 del 11 de
septiembre de 2013.

46. El accionado interpuso recurso de apelación donde señaló que la decisión judicial
proferida por el juez de tutela se ajustó al ordenamiento superior e hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional8. En esta línea, la Resolución GNR 231730 del 11 de
septiembre de 2013 es un acto de ejecución carente de control judicial.

7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.»
8 El accionado invocó las Sentencias T-649 de 2011, T-614 de 2013 y T-280 de 2017, proferidas por la Corte

Constitucional.

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47. Adicional a lo anterior debió estudiarse la caducidad propuesta, teniendo en cuenta
que la demanda se presentó 4 meses después de la notificación de los actos
enjuiciados, ni tampoco se tuvo en cuenta que el señor Ramiro Mondragón Marulanda
se desempeñaba como gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Jorge
de Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca, por lo tanto, conforme al
artículo 195 de la Ley 100 de 1993, es beneficiario de la Ley 10 de 1990 que prevé
que «a los empleados públicos del sector de la salud de las entidades territoriales y de
sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional de los
empleados públicos del orden nacional», esto es, los Decretos 1045 de 1978 y 1919
de 2002.

48. Finalmente, manifestó que se encuentra en condición de discapacidad, depende
de su pensión para subsistir por lo que de accederse a las pretensiones afectarían sus
derechos fundamentales.

49. Ahora bien, el conocimiento del recurso de apelación correspondió al despacho
ponente de esta decisión bajo el radicado 76001233300020180131801 (2412-2023),
encontrándose pendiente de emitir decisión de fondo.

50. De acuerdo con lo anterior, esta Subsección, en aras de la prevalencia del principio
de economía procesal, estima necesario dar aplicación al artículo 323 del Código
General del Proceso, inciso 6.°, norma que dispone

«Artículo 323. Efectos en que se concede la apelación
Podrá concederse la apelación:
[…]
En caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las apelaciones
contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible.
[…]».

51. De acuerdo con lo anterior la Sala se pronunciará, preliminarmente, sobre la
presunta configuración del fenómeno de la caducidad y los demás tópicos serán
abordados con el fondo del asunto.

3.3. Problemas jurídicos

52. Corresponde a la Sala de Subsección establecer si ¿en este caso operó el
fenómeno de la caducidad del medio de control?

53. En segundo lugar, determinará si ¿Los actos enjuiciados son pasibles de control
judicial?

54. Como tercer tópico establecerá si ¿el demandante puede mantener la orden de
reliquidación de su pensión de invalidez con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en «los últimos años laborales», en aplicación de los Decretos 1045 de

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1978 y 1919 de 2002, por su labor desarrollada como servidor público de empresas
sociales del Estado del orden territorial?

55. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa deberá verificarse
si ¿es procedente ordenar la devolución de las sumas que percibió en virtud de la
orden de tutela dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, Valle del
Cauca, de 12 de octubre de 2012, dictada dentro del proceso 76-100-40-89-001-2012-
0205-00?

3.4. Primer problema jurídico. ¿En este caso operó el fenómeno de la caducidad
del medio de control?

56. Al respecto, el artículo 164 del CPACA dispuso que la demanda puede presentarse
en cualquier tiempo cuando «se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas».

57. No obstante, en virtud del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,9 esta Subsección ha
extraído las siguientes reglas: i) las acciones administrativas y contencioso
administrativas, se deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión; ii) la única excepción a la anterior regla, es frente a las
pensiones reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito; iii) en los casos de
reconocimiento pensional respecto a los que se hayan iniciado acciones
administrativas o contencioso administrativas, cuando hubiere expirado el término de
5 años, y que se encuentren en curso, se les aplicará el fenómeno de la caducidad a
partir de la vigencia de la referida ley; y iv) en los casos en los que ya se hayan decidido
las acciones administrativas y/o contencioso administrativas presentadas respecto a
un reconocimiento pensional, se dispone que podrá interponerse el Recurso
Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5 años contados a partir de la
vigencia de dicha ley.10

58. Si bien es cierto que en este caso se demandaron las Resoluciones GNR 119505
del 31 de mayo de 2013 y GNR 168703 del 9 de junio de 2015, la medida cautelar sólo
recayó sobre la segunda, en razón a que la primera había sido revocada por la
administración.

9 Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las

pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no Podrán ser ejercidas
después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para
ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso
administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a
las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, radicado 05001-23-33-

000-2021-02135-02 (1229-2024).

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59. Entonces, como la Resolución GNR 168703 data del 9 de junio de 2015 y la
demanda se interpuso el 18 de diciembre de 2018, se concluye que el medio de control
fue interpuesto oportunamente.

3.5. Segundo problema jurídico. ¿Los actos enjuiciados son pasibles de control
judicial?

60. Es de anotar que, en su apelación el señor Mondragón Marulanda alegó que los
actos enjuiciados no eran pasibles de control judicial, ya que fueron expedidos en
cumplimiento de un fallo de tutela y, por lo tanto, tenían la naturaleza de ejecución y
estaban amparados por la cosa juzgada constitucional. Frente a estos argumentos, el
Consejo de Estado ha sostenido:11

[…] en cuanto a los asuntos en que las órdenes relacionadas con reconocimientos
pensionales se hayan dictado en virtud de acciones de tutela, si procederá el control de
legalidad por vía judicial. En ese sentido, en auto del 11 de julio de 2019, esta
Corporación señaló:

«Se concluye que el acto administrativo que materializa las órdenes impartidas a partir
de una sentencia de tutela no está exento de control en sede jurisdiccional, toda vez que
juez administrativo, es el natural para hacer el control de legalidad sobre los actos
proferidos por las entidades públicas, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 238
de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 104 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (…). La Sala considera
que no le asiste razón a la parte demandada al proponer la excepción de cosa juzgada,
toda vez que la entidad demandante al proferir la Resolución 41241 del 18 de agosto de
2006, no está reabriendo el debate jurídico agotado en el fallo de tutela de 7 de abril de
2006, el cual fue proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga
(Magdalena); por el contrario, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP en cumplimiento de su deber
legal y constitucional demandó el acto administrativo producto de una orden impartida
por un juez de tutela. La Sala advierte, que no se configuró el fenómeno jurídico de cosa
juzgada, toda vez que no existe identidad de objeto y causa entre la acción de tutela
presentada por la demandada y la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que aquí se ventila, razones suficientes para que la excepción propuesta no tenga
vocación de prosperidad (…)»12

A su turno, en sentencia del 17 de noviembre de 2016, la Sección Segunda del Consejo
de Estado precisó:

«(…) a pesar de que el acto administrativo sea de ejecución al ser expedido para dar
cumplimiento a una sentencia, es eventualmente acusable, porque el mecanismo de
tutela que es su origen, es de naturaleza diferente a la jurisdicción ordinaria o
contenciosa, y por lo tanto, si es posible presentar una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho (…).»13

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 14 de marzo de 2024, radicado 44001-23-40-000-

2021-00022-01 (4811-2023).
12 Auto de 11 de julio de 2019. MP. César Palomino Cortés. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-05653-01

(4063-15).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado:

050012333000201200819 02 (3743-2015). Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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61. De acuerdo con el anterior pronunciamiento, cuando los actos de ejecución son
expedidos en virtud de acciones de tutela, es procedente el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para estudiar su legalidad, conforme ocurre en el
presente caso.

3.6. Tercer problema jurídico. ¿El señor Ramiro Mondragón puede mantener la
orden de reliquidación de su pensión de invalidez con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en «los últimos años laborales», en aplicación
de los Decretos 1045 de 1978 y 1919 de 2002, por su labor desarrollada como
servidor público de empresas sociales del Estado del orden territorial?

3.6.1. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

3.6.1.1. La pensión de invalidez.

62. Teniendo en cuenta que el régimen pensional aplicable debe ser el vigente al
momento de presentarse y calificarse el hecho incapacitante, la Sala hará una breve
reseña de la evolución normativa que rige la materia, así:

63. En un inicio, el literal C) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 estableció la pensión
de invalidez «al empleado u obrero que haya perdido su capacidad de trabajo para
toda ocupación u oficio, mientras dure la incapacidad, equivalente a la totalidad del
último sueldo o salario devengado, sin bajar de cincuenta pesos ($ 50) ni exceder de
doscientos pesos ($ 200). La pensión de invalidez excluye la cesantía y la pensión de
jubilación.» Posteriormente, el artículo 8º de la Ley 77 de 1959 elevó el límite máximo
del monto de la pensión de invalidez a cuatrocientos pesos ($400) mensuales.

64. Mas tarde, la Ley 4ª de 1966 en su artículo 4º señaló que la cuantía de las
pensiones de jubilación o de invalidez se liquidarán de acuerdo a un porcentaje salarial
devengado por el trabajador, en los siguientes términos:

«Artículo 4º A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de
Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco
por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.»

65. Con la expedición del Decreto 3135 de 1968, «por el cual se prevé la integración
de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales», se señaló lo
siguiente en su artículo 23:

«Artículo 23. Pensión de invalidez. La invalidez que determine una pérdida de la
capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por
la respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual
devengado, mientras la invalidez subsista, así:
a. El cincuenta por ciento cuando la pérdida de la capacidad laboral sea del 75%;

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b. Del 75%, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance
el 95%;
c. El ciento por ciento (100%) cuando la pérdida de la capacidad laboral sea
superior al 95%.
Parágrafo. La pensión de invalidez excluye la indemnización.»14

66. Acto seguido, el artículo 63 del Decreto 1848 de 1969 reglamentó la pensión de
invalidez y estableció la cuantía de la prestación de forma proporcional al grado de
incapacidad calificado por la entidad de previsión competente, al respecto indicó:

«Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con
base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de
incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación, así:
a) Cuando la incapacidad sea superior a noventa y cinco por ciento (95%) el valor de la
pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al último
promedio mensual, si fuere variable.
b) Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar del noventa y
cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual.
c) Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha pensión será
igual al cincuenta por ciento (50%) del último salario devengado por el empleado oficial, o
del último promedio mensual, si fuere variable.»

67. En cuanto al ingreso base para la liquidación de la pensión de invalidez, resulta
importante poner de presente que el artículo 45 del Decreto 1045 de 197815 establece
los factores a tener en cuenta para el reconocimiento de dicha prestación:

«Artículo 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y
pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las
pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la
liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;

14 Derogado por el artículo 98 del Decreto 1295 de 1994.

15Norma que resulta aplicable a servidores que no se encuentran en regímenes pensionales especiales ni
exceptuados.

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l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad
a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.»

68. Ahora bien, con la expedición de la Ley 100 de 1993, se reguló el monto de la
prestación en los siguientes términos

«Artículo 40. Monto de la pensión de invalidez. El monto mensual de la pensión
de invalidez será equivalente a:

a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras
quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual
o superior al 50% e inferior al 66%.

b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50)
semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras
ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual
o superior al 66%.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.
[…]».

69. Por su parte, el Decreto 1158 de 1994 reguló los factores sobre los cuales se
efectúan las cotizaciones al sistema general de seguridad social, los cuales permiten
determinar el IBL16 para liquidar las pensiones reconocidas en la Ley 100 de 1993,17
incluida la de invalidez, así:

«Artículo 1. El artículo 6 del Decreto 691 de 1994, quedará así:

"Base de cotización".

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los
servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación;

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;

d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;

g) La bonificación por servicios prestados;»

16 Ingreso Base de Liquidación.
17 Respecto del ingreso base de liquidación pensional, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 dispuso:

Artículo 21. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en
esta Ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez
o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
[…].

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3.6.1.2. Caso concreto

70. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, es pertinente mencionar
los siguientes documentos que fueron aportados junto con la contestación de la
demanda dentro del expediente digital correspondiente a la primera instancia, índice
29, (Radicado 76001233300320180131800):

i) Certificaciones laborales del Hospital Santa Ana ESE del municipio de Bolívar
en las cuales consta que el señor Ramiro Mondragón Marulanda se desempeñó
como subgerente administrativo entre el 2 de febrero de 2001 y el 22 de julio de
2003 y como gerente entre el 8 de enero de 2004 y el 31 de marzo de 2008. Los
aportes a pensión se hicieron sobre la asignación básica mensual. Adicionalmente,
devengó primas de servicios, vacaciones y navidad.

ii) Certificaciones laborales de la ESE Hospital San Jorge de Calima - El Darién en
las cuales consta que el accionado laboró como gerente entre el 1 de abril de 2008
y el 30 de marzo de 2010.18 Los aportes a pensión se hicieron sobre la asignación
básica mensual y los gastos de representación. Además, percibió indemnización
por vacaciones y las primas de servicios, vacaciones y navidad.

iii) Dictamen suscrito por el Instituto de los Seguros Sociales - ISS, en el cual se
determinó que el accionado tenía una pérdida de la capacidad laboral del 75.05%,
originada en un accidente común, estructurada el 17 de noviembre de 2010.

iv) Resolución 000602 del 2012, expedida por el ISS, que le reconoció al señor
Ramiro Mondragón Marulanda la pensión de invalidez, conforme a la Ley 100 de
1993, en cuantía de $535.600, efectiva a partir del 8 de febrero de 2011. Al respecto,
se aclaró que «una vez revisada la Historia Laboral, se observa dentro del periodo
de abril de 2008 hasta Octubre de 2009 saltos salariales en el IBC (Ingreso Base de
Cotización), situación que nos indica que requiere Investigación Administrativa con
los respectivos soportes de estos ingresos, para que se puedan tener en cuenta
dentro de la liquidación de la prestación y así generar un IBL (Ingreso Base de
Liquidación) con salarios reales».

v) Sentencia de tutela del 12 de octubre de 2012, proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Bolívar – Valle del Cauca, que amparó los derechos
fundamentales del ahora demandado a la seguridad social en conexidad con la vida
digna y el debido proceso.

71. En consecuencia, ordenó a Colpensiones reliquidar la pensión de invalidez
«aplicando todos los factores salariales del decreto 1045 de 1978, Artículo 45, en
concordancia con el Decreto 1919 de 2002, que recibió como contraprestación

18 En una de las certificaciones se indicó que el demandado se desvinculó el 12 de marzo de 2012, pero al contrastar

esta información con los demás documentos aportados se concluye que el retiro se produjo el 30 de marzo de 2010.

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directa del servicio público que ejerció los últimos años laborales, en su valor
completo, teniendo en cuenta lo indicado en la parte motiva del presente fallo, en
especial que el peticionario queda amparado por el principio de favorabilidad en la
aplicación de los Decretos 1045 de 1978, y Decreto 1919 de 2002, incluyendo todos
los meses retroactivos y sus mesadas adicionales, desde el día que se causó el
derecho, las que deberán ser pagadas con los intereses moratorios del artículo 141
de la ley 100 de 1993». Esta decisión se fundó en las siguientes consideraciones:

«Que de acuerdo a la normatividad expuesta, el despacho encuentra acertada la petición
elevada por el actor en esta acción constitucional, donde solicita el amparo de la violación
del derecho del debido proceso, a la seguridad social, teniendo en cuenta que debió
aplicar en la reliquidación de la pensión del Señor RAMIRO MONDRAGON
MARULANDA los factores de salario para liquidación estipulados en el Artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, en concordancia con lo plasmado a partir del 2002 en el Decreto
1919, artículo Primero, el cual menciona que a partir de la vigencia de este Decreto todos
los empleados diferentes al régimen nacional gozaran del régimen prestacional señalado
para este orden, es decir estos factores salariales deben ser aplicados de igual forma a
los empleados de orden nacional, como “a los empleados públicos vinculados o que se
vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los
niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los
Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías
Distritales y Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de
empleados públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de
Educación Superior, de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media
vocacional". (Artículo 1 Decreto 1919 de 2002).»

vi) Resolución GNR 119505 del 31 de mayo de 2013, por la cual Colpensiones
reliquidó la pensión de invalidez del accionado, en cumplimiento del fallo de tutela
proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar – Valle del Cauca. La
cuantía de la prestación se fijó en $1´870.293, a partir del 17 de noviembre de 2010.

72. Al efectuar la liquidación se señaló lo siguiente:

«El monto mensual […] de invalidez será equivalente a: a. El 45% del ingreso
base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50)
semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su
capacidad laboral s ea igual o superior al 50% e inferior al 66%. b. El 54% del
ingreso base de liquidación, 111ás el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad
a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución
en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.
La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de
liquidación. En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario
mínimo legal mensual".

Que para obtener el ingreso base de liquidación de la presente prestación,
se dará aplicación a lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993; el
cual establece: "Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los diez(10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones

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de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación
del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los
ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el
inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya
cotizado 1250 semanas como mínimo".
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, las pensiones
de invalidez, podrán ser revisadas "por solicitud de la entidad de previsión o seguridad
social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin
efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su
beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma; si a ello
hubiera lugar.

Que el artículo 10 del Decreto 758 de 1990, establece que la pensión de invalidez por
riesgo común, " ... comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha
en que se estructure tal estado. Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio
por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al
expirar el derecho al mencionado subsidio.

Que en virtud de lo dispuesto anteriormente, la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y
la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, mediante Circular 01 de 2012,
señalaron que las pensiones de invalidez deben reconocerse a partir de la fecha de
estructuración de la misma, excepto que con posterioridad a esa fecha, el afiliado se
encuentre disfrutando de subsidio por incapacidad, caso en el cual la efectividad será
al día siguiente del último pago de dicha incapacidad.
Que conforme al análisis jurídico, el (la) interesado (a) tiene derecho a la reliquidación
de su pensión de invalidez.

Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de la
prestación reconocida […] de la siguiente manera:
IBL: 3,463,505 x 54.00 = $1,870,293
SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS M/CTE.»

vii) Resolución GNR 168703 del 9 de junio de 2015, por la cual Colpensiones
reliquidó nuevamente la pensión de invalidez del demandado, en cumplimiento del
fallo de tutela mencionado, por lo que elevó la cuantía de la prestación a la suma de
$2.109.633, a partir del 17 de noviembre de 2010, dicho monto se estableció
tomando como base la asignación básica; las primas de servicios, vacaciones y
navidad; y los gastos de representación. Además, se indicó que mediante la
Resolución GNR 231730 del 11 de septiembre de 2013 se revocó la Resolución
GNR 119505 del 31 de mayo de 2013.

3.6.1.3. Análisis de la Sala.

73. De acuerdo con el anterior contexto fáctico, en armonía con el problema jurídico
planteado, el debate gira en torno a la posibilidad de que el accionado mantenga la
liquidación de su pensión de invalidez en los términos dispuestos por la Resolución
GNR 168703 del 9 de junio de 2015, proferida en cumplimiento de un fallo de tutela
que ordenó incluir todos los factores percibidos durante los últimos años laborados,

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conforme a los Decretos 1045 de 1978 y 1919 de 2002.

74. Ahora bien, para efectos de determinar el régimen pensional aplicable al sub lite,
esta Corporación ha sostenido que la pensión de invalidez se rige por las normas
vigentes al momento de su estructuración,19 que en este caso corresponde al 17 de
noviembre de 2010, fecha para la cual se encontraba vigente la Ley 100 de 1993,
norma según la cual el accionado únicamente tenía derecho a que su pensión de
invalidez se liquidara con inclusión de la asignación básica y los gastos de
representación.

75. Se observa que la Resolución 000602 de 2012 no especificó los factores que tuvo
en cuenta para determinar el monto pensional; sin embargo, en las consideraciones
de la Resolución GNR 168703 del 9 de junio de 2015 se indicó que «con Resolución
No 5763 de junio de 2012 reconoce la pensión con los salarios reales en cuantía inicial
a $1.415.567 a partir del 8 de febrero de 2011».

76. De manera que, en virtud de la presunción de legalidad y acierto que ampara a los
actos administrativos,20 se entiende que la Resolución 5763 de 2012 liquidó la
prestación con inclusión de la asignación básica y los gastos de representación, como
lo autorizaba el Decreto 1158 de 1994.

77. Adicionalmente, en la acción de tutela el señor Ramiro Mondragón Marulanda no
discutió que su pensión no hubiera sido reconocida con la asignación básica y los
gastos de representación, sino que debían tenerse en cuenta todos los factores
salariales percibidos, al tenor de los Decretos 1045 de 1978 y 1919 de 2002, petición
a la que accedió el juez de tutela y por ello Colpensiones reliquidó el monto pensional
teniendo en cuenta las primas de servicios, vacaciones y navidad, pese a que no se
encontraban enlistadas en el Decreto 1158 de 1994.

78. Por otra parte, el demandado señaló que su pensión de invalidez debía liquidarse
con base en los Decretos 1045 de 1978 y 1919 de 2002, en razón a que laboró como
empleado público de una ESE y dichas normas sirven de parámetro para liquidar las
prestaciones sociales de esos servidores, según lo prevén los artículos 195 de la Ley
100 de 1993 y 30 de la Ley 10 de 1990.

79. El citado artículo 195 expresó que las personas vinculadas a las empresas sociales
de salud tendrían «el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales,
conforme a las reglas del CAPÍTULO IV de la Ley 10 de 1990» y el artículo 30 de la
Ley 10 de 1990 dispuso que «a los empleados públicos del sector de la salud de las
entidades territoriales y de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo
régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional».

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2021, radicado 08001-

23-33-000-2017-01393-01 (5256-2019).
20 Artículo 88 del CPACA.

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80. En este sentido, la Sala se aparta de los razonamientos del demandado, ya que la
Ley 10 de 1990 no implementó un sistema especial de pensiones para el personal de
la salud en el nivel territorial, sino que se remitió al régimen pensional de los empleados
públicos del orden nacional.

81. Es de recordar que, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, el
Consejo de Estado explicó que, antes de expedirse la Ley 100 de 1993, el régimen
pensional de los servidores públicos se encontraba, entre otras disposiciones, en la
Ley 6 de 1945, el Decreto 3135 de 1968, la Ley 33 de 1985 y el Acuerdo 049 de 1990.21

82. Luego, la Ley 100 de 1993 estableció el sistema general de pensiones, aplicable a
todos los habitantes de territorio nacional, con el fin de amparar las contingencias
derivadas de la vejez, invalidez y muerte, con las excepciones previstas por el artículo
279 ibidem,22 es decir, que los servidores de las ESE también quedaron cobijados por
la Ley 100 de 1993 en materia pensional.

83. En efecto, el referido artículo 279 excluyó algunos sectores de su ámbito de
aplicación, pero dentro de aquellos no se encuentran las empresas sociales del
Estado, por lo tanto, el accionado también era destinatario de la Ley 100 de 1993. 23

84. Con el fin de materializar los mandatos de la Ley 100 de 1993, el artículo 1.° del
Decreto 691 de 1994 incorporó a los servidores públicos «de la rama ejecutiva del
orden nacional, departamental, municipal o Distrital, así como de sus entidades
descentralizadas al sistema general de pensiones». Dicha incorporación en el orden
nacional surtió efectos a partir del 1.° de abril de 1994 y en el territorial desde el 30 de
junio de 1995.

85. Por su parte, el artículo 3.° del Decreto 691 de 1994 estableció que «las pensiones
de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de los servidores públicos referidos en el
artículo 1, se regirán en un todo por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de
1993 y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o reglamenten».

86. Así las cosas, la pensión de invalidez del señor Ramiro Mondragón Marulanda no
podía liquidarse conforme a los factores salariales previstos en los Decretos 1045 de
1978 y 1919 de 2002, ya que la prestación se regía integralmente por la Ley 100 de
1993 y el Decreto 1158 de 1994.

87. En este orden de ideas, es evidente que la liquidación contenida en la Resolución
GNR 168703 del 9 de junio de 2015, no se ajusta a derecho ya que incrementó la
mesada pensional con base en factores que no estaban previstos en la normativa
aplicable, cuando en realidad el demandado sólo tenía derecho a que su pensión de

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de

2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
22 Al respecto, ver los Conceptos 720 del 7 de agosto de 1995 y 1257 del 3 de febrero de 2000, proferidos por la

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Además, la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de
2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
23 Artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

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invalidez se liquidara con base en la asignación básica y los gastos de representación.

88. Por último, el demandado expresó que de accederse a las pretensiones de la
demanda se vulnerarían sus derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social
y mínimo vital, pues se encuentra en condición de discapacidad y, depende de su
pensión para subsistir y solventar los gastos de la enfermedad que padece.

89. Sin embargo, estima la Sala que si bien en efecto, su mesada pensional puede
sufrir alguna reducción no obstante cuenta con el derecho que le ha otorgado le
ordenamiento jurídico como es que su pensión de invalidez le sea reliquidada con la
asignación básica y los gastos de representación, de acuerdo con lo establecido por
la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, normas aplicables a su caso, por lo
que no entraría en algún escenario de desprotección jurídica.

90. En este sentido debe confirmarse la decisión de primera instancia, que declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados, con lo que la respuesta al tercer
interrogante es negativa y en consecuencia procede la Sala a resolver el cuarto
problema jurídico formulado.

3.7. Cuarto problema jurídico. ¿Es procedente acceder al reembolso de las
sumas pagadas al señor Ramiro Mondragón Marulanda en virtud de los actos
administrativos demandados?

91. Dado que en la apelación la entidad pidió la devolución de las mesadas pagadas
al demandado, es necesario analizar la normativa relativa a esta pretensión.

92. En el literal c, del numeral 1, del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se estableció lo siguiente:

«[…]
c) (…) Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena
fe; […]».

93. En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes términos:

«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

94. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:

95. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo que
implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden abusar del
ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce y, además, sirve de
barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.

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96. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la actuación
de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:

«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha
sido sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta
concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el
cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los
particulares, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual
sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una maraña de requisitos
y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos sustanciales que las
autoridades están obligadas a proteger»24.

97. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:

«[…] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el
Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo
mismo, mientras no obre prueba en contrario, la presunción de la buena fe
que protege las actuaciones de los particulares se mantiene incólume. En
cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la
mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece a los
particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad
que nutre la producción de los actos administrativos. Por consiguiente, podría
decirse entonces que la presunción de buena fe que milita a favor de los
particulares, en la balanza Estado-administración hace las veces de
contrapeso institucional de cara a los principios de constitucionalidad y
legalidad que amparan en su orden a la ley y a los actos administrativos»25.

98. Esta Subsección considera que el argumento de la entidad apelante no goza de
vocación de prosperidad ya que, se entiende que, para los efectos de la devolución de
prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que el particular haya recibido unas
sumas que no encuentran fundamento en una norma jurídica, pues es necesario que
haya acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta con la cual se haya inducido
en error a la administración26.

99. Significa lo anterior, conforme al desarrollo del principio de buena fe, que no basta
con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que es necesario
que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto del Estado.

100. Dado que en este caso no se discute que el señor Mondragón Marulanda actuó
en los citados términos, sino la comprensión del régimen normativo que establece los
factores que deben incluirse en la liquidación de la pensión de invalidez, se estima que

24Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe. Autores:

Álvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11 de 1991. p. 3.
25 Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería.
26 En este sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia

de 14 de febrero de 2019, expediente 3096-16, magistrado ponente: William Hernández Gómez; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente
12.971, magistrado ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.

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no debe hacer devolución de las sumas percibidas en virtud del acto demandado, como
bien lo estimó el Tribunal.

3.8. De la condena en costas en segunda instancia

101. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

102. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

103. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

104. En consecuencia, se impondrán costas a la parte vencida –demandado-, por
cuanto, en este caso se confirmó la decisión de primera instancia. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, contra el señor Ramiro
Mondragón Marulanda, de conformidad con lo señalado en precedencia.

SEGUNDO.- CONFIRMAR el auto de 6 de diciembre de 2022, proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a la medida cautelar
solicitada por COLPENSIONES, en los términos señalados en precedencia.

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TERCERO.- Teniendo en cuenta que a través de esta providencia se resuelve el
recurso de apelación en contra del auto de 6 de diciembre de 2022 proferido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se ordena a la Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que realice las anotaciones pertinentes en el radicado
76001233300020180131801 (2412-2024).

CUARTO.- Se condena en costas en esta instancia al demandado, por cuanto se
niegan las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo señalado en precedencia.

QUINTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado que integran la sala en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley, de conformidad con el art. 186 del CPACA.

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